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Modo: Corpus Pro

IDENTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (FICHA SIGNALÉTICA). EL HECHO DE QUE EN EL JUICIO DE AMPARO SÓLO SE RECLAME ÉSTA Y NO EL AUTO DE TÉRMINO CONSTITUCIONAL DEL QUE DERIVÓ, NO SIGNIFICA QUE CONSTITUYA UN ACTO DERIVADO DE OTRO CONSENTIDO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 126/2002-PS. · Registro digital (IUS): 17885
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Enero de 2004, , Pág. 52.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 126/2002-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO. El Tribunal Colegiado, con residencia en el Estado de Baja California, al resolver el amparo citado en el párrafo que precede, en la parte que interesa consideró:

"CUARTO. Son de considerarse fundados los agravios expresados por el recurrente, aun cuando para ello sea necesario suplir la deficiencia de la queja en términos de la fracción II del artículo 76 bis de la Ley de Amparo. En efecto, de las constancias que integran el juicio de garantías, se advierte que el Juez de Distrito decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo del cual se deriva el presente toca, argumentando que la orden de identificación administrativa reclamada era consecuencia inmediata y directa del auto de término constitucional en que se decidió su situación jurídica, sin que se haya reclamado dicho auto, y que por ello se consentía y dicha orden constituye un acto derivado de otro consentido, conclusión que este tribunal considera ilegal, habida cuenta que del punto quinto de la demanda de garantías se obtiene que el quejoso sí reclamó el auto de término constitucional, pues al efectuar el señalamiento del acto de reclamo expresamente expuso que lo hacía consistir en: El punto segundo resolutivo del auto de sujeción a proceso de fecha veintiséis de abril de dos mil dos, virtud al cual se pretende que por los medios administrativos se le identifique, como si se tratará de un delincuente ... por lo cual, contrario a lo establecido por el a quo, en el caso no se está frente a un acto derivado de otro consentido, pues la orden de identificación se encuentra inmersa en el propio auto de término constitucional y éste fue reclamado por el quejoso en la parte en que se ordenó la identificación administrativa, y si bien es cierto que no reclama la parte en que se consideró acreditado el cuerpo del delito y su probable responsabilidad en la comisión del mismo, también lo es, que ello no trae como consecuencia que el acto consistente en la orden de identificación constituya un acto derivado de otro consentido pues, como ya se dijo, ambos actos son determinaciones que se contienen en el auto de término constitucional, y son susceptibles de impugnarse de manera independiente, de tal forma que el inculpado puede estar conforme con la determinación provisional de considerarlo probable responsable en la comisión del delito e impugnar en el amparo exclusivamente la diversa decisión de que se le identifique administrativamente, y el hecho de que esta sea una consecuencia directa del auto de formal prisión, o de sujeción a proceso, como en el caso, no es motivo para sobreseer en el juicio sino, en todo caso, para negar el amparo, y en tales condiciones procede revocar la sentencia recurrida y entrar al fondo del asunto como lo ordena la fracción III del artículo 91 de la Ley de Amparo. Dadas las razones expuestas con anterioridad, es lógico que este Tribunal Colegiado no comparte el criterio que sustenta el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito en la tesis invocada por el Juez de Distrito en la sentencia recurrida, la cual se identifica bajo el rubro: ‘AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL. CUANDO SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA ORDEN DE IDENTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ACUSADO, PERO NO EL AUTO DE SUJECIÓN A PROCESO DEL QUE DERIVÓ DICHA ORDEN.’. Misma que se localiza en la página 722 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, abril de 1998. Por lo cual, es procedente denunciar la contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196, último párrafo, de la Ley de Amparo, y se ordena la remisión de los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelva sobre la contradicción de criterios. QUINTO. Los conceptos de violación se hicieron valer en los términos siguientes: ‘I. Se viola en mi perjuicio la garantía consagrada en el artículo 14 constitucional que establece el principio de derecho y de formalidad y la no rectroactividad a ninguna ley en perjuicio a persona alguna, imponiendo también la prohibición de que nadie podrá ser privado de la vida, libertad o sus propiedades, posesiones o derechos sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en donde se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. En relación con lo anterior hay ausencia de tales requisitos, en virtud de que la molestia en mi persona empieza desde el momento en que se violan las garantías del numeral constitucional antes invocado, por la razón de que la autoridad responsable desde un principio tiende a cometer las violaciones en mi perjuicio, al dejarme en estado de indefensión al concluir en su auto de fecha 26 de abril de 2002, en su punto segundo resolutivo, que se me fiche mediante el sistema administrativo mediante la ficha signalética, cuando soy apenas presunto y no responsable en forma definitiva del delito en cuestión que pretende y la autoridad ordenadora responsable, me causa perjuicio, en mi persona, lesiona mis intereses, los de mi familia, mi prestigio y el de mi familia porque como antes se dijo no se me ha considerado penalmente responsable en forma definitiva, pues los estadios procesales del juicio no han llegado a su culminación. IV. Se viola en mi perjuicio el artículo 16 constitucional que establece el principio de legalidad y que «Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.». Hay ilegalidad y ausencia del elemento y requisito exigido por el numeral antes invocado, en virtud que la molestia en mi persona, familia, papeles o posesiones empieza desde el momento en que tiene que atacar por la vía de la legalidad y a través de una demanda de garantías, la ilegalidad del acto reclamado y que se deja señalado en su punto en su punto respectivo (sic), ya que no se funda ni se motiva la causa legal del procedimiento, atento a que no se han cumplido, fundamentalmente en el procedimiento, los estadios del mismo no han llegado a su fin en el proceso que se me sigue para que esto llegara a tener trascendencia y que mediante estricto derecho se me considere penalmente responsable del delito que se me acusa, mediante sentencia que haya causado ejecutoria, lo cual sí molesta a mi persona, derechos, posesiones y familia y me pone en desnivel ante la sociedad a la cual pertenezco y formo parte de ella, toda vez que de no resultar responsable del delito que se me imputa, dicho antecedente, o sea la ficha signalética, quedaría como una lacra para mi prestigio y persona.’. SEXTO. Son infundados los anteriores motivos de inconformidad. En efecto, en sus conceptos de violación el quejoso esencialmente expone que en el segundo punto resolutivo se ordenó que se le identificara por el sistema administrativo en vigor, mediante la ficha signalética, cuando es apenas presunto y no responsable en forma definitiva del delito en cuestión y la responsable le causa perjuicios, en su persona, lesiona sus intereses, los de su familia, porque no se le ha considerado penalmente responsable en forma definitiva y que de no resultar responsable del delito que se le imputa, dicha antecedente (sic), o sea la ficha signalética, quedaría como una lacra para su prestigio y persona. Agravios que, como ya se dijo, carecen de sustento legal pues, en oposición a lo alegado por el quejoso, este tribunal aprecia que fue legal que el Juez responsable ordenará la identificación administrativa del inculpado, pues ello lo hizo cumpliendo con lo dispuesto por el artículo 279 del Código de Procedimientos Penales del Estado, que dice: ‘... Dictado el auto de formal prisión o el de sujeción a proceso, se identificará al procesado por el sistema adoptado administrativamente. ...’, sin que en la citada legislación se contemplen excepciones para llevar a cabo la referida identificación, por lo que una vez dictado el auto de formal prisión o el de sujeción a proceso necesariamente debe ordenarse, sin que constituya obstáculo para ello, lo argumentado por el impugnante en el sentido de que la citada orden es ilegal porque no se le ha considerado penalmente responsable en forma definitiva, pues del contenido del precepto transcrito se obtiene que para que se lleve a cabo la identificación administrativa del inculpado al que se le ha dictado auto de formal prisión o de sujeción a proceso, no es necesario que se agoten las diversas etapas del proceso, ni que se dicte sentencia definitiva, sino que para ordenarla es suficiente que se haya dictado cualquiera de los referidos autos, disposición que al no haber sido declarada inconstitucional por la autoridad competente, obliga al Juez responsable a observar su contenido, por lo cual, al haber ordenado el acto de reclamo con apoyo en el precepto transcrito, es evidente que no violó las garantías individuales invocadas por el quejoso en su demanda de amparo. En consecuencia, procede negar al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la orden de identificación administrativa que reclamó del Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Ensenada, negativa que se hace extensiva a las autoridades ejecutoras por no habérseles atribuido vicios propios en la ejecución de dicha orden. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, in fine, de la Constitución General de la República, 83, 85, 87, 89, 90 y 91 de la Ley de Amparo, así como el artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve: PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ... contra los actos que reclamó de las autoridades precisadas en el resultando primero de esta ejecutoria. TERCERO. Procede denunciar la contradicción de tesis en los términos de la parte final del considerando cuarto de esta resolución y, por ende, se ordena la remisión de los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que resuelva sobre la contradicción de criterios denunciada."

CUARTO. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con residencia en el Estado de México, al resolver el amparo en revisión 289/97, el veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y siete, interpuesto por ... esencialmente consideró:

"TERCERO. ... Lo anterior es así, toda vez que, por un lado, se tiene que del escrito de demanda de garantías que corre agregado a fojas de la 1 a la 4 del cuaderno de amparo indirecto 341/97, se aprecia con claridad que el aquí recurrente, señaló como autoridad responsable ordenadora, al Juez Segundo Penal de Cuantía Menor de Naucalpan de Juárez, Estado de México, y como ejecutora al delegado de Servicios Periciales, con sede en Tlalnepantla de Baz, Estado de México; asimismo, que de la primera de dichas autoridades reclamó la orden para identificarlo administrativamente (ficha signalética), contenida en el punto resolutivo cuarto del auto de sujeción a proceso que fue dictado en su contra, el dieciséis de marzo de mil novecientos noventa y siete, en la causa penal 155/97-1 y, de la ejecutora, reclamó la ejecución de dicha orden, misma que fue girada el veintiocho de mayo del mismo año, con el oficio 683/97. Asimismo, de autos se aprecia que el Juez señalado como autoridad responsable ordenadora, al rendir su informe justificado, el que corre agregado a foja 13 del citado cuaderno de amparo indirecto, hizo saber que era cierto el acto reclamado, ya que, en efecto, en ese juzgado existe la causa penal 155/97-1, instruida por el delito de daño en los bienes en contra de ... y ... en agravio de ... y del Gobierno del Estado de México, Dirección de Tránsito Municipal y que previa su comparecencia voluntaria de ... de trece de marzo del presente año, una vez examinado en preparatoria, dentro del término de las setenta y dos horas, se determinó su situación jurídica al dictarse en su contra auto de sujeción a proceso, el que establece en su punto resolutivo cuarto, que se remita al procesado, hoy recurrente, al delegado de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, en Tlalnepantla de Baz, a efecto de que se le identifique administrativamente, esto de conformidad con el artículo 194 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, orden que era legal, en virtud de así establecerlo la ley en cita, lo que acreditaba con las respectivas copias certificadas de todo lo actuado en la causa citada y que anexaba a su informe copias que corren agregadas a fojas de la 17 a la 85 del multicitado cuaderno de amparo, mismas de las que en efecto se corrobora lo informado por el Juez responsable. Ahora bien, de lo antes expuesto, resulta inconcuso, por una parte, que el acto reclamado consistente en la orden de identificación del ahora recurrente, se emitió dentro del respectivo auto de sujeción a proceso, que se dictó en su contra el dieciséis de marzo del año en curso y, por otra parte, que dicho auto de término constitucional no fue señalado como acto reclamado en el respectivo escrito de demanda de garantías, de donde resulta clara la concurrencia del motivo de improcedencia que contempla la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado resulta ser un acto derivado de otro consentido, porque no se interpuso el juicio de garantías en contra del auto de sujeción a proceso, que es donde se ordena la identificación, la que es una consecuencia inmediata y directa de aquél y, por ende, el Juez de amparo debió concluir que era improcedente el juicio de amparo. En las condiciones apuntadas, lo procedente es revocar la sentencia constitucional recurrida y, en su lugar, sobreseer en el juicio de amparo indirecto 341/97, promovido por ... por su propio derecho, por resultar éste improcedente, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción III, en relación con el 73, fracción XVIII, ambos de la Ley de Amparo."

El mismo Primer Tribunal Colegiado, el veintitrés de abril de mil novecientos noventa nueve, al resolver el amparo en revisión 105/99, promovido por ... en la parte que interesa, consideró:

"QUINTO. Se considera que en el presente caso, es innecesario entrar al análisis de los agravios que se hacen valer, en virtud de que este Tribunal Colegiado advierte que, en la especie, sobreviene diversa causal de improcedencia, a la que se refiere el Juez a quo, misma que se encuentra prevista en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, lo que da lugar a confirmar la resolución recurrida. Lo anterior es así, toda vez que, por un lado, se tiene que del escrito de demanda de garantías, que corre agregado a fojas de la dos a la cinco del cuaderno de amparo indirecto 135/99, se aprecia con claridad que el aquí recurrente señaló como autoridad responsable ordenadora, al Juez de Cuantía Menor de Ocoyoacac, Estado de México y como ejecutora, al director de Servicios Periciales en este Estado; asimismo, que de la primera de dichas autoridades reclamó la orden para identificarlo administrativamente (ficha signalética), contenida en el resolutivo cuarto del auto de formal prisión que fue dictado en su contra, el veintinueve de enero del presente año en la causa penal 77/98 y, de la ejecutora, reclamó la ejecución de dicha orden. Asimismo, de autos se aprecia que el Juez señalado como autoridad responsable ordenadora, al rendir su informe justificado, el que corre agregado a fojas dieciocho y diecinueve del citado cuaderno de amparo indirecto, hizo saber, entre otras cosas, que es cierto el acto reclamado, ya que, en efecto, en ese juzgado existe la causa penal 77/98, en la que una vez que declaró en preparatoria ... el veintinueve de enero del año en curso se resolvió su situación jurídica dentro del término constitucional, dictándosele auto de formal prisión por el delito de abandono de familiares, cometido en agravio de ... el que quedó firme por no ser recurrido, por ninguna de las partes y ordenándose en el resolutivo cuarto del mismo la identificación administrativa en la vía y forma ante la Dirección de Servicios Periciales de la entidad del quejoso, en términos de lo que establece el artículo 194 del Código Procesal de la Materia y para justificar la constitucionalidad del acto, anexó copias certificadas de la referida causa; copias que corren agregadas a fojas de la veintiuno a la noventa y seis del multicitado cuaderno de amparo, mismas de las que, en efecto, se corrobora lo informado por el Juez responsable. Ahora bien, de lo antes expuesto resulta inconcuso, por una parte, que el acto reclamado, consistente en la orden de identificación del ahora recurrente, se emitió dentro del respectivo auto de formal prisión que se dictó en su contra el veintinueve de enero del año en curso y, por otra parte, que dicho auto de término constitucional no fue señalado como acto reclamado en el respectivo escrito de demanda de garantías, de donde resulta clara la concurrencia del motivo de improcedencia que contempla la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el 193 de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado resulta ser un acto derivado de otro consentido, porque no se interpuso el juicio de garantías en contra del auto de formal prisión, que es donde se ordena la identificación, la que es una consecuencia inmediata y directa de aquél y, por ende, es procedente sobreseer en el juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción III, de la ley de la materia. Es aplicable al caso, la tesis aislada sustentada por este mismo Tribunal Colegiado, que aparece publicada en la página 722, Tomo VII, abril de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor siguiente: ‘AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL. CUANDO SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA ORDEN DE IDENTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ACUSADO, PERO NO EL AUTO DE SUJECIÓN A PROCESO DEL QUE DERIVÓ DICHA ORDEN. Si el quejoso señala como acto reclamado la orden de identificación administrativa (ficha signalética) emitida dentro del auto de sujeción a proceso, sin que dicho auto haya sido señalado como acto reclamado en la demanda de garantías, resulta clara la concurrencia del motivo de improcedencia que contempla la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, toda vez que el acto impugnado es derivado de otro consentido, ya que no se interpuso el juicio de garantías en contra del auto de sujeción a proceso, que es donde se ordena la identificación, la cual es una consecuencia inmediata y directa de aquél y, por ende, el Juez de amparo debió concluir que era improcedente el amparo.’. En las condiciones apuntadas, lo que procede es confirmar la resolución recurrida y sobreseer en el juicio de garantías interpuesto por ... con base en las consideraciones antes expuestas."

El referido Tribunal Colegiado, el veintiocho de mayo de mil novecientos noventa nueve, al resolver el amparo en revisión (improcedencia) 143/99, promovido por ... sustancialmente consideró:

"QUINTO. Son infundados e inoperantes los agravios que se hacen valer, a los cuales se les da contestación en forma conjunta dada su estrecha relación, conforme a lo dispuesto por el artículo 79 de la Ley de Amparo, conforme a las siguientes consideraciones. En efecto, en el capítulo de hechos de la demanda de amparo, el accionante refiere que el doce de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, compareció en forma voluntaria ante el Juez responsable a rendir su declaración preparatoria, por lo que el día diecisiete siguiente se le decretó auto de sujeción a proceso; el treinta de diciembre de ese año se celebró la primera audiencia de pruebas, en la que se ordenó su identificación administrativa a petición del Ministerio Público, pero no se realizó y transcurrieron las diversas audiencias del veintiséis de enero, once y veintiséis de febrero y doce de marzo de este año, en ésta se le hizo del conocimiento que debía ingresar al centro de readaptación social para que se le identificara administrativamente. Ahora bien, esencialmente sostiene el impugnante que le causa agravios la determinación del Juez de Distrito, toda vez que en el auto de sujeción a proceso no se ordenó su identificación administrativa, sino que ello se hizo hasta el acuerdo del treinta de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, mismo que señaló como acto reclamado. Tal argumento es infundado, pues como lo precisa el juzgador de amparo, aun cuando el acto reclamado se haga consistir en el auto de treinta de diciembre del año retropróximo, es decir, diverso al auto de término constitucional, conforme a lo dispuesto por el artículo 194 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, la identificación administrativa es una consecuencia directa del dictado del auto de formal prisión o de sujeción a proceso. Por tanto, a efecto de promover el juicio de garantías en contra de la referida identificación administrativa, debió en su oportunidad recurrirse el auto de sujeción a proceso y al no hacerlo, es inconcuso que consintió éste. En consecuencia, como lo determinó el a quo, al derivar el acto reclamado de un acto consentido, el juicio de garantías resulta notoriamente improcedente. Por otra parte, refiere el inconforme que se establece que la demanda es improcedente, por no haber consentido el acto por no haberlo impugnado en tiempo. Es inoperante lo anterior por partir de una premisa falsa, a virtud que el a quo sostiene la improcedencia del juicio, por tratarse de un acto derivado de uno consentido, no así por no haberse impugnado en tiempo. Finalmente, precisa el impugnante que se vulnera en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, ya que la orden de identificación es un acto de imposible reparación, porque a pesar de que quede absuelto la misma no es cancelada. Es inoperante su argumento, pues con independencia de que no se comparte su apreciación, en el caso lo notoriamente improcedente de la demanda de garantías, deviene del hecho de que se señala como acto reclamado uno derivado de otro consentido. En este orden de ideas, procede confirmar el acuerdo recurrido y desechar de plano la demanda de amparo."

El propio Tribunal Colegiado, el veintidós de octubre de mil novecientos noventa nueve, al resolver el amparo en revisión 291/99, recurrido por ... consideró esencialmente:

"QUINTO. Se considera que en el presente caso, es innecesario entrar al análisis de los agravios que se hacen valer, en virtud de que este Tribunal Colegiado advierte que, en la especie, sobreviene diversa causal de improcedencia, a la que se refiere el Juez a quo, misma que se encuentra prevista en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, lo que da lugar a confirmar la resolución recurrida. Lo anterior es así, toda vez que, por un lado, se tiene que del escrito de demanda de garantías, que corre agregado a fojas de la uno a la tres del cuaderno de amparo indirecto 286/99, se aprecia con claridad que el aquí recurrente señaló como autoridad responsable ordenadora al Juez Cuarto de Distrito en el Estado de México, con sede en Tlalnepantla, Estado de México, y como ejecutora, al director del Centro Preventivo y de Readaptación Social de Barrientos, Tlalnepantla, Estado de México; asimismo, que de la primera de dichas autoridades reclamó la orden para identificarlo (ficha), contenida en el resolutivo tercero del auto de formal prisión de veintiséis de marzo del año en curso, dictado en su contra en el proceso penal 20/99 y de la ejecutora, reclamó la ejecución de dicha orden. Asimismo, de autos se aprecia que el Juez señalado como autoridad responsable ordenadora, al rendir su informe justificado, el que corre agregado a foja 9 del citado cuaderno de amparo indirecto, hizo saber, entre otras cosas, que es cierto el acto reclamado, toda vez que en proveído de seis de abril del año en curso se ordenó la entrega del oficio correspondiente al procesado aquí recurrente, para que se constituyera en el interior del Centro Preventivo y de Readaptación Social de Tlalnepantla, Estado de México, a fin de que le fuera elaborada la ficha signalética y el estudio de personalidad respectivos, lo anterior para dar cumplimiento al resolutivo tercero del auto de formal prisión dictado en su contra, en fecha veintiséis de marzo del mismo año, mismo que ordena identificar al procesado por el sistema administrativo en uso y para justificar la constitucionalidad del acto, anexó copias certificadas de las constancias que consideró procedentes; copias que corren agregadas a fojas diez y once del multicitado cuaderno de amparo. Ahora bien, de lo antes expuesto resulta inconcuso, por una parte, que el acto reclamado, consistente en la orden de identificación del ahora recurrente, se emitió dentro del respectivo auto de formal prisión que se dictó en su contra el veintiséis de marzo del año en curso y, por otra parte, que dicho auto de término constitucional no fue señalado como acto reclamado en el respectivo escrito de demanda de garantías, de donde resulta clara la concurrencia del motivo de improcedencia que contempla la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado resulta ser un acto derivado de otro consentido, porque no se interpuso el juicio de garantías en contra del auto de formal prisión, que es donde se ordena la identificación, la que es una consecuencia inmediata y directa de aquél y, por ende, es procedente sobreseer en el juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción III, de la ley de la materia. Es aplicable al caso, la tesis aislada sustentada por este mismo Tribunal Colegiado, que aparece publicada en la página 722, Tomo VII, abril de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor siguiente: ‘AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL. CUANDO SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA ORDEN DE IDENTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ACUSADO, PERO NO EL AUTO DE SUJECIÓN A PROCESO DEL QUE DERIVÓ DICHA ORDEN. Si el quejoso señala como acto reclamado la orden de identificación administrativa (ficha signalética) emitida dentro del auto de sujeción a proceso, sin que dicho auto haya sido señalado como acto reclamado en la demanda de garantías, resulta clara la concurrencia del motivo de improcedencia que contempla la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, toda vez que el acto impugnado es derivado de otro consentido, ya que no se interpuso el juicio de garantías en contra del auto de sujeción a proceso, que es donde se ordena la identificación, la cual es una consecuencia inmediata y directa de aquél y, por ende, el Juez de amparo debió concluir que era improcedente el amparo.’. En las condiciones apuntadas, lo que procede es confirmar la resolución recurrida y sobreseer en el juicio de garantías interpuesto por ... con base en las consideraciones antes expuestas. ..."

El Tribunal Colegiado de referencia, al resolver el amparo en revisión 108/2001, interpuesto por ... el veinticuatro de mayo de dos mil uno, consideró:

"QUINTO. En la especie no se hace valer agravio alguno en contra del considerando segundo de la resolución recurrida, en donde se sobreseyó en el juicio por cuanto hace a los actos de ejecución atribuidos al delegado Estatal de la Procuraduría General de la República, subdelegado de Procedimientos Penales ‘A’, subdelegado de la Policía Judicial Federal en el Estado de México, procurador general de la República, director general de Planeación y Operación de la Policía Judicial Federal, procurador general de Justicia y director general de Aprehensiones, ambos del Estado de México y este tribunal no advierte la necesidad de suplir la deficiencia de la queja, en términos del artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, toda vez que se considera que el Juez a quo estuvo en lo correcto, ya que, en efecto, a fojas 26, 27, 87, 21, 22 y 24 respectivamente, del cuaderno de amparo indirecto 51/2001-III, corren agregados los informes justificados que rindieron dichas autoridades, en los que se aprecia que hicieron saber que no era cierto el acto que se les reclamaba, sin que de autos se advierta que los quejosos, aquí recurrentes, hayan desvirtuado con prueba alguna dicha negativa, por lo que es inconcuso, como en forma acertada lo indicó el Juez de amparo, que procede sobreseer respecto a tales actos en el juicio de garantías, por inexistencia de los mismos, en términos del artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo y con apoyo en la tesis jurisprudencial que invocó, bajo el rubro: ‘INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.’, aunado lo anterior a que, como también lo indicó, la elaboración de identificación administrativa que se les reclama no está comprendida dentro de las facultades legales que les competen llevar a cabo, ya que tal facultad está reservada a la Secretaría de Gobernación, de acuerdo con lo previsto por el artículo 21 del reglamento interior de dicha secretaría, numeral que también quedó transcrito en la resolución aquí recurrida. SEXTO. Ahora bien, las alegaciones que se hacen valer a manera de agravios, son infundadas por las consideraciones legales siguientes: Lo anterior es así, toda vez que, contrario a lo alegado, se considera que el Juez a quo estuvo en lo correcto al sobreseer en el juicio de garantías respecto del acto reclamado al Juez Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales en el Estado de México, en su calidad de autoridad responsable ordenadora y el director del Centro Preventivo y de Readaptación Social de Almoloya de Juárez, Estado de México, en su calidad de autoridad responsable ejecutora, consistente en la orden de identificación administrativa de los quejosos, aquí rec

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17885-7b556d3b/identificacion-administrativa-ficha-signaletica-el-hecho-de-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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