CATEO DE NEGOCIOS ABIERTOS AL PÚBLICO. RESULTA ILEGAL Y CARECE DE VALOR PROBATORIO CUANDO SE PRACTICA SIN SUJETARSE A LOS REQUISITOS QUE EXIGE EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. CATEO DE NEGOCIOS SIN ORDEN DE AUTORIDAD JUDICIAL, DENOMINADO "OPERATIVO". CARECE DE VALOR PROBATORIO. DOMICILIO, INVIOLABILIDAD DEL. ESTA GARANTÍA, CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL, PROTEGE TANTO LA CASA HABITACIÓN COMO LAS NEGOCIACIONES ABIERTAS AL PÚBLICO, POR LO QUE CUALQUIER INTROMISIÓN ARBITRARIA A ÉSTAS ES ILEGAL Y, POR ENDE, CARENTE DE VALOR PROBATORIO.
AMPARO DIRECTO 283/2003.
CONSIDERANDO:
SEXTO. Previamente al análisis de los conceptos de violación se estima conveniente formular las siguientes precisiones:
Como se estableció en el resultando segundo del presente fallo, en sesión de dieciséis de octubre de dos mil tres, este tribunal, por mayoría de votos de los Magistrados Gilberto Pérez Herrera y Guillermo Alberto Hernández Segura, resolvió votar el proyecto presentado por el Magistrado José Benito Banda Martínez y desecharlo, lo que obliga a exponer, aunque sea brevemente, las razones que sustentaron esa decisión.
Las conclusiones del proyecto sometido a discusión de este tribunal en la sesión descrita son las siguientes:
"... sin embargo, lo así aducido deviene inatendible, cuenta habida que, atento la técnica que rige el juicio de amparo directo, la legalidad o ilegalidad de cualquier evento que pueda revestir las características del cateo practicado por cualquier autoridad, constituye un aspecto que no puede ser analizado en esta vía, según se desprende de los razonamientos que a continuación se exponen y que originan que quienes ahora resuelven apartarse del criterio plasmado en el antecedente que invoca el quejoso por conducto de su defensor particular, sustentado por este Tribunal Colegiado al resolver el amparo directo 627/2002, promovido por ... en el que en términos generales se sostuvo el argumento que ahora plantea el disconforme.
"Lo anterior así se afirma, toda vez que atendiendo a las reglas de procedencia del juicio constitucional, los actos que provengan de autoridades distintas a la judicial y, tratándose de materia penal, distintas del Ministerio Público, deben considerarse como realizados fuera del procedimiento judicial, de lo que se sigue que lo inatendible del aludido motivo de disenso radica en que en el presente juicio constitucional no es dable analizar la legalidad o ilegalidad de la mencionada diligencia, porque de hacerlo se atentaría contra la técnica que rige el juicio de amparo, porque al constituir el cateo un acto verificado fuera de juicio, desplegado por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, sólo puede ser materia de amparo indirecto, de tal suerte que al no haberse impugnado oportunamente, no es posible jurídicamente hacerlo ahora.
"Más adelante, el peticionario del amparo sostiene que como la aludida diligencia de características similares al cateo debe tenerse por nula, igual connotación debe asignársele a la obtención del arma de fuego relativa y a la detención del acusado, por proceder de una orden de cateo ilegal; empero, lo así aducido deviene infundado, cuenta habida que si bien es cierto el artículo 61 del Código Federal de Procedimientos Penales establece formalidades específicas que deben observarse en toda irrupción al domicilio de los gobernados, so pena de negarle toda validez para el caso contrario, verídico también resulta que esa sanción solamente se encuentra expresamente contemplada para la diligencia que al efecto se prevé, esto es, el cateo, sin que se aprecie fundamento legal alguno que haga extensiva esa nulidad a las actuaciones que conforman el restante material probatorio, sobre todo si para su desahogo, según la naturaleza de cada una de ellas, se observaron las formalidades que para el caso concreto exige la legislación adjetiva aplicable, pues no debe soslayarse que la aludida legislación establece diversos parámetros de justipreciación según la naturaleza de cada medio de convicción, y no establece un sistema de tasación genérica para todos los permitidos en el proceso penal.
"... por ende, tampoco favorece al quejoso lo esgrimido en el sentido de que en el acto reclamado la responsable sostuvo que es permisible que pruebas distintas a la considerada ilegal subsistan en su convicción cuando son relevantes, pero que no obstante tal aseveración, la aludida autoridad no mencionaba qué precepto hacia ‘permisible’ ese proceder, siendo que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les autorice; ello es así, en razón de que la apuntada omisión en modo alguno puede llevar a considerar, como lo pretende el disconforme, que el acto reclamado adolezca de una debida fundamentación, porque aunque no se advierta de ese párrafo en concreto, la sola lectura de la sentencia impugnada pone de relieve que, en la especie, se expresaron los preceptos legales aplicables a cada caso concreto y se externaron los razonamientos que sustentaron su aplicación ..."
Como puede apreciarse de la transcripción anterior, que contiene porciones torales de las consideraciones del proyecto que a la postre se desechó, el tópico planteado versó sobre la imposibilidad de examinar en el amparo directo la ilegalidad del cateo del poder público por tratarse de un acto realizado fuera de procedimiento no atribuible, además, a la autoridad judicial, razones por las que se dijo que era de abandonarse el criterio sustentado por este Tribunal Colegiado al resolver el amparo 627/2002.
Se consideró, por la mayoría de este tribunal, que tales consideraciones carecían de sustento jurídico por las siguientes razones:
De entrada se advirtió que dichas consideraciones, aunque no lo expresan, tenían como sustento las tesis siguientes:
"Localización: Séptima Época
"Instancia: Sala Auxiliar
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Volúmenes: 217-228, Séptima Parte
"Página: 319
"Genealogía: Informe 1987, Segunda Parte, Sala Auxiliar, tesis 1, página 5.
"CATEO Y DETENCIÓN SIN ORDEN JUDICIAL. VIOLACIONES NO REPARABLES EN AMPARO DIRECTO. Si los agentes policiacos actúan ilegalmente al catear sin orden judicial el lugar donde encontraron el objeto del delito y detienen al inculpado sin orden de aprehensión emanada de autoridad competente, las violaciones que esa forma de actuar implican a disposiciones constitucionales no son reclamables en amparo directo, ni pueden serles atribuidas a las autoridades responsables de la sentencia o su ejecución. Sin embargo, no puede desconocerse que lamentablemente con demasiada frecuencia las autoridades investigadoras utilizan en las aprehensiones métodos reprobados por nuestra Carta Magna; pero en atención a la técnica del amparo directo, no compete a este Alto Tribunal analizar ese tipo de actos, debiendo concretarse a declarar que quedan a salvo los derechos del quejoso para ejercitar las acciones judiciales relativas ante las autoridades correspondientes.
"Amparo directo 2200/86. 27 de noviembre de 1986. Cinco votos. Ponente: Víctor Manuel Franco Pérez. Secretaria: Adriana Barrera de Loza."
"Localización: Séptima Época
"Instancia: Primera Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Volumen: 76, Segunda Parte
"Página: 28
"Genealogía: Informe 1975, Segunda Parte, Primera Sala, página 28.
"CATEO SIN ORDEN JUDICIAL. VIOLACIÓN NO REPARABLE EN AMPARO. Si los agentes policiacos actúan ilegalmente al catear sin orden judicial los lugares donde encontraron los objetos del delito; sin embargo, ese proceder en todo caso podría ser motivo de responsabilidad por parte de dichos agentes policiacos más no actos atribuibles al juzgador que puedan ser reparados en el amparo, máxime si no se alega en tiempo esa violación ante la autoridad competente.
"Amparo directo 5493/74. 3 de abril de 1975. Cinco votos. Ponente: Ezequiel Burguete Farrera. Secretario: Homero Ruiz Velázquez."
La fecha de emisión de estas dos tesis permitió concluir de inmediato que ya eran obsoletas, pues se remontan a décadas pasadas (1975 y 1986), cuando que el orden legal entonces vigente se reformó para asegurar eficazmente la inviolabilidad domiciliaria, restándole al cateo o a la diligencia respectiva todo valor probatorio si no son observados y satisfechos los requisitos contenidos en los artículos 16 constitucional y 61 del Código Federal de Procedimientos Penales.
En efecto, la evolución que ha sufrido el artículo 61 del Código Federal de Procedimientos Penales, es la siguiente:
Texto vigente el treinta de agosto de mil novecientos treinta y cuatro.
"Cateos
"Artículo 61. Cuando durante las diligencias de Policía Judicial el Ministerio Público estime necesaria la práctica de un cateo, acudirá al tribunal respectivo o, si no lo hubiere en el lugar, al del orden común, ejercitando la acción penal correspondiente y solicitando la diligencia, expresando el objeto de ella y los datos que la justifiquen.
"No será necesario el mandamiento judicial cuando el ocupante o encargado de la casa o lugar cerrado, pidiere la visita de Ministerio Público o de un funcionario de la Policía Judicial, o manifestare expresamente su conformidad en que se lleve a efecto desde luego."
Texto vigente el veintisiete de diciembre de mil novecientos ochenta y tres.
"Cateos
"Artículo 61. Cuando durante las diligencias de averiguación previa el Ministerio Público estime necesaria la práctica de un cateo, acudirá al tribunal respectivo o, si no lo hubiere en el lugar, al del orden común, solicitando la diligencia, expresando el objeto de ella y los datos que la justifiquen. Según las circunstancias del caso, el tribunal resolverá si el cateo lo realiza su personal, el Ministerio Público o ambos.
"Cuando sea el Ministerio Público quien practique el cateo, dará cuenta al tribunal con los resultados del mismo."
Texto vigente el ocho de enero de mil novecientos noventa y uno.
"Cateos
"Artículo 61. Cuando en la averiguación previa el Ministerio Público estime necesaria la práctica de un cateo, acudirá a la autoridad judicial competente, o si no lo hubiere al del orden común, a solicitar por escrito la diligencia, expresando su objeto y necesidad, así como la ubicación del lugar a inspeccionar y persona o personas que han de localizarse o de aprehenderse, y los objetos que se buscan o han de asegurarse a lo que únicamente debe limitarse la diligencia.
"Al concluir el cateo se levantará acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad judicial que practique la diligencia.
"Cuando no se cumplan estos requisitos, la diligencia carecerá de todo valor probatorio, sin que sirva de excusa el consentimiento de los ocupantes del lugar."
Esta última reforma entró en vigor el día siguiente de su publicación, de acuerdo con su artículo primero transitorio.
La iniciativa presidencial que dio origen a la reforma legislativa del precepto en comento es del tenor siguiente:
Exposición de motivos del proyecto de reformas al Código Federal de Procedimientos Penales y del Distrito Federal.
"... Se consideró necesario establecer con mayor precisión terminológica, la conducta que tiene que verificarse en relación a las órdenes de cateo, ya que siendo una excepción legal para irrumpir en el domicilio, se buscó que la redacción fuera concreta y precisa, agregándose que se punirá por las leyes cualquier exceso.
"Las órdenes de cateo tienen que ser expedidas solamente por la autoridad judicial y sujetarse a los requisitos constitucionales y legales; cuando no se satisfacen esas exigencias constitucionales ni las previstas en las leyes procesales, los servidores públicos incurren en responsabilidad y su conducta se puede tipificar como delito.
"Se suelen llevar a cabo ‘cateos’ irregulares, violándose la privacía de los hogares y de otros sitios de carácter privado y rara vez se persigue este delito y se castiga a los responsables del abuso. A lo anterior se agrega que la diligencia viciada de arbitrariedad, al formar parte de una averiguación previa, es tomada en cuenta por el Juez cuando se ejercita la acción penal y en la mayoría de los casos se le concede valor probatorio ..."
La lectura que antecede pone de manifiesto que la reforma legislativa tuvo por objeto proteger a las personas en general en sus más caras posesiones, para brindarles la seguridad necesaria contra toda intromisión arbitraria en la vida privada de sus hogares u otros sitios privados, confiando a los Jueces la salvaguarda de este bien jurídico fundamental al disponer que la diligencia de cateo carecerá de todo valor probatorio cuando no se cumplan los requisitos exigidos para su ejecución.
Luego, las consideraciones que este tribunal sostuvo al resolver el amparo directo penal 627/2002, en el acuerdo correspondiente a la sesión de diez de enero de dos mil tres, fallado por unanimidad de votos de los Magistrados Gilberto Pérez Herrera, Guillermo Alberto Hernández Segura y licenciado Juan Ramón Carrillo Reyes, secretario de tribunal en funciones de Magistrado, siendo ponente el segundo de los nombrados y secretaria la licenciada Angélica Cancino Mancinas, sigue vigente y debe subsistir, pues no existe razón alguna para abdicar de las mismas.
Las porciones destacadas de dicha ejecutoria son las siguientes:
"Carecen de consistencia jurídica los razonamientos expresados por la responsable al otorgar valor a los testimonios contenidos en el parte de hechos rendido por ... comandante y agente investigador de la Dirección General de Policía Ministerial del Estado de Aguascalientes, Grupo Rincón de Romos, pues se apartó de las leyes que regulan la valoración de la prueba.
"En el parte informativo suscrito y ratificado por ... se sostiene: Que aproximadamente a las veintidós horas del veinticuatro de agosto del año dos mil uno, en las oficinas de la Policía Ministerial del Estado de Aguascalientes, Grupo Rincón de Romos, el comandante de dicha corporación policiaca ... atendió una llamada de una persona del sexo masculino, quien le informó que en el billar ubicado en la calle ... denominado ... el encargado vendía droga en el establecimiento y que la tenía en una rocola descompuesta, razón por la cual los agentes de la policía se trasladaron al lugar indicado, en donde identificaron a la persona que se había denunciado, respondiendo al nombre de ... quien manifestó que tenía aproximadamente un mes trabajando en ese lugar y que su patrón, de nombre ... le pagaba quinientos pesos por semana; que en relación con la denuncia ... dijo que su patrón le dejó varias cebollas en una bolsa para que las vendiera en cien pesos, lo cual así hizo y las cebollas que le sobraron las tenía en el interior de la rocola, misma que revisaron y que al hacerlo encontraron en su interior una bolsa de plástico que contenía ocho envoltorios de los denominados cebollas con polvo blanco, al parecer cocaína, así como otra pequeña bolsa de plástico con el mismo polvo, lo que motivó el aseguramiento de dicha sustancia y la detención de ... quien posteriormente fue puesto a disposición de la autoridad investigadora (foja 4).
"Como se advierte, en el citado parte se menciona que el comandante ... recibió la denuncia anónima en las oficinas de la corporación policiaca, por medio de la cual se le informó que en un billar ubicado en la calle ... denominado ... el encargado vendía droga en el establecimiento y que la tenía en una rocola descompuesta, por lo que de inmediato procedió a constituirse en compañía de otros agentes en el mencionado lugar.
"Los artículos 3o., fracciones I y II, 22 y 124 del Código Federal de Procedimientos Penales disponen:
"‘Artículo 3o. La Policía Judicial Federal actuará bajo la autoridad y el mando inmediato del Ministerio Público Federal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"‘Dentro del periodo de averiguación previa, la Policía Judicial Federal está obligada a:
"‘I. Recibir las denuncias sobre hechos que puedan constituir delitos del orden federal, sólo cuando debido a las circunstancias del caso aquéllas no puedan ser formuladas directamente ante el Ministerio Público, al que la Policía Judicial Federal informará de inmediato acerca de las mismas y de las diligencias practicadas. Las diversas policías, cuando actúen en auxilio del Ministerio Público Federal, inmediatamente darán aviso a éste, dejando de actuar cuando él lo determine;
"‘II. Practicar, de acuerdo con las instrucciones que le dicte el Ministerio Público Federal, las diligencias que sean necesarias y exclusivamente para los fines de la averiguación previa.’
"‘Artículo 22. Cada diligencia se asentará en acta por separado.
"‘El inculpado, su defensor y en su caso, la persona de su confianza que, el inculpado puede designar, sin que esto último implique exigencia procesal, el ofendido, los peritos y los testigos firmarán al calce del acta en que consten las diligencias en que tomaron parte y al margen de cada una de las hojas donde se asiente aquélla. Si no pudieren firmar, imprimirán al calce y al margen, la huella de alguno de los dedos de la mano, debiéndose indicar en el acta cuál de ellos fue.
"‘Si no quisieren o no pudieren firmar ni imprimir la huella digital, se hará constar el motivo.
"‘El Ministerio Público firmará al calce y, si lo estima conveniente, también al margen.
"‘Si antes de que se pongan las firmas o huellas los comparecientes hicieren alguna modificación o rectificación, se hará constar inmediatamente, expresándose los motivos que dijeron tener para hacerla. Si fuere después, pero antes de retirarse los interesados se asentará la modificación o rectificación en acta que se levantará inmediatamente después de la anterior, y que firmarán los que hayan intervenido en la diligencia.’
"‘Artículo 124. En el caso del artículo anterior, se procederá a levantar el acta correspondiente, que contendrá: la hora, fecha y modo en que se tenga conocimiento de los hechos; el nombre y el carácter de la persona que dio noticia de ellos, y su declaración, así como la de los testigos cuyos dichos sean más importantes y la del inculpado, si se encontrase presente, incluyendo el grupo étnico indígena al que pertenece, en su caso; la descripción de lo que haya sido objeto de inspección ocular; los nombres y domicilios de los testigos que no se hayan podido examinar; el resultado de la observación de las particularidades que se hayan notado a raíz de ocurridos los hechos, en las personas que en ellas intervengan; las medidas y providencias que se hayan tomado para la investigación de los hechos, así como los demás datos y circunstancias que se estime necesario hacer constar.’
"En la especie, se advierte que se violó en perjuicio del peticionario de garantías la garantía de legalidad y seguridad jurídica contenida en el artículo 14 constitucional, en atención a que en la práctica de las diligencias de averiguación previa no se observaron las formalidades esenciales del procedimiento.
"Se afirma lo anterior, en razón de que el agente de la policía que dice recibió la denuncia anónima, no actuó conforme a los preceptos legales antes transcritos, ya que no se aprecia de las constancias de autos que hubiese levantado el acta correspondiente en la que hiciera constar la hora, fecha y modo en que tuvo conocimiento de los hechos, tampoco comunicó ello de inmediato al representante social, para que éste a su vez ordenara el desahogo de las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos.
"Asimismo, se aprecia que la diligencia que se menciona en el parte de hechos que practicó el comandante de la Policía Ministerial del Estado, Grupo Rincón de Romos, Aguascalientes, en compañía de otros agentes policiacos, se realizó motu proprio, esto es, no recibieron orden alguna por parte del agente del Ministerio Público respectivo, ni estuvieron acompañados por él, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 2o., fracción II, del código adjetivo de la materia, que dispone que corresponde al Ministerio Público practicar y ordenar la realización de todos los actos conducentes a la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado; así como el artículo 3o., párrafo segundo, de la citada legislación, que prevé que corresponde a la Policía Judicial Federal practicar, de acuerdo con las instrucciones que le dicte el Ministerio Público, las diligencias que sean necesarias y exclusivamente para los fines de la averiguación previa.
"En consecuencia, al no haberse respetado las formalidades esenciales del procedimiento en la práctica de las diligencias de averiguación previa que realizó la Policía Ministerial del Estado, es inconcuso que carecen de valor probatorio.
"Además, la diligencia que se menciona en el parte de hechos que se llevó a cabo el veinticuatro de agosto de dos mil uno, en el billar denominado ... ubicado en la calle ... por sí misma es violatoria de garantías, ya que de igual forma se inobservaron las formalidades esenciales del procedimiento, en tanto que los agentes de la policía que la practicaron no estuvieron asistidos de testigos de asistencia que dieran fe de lo que dicen sucedió, con lo que incumplieron lo dispuesto en el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, que dice:
"‘Artículo 16. El Juez, el Ministerio Público y la Policía Judicial Federal estarán acompañados, en las diligencias que practiquen, de sus secretarios, si los tuvieren, o de dos testigos de asistencia, que darán fe de todo lo que en aquéllas pase.
"‘A las actuaciones de averiguación previa sólo podrán tener acceso el inculpado, su defensor y la víctima u ofendido y/o su representante legal, si los hubiere. Al servidor público que indebidamente quebrante la reserva de las actuaciones o proporcione copia de ellas o de los documentos que obren en la averiguación, se le sujetará al procedimiento de responsabilidad administrativa o penal, según corresponda.
"‘En el proceso, los tribunales presidirán los actos de prueba y recibirán, por sí mismos, las declaraciones.
"‘En las diligencias podrán emplearse, según el caso y a juicio del funcionario que las practique, la taquigrafía, el dictáfono y cualquier otro medio que tenga por objeto reproducir imágenes o sonidos y el medio empleado se hará constar en el acta respectiva.’
"Además de considerarse la diligencia como un cateo, ya que tuvo como fin la inspección del lugar y de los muebles que había en su interior, no se llevó a cabo con los requisitos que para el caso establece el artículo 61 del ordenamiento legal antes invocado, que dispone:
"‘Artículo 61. Cuando en la averiguación previa el Ministerio Público estime necesaria la práctica de un cateo, acudirá a la autoridad judicial competente, o si no lo hubiere al del orden común, a solicitar por escrito la diligencia, expresando su objeto y necesidad, así como la ubicación del lugar a inspeccionar y persona o personas que han de localizarse o de aprehenderse, y los objetos que se buscan o han de asegurarse a lo que únicamente debe limitarse la diligencia.
"‘Al concluir el cateo se levantará acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad judicial que practique la diligencia.
"‘Cuando no se cumplan estos requisitos, la diligencia carecerá de todo valor probatorio, sin que sirva de excusa el consentimiento de los ocupantes del lugar.’
"En la especie, de autos no se infiere que existiera orden escrita de autoridad competente, ni se levantó acta circunstanciada en presencia de dos testigos, por lo que de conformidad con lo previsto en el último párrafo del precitado numeral, la diligencia carece de todo valor probatorio.
"No constituye obstáculo a la anterior consideración, que la diligencia se hubiera practicado en un inmueble destinado a un bar o billar, ya que contrario a lo afirmado por la responsable, un lugar de esa naturaleza no es un lugar público, sino un lugar abierto al público, que como cualquier otro objeto está protegido por las garantías que al efecto establecen los artículos 14 y 16 constitucionales y que, por ende, para realizar la diligencia deberían contar con orden escrita de autoridad competente.
"Esto es, el artículo 16 constitucional ordena que: ‘Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. ...’, de donde se sigue que este precepto garantiza a los individuos tanto su seguridad personal como real; la primera referida a la persona, como en los casos de aprehensiones, cateos y visitas domiciliarias; y, la segunda, a los bienes que aquélla posee. Por tanto, la persona, su familia, su domicilio, papeles o posesiones no pueden ser objeto de pesquisas, cateos, registros o secuestros sin observar los requisitos contenidos en el artículo 16 constitucional y esto a fin de asegurar la legalidad de los actos de autoridad o de sus agentes, proteger la libertad individual y garantizar la seguridad jurídica.
"Y el artículo 14 constitucional establece la obligatoriedad de que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento para privar a una persona de sus derechos, de donde se sigue que la certeza del juzgador sobre la veracidad de la imputación sólo puede ser obtenida como consecuencia de la actividad probatoria desplegada en la averiguación o en el proceso con apego a las formalidades esenciales del procedimiento. Así, la valoración jurídica también debe sujetarse a la legalidad, pues no es posible que el juzgador otorgue valor probatorio a pruebas obtenidas con violación de garantías individuales o con infracción a disposiciones legales, ya que ello sería tanto como convalidar pruebas ilegales.
"En apoyo de lo anterior se cita la tesis XII.3o.4 P, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, publicada en la página 1210 del Tomo XIV, agosto de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘CATEO SIN ORDEN DE AUTORIDAD COMPETENTE O SIN LOS REQUISITOS LEGALES. NULIFICA EL RESULTADO DEL MISMO Y DE LAS ACTUACIONES QUE DE ÉL EMANEN. Si la irrupción en el domicilio del quejoso se practicó sin observarse las exigencias establecidas en el artículo 61 del Código Federal de Procedimientos Penales, en el texto de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de mil novecientos noventa y uno, argumentando únicamente que éste les dio autorización para introducirse, localizando en el interior marihuana, así como diversas armas, por imperativo del precepto legal invocado, la diligencia así practicada carecerá de todo valor probatorio, sin que sirva de excusa el consentimiento de los ocupantes del lugar. Ello es así, ya que de acuerdo al Diario de Debates de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se determinó que la reforma anteriormente aludida tuvo como propósito fundamental asegurar el imperio de las garantías individuales que en materia penal establece la Constitución en su artículo 16, al ir más allá en el artículo 61 del Código Federal de Procedimientos Penales, al establecer que si no se cumplen las formalidades que ahí se establecen, el cateo así realizado carecerá de todo valor probatorio; por ello, el resultado de tal operativo debe correr la misma suerte, y al carecer de eficacia convictiva, jurídicamente no es posible adminicularlo a las imputaciones hechas por los agentes aprehensores, al igual que el aseguramiento del enervante, armas y demás objetos, al provenir todo esto de un acto que conforme a la ley carece de todo valor probatorio; como una consecuencia necesaria de esto, debe concluirse que resultan totalmente inconducentes para justificar o, cuando menos, generar la presunción fundada, de que la marihuana, armas de fuego y demás objetos asegurados fueron encontrados en el domicilio del agraviado, así como que éste los mantenía dolosamente bajo su radio de acción y disponibilidad, pues en este sentido los medios probatorios en comento no aportan dato alguno. En ese orden de ideas, aun cuando pudiera existir confesión del inculpado, si de conformidad con los artículos 279 y 285 del Código Federal de Procedimientos Penales, para que la misma pudiera adquirir valor probatorio pleno, debe adminicularse con otros medios de convicción que la robustezcan, ésta constituye un indicio aislado, ya que tanto el parte informativo antes aludido, como las imputaciones hechas en contra de los quejosos resultan ineficaces para acreditar, en términos de lo establecido por el ordinal 168 del Código Federal de Procedimientos Penales, la existencia de los elementos del cuerpo de los delitos contra la salud, en la modalidad de posesión de marihuana, y acopio de armas de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales. (Amparo directo 592/99. 7 de mayo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: José Octavio Rodarte Ibarra. Secretario: Fernando Sustaita Rojas).’
"Desde otra perspectiva, puede decirse válidamente que la diligencia policiaca tuvo el carácter de una inspección (en realidad se trató de una pesquisa realizada al margen de la autoridad competente y fuera de todo procedimiento), por lo que para que tuviera valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 284 del Código Federal de Procedimientos Penales, debió ser realizada con las formalidades exigidas por el numeral 208 del mismo ordenamiento legal, esto es, con la presencia del Ministerio Público, previa fijación del día, hora y lugar, y con citación oportuna de quienes habrían de concurrir; asimismo de considerarlo necesario en presencia de dos testigos.
"El citado precepto legal dispone: ‘Artículo 208. Es materia de la inspección todo aquello que pueda ser directamente apreciado por la autoridad que conozca del asunto. La inspección debe ser practicada invariablemente, bajo pena de nulidad, con la asistencia del Ministerio Público o, en su caso, del Juez, según se trate de la averiguación previa o del proceso. Para su desahogo se fijará día, hora y lugar, y se citará oportunamente a quienes hayan de concurrir, los que podrán hacer al funcionario que la practique las observaciones que estimen convenientes, que se asentarán en el expediente si así lo solicitan quien las hubiese formulado o alguna de las partes. Si el Ministerio Público o el Juez lo consideran ne
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17931-a548b23e/cateo-de-negocios-abiertos-al-publico-resulta-ilegal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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