PRUEBAS EN EL JUICIO LABORAL. EL AUTO EN QUE SE ADMITEN O DESECHAN DEBE SER COLEGIADO, POR REGLA GENERAL.
AMPARO DIRECTO 591/2003. SERGIO MANUEL DÁVILA FERNÁNDEZ Y OTRO.
CONSIDERANDO:
SEXTO. Los conceptos de violación se transcribieron para una mejor ilustración, sin embargo, no serán materia de estudio, ya que este Tribunal Colegiado advierte, en suplencia de la queja deficiente que autoriza el artículo 76 bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, violaciones a las normas del procedimiento laboral que conlleva a otorgar la protección constitucional solicitada.
En efecto, la Junta debió prevenir a los quejosos para que precisaran el monto de las cantidades que les fueron retenidas.
Así es, la Junta declaró improcedente la prestación de cantidades retenidas reclamada en la demanda, por lo siguiente:
"... Por otro lado, de igual manera resulta improcedente la devolución de las cantidades de N$3,170.00 y de N$20,625.87, que dicen los actores el demandado les retuvo injustificadamente al declararse procedente la excepción de oscuridad opuesta por el IMSS, toda vez que los actores son omisos en precisar de dónde obtienen la suma que reclaman; además, no existen elementos probatorios a su favor con los cuales esta autoridad pudiera desprende (sic) el descuento aludido, para estar en posibilidad de determinar la injustificación de retención alguna alegada ..." (foja 81 del juicio laboral).
Ahora, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 77/98, entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, consideró que es obligación de las Juntas de Conciliación y Arbitraje prevenir al trabajador para que corrija, aclare o regularice su demanda cuando ésta sea oscura, irregular u omisa, en cuanto no comprenda todas las prestaciones que deriven de la acción intentada; y, por otro lado, aplicar esa tutela general previniendo al trabajador para que proporcione los datos relativos a los hechos de la demanda cuando de ellos dependa la claridad y congruencia de la acción deducida.
Dicha jurisprudencia aparece visible con el número 135, página 112 del Tomo V, Volumen I, Materia del Trabajo, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, la cual es del tenor literal siguiente:
"DEMANDA LABORAL. LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEBE MANDAR PREVENIR AL TRABAJADOR PARA QUE LA CORRIJA O ACLARE CUANDO SEA IRREGULAR O INCURRA EN OMISIONES. De la recta interpretación de lo dispuesto en los artículos 685, 873, último párrafo y 878, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, se infiere que las Juntas de Conciliación y Arbitraje se encuentran obligadas, en acatamiento al principio de tutela procesal, a prevenir al trabajador o, en su caso, a sus beneficiarios, para que corrijan, aclaren o regularicen su demanda cuando ésta sea oscura, irregular u omisa, en cuanto no comprenda todas las prestaciones que deriven de la acción intentada; y, por otro lado, a aplicar esa tutela general previniendo al trabajador para que proporcione los datos relativos a los hechos de la demanda, cuando de ellos dependa la claridad y congruencia de la acción deducida, como las características relativas al tiempo, modo y lugar del despido, sin que ello signifique que la Junta sustituya al actor en perjuicio de la contraparte y con desdoro de la imparcialidad, porque en tales hipótesis la Junta no proporciona por sí esos datos, sino que se concreta a hacer notar la irregularidad de que adolece el escrito inicial con el propósito de que sea subsanada en los términos que el actor estime oportunos."
También la citada Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 68/98, entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, los entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito y Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito, consideró que la omisión de la Junta de señalar los defectos u omisiones en que hubieran incurrido el trabajador o sus beneficiarios en la demanda constituye una violación al procedimiento análoga a las que establece el artículo 159 de la Ley de Amparo, que reúne las características esenciales determinadas en los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 158 de la ley de la materia, en tanto que afecta sus pretensiones y trasciende al resultado del fallo, pues si queda incompleta o con errores no podrá después la Junta resolver sobre acciones que no se hicieron valer o resolver aquellas que se plantearon deficientemente.
Dicho criterio jurisprudencial 2a./J. 134/99, aparece publicado con el número de tesis 138, página 114 del tomo y Apéndice citados, y dice:
"DEMANDA LABORAL. LA OMISIÓN DE REQUERIR AL TRABAJADOR PARA QUE LA ACLARE O CORRIJA CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE, AMERITA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN EL SUPUESTO DE QUE AFECTE LAS PRETENSIONES DEL ACTOR Y TRASCIENDA AL RESULTADO DEL FALLO. Cuando la demanda del trabajador o sus beneficiarios tiene defectos u omisiones, la Junta debe examinar integralmente el ocurso y las demás constancias de autos para saber qué acciones se vienen deduciendo, pero cuando ni siquiera de esa relación puede superarse el defecto, debe requerir la aclaración. De lo contrario, el silencio de la Junta de señalar los defectos u omisiones en que hubieran incurrido el trabajador o sus beneficiarios en el ocurso de demanda, y de prevenirlos para que los subsanen, constituye una violación al procedimiento análoga a las que establece el artículo 159 de la Ley de Amparo, que reúne las características esenciales determinadas en los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 158 de la ley de la materia, en tanto que afecta sus pretensiones y trasciende al resultado del fallo, pues si queda incompleta o con errores, no podrá después la Junta resolver sobre acciones que no se hicieron valer, por lo que en esas hipótesis se debe conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que la autoridad jurisdiccional responsable deje insubsistente el laudo reclamado y reponga el procedimiento con la finalidad de reparar la infracción que cometió y, posteriormente, dicte el nuevo laudo conforme a derecho proceda."
Asimismo, la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 54/90, entre las sustentadas por los entonces Tribunales Colegiados Primero del Sexto Circuito y Segundo del Séptimo Circuito, estimó que la atribución otorgada a las Juntas por la Ley Federal del Trabajo para que suplan la deficiencia de la demanda laboral es de ejercicio obligatorio, según se aprecia del criterio contenido en la jurisprudencia de la Octava Época, publicado con el número de tesis 139, página 115 del tomo y Apéndice citados, que reza:
"DEMANDA LABORAL. SUPLENCIA. LA ATRIBUCIÓN OTORGADA A LAS JUNTAS POR LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, ES DE EJERCICIO OBLIGATORIO. De la relación de los artículos 685, 873, último párrafo, 878, fracción II, y 879, segundo párrafo, de la Ley Federal del Trabajo, se infiere que la regla general de que el proceso laboral se inicia a instancia de parte, tiene diversos matices o temperamentos en el tratamiento de la demanda, que pueden reducirse a dos hipótesis: 1) Cuando dicha demanda es incompleta; y, 2) Cuando es oscura o vaga, irregular o en ella se ejercitan acciones contradictorias, puesto que en ambas hipótesis se establece la suplencia de la demanda si es promovida por el trabajador o sus beneficiarios. Dicha suplencia varía en cada uno de los dos supuestos, aunque siempre tiene como límite el respeto a la indicada regla de que el proceso se inicia a instancia de parte. Así, en la primera hipótesis, la suplencia no tiene por objeto que el tribunal cambie la acción o intente una nueva, sino sólo que ateniéndose a la ejercitada y a los hechos expuestos, subsane las prestaciones a que el trabajador tiene derecho y cuya petición fue omitida, debiendo resaltarse que este tipo de suplencia la hace el tribunal por sí y desde luego, aun sin la intervención del actor. En el segundo supuesto, en cambio, la actuación del tribunal necesita la intervención del actor para que exprese, conforme a su libre voluntad, lo que en cada caso corresponda, ya que en acatamiento a la regla del inicio del proceso a instancia de parte, sólo él está en aptitud de proporcionar los datos que aclaren, regularicen o concreten los términos de la demanda y, sobre todo, sólo él puede optar por una de las acciones cuando son contradictorias. Cabe agregar en confirmación de lo anterior, que si precisados los defectos u omisiones, el promovente trabajador o sus beneficiarios no los subsanan dentro del término legal y tampoco lo hacen en el periodo de demanda y excepciones, o bien no comparecen al mismo, la Junta deberá, por así indicarlo la ley, tener por reproducida la demanda inicial tal como fue formulada. Pese a las diferencias acusadas, las normas rectoras de la suplencia tienen en común que no establecen una potestad discrecional a cargo del tribunal laboral para subsanar o mandar corregir irregularidades u omisiones de la demanda laboral sino, por el contrario, se traducen en verdaderos imperativos que lo obligan a intervenir en cada caso, según corresponda, en beneficio del trabajador."
Ahora bien, los anteriores criterios resultan aplicables en forma obligatoria para este tribunal, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, pues los quejosos en su demanda reclamaron el pago de las cantidades retenidas que fueron descontadas sin justificación alguna: para Sergio Manuel Dávila Fernández de $3,170.00 (tres mil ciento setenta pesos 00/100 moneda nacional) y a Martín Salazar Hernández la cantidad de $20,625.87 (veinte mil seiscientos veinticinco pesos 87/100 moneda nacional), mientras que de la narración fáctica de su demanda y de la audiencia de demanda y excepciones no se desprende nada respecto de esa prestación.
Por ende, la demanda planteada por los peticionarios contiene omisiones en su narración fáctica en relación con la prestación de cantidades retenidas, toda vez que los actores, aunque expresaron qué cantidades fueron las que descontó la demandada, no indicaron las circunstancias de modo y tiempo en las que se realizó la retención.
En ese tenor, de acuerdo con las jurisprudencias citadas, la omisión de la responsable de señalar el defecto u omisión respecto de la prestación de mérito en que incurrieron los quejosos al formular su demanda, y no prevenir a éstos para que los subsanaran dentro de un término legal de tres días, constituye una violación al procedimiento análoga a las que establece el artículo 159 de la Ley de Amparo, en virtud de que reúne las características esenciales que determinan los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 158 de la ley de la materia, que afectó sus defensas y trascendió al resultado del laudo, debido a que la Junta consideró improcedente el reclamo de esa prestación ante la imprecisión por parte de los actores.
Por otra parte, se advierte que la Junta responsable vulneró el procedimiento en la etapa de aceptación de pruebas.
En efecto, conviene citar los artículos 609, 610, 620, 721, 837, 838, 839 y 845, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, que establecen:
"Artículo 609. Las Juntas Especiales se integrarán:
"I. Con el presidente de la Junta, cuando se trate de conflictos colectivos, o con el presidente de la Junta Especial en los demás casos; y
"II. Con los respectivos representantes de los trabajadores y de los patrones."
"Artículo 610. Durante la tramitación de los juicios, hasta formular el dictamen a que se refieren los artículos 771 y 808, el presidente de la Junta y los de las Juntas Especiales serán sustituidos por auxiliares, pero intervendrán personalmente en la votación de las resoluciones siguientes:
"I. Competencia;
"II. Nulidad de actuaciones;
"III. Sustitución de patrón;
"IV. En los casos del artículo 727; y
"V. Cuando se trate de conflictos colectivos de naturaleza económica, en la que designe perito y en la que ordene la práctica de las diligencias a que se refiere el artículo 806."
"Artículo 620. Para el funcionamiento del Pleno y de las Juntas Especiales se observarán las normas siguientes:
"I. En el Pleno se requiere la presencia del presidente de la Junta y del cincuenta por ciento de los representantes, por lo menos. En caso de empate, los votos de los ausentes se sumarán al del presidente;
"II. En las Juntas Especiales se observarán las normas siguientes:
"a) Durante la tramitación de los conflictos individuales y de los colectivos de naturaleza jurídica, bastará la presencia de su presidente o del auxiliar, quien llevará adelante la audiencia, hasta su terminación.
"Si están presentes uno o varios de los representantes, las resoluciones se tomarán por mayoría de votos.
"Si no está presente ninguno de los representantes, el presidente o el auxiliar dictará las resoluciones que procedan salvo que se trate de las que versen sobre personalidad, competencia, aceptación de pruebas, desistimiento de la acción a que se refiere el artículo 726 y sustitución de patrón. El mismo presidente acordará se cite a los representantes a una audiencia para la resolución de dichas cuestiones, y si ninguno concurre, dictará la resolución que proceda.
"b) La audiencia de discusión y votación del laudo se regirá por lo dispuesto en la fracción siguiente.
"c) Cuando se trate de conflictos colectivos de naturaleza económica, además del presidente se requiere la presencia de uno de los representantes, por lo menos.
"d) En los casos de empate, el voto del o de los representantes ausentes se sumará al del presidente o al del auxiliar;
"III. Para la audiencia de discusión y votación del laudo, será necesaria la presencia del presidente o presidente especial y del cincuenta por ciento de los representantes de los trabajadores y de los patrones, por lo menos. Si concurre menos del cincuenta por ciento, el presidente señalará nuevo día y hora para que se celebre la audiencia; si tampoco se reúne la mayoría, se citará a los suplentes, quedando excluidos los faltistas del conocimiento del negocio. Si tampoco concurren los suplentes, el presidente de la Junta o el de la Junta Especial, dará cuenta al secretario del Trabajo y Previsión Social, para que designe las personas que los sustituyan. En caso de empate, los votos de los ausentes se sumarán al del presidente."
"Artículo 721. Todas las actuaciones procesales serán autorizadas por el secretario, excepción hecha de las diligencias encomendadas a otros funcionarios; lo actuado en las audiencias se hará constar en actas, las que deberán ser firmadas por las personas que en ellas intervinieron, quieran y sepan hacerlo. Cuando algún integrante de la Junta omitiere firmar las actas de las diligencias en las que estuvo presente se entenderá que está conforme con ellas. De las actas de las audiencias se entregará copia autógrafa a cada una de las partes comparecientes."
"Artículo 837. Las resoluciones de los tribunales laborales son:
"I. Acuerdos: si se refieren a simples determinaciones de trámite o cuando decidan cualquier cuestión dentro del negocio;
"II. Autos incidentales o resoluciones interlocutorias: cuando resuelvan dentro o fuera de un juicio un incidente; y
"III. Laudos: cuando decidan sobre el fondo del conflicto."
"Artículo 838. La Junta dictará sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en la que reciba promociones por escrito, salvo disposición en contrario de esta ley."
"Artículo 839. Las resoluciones de las Juntas deberán ser firmadas por los integrantes de ellas y por el secretario, el mismo día en que las voten."
"Artículo 845. Si alguno o todos los representantes de los trabajadores o de los patrones ante la Junta, que concurran a la audiencia o diligencia se nieguen a votar, serán requeridos en el acto por el secretario quien les indicará las responsabilidades en que incurren si no lo hacen. Si persiste la negativa, el secretario levantará un acta circunstanciada, a efecto de que se someta a la autoridad respectiva a fin de que se determine la responsabilidad en que hayan incurrido, según los artículos 671 al 675 de esta ley.
"En estos casos se observarán las normas siguientes:
"I. Si se trata de acuerdos se tomarán por el presidente o auxiliar y los representantes que la voten. En caso de empate el voto de los representantes ausentes se sumará al del presidente o auxiliar."
Del análisis relacionado de los preceptos anteriores se desprende lo siguiente:
Las Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje se integran, cuando no se trate de conflictos colectivos, por el presidente de la Junta y los representantes de los trabajadores y de los patrones.
Por regla general las actuaciones de las Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje deben realizarse colegiadamente.
Durante la tramitación de los conflictos individuales y de los colectivos de naturaleza jurídica el presidente o el auxiliar llevará adelante la audiencia hasta su terminación; si están presentes los representantes, se tomará la resolución por mayoría o unanimidad de votos. Si no está presente ninguno de ellos, el presidente o el auxiliar dictará las resoluciones que procedan, salvo las que versen sobre personalidad, competencia, aceptación de pruebas, desistimiento de la acción a que se refiere el artículo 726 y sustitución de patrón, conforme a lo dispuesto en el artículo 620, fracción II, inciso a), de la Ley Federal del Trabajo, casos en los cuales el presidente acordará se cite a los representantes a una audiencia para la resolución de dichas cuestiones, y si ninguno concurre, entonces dictará la resolución que proceda.
Asimismo, del artículo 845, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo se desprende que si alguno o todos los representantes de los trabajadores o de los patrones ante la Junta, que concurran a la audiencia o diligencia se nieguen a votar, serán requeridos en el acto por el secretario, quien les indicará las responsabilidades en que incurren si no lo hacen. En caso de persistir la negativa, el secretario levantará un acta circunstanciada a efecto de que se someta a la autoridad respectiva a fin de determinar la responsabilidad en que hayan incurrido, según los artículos 671 al 675 de la mencionada ley laboral. Cuando tratándose de acuerdos en que acontecieran los casos de referencia, éstos deberán tomarse por el presidente o auxiliar y los representantes que los voten, en caso de empate el voto de los representantes ausentes se sumará al del presidente o auxiliar.
Así, la interpretación sistemática de los preceptos transcritos pone de manifiesto que la regla general consistente en que las actuaciones de las Juntas Especiales deben realizarse colegiadamente, admite la excepción contenida en el artículo 620, fracción II, inciso a), citado, por referirse a acuerdos dictados "durante la tramitación de los conflictos individuales y colectivos de naturaleza jurídica", que establece que si no está presente ninguno de los representantes el presidente o el auxiliar dictarán las resoluciones que procedan. A diferencia de esos acuerdos de trámite, en los casos específicos que en el mismo dispositivo se prevén "sobre personalidad, competencia, aceptación de pruebas, desistimiento de la acción a que se refiere el artículo 726 y sustitución de patrón", el presidente debe citar a los representantes a una audiencia para la resolución de dichas cuestiones, y solamente si ninguno concurre, éste dictará la resolución que proceda.
Ahora, en el caso, el acuerdo de admisión de pruebas, de dieciséis de junio de mil novecientos noventa y siete, según el acta visible en las fojas veintiuno a veintidós del juicio laboral, vulneró las garantías de seguridad jurídica y legalidad consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que al final del auto se especificó que la Junta se encontraba legalmente integrada, pues se señaló textualmente: "... Notifíquese. Notificados del presente acuerdo los comparecientes, firman al margen y firman los CC. Representantes que integran esta Junta. Doy Fe." (foja 2), apreciándose que al calce de esa actuación obran únicamente dos firmas ilegibles, de modo que no se cumplió con lo dispuesto en el artículo 839 de la ley de la materia, el cual señala que las resoluciones de las Juntas deben ser firmadas por sus integrantes y por el secretario, pues dado el número de firmas que aparecen al calce de la diligencia de referencia, se advierte que no signaron la totalidad de los integrantes de la Junta.
Luego, esa falta de firmas constituye una violación procesal en cuanto que en dicha actuación se proveyó sobre la admisión de las pruebas de las partes, lo que afecta su legalidad, como lo precisa el citado artículo 620, fracción II, inciso a), de la Ley Federal del Trabajo, y actualiza una violación procesal que se ubica en el artículo 159, fracción XI, en relación con la fracción III, de la Ley de Amparo, que señala:
"Artículo 159. En los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso:
"...
"III. Cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley;
"...
"XI. En los demás casos análogos a los de las fracciones que preceden, a juicio de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito, según corresponda."
Lo anterior, en razón de que al proveer sobre la admisión de las pruebas de las partes la Junta responsable no actuó debidamente integrada (a pesar de que así lo señaló expresamente al final de la actuación), aun cuando el precepto 620, fracción II, inciso a), de la ley laboral, es categórico en cuanto a que tratándose de resoluciones que versen sobre "personalidad, competencia, aceptación de pruebas, desistimiento de la acción a que se refiere el artículo 726 y sustitución de patrón", debe necesariamente pronunciarse por los integrantes de la Junta (entiéndase todos), previa cita del presidente del órgano, y sólo en el supuesto de que no concurrieren podría el presidente dictar la resolución correspondiente, caso que tampoco aconteció, pues se incumplió con citar a los integrantes para el pronunciamiento respectivo sobre las pruebas de las partes, por lo que éste jurídicamente no pudo surtir efecto legal o material alguno, toda vez que sólo aparecen dos firmas al final de la audiencia.
Consecuentemente, como la actuación relativa a la admisión de pruebas se pronunció en contravención a las reglas precisadas por los destacados numerales 620, fracción II, inciso a) y 839 de la Ley Federal del Trabajo, que trae como consecuencia ineludible que se afecte la defensa de la parte quejosa al encontrarse ante una actuación ilegal, es inconcuso que se violaron las formalidades esenciales del procedimiento laboral, trascendentales desde el momento en que la Junta responsable en dicha actuación admitió de la patronal la prueba de inspección, con la cual acreditó que la clave de categoría de los peticionarios corresponde a la de jefe de grupo de servicios técnicos, así como el monto que reciben por concepto de pensión; la prueba pericial contable con la cual se demostró que se han otorgado los incrementos a la pensión; la documental consistente en la resolución dictada por la Comisión Nacional Mixta de Jubilaciones y Pensiones para los Trabajadores, que fue tomada en cuenta por la responsable como apoyo para estimar que a Lilia Dávila Fernández se le otorgó la jubilación en una diversa categoría a la de los quejosos y, por tanto, adverso el laudo a los peticionarios, lo que amerita, en suplencia de la queja, ordenar la reposición del procedimiento.
Tiene aplicación, por analogía, la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 72/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 111, Tomo V, Volumen 1, Materia del Trabajo, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece:
"DEMANDA LABORAL. EL AUTO DESECHATORIO DE UNA DEMANDA DEBE SER COLEGIADO, POR REGLA GENERAL. La interpretación armónica de los artículos 609, 620, fracción II, inciso a), 837 y 839 de la Ley Federal del Trabajo, pone de manifiesto que la regla general consistente en que las actuaciones de las Juntas deben realizarse colegiadamente, admite las excepciones contenidas en el citado artículo 620, fracción II, inciso a), por referirse a acuerdos dictados ‘durante la tramitación’ de los conflictos individuales y colectivos de naturaleza jurídica, que permiten que el presidente o el auxiliar dicten las resoluciones que procedan si no está presente ninguno de los representantes, salvo las que versen sobre personalidad, competencia, aceptación de pruebas, desistimiento de la acción a que se refiere el artículo 726 de la ley en cita y sustitución de patrón, casos en los cuales el presidente acordará se cite a los representantes a una audiencia para la resolución de dichas cuestiones y, si ninguno concurre, dictará la resolución que proceda. El auto que desecha una demanda, por su naturaleza y efectos jurídicos trascendentes, resulta equiparable a los casos específicos señalados, motivo por el cual, para su validez, debe estar firmada por el presidente y por el o los representantes que lo hubieran dictado; sin embargo, cuando no está presente ninguno de los representantes, el presidente debe citarlos a una audiencia para que participen en la resolución correspondiente; y solamente en la hipótesis de que ninguno asista, podrá el presidente o el auxiliar de la Junta, suscribir la resolución individualmente, haciendo constar los antecedentes antes indicados."
La aplicación de la jurisprudencia transcrita al caso concreto se actualiza, no obstante que en ella se trató lo relativo al auto desechatorio de la demanda laboral, pues en el texto de dicha tesis se hace la interpretación armónica de los artículos 609, 620, fracción III, inciso a), 837 y 839 de la Ley Federal del Trabajo, y se establece qué acuerdos son los que debe emitir la Junta laboral actuando en forma colegiada, y cuáles son los que puede dictar el presidente o el auxiliar. Entre de los que se especifican que debe dictar la Junta debidamente integrada, está precisamente el de aceptación de pruebas.
Asimismo, el criterio sustentado por el entonces Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, que se comparte, reflejado en la tesis publicada con el número II.1o.C.T.5 L, en la página 476, Tomo II, octubre de 1995, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece:
"ADMISIÓN DE PRUEBAS, AUTO QUE RESUELVE LA RESERVA DECRETADA, DEBE ESTAR FIRMADO POR LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 620, FRACCIÓN II INCISO A) DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. El auto que determina la reserva decretada y admite pruebas, debe estar suscrito por todos los integrantes de la Junta de Conciliación y Arbitraje, o bien constar el hecho de haberse citado a los representantes, para la audiencia de aceptación de pruebas, en términos del artículo 620, fracción II, inciso a) de la Ley Federal del Trabajo; pues sólo después de tal convocatoria, aquélla tendría validez sin las rúbricas de aquéllos, es decir bastando las del presidente y secretario."
De igual forma tiene aplicación la tesis jurisprudencial XX. J/47, emitida por el entonces Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, que también se comparte, la cual aparece publicada en la página 91, tomo 72, diciembre de 1993, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente:
"ACTUACIONES PROCESALES Y RESOLUCIONES DEBEN SER FIRMADAS POR TODOS LOS INTEGRANTES DE LAS JUNTAS, SU OMISIÓN TRAE COMO CONSECUENCIA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO. De conformidad con el artículo 721 de la Ley Federal del Trabajo ‘todas las actuaciones procesales serán autorizadas por el secretario, excepción hecha de las diligencias encomendadas a otros funcionarios; lo actuado en las audiencias se hará constar en actas, las que deberán ser firmadas por las personas que en ellas intervinieron, quieran y sepan hacerlo’ y el numeral 839 de la misma ley, señala: ‘Las resoluciones de las Juntas deberán ser firmadas por los integrantes de ellas y por el secretario, el mismo día en que las voten’. Por tanto, si a un acuerdo o a una diligencia, le hace falta la firma de uno de los integrantes de la Junta o del secretario de la misma, quien es el que autoriza las actuaciones, trae como consecuencia una violación a las leyes del procedimiento que deja en estado de indefensión al quejoso, de conformidad con lo establecido en el artículo 159 fracción XI de la Ley de Amparo en relación con los preceptos de la Ley Federal del Trabajo en comento."
No se desatiende que el artículo 721 de la Ley Federal del Trabajo establece, en lo conducente: "... Cuando algún integrante de la Junta omitiere firmar las actas de las diligencias en las que estuvo presente se entenderá que está conforme con ellas ..."; empero, debe entenderse que ello, en todo caso, se estableció para salvar una omisión que esporádicamente llegara a presentarse durante la tramitación del juicio laboral, por un lado; y, por otro, la presunción anterior no resulta aplicable en la especie, pues el artículo 620, fracción II, exige que la totalidad de los integrantes de la Junta estén presentes en la toma de los acuerdos sobre "personalidad, competencia, aceptación de pruebas, desistimiento d
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17971-c95dc101/pruebas-en-el-juicio-laboral-el-auto-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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