APELACIÓN. NO ES UNA RENOVACIÓN DE LA INSTANCIA.
AMPARO DIRECTO 63/2004. MARCIANO CÁNDIDO ARCOS VELÁZQUEZ.
CONSIDERANDO:
OCTAVO. Por cuestión de método, se procede al estudio del concepto de violación vertido por el quejoso, en el que estimó que se violaron en su perjuicio las formalidades esenciales del procedimiento, concepto que este cuerpo colegiado estima infundado por los motivos siguientes.
En efecto, contrario a lo sostenido por el impetrante, la resolución reclamada de la autoridad responsable no violó el contenido del artículo 14 constitucional, ya que sí respetó las formalidades esenciales del procedimiento, que permiten al gobernado defender sus derechos cuando pudieran verse afectados por la emisión de un acto de privación. Estas formalidades son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada de los derechos del individuo, como protección ante la posibilidad de que determinada autoridad emita un posible acto de privación, a saber:
1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias, en el presente caso, dicho requisito se cumplió mediante la notificación del auto de dieciséis de octubre del año dos mil tres, en el que se admitió a trámite el recurso de apelación, así como del proveído de fecha siete de noviembre posterior, que confirmó la admisión del mismo, constancias de notificación que corren agregadas, respectivamente, en las fojas quince y treinta y ocho del toca de apelación;
2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa, requisito que no se configura en el procedimiento de segunda instancia, al no preverlo la legislación adjetiva;
3) La oportunidad de alegar, la cual se respetó mediante la oportunidad de la apelante de expresar en el escrito presentado el catorce de octubre del año próximo pasado, los agravios que le irrogaba la sentencia de primera instancia, en los que planteó los lineamientos de su defensa; y,
4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas, como en el caso lo constituyó la sentencia definitiva de nueve de diciembre del año dos mil tres, que constituye el acto reclamado.
Por tanto, es evidente que sí se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento que permitieron al quejoso hacer valer los medios de defensa encaminados a evitar el acto de privación.
Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número P./J. 47/95, emitida por nuestro Máximo Tribunal, publicada en la página 133, del Tomo II, diciembre de 1995, Pleno, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto:
"FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga ‘se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento’. Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado."
Por otro lado, el impetrante sostiene que la resolución que constituye el acto reclamado, no está fundada ni motivada.
El anterior argumento es infundado pues, contrario a lo sostenido por el impetrante, la resolución de nueve de diciembre del año dos mil tres, sí se encuentra fundada y motivada según se advierte de su análisis, la cual cumple con el contenido del artículo 16 constitucional pues, en el caso que nos ocupa, dicha obligación se satisface desde el punto de vista formal, cuando se expresan las normas legales aplicables y los hechos que hacen que, a juicio de la Sala responsable, no se actualizaran los elementos de la acción intentada y quedara demostrada la reconvención opuesta, quedando claro el razonamiento sustancial al respecto. Cabe destacar que quedaron satisfechos estos requisitos en forma tal que el quejoso conoció la esencia de los argumentos legales y de hecho en que se apoyó la autoridad, de manera que pudo controvertir los argumentos aducidos por la autoridad dentro de los conceptos de violación respectivos.
Esto se afirma puesto que la responsable expuso dentro de sus argumentos que estudiaba en su conjunto los agravios expresados por la parte actora apelante, los cuales eran infundados e inoperantes para modificar la resolución de primer grado, y consideró que la misma no infringió el contenido de los artículos 60, 81, 82, 278, 285, 289, 291, 294, 311, 312, 316, 382, 383, 402 del Código de Procedimientos Civiles y 17 del Código Civil, ambos para el Distrito Federal, en virtud de que, contrario a lo sostenido por el entonces apelante, no probó su acción con las pruebas aportadas en el juicio pues, de la confesional a cargo de la demandada, no le beneficia porque el demandado negó haber suscrito el contrato verbal de arrendamiento cuya rescisión se demandaba y que de los restantes medios de prueba se demostraba la acción; que de la testimonial a cargo de Humberto Xavier Ferro Baranda, lejos de beneficiar a los intereses del entonces apelante, le perjudicaba, en atención a que del atesto correspondiente, en concatenación con la diversa testimonial a cargo de Rubén Zamora García y Rocío Alejandra Rivas Robles, se demostraba la existencia de una dación en pago respecto del bien mueble objeto de debate que se celebró el veintiséis de noviembre del año dos mil uno; que de la copia certificada de los medios preparatorios 28/2003, del índice del Juzgado Trigésimo Segundo de lo Civil del Distrito Federal, no se desprendía elemento alguno que demostrara la acción pues, en el procedimiento, el demandado negó la celebración del contrato verbal de arrendamiento; que respecto de las documentales consistentes en ocho recibos de pago a una cuenta del demandado, de ellos no se desprendía el concepto por el cual se emitieron ya que eran anteriores a la demanda y a la fecha en que se entregó el bien mueble, que fue el veintiséis de noviembre del año dos mil uno, por lo que no se acreditaba con ellos el contrato de arrendamiento.
A su vez, la responsable expresó que con las pruebas aportadas por la demandada, de la confesional a cargo del entonces apelante y actor en el juicio de origen, se robustecía la existencia de un contrato de arrendamiento de diecinueve de junio del año dos mil, y no obstante que la actora negó haber entregado de manera voluntaria el mueble objeto de debate, de manera que, con las manifestaciones y aclaraciones realizadas en el desahogo de la confesional, no se demostraba la celebración del contrato de arrendamiento y que, por lo mismo, la demandada hubiera adquirido el vehículo por esa circunstancia; que de la documental privada consistente en el contrato de arrendamiento de equipo para transporte terrestre se demostraba la relación contractual que unía a las partes y que de la adminiculación de los medios de prueba, como son la testimonial a cargo de Rubén Zamora García y Rocío Alejandra Rivas Robles, se demostró que, con motivo de dicha relación contractual, la parte actora dio como dación en pago el vehículo materia de la controversia el veintiséis de noviembre del año dos mil uno; que de los documentos exhibidos relativos al vehículo en disputa en relación con el semirremolque, se demostraba plenamente que se trataba de dos vehículos diferentes e identificables por lo que, de la adminiculación de todos los medios probatorios incluidos la instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto, llegaba a la conclusión de que la actora no demostró su acción y la demandada sí probó sus excepciones y defensas y acción reconvencional, pues la actora no demostró la realización del contrato verbal y la demandada justificó la dación en pago realizada.
Por otro lado, la Sala expresó que no se había valorado de manera indebida el testimonio del señor Humberto Xavier Ferro Baranda, cuando sostuvo que, si por un lado celebró un contrato de arrendamiento respecto de una caja de transporte, también pudo formalizar el contrato de arrendamiento, por lo que el argumento en cuanto a que la parte demandada estuvo siempre asesorada y que, por lo mismo, se abusó de la parte actora en el contrato de diecinueve de junio del año dos mil (relativo al arrendamiento de un semirremolque) no se encontraba demostrado, máxime que la parte actora disfrutó del mueble dado en arrendamiento hasta el veintiséis de noviembre del año dos mil uno, en que lo entregó y dio como dación en pago el vehículo objeto de debate por lo que, aun cuando el testigo fuera abogado y hermano del demandado, no se desprendía una conducta ventajosa que pusiera de relieve las diferencias económicas y de conocimiento entre las partes, pues el apelante pudo celebrar los contratos de diecinueve de junio del año dos mil o la propia dación en pago de veintiséis de noviembre del año dos mil uno, de igual manera asesorado o, incluso, negarse a firmar el primero o no llevar a cabo el segundo, por lo que no se le causaba ningún perjuicio en ese sentido.
Señaló también la Sala, que no se le dejó en estado de indefensión al apelante en virtud de que el Juez primigenio valoró todos y cada uno de los medios probatorios existentes en autos y en relación con el argumento vertido en el sentido de que el demandado no acreditó la existencia de un adeudo, ni la cantidad o meses de renta que no se cubrieron con motivo del contrato primeramente celebrado, porque no se podía solicitar el cumplimiento de una obligación que se había extinguido, la declaró improcedente, pues se reconoció el cumplimiento del contrato de diecinueve de junio del año dos mil, cuando se otorgó en dación en pago el tracto camión objeto de la litis y que, de la testimonial ofrecida por el demandado, se demostraba el monto de las rentas y las deudas vencidas, de ahí la acreditación de la dación en pago; de igual forma, citó los criterios aplicables al caso concreto tal como lo realizó al condenar en costas en ambas instancias.
En consecuencia, no le asiste razón al impetrante al considerar que la resolución que constituye el acto reclamado adolece de vicios de forma, ante la ausencia de fundamentación y motivación.
En este sentido es aplicable por identidad de razón, el contenido de la tesis de jurisprudencia número VI.2o. J/43, visible en la página 769 del Tomo III, marzo de 1996, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto:
"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento."
Asimismo, se comparte el criterio establecido en la tesis visible en la página 255, Tomo XI, abril de 1993, Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación, intitulada:
"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso, y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto siendo necesario, además que exista adecuación, entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas."
Por otro lado, el quejoso sostiene que la autoridad responsable no tomó en consideración los artículos 1803, 1812, 1815, 1816, 1832, 1833, 1834, 2063 y 2968 del Código Civil para el Distrito Federal, argumento que se estima infundado porque la litis en la apelación se integra con las consideraciones emitidas por el Juez de primera instancia, en contraposición con los argumentos vertidos por la parte que estimó se cometió un agravio en su perjuicio.
Así las cosas, si dentro de los agravios expuestos por el ahora impetrante, no se advierte que hubiera hecho valer como agravios, la infracción al contenido que consagran los artículos aludidos, la autoridad responsable no tenía la obligación formal de emitir un razonamiento en ese sentido, pues la apelación no es una renovación de la primera instancia, en donde el tribunal de alzada tenga que analizar de nueva cuenta las pruebas aportadas en el juicio para emitir un nuevo fallo, en atención a que el recurso de apelación tiene por objeto que el superior confirme, modifique o revoque la resolución del inferior, pero atendiendo a los agravios expresados, motivo por el cual, si no existió un agravio en ese sentido, la responsable, desde el punto de vista formal, no tenía la obligación de realizar un pronunciamiento sobre la supuesta infracción a los preceptos aludidos.
Sobre el particular, se cita el criterio sostenido por este órgano colegiado en la tesis I.8o.C.150 C, que se publicó en la foja 650, Tomo VI, septiembre de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos texto y rubro son:
" El recurso de apelación no es una renovación de la instancia, de tal manera que el tribunal de alzada no puede realizar un nuevo análisis de todos los puntos materia de la litis natural, ni puede examinar las pruebas aportadas por las partes para determinar su valor legal, sino que conforme con lo dispuesto por el artículo 688 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, el recurso de apelación tiene por objeto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior, de tal manera que el examen del ad quem sólo se limita a la sentencia apelada, a la luz de los razonamientos jurídicos que realice la parte apelante en sus agravios, y si los motivos de inconformidad son expuestos en forma deficiente, la autoridad revisora no puede suplir su deficiencia, atento el principio de estricto derecho que rige al recurso de apelación en materia civil."
En otro aspecto, el impetrante sostiene que, en el caso, la autoridad responsable no tomó en consideración que no tenía la misma igualdad social y económica que su contraparte, así como el contenido del artículo 17 del código en cita, porque el demandado se aprovechó de su desconocimiento, situaciones que no fueron atendidas por la responsable.
El anterior concepto de violación es infundado.
En efecto, de la simple lectura de la resolución que constituye el acto reclamado se desprende que la Sala expresó:
"No considerándose que en la especie se dieran los supuestos del artículo 17 del Código Civil, por no haberse explotado la suma ignorancia, notoria inexperiencia o extrema miseria del recurrente, es decir, que la demandada no tuvo un lucro excesivo o evidentemente desproporcionado, sino que esta alzada estima que obtuvo el camión en disputa, en virtud de una dación en pago, derivada del propio incumplimiento del actor respecto del contrato de arrendamiento de diecinueve de junio de dos mil."
De lo anterior se demuestra que no existió el vicio de forma denunciado por el impetrante ya que, contrario a lo sostenido, la Sala sí se pronunció respecto a las hipótesis que establece el artículo 17 del Código Civil para el Distrito Federal, concluyendo que en el caso no existió lesión alguna, por lo que el concepto de violación vertido en ese sentido es infundado.
Al no existir diversos argumentos en relación con cuestiones de tipo formal, se procede al análisis de los argumentos vertidos en cuanto al fondo del asunto.
El impetrante sostiene como conceptos de violación que la figura de la dación en pago debe estar plenamente demostrada y no inferirse con base en presunciones y que en ninguna etapa del procedimiento expresó que fuera su consentimiento dar en propiedad el mueble objeto de la litis, que el demandado no exhibió documento alguno en el que se estableciera realmente dicha dación y que no demostró la existencia de una deuda entre las partes, por lo que la figura jurídica de la dación en pago no está demostrada, y citó como apoyo a sus argumentos la tesis de rubro: "DACIÓN EN PAGO, DEBE PROBARSE PLENAMENTE."
Los anteriores argumentos son infundados.
Esto se estima así, en virtud de que, por un lado, la existencia de la deuda entre el demandado y el actor, que se hubiera suscitado con motivo del incumplimiento del contrato de diecinueve de junio del año dos mil, se demostró con la aceptación del contrato de arrendamiento de diecinueve de junio del año dos mil, así como con las testimoniales ofrecidas y desahogadas en el juicio y, por otro, le correspondía a la parte actora en el principal demostrar que cumplió cabalmente con las obligaciones pactadas en dicho contrato.
Ahora, es cierto que la tesis que cita el impetrante sostiene que la dación en pago debe estar plenamente demostrada y no inferirse con base en presunciones, a lo que, debe decirse que, el hecho de que no exista de manera formal y material un documento en ese sentido, tal circunstancia pueda ser demostrada fehacientemente a través de la concatenación de las pruebas aportadas.
En efecto, el artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los medios de prueba deben ser analizados en su conjunto atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia.
Del análisis de las constancias que integran el juicio de origen, este tribunal advierte que no es un hecho controvertido que el demandado en el procedimiento estuviera en posesión del vehículo objeto de la litis sino que, el debate se centra en la calidad de esa posesión, en virtud de que, por un lado, el argumento del ahora quejoso fue dado por virtud de un contrato verbal de arrendamiento y, por otro, en términos de lo expresado por el demandado, fue con base en una dación en pago con motivo de las obligaciones derivadas del contrato de arrendamiento de diecinueve de junio del año dos mil.
La existencia del contrato de arrendamiento de diecinueve de junio del año dos mil, tampoco resulta ser un hecho litigioso, ya que está plenamente probado, asimismo, se demostró que el actor entregó al demandado el bien mueble consistente en un tracto camión el veintiséis de noviembre del año dos mil uno, por así establecerse de las respectivas confesionales de la parte actora y demandada, y de los testimonios a cargo de Humberto Xavier Ferro Baranda, Rubén Zamora García y Rocío Alejandra Rivas Robles.
Así las cosas, la responsable estimó que con esos medios probatorios en conjunción con la presuncional en su doble aspecto legal y humana, la dación en pago estaba demostrada en virtud de que la accionante no demostró la existencia del contrato verbal de arrendamiento y, por otro, con las confesionales y testimonios se acreditaba que el actor el veintiséis de noviembre del año dos mil uno, había entregado el bien mueble al demandado por concepto de dación en pago y no en arrendamiento, por lo que, a criterio de este órgano colegiado, la circunstancia de que no exista de manera formal y material un contrato en ese sentido, ello no impide que el mismo se demuestre a través de la concatenación de las pruebas aportadas en el juicio, lo que en modo alguno implica una presunción propiamente dicha en virtud de que, atendiendo a la sana crítica otorgada a la responsable en el artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, el contrato se demostró con elementos de prueba diversos.
Por tanto, contrario a lo sostenido por el impetrante, la circunstancia de que durante el procedimiento no se hubiera exhibido un contrato en el que de manera formal y material constara el acuerdo de voluntades, ello no impide que se demuestre a través de la concatenación de las pruebas confesional, testimonial y presuncional, de ahí que era obligación del ahora impetrante demostrar, durante la secuela del juicio, que no existió consentimiento, que éste estuvo viciado, que la dación en pago no cumplió con los requisitos establecidos en los artículos 1803, 1812, 1815, 1816, 1832, 1833, 1834, 2063 y 2968 del Código Civil para el Distrito Federal, o bien, que existió lesión, circunstancias que hacen infundado el concepto de violación.
En otro sentido, el quejoso argumenta que se le condenó de manera indebida al pago de las costas judiciales, cuando el bien mueble, consistente en un tracto camión, no lo tiene, el cual es su única fuente de ingresos, por lo que la condena realizada no podrá pagarla al no contar con los medios suficientes para mantener a su familia.
El anterior concepto de violación se estima infundado.
En efecto, el artículo 140 de la ley procesal civil para el Distrito Federal establece dos hipótesis para la condenación en costas, la primera cuando los litigantes obren con temeridad o mala fe, ante lo cual el tribunal que conozca del litigio tiene la obligación de precisar cuál fue la temeridad o la mala fe del litigante y, en un segundo caso, procederá la condena en costas cuando la ley lo prevenga expresamente.
En ese sentido, la fracción IV de dicho precepto, impone como una obligación a la condena en costas al que fuere condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad, debiéndose decir que el término "condenado" debe ser entendido también en el sentido de aquel a quien no obtuvo una sentencia de acuerdo a sus pretensiones.
Así las cosas, en la primera hipótesis del artículo 140 antes referido el tribunal puede analizar las circunstancias del caso para determinar si procede o no la condena en costas, mientras que en la segunda hipótesis el juzgador no puede realizar una valoración en ese sentido sino que, al tratarse de una regla jurídica específica y concretada, siempre que existan dos sentencias conformes de toda conformidad debe proceder la condena en costas, de ahí que, contrario a lo sostenido por el impetrante, el hecho de que a su decir no tenga los medios necesarios para cubrir la condena en costas que se le impuso, no debe ser un factor para su absolución pues, estimar tal circunstancia, cualquiera que fuera condenado en juicio por dos sentencias conformes podría alegarlo en el juicio de garantías, creándose con ello incertidumbre jurídica por la interpretación contraria a una regla concreta y específica como lo es la procedencia en la condena en costas, motivo por el cual el concepto de violación es infundado.
En relación con la manifestación realizada por el impetrante en el sentido de que, con los recibos de depósitos bancarios, demostró la inexistencia de un adeudo de su parte en relación con el contrato de arrendamiento de diecinueve de junio del año dos mil, y que no puede dársele valor probatorio a los testigos porque cayeron en contradicción y estaban aleccionados por su representante, debe decirse que los mismos resultan inoperantes pues, en esencia, los hizo valer como agravio y que la responsable analizó de la siguiente manera:
"Por lo que se refiere a las pruebas documentales privadas consistentes en ocho recibos de pago a nombre del demandado y a la cuenta número 30572820, en Bancomer, exhibidos por la actora, por las cantidades de $7,500.00 (siete mil quinientos pesos 00/100 M.N.) (5 recibos), $7,200.00 (siete mil doscientos pesos 00/100 M.N.), $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N.) y $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.), esta alzada estima que dichas documentales no son favorables al recurrente, toda vez que las mismas, si bien tienen valor probatorio en términos de los artículos 335 y 402 del código adjetivo civil: ... Las mismas no son de crear convicción en esta superioridad respecto de que con ellas se acredita la acción intentada por la actora, ya que como se desprende del contenido de las mismas, dichos pagos, si bien fueron realizados a cuenta del demandado, primeramente, no se aprecia el concepto por el cual fueron realizados, en segundo término, las fechas de dichos depósitos es anterior a la demanda y con ellos no se acredita la celebración del contrato verbal del cual se demanda su rescisión, ni que en todo caso se hubiera cumplido con el contrato de arrendamiento celebrado con fecha diecinueve de noviembre de dos mil, habida cuenta que sólo exhibe una parte de dichos pagos y puede establecerse lo anterior, toda vez que el mueble materia de dicho contrato no fue entregado por la actora hasta el día veintiséis de noviembre de dos mil uno, por lo que, en tal virtud, dichas probanzas no son de favorecer los intereses de la actora ... Por lo que se refiere el recurrente en el sentido de que las testimoniales de los señores Alejandra Rivas Robles y Rubén Zamora García, son contradictorias, dicha cuestión resulta inexacta, toda vez que sus testimonios fueron acordes y contestes, y por lo que hace a que los testigos de mérito se encontraban aleccionados, esta alzada estima que dicha reclamación no es procedente, pues lo anterior, como ya se dijo, ha quedado a consideración y valoración del Juez natural, estimando esta superioridad que la misma es correcta, no siendo imputable al a quo el que dichos testigos conocieran los hechos sobre los que declararon, tomando en cuenta que los mismos estuvieron presentes en el momento en que se llevó a cabo la entrega del tracto camión objeto de la dación en pago hecha por la actora a la demandada ..."
Las anteriores consideraciones fueron realizadas por la responsable al analizar los motivos de agravio que en su oportunidad fueron sometidos a su potestad por lo que, si en el presente juicio constitucional, el impetrante, en esencia, reitera como conceptos de violación aquellos argumentos que ya fueron analizados por la responsable, sin emitir un razonamiento lógico y jurídico diverso en contraposición con la estimación de la responsable, éstos resultan inoperantes.
Sobre el particular, este órgano colegiado comparte el criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, en la tesis II.1o. J/9, que se publicó en la foja 39, tomo 82, octubre de 1994, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyos texto y rubro son:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES.-Si el quejoso, substancialmente repite en sus conceptos de violación, los agravios hechos valer ante el tribunal responsable, pero omite impugnar los fundamentos de la sentencia reclamada, que dieron respuesta a tales agravios, debe concluirse que dichos conceptos son inoperantes pues, por una parte en el amparo no se debe resolver si el fallo de primer grado estuvo bien o mal dictado, sino si los fundamentos de la sentencia reclamada que se ocuparon de aquellos agravios, son o no violatorios de garantías; y por otra, si tales fundamentos no aparecen combatidos en la demanda de amparo, se mantienen vivos para continuar rigiendo la sentencia que se reclama."
En mérito de lo anterior, al ser infundados por una parte e inoperantes por otra los conceptos de violación hechos valer y al no existir una violación manifiesta de la ley, para suplir la deficiencia de la queja en términos del artículo 76 bis, fracción VI, de la ley de la materia, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados.
Negativa que se hace extensiva respecto a los actos de ejecución atribuidos al titular del Juzgado Trigésimo Cuarto de lo Civil de esta ciudad, en términos de la jurisprudencia número 91, que se publicó en la foja setenta y dos, del Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyos texto y rubro son:
"AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS.-Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía."
Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracciones III, inciso a) y V, inciso c), de la Carta Magna; 1o., fracción I, 76, 77, 78 y 184 de la Ley de Amparo; y 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se resuelve:
PRIMERO.-Se sobresee en el juicio de garantías promovido por Marciano Cándido Arcos Velázquez, por su propio derecho, contra el acto que reclamó del titular del Juzgado Trigésimo Cuarto de lo Civil de esta ciudad, consistente en la sentencia definitiva dictada en el juicio 214/2003.
SEGUNDO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Marciano Cándido Arcos Velázquez, por su propio derecho, contra el acto que reclamó de la Novena Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que hizo consistir en la sentencia dictada el nueve de diciembre del año dos mil tres, en el toca de apelación 1878/2003 y su ejecución por parte del titular del Juzgado Trigésimo Cuarto de lo Civil de esta ciudad.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al lugar de su procedencia y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto totalmente concluido.
Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que integran los Magistrados José Juan Bracamontes Cuevas, presidente, Abraham S. Marcos Valdés y María Concepción Alonso Flores. Fue ponente el primero de los señores Magistrados antes nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17996-c4f61a5b/apelacion-no-es-una-renovacion-de-la-instancia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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