RADICACION, IMPUESTO SOBRE. LOS ARTICULOS 83 BIS-G Y 83 BIS-H DE LA LEY DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MEXICO, EN VIGOR A PARTIR DEL AÑO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO, VIOLAN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD. DERECHOS TRIBUTARIOS POR SERVICIOS. SU EVOLUCION EN LA JURISPRUDENCIA.
AMPARO EN REVISION 479/95. SEGUROS COMERCIAL AMERICA, S.A. DE C.V.
CONSIDERANDO:
OCTAVO. Sostiene la recurrente que la ley reclamada no previene un impuesto, como asevera la juzgadora, sino un derecho, pues se causa por la recepción de un servicio público y que, en consecuencia, la proporcionalidad exige que se atienda al costo del servicio, lo cual no es posible considerando que, como se asienta en la sentencia, la ley no determina cuáles son los servicios cuyo aprovechamiento grava; además de que la ubicación del inmueble no es un factor que permita conocer si los servicios corresponden a la cuota que se cobra.
Resulta parcialmente fundado este agravio, atentas las siguientes consideraciones:
Como punto de partida del análisis de la cuestión propuesta, importa determinar si, como afirma la Juez de Distrito, la contribución reclamada es un impuesto o si, como estima el recurrente, es un derecho por la prestación de servicios, pues de la solución de este tema depende a su vez el examen de la proporcionalidad del gravamen en tanto que son diversos los criterios aplicables a cada especie de contribuciones, según ha precisado este alto tribunal en la tesis jurisprudencial publicada con el número 44/90 en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 25, enero de 1990 (Octava Epoca), página cuarenta y dos, y la tesis publicada en el Volumen que comprende los números ciento sesenta y nueve a ciento setenta y cuatro del mismo Semanario (Séptima Epoca), página veintitrés, que a la letra dicen:
"PROPORCIONALIDAD DE LAS CONTRIBUCIONES. DEBE DETERMINARSE ANALIZANDO LAS CARACTERISTICAS PARTICULARES DE CADA UNA. La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver asuntos relativos al impuesto sobre la renta, ha establecido que el principio de proporcionalidad consiste en que cada causante contribuya a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad económica, aportando una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimientos, y añade que ese objetivo se cumple fijando tasas progresivas. Sin embargo, tratándose de tributos distintos del impuesto sobre la renta, no puede regir el mismo criterio para establecer su proporcionalidad, pues este principio debe determinarse analizando la naturaleza y características especiales de cada tributo."
"DERECHOS FISCALES. LA PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD DE ESTOS ESTA REGIDA POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS. La satisfacción de las garantías de proporcionalidad y equidad de las cargas fiscales establecidas por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, que las leyes tributarias tratan de llevar a cabo en materia de derechos a través de una escala de mínimos a máximos en función del capital del causante de los derechos correspondientes, traduce un sistema de relación de proporcionalidad y equidad que únicamente es aplicable a los impuestos, pero que en manera alguna puede invocarse o aplicarse cuando se trate de la constitucionalidad de derechos, cuya naturaleza es distinta de la de los impuestos y, por tanto, reclama un concepto adecuado de esa proporcionalidad y equidad. De acuerdo con la doctrina jurídico fiscal y la legislación tributaria, por derechos ha de entenderse: `las contraprestaciones que se paguen a la hacienda pública del Estado, como precio de servicios de carácter administrativo prestados por los Poderes del mismo o sus dependencias a personas determinadas que los soliciten', de tal manera que para la determinación de las cuotas correspondientes por concepto de derechos ha de tenerse en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio que cause los respectivos derechos y que las cuotas de referencia sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos."
La caracterización de la contribución reclamada no está determinada por la sola denominación empleada por el legislador para calificarla -ya antes se precisó que el Juez de amparo puede apartarse de la calificación formal que el legislador otorgue a una institución, cuando ello sea indispensable para determinar el régimen constitucional aplicable-, sino por la naturaleza del supuesto de causación.
Si el supuesto de causación del tributo cuestionado consiste en el aprovechamiento de servicios "públicos, generalizados e indivisibles" a través de la radicación, forzoso es concluir que no se hallan reunidas las notas que en el sistema tributario nacional tradicionalmente han configurado a los derechos por servicios públicos como una especie de contribuciones distintas de los impuestos y que han dado lugar a los criterios que sobre proporcionalidad invoca la recurrente.
Para demostrarlo, importa hacer una referencia a los textos relativos de los Códigos Fiscales Federales que básicamente han dado lugar a la distinción adoptada por esta Corte entre impuestos y derechos y a los criterios sostenidos por ésta sobre la materia.
El Código Fiscal de la Federación del año de mil novecientos treinta y ocho establecía en su artículo 3o. que se entendían por derechos "las contraprestaciones requeridas por el Poder Público en pago de servicios de carácter administrativo prestados por él", mientras que el Código Fiscal del año de mil novecientos sesenta y siete, también en el numeral 3o., los definía como "las contraprestaciones requeridas por el Poder Público conforme a la ley, en pago de un servicio."
A la luz de estas disposicionf T e los conceptos jurídicos prevalecientes ya desde aquella época, este alto tribunal sentó algunos de los primeros criterios sobre la naturaleza de los derechos fiscales y su distinción de los impuestos.
Como podrá advertirse de la siguiente transcripción, el problema se analizó con motivo de las prestaciones que ahora se conocen como derechos de cooperación o contribuciones de mejoras, a las que se identifican como una especie autónoma de contribuciones, pero que entonces todavía permanecían dentro de la categoría general de derechos; el criterio se orientó a establecer que los derechos no eran impuestos, sino otra especie de prestaciones que se distinguían de aquéllos porque se causaban por la recepción de un beneficio concreto en favor de ciertas personas, derivado de la realización de obras y/o servicios públicos.
"COOPERACION, NO DEBE CONSIDERARSE COMO UN IMPUESTO. La cooperación no es un impuesto, es decir, una prestación en dinero o en especie que el Estado fije unilateralmente y con el carácter obligatorio a todos aquellos individuos cuya situación coincida con la que la ley señala como hecho generador del crédito fiscal (artículo 2o. del Código Fiscal de la Federación), sino que con el mismo nombre que la Ley de Hacienda le da, es un derecho o sea una contraprestación requerida por el Poder Público, en pago de los servicios prestados por él (artículo 2o. del propio código tributario), por lo que la proporcionalidad y equidad de que se trata, están en relación con la contraprestación del mismo Estado, y no con la contribución general a los gastos públicos a que están obligados los residentes de la República, relativos a la Federación, Estados y Municipios." (A.R. 7228/57. Eduardo Arochi Serrano. Semanario Judicial de la Federación, Sexta Epoca, Vol. XXVI, pág. 74).
"Conviene precisar previamente, que los derechos de cooperación a que se refiere el Título Décimo de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, no pueden ser considerados como impuestos de acuerdo, de lo que por tal entiende el artículo 2o. del Código Fiscal de la Federación, sino como derechos de acuerdo con la definición que el artículo 3o. del mismo ordenamiento da y que son contraprestaciones requeridas por el Poder Público, en pago de servicios administrativos prestados por él. En la especie y según la propia notificación que la quejosa acompaña a su demanda, aparece que las cantidades señaladas a su cargo, corresponden a la cooperación por las obras de pavimento que se ejecutaron por conducto de la Dirección de Obras Públicas, y con ello se satisfacen los presupuestos del artículo 3o. citado y se configura el derecho, puesto que existe la prestación de un servicio por parte de la autoridad administrativa y respecto de la cual debe cubrirse la contraprestación respectiva por parte de quien recibe dicho servicio. Ahora bien, establecida la naturaleza del cobro de que se hace referencia, y atento a que no se trata de un impuesto, resultan infundados el primero y el segundo conceptos de violación que se hacen valer en contra de la ley que se combate por considerarla que es contraria a la fracción IV del artículo 31 de la Constitución General de la República, cuyos principios de proporcionalidad y equidad sólo rigen en materia de impuestos y no en el cobro de los derechos que tienen como causa generadora las obras realizadas que benefician al particular y quien por este concepto debe compensar al Estado en razón directa del servicio que recibe y conforme a las cuotas que la propia Ley fija. Si un derecho se cobrara, no en razón del costo o importe del servicio prestado en el caso por el Departamento del Distrito Federal, sino en vista de las posibilidades económicas de cada particular, de manera que a unos se cobrara más que a otros, se faltaría al principio que rige el pago de los derechos, que es la equivalencia entre el servicio que se recibe y lo que se paga por él, aunque en atención a la extensión del frente de los predios beneficiados, unos deben pagar más que otros, ello se debe a que a mayor extensión es mayor el servicio y no a que el valor del predio sea mayor, ni a que un propietario tenga mejor situación económica que otro. Por tanto, no deben confundirse la proporcionalidad que rige en materia de impuestos, con la equivalencia o igualdad que debe existir entre la prestación del Estado y la contraprestación que debe pagar por ella el particular y la cual sirve de base para el cobro de los derechos conforme a lo previsto por el artículo 3o. del Código Fiscal de la Federación." (A.R. 5318/64. Catalina Ensástegui Vda. de la O. Sesión del Pleno del once de julio de mil novecientos sesenta y siete.).
"COOPERACION, NATURALEZA DE LA. No puede aceptarse el razonamiento en el sentido de que la cooperación es un impuesto que carece de los atributos de proporcionalidad y equidad requeridos por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, en virtud de que no se trata de un impuesto, es decir, una prestación en dinero o en especie que el Estado fije unilateralmente y con carácter obligatorio a todos aquellos individuos cuya situación coincida con la que la ley señala como hecho generador del crédito fiscal (artículo 2o. del Código Fiscal de la Federación), sino un derecho, o sea una contraprestación requerida por el Poder Público, en pago de los servicios prestados por él (artículo 3o. del propio código tributario), por lo que la proporcionalidad y equidad del referido precepto fundamental, están en relación con la contraprestación que debe efectuar el propio Estado y no con la contribución general de los gastos públicos a que están obligados los residentes de la República, relativos a la Federación, Estados y Municipios. La cooperación no constituye, fiscalmente hablando, un impuesto o contribución, sino un derecho o compensación que se obtiene por el mejoramiento que reciben los particulares con la ejecución de determinadas obras, pues los impuestos o contribuciones se destinan al sostenimiento de los servicios públicos que el Estado proporciona a la sociedad, constantemente y por tiempo indefinido, en tanto que cuando se trata de derechos de cooperación, el costo de la obra, que en último análisis mejora a los afectados, se derrama entre los que obtienen el beneficio. En consecuencia, y como los derechos de referencia se derraman, de acuerdo con los preceptos relativos, entre todos los propietarios o poseedores beneficiados con las obras de urbanización correspondientes, en forma proporcional y equitativa, de acuerdo con las tarifas y costos unitarios correspondientes, es evidente que su reglamentación no adolece de inconstitucionalidad, sino que por el contrario, cumple con los lineamientos establecidos por la Ley Fundamental." (Tesis jurisprudencial publicada con el número treinta y tres del Apéndice al Semanario del año de mil novecientos setenta y cinco, Primera Parte, página noventa y dos).
"COOPERACION. PAVIMENTO. Es infundado el concepto de violación que pretende apoyarse en el supuesto inexacto de que los directamente beneficiados con las obras de pavimentación lo son los propietarios de los vehículos que transitan por la calle relativa y no los propietarios de las fincas, estimación incorrecta, ya que si bien es cierto que toda obra de urbanización aporta utilidad a todos los habitantes de una población, el beneficio inmediato y directo lo reciben los propietarios o poseedores de los inmuebles relativos, que como en el caso del pavimento, reciben numerosas ventajas, en cuanto los predios resultan mejor comunicados, además de que los citados propietarios o poseedores no cubren todo el costo de las obras, sino exclusivamente pagan una cuota unitaria (artículo 420 de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal), toda vez que las propias obras se costean con fondos del Departamento del Distrito Federal, formados con las contribuciones de todos los habitantes del propio Distrito." (A.R. 4183/59. María Teresa Chávez Campomanes y coags. Semanario Judicial de la Federación, Sexta Epoca, Vol. L, página cincuenta y cuatro.).
Años más tarde, esta Suprema Corte ya no se referiría a los derechos de cooperación, sino a otros derechos fiscales regidos por las leyes entonces vigentes, y los estudiaría con el propósito de determinar cómo debían entenderse los principios de proporcionalidad y equidad, atendiendo básicamente a la existencia de un servicio prestado de manera particular a los obligados por el tributo.
"DERECHOS POR EXPEDICION, TRASPASO, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS Y LICENCIAS MUNICIPALES DE GIROS MERCANTILES, INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTICULO 14, FRACCIONES I, INCISO C), II, INCISO D), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TECATE, BAJA CALIFORNIA, PARA EL AÑO DE 1962, QUE FIJA EL MONTO DE ESOS DERECHOS CON BASE EN EL CAPITAL EN GIRO DE LOS CAUSANTES, Y NO EN LOS SERVICIOS PRESTADOS A LOS PARTICULARES. Investigar el monto de los capitales en giro para determinar la cuantía de dichos derechos, no constituye ningún servicio prestado a los particulares, puesto que son las autoridades las que necesitan conocer y constatar su valor, y por ello esa investigación no justifica que se tome como base del derecho el importe de dichos capitales; tampoco justifica la fijación de los derechos con base en los referidos capitales, la vigilancia que dicen las autoridades debe hacerse para determinar si los causantes están cumpliendo con la ley, pues esa vigilancia tampoco constituye un servicio prestado al particular, sino una función oficial propia de la autoridad, cuyo sostenimiento queda a cargo de los ingresos públicos por concepto de impuestos." (Tesis jurisprudencial publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Sexta Epoca, Volumen CXIV, Primera Parte, página cuarenta).
"DERECHOS FISCALES. LA PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD DE ESTOS ESTA REGIDA POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS. La satisfacción de las garantías de proporcionalidad y equidad de las cargas fiscales establecidas por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, que las leyes tributarias tratan de llevar a cabo en materia de derechos a través de una escala de mínimos a máximos en función del capital del causante de los derechos correspondientes, traduce un sistema de relación de proporcionalidad y equidad que únicamente es aplicable a los impuestos, pero que en manera alguna puede invocarse o aplicarse cuando se trate de la constitucionalidad de derechos, cuya naturaleza es distinta de la de los impuestos y, por tanto, reclama un concepto adecuado de esa proporcionalidad y equidad. De acuerdo con la doctrina jurídico fiscal y la legislación tributaria, por derechos han de entenderse: `las contraprestaciones que se paguen a la hacienda pública del Estado, como precio de servicios de carácter administrativo prestados por los Poderes del mismo o sus dependencias a personas determinadas que los soliciten', de tal manera que para la determinación de las cuotas correspondientes por concepto de derechos ha de tenerse en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio que cause los respectivos derechos y que las cuotas de referencia sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos." (A.R. 1514/65 Armando Ruiz Avluardo. Sesión del Pleno del tres de diciembre de mil novecientos sesenta y ocho. Semanario Judicial de la Federación, Séptima Epoca, Volumen ciento sesenta y nueve a ciento setenta y cuatro, Primera Parte, página veintitrés).
"AGUA POTABLE, SERVICIO MARITIMO DE. EL ARTICULO 201, FRACCION I, DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL TERRITORIO DE BAJA CALIFORNIA, REFORMADO POR DECRETO DE VEINTISEIS DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE, QUE AUMENTO LA CUOTA DEL DERECHO DE DOS A CUATRO PESOS EL METRO CUBICO DE AGUA POTABLE EN EL SERVICIO MARITIMO, ES PROPORCIONAL Y EQUITATIVO; Y POR LO TANTO NO ES EXORBITANTE O RUINOSO EL DERECHO QUE SE PAGA POR DICHO SERVICIO. Durante algún tiempo la doctrina tributaria sostuvo la tesis de la equivalencia o igualdad entre el servicio prestado por la Administración Pública y la contraprestación que deben cubrir los usuarios pero actualmente se ha superado esa tesis y la legislación mexicana también la ha rechazado. Aun cuando el artículo 3o. del Código Fiscal de la Federación define los derechos como contraprestaciones establecidas por el Poder Público en pago de un servicio, la palabra contraprestación no debe entenderse en sentido de derecho privado de manera que corresponda exactamente al valor del servicio, y por ello sería preferible que se dejara de usar la palabra contraprestaciones, pues los servicios públicos que presta el Estado, se organizan en función del interés general y secundariamente en el de los particulares, y es accidental si éstos reciben o no beneficios de orden individual. El Estado no se constituye en una empresa privada que ofrezca al público sus servicios por un precio comercial con base exclusiva en los costos de producción. Por el contrario los derechos constituyen un tributo impuesto autoritariamente por el Estado a los particulares que utilizan un servicio público; y están comprendidos en la fracción IV del artículo 31 constitucional. Es verdad que la proporcionalidad y equidad de los derechos no es lo mismo que la proporcionalidad y equidad de los impuestos; pero no es exacto que la proporcionalidad y equidad de aquéllos consista precisamente en la igualdad o equivalencia entre el costo del servicio prestado a cada particular y la cantidad que se paga por él. Ni en derecho civil se exige esta correspondencia absoluta en el intercambio de cosas y servicios por dinero. Con mayor razón la materia de derechos no puede sujetarse al estricto criterio de la equivalencia rigurosa; y por ello se habla de que lo que el particular debe pagar por ellos corresponda aproximadamente al costo del servicio prestado, de la adecuada proporción entre el servicio público y la cuantía del derecho, y de una razonable o prudente o discreta proporcionalidad entre ambos términos. Este criterio permite al Estado fijar el importe de los diversos aspectos y circunstancias especiales, tomando en cuenta el valor de las oficinas, instalaciones, equipo, pago de personal y demás gastos que origina la prestación del servicio en sus diversos tipos, sin sujeción matemática a un supuesto costo individual, abstracto e igual para todos; sino también el citado criterio permite al Estado fijar el importe de los derechos teniendo en consideración fines extrafiscales, como sería provocar un aumento o procurar una disminución en el servicio que se va a prestar. Ahora bien, el costo supone un criterio puramente matemático, pero no jurídico, pues para fijar individualmente el monto de un derecho debe tomarse en cuenta que éste debe ser proporcional y equitativo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 31 constitucional, fracción IV. La proporcionalidad tiene como base el costo general y el costo específico del servicio en la forma indicada; la equidad permite al Poder Público tomar en consideración los beneficios que se reciban y las posibilidades económicas y sociales de cada causante y de cada grupo de causantes, para distribuir entre ellos el importe del costo total del servicio, pues según la equidad deben tratarse desigualmente las situaciones desiguales, lo que es muy útil y conveniente en un país como el nuestro en que existen diferencias económicas muy notables entre los diferentes sectores y clases socioeconómicas. De la misma manera el artículo 201 de la Ley de Hacienda del Territorio de Baja California, anterior y posterior a la reforma del 26 de diciembre de 1967, establece cuotas diversas para los distintos usuarios del servicio público de agua potable, distinguiendo entre uso doméstico, comercial, industrial y marítimo. En esta forma se toma en cuenta la capacidad económica de cada tipo de causantes y las condiciones objetivas y económicas en que se presta el servicio en cada caso, para fijar proporcional y equitativamente la cuota relativa; y por ende, no puede estimarse que sea exorbitante o ruinoso el derecho consistente en el pago de cuatro pesos por metro cúbico de agua, que corresponde al consumo de las naves que se proveen de ese líquido, sólo porque esa cantidad sea mayor a los derechos fijados a las otras clases de servicio. En consecuencia, debe concluirse que no es inconstitucional la fracción I del citado artículo 201, reformada por el decreto reclamado y que modificó la tarifa de dos a cuatro pesos." (A.R. 5206/68 Líneas Marinas Mexicanas, Sociedad Anónima y coags. Sesión Plenaria del veintiocho de septiembre de mil novecientos setenta y uno. Informe de labores correspondiente al mismo año, Primera Parte, página doscientos sesenta y uno).
Las consideraciones vertidas en estas tesis, particularmente en la segunda de ellas, constituyeron el punto de partida del análisis que en lo sucesivo se realizó por este alto tribunal de numerosos derechos, dando lugar a tesis (como las publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Epoca, Volumen cuarenta y cuatro, páginas treinta y tres y treinta y cuatro, con las voces de "IMPUESTOS Y DERECHOS, NO SON EQUIVALENTES (LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE NUEVO LEON PARA EL AÑO DE 1960)" e "IMPUESTOS Y DERECHOS, NO SON EQUIVALENTES (LEY DE PAVIMENTACION DEL ESTADO DE OAXACA, CONTENIDA EN EL DECRETO NUMERO 54, DEL CONGRESO LOCAL)", en que se reproducen palabras más o menos las mismas consideraciones, y otras tesis y ejecutorias en las que se desarrollan o enfatizan algunos conceptos.
"DERECHOS FISCALES. Es cierto que de acuerdo con la doctrina jurídica y la legislación tributaria, las contribuciones conocidas como derechos son las contraprestaciones que se pagan al Estado como precio de los servicios administrativos prestados, pero este Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció, en esencia, que la palabra contraprestación no debe entenderse en el sentido de derecho privado, de manera que el precio corresponda exactamente al valor del servicio prestado, pues los servicios públicos que presta el Estado se organizan en función del interés general y secundariamente en el de los particulares, ya que con tales servicios se tiende a garantizar la seguridad pública, la certeza de los derechos, la educación superior, la higiene del trabajo, la salud pública y la urbanización. Además, porque el Estado no es la empresa privada que ofrece al público sus servicios a un precio comercial, con base exclusivamente en los costos de producción, distribución, venta y lucro debido, pues éste se organiza en función del interés de los particulares; y los derechos que se pagan por los servicios recibidos constituyen un tributo impuesto autoritariamente por el Estado a los particulares que utilizan los servicios públicos y están comprendidos en la fracción IV del artículo 31 constitucional que establece como obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes y que, por lo tanto, los servicios aludidos se han de cubrir con el gravamen correspondiente, que recibe el nombre de derechos." (A.R. 6754/82 David Carreón García. Sesión Plenaria del cinco de julio de mil novecientos ochenta y tres. Semanario Judicial de la Federación, Séptima Epoca, Volumen ciento setenta y cinco a ciento ochenta, Primera Parte, página sesenta y nueve).
"De los términos de esta disposición se desprende que efectivamente es un derecho el gravamen a que se refiere, pues de acuerdo con el artículo 3o. del Código Fiscal de la Federación, se entiende por derecho la contraprestación requerida por el Poder Público, en pago de servicios administrativos prestados por él, servicios que en la especie están constituidos por la inspección y vigilancia especial que realiza a través de la dependencia correspondiente, en los centros de diversiones, espectáculos, cines, etc. Es cierto, que para preservar la seguridad pública del Municipio citado, se requiere la prestación de un servicio público y que éste se presta a toda la colectividad a través del Departamento de Previsión Social, cuyo sostenimiento constituye el gasto público cubierto con la suma fijada en el Presupuesto de Egresos, tomado del cobro de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos; pero también es cierto que la inspección y vigilancia que se lleva a cabo en los centros de diversiones, espectáculos o cines abiertos al público, es de un carácter especialísimo, ya que el personal que se asigna a esos centros tiene como única función la de realizar la inspección y vigilancia en los mismos, y no para la colectividad, por lo que a virtud de ese servicio, el Municipio requiere de una contraprestación de aquellos que se benefician con los mismos, y que esa contraprestación por su naturaleza es un derecho." "...al analizar el artículo atacado de inconstitucional, se determinó que el tributo señalado no es un impuesto, sino un derecho por la inspección y vigilancia que el Municipio de Torreón, lleva a cabo, por medio del cuerpo de seguridad, en los centros de diversiones, espectáculos y cines abiertos al público, en cuanto a que el personal que se asigna a desempeñar esa vigilancia específica y concreta se distrae de su función general, pues, la proporcionalidad y equidad de ese derecho, que requiere el Municipio, es una contraprestación de los servicios por él prestados, aunque esa proporcionalidad y equidad no tengan una connotación igual a la de los impuestos. Encuentra apoyo lo anterior en el criterio sustentado por este Tribunal Pleno al fallar el amparo en revisión 5764/70, promovido por Concepción Freyre de Andrade y coags. el 13 de noviembre de 1973, visible en la página 312 de aquel Informe, que dice: `DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA, LA FRACCION IV DEL ARTICULO 31 CONSTITUCIONAL, TAMBIEN COMPRENDE LA PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD DE LOS. Aunque existen algunos derechos que se generan en forma potestativa por los causantes, como cuando se trata de la educación superior o la que no imparte el Estado en forma gratuita y hay otros cuyo hecho generador no queda al arbitrio de los particulares, como cuando éstos se ven obligados a utilizar un servicio público como el que se presta con el fin de garantizar la seguridad pública, la certeza de los derechos, la urbanización de la localidad, la higiene del trabajo, la salubridad pública, etc., en todos estos casos los derechos quedan comprendidos en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Federal, aunque la proporcionalidad y equidad de los derechos no tengan una connotación igual que la proporcionalidad y equidad de los impuestos.'" (A.R. 1864/72 Compañía Operadora de Teatros, Sociedad Anónima. Sesión del Pleno del día veintidós de octubre de mil novecientos setenta y cuatro).
La expedición del Código Fiscal de la Federación del año de mil novecientos ochenta y uno, en cuyo artículo 2o., fracción III, se definía a los derechos como "las contribuciones establecidas por la prestación de un servicio proporcionado por el Estado en su carácter de persona de derecho público, así como por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público", dio lugar a nuevos pronunciamientos de esta Suprema Corte, en donde se precisó que la causa generadora de los derechos seguía siendo, a pesar de la modificación del texto legal, la recepción por los particulares de un determinado servicio público.
"El examen de tales agravios revela que efectivamente, el artículo 31, fracción IV, constitucional, no define los tributos; tampoco establece clases o tipos de contribuciones, ni las características específicas de cada una de ellas, sino que sólo obliga a los mexicanos a `contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes', regla de la cual ha inferido esta Suprema Corte los tres requisitos básicos de los tributos, a saber: que estén establecidos en una ley, que sean proporcionales y equitativos y que se destinen al pago de los gastos públicos (tesis jurisprudencial 57, Primera Parte, compilación 1985), debiendo reconocerse que en lo referente al establecimiento de contribuciones, a su clasificación y caracterización, dicho precepto constitucional remite a lo que dispongan las leyes. Ahora bien, acudiendo a éstas, aparece que el Código Fiscal de la Federación de 1967, establecía en su artículo 3o. que los derechos eran `...las contraprestaciones establecidas por el Poder Público, conforme a la ley, en pago de un servicio',
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/1800-079ea33b/radicacion-impuesto-sobre-los-articulos-83-bis-g-y · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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