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Modo: Corpus Pro

QUEJA DE QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 95, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO. HIPÓTESIS EN QUE PROCEDE CONTRA LAS RESOLUCIONES DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DICTADAS EN LAS QUEJAS INTERPUESTAS POR EXCESO O DEFECTO EN LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA DE AMPARO DIRECTO.

Tipo de asunto: RECURSO DE RECLAMACIÓN 317/2003-PL. · Registro digital (IUS): 18195
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ADA MANCERA ECHEVERRÍA.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Julio de 2004, , Pág. 405.

RECLAMACIÓN 317/2003-PL. ADA MANCERA ECHEVERRÍA.

CONSIDERANDO:

CUARTO. La recurrente expresó los siguientes agravios:

"PRIMERO. El acuerdo combatido, es incongruente con el texto expreso de la fracción IX del artículo 107 constitucional en tanto éste establece: ‘IX. Las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito no admiten recurso alguno, a menos de que decidan sobre la inconstitucionalidad de una ley o establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución cuya resolución, a juicio de la Suprema Corte de Justicia y conforme a acuerdos generales, entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia. Sólo en esta hipótesis procederá la revisión ante la Suprema Corte de Justicia, limitándose la materia del recurso exclusivamente a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales.’. En el caso presente, a efecto de que esta H. Suprema Corte de Justicia de la Nación como máxima autoridad judicial en el país pueda formarse un juicio sobre la necesidad de impedir la fijación de un criterio de importancia y trascendencia acerca de la posibilidad establecida por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito de que la tramitación de incidentes de ejecución de sentencias dictadas en primera instancia puede ser realizada por los tribunales de alzada, violatorio de las formalidades esenciales del procedimiento y contrario a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, como acontece en el caso presente en el que se solicitó un amparo indirecto (51/2003 en contra de actos del Tribunal Unitario ‘A’ del Segundo Circuito), reclamándose con base en el párrafo segundo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, ‘... la última resolución ...’ dictada en un procedimiento de ejecución que, legalmente los tribunales de segunda instancia no están facultados para efectuar. Resulta evidente la importancia y trascendencia de ese criterio, dado que rompe con toda la legislación procesal federal que en ninguno de sus preceptos, tanto el Código Federal de Procedimientos Civiles que determina en forma expresa que la ejecución de las sentencias deberá efectuarla el Juez de primera instancia que conoció del litigio, como la Ley de Amparo cuya regla es similar con la sola excepción que establece el artículo 111 de la misma, por lo que resulta procedente este recurso, y debe ser modificado el acuerdo que se impugna." (foja 1 del recurso de reclamación).

QUINTO. De la transcripción que antecede se advierte que la recurrente aduce, esencialmente, que el acuerdo impugnado es incongruente con lo dispuesto por la fracción IX del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque con la interposición del recurso de queja (queja de queja) pretende que este Alto Tribunal impida la fijación de un criterio de importancia y trascendencia (sic), como el sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, al resolver el recurso de queja 37/2003, en el sentido de que los tribunales de alzada pueden tramitar los incidentes de ejecución de sentencias dictadas en primera instancia, lo cual resulta violatorio de las formalidades esenciales del procedimiento y de las leyes expedidas con anterioridad al hecho, como en el caso ocurre, con el amparo indirecto presentado por su contraparte quien reclamó, en términos del artículo 114, fracción III, segundo párrafo, de la Ley de Amparo de la última resolución dictada en un procedimiento de ejecución, de la cual los tribunales de segunda instancia no están facultados para conocer.

Lo anterior, a juicio de la recurrente, evidencia la importancia y trascendencia de ese criterio dado que contraviene las disposiciones contenidas en el Código Federal de Procedimientos Civiles y en la Ley de Amparo, conforme a las cuales la ejecución de sentencias deberá efectuarla el Juez de primera instancia que conoció del litigio.

Los agravios son infundados.

Para resolver el presente recurso de reclamación se toma en cuenta, en primer término, lo dispuesto por los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 95, fracción V, de la Ley de Amparo, que dicen:

"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:

"...

"IX. Las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito no admiten recurso alguno, a menos de que decidan sobre la inconstitucionalidad de una ley o establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución cuya resolución, a juicio de la Suprema Corte de Justicia y conforme a los acuerdos generales, entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia. Sólo en esta hipótesis procederá la revisión ante la Suprema Corte de Justicia, limitándose la materia del recurso exclusivamente a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales."

"Artículo 95. El recurso de queja es procedente:

"...

"V. Contra las resoluciones que dicten los Jueces de Distrito, el tribunal que conozca o haya conocido del juicio conforme al artículo 37, o los Tribunales Colegiados de Circuito en los casos a que se refiere la fracción IX del artículo 107 de la Constitución Federal, respecto de las quejas interpuestas ante ellos conforme al artículo 98."

De acuerdo con el precepto de la Constitución Federal citado, en amparo directo se pueden plantear dos tipos de problemas: uno es el aspecto de legalidad, esto es, que en el amparo se impugne una resolución por ese tipo de vicios; el otro, que en la demanda de garantías, por vía de conceptos de violación, se impugne la constitucionalidad de algún precepto legal o reglamentario aplicado en la resolución reclamada o que, en esa materia, el Tribunal Colegiado realice la interpretación de un precepto constitucional.

En el primer supuesto, es decir, cuando sólo se alegan aspectos de legalidad, el fallo que al efecto dicte el Tribunal Colegiado, exclusivamente respecto de tales problemas de legalidad, no admite recurso alguno en contra, conforme lo dispuesto en la parte primera de la fracción IX del referido artículo.

En cambio, si el Tribunal Colegiado se pronuncia sobre la constitucionalidad de una ley o de un reglamento de los mencionados en el precepto legal transcrito o establece la interpretación de un precepto de la Constitución Federal, en contra de su fallo procede el recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

De lo antes expuesto, se sigue que el recurso de queja (queja de queja), previsto por el artículo 95, fracción V, de la Ley de Amparo, sólo procede en contra de la resolución dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito, a propósito del diverso recurso de queja, cuando en dicha instancia se haya decidido sobre la inconstitucionalidad de una ley o de un reglamento o establecido la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal, y la queja, así como el posterior recurso de queja (re-queja) que en su caso llegare a presentarse, versen sobre el exceso o defecto en la ejecución de la sentencia, en el aspecto relacionado con la inconstitucionalidad de una ley o reglamento o con la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal.

A esa conclusión se llega, pues la fracción V del artículo 95 de la Ley de Amparo, condiciona la procedencia de la re-queja a los casos a que se refiere la fracción IX del artículo 107 de la Constitución Federal que, como ya se vio, no pueden ser otros que aquellos en los que el Tribunal Colegiado de Circuito decida la inconstitucionalidad de una ley o reglamento o establezca la interpretación de un precepto constitucional y respecto de las quejas ante ellos interpuestas conforme al artículo 98 de la ley de la materia que establece lo siguiente:

"Artículo 98. En los casos a que se refieren las fracciones II, III y IV del artículo 95, la queja deberá interponerse ante el Juez de Distrito o autoridad que conozca o haya conocido del juicio de amparo en los términos del artículo 37, o ante el Tribunal Colegiado de Circuito si se trata del caso de la fracción IX del artículo 107 de la Constitución Federal, precisamente por escrito, acompañando una copia para cada una de las autoridades responsables contra quienes se promueva y para cada una de las partes en el mismo juicio de amparo. ..."

Y el artículo 95 a que remite ese precepto, dispone:

"Artículo 95. El recurso de queja es procedente:

"...

"II. Contra las autoridades responsables, en los casos a que se refiere el artículo 107, fracción VII de la Constitución Federal, por exceso o defecto en la ejecución del auto en que se haya concedido al quejoso la suspensión provisional o definitiva del acto reclamado;

"III. Contra las mismas autoridades, por falta de cumplimiento del auto en que se haya concedido al quejoso su libertad bajo caución conforme al artículo 136 de esta ley;

"IV. Contra las mismas autoridades, por exceso o defecto en la ejecución de la sentencia dictada en los casos a que se refiere el artículo 107, fracciones VII y IX, de la Constitución Federal, en que se haya concedido al quejoso el amparo."

Cabe precisar que tratándose de las hipótesis previstas en las fracciones II y III del artículo 95 citado, el conocimiento del recurso de queja compete al Juez de Distrito, Tribunal Unitario de Circuito o autoridad que conozca o haya conocido del juicio de amparo en términos del artículo 37 de la propia ley reglamentaria, de modo que los supuestos contenidos en las fracciones II y III no se actualizan en el particular, dado que la aquí recurrente impugnó una resolución pronunciada por un Tribunal Colegiado al resolver un recurso de queja interpuesto en contra de un auto que admitió a trámite una demanda de amparo indirecto.

Ahora bien, en cuanto a la fracción IV del artículo 95 que establece la procedencia del recurso de queja contra las autoridades responsables, por exceso o defecto en la ejecución de la sentencia en que se haya concedido el amparo al quejoso en los casos a que se refieren las fracciones VII y IX de la Constitución Federal, se distinguen tanto la naturaleza del juicio de amparo como los órganos jurisdiccionales que dicten la sentencia protectora (cuya ejecución se recurra), bien un Juez de Distrito en amparo indirecto (fracción VII) o un Tribunal Colegiado de Circuito en amparo directo (fracción IX), siendo que el recurso de queja (re-queja) interpuesto por Ada Mancera Echeverría no se ubica en ninguno de esos dos supuestos pues, como se desprende de la transcripción correspondiente el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, al conocer el recurso de queja interpuesto por Ada Mancera Echeverría, consideró que los agravios planteados no eran motivo suficiente para el desechamiento de la demanda de amparo presentada por su contraparte, de lo que se sigue que se trata de una resolución respecto de la cual no procede el citado recurso.

Lo anterior, se apoya en la tesis 2a. CXXXVII/2000 sustentada por esta Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, octubre de 2000, página 359, con el rubro y texto que a continuación se trasunta:

"QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 95, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO. RESOLUCIONES DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO EN CONTRA DE LAS CUALES PROCEDE. La interpretación armónica de lo dispuesto en los artículos 95, fracción V y 98 de la Ley de Amparo, y 107, fracción IX, de la Constitución General de la República, permite concluir que el recurso de queja que prevé el primero de los preceptos citados procede contra las resoluciones que dicten los Tribunales Colegiados de Circuito, en las quejas interpuestas por exceso o defecto en la ejecución de una sentencia protectora, siempre y cuando en ésta se haya decidido sobre la inconstitucionalidad de una ley o se hubiere establecido la interpretación directa de un precepto constitucional y, además, en el recurso de queja se hagan valer argumentos relativos al exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria, relacionados con la materia de constitucionalidad."

Y en la tesis P. XL/94 del Tribunal Pleno, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 81, septiembre de 1994, página 39, con el rubro y texto que a continuación se transcriben:

"QUEJA, PROCEDENCIA ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, DEL RECURSO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 95, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción IX, de la Constitución Federal en relación con el artículo 11, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación es en esencia, un tribunal de constitucionalidad y excepcionalmente de legalidad; por tanto el recurso fundado en la fracción V del artículo 95 de la Ley de Amparo, llamado por la doctrina queja de queja, es procedente ante dicho alto tribunal de la República, cuando éste por haberse hecho valer ante él recurso de revisión, se haya pronunciado sobre la constitucionalidad de una ley o haya establecido la interpretación directa de un precepto de la Constitución, únicas materias a las que debe limitarse el recurso de revisión en amparo directo, o bien cuando el Tribunal Colegiado del conocimiento se haya pronunciado sobre la cuestión de constitucionalidad planteada concediendo el amparo y dicha decisión hubiese quedado firme por no haberse recurrido, siempre y cuando en el recurso de queja se hagan valer aspectos relativos al cumplimiento de ejecutoria relacionados con la materia de constitucionalidad, pues de no ser así la materia de la queja de queja no estaría vinculada en ningún aspecto con el pronunciamiento relativo, en su caso, a la constitucionalidad de una ley o a la interpretación directa de un precepto de la Constitución, sino con un problema de legalidad, cuestión que es ajena al marco establecido por el citado precepto constitucional."

En otro aspecto, esta Segunda Sala estima que en el caso no se reúnen los requisitos de importancia y trascendencia a que alude la recurrente, por las razones siguientes:

La reforma a la fracción IX del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 1999, tuvo por objeto otorgar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación facultades discrecionales para decidir sobre la procedencia del recurso de revisión en contra de sentencias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito en amparo directo, a fin de resguardar el carácter de ese Alto Tribunal como órgano terminal en materia de constitucionalidad de leyes y de interpretación directa de los preceptos de la Constitución Federal, en congruencia con la naturaleza del amparo directo, de manera que sólo por excepción se abra y resuelva la segunda instancia en los casos en que resulte imprescindible su intervención, porque deba establecerse un criterio de importancia y trascendencia en dicha materia.

En consecuencia, si en el caso se combate la resolución pronunciada por un Tribunal Colegiado de Circuito en un recurso de queja interpuesto en contra de un auto que admitió a trámite una demanda de amparo indirecto, el recurso de queja (queja de queja) interpuesto en su contra debe desecharse, pues a través de esa instancia se pretende que se examine si se actualiza o no la causa de improcedencia del juicio, lo que constituye un problema de mera legalidad, cuando que los requisitos de importancia y trascendencia se establecieron para la procedencia del recurso de revisión en función de los aspectos de inconstitucionalidad de leyes o reglamentos o la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal.

Lo anterior se corrobora con lo dispuesto en el Acuerdo 5/1999 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve, donde se precisaron los alcances de los términos "importancia" y "trascendencia", como sigue:

"Primero. Procedencia

"...

"Se entenderá que un asunto es importante cuando de los conceptos de violación (o del planteamiento jurídico, si opera la suplencia de la queja deficiente), se vea que los argumentos (o derivaciones) son excepcionales o extraordinarios, esto es, de especial interés; y será trascendente cuando se aprecie la probabilidad de que la resolución que se pronuncie establezca un criterio que tenga efectos sobresalientes en la materia de constitucionalidad. ..."

En consecuencia, es correcta la determinación del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenida en el proveído de treinta de octubre de dos mil tres, por el que desechó, por notoriamente improcedente, el recurso de queja (queja de queja) interpuesto por Ada Mancera Echeverría, pues dicho recurso por las consideraciones apuntadas, resulta improcedente.

SEXTO. Por último, es necesario dilucidar si es el caso de aplicar las multas establecidas en el segundo párrafo del artículo 3o. bis y en el último párrafo del artículo 103 de la Ley de Amparo, en los que se dispone:

"Artículo 3o. bis. ...

"El juzgador sólo aplicará las multas establecidas en esta ley a los infractores que, a su juicio hubieren actuado de mala fe."

"Artículo 103. ...

"Si se estima que el recurso fue interpuesto sin motivo, se impondrá al recurrente o a su representante, o a su abogado, o a ambos, una multa de diez a ciento veinte días de salario."

De los preceptos citados se desprende que procede imponer las multas cuando se hubiere interpuesto el recurso sin motivo o actuado de mala fe. En el caso, no se advierte que el recurso haya sido interpuesto sin motivo, pues desde la particular perspectiva del recurrente correspondía a este Alto Tribunal el conocimiento del recurso que presentó y el hecho de que los agravios planteados resultaran infundados, no significa que careciera de motivo, pues lo interpuso en defensa de sus derechos, tampoco se advierte que haya actuado de mala fe o con la finalidad de entorpecer el cumplimiento de la resolución pronunciada en el incidente de costas respectivo, por lo que no procede imponer multa.

En apoyo a la anterior consideración resulta aplicable, por similitud de supuestos, la jurisprudencia número 2a./J. 10/96 sustentada por la Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, marzo de 1996, página 596, del tenor siguiente:

"RECLAMACIÓN. NO PROCEDE IMPONER MULTA AUNQUE SEA NOTORIAMENTE INFUNDADO EL RECURSO, SI EL RECLAMANTE NO ACTUÓ DE MALA FE. Si del análisis objetivo de las constancias de autos y de la situación personal del recurrente se desprende que el recurso de reclamación, a pesar de ser notoriamente infundado, no fue hecho valer de mala fe, no debe multarse al promovente, ya que los artículos 103 y 3o. bis de la Ley de Amparo no establecen indistinta y categóricamente la imposición de la multa, sino que lo que se pretende es desalentar y, en su caso, sancionar a aquellos que frívola y maliciosamente hacen uso de las defensas establecidas con el solo afán de demorar la solución de un asunto."

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNICO. Es infundado el recurso de reclamación a que este toca corresponde.

Notifíquese; cúmplase, con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al tribunal de su procedencia y, en su oportunidad, archívese el expediente como concluido.

Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: Genaro David Góngora Pimentel, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y presidente Juan Díaz Romero. Fue ponente el señor Ministro Genaro David Góngora Pimentel.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18195-5f1f59fc/queja-de-queja-prevista-en-el-articulo-95 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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