APELACIÓN, AUTO DE DESECHAMIENTO. PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 152/2003-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO PRIMERO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Las ejecutorias dictadas por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver los amparos directos 264/2003 y 559/2003, en lo que a esta contradicción de tesis interesa, establecen:
Amparo directo 264/2003.
"PRIMERO. Este tribunal es competente para conocer del presente negocio de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107 fracciones V, inciso c) y VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo; 37, fracción I inciso c), 38, 144 y quinto transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por reclamarse una resolución dictada por un tribunal de alzada residente en este circuito, en donde se desechó el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva dictada en el juicio de arrendamiento inmobiliario de origen y, que nuestro Máximo Tribunal ha establecido en jurisprudencia, procede en su contra el juicio de amparo directo. En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 87/2001-PS, emitió la jurisprudencia localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, abril de 2002, tesis 1a./J. 14/2002, página 357, que dice: ‘REPOSICIÓN. ES IMPROCEDENTE ESE RECURSO CONTRA EL AUTO QUE TIENE POR DESIERTO EL DIVERSO DE APELACIÓN Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA).’ (se transcribe). Cabe destacar que la anterior jurisprudencia resulta aplicable en la especie por identidad jurídica, pues de la ejecutoria en la que se sustentó tal criterio de autoridad se advierte que se consideró en lo que interesa: ‘Ahora bien, es pertinente mencionar que el análisis del presente asunto se constreñirá exclusivamente a determinar si en contra del auto multicitado procede o no, en principio el recurso de reposición, para con ello determinar la procedencia del juicio de amparo directo; de tal manera que se llegará a una conclusión aplicable en exclusiva, al orden civil. Lo anterior es así, en virtud de que, se reitera, la tesis que en su caso habrá de prevalecer con carácter de jurisprudencia no abarcará un aspecto genérico aplicable en cualquier materia, pues únicamente deberá clarificarse la interrogante relativa a la procedencia del juicio de amparo, tratándose del auto que declara desierto el recurso de apelación, dictado en términos de la legislación civil del Estado de Oaxaca. Por tanto, es válido estimar que la tesis correspondiente irá dirigida al campo de esta clase de procedencia específica para acudir al juicio de amparo. Una vez delimitada la materia de contradicción, procede determinar qué tesis debe prevalecer con carácter de jurisprudencia. QUINTO. A juicio de esta Primera Sala, debe prevalecer con carácter de jurisprudencia la tesis cuyos rubro y texto se asentarán en ulteriores líneas. Previamente al examen fundamental, es conveniente recordar lo que señala el Código de Procedimiento Civiles para el Estado de Oaxaca, en los términos siguientes: «Artículo 668.» (se transcribe). «Artículo 401.» (se transcribe). «Artículo 403.» (se transcribe). Como puede apreciarse de las transcripciones anteriores, el artículo 668 de la legislación procesal civil del Estado de Oaxaca establece que los decretos y autos del Tribunal Superior, aun aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición que se sustanciará en la misma forma que la revocación. Asimismo el artículo 401 prevé que las sentencias causan ejecutoria por declaración judicial cuando se interpuso recurso, pero no se continuó en forma y términos legales o se desistió de él la parte o su mandatario con poder o cláusula especial y finalmente el artículo 403 establece que el auto en que se declara que una sentencia ha causado o no ejecutoria, no admite más recurso que el de responsabilidad. En tal virtud, en primer término, esta Primera Sala estima conveniente efectuar el estudio y pronunciamiento respectivo por lo que se refiere a la procedencia del recurso de reposición contra el auto que se reclama, para después resolver la procedencia de la vía en el juicio de garantías. Así, válidamente debe sostenerse que no obstante que el artículo 668 del Código de Procedimientos Civiles de Oaxaca establezca la regla general de que procede el recurso de reposición en contra de autos emitidos por el tribunal de alzada y, en el caso concreto, el acto reclamado efectivamente constituye un auto que se dio en esa instancia, lo cierto es que el mencionado acto debe aplicarse la regla especial y sostener que es de aquellos que causan ejecutoria por declaración judicial. En efecto, el auto que declara desierto el recurso de apelación, en realidad equivale a un auto que declara ejecutoriada una sentencia y, por tanto, no procede en su contra el recurso de reposición. El anterior criterio tiene su fundamento en lo dispuesto por los artículos 401, fracción III y 403 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, cuyo contenido se transcribió en párrafos anteriores y que ordenan que causan ejecutoria por declaración judicial, aquellas sentencias contra las que se interpuso recurso, pero no se continuó en forma y términos legales y que existe obligación del tribunal o del Juez, en su caso, de hacer la declaratoria correspondiente; de lo que se concluye que el auto que declara que una sentencia ha causado o no ejecutoria no admite más recurso que el de responsabilidad que, en realidad, no es un recurso, porque no tiene por objeto modificar, nulificar o revocar el correspondiente acuerdo. En atención a todo lo anterior, a juicio de esta Primera Sala, cuando el acto reclamado es una determinación que pone punto final a la segunda instancia, dando por terminada ésta, concluyendo el recurso de apelación y poniendo fin al juicio, resulta que de conformidad con el artículo 158 de la Ley de Amparo, en su contra procede el juicio de amparo directo, pues éste es procedente contra sentencias definitivas o laudos y «resoluciones que pongan fin al juicio», dictadas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales no proceda ningún recurso ordinario, por el cual puedan ser modificadas o revocadas; en tal virtud, el juicio de garantías debe tramitarse como amparo directo y no como indirecto.’. Como se ve, la anterior ejecutoria se fundó esencialmente en los artículos 401, 403, fracción III y 668 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, los cuales son del mismo contenido que los numerales 426, 427, 429 y 686 del Código de Procedimiento Civiles para el Distrito Federal, los cuales, prevén: ‘(se transcriben)’. Acorde a lo anterior es evidente que como ya se ha dicho, en el caso cobra aplicación la jurisprudencia de mérito por identidad jurídica y por ello, este Tribunal Colegiado es legalmente competente para conocer del presente asunto." (fojas 86 a 105 ídem).
Amparo directo 559/2003.
"QUINTO. De conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, este Tribunal Colegiado analiza de oficio la procedencia del juicio de garantías, ya que es un presupuesto procesal de orden público y estudio preferente. Es aplicable, la jurisprudencia número 814, visible en la página 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, que dice: ‘IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.’. En el presente caso se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el numeral 192, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, los dispositivos legales invocados, por su orden, establecen textualmente: ‘Artículo 73.’ (se transcribe). ‘Artículo 192.’ (se transcribe). Del numeral últimamente transcrito, se advierte que la jurisprudencia que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya sea funcionando en Pleno o en Salas será obligatoria, entre otros, para los Tribunales Colegiados de Circuito. Ahora bien, la jurisprudencia número 17, común al Pleno y Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 12, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, establece lo siguiente: ‘ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA.’ (se transcribe). En el caso concreto, la sentencia reclamada constituye un acto derivado de otro que fue consentido por la parte hoy quejosa, al no haber combatido el auto en el que se declaró desierto el recurso de apelación que interpusieron en contra de la sentencia de primera instancia, toda vez que se advierte que por auto de treinta y uno de octubre de dos mil dos, la Sala responsable proveyó lo siguiente: (lo transcribe). Como se ve, los hoy quejosos interpusieron recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, sin embargo, dicho recurso se declaró desierto por falta de expresión de agravios, por lo que con su omisión consintieron tácitamente dicha determinación, declarándose firme la sentencia de primer grado y, por ende, la sentencia reclamada dictada por la autoridad responsable, Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en el toca de apelación número 3033/2002, que confirmó en sus términos la de primer grado, constituye un acto derivado de otro que fue consentido por la parte quejosa. Ahora bien, si en la sentencia de primer grado se declaró procedente la vía especial hipotecaria y se condenó a la parte demandada (hoy quejosa) al pago de la cantidad de $2’560,113.00 (dos millones quinientos sesenta mil ciento trece pesos 00/100 moneda nacional) como suerte principal, así como el pago de intereses ordinarios y moratorios, y si bien los hoy quejosos interpusieron recurso de apelación en su contra, sin embargo, dicho recurso se declaró desierto por falta de expresión de agravios, por lo que con su omisión consintieron tácitamente dicha determinación, declarándose firme la sentencia de primer grado y, por ende, la sentencia reclamada dictada por la autoridad responsable, Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en el toca de apelación número 3033/2002, que confirmó en sus términos la de primer grado, constituye un acto derivado de otro que fue consentido por la parte quejosa ... por ende, el amparo resulta improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis visible en la página 52, Tomo I, Segunda Parte-1, enero a junio de 1998, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: ‘ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. FUNDAMENTO DE LA IMPROCEDENCIA.’ (se transcribe). A mayor abundamiento debe señalarse que los quejosos no interpusieron el juicio de amparo que procedía, en contra del auto de fecha treinta y uno de octubre de dos mil dos en que se les declaró desierto el recurso de apelación que interpusieron en contra de la sentencia definitiva y firme dicho fallo únicamente en cuanto a la parte demandada, atento a lo dispuesto en la contradicción de tesis número 87/2001-PS, que emitió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 357, Tomo XV, abril de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del contenido siguiente: ‘REPOSICIÓN. ES IMPROCEDENTE ESE RECURSO CONTRA EL AUTO QUE TIENE POR DESIERTO EL DIVERSO DE APELACIÓN Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA.’ (se transcribe). Cabe destacar que la anterior jurisprudencia resulta aplicable en la especie por identidad jurídica, pues de la ejecutoria en la que se sustentó tal criterio de autoridad se advierte que consideró en lo que aquí interesa lo siguiente: ... Similar criterio sustentó este Tribunal Colegiado en el amparo directo 264/2003, mismo que fue resuelto por unanimidad de votos en sesión del día ocho de mayo de dos mil tres." (fojas 156 a 202 ídem).
Las consideraciones vertidas en la anterior ejecutoria dieron lugar al siguiente criterio aislado:
"AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA DE PRIMERA INSTANCIA. De lo previsto en los artículos 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo, y 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se desprenden los supuestos en que procede el juicio de amparo directo, que son: a) cuando se reclame una sentencia definitiva o laudo, o b) cuando el acto reclamado sea una resolución que ponga fin al juicio. Ahora bien, el auto o resolución emitido por la Sala que desecha el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de primer grado constituye una determinación que pone fin a la instancia, así como al juicio en contra del cual no procede recurso ordinario alguno. Consecuentemente, acorde con lo establecido en el artículo 158 de la Ley de Amparo, dicha resolución es reclamable a través del juicio de amparo directo."
CUARTO. Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver los amparos en revisión 1083/2002, 1623/2002 y los amparos directos 15123/2001 y 15083/2001, en lo que a esta contradicción de tesis interesa, manifestó lo siguiente:
Amparo en revisión 1083/2002.
"CUARTO. En principio, resulta pertinente puntualizar que el recurrente aduce, esencialmente, que el Juez de Distrito se abstuvo de examinar íntegramente la demanda de garantías de la que se advierte el reclamo de la inconstitucionalidad del artículo 693 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que en su caso, lo eximía de interponer los recursos que procedieran contra la resolución del diecinueve de octubre de dos mil uno, dictada en el juicio de arrendamiento inmobiliario número 390/2001, en la que el Juez natural negó dar trámite al recurso de apelación interpuesto por el actor (recurrente), contra la sentencia dictada en primera instancia, por lo que no se surte de manera clara e indudable la causa de improcedencia invocada en la resolución recurrida. ... En concordancia con lo anterior, cabe señalar que para el examen de la demanda de garantías en amparo indirecto donde se reclama la inconstitucionalidad de normas generales, cuyo acto de aplicación dimana de un procedimiento judicial, en primer término debe determinarse si el acto reclamado fue dictado dentro o fuera de juicio o después de concluido, para estar en aptitud de estudiar la procedencia o improcedencia de aquél, pues tratándose de actos dictados dentro del juicio se necesita que se tenga sobre las personas o sobre las cosas una ejecución de imposible reparación, requisito éste que no es exigido en los demás supuestos ... En otras palabras, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, en relación con los diversos 114, fracción IV y 158 último párrafo, de la Ley de Amparo, la vía idónea para reclamar una cuestión surgida dentro del juicio, que sea de imposible reparación, relativa a la constitucionalidad de leyes, tratados internacionales o reglamentos, es el amparo indirecto ante el Juez de Distrito o Tribunal Unitario de Circuito, lo que de suyo permite inferir que en este supuesto la existencia de la imposible reparación resulta ser un requisito esencial para la procedencia de esa vía, cuestión que no es exigida tratándose de actos dictados fuera de juicio o después de concluido, de ahí que sea necesario que ante la presencia de una demanda de amparo donde se reclame la inconstitucionalidad de normas generales, se establezca previamente la naturaleza del acto; determinación que lógicamente sólo puede realizar el juzgador analizando en su integridad el escrito relativo. En ese contexto, es de capital importancia recordar que el artículo 114 de la Ley de Amparo fija la procedencia del juicio de amparo indirecto en los siguientes términos: (se transcribe) ... De la disposición transcrita se advierte que las referidas fracciones III y IV, tienen una estrecha relación e identificación con los actos que son dictados por los órganos jurisdiccionales, pero la procedencia del amparo directo contra éstos, está determinada en parte en el momento procesal en que son emitidos, esto es, si surgen dentro del juicio o después de concluido. En ese orden de ideas, conviene precisar lo que debe entenderse por ‘juicio’ para los efectos del juicio de amparo ... Así, el proceso o juicio es la concatenación de actos provenientes de un órgano del Estado tendiente a la resolución de un litigio mediante la realización de la voluntad de la ley, ya que la ley, al regular la conducta humana, prevé la existencia de posibles litigios y la forma de dirimirlos, lo cual se lleva a cabo mediante los mecanismos que ella establece por parte de los órganos específicos. Lo anterior permite suponer que una vez que existe un pronunciamiento (plasmado en una sentencia), en un sentido o en otro por parte del órgano al cual se encomendó dicha labor, en ese preciso momento queda dirimido el conflicto, desaparece el litigio y con él la razón del ser del juicio... De estas consideraciones se puede sostener que la terminación del juicio se actualiza con el pronunciamiento de fondo que haya puesto fin al litigio planteado por las partes (sentencia), o una imposibilidad surgida para dirimir la controversia. Entonces, por regla general, los actos que son dictados en el proceso son aquellos emitidos hasta la sentencia de primer grado con la que culminó natural y normalmente el litigio o los emitidos en el recurso que se haya interpuesto contra ese fallo primario y anteriores a la sentencia con la que culmine la segunda instancia, (por ejemplo sobre pruebas supervenientes); y, entonces, los actos fuera de juicio, son todos los que sean pronunciados con posterioridad a esos eventos, siempre que la actuación se desarrolle en el mismo expediente. Todo lo anterior permite concluir que el acuerdo que niega el trámite del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, es un acto dictado después de concluido el juicio, ya que se actualizó una vez fallado aquél en el primer grado y ante el obstáculo de abrirse la segunda instancia, precisamente por la no admisión de la apelación y, por tanto, susceptible de atacarse, en su caso, por la vía de amparo indirecto, de conformidad con el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo. Por tal motivo, siguiendo que el acto de aplicación de la norma fue dictado después de concluido el juicio, procede determinar si el quejoso debía observar o no el principio de definitividad, consagrado en parte en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, como lo sostuvo el Juez de Distrito en la resolución recurrida ..." (fojas 15 a 53 ídem).
Amparo en revisión 1623/2002.
"CUARTO. Los agravios son infundados unos y esencialmente fundados otros. Es infundado el argumento contenido en su segundo agravio, consistente en que fue ilegal que el Magistrado que dictó la resolución recurrida, se declarara competente para conocer del asunto, porque el acto reclamado que declara firme la sentencia dictada en primera instancia, pone fin al juicio, y en su contra procede el amparo directo del cual debe conocer un Tribunal Colegiado. Es así, porque conforme a los artículos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin al juicio. Sentencia definitiva es aquella que decide el juicio en lo principal y respecto de la cual las leyes comunes no concedan recurso ordinario alguno en virtud del cual pueda ser modificada o revocada; mientras que la resolución que pone fin al juicio, es la que sin decidir el juicio en lo principal, lo da por concluido y respecto de la cual las leyes comunes tampoco conceden recurso ordinario alguno. Esas dos son las únicas resoluciones con que puede terminar un juicio. De manera que el auto que declara ejecutoriada una sentencia, no se trata de una resolución que ponga fin al juicio, porque en él no se determina obstáculo alguno que haga imposible pronunciarse en cuanto al fondo del asunto; luego, en ese caso el juicio concluye con el pronunciamiento de fondo que puso fin al litigio planteado por las partes. Consecuentemente, tal determinación en un acto que se dicta después de concluido el juicio y, por ende, es impugnable a través del juicio de amparo indirecto, porque se ubica dentro de la hipótesis de procedencia establecida en el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se identifica con el número 1a./J. 83/2001, publicada en la página 21, Tomo XIV, noviembre de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del texto siguiente: ‘SENTENCIA. EL AUTO QUE LA DECLARA EJECUTORIADA ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR TRATARSE DE UN ACTO DICTADO DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO.’ (se transcribe) ..." (fojas 55 a 82 ídem).
Amparo directo 15123/2001.
"ÚNICO. Resulta innecesario transcribir la resolución reclamada a la Quinta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, por haberse realizado en el resultando cuarto de esta ejecutoria, ni los conceptos de violación que en su contra se hacen valer, ya que este Tribunal Colegiado carece de competencia legal para conocer del presente juicio de garantías por las siguientes razones: El artículo 158 de la Ley de Amparo dispone textualmente lo siguiente: ‘Artículo 158.’ (se transcribe). Por su parte el artículo 46 de la misma ley es del tenor que sigue: ‘Artículo 46.’ (se transcribe). En el caso, el acto reclamado se hizo consistir en el auto pronunciado por la Sala responsable el diez de septiembre del año dos mil uno, en la que declara la no admisión del recurso de apelación interpuesto por la parte actora en el juicio natural, auto este que tiene como consecuencia necesaria el dejar firme la sentencia de primera instancia recurrida, esto es, el que la misma se declare ejecutoriada. La sentencia pronunciada en primera instancia resolvió la cuestión de fondo controvertida, declarando procedente la vía ordinaria civil intentada por el hoy quejoso, en la que la parte actora no probó su acción, y el codemandado acreditó su defensa de falta de acción y de derecho, por lo que se absuelve a la parte demandada de la acción intentada en su contra. Ahora bien, un juicio puede terminar mediante sentencia definitiva en la que se resuelve en lo principal, o bien mediante resolución que ponga fin al juicio, y por esta última debe entenderse aquella que sin decidir el juicio en lo principal, lo da por concluido y respecto del cual las leyes comunes no conceden recurso ordinario alguno, y en ese supuesto en contra de esas resoluciones procede el juicio de amparo directo. Así, para considerar que se está frente a una resolución que pone fin al juicio, en contra de la cual procede el amparo directo, es necesario que en éste no se haya resuelto el fondo de la cuestión controvertida, mediante la resolución de primer grado. Luego, para la existencia de una resolución de esa naturaleza, éstas deben actualizarse antes de que se defina el juicio en lo principal; por ello, es necesario que exista todavía el juicio y que por alguna circunstancia hubiere terminado antes de que se emita la sentencia que lo resuelve en cuanto al fondo. En efecto, una resolución que pone fin al juicio no puede surgir con posterioridad, es decir, cuando ya se emitió sentencia fallando el fondo, porque entonces se estaría en presencia de actos dictados después de concluido el juicio, en cuyo caso la procedencia del amparo estaría fundada en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, que contiene una de las hipótesis de procedencia del amparo indirecto, que se tramita ante un Juez de Distrito. Conforme a lo anterior, en el caso el acto reclamado no es una resolución que ponga fin al juicio, pues fue dictada cuando ya existía una resolución, que aun de primera instancia, ya había resuelto el juicio en lo principal, en la que se decidió sobre la improcedencia de la acción y se absolvió a los demandados de las prestaciones reclamadas. Al expresar el tercer párrafo del artículo 46 de la Ley de Amparo que las resoluciones que ponen fin al juicio, son las que lo dan por concluido sin resolverlo en lo principal, quiere decir que estas resoluciones no versan sobre la materia de fondo controvertida, en la que se condene o absuelva a las partes, sino que lo dan por concluido en virtud de la actualización de un obstáculo jurídico o de hecho que impidió la admisión de la demanda o decidir sobre el fondo de la controversia. En el caso, el auto que tiene por no interpuesto el recurso de apelación que se hizo valer en contra de la sentencia que resuelve el fondo del juicio en la primera instancia, no cumple con los extremos del párrafo tercero del artículo 46 de la Ley de Amparo, puesto que en él no se establece alguna imposibilidad de abordar el fondo, en virtud de que ya hubo un pronunciamiento acerca del asunto en lo principal; por tanto el acto reclamado es un acto de naturaleza informativa, dictado después de concluido el juicio, ya que ese acuerdo no puede considerarse que pone fin al juicio, porque éste termina con la sentencia de fondo y después de ello las resoluciones que se emitan no podrán de forma alguna darlo por concluido. Cuando en un juicio se decide un recurso de apelación analizando el fondo, entonces la sentencia de primer grado queda sustituida y en ese caso la sentencia definitiva sería la que se emita por el superior jerárquico, porque la controversia se centraría en la correcta o incorrecta decisión del Juez de primera instancia. Empero si no se decidió como en el caso, el juicio en lo principal y el procedimiento ya concluyó con la sentencia definitiva de primera instancia, no existe ya la posibilidad de considerar a los actos subsecuentes como actos que pongan fin al juicio, porque éste ya concluyó y el acto reclamado no decidió el fondo del asunto, ya que fue desechado el medio en cuya virtud la Sala responsable realizaría el análisis respectivo. Al respecto, es aplicable por analogía el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 113/2000-PS, en la tesis jurisprudencial número 1a./J. 83/2001, publicada en la página 21, Tomo XIV, noviembre del dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyos rubro y texto son como sigue: ‘SENTENCIA. EL AUTO QUE LA DECLARA EJECUTORIADA ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR TRATARSE DE UN ACTO DICTADO DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO.’ (se transcribe) ..." (fojas 110 a 126 ídem).
Amparo directo 15083/2001.
"ÚNICO. Resulta innecesario transcribir la resolución reclamada a la Quinta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, así como los conceptos de violación que en su contra se hacen valer, ya que este Tribunal Colegiado carece de competencia legal para conocer del presente juicio de garantías por las siguientes razones: El artículo 158 de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda en los términos establecidos por las fracciones V y VI del artículo 107 constitucional y procede contra sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, y por violaciones de garantías cometidas en las propias sentencias o resoluciones indicadas. Por su parte el artículo 47 de la misma ley dispone que se entenderán por sentencias definitivas las que decidan el juicio en lo principal y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario en virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas y que se entenderán por resoluciones que ponen fin al juicio, aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido, y respecto de las cuales las leyes comunes no conceden ningún recurso ordinario en virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. Finalmente la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en su artículo 37, fracción I, inciso c), preceptúa que con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de la misma ley, son competentes los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer de los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas, o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate en materia civil o mercantil, de sentencias o resoluciones respecto de las que no proceda el recurso de apelación, de acuerdo a las leyes que las rigen, o de sentencias o resoluciones dictadas en apelación en juicios del orden común o federal. En el caso, el acto reclamado proviene de un procedimiento especial de cancelación, reposición y en su momento pago de título de crédito, fundada en los artículos 42, 44 y siguientes de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en donde se emitió sentencia co
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18250-1f230f32/apelacion-auto-de-desechamiento-procede-en-su-contra · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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