INDICIOS. REQUISITOS PARA QUE GENEREN PRESUNCIÓN DE CERTEZA.
AMPARO DIRECTO 10124/2003. GUILLERMO ESCALANTE NUÑO.
CONSIDERANDO:
QUINTO. Los conceptos de violación aducidos resultan en parte infundados, en otra fundados pero inoperantes, y finalmente fundados, motivo por el cual lo procedente es conceder el amparo solicitado.
Previo a emitir las razones por las cuales este Tribunal Colegiado califica de esa manera a los conceptos de violación, se estima necesario hacer una relación de las constancias de autos.
El dieciséis de febrero de dos mil dos, Juan Huberto de Luna Santoyo, en su carácter de promitente comprador y Guillermo Escalante Nuño, como promitente vendedor, celebraron "contrato de promesa de compraventa" en el que se pactó:
1. El promitente vendedor se obligó a enajenar el inmueble identificado como el departamento quinientos uno, ubicado en Avenida Azcapotzalco La Villa número mil ciento treinta y tres, de la colonia San Bartolo Atepehuacán, Delegación Gustavo A. Madero de esta ciudad.
2. El precio de la operación sería por la cantidad de $900,000.00, que se pagaría de la siguiente forma:
a) Un Jetta Gls negro, modelo 2000, que se entregaría a la firma del contrato y se le asignó un valor de $145,000.00.
b) Un Jetta Gls blanco, modelo 1999, que se entregaría en los siguientes 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato, y al que se le asignó un valor de $140,000.00.
c) Un departamento ubicado en Avenida Lindavista número doscientos ochenta y cinco, interior diecinueve, colonia Lindavista, equivalente a $450,000.00, que sería entregado el veinte de abril de dos mil dos y "podrá ser escriturado después del mes de agosto del mismo año".
d) El saldo de $165,000.00 sería cubierto a más tardar en enero de dos mil tres.
3. El inmueble materia de la litis se entregaría ciento veinte días después de que se entregara el anticipo, siempre y cuando se hubieran hecho los pagos antes citados, hasta el inciso c), ya que el inciso d) tiene un plazo mayor.
Lo anterior, pone de manifiesto que a pesar de que las partes nombraron al basal como contrato de promesa de compraventa, lo cierto es que en realidad se trata, como lo aduce el quejoso, de un contrato de permuta.
En efecto, los artículos 2245, 2246, 2248, 2249, 2250, 2327 y 2331 del Código Civil para el Distrito Federal, disponen:
"Artículo 2245. La promesa de contrato sólo da origen a obligaciones de hacer, consistentes en celebrar el contrato respectivo de acuerdo con lo ofrecido.
"Artículo 2246. Para que la promesa de contratar sea válida debe constar por escrito, contener los elementos característicos del contrato definitivo y limitarse a cierto tiempo."
"Artículo 2248. Habrá compraventa cuando uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho, y el otro a su vez se obliga a pagar por ellos un precio cierto y en dinero."
"Artículo 2249. Por regla general, la venta es perfecta y obligatoria para las partes, cuando se han convenido sobre la cosa y su precio, aunque la primera no haya sido entregada, ni el segundo satisfecho."
"Artículo 2250. Si el precio de la cosa vendida se ha de pagar parte en dinero y parte con el valor de otra cosa, el contrato será de venta cuando la parte de numerario sea igual o mayor que la que se pague con el valor de otra cosa. Si la parte en numerario fuere inferior, el contrato será de permuta."
"Artículo 2327. La permuta es un contrato por el cual cada uno de los contratantes se obliga a dar una cosa por otra. Se observará en su caso lo dispuesto en el artículo 2250."
"Artículo 2331. Con excepción de lo relativo al precio, son aplicables a este contrato las reglas de la compraventa, en cuanto no se opongan a los artículos anteriores."
De acuerdo con los numerales transcritos, si las partes al celebrar el contrato base de la acción pactaron tanto la materia de la compraventa como el precio, no puede estimarse que se trate de un contrato de promesa de compraventa, sin embargo, tampoco se trata de un contrato de compraventa sino de permuta pues, en el caso, el precio pactado de $900,000.00 se pagaría tanto en dinero como en especie y el valor del numerario es inferior al precio que se le otorgó a los bienes muebles y al inmueble descritos en la cláusula segunda del contrato de mérito.
Empero, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2331 del Código Civil, las reglas que rigen al contrato de compraventa son aplicables a los contratos de permuta.
Ahora bien, por lo que hace a la materia de la litis del juicio natural, el actor demandó de Guillermo Escalante Nuño, el cumplimiento del contrato de dieciséis de febrero de dos mil dos y, como consecuencia, la entrega del bien inmueble identificado como departamento quinientos uno, ubicado en Avenida Azcapotzalco La Villa número mil ciento treinta y tres, de la colonia San Bartolo Atepehuacán, Delegación Gustavo A. Madero, en esta ciudad; el otorgamiento de la escritura pública; y, el pago de daños y perjuicios y los gastos y costas.
Cabe mencionar que la demanda se interpuso el veintisiete de septiembre de dos mil dos, esto es previo a la fecha en que vencieron sus obligaciones, pues el pago de la cantidad de $165,000.00 debía cubrirse en enero del año en curso.
Sin embargo, durante la tramitación del juicio, por escrito presentado el treinta de enero de dos mil tres, el actor exhibió el billete de depósito por la cantidad de $165,000.00, y solicitó al juzgador "que dicho billete de depósito no se ponga a disposición del demandado Guillermo Escalante Nuño, hasta en tanto no concluya el presente juicio y se me haga entrega del bien inmueble materia del presente contrato".
El enjuiciado, al contestar la demanda instaurada en su contra, negó acción y derecho al actor para reclamar las prestaciones solicitadas, y adujo que éste no había cumplido con sus obligaciones.
Ahora bien, las obligaciones de las partes son las siguientes:
El vendedor está obligado a transmitir el dominio de la cosa, conservar la cosa hasta el momento de su entrega al comprador, entregar la cosa, responder de los vicios o defectos ocultos de la cosa vendida, garantizar una posesión pacífica, responder del saneamiento para el caso de evicción, pagar por mitad los gastos de escrituración y del registro (salvo convenio en contrario), pagar los gastos de la cosa vendida y, por último, las obligaciones fiscales.
Por su parte, el comprador está obligado a pagar el precio, recibir la cosa comprada, pagar por mitad los gastos de escrituración y del registro (salvo convenio en contrario) y, en su caso, pagar el impuesto de adquisición de bienes inmuebles e impuesto al valor agregado.
Uno de los efectos del contrato es la obligatoriedad, pues el acuerdo de voluntades de los contratantes tiene fuerza de ley entre las partes.
El Código Civil para el Distrito Federal determina que el pago deberá hacerse del modo en que se pactó y nunca podrá hacerse parcialmente, sino en virtud de convenio expreso o de disposición de la ley; además, que se hará en el tiempo designado en el contrato.
En tales condiciones, si se toma en cuenta que una compraventa es un contrato sinalagmático perfecto, cuyas obligaciones esenciales son recíprocas e interdependientes, se puede afirmar que si una de las partes no cumple, conforme se convino, con las obligaciones a su cargo, no puede exigir judicialmente a la otra que cumpla con la obligación de ella.
En efecto, tratándose del contrato de compraventa, el pago del precio por el comprador es condición para el ejercicio de la acción en que se demande el cumplimiento del acuerdo de voluntades, e indispensable para que el actor obtenga sentencia favorable, pues el artículo 1949 del Código Civil dispone que: "La facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliera lo que le incumbe. ..."
Del precepto antes transcrito, se sigue que si una parte no cumple con las obligaciones a su cargo, conforme se pactó, carece de derecho para exigir a la otra el cumplimiento o rescisión y, cuando uno de los contratantes en un acuerdo bilateral cumpla su obligación, está facultado para exigir la rescisión o el cumplimiento del mismo, en caso de incumplimiento de su contraparte.
Por tanto, a fin de que proceda la acción intentada por el actor, éste debe acreditar haber cumplido en tiempo con las obligaciones a su cargo derivadas del contrato base de la acción.
En tales condiciones, el actor se encontraba obligado a demostrar que entregó al demandado un Jetta Gls negro, modelo 2000, un Jetta Gls blanco, modelo 1999 y el departamento ubicado en Avenida Lindavista número doscientos ochenta y cinco, interior diecinueve, colonia Lindavista, pues la cantidad de $165,000.00, en la fecha en que se demandó no era exigible, además de que era un pago que supuestamente se recibiría después de que el vendedor entregara el inmueble materia de la controversia.
Ahora bien, la responsable al modificar la sentencia de primera instancia consideró en lo que respecta al cumplimiento de las obligaciones del actor que:
1. El actor acreditó con base en sus probanzas los elementos constitutivos de su acción.
2. De las documentales relativas a las cartas responsivas de dieciséis de febrero y nueve de marzo de dos mil dos, se desprende el cumplimiento por parte del comprador de entregar, al ahora quejoso, los automóviles descritos en los incisos a) y b) del contrato base de la acción, lo que se corrobora con el resultado de la prueba de confesión a cargo del demandado, quien reconoció que el actor le hizo entrega de los bienes muebles referidos.
3. Respecto al bien inmueble que el comprador debía entregar al enjuiciado, se adminiculó el contenido del pacto de voluntades plasmado en el básico, con la documental consistente en el recibo 015 expedido por "Inmoviliaria (sic) La Villa, Sociedad Anónima de Capital Variable", de veinticinco de abril de dos mil dos, expedido a favor de Juan Huberto de Luna, recibo provisional por concepto de apartado del departamento número quinientos uno, contra entrega del departamento ubicado en Avenida Lindavista número doscientos ochenta y seis, interior diecinueve, documental que no fue objetada, por lo que goza de pleno valor probatorio y, por ende, de eficacia probatoria, al no haber sido controvertida.
4. El a quo acertadamente determinó que Juan Huberto de Luna Santoyo justificó sus pretensiones al favorecerle el contenido de dicha documental máxime que, de la instrumental de actuaciones y de la presuncional en su doble aspecto, se evidencia el cumplimiento de las obligaciones a que se obligó el comprador.
5. La parte demandada, en relación con la prueba de confesión a su cargo negó las posiciones relativas a que el comprador le hizo entrega por conducto de Paola Amezcua del departamento que se comprometió a dar como pago parcial.
6. Sin embargo, de la instrumental de actuaciones concatenada con la presuncional legal y humana, así como con el recibo de veinticinco de abril de dos mil dos, que no fue objetado, y con la documental relativa a la copia simple de la factura 12839 (de uno de los automóviles), de la que se desprende que fue recibida por Paola Amezcua y a su vez contiene firma autógrafa, acreditan el cumplimiento dado por el comprador, pues el demandado al desahogar la confesión a su cargo, reconoció que el comprador le hizo entrega del automóvil modelo 1999, y reconoció conocer a Paola Amezcua.
7. Si bien es cierto que las partes establecieron lo relativo a la escrituración del inmueble ubicado en Avenida Lindavista número doscientos ochenta y cinco, interior diecinueve, de una recta interpretación del inciso respectivo se llega a la conclusión de que ésta era una facultad que en cualquier momento podría producirse, ya que las partes establecieron que el mismo "podrá" ser escriturado después del mes de agosto de dos mil dos, por lo que no se trata de una obligación que necesariamente debió satisfacerse en el mes de agosto, como pretende el apelante.
8. Al no haber justificado el recurrente con medio de prueba idóneo que se haya actualizado dicho supuesto, y que a su vez el comprador lo haya incumplido, los argumentos vertidos en la apelación no son de tomarse en cuenta.
9. Además, el testigo de la parte actora adujo que sabía que el inmueble ubicado en Lindavista doscientos ochenta y cinco, interior diecinueve, se iba a escriturar a nombre de Guillermo Escalante, dicho que no fue controvertido con medio de prueba alguno.
10. Si bien es cierto que la parte actora consignó el pago restante de la cantidad convenida mediante billete de depósito y, en su escrito respectivo, condicionó la entrega hasta en tanto no concluyera el juicio, no menos lo es que dicha cuestión resulta acorde a la naturaleza de la acción ejercitada, esto es, el actor al realizar la consignación dio cumplimiento a sus obligaciones de pago.
11. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2299 del Código Civil, cuando el comprador a plazos o con la espera del precio fuere perturbado en su derecho de posesión o tuviera justo temor de serlo, podrá suspender el pago si aún no lo ha hecho, mientras el vendedor le asegure la posesión o le dé fianza, salvo convenio en contrario, de lo que resulta que el comprador al demandar el cumplimiento del contrato se encuentra facultado para condicionar la entrega del precio hasta en tanto no se le dé posesión de lo que compró.
12. La consignación se realizó en tiempo, de acuerdo a lo estipulado en el contrato base de la acción.
13. El demandado al desahogar la confesión a su cargo, reconoció que su contraparte exhibió el billete de depósito y manifestó que tiene conocimiento que su articulante dio cumplimiento a lo convenido por las partes en el inciso d) de la cláusula segunda del basal, además de señalar que se ha abstenido de hacer entrega del inmueble materia del contrato.
14. Una vez que el enjuiciado dé cumplimiento a sus obligaciones, la cantidad consignada en el billete de depósito le será entregada.
15. Al no controvertir las consideraciones que vertió el a quo en relación con la procedencia de la acción de cumplimiento de contrato, así como tampoco controvertir los razonamientos relativos a la falta de cumplimiento respecto de la entrega del inmueble materia de la controversia, son inoperantes los agravios hechos valer.
Las anteriores determinaciones de la responsable se estiman parcialmente correctas.
En primer término, cabe destacar que, contrario a lo considerado por la Sala del conocimiento, el enjuiciado al presentar el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia, sí combatió las determinaciones del a quo relativas a la procedencia de la acción intentada, ya que sobre el particular manifestó diversos hechos por los que a su consideración el actor no había dado cumplimiento al contrato base de la acción, por lo que debía revocarse la sentencia de primera instancia, sin embargo, ello no es suficiente para conceder el amparo solicitado de conformidad con lo siguiente:
Manifiesta el quejoso en la primera parte de su primer concepto de violación, que la autoridad responsable consideró que la parte actora, ahora tercera perjudicada, dio cumplimiento total a sus obligaciones contractuales, lo cual es incorrecto, pues no debió darle pleno valor probatorio al recibo 015 expedido por Inmoviliaria (sic) Azcapotzalco La Villa, Sociedad Anónima de Capital Variable, ya que a pesar de que tal documento no fue objetado, lo cierto es que de él, lo único que se desprende es que el actor entregó un departamento a una tercera persona que nada tiene que ver con el enjuiciado, y que el recibo fue firmado por Paola Amezcua, persona que si bien es conocida del demandado, ello es insuficiente para tener por entregado en pago el departamento ubicado en Lindavista número 286, interior diecinueve, ya que lo que se acreditó es que el quejoso conoce a dicha persona, pero no que ésta esté facultada o tenga capacidad legal para recibir el departamento en cuestión.
El anterior argumento resulta infundado, pues la parte actora sí acreditó haber dado cumplimiento a sus obligaciones derivadas del basal, específicamente en lo que se refiere al inciso c) de la cláusula segunda.
En efecto, el actor se obligó a pagar el precio del inmueble materia de la litis de la siguiente forma:
a) Un Jetta Gls negro, modelo 2000, que se entregaría a la firma del contrato y al que se le asignó un valor de $145,000.00.
b) Un Jetta Gls blanco, modelo 1999, que se entregaría en los siguientes 15 días hábiles posteriores a la firma del contrato, y al que se le asignó un valor de $140,000.00.
c) Un departamento ubicado en Avenida Lindavista número doscientos ochenta y cinco, interior diecinueve, colonia Lindavista, equivalente a $450,000.00, que sería entregado el veinte de abril de dos mil dos y "podrá ser escriturado después del mes de agosto del mismo año".
d) $165,000.00 que serían cubiertos a más tardar en enero de dos mil tres.
Por lo que hace a los incisos a) y b), no existe controversia respecto, a su entrega, pues el ahora quejoso reconoció expresamente que Juan Huberto de Luna Santoyo se los entregó.
Cabe hacer notar que la factura del automóvil descrito en el inciso b), fue entregada al enjuiciado por conducto de Paola Amezcua, según se desprende de la copia de la factura 12839, en la que la firma de la citada persona aparece en original, sin que obste para lo anterior que Guillermo Escalante Nuño al desahogar la prueba de confesión ofrecida por su contraparte haya manifestado: "... ¿13. Que diga el absolvente si es cierto como lo es, que usted tiene conocimiento que a su articulante la C. Paola Amezcua G. (sic) le recibió la factura del automóvil Jetta Gls blanco, modelo 1999? Que no. Por no constarme a mí que lo haya recibido", pues al contestar las preguntas marcadas con los números once y doce, reconoció que el actor le hizo entrega del automóvil Jetta Gls blanco, modelo 1999, equivalente a la cantidad de $140,000.00, así como que firmó carta responsiva de nueve de marzo de dos mil dos, respecto al automóvil descrito.
Ahora bien, contrario a lo aducido por el peticionario de garantías, el actor acreditó haberle entregado el departamento ubicado en Avenida Lindavista número doscientos ochenta y cinco, interior diecinueve, colonia Lindavista de esta ciudad, principalmente a través de la presunción que se deriva de diversos indicios.
En efecto, el accionante para acreditar su dicho respecto a la entrega de este inmueble, ofreció la documental privada, consistente en un recibo provisional que a la letra dice:
"Inmoviliaria (sic) Azcapotzalco La Villa, S.A. de C.V.
Av. Azcapotzalco, La Villa Esq. 45 metros.
25/abril/2002 Folio N° 015
Sr. Juan Huberto de Luna.
Recibo provisional por concepto de apartado del departamento No. 501 / entrega departamento Av. Lindavista #286, Int. 19.
$ entrega / departamento cantidad con letra _____________________________________________________.
(Firmado)
_______________________
Firma de conformidad."
El ahora quejoso no objetó el recibo en cuestión, por lo que se tiene por admitido y surte sus efectos como si hubiera sido reconocido expresamente.
Ahora bien, el citado recibo fue firmado por Paola Amezcua, misma persona que recibió una de las facturas del automóvil a que se refiere la cláusula segunda, inciso b), del contrato base de la acción, y acredita la entrega del departamento con el que se cubriría el tercer pago, según lo estipulado en la cláusula segunda, inciso c), del contrato base de la acción.
En efecto, del contrato base de la acción se desprende que el actor entregaría al enjuiciado el citado departamento el veinte de abril de dos mil dos y el recibo antes transcrito se fechó el veinticinco siguiente, es decir, la entrega del departamento a Inmoviliaria (sic) Azcapotzalco La Villa, Sociedad Anónima de Capital Variable, con el cual se cubriría el tercer pago, se realizó casi en la fecha en que dicha entrega debería efectuarse.
Lo anterior evidencia que existe coincidencia en el objeto del pago y en la fecha (con una mínima diferencia) en que debería llevarse a cabo.
Además, en el recibo se estableció como concepto el apartado del departamento 501 y del contrato base de la acción se desprende que el actor adquiriría el departamento 501 de la Avenida Azcapotzalco número 1133, colonia San Bartolo Atepehuacán, Delegación Gustavo A. Madero, en esta ciudad, por lo que, asimismo, existe similitud en el concepto de pago.
Lo anterior permite presumir que la inmobiliaria citada se encontraba autorizada por el vendedor para recibir en pago, por el concepto indicado, la entrega del departamento, pues resultaría ilógico y contrario a las reglas de la lógica suponer que el actor sin motivo alguno entregara a una diversa persona (Inmoviliaria [sic] Azcapotzalco La Villa, S.A. de C.V.) el departamento a que se obligó en la cláusula segunda del contrato base de la acción, y que dicha sociedad lo haya recibido por concepto de apartado del departamento 501; esto es, el mismo número de departamento que el actor adquirió según el basal.
Asimismo, el recibo que se examina aparece firmado por Paola Amezcua, persona que es conocida del demandado, según lo reconoció al desahogar la prueba de confesión ofrecida por su contraparte, además de que el actor ofreció la documental privada consistente en la revista intitulada "Acción política, policía y espectáculos", de cuyo contenido se desprende que Guillermo Escalante Nuño es el director general y Paola Amezcua es la asistente de dirección, de lo que se desprende que Paola Amezcua no es simplemente una conocida del demandado, sino que también tienen intereses laborales.
Asimismo, se ha dejado establecido que la citada Paola Amezcua recibió la factura de uno de los automóviles que el actor se obligó a entregar al enjuiciado, así como que el demandado reconoció que recibió ese pago. De esa manera, al permitir el vendedor que Paola Amezcua recibiera la factura de uno de los automóviles, con ello se creó la apariencia de que el demandado autorizó a dicha parte a recibir pagos, apariencia que, conforme al principio de buena fe, debe ser protegida, pues se funda en las expectativas y confianza generadas por las partes.
Por ello, es irrelevante que no exista constancia en autos de que el ahora quejoso haya facultado expresamente a Paola Amezcua para recibir el departamento en cuestión.
Asimismo, el actor ofreció la resolución administrativa dictada en el expediente 1560/2002/809 de dieciséis de octubre de dos mil dos, dictada por el jefe de Servicios al Consumidor de la Procuraduría Federal del Consumidor, Delegación Gustavo A. Madero en el que consta que el domicilio para notificar tanto a Guillermo Escalante Nuño, como a Inmobiliaria Azcapotzalco La Villa, Sociedad Anónima de Capital Variable, es el ubicado en Avenida Azcapotzalco La Villa número 1133, departamento 102, colonia San Bartolo Atepehuacán, Delegación Gustavo A. Madero en esta ciudad, y que tales personas no rindieron el informe relacionado con los hechos materia de la reclamación, ni tampoco comparecieron a las audiencias de conciliación, no obstante encontrarse debidamente notificados.
De lo anterior se infiere que en el procedimiento seguido ante la Procuraduría Federal del Consumidor se notificó tanto a Guillermo Escalante Nuño, como a Inmobiliaria Azcapotzalco La Villa, Sociedad Anónima de Capital Variable, en el mismo domicilio, de lo que se sigue que no es posible considerar que el actor no le haya entregado al demandado el departamento en cuestión.
Así las cosas, con el contrato base de la acción, con el recibo número 015, expedido por Inmoviliaria (sic) Azcapotzalco La Villa, Sociedad Anónima de Capital Variable y con la copia simple de la factura número 12839 que contiene firma autógrafa de Paola Amezcua, adminiculados con la instrumental de actuaciones y con la presuncional legal y humana, se sigue que contrario a lo aducido por el quejoso, el actor acreditó plenamente haberle entregado el departamento a que se obligó en el inciso c) de la cláusula segunda del contrato base de la acción.
Las consideraciones expuestas encuentran sustento científico, y específicamente, en los principios de la lógica inferencial de probabilidad, pluralidad de indicios, pertinencia y coherencia, que a su vez encuentran respaldo en el artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
Así, en el caso existe fiabilidad de los hechos o datos conocidos, pues los indicios referidos se encuentran plenamente acreditados, ya que el enjuiciado no objetó el recibo número 015, expedido por Inmoviliaria (sic) Azcapotzalco La Villa, Sociedad Anónima de Capital Variable, ni la copia simple de la factura número 12839 que contiene firma autógrafa de Paola Amezcua, ni la resolución administrativa dictada por la Procuraduría Federal del Consumidor.
Asimismo, existe pluralidad de indicios, como son los relativos a que Paola Amezcua extendió el recibo número 015, membretado por Inmoviliaria (sic) Azcapotzalco La Villa, Sociedad Anónima de Capital Variable, y dicha persona fue la misma que recibió la factura de uno de los automóviles que el actor dio en pago y, el vendedor no desconoció facultades a la mencionada persona para recibir la mencionada factura; además, el recibo del tercer pago se extendió casi en la misma fecha para el cumplimiento de la obligación, según lo estipulado en la cláusula segunda, inciso c), del contrato base de la acción; en el recibo se hizo constar que el pago se hacía por concepto del departamento quinientos uno, mismo número de departamento que el enjuiciado se obligó a entregar a Juan Huberto de Luna Santoyo.
Del mismo modo existe pertinencia, ya que hay relación entre la pluralidad de los datos antes mencionados, esto es el departamento que se dio como pago, la fecha en que se entregó el mismo y la persona que lo recibió.
De igual forma hay coherencia, pues existe armonía o concordancia entre los datos mencionados, por lo que es creíble que el actor haya entregado el departamento a que se obligó, además de que esa consideración no pugna con las reglas de la experiencia ni contradice el sentido común, tomando en cuenta además que no existen contraindicios.
Luego, debe descartarse que la inmobiliaria hubiera recibido el departamento que el actor dio como tercer pago para ella, puesto que además de que no está demostrado que existiera una relación contractual entre el actor e Inmoviliaria (sic) Azcapotzalco La Villa, Sociedad Anónima de Capital Variable, al establecerse en el recibo correspondiente el concepto por el cual se extendió, se descarta cualquier posibilidad de fraude, de ahí lo infundado del argumento a estudio.
Lo considerado encuentra fundamento en el artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que previene que los medios de prueba aportados y admitidos, serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia y, en el caso, los principios enunciados forman parte tanto de la lógica de probabilidades como en la experiencia misma, razón por la cual, producen la convicción, en un muy alto grado de probabilidad, de que los hechos acaecieron en la forma mencionada con anterioridad, lo cual basta para tenerlos como legalmente probados.
En la segunda parte del primer concepto de violación manifiesta el quejoso que el actor no acreditó haber escriturado a su favor el departamento que según afirma dio en pago, como era su obligación, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula segunda del contrato base de la acción, por lo que la acción de cumplimiento de contrato es improcedente, pues el actor debió acreditar el cumplimiento de sus obligaciones antes de pretender y exigir el cumplimiento forzoso del contrato. De igual forma, señala que la responsable incorrectamente consideró que al pactar las partes que el departamento "podrá" ser escriturado después de agosto de dos mil dos, no era una obligación que, necesariamente, debió haberse satisfecho en ese mes, además de que puede darse el supuesto de que el enjuiciado cumpla con sus obligaciones, sin que el actor dé cumplimiento a las suyas.
Asimismo, señala el quejoso que en la sentencia no existe salvedad u obligación que cumplir por parte del comprador, antes de que se le obligue al cumplimiento forzoso, así como que no puede dársele valor probatorio a la testimonial ofrecida por el accionante, pues se trata de un testigo singular, además de que su dicho no es creíble, pues el testigo manifestó que desde diciembre de dos mil uno sabía que el departamento se iba a escriturar a favor del peticionario de garantías, siendo que el contrato base de la acción data de febrero de dos mil dos. Finalmente, aduce que con independencia de lo anterior, con el dicho del testigo no se acredita que Juan Huberto de Luna Santoyo ya haya dado cumplimiento a su obligación.
Los argumentos antes sintetizados resultan, en parte infundados y, en otra, fundados pero inoperantes.
Las cláusulas segunda, inciso c) y sexta del contrato base de la acción literalmente dicen:
"Segunda. El precio de la operación será la cantidad de $900,000.00 (novecientos mil pesos 00/100 M.N.) que el promitente comprador pagará de la siguiente forma: ...
"c) Departamento ubicado en Av. Lindavista No. 285, Int. 19, Col. Lindavista, equivalente a la cantidad de $450,000.00 (cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) el cual será entregado el día 20 de abril de 2002 y podrá ser escriturado después del mes de agosto del mismo año.
"Sexta. El promitente vendedor entregará al promitente comprador el departamento materia del presente contrato en un plazo de 120 días, contados a partir de la entrega del anticipo, siempre y cuando se hayan hecho los pagos señalados en la cláusula segunda hasta el inciso ‘C’ ya que el inciso ‘D’ tiene un plazo mayor para cubrirse, lo cual no restringe la ocupación del departamento en el plazo
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18260-d9d2b2d9/indicios-requisitos-para-que-generen-presuncion-de-certeza · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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