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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA A LOS CONCESIONARIOS DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS RESPECTO DE SU OBLIGACIÓN DE RENOVAR LAS UNIDADES CON QUE LO PRESTAN POR AFECTAR EL INTERÉS GENERAL (LEY DEL TRANSPORTE PARA EL ESTADO DE PUEBLA). SUSPENSIÓN DEFINITIVA. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA ES INDEBIDO ATENDER, SOLAMENTE, A LA CALIDAD DE ORDEN PÚBLICO DE QUE ESTÁ INVESTIDA LA LEY EN QUE SE FUNDA EL ACTO RECLAMADO.

Tipo de asunto: INCIDENTE DE SUSPENSIÓN (REVISIÓN) 65/2004. · Registro digital (IUS): 18273
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MARÍA JULIA LARA FLORES.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Agosto de 2004, , Pág. 1529.

INCIDENTE DE SUSPENSIÓN (REVISIÓN) 65/2004. MARÍA JULIA LARA FLORES.

CONSIDERANDO:

SEXTO. Es infundado el agravio esgrimido por la disconforme, en mérito de los motivos que se aducen a prosecución.

Carece de razón jurídica la revisionista cuando sostiene que debió concedérsele la suspensión de los actos reclamados, porque con esa medida cautelar no se contravienen disposiciones de orden público.

Previamente, debe tomarse en cuenta el marco jurídico que condiciona la procedencia de la suspensión del acto reclamado dentro del juicio de amparo, el cual se prevé en los artículos 107, fracción X, de la Constitución General de la República y 124 de la Ley de Amparo, los que son del siguiente tenor:

"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:

"...

"X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones y garantías que determine la ley, para lo cual se tomará en cuenta la naturaleza de la violación alegada, la dificultad de reparación de los daños y perjuicios que pueda sufrir el agraviado con su ejecución, los que la suspensión origine a terceros perjudicados y el interés público."

"Artículo 124. Fuera de los casos a que se refiere el artículo anterior, la suspensión se decretará cuando concurran los requisitos siguientes:

"I. Que la solicite el agraviado.

"II. Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público.

"Se considerará, entre otros casos, que sí se siguen esos perjuicios o se realizan esas contravenciones, cuando, de concederse la suspensión se continúe el funcionamiento de centros de vicio, de lenocinios, la producción y el comercio de drogas enervantes; se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos, o el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o bien de consumo necesario; se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, o la campaña contra el alcoholismo y la venta de sustancias que envenenen al individuo o degeneren la raza; o se permita el incumplimiento de las órdenes militares.

"III. Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto.

"El Juez de Distrito, al conceder la suspensión, procurará fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio."

De la paráfrasis de los preceptos transcritos se desprende que para el otorgamiento de tal medida cautelar el juzgador de garantías debe atender, entre otras circunstancias, a la naturaleza de la violación alegada y a los daños y perjuicios que con la suspensión se podrían originar al interés público, traducido por el legislador, este último, en la no causación de perjuicios al interés social ni la contravención de disposiciones de orden público.

Es decir, de los preceptos citados se advierte que para que se otorgue la suspensión definitiva del acto reclamado, es necesario que se dé, entre otros requisitos, el relativo a que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.

Luego, atento al contenido del artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, que hace un listado de cuáles son aquellos casos en los que se causa un perjuicio al interés social, debe decirse que tal capitulado no es limitativo sino enunciativo, lo que se robustece de la expresión "entre otros casos", razón por la cual para efectos de otorgar la medida cautelar el Juez federal debe atender a si el acto respecto del cual se solicita la suspensión con su concesión no se causaría un perjuicio al interés social, ya que tal determinación se evaluará tomando en cuenta el caso concreto bajo los elementos objetivos que traduzcan la preocupación fundamental de la sociedad, como lo es en esta revisión, según se verá, el renovar la flota vehicular del servicio público de transporte.

Por tanto, los supuestos no necesariamente deben estar contenidos en los enunciados en ese precepto, toda vez que los actos de facto cuya suspensión se solicita podrían ser análogos o discrepantes por completo, pero siempre para el pronunciamiento de la medida cautelar que se otorgue o bien, se niegue, debe hacerse teniendo como principio básico el que no se cause un perjuicio al interés social.

Por tanto, se concluye, el interés social es la garantía que tiene la colectividad sobre los bienes tutelados por las leyes en su beneficio, que se reflejan en un bienestar común.

Bajo ese orden de ideas, para determinar si con la suspensión solicitada contra la orden o impedimento de prestar el servicio público de autotransporte, se sigue perjuicio al interés social, debe atenderse a las consideraciones vertidas en el propio ordenamiento, es decir qué fin es el que se persigue con la reglamentación del servicio público de transporte, verbigracia, que uno de los pilares de la economía en la sociedad es el contar con medios de transporte efectivo que a su vez cumplan con las expectativas de la sociedad y que además sea seguro, generando en tal medida un beneficio para numerosas personas que día a día necesitan trasladarse dentro de determinado territorio; en virtud de lo anterior es palpable que tales manifestaciones evidencian un interés colectivo de la población a recibir un servicio acorde a las necesidades sociales y económicas, lo que se traduce en una medida de interés social.

Así, el artículo 70 de la Ley del Transporte del Estado de Puebla, literalmente establece:

"Artículo 70. Las concesiones que se otorguen a las personas físicas o jurídicas para prestar el servicio público de transporte, tendrán una vigencia indefinida; sin embargo, la autoridad o la comisión respectiva certificarán cada tres años, la validez de las mismas. Lo anterior no libera al concesionario de la obligación de prestar el servicio con vehículos que no excedan de diez años de antigüedad de las rutas urbanas y doce años de antigüedad en las rutas suburbanas y foráneas, ni de realizar el trámite anual que deberá efectuar en las oficinas recaudadoras de la Secretaría de Finanzas y Desarrollo Social, en términos de la Ley de Ingresos del Estado.

"La Autoridad impondrá sanciones a los concesionarios que no cumplan con lo anterior."

De la transcripción anterior se advierte que los concesionarios del servicio de transporte tienen como obligación reglamentada que los vehículos con que prestan el servicio no excedan de diez años en el caso de las rutas urbanas y de doce para las rutas suburbanas, medida que atiende, principalmente a que sea renovada la flota vehicular de los concesionarios que prestan el servicio público.

En ese marco, debe decirse que las autoridades locales o federales procuran salvaguardar el bienestar de la comunidad, el cual se ve reflejado con la expedición de los ordenamientos que regulen la convivencia social, buscando en tal medida que se genere un beneficio común dentro de la propia comunidad.

Establecido lo anterior, conviene recordar que la negativa aquí combatida tuvo como sustento primordial que, a criterio del juzgador federal, la paralización temporal resultaba improcedente, porque de decretarse se infringiría la Ley del Transporte del Estado de Puebla, en concreto, el artículo 70 reformado por decreto publicado el dieciséis de diciembre de dos mil dos. Luego, la circunstancia que impera en el pronunciamiento del Juez de Distrito, radica en que no puede suspenderse la observancia de una norma jurídica de orden público.

Criterio que parte de una premisa errónea, ya que no basta que el acto ahora reclamado se funde formalmente en una ley de interés público, que en forma expresa regula una actividad de interés social, para que la suspensión sea rechazada, pues no debe perderse de vista que todas las leyes, en mayor o menor medida son de interés social y orden público y, bajo esa perspectiva, se llegaría a la conclusión equívoca de que cualquier medida cautelar tendente a paralizar la ejecución de un acto que se base en aquéllas, ha de negarse.

Así, el concepto de orden público más que gravitar en el hecho de que las leyes revistan tal carácter, ha de partir de la no afectación de los bienes de la colectividad tutelados por las leyes, dado que lo que debe valorarse es el eventual perjuicio que pudieran sufrir las metas de interés colectivo perseguidas con el acto concreto de aplicación de la norma. De ahí que para colegir válidamente el contenido de la noción de orden público, es menester ponderar las situaciones que se llegaran a producir con la suspensión del acto reclamado, es decir, si con la medida se privará a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le inferirá un daño que de otra manera no resentiría; lo que robustece la postura de este tribunal, de apartarse de la calidad de orden público e interés social de que gozan las leyes, para decidir la procedencia de la suspensión.

De esta guisa, cabe hacer notar que la totalidad de las disposiciones que regulan el transporte se encaminan a proteger los intereses de la colectividad, en virtud de que la teleología de ellas descansa en la idoneidad del transporte, en la salvaguarda del medio ambiente y en la seguridad de los usuarios de ese servicio.

Dicha teleología es, precisamente, la que orienta el interés público de la Ley del Transporte del Estado de Puebla, empero, para aplicar el criterio del interés social y de orden público contenido en la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, no debe atenderse exclusivamente al contenido de la ley, sino que es necesario sopesar o contrabalancear el perjuicio que podría sufrir el quejoso con la ejecución del acto reclamado, que por cierto lleva imbíbita la aplicación del artículo 70 de la ley de transporte aludida, con el perjuicio que podrían sufrir las metas de interés colectivo perseguidas con el acto concreto de autoridad.

Por consiguiente, si en la especie la resolución de la autoridad administrativa, cuya paralización se requiere incidentalmente, se dirige a obligar al aquí peticionario a que preste el servicio de transporte que tiene concesionado con un vehículo que no exceda de diez años de antigüedad, es obvio que esa determinación es para favorecer el óptimo ejercicio del transporte, objetivo que repercute en el interés colectivo.

En efecto, el acto reclamado tiende a mejorar la prestación del servicio público de transporte, puesto que es un hecho notorio que un automotor que cotidianamente se ha utilizado para el transporte de pasajeros, durante un lapso aproximado de diez años, se encuentra seriamente mermado en sus condiciones mecánicas, situación que trastoca, sin duda alguna, tanto la seguridad del pasajero, como al medio ambiente, con independencia de la comodidad y tranquilidad que propicia el viajar en una unidad nueva o relativamente nueva a una que tiene más de diez años de uso continuo.

Bajo esa perspectiva, sí se afecta el interés general y, por lo mismo, los intereses colectivos, si un particular, a través del incidente de suspensión, solicita que ese mejoramiento del servicio sea paralizado, aunque sea temporalmente, debido a que, se insiste, el proceder de la autoridad competente en materia de transporte, que se concentra en mantener óptimamente la prestación del servicio, es, de ordinario, de un beneficio colectivo por la seguridad, confort y mínima contaminación ambiental que ello representa.

Entonces, la regulación perseguida por la autoridad, y que desembocó en el acto reclamado del que ahora se pide su suspensión, es de interés social; por ende, es improcedente conceder la medida cautelar de mérito, en atención a lo dispuesto en la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo.

Ciertamente, la aplicación del artículo 70 de la Ley del Transporte del Estado de Puebla, es de interés de la sociedad, al incumbirle a ésta que el servicio de transporte se desarrolle bajo circunstancias que le garanticen su seguridad física y la conservación y preservación de un entorno ambiental adecuado; propósito que no se alcanzaría de anteponer los intereses particulares y económicos de los concesionarios al bienestar colectivo.

Asimismo, en igual importancia la medida contenida en el precepto referido de la Ley de Transporte en el Estado de Puebla, va encaminada a resguardar la ecología, es decir, a no permitir que se ocasione un daño al medio ambiente, pues es obvio que los vehículos con un tiempo considerable de uso, son susceptibles de emitir más gases contaminantes.

En efecto, lo relativo al medio ambiente tiene estrecho vínculo con la salud humana, pues la existencia de ésta está condicionada con la de los elementos que la rodean, de tal manera que la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente es una cuestión que atañe a la salud pública; de ahí que las disposiciones que combatan la contaminación perjudicial o nociva a la vida, la flora, la fauna o bien, que degrade la calidad de la atmósfera sean parte de las preocupaciones fundamentales del interés público.

Bajo tales ideas, es evidente que la colectividad está interesada en el cumplimiento de los requisitos dirigidos a la prestación del servicio de autotransporte, que atienden directa o indirectamente al beneficio de la sociedad, independientemente del perjuicio que resientan los prestadores de ese servicio, porque en todo caso es mayor el daño que resentiría el interés general con la concesión de la medida suspensional, o sea se debe atender a la afectación de los derechos del interés particular, en contraposición con el perjuicio que podrían sufrir las metas de interés colectivo perseguidas con el acto de autoridad.

En esa tesitura, es claro que existe un interés general en que ese tipo de medidas de seguridad sean cumplidas, toda vez que tienden a garantizar el bienestar de la comunidad por las consecuencias fatales que la contaminación ambiental puede ocasionar y, por ende, a la salud pública. Razón por la cual, se reitera, no se cumple con el requisito de la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo.

Los argumentos matizados, conllevan a determinar que de concederse la medida cautelar solicitada de los actos reclamados se traduciría en un perjuicio al interés social, en virtud de que, se subraya, la colectividad se encuentra interesada en el respeto a la reglamentación del mismo, razón por la cual, en esta hipótesis no se cumple con el indicado requisito de procedencia, contenido en la fracción II, del artículo 124 de la Ley de Amparo.

Confirma la consideración antes alcanzada que de las constancias ofrecidas como prueba por parte de la quejosa, se advierte que el vehículo automotor con el que presta el servicio público, excede en demasía el supuesto hipotético contenido en el artículo 70 de la Ley de Transporte del Estado de Puebla (pues en la especie se trata de la prestación de servicio en una ruta urbana, vehículo que tiene que ser renovado en el lapso de diez años), razón que hace más sustentable la negativa de la medida cautelar, toda vez que lo que implicaría otorgar la referida suspensión es dejar de atender a un requisito exigido por el ordenamiento legal para la prestación del servicio en las circunstancias idóneas, a fin de que la sociedad obtenga un servicio que guarde relación con sus necesidades y que afecte en mucho menor grado al medio ambiente, siendo esos supuestos los que le interesan de manera predominante a la colectividad.

Se cita por ilustrativa la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1323, Tomo LVI, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice:

"TRÁNSITO DE VEHÍCULOS SUSPENSIÓN TRATÁNDOSE DE ORDEN PARA QUE SE CONSTRUYAN OBRAS INDISPENSABLES PARA EL MEJOR SERVICIO DEL. Conforme a los artículos 1o., fracción V y 2o. de la Ley de Vías Generales de Comunicación, tienen este carácter los ferrocarriles, y constituyen parte integrante de ellos, los terrenos que sean necesarios para el derecho de vía y los que se requieran para el establecimiento de sus servicios auxiliares, estaciones y demás dependencias, construcciones, etc., indispensables para su mejor servicio; y la suspensión debe negarse contra la orden de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas para que una empresa ferrocarrilera construya una estación y demás locales auxiliares para los servicios de la misma en determinado punto, puesto que la compañía tiene a su cargo un servicio público, y como en éste existe un interés general, es indudable que la construcción de la estación beneficia a aquél y si se concediera la suspensión, se perjudicaría ese propio interés; y aun cuando se lesione el interés particular de la quejosa, ese interés no puede estar supeditado al general; máxime, si el acto reclamado se funda en los artículos 49, 52, 122, fracción I, de dicha ley, que facultan a la Secretaría de Comunicaciones para introducir modalidades a las condiciones conforme a las cuales se haga el servicio público en la vías generales de comunicación y medios de transporte ya establecidos o que en lo sucesivo se establezcan en su calidad de servicios públicos, estando autorizada para ordenar que se lleve a cabo en las vías y medios de transporte, sus servicios auxiliares, sus dependencias y accesorios, las obras de construcción, de reparación y de conservación que sean necesarias para la mayor seguridad del público y si consta que el carro del ferrocarril que hace veces de estación en el lugar a que se refiere el acto reclamado, se encuentra en malas condiciones, por ese otro capítulo debe negarse la suspensión, pues, de concederse, se causarían, también, perjuicios al interés general."

Por las mismas razones, la tesis compartida del Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, visible en la página 175, Volumen 187-192, Sexta Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que señala:

"TRÁNSITO, LEY DE. IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN RESPECTO DE LOS ACTOS QUE TIENDAN A APLICARLA. Es improcedente conceder la suspensión de los actos consistentes en la aplicación de la Ley de Tránsito del Estado de San Luis Potosí, de acuerdo con el artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, porque la sociedad está interesada en que el movimiento de vehículos por las vías o lugares públicos y el servicio de transportes de cualquier género, esté debidamente regulado y se ajuste a disposiciones legales, ya que éstas tienden a proteger el interés de la colectividad, que descansa en la seguridad del tránsito y de la vida de las personas que se desplazan en una localidad determinada, conduciendo vehículos o en cualquier otra forma."

Por lo demás, y por mucho que el impetrador cuente con concesión para explotar el servicio público, no ha de soslayarse que no es la prueba del interés suspensional lo que motiva la negativa de la suspensión, sino el hecho de que se sigue perjuicio al interés social si se acoge la pretensión incidental aquí discutida.

No pasa inadvertida, por otra parte, la afirmación de la quejosa en el sentido de que para efectos de la negativa de la suspensión no se debe tomar en cuenta lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley de Transporte del Estado de Puebla, pues contrario a lo aducido, de las hipótesis que contiene ese precepto se deriva el interés general; máxime, que con independencia de lo antes referido, en el amparo principal será en el que efectivamente se haga un análisis sobre la legalidad del acto reclamado.

Tampoco se pasa por alto que el quejoso sostiene que el problema de fondo es la constitucionalidad del mencionado artículo 70, afirmación que resulta mendaz, porque la problemática planteada en la demanda de amparo versa sobre la aplicación de ese numeral y, de esta suerte, el tema en disputa es de mera legalidad.

Se hace la anterior puntualización, en vista de que el revisionista asegura que al resolverse sobre la afectación al interés general, se adelanta un pronunciamiento de la constitucionalidad del acto reclamado, cuestión, que a su juicio, es indebida.

En el punto traído a colación no le asiste razón a la disconforme, porque ya el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que para dirimir la procedencia de la suspensión es factible hacer una apreciación provisional de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado sin olvidar el orden público y el interés social, según se puede observar en la jurisprudencia P./J. 15/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, abril de 1996, página 16, que es del tenor siguiente:

"SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.-La suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar, cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. El primero de ellos se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. Dicho requisito aplicado a la suspensión de los actos reclamados, implica que, para la concesión de la medida, sin dejar de observar los requisitos contenidos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del derecho invocado por el quejoso, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. Ese examen encuentra además fundamento en el artículo 107, fracción X, constitucional, en cuanto establece que para el otorgamiento de la medida suspensional deberá tomarse en cuenta, entre otros factores, la naturaleza de la violación alegada, lo que implica que debe atenderse al derecho que se dice violado. Esto es, el examen de la naturaleza de la violación alegada no sólo comprende el concepto de violación aducido por el quejoso sino que implica también el hecho o acto que entraña la violación, considerando sus características y su trascendencia. En todo caso dicho análisis debe realizarse, sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esto sólo puede determinarse en la sentencia de amparo con base en un procedimiento más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta siempre que la determinación tomada en relación con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que aquélla sólo tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia de las pretensiones, en el entendido de que deberá sopesarse con los otros elementos requeridos para la suspensión, porque si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso, deberá negarse la suspensión solicitada, ya que la preservación del orden público o del interés de la sociedad están por encima del interés particular afectado. Con este proceder, se evita el exceso en el examen que realice el juzgador, el cual siempre quedará sujeto a las reglas que rigen en materia de suspensión."

En suma, el motivo toral para negar la suspensión definitiva del acto reclamado es el perjuicio que se podría seguir al interés social; de ahí que, aunque por argumentos diversos, se imponga la confirmación del sentido de la interlocutoria sujeta a revisión.

Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 90 y 91 de la Ley de Amparo; y se resuelve:

PRIMERO.-Se confirma la resolución dictada el doce de febrero de dos mil cuatro, por el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Puebla en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 162/2004.

SEGUNDO.-Se niega la suspensión definitiva a María Julia Lara Flores, en contra de los actos que reclama del secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado de Puebla, y de otras autoridades, consistentes en la orden de impedir a la concesionaria que continúe prestando el servicio público de transporte de pasajeros, bajo la modalidad de ruta fija, así como en la orden de retiro de placas de circulación al auspicio de las cuales se explota el citado servicio.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución devuélvanse los autos al juzgado de origen y, en su oportunidad, archívese este expediente.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, integrado por los Magistrados Manuel Rojas Fonseca (presidente y ponente), Ma. del Pilar Núñez González y Jaime Raúl Oropeza García.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18273-1c9b4a2d/suspension-es-improcedente-concederla-a-los-concesionarios-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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