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Modo: Corpus Pro

SENTENCIAS PENALES. LA AUTORIDAD QUE LAS DICTE ADEMÁS DE OBSERVAR LAS DISPOSICIONES QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS FORMALES DE DEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN QUE EXIGE EL NUMERAL 71 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE TABASCO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 519/2004. · Registro digital (IUS): 18327
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Septiembre de 2004, , Pág. 1690.

AMPARO DIRECTO 519/2004.

CONSIDERANDO

VI.-Es sustancialmente fundado uno de los conceptos de violación hechos valer.

Las constancias de autos ponen de manifiesto que ... promovió juicio de amparo directo contra actos de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, como autoridad ordenadora, y del Juez de Paz de Macuspana, Tabasco, como ejecutora, de quienes reclamó la sentencia de veintisiete de abril de dos mil cuatro, dictada en el toca penal 212/2004-II, formado con motivo del recurso de apelación hecho valer en contra de la sentencia dictada en la causa penal 61/2003, instruida en su contra por el delito de difamación, previsto y sancionado por el artículo 166 del Código Penal para el Estado de Tabasco, antijurídico que en la sentencia reclamada se estimó acreditado; asimismo, la plena responsabilidad de la sentenciada, motivo por el cual se le impuso la pena de seis meses de prisión y cincuenta días multa, así como la ejecución de la misma.

Es pertinente aclarar que al ser el acto reclamado una sentencia definitiva, la misma no puede ser violatoria del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como aduce la quejosa, porque éste tutela los derechos cuyas afectaciones provienen de actos transitorios o provisionales, por ende, la constitucionalidad del acto reclamado se analizará a la luz de lo previsto en el numeral 14 de nuestra Carta Magna.

Sirve de apoyo la jurisprudencia 218, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de observancia obligatoria en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, visible a página 260 y siguiente del Tomo I, Materia Constitucional, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del rubro y texto siguientes:

"ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN.-El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derecho, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familiar, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional."

Cabe precisar que la garantía de seguridad jurídica consiste, esencialmente, en el cumplimiento efectivo de todos aquellos requisitos, condiciones, elementos o circunstancias cuya observancia sea jurídicamente necesaria para que un acto de autoridad produzca, válidamente, afectación en la esfera jurídica del gobernado a sus diversos derechos; por tanto, para estimar ajustada a derecho la resolución impugnada, en cuanto a su forma, el juzgador debió haberse ajustado a lo previsto por el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco, en sus artículos 71 y 196; el primero que precisa que las sentencias contendrán, entre otros requisitos, las consideraciones procedentes, la jurisprudencia aplicable y los fundamentos legales, además de que todas las resoluciones que emita una autoridad, inclusive las de mero trámite, deberán estar motivadas y fundadas; y, el segundo, que precisa que en tratándose de un recurso interpuesto por el Ministerio Público, el tribunal se ajustará exclusivamente a los agravios que éste formule.

Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis aislada X.3o.33 P, emitida por este Tercer Tribunal Colegiado, publicada en la página 1842 del Tomo XIX, mayo de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"-De acuerdo con la jurisprudencia 71, sustentada por el Pleno de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 100 del Tomo I, Materia Constitucional, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro: ‘ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN.’, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, precisando que los primeros son aquellos que tienen por efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, y que se autoriza solamente a través del cumplimiento de los requisitos precisados en su artículo 14; mientras que los segundos sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, siempre y cuando se cumpla con lo dispuesto por el artículo 16 de la propia Carta Magna. Ahora bien, al constituir el acto reclamado una sentencia definitiva que constituye un acto privativo, indudablemente debe estar precedida de todos los requisitos formales del procedimiento e, incluso, debe cumplir con la debida citación de los preceptos legales que fundamenten el sentido en que se dicte, además de la narración pormenorizada de las consideraciones que la sustentan, de acuerdo con lo previsto por el referido artículo 14 de la Ley Fundamental, amén de que en el caso concreto, al constituir el acto reclamado una sentencia en materia penal del orden común, debe observarse también lo dispuesto por el artículo 71 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco, que establece que todas las resoluciones, inclusive las de mero trámite que emitan las autoridades del orden penal, así como las no judiciales pero que intervengan en un procedimiento de esa índole, deberán estar debidamente fundadas y motivadas."

Bajo esa premisa, de la lectura de la sentencia impugnada se aprecia que el tribunal responsable transgredió la garantía de seguridad jurídica de la quejosa, consagrada en el artículo 14 constitucional, en relación con el numeral 71 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco.

Para poder corroborar la anterior afirmación, es necesario remitirse a lo establecido por el artículo 166 del Código Penal para el Estado de Tabasco, por el que se le dictó sentencia condenatoria a la aquí quejosa, por su plena responsabilidad en la comisión del delito de difamación, mismo que determina:

"Artículo 166. Al que, mediante comunicación a un tercero realizada con ánimo de dañar, impute a una persona física o colectiva un hecho que afecte su reputación, se le impondrá prisión de seis meses a tres años y multa de cincuenta a doscientos días multa."

De lo anterior se desprende que los elementos del delito de difamación se constriñen a:

a) Que alguien comunique un hecho a un tercero.

b) Que ese hecho se impute a una persona física o colectiva con el ánimo de dañar.

c) Que la comunicación realizada tenga como resultado afectar la reputación del sujeto pasivo.

Ahora bien, respecto del tercer elemento del delito de difamación, la quejosa aduce que de autos no se desprende que la pasivo sea sujeto de desprecio, deshonra, descrédito, crítica y burla por parte del personal que labora en su centro de trabajo, pues existe agregado en autos cartas de apoyo hacia ésta y firmadas por diversos trabajadores.

En efecto, al respecto, este Tribunal Colegiado advierte una violación a la garantía de seguridad jurídica de la quejosa, contenida en el artículo 14 constitucional, en relación con el diverso numeral 71 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco, pues se advierte que la Sala responsable al referirse al último de los elementos del delito de difamación referido, omitió motivar el porqué en su opinión se acreditó el mismo, además de que no señaló con qué pruebas lo consideró de esa forma, omitiendo también, con relación a ello, la valoración de la documental que se encuentra agregada en autos, consistente en un escrito de nueve de julio de dos mil tres, suscrito por diversos trabajadores de la empresa donde se desempeñan la ofendida y la sentenciada.

Lo anterior es así, porque de la lectura de la sentencia impugnada se advierte que refirió:

"... deposición que como es de advertirse, encierra lo que es una confesión calificada divisible, por lo que atendiendo a la naturaleza de la misma se toma en cuenta lo que le perjudica a la inodada, sin que ello sea violatorio de garantías, como lo es el hecho de que la propia encausada acepta que efectivamente ella le envió un escrito a su superior jerárquico donde comunicaba la indisciplina de la ofendida ... ya que además no se justificaba su presencia en el taller de instrumentos. También admite que en dicho documento hizo del conocimiento que la ofendida padecía el virus que provoca la enfermedad del ... pero que ello fue con la finalidad de cuidar el futuro de su salud laboral; acepta también que envió copia a las respectivas autoridades de la empresa de ... ya que así se estila cuando se realiza un reporte; empero con tal comunicación que realizó afectó a la pasivo al someterla al desprecio, la deshonra y descrédito con sus demás compañeros, quienes se enteraron de que ella es portadora del virus de la referida enfermedad ..."

Sobre el mismo tópico también señaló lo siguiente:

"... advirtiéndose de tales atestos que la encausada no lo hizo con el afán de salvaguardar su salud ni la de terceras personas, sino con el fin de desprestigiar a la agraviada e incluso logró su objetivo, ya que todas las personas que trabajan en el departamento de la petroquímica de ... se enteraron de ello y ahora es motivo de crítica ... al igual que el informe clínico de fecha veintinueve de agosto del año dos mil tres, expedido por el doctor ... director del Hospital General de ... mediante el cual comunica que de acuerdo a sus archivos ... fue tratada en la Clínica Displacias del Hospital Regional de ... en los años dos mil uno y dos mil dos, con diagnóstico de ... a donde fue enviada por el servicio de ginecología, por el hallazgo de ... por lo que se le realizó bioxia de endocervix y se le realizó escisión electroquirúrgica con asa en cervix uterino y se anexó el expediente clínico y notas de envío; empero, como ya se dijo, ello no le da derecho para que la infractora divulgue que la pasivo está infectada de esa enfermedad a terceras personas para que sea objeto de crítica y burla, como ha sucedido ..."

De lo que se advierte que el tribunal de alzada se pronunció en cuanto a la existencia del elemento del delito en comento; sin embargo, lo hizo de manera dogmática, sin emitir los razonamientos adecuados para justipreciarlo, en relación con los agravios expresados por el Ministerio Público. Además, nada dijo respecto de la prueba documental que presentó la propia ofendida, consistente en un escrito de nueve de julio de dos mil tres, suscrito por diversos trabajadores de la empresa donde se desempeñan la ofendida y la sentenciada, y en el cual hicieron del conocimiento de la Juez del proceso el apoyo que le otorgan a la pasivo en la denuncia que presentó en contra de la sentenciada por el delito de difamación argumentando, además, que son personas que escucharon y vieron lo que hizo la sentenciada, pues aun cuando no es una prueba aportada por la reo, lo cierto es que la misma debe ser valorada en conjunto con las demás que obran en el sumario, para establecer si se actualizó otro de los elementos del delito de difamación, consistente en que se ocasione un daño en la reputación de la ofendida, pues no hay que pasar por alto que conforme al artículo 166 del Código Penal para el Estado de Tabasco, para configurar dicho ilícito se requiere que el daño a la reputación del sujeto pasivo, bien jurídico tutelado por la norma, sea efectivo, y como elemento del delito en sentencia debe estar plenamente demostrado, por lo que para tener comprobado el delito de difamación, previsto y sancionado por el citado artículo 166 del Código Penal vigente en el Estado de Tabasco, es necesario justificar plenamente que en la voluntad de aquellas personas a quienes se les comunicó dolosamente la imputación hecha a determinada persona, o en la de quienes, de cualquier otra forma, hayan tenido conocimiento de esa comunicación, se produjo un estado de ánimo tal que los llevó a considerar y formarse una opinión de aquella a quien se hizo la imputación, como persona no merecedora de crédito y confianza, no honorable o de mala reputación, precisamente a consecuencia de haber tenido conocimiento del hecho motivo de la comunicación dolosa efectuada por la sujeto activo; por lo que es incuestionable que la Sala responsable al emitir la sentencia impugnada no satisface las garantías de seguridad jurídica y legalidad, ya que aun cuando haciendo uso de las facultades que la ley le confiere, abordó directamente el estudio de las pruebas con las cuales estimó comprobados los elementos del cuerpo del delito y la responsabilidad penal de la quejosa, resolviendo lo que estimó más apegado a derecho, empero, tal prerrogativa no la exime de su obligación de analizar y resolver sobre todos los elementos del delito en estudio, en relación con todas y cada una de las pruebas que se hayan aportado durante el proceso, y sobre todo con base en los agravios propuestos por la representación social.

Por tanto, ante la evidente transgresión de garantías en perjuicio de la disconforme, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa ... para el efecto de que el tribunal de alzada, señalado como autoridad responsable ordenadora, deje insubsistente la sentencia reclamada, y en otra que emita exponga razonadamente los motivos lógico-jurídicos que lo llevaron a tener por acreditado el elemento del delito de difamación consistente en que se cause un daño en la reputación de la parte pasivo, y diga con qué pruebas lo acreditó, ello en relación con la documental de nueve de julio de dos mil tres, signada por los compañeros de trabajo de la ofendida y, con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que en derecho corresponda. Concesión que se hace extensiva a los actos reclamados de la autoridad señalada como ejecutora, al ser los suyos en vía de consecuencia.

En esas circunstancias, al haber resultado uno de los conceptos de violación planteados fundado y suficiente para otorgar el amparo solicitado en los términos antes precisados, es innecesario el análisis de los restantes motivos de inconformidad planteados en la demanda de garantías.

Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia 683, emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que aparece publicada en la página 459 del Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, que dice:

"CONCEPTO DE VIOLACIÓN FUNDADO. HACE INNECESARIO EL ESTUDIO DE LOS DEMÁS.-Cuando el amparo se va a conceder al considerarse fundado uno de los conceptos de violación, lo que va a traer como consecuencia que quede sin efecto la resolución que constituye el acto reclamado, es innecesario hacer el estudio de los demás conceptos de violación expresados por la quejosa y que tienden al fondo de la cuestión propuesta, porque los mismos serán objeto del estudio que realice la autoridad responsable al emitir el nuevo fallo en cumplimiento de la ejecutoria, ya que de hacerlo la potestad federal, se sustituiría a la responsable, siendo que dicho análisis corresponde a la misma al haber reasumido jurisdicción."

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNICO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a ... contra los actos y las autoridades señaladas en el resultando primero de esta ejecutoria, para los efectos precisados en el considerando que antecede.

Notifíquese; publíquese y anótese en el libro de registro, con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos a su lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido.

Así, por unanimidad de votos de los Magistrados Leonardo Rodríguez Bastar, Carlos Manuel Bautista Soto y Roberto Ruiz Martínez, lo resolvió el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, siendo presidente el primero y ponente el último de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18327-30257252/sentencias-penales-la-autoridad-que-las-dicte-ademas · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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