LEYES. SU INCONSTITUCIONALIDAD NO PUEDE DERIVAR EXCLUSIVAMENTE DE LA FALTA DE DEFINICIÓN DE LOS VOCABLOS O LOCUCIONES UTILIZADOS POR EL LEGISLADOR.
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 258/2002.
CONSIDERANDO:
CUARTO. En principio, conviene precisar los siguientes datos relacionados con el recurso de revisión interpuesto por el quejoso:
I. En la demanda de amparo, vía conceptos de violación, el peticionario de garantías, ahora recurrente, planteó la interpretación del artículo 10 constitucional, así como la inconstitucionalidad de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, por transgredir los artículos 10, 14, 16, 21 y 73, fracción XXI, de la Constitución.
II. Por su parte, el Tribunal Colegiado al resolver lo manifestado en la demanda de garantías, estableció, sustancialmente, lo siguiente:
a) Que procede la reposición del procedimiento, en términos de la fracción VI del artículo 160 de la Ley de Amparo, al haberse violado las reglas del procedimiento, lo que trascendió al resultado del fallo reclamado, en donde se consideró al quejoso penalmente responsable de la comisión del delito de portación de arma de fuego sin licencia.
b) Que lo anterior porque el Juez de Distrito no perfeccionó en forma cabal la prueba ofrecida por el quejoso, en virtud de que es evidente que existió discordancia entre las opiniones de los peritos oficiales como los de la defensa respecto al peritaje en materia de balística, pues mientras los primeros señalaron que el funcionamiento mecánico del arma afecta a la causa es correcto, pero el percutor se encuentra roto, por lo que en esas condiciones no se pueden efectuar disparos con ella, en tanto que en el dictamen de los segundos, se determinó que no puede ser considerada como un arma por ser inútil para ofender o defenderse, que sólo puede estimarse como un instrumento de ornato o de utilería.
c) Por lo que el Juez de la causa debió citar a una junta de peritos encaminada a dirimir las controversias planteadas en los respectivos dictámenes, y más aún, ante el supuesto extremo de no llegar a un acuerdo en la celebración de la diligencia omitida, estaba obligado dicho a quo a nombrar un perito tercero en discordia, todo lo anterior en términos de los artículos 170 y 178 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal.
Contra la anterior determinación, la parte quejosa hace valer como agravios, entre otras cuestiones, que el Tribunal Colegiado omitió el estudio de la interpretación del artículo 10 constitucional, así como de la inconstitucionalidad planteada de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
En cuanto a este agravio, es de considerarse lo siguiente:
Como se señaló en el segundo considerando de esta resolución, el presente recurso es procedente, atento a lo sostenido en la tesis citada de la Segunda Sala de esta Suprema Corte, cuyo criterio es compartido por esta Primera, pues efectivamente el recurso de revisión en amparo directo, resulta procedente cuando el quejoso alegue en sus conceptos de violación la inconstitucionalidad de un precepto legal y el Tribunal Colegiado conceda el amparo para efectos, es decir, vinculando a la autoridad responsable a realizar determinada conducta que subsane la violación cometida y desestime el planteamiento de inconstitucionalidad, puesto que de prosperar dicho planteamiento obtendría la protección de la Justicia Federal más amplia, al dejar sin efectos, lisa y llanamente, la resolución reclamada en que se haya aplicado la norma general combatida y en caso de no prosperar, en nada le afectaría, pues habría quedado intocado el amparo para los efectos que ya había obtenido y que no podría haber sido materia de la revisión, de ahí que en ese sentido le asista razón al recurrente.
Asimismo, al respecto debe considerarse el criterio emitido por esta Primera Sala en la tesis 1a. XXXVI/2002, en donde se sostiene que si bien, esta propia Sala ha establecido que los argumentos en los cuales se aleguen violaciones procesales que trasciendan al resultado del fallo son de estudio preferente a las cuestiones de fondo planteadas, incluyendo la constitucionalidad de leyes, no menos cierto es que el artículo 183 de la Ley de Amparo sostiene una excepción a ese criterio en el sentido de que, en materia penal, es preferente el estudio de los conceptos de violación cuando se aleguen violaciones de fondo, incluyendo la constitucionalidad de leyes que tengan por objeto extinguir la acción persecutoria.
Por lo que si en el caso se controvirtió en vía conceptos de violación la inconstitucionalidad de los artículos que prevén el cuerpo del delito y la pena del ilícito por el cual se le sentenció al recurrente, ello hace procedente el estudio de constitucionalidad hecho valer.
Los datos de identificación, rubro y texto de la tesis aislada mencionada, son del tenor siguiente:
"Novena Época
"Instancia: Primera Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XV, junio de 2002
"Tesis: 1a. XXXVI/2002
"Página: 142
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN MATERIA PENAL. SU ESTUDIO ES PREFERENTE CUANDO SE ALEGUEN VIOLACIONES DE FONDO, INCLUYENDO LA CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES, QUE TENGAN POR OBJETO EXTINGUIR LA ACCIÓN PERSECUTORIA. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que los argumentos en los cuales se aleguen violaciones procesales que trasciendan al resultado del fallo, son de estudio preferente a las cuestiones de fondo planteadas, incluyendo la constitucionalidad de leyes; sin embargo, el artículo 183 de la Ley de Amparo, establece una excepción a este criterio, en el sentido de que en asuntos del orden penal son de estudio preferente las violaciones de fondo planteadas, incluyéndose la constitucionalidad de leyes, que tengan por objeto extinguir la acción persecutoria, lo cual acontece cuando se actualiza alguno de los supuestos expresamente previstos en los artículos 91 a 93, 100 y 117 del Código Penal Federal, a saber: por la muerte del delincuente, por amnistía, por el perdón del ofendido o legitimado para otorgarlo, tratándose de delitos perseguibles por querella o su equivalente, por prescripción y por vigencia y aplicación de una nueva ley más favorable que suprima el tipo penal o lo modifique.
"Amparo directo en revisión 1583/2001. 13 de febrero de 2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: José de Jesús Bañales Sánchez."
QUINTO. En esta tesitura, con fundamento en el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo, procede analizar los conceptos de violación expresados en la demanda de amparo, referentes a las cuestiones de constitucionalidad hechas valer.
Específicamente en el quinto concepto de violación, el quejoso plantea, en síntesis, lo siguiente:
a) Que es inconstitucional la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, específicamente sus artículos 8o., 24 y 81, por contravenir los normativos 10, 14, 16 y 21, en relación con el diverso 73, fracción XXI, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues su contenido estaba condicionado a que se apegara estrictamente a los dispositivos constitucionales mencionados.
b) Que la ley especial cuestionada, en estricto apego a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución, no podía ir más allá de lo que expresamente ordena el artículo 10 de la Carta Magna, es decir, no podía prohibir lo que dicho artículo permite, ni permitir lo que en él se prohíbe; además, debía contener la definición o descripción legal de los delitos y faltas contra la Federación que serían materia de regulación, y precisar cuáles son las armas reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional; por lo que al no estar obedecido ni debidamente delimitado en dicha ley, hace que resulte inconstitucional y su aplicación sea violatoria de garantías.
c) Que la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos no puede ser exactamente aplicada, porque si bien en su artículo 6o. señala que las leyes o reglamentos federales que traten materias conexas son supletorias de dicha ley, no menos cierto es que dentro de la legislación mexicana no existen leyes ni reglamentos conexos que definan o describan los delitos que en ella se sancionan, ni los elementos que son materia de su regulación, por lo que al no haber materia de reenvío a otra norma que llene sus lagunas, la ley en cita no puede ser exactamente aplicada, transgrediendo así el artículo 14 constitucional.
d) Que la ley es omisa en definir o describir en qué consiste la posesión y en qué la portación, no obstante que en los capítulos segundo y tercero permita la posesión y portación de armas con los requisitos que ahí prevé, todo lo cual hace que la ley al no poder ser exactamente aplicada resulte inconstitucional.
e) Que la tenencia de armas de las que no estén prohibidas ni reservadas para el uso exclusivo de los institutos armados de la nación al estar elevada a rango de garantía individual no puede constituir al mismo tiempo delito, pues está permitido por la Constitución, aun careciendo de la licencia respectiva, pues siendo ésta un acto administrativo, el no tenerla no puede traer como consecuencia sanciones penales.
f) Que de acuerdo a una correcta interpretación del artículo 10 de la Ley Fundamental, la falta de licencia para la portación de armas no puede ser ilícita, al estar plasmada en dicho precepto como un derecho del gobernado; pues si con la falta de licencia para portar armas se lesionara algún bien jurídico tutelado por la norma, se llegaría al absurdo de que mediante la obtención de la licencia se podría lícitamente agredir el mismo bien jurídico materia de la tutela y protegido por la norma, pues quien cuente con licencia, podría sin recato alguno, portar armas a la vista de las personas causando más intranquilidad e inseguridad jurídica.
g) Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante jurisprudencia definida, ha declarado que cualquier ley, ya sea federal o local, que contemple como delito el poseer y portar armas de las que no están expresamente prohibidas, ni son de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas de la Nación, resulta inconstitucional, tal como ocurre con los diversos artículos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en los que se prevé y sanciona (pero sin definirse o describirse) como delito, el hecho de poseer o portar armas de las ya referidas. La jurisprudencia que invoca es del rubro siguiente: "ARMAS. PORTACIÓN SIN LICENCIA DE LAS NO PROHIBIDAS.", "ARMAS DE FUEGO, PORTACIÓN DE.", "PORTACIÓN DE ARMAS NO PROHIBIDAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE HIDALGO).", "ARMAS DE FUEGO, ES ANTICONSTITUCIONAL CONSIDERAR DELITO LA PORTACIÓN DE ELLAS, SIN LICENCIA.", "PORTACIÓN DE ARMAS DE FUEGO." y "ARMAS DE FUEGO, PORTACIÓN DE."
Los anteriores conceptos de violación estudiados en su conjunto, a excepción del sintetizado en el inciso d), dado su estrecho contenido, resultan infundados por las siguientes consideraciones:
En principio, debe recordarse que el peticionario de garantías fue sentenciado por el Juez Noveno de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, por el delito de portación de arma de fuego sin licencia, previsto y sancionado en el artículo 81, en relación con el 9o., fracción I y 24, todos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, a un año nueve meses de prisión y multa de doscientos once pesos con setenta centavos; resolución que fue confirmada por el Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, el diecinueve de enero de dos mil uno, en los autos del toca penal 134/99-IV. Sentencia esta última que constituyó el acto reclamado en el juicio de amparo del que deriva la presente, y por el que se le concedió la protección constitucional por cuestiones de legalidad, esto es, por vicios en la etapa probatoria del procedimiento.
Ahora bien, el artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, antes de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintidós de octubre de 1971, decía:
"Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen libertad de poseer armas de cualquier clase, para su seguridad y legítima defensa, hecha excepción de las prohibidas expresamente por la ley y de las que la nación reserve para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Guardia Nacional; pero no podrán portarlas en las poblaciones sin sujetarse a los reglamentos de policía."
El texto reformado y que continúa vigente, dice:
"Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la ley federal y de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. La ley federal determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la portación de armas."
Para el estudio del precepto transcrito, resulta de importancia destacar el contenido de la iniciativa de decreto que dio origen a la reforma citada.
En dicha iniciativa se señala:
"Cámara de Origen: Senadores
"Exposición de motivos
"México D.F., a 23 de diciembre de 1967
"Iniciativa del Ejecutivo
"CC. Secretarios de la
"Cámara de Senadores
"del H. Congreso de la Unión
"Presentes.
"Las condiciones que prevalecían en el país durante el siglo pasado y principios del actual, poco propicias para que las autoridades defendieran eficazmente a los habitantes en contra del ataque violento a su vida o derechos, determinó la necesidad de instituir como garantía individual la de poseer y portar armas para la seguridad y legítima defensa, que quedó consagrada en el artículo 10 de las Constituciones Políticas de 1857 y 1917, respectivamente.
"Es indiscutible que el valor tutelado por estos preceptos es el de la seguridad personal y que, por consiguiente, la portación de armas sólo constituye uno de tantos medios para lograrla, debiendo reconocerse que la tranquilidad y la paz públicas son el fundamento mismo en que ha de apoyarse dicha seguridad.
"La portación de armas debe quedar sujeta a las limitaciones que la paz y la tranquilidad de los habitantes exijan y, en consecuencia, sólo se justifica en aquellos casos y en los lugares en que las autoridades del país, no estén en aptitud de otorgar a las personas una inmediata y eficaz protección.
"Las nuevas condiciones sociales y económicas creadas por los regímenes revolucionarios, las modernas vías de comunicación, el funcionamiento de cuerpos policiacos en todas las poblaciones de la República, así como el actual nivel cultural de sus habitantes que trae consigo un mayor respeto a la vida y a los derechos de los demás, han determinado que la inmoderada portación de armas, en lugar de favorecer la seguridad, resulte contraproducente al propiciar la comisión de delitos, por la natural agresividad que se manifiesta en los individuos armados.
"En la actualidad, en diversas regiones del país, se autoriza la portación de armas, sin exigir del solicitante la satisfacción de condiciones mínimas para garantía de la sociedad, la que ha originado el fenómeno llamado ‘pistolerismo’ que es necesario combatir en bien de la colectividad.
"La reforma del artículo 10 constitucional, es procedente a efecto de que el Congreso de la Unión, mediante una ley acorde a las circunstancias imperantes en el país, determine los casos, condiciones y lugares para los que podrán otorgarse permisos de portación de armas, así como de las autoridades competentes para expedirlos.
"El otorgamiento de derechos a los individuos debe ser siempre correlativo a las obligaciones que la mejor convivencia social requiera, ya que, en última instancia, las normas jurídicas deben tender al establecimiento de mejores condiciones de vida para el hombre; de ahí que el permiso para portar no debe de manera alguna implicar un peligro para la colectividad, sino, por el contrario crear circunstancias que propicien una mayor tranquilidad y una eficaz protección personal.
"Por lo antes expuesto y en ejercicio de la facultad que me confiere la fracción I, del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter, por el digno conducto de ustedes, a la consideración del Constituyente Permanente, en los términos establecidos por el artículo 135 de la propia Constitución, el siguiente
"Decreto que reforma el artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"Recibo y a la Segunda Comisión de Puntos Constitucionales."
Por su parte, en el Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales referente a la iniciativa, se estableció:
"Cámara de Senadores
"Dictamen
"México, D.F., a 26 de diciembre de 1967
"Comisión de Puntos Constitucionales
"H. Asamblea:
"A la suscrita Segunda Comisión de Puntos Constitucionales fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa enviada por el C. Presidente de la República por conducto de la Secretaría de Gobernación, para que se reforme el artículo 10 de la Constitución Federal que instituye como garantía individual la de poseer y portar armas.
"La iniciativa en cuestión declara en sus considerandos que la portación de armas debe quedar sujeta a las limitaciones que la paz y la tranquilidad de los hombres exijan y sólo se justifica en aquellos casos y en los lugares en que las autoridades del país, no estén en aptitud de otorgar a las personas una inmediata y eficaz protección; afirmando que las nuevas condiciones sociales y económicas creadas por los regímenes revolucionarios, así como el actual nivel cultural de sus habitantes, han determinado que la inmoderada portación de armas en lugar de favorecer la seguridad, resulte contraproducente al propiciar la comisión de delitos, por la natural agresividad que se manifiesta en los individuos armados.
"En el artículo 10 constitucional vigente, se establece como garantía individual el derecho de poseer armas de cualquier clase, hecha excepción de las prohibidas expresamente por la ley y de las que la nación reserva para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Guardia Nacional; autorizando a que se porten armas dentro de las poblaciones de acuerdo con los reglamentos de policía.
"La redacción de este precepto constitucional, ha dado lugar a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustente jurisprudencia en el sentido de que el contraventor a un reglamento de esa naturaleza, sólo puede estar sujeto a las penas y sanciones que éstos establezcan, que indiscutiblemente debe tener el carácter administrativo, pero que ni las leyes penales ordinarias del distrito y territorios federales, ni las leyes penales de los Estados, pueden sancionar como delito el hecho de que una persona porte una arma que no sea de las prohibidas, para la defensa de su integridad personal y la de los suyos.
"El artículo similar de la Constitución de 1857, estableció el derecho de los hombres para portar armas para su seguridad y legítima defensa, dejando a la ley señalar cuáles son las prohibidas y las penas en que incurren los que las portan.
"Su aprobación provocó un largo debate, expresando sus impugnadores su temor de que se abusara de este derecho concedido de una manera absoluta y querían que el pueblo estuviese armado en defensa de sus derechos, pero en la Guardia Nacional. El diputado Zarco sin oponerse a que todos los hombres anden armados en los caminos y a que en las fronteras todos puedan defenderse de los bárbaros, cree indigno que una nación civilizada que la Constitución declare que el poder público no puede amparar a los hombres y que estos necesitan defenderse por sí mismos; y teme que en adelante ya no haya reyertas de palabras, sino que la menor disputa se decida en estocadas y a balazos y teme también que las fracciones que quieran extraviar al vulgo puedan hacer uso de este derecho.
"Por lo que se ve la reforma propuesta al artículo 10 constitucional coincide en el fondo con su antecedente de la Constitución de 1857, ya que ambas dejan a la ley federal y no a los reglamentos de policía como en la Constitución actual determinar los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la portación de armas.
"Los reglamentos de policía, a cuyas disposiciones deja el artículo 10 constitucional en vigor, reglamentar la portación y uso de armas, no son los instrumentos jurídicos idóneos para tutelar uno de los más importantes derechos del individuo, como es el de su seguridad personal, que debe quedar al cuidado de las instituciones y ser regulados por normas de mayor jerarquía.
"El aspecto concreto más trascendente en el proyecto del Ejecutivo, consiste en dejar vigente el derecho de los individuos a poseer armas en sus domicilios y dejar a una ley reglamentaria federal determinar los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar la portación de armas.
"Por lo antes expuesto; se somete a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente
"Proyecto de Decreto que reforma el artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"Artículo único. Se reforma el artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
"‘Artículo 10. Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la ley y de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. La ley federal determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la portación de armas.’
"Transitorio:
"Único: La presente reforma entrará en vigor el mismo día que entre en vigor la ley federal reglamentaria a que la misma se refiere.
"Sala de comisiones presidente ‘Sebastián Lerdo de Tejada’ de la Cámara de Senadores. México, D.F., a veintiséis de diciembre de 1967. Sen. Lic. Rafael Murillo Vidal. Sen. Lic. Juan José González Bustamante. Sen. Lic. María Lavalle Urbina."
Como puede advertirse de lo transcrito, del contenido original del artículo 10 constitucional, se desprendían indiscutiblemente tres presupuestos jurídicos:
a) El derecho de los habitantes del país para poseer armas de cualquier clase, para su seguridad y defensa.
b) La prohibición de poseer determinadas armas.
c) Los requisitos para portarlas en las poblaciones, con sujeción a reglamentos policiacos.
La reforma a dicho precepto modificó sustancialmente dos de esos presupuestos, estableciendo nuevas modalidades a esa garantía individual, a saber:
a) Que el derecho de poseer armas se limita al domicilio de los habitantes del país; y,
b) Que la portación de las armas quedará sujeta a las disposiciones de una ley federal.
Se adicionó, además, la Fuerza Aérea a las instituciones militares para las que se reserva el uso exclusivo de determinado tipo de armas.
La importancia de las dos modificaciones que se propusieron en el proyecto de reformas al artículo 10 de nuestra Carta Magna, fueron vitales para el nacimiento de la ley reglamentaria de esta disposición constitucional, esto es, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
En efecto, dicha reforma tuvo como fin fundamental, primeramente, controlar constitucionalmente el uso indebido de toda clase de armas, y proteger a la colectividad del temor, de la inseguridad y de los abusos de quienes, al amparo de una garantía individual, que tuvo su razón de ser en otras épocas, pusieron -y siguen poniendo- en peligro a los integrantes de la sociedad con la realización de actos delictivos, a veces premeditados y a veces irreflexivos, que surgen de la posesión y portación de una arma.
Asimismo, la restricción de la posesión de las armas exclusivamente al domicilio, significó y sigue significando la adecuada, legal y justa respuesta al clamor público para garantizar el orden, la paz y la seguridad de las personas y de la colectividad, con la prohibición expresa de una posesión indebida por parte de quienes, sin motivo legal alguno, tienen y utilizan armas al amparo del derecho constitucional, que antes del veintidós de octubre de mil novecientos setenta y uno existía.
Por lo que respecta a la segunda modalidad de la reforma constitucional en el sentido de que la ley federal determinará las condiciones en que se podrá autorizar la portación de armas, se consideró también de gran trascendencia y eficacia para el absoluto control de la portación de toda clase de armas.
Ante la variedad de disposiciones reglamentarias de tipo policiaco existentes, tanto en el fuero común como en el federal en materia de portación de armas y ante las diferentes interpretaciones a que se prestó la parte final del texto original del artículo 10 constitucional, se estimó que desde el punto de vista jurídico y de la realidad, fuera una ley federal, reglamentaria de un artículo constitucional, la que rigiera sobre la materia y determinara los presupuestos jurídicos para la portación de armas.
La expedición de una ley federal que coordinó y unificó todas las disposiciones y actividades sobre la materia, dio mayor eficacia a la finalidad que se persiguió con la reforma constitucional del artículo 10.
Lo expuesto permite desestimar varias afirmaciones que en vía conceptos de violación (que sintetizados quedaron en párrafos que preceden) hace el peticionario de garantías.
En efecto, de una correcta interpretación del texto vigente del artículo 10 de la Ley Fundamental, se tiene que, en principio, establece el derecho de los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa.
Que ese derecho se limitó, estableciendo como excepción a esa posesión de armas, las prohibidas por la ley federal y de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
Asimismo, permite la portación de armas, empero también limita esa libertad a los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá otorgar la autorización para ese efecto; por lo que ese derecho a poseer y portar armas no es vedado, sino condicionado a lo que se establece en la ley que reglamenta el dispositivo constitucional que otorga ese derecho, atendiendo ello a las propias razones expresadas en la exposición de motivos ya referidos. De ahí que dejará de ser derecho o garantía constitucional para transformarse en delito, la portación y posesión de armas, cuando no se cumpla con las exigencias establecidas tanto por la propia Ley Fundamental como por la ley reglamentaria, esto es, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Ahora, si bien es cierto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su momento, emitió criterios en el sentido de que los contraventores a los reglamentos de esa naturaleza sólo eran acreedores a sanciones administrativas, pues no podía sancionarse como delito, debe señalarse que tales criterios fueron sustentados antes de la reforma multirreferida al artículo 10 constitucional, es decir, en asuntos resueltos donde era aplicable el texto original de dicho dispositivo constitucional.
De hecho, la emisión de esos criterios por parte del Máximo Tribunal del país, valió para que se comentara en la motivación que se da para la reforma constitucional, como se puede comprobar en la transcripción realizada en párrafos que preceden.
En efecto, en el dictamen de la Segunda Comisión de Puntos Constitucionales, se señala que la redacción del texto original del artículo 10 constitucional dio lugar a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentara jurisprudencia en el sentido de que el contraventor a un reglamento de esa naturaleza, sólo puede estar sujeto a las penas y sanciones que éstos establezcan, que indiscutiblemente debe tener el carácter administrativo, pero que ni las leyes penales ordinarias del distrito y territorios federales, ni las leyes penales de los Estados, pueden sancionar como delito el hecho de que una persona porte una arma que no sea de las prohibidas, para la defensa de su integridad personal y la de los suyos.
Sin embargo, tal jurisprudencia que aún puede ser consultada, no puede considerarse que resulte aplicable para la interpretación del texto reformado del multicitado artículo 10 de la Ley Fundamental, pues debe recordarse que la libertad otorgada en el artículo 10 constitucional, texto original, constituyó una garantía individual que se estableció en las Constituciones de 1857 y 1917, motivado por las situaciones políticas y materiales que privaban en el país, circunstancias que justificaron ese derecho ciudadano en esas épocas. Empero, ese derecho individual, pasada esa situación política del país, ya no se justificaba ni tenía razón de ser en la forma como se encontraba redactado ese precepto; por tanto, ya no se concebía en nuestro sistema jurídico que se otorgara a los individuos una libertad sin límites para poseer armas, libertad que dio lugar, en su momento, a un abuso indebido de los sistemas y proliferando la realización de actos delictuosos, que necesariamente tenían que reprimirse mediante la reforma constitucional tantas veces citada; de ahí que ahora se considere delito tanto la portación como la posesión de arma de fuego, siempre y cuando no se cumpla con lo señalado en la propia Constitución Federal y en su ley reglamentaria.
Ahora bien, en párrafos que preceden se dijo que la reforma al artículo 10 de la Ley Fundamental, publicada el veintidós de octubre de mil novecientos setenta y uno, en el Diario Oficial de la Federación, dio nacimiento a su ley reglamentaria, esto es, a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, la cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación el once de enero de mil novecientos setenta y dos.
Los motivos que se expusieron en relación con la expedición de dicha ley por su importancia, procede reproducirlos:
"Desde la Constitución Federal de 1857 se estableció que todo hombre tiene derecho de poseer y portar armas para su seguridad y legítima defensa, y que la ley señalaría cuáles serían las prohibidas y la pena en que incurrirían quienes las portaren.
"Al
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18380-924f18d3/leyes-su-inconstitucionalidad-no-puede-derivar-exclusivamente-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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