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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN ACTOS RELATIVOS A LA REINSTALACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE UN PRESIDENTE MUNICIPAL SI CONCLUYÓ EL PLAZO CONSTITUCIONAL PARA QUE EJERCIERA SU ENCARGO, TODA VEZ QUE LA POSIBLE AFECTACIÓN QUE EL MUNICIPIO ACTOR PUDIERA RESENTIR CON MOTIVO DE ESOS ACTOS QUEDÓ SIN EFECTOS AL ENCONTRARSE INTEGRADO POR DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 77/2004. · Registro digital (IUS): 18599
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ESTADO DE ZACATECAS.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Enero de 2005, , Pág. 1297.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 77/2004. MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ESTADO DE ZACATECAS.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ.

SECRETARIOS: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN Y LAURA GARCÍA VELASCO.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al diez de noviembre de dos mil cuatro.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por oficio presentado el quince de julio de dos mil cuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Marco Antonio Aranda Tavera, quien se ostentó con el carácter de síndico del Municipio de Miguel Auza, Zacatecas, en su representación promovió controversia constitucional en la que demandó la invalidez de los actos que más adelante se precisan, emitidos por las autoridades que a continuación se señalan:

"II) La entidad, poder u órgano del Estado que tenga el carácter de demandado. Este carácter de demandada le corresponde asumirlo al Poder Legislativo Local del Estado de Zacatecas, denominado oficial o legalmente Legislatura del Estado de Zacatecas, la que actualmente y desde hace aproximadamente veintidós días se encuentra en receso por haber concluido el periodo ordinario de sesiones y se encuentra actualmente, como consecuencia, en funciones la Comisión Permanente de la misma, órgano que tiene su domicilio o sede ubicados en la esquina de las calles Sn. Agustín y Fernando Villalpando, zona Centro de la ciudad de Zacatecas, Zac. ... IV) La norma general o acto cuya invalidez se demanda, así como, en su caso, el medio oficial en el que se hubiere publicado. Los actos de la autoridad legislativa local demandada y que combato lo constituyen, por una parte, el supuesto acuerdo y/o determinación (que por cierto en ningún momento se nos ha querido dar a conocer ni al suscrito, ni al actual presidente municipal sustituto en funciones ni a ningún otro integrante del H. Ayuntamiento que represento) mediante el cual, sin mediar razón ni fundamento legal para ello y según dicho de los diputados integrantes de la citada Comisión Permanente, se faculta y se ha designado una comisión integrada por los diputados Lorena Esperanza Oropeza Muñoz, Alfonso Aguilar Contreras, Gumaro Elías Hernández Zúñiga, Pablo Leopoldo Arreola Ortega, para que acudan al Municipio de Miguel Auza, Zacatecas, y procedan a reinstalar (término empleado por éstos) y/o rehabilitar al C. Ing. Rubén Estuardo Norman Ruiz (alcalde con licencia) en las funciones de presidente municipal, pasando por alto para ello, no solamente el principio de derecho y hasta de sentido común de que quien concede una licencia o autorización es el único facultado para cancelarla o finiquitarla y esto, incluso, bajo los términos, circunstancias y condiciones de hecho y de derecho en las que se haya generado la misma, es decir, que la citada legislatura pretende rehabilitar en sus funciones al citado presidente municipal con licencia aún vigente sin que medie para ello un acuerdo de Cabildo en el que previa consideración, atención y/o resolución al respecto tenga a bien emitir el órgano de gobierno que el suscrito representó, al grado tal de ilegalidad y arrogancia han llegado por parte de dicha demandada que los ha conducido a expresar que en lo absoluto para nada necesitan anuencia, ni conocimiento siquiera por parte del Ayuntamiento que represento para que el citado presidente municipal con licencia reanude y retome las funciones de presidente municipal y, por otra parte, se demanda también la declaración de invalidez de los actos materiales y conductas que los diputados integrantes de la Comisión Permanente de la demandada han venido asumiendo con la intención de ‘reinstalar’ y poner en posesión de funciones de presidente municipal y del H. Ayuntamiento que represento al citado Ing. Norman Ruiz, pasando por alto, como ya dije, a mi representado, al grado tal de que han intentado dichos diputados darle posesión material de las funciones propias de presidente municipal en la forma y circunstancias que referiré en el apartado de antecedentes de la presente demanda; y todo lo anterior sin tan siquiera notificarnos al suscrito ni al presidente municipal suplente o sustituto que actualmente se encuentra en funciones conforme a la ley, de las determinaciones o acuerdos tomados por dicha demandada y mucho menos de las conductas y actuaciones materiales ya citadas que incluso de ejecutarse estarían propiciando la comisión de delitos tales como el de usurpación de funciones, falsificación de documentos, abuso de autoridad, entre otros, en forma del todo paradójica y aberrante, puesto que los integrantes del órgano demandado son quienes, además de crear la ley, los más obligados a respetarla desde el punto de vista ético, moral y lógico."

SEGUNDO. Los antecedentes del caso narrado en la demanda, son los siguientes:

"Primero. Tal como se desprende de la copia de la constancia de mayoría y validez de la elección y demás documentación expedida por los Consejos Municipal y Estatal Electoral en el Estado de Zacatecas, además del suscrito como síndico municipal, fuimos electos los CC. Rubén Estuardo Norman Ruiz (como presidente propietario) y J. Raúl Martínez Ramírez como presidente municipal suplente y conjuntamente con los demás ciudadanos que ahora fungen como regidores integramos la planilla que en la contienda electoral del año 2001 obtuvo el triunfo y tomó posesión del Gobierno del Municipio de Miguel Auza, Zacatecas; y es el caso que habiendo estado en funciones como presidente municipal hasta principios del mes de marzo de 2004 el C. Rubén Estuardo Norman Ruiz, ya que en fecha dos de marzo y por razones muy personales solicitó su separación indefinida e irrevocable en cuanto al tiempo respecto del citado cargo de elección popular y a partir del día primero de abril del año en curso, razón por la cual fue llamado por el Pleno del H. Ayuntamiento el C. J. Raúl Martínez Ramírez (Pte. suplente) y con objeto de que a partir de esta última fecha entrara en funciones de presidente municipal y del H. Ayuntamiento de Miguel Auza, Zacatecas, y para concluir el presente periodo o trienio de gobierno para el cual fuimos electos por la ciudadanía de Miguel Auza, Zacatecas, tal como se desprende de las documentales que exhibo y adjunto a la presente demanda. Segundo. Aconteció que con posterioridad, en fechas 24 y 29 de junio de 2004, respectivamente, el C. Rubén Estuardo Norman Ruiz y algunos regidores (3) del H. Ayuntamiento que represento, solicitaron la celebración mediata de una sesión de Cabildo con el objeto de tratar o decretar la reincorporación y/o rehabilitación de aquél en las funciones de presidente municipal, es decir, la revocación del acuerdo de fecha dos de marzo de 2004, en cuanto a sus efectos y alcances. Tercero. Dado lo anterior y toda vez que, como se desprende de las documentales que exhibo, el citado presidente municipal suplente asumió el cargo y tomó protesta el día 2 de abril de 2004, para lo cual fue tomado en consideración por el Pleno del H. Ayuntamiento, una parte que la licencia concedida al presidente propietario lo fue a solicitud propia de él con carácter de irrevocable y, en segundo término, que se habilitaba en funciones de presidente municipal al suplente ya mencionado, para que éste concluyera el periodo de gobierno que vence en el mes de septiembre del presente año, de tal manera pues que lejos de llegar a algún acuerdo o determinación respecto de la solicitud del C. Ing. Norman Ruiz para reincorporarse en sus funciones de presidente municipal, o sea lejos de entrar o tratar el fondo de tal cuestión al interior del H. Ayuntamiento que represento o de llevar el asunto al mismo por parte de dicho presidente con licencia, éste acudió ante la Legislatura del Estado, la cual, por cierto, se encontraba y se encuentra en receso, y le solicitó que procedieran (la Comisión Permanente) a obligar a mi representada a aceptar y consentir de plano su rehabilitación como presidente municipal y dicha legislatura lejos de mediar o conciliar la cuestión y más lejos aún de obrar apegada a la legalidad, procedió a estimar la solicitud de dicho presidente con licencia y acordó que una comisión de diputados (integrada por los ya mencionados en el apartado IV de esta demanda) acudiera al Palacio Municipal y sin mediar siquiera reunión de Cabildo alguna, ni mucho menos notificación (pues siempre se negaron y se siguen negando a darnos a conocer el punto de acuerdo tomado por dicha Comisión Permanente) al suscrito o al presidente municipal suplente en funciones, procediera a ‘reinstalar’ al presidente con licencia, por lo que en fecha 12 de julio del año en curso y siendo aproximadamente las 10:00 A.M. se presentaron los diputados ya mencionados en el edificio que ocupa la presidencia municipal de Miguel Auza, Zacatecas, con la única intención expresa, a dicho de ellos, de ‘reinstalar’, como ya lo mencioné, en sus funciones de presidente municipal al C. Ing. Rubén Estuardo Norman Ruiz, teniendo como único fundamento el supuesto acuerdo u orden dada o generada supuestamente por la Comisión Permanente de dicha legislatura y con tal proceder de los citados legisladores incluso se mostraron en desacuerdo la mayoría de los integrantes de dicho Ayuntamiento, por lo que los citados diputados se limitaron a manifestar que a como diera lugar y por petición del Ing. Norman Ruiz reinstalarían a éste en las funciones de presidente municipal aun cuando a la fecha ni siquiera se ha celebrado la reunión de Cabildo en la que el Pleno del Ayuntamiento citado, proceda, en su caso, a habilitar al señor Norman Ruiz como presidente municipal, por lo cual considero que la actuación de dichos diputados, que actuando en nombre de la citada legislatura además de estar violentando las garantías individuales de audiencia y legalidad del C. J. Raúl Martínez Ramírez y del propio Ayuntamiento, están invadiendo la esfera de facultades del órgano de gobierno y del Municipio que represento y, por ende, ofendiendo, atacando y vulnerando la autonomía que nos asiste y nos consagra nuestra Carta Magna, y toda vez que dichos legisladores encontraron resistencia y oposición lógica y justificada a su forma de proceder en el Municipio y en la presidencia de Miguel Auza, Zacatecas, los mismos se retiraron infiriendo la amenaza de que a como diera lugar reinstalarán al citado presidente con licencia, razón por la cual acudimos a la presente instancia constitucional."

TERCERO. Los conceptos de invalidez que hace valer el promovente son los siguientes:

"Primero. Por principio de cuentas la demandada en su punto de acuerdo que le combatimos (y que hasta se ha negado a notificarnos) pasó por alto y violentó las disposiciones legales que ella misma generó en ejercicio de su función legislativa, es decir, que al no actualizarse en el caso que nos ocupa ninguno de los supuestos que la Ley Orgánica del Municipio y la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos prevén para que la Legislatura del Estado, aquí demandada, intervenga para sancionar y suspender al Ayuntamiento o a sus integrantes, consecuentemente al proceder de la manera tan arrogante y avasalladora como lo viene haciendo, no hace otra cosa más que incurrir ella sí, en ilegalidades y abuso de autoridad puesto que clara y patentemente se aprecia que está pretendiendo usurpar funciones que sólo le competen al Ayuntamiento que represento, por corresponder a éste y a su vida y régimen interno en exclusiva lo concerniente a la rehabilitación o anuencia de la revocación del presidente municipal que actualmente goza de la licencia que solicitó y, por ende, está inhabilitado para ejercer actos de gobierno y de autoridad que salvo el muy respetable criterio de esa H. Superioridad, actualmente sólo le compete ejercerlos al presidente municipal sustituto o suplente, puesto que a él mismo hasta la fecha no se le ha reiterado ni concluido su habilitación como tal, y al tratar la demandada de favorecer a la petición de aquél y en la forma que lo viene haciendo, no hace otra cosa que estar violando o pretender violar la autonomía del Municipio y del Ayuntamiento que represento. Y, por otra parte, al carecer de fundamentación y motivación legal la actuación de la demandada e incluso violentar la garantía de audiencia tanto de mi representado como del presidente municipal suplente, con ello provoca la invalidez de cuanto acto o conducta realice como órgano de gobierno o como autoridad misma que al parecer se olvida de que las instituciones y las autoridades que conforman nuestro Estado Federal están sujetas en su actuar al Estado de derecho y al marco constitucional que estableció la nación mediante el Constituyente originario de 1917, y no al actuar que les dicten sus sentimientos, pasiones o intenciones desordenadas ni como están acostumbrados a actuar en su vida privada, de tal manera que al pretender dicha demandada actuar tiránicamente y a su libre albedrío como si fuera un poder dictatorial e imperial y tratando de avasallar y pasar por alto dicha autonomía del Municipio, entrometiéndose en los asuntos estrictamente de carácter interno del mismo, genera con ello la facultad en éste de accionar en su contra ante ese H. Tribunal de la nación encargado de velar por el respeto irrestricto de nuestra Carta Magna. Segundo. En el anterior orden de ideas y argumentos expuestos, resulta que la demandada al pretender obligar al H. Ayuntamiento que represento a aceptar la ‘reinstalación’ o rehabilitación en sus funciones del C. Presidente municipal con licencia, sin que éste acuda o sea tratado el asunto en una sesión de Cabildo y únicamente a expensas y por orden infundada e inmotivada de dicha demandada, en este sentido la demandada está invadiendo la esfera de facultades constitucionales que la Carta Magna, en su artículo 115, consagra en favor del Municipio de Miguel Auza, Zac., y su Ayuntamiento constitucional; consecuentemente, con los actos que se le reclaman (el punto de acuerdo que se ha dictado en ese sentido y que ni siquiera se nos ha notificado así como con la tentativa y pretensión de poner en posesión inminentemente y ejercicio de sus funciones a dicho presidente con licencia) invade la autonomía gubernativa que le corresponde a mi representado y, como consecuencia de ello, esta actora solicita que sean declarados inválidos tanto el citado acuerdo como cualquier acto encaminado o que incluso se ejecute materialmente por la demandada con objeto de poner en posesión y ejercicio de funciones al multicitado presidente municipal con licencia en la forma como lo viene intentando, es decir sin tomar en cuenta y pasando por alto la voluntad y el conocimiento siquiera de mi representada, por lo cual accionamos ante ese Máximo Tribunal de la nación."

CUARTO. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que la parte actora considera violados son: 1o., 128, 14, 16, 39, 40 y 41.

QUINTO. Por acuerdo de tres de agosto de dos mil cuatro el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que correspondió el número 77/2004 y, por razón de turno, designó como instructor al Ministro José Ramón Cossío Díaz.

Por auto de diez de agosto del mismo año el Ministro instructor admitió la demanda de controversia constitucional, ordenó emplazar a la autoridad demandada para que formulara su respectiva contestación y dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.

SEXTO. En atención a la solicitud formulada por el Ministro ponente al presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se acordó remitir el expediente a la Primera Sala de este Alto Tribunal, para su radicación y resolución.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto del Acuerdo 5/2001, emitido por el Tribunal Pleno el veintiuno de junio de dos mil uno, por tratarse de una controversia constitucional entre el Municipio de Miguel Auza, del Estado de Zacatecas y el Poder Legislativo de esa entidad federativa, en la que, debido al sentido del fallo, se hace innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

SEGUNDO. En el presente caso resulta innecesario el estudio de las cuestiones relacionadas con la oportunidad de la demanda y con la legitimación de las partes, en virtud de que en los autos de este expediente obran constancias que llevan a considerar indudablemente que en este asunto se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria de la materia, en relación con el artículo 45 del propio ordenamiento legal, por lo siguiente:

Los preceptos señalados, establecen:

"Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:

"...

"VIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de esta ley."

"Artículo 45. Las sentencias producirán sus efectos a partir de la fecha que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La declaración de invalidez de las sentencias no tendrá efectos retroactivos, salvo en materia penal, en la que regirán los principios legales aplicables de esta materia."

De las disposiciones transcritas se desprende que las controversias constitucionales son improcedentes cuando se actualice una causal que derive de alguna disposición de la propia ley reglamentaria; asimismo, que las resoluciones que se dicten en este tipo de procedimientos constitucionales no tienen efectos retroactivos, salvo que se trate de la materia penal, lo cual implica que de manera general las declaratorias de invalidez emitidas por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, no producen efectos hacia el pasado y como consecuencia no son retroactivas.

Por otra parte, a fin de demostrar la actualización de la causa de improcedencia de referencia es necesario atender a los antecedentes siguientes:

a) Obra en autos a fojas quince, copia certificada de la constancia de mayoría y validez de la elección expedida por el Instituto Estatal Electoral del Estado de Zacatecas, en la que consta que fue electo como presidente municipal propietario Rubén Estuardo Norman Ruiz, entre otros, por el periodo comprendido del quince de septiembre de dos mil uno al catorce de septiembre de dos mil cuatro.

b) De igual manera, a fojas veinte a veintitrés de autos obra copia certificada del acta de sesión extraordinaria del Ayuntamiento municipal, de dos de marzo de dos mil cuatro, en la que consta la solicitud de licencia del presidente municipal para separarse del cargo, que en la parte que interesa señala: "... Punto doce. Hace uso de la voz el Ing. Rubén E. Norman Ruiz para notificar su intención de contender en el proceso electoral para la diputación local de este Distrito, razón por la cual solicita licencia para separarse del cargo a partir del día primero de abril del presente año."

c) El Ayuntamiento autorizó la solicitud presentada como se advierte del escrito enviado al Lic. Raúl Martínez Ramírez, que obra a fojas veinticuatro y acordó llamar al suplente Raúl Martínez Ramírez, que en sesión extraordinaria del Ayuntamiento municipal, de tres de abril de dos mil cuatro, tomó protesta del cargo (foja dieciocho).

d) Con fecha veinticuatro de junio de dos mil cuatro el Ing. Rubén Estuardo Norman Ruiz solicitó se convocara a una sesión extraordinaria de Cabildo con el propósito de dar a conocer su reincorporación a las tareas de presidente municipal, el presidente suplente en funciones señaló fecha para tal efecto el veintitrés de julio de dos mil cuatro.

e) Según el actor, el doce de julio de dos mil cuatro una comisión de diputados de la Legislatura Local se presentó en la presidencia municipal con la intención de reinstalar en funciones al presidente con licencia, como se advierte de la lectura de la foja veintinueve, motivo por el cual la actora interpone la presente controversia constitucional.

Ahora bien, de la demanda se advierte que el promovente impugna sustancialmente el acuerdo o determinación del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas para reinstalar y/o rehabilitar al presidente municipal en sus funciones.

Por otra parte, si el periodo de gobierno del Ayuntamiento del Municipio concluyó el catorce de septiembre de dos mil cuatro, es inconcuso que en la actualidad el Municipio de Miguel Auza se encuentra integrado por funcionarios diversos a los que se encontraban en funciones al momento de la promoción de la presente controversia.

En consecuencia, la causal de improcedencia a que se ha hecho referencia, se actualiza, puesto que la parte actora impugna diversos actos relativos a la reinstalación y/o rehabilitación del entonces presidente municipal Rubén Estuardo Norman Ruiz; empero, si de la constancias de autos se advierte que el plazo constitucional para que esa persona ejerciera dicho encargo, concluyó el catorce de septiembre de dos mil cuatro, la posible afectación que el Municipio actor pudiera resentir con motivo de los actos impugnados quedó sin efectos al encontrarse actualmente integrado por diversos funcionarios municipales.

Luego, aun cuando se estudiara el fondo del presente asunto y se llegase a declarar, en su caso, la invalidez de los actos impugnados, la sentencia no podría surtir plenos efectos, toda vez que como ya se dijo, no tendría efectos retroactivos, al existir limitante expresa en el artículo 45 de la ley reglamentaria de la materia.

En estas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, en relación con el 45, ambos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede sobreseer en la presente controversia constitucional, de conformidad con la fracción II del artículo 20, del aludido ordenamiento legal.

Por lo antes expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNICO.-Se sobresee en la presente controversia constitucional promovida por el Municipio de Miguel Auza, Estado de Zacatecas.

Notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros José de Jesús Gudiño Pelayo, Sergio Armando Valls Hernández, Juan N. Silva Meza, José Ramón Cossío Díaz (ponente) y presidenta Olga Sánchez Cordero de García Villegas.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18599-a295bfd4/controversia-constitucional-es-improcedente-cuando-se-impugnan-actos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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