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Modo: Corpus Pro

PARTICIPACIONES FEDERALES. PARA DETERMINAR EL COEFICIENTE DEL 45.17% DEL FONDO RELATIVO, EN PROPORCIÓN DIRECTA AL NÚMERO DE HABITANTES QUE TENGA CADA ENTIDAD FEDERATIVA EN EL EJERCICIO DE QUE SE TRATE, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2o., FRACCIÓN I, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, ES CORRECTO TOMAR EN CUENTA LA ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, YA QUE SE TRATA DE LA ÚLTIMA INFORMACIÓN OFICIAL DADA A CONOCER POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, GEOGRAFÍA E INFORMÁTICA Y REFERIDA AL CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO DEL PAÍS.

Tipo de asunto: JUICIO SOBRE CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS DE COORDINACIÓN FISCAL 9/2003. · Registro digital (IUS): 18739
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: DISTRITO FEDERAL.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Marzo de 2005, , Pág. 436.

JUICIO SOBRE CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS DE COORDINACIÓN FISCAL 9/2003. DISTRITO FEDERAL.

MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.

SECRETARIA: MARÍA DOLORES OMAÑA RAMÍREZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente juicio sobre cumplimiento de los convenios de coordinación fiscal, celebrados por el Gobierno Federal con los Gobiernos de los Estados o el Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 11-A, último párrafo y 12 de la Ley de Coordinación Fiscal y 10, fracción X, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

SEGUNDO. Previamente al análisis de cualquier otra cuestión, se debe precisar que respecto de la naturaleza de la presente contienda, este Alto Tribunal ha sustentado la tesis jurisprudencial número P./J. 22/2002, publicada a página ochocientos noventa y nueve, del Tomo XV, abril de dos mil dos, Pleno, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala:

"COORDINACIÓN FISCAL. LOS JUICIOS QUE PREVÉN LOS ARTÍCULOS 11-A Y 12 DE LA LEY RELATIVA Y 10, FRACCIÓN X, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN TIENEN CARACTERÍSTICAS PROPIAS QUE LOS DIFERENCIAN DE LAS CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES QUE REGULA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Este Tribunal Pleno sustentó la tesis de jurisprudencia P./J. 156/2000, que dice: ‘COMPETENCIA ECONÓMICA. EL MEDIO DE CONTROL CUYA PROCEDENCIA SE REITERA EN EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, CONSTITUYE UNA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL DE LAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA. Cuando ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación se hace valer por una autoridad estatal, en términos del referido precepto ordinario, una acción en contra de la declaración de la Comisión Federal de Competencia Económica, órgano desconcentrado de la administración pública federal, sobre la existencia de actos de autoridades estatales, emitidos en ejercicio de su autonomía e imperio, que no pueden producir efectos jurídicos por transgredir lo dispuesto en el artículo 117, fracción V, constitucional, ello lleva a concluir que la mencionada acción constituye una controversia constitucional de las establecidas en el artículo 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la litis se plantea entre dos órganos o entidades del Estado, las autoridades de la respectiva entidad federativa como sujeto activo y el Poder Ejecutivo Federal como sujeto pasivo, respecto del apego al Magno Ordenamiento de una resolución, de una dependencia del mencionado poder, conforme a la cual existen y no pueden surtir efectos jurídicos determinados actos de autoridades locales que fueron emitidos en contravención de un dispositivo fundamental que acota su potestad autónoma y, por ende, tiene como finalidad la emisión de un pronunciamiento que determine el ámbito de atribuciones que conforme a la Norma Fundamental pueden ejercer las entidades federativas; destacando que ante conflictos similares suscitados entre éstas y una dependencia del Ejecutivo Federal, el legislador ordinario las ha equiparado con la controversia constitucional, como sucede en el caso de los juicios ordinarios de anulación de la declaratoria de exclusión de los Estados del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y de los juicios sobre cumplimiento de los convenios de coordinación fiscal celebrados por los gobiernos de éstos con el Gobierno Federal, tal como deriva de lo dispuesto en los artículos 12 de la Ley de Coordinación Fiscal y 10, fracción X, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.’; este órgano jurisdiccional se aparta del criterio jurisprudencial expuesto en lo que se refiere a que estos últimos juicios se equiparan a las controversias constitucionales, toda vez que de lo previsto en el referido artículo 12 de la Ley de Coordinación Fiscal, no se desprende dicha equiparación, sino que en tales juicios se seguirá, en lo aplicable, el procedimiento establecido en la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, se trata de medios de impugnación creados por una ley secundaria (Ley de Coordinación Fiscal), cuya litis girará en torno al cumplimiento de aquéllas y del convenio de coordinación que se cuestione, por lo que dichos juicios son medios de control de legalidad exclusivamente, ya que nada tienen que ver con el tema de constitucionalidad, sino solamente con la correcta o incorrecta aplicación de la referida ley, así como del convenio de coordinación respectivo, es decir, no se está ante un problema de invasión de esferas o de supremacía constitucional, toda vez que este Alto Tribunal actúa como órgano de legalidad ante un tema que se encuentra regulado por un sistema de coordinación entre los Estados y la Federación, por lo que la litis radica en determinar si se respetaron o no esos convenios, y no si hubo una invasión de esferas o violación a la Constitución Federal."

De la jurisprudencia transcrita se desprende, en la parte que a este asunto interesa, que en términos de lo previsto en el artículo 12 de la Ley de Coordinación Fiscal, que en los juicios como el presente, se seguirán, en lo aplicable, el procedimiento establecido en la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, y que son medios de impugnación creados por una ley secundaria (Ley de Coordinación Fiscal), cuya litis girará en torno al cumplimiento de las disposiciones legales y convenios de coordinación fiscal que se cuestionen, por lo que dichos juicios son medios de control de legalidad exclusivamente, es decir, no se está ante un problema de invasión de esferas o de supremacía constitucional, y en tal hipótesis, esta Suprema Corte actúa como tribunal de legalidad ante un tema que se encuentra regulado por un sistema de coordinación fiscal entre los Estados y la Federación, en que la litis radica en determinar si se respetaron o no las disposiciones legales y convenios mencionados, y no si hubo una invasión de esferas o violación a la Constitución.

En atención a la naturaleza del presente juicio, no se estudiará ninguna de las cuestiones relacionadas con violaciones a la Constitución Federal; debiéndose agregar que el procedimiento señalado en la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, para las controversias constitucionales, sólo será aplicable en lo que no se contraponga a lo previsto por la Ley de Coordinación Fiscal, para los juicios como el presente.

TERCERO. Enseguida se procede a analizar si el presente juicio fue promovido oportunamente.

El acto impugnado materia de este juicio se hace consistir en el oficio 351-A-UCEF-P-2-A-a-09224 suscrito por el titular de la Dirección General Adjunta de Participaciones, adscrita a la Unidad de Coordinación de Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de fecha veintiuno de octubre de dos mil tres, mediante el cual se hace del conocimiento de la entidad actora la liquidación provisional de participaciones correspondiente al mes de octubre de dos mil tres, por concepto de Fondo General de Participaciones, Fondo de Fomento Municipal, impuesto especial sobre producción y servicios y Reserva de Contingencia.

El artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia, señala:

"Artículo 21. El plazo para la interposición de la demanda será:

"I. Tratándose de actos, de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos."

Conforme al precepto legal transcrito, el plazo para la presentación de la demanda será de treinta días, el cual se computará a partir del día siguiente:

a) Al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame;

b) Al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o

c) Al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.

Al respecto, del oficio de demanda, se advierte que la parte actora señala lo siguiente: "la resolución consistente en el oficio 351-A-UCEF-P-2-A-a-09224 suscrito por el titular de la Dirección General Adjunta de Participaciones adscrita a la Unidad de Coordinación de Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de veintiuno de octubre de dos mil tres, dirigido al C. Lic. Gustavo Ponce Meléndez, secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, entregado en la oficina de este servidor público el día doce de noviembre de dos mil tres, tal como consta en el sello de recibido precisado en el oficio de referencia, mediante el cual se da a conocer a mi representada la liquidación provisional de participaciones correspondiente al mes de octubre de dos mil tres por los conceptos de Fondo General de Participaciones, Fondo de Fomento Municipal, impuesto especial sobre producción y servicios y Reserva de Contingencia"; por tanto, la parte actora se ostenta sabedora del oficio impugnado a partir del doce de noviembre de dos mil tres.

En consecuencia, el plazo para la presentación de la demanda transcurrió del jueves trece de noviembre de dos mil tres, al doce de enero de dos mil cuatro, descontándose del plazo señalado los días quince, dieciséis, veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de noviembre de dos mil tres, seis, siete, trece, catorce, veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de diciembre del mismo año, y tres, cuatro, diez y once de enero de dos mil cuatro, por ser sábados y domingos; así como los días dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintinueve, treinta y treinta y uno de diciembre de dos mil tres y el primero de enero de dos mil cuatro por ser inhábiles, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en relación con el 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

En estas circunstancias, si la entidad promovente de la demanda se ostenta sabedora del oficio impugnado a partir del doce de noviembre de dos mil tres, el plazo para la presentación de dicha demanda venció el doce de enero de dos mil cuatro, por lo que si ésta se presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el nueve de diciembre de dos mil tres, es evidente que su presentación resulta oportuna.

CUARTO. Por ser un presupuesto procesal necesario, se analizará la legitimación activa.

En el caso, promueve la demanda Andrés Manuel López Obrador, en su carácter de jefe de Gobierno del Distrito Federal y en representación de dicha entidad, signando la demanda respectiva Alejandro Encinas Rodríguez, secretario de Gobierno del Distrito Federal, en ausencia del jefe de Gobierno y con fundamento en los artículos 61 y 88 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 5o., 15, fracción I y 23, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y 23 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal.

Por cuanto hace al jefe de Gobierno del Distrito Federal, para representar a la persona moral en comento, se estima que el mismo se encuentra plenamente legitimado, en términos de lo establecido en los artículos 122, párrafos primero, segundo, cuarto, apartado C, base segunda, fracciones I, II, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., 7o., 8o., fracción II, 52 y 67, fracción XXXI, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; y 5o. y 12 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; ya que en él recae la representación de dicha entidad.

Por lo que se refiere a las facultades del secretario de Gobierno del Distrito Federal, para actuar en ausencia del jefe de Gobierno del Distrito Federal, los artículos 61 y 88 del Estatuto del Gobierno del Distrito Federal, 5o., 15, fracción I y 23, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y 23 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, en que funda sus facultades disponen:

Estatuto del Gobierno del Distrito Federal.

"Artículo 61. En caso de falta temporal que no exceda de treinta días naturales, el secretario de Gobierno en funciones se encargará del despacho de los asuntos de la administración pública del Distrito Federal por el tiempo que dure dicha falta.

"Cuando la falta del jefe de Gobierno del Distrito Federal sea superior a treinta días naturales se convertirá en absoluta y la Asamblea Legislativa designará a un sustituto que concluirá el periodo respectivo en los términos del presente estatuto."

"Artículo 88. Las atribuciones de las unidades administrativas así como la forma en que los titulares podrán ser suplidos en sus ausencias, se determinarán en el reglamento interior que expedirá el jefe de Gobierno."

Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal.

"Artículo 5o. El jefe de Gobierno será el titular de la administración pública del Distrito Federal. A él corresponden originalmente todas las facultades establecidas en los ordenamientos jurídicos relativos al Distrito Federal, y podrá delegarlas a los servidores públicos subalternos mediante acuerdos que se publicarán en la Gaceta Oficial del Distrito Federal para su entrada en vigor y, en su caso, en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión, excepto aquellas que por disposición jurídica no sean delegables.

"El jefe de Gobierno contará con unidades de asesoría, de apoyo técnico, jurídico, de coordinación y de planeación del desarrollo que determine, de acuerdo con el presupuesto asignado a la administración pública del Distrito Federal. Asimismo, se encuentra facultado para crear, mediante reglamento, decreto o acuerdo, los órganos desconcentrados, institutos, consejos, comisiones, comités y demás órganos de apoyo al desarrollo de las actividades de la administración pública del Distrito Federal."

"Artículo 15. El jefe de Gobierno se auxiliará en el ejercicio de sus atribuciones, que comprenden el estudio, planeación y despacho de los negocios del orden administrativo, en los términos de esta ley, de las siguientes dependencias:

"I. Secretaría de Gobierno. ..."

"Artículo 23. A la Secretaría de Gobierno corresponde el despacho de las materias relativas al gobierno; relaciones con Estados y Municipios, la coordinación metropolitana; trabajo y previsión social; seguimiento de funciones desconcentradas de las delegaciones del Distrito Federal; reclusorios y centros de readaptación social; protección civil, regularización de la tenencia de la tierra y acción cívica.

"Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:

"I. Suplir las ausencias del jefe de Gobierno conforme a lo establecido en los artículos 61 y 62 del Estatuto de Gobierno; ..."

Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal.

"Artículo 23. En caso de ausencia temporal del jefe de Gobierno que no exceda de treinta días naturales, el despacho y resolución de los asuntos de su competencia quedarán a cargo del titular de la Secretaría de Gobierno.

"En el supuesto de que en el lapso que se señala en el párrafo anterior, se ausentare también el titular de la Secretaría de Gobierno, el jefe de Gobierno será suplido por el titular de la dependencia, atendiendo al orden en que aparecen listados en la ley."

De los preceptos transcritos se advierte que el secretario de Gobierno del Distrito Federal tiene facultades para suplir las ausencias del jefe de Gobierno del Distrito Federal, encargándose del despacho de los asuntos de la administración pública del Distrito Federal; razón por la cual, se encuentra legitimado para suscribir la demanda origen de este juicio.

QUINTO. A continuación se analizarán las causales de improcedencia que hacen valer las autoridades demandadas.

El secretario de Hacienda y Crédito Público y el jefe de la Unidad de Coordinación de Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, manifiestan que, ante la negativa de actos por parte de dichas autoridades, procede decretar el sobreseimiento del juicio con fundamento en el artículo 20, fracción III, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ya que la resolución impugnada fue emitida por autoridad diversa, a saber, el director general adjunto de Participaciones adscrito a la Unidad de Coordinación de Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En el caso, contrario a lo que argumentan las autoridades demandadas, no se actualiza la causal de sobreseimiento invocada, pues además de que se encuentra demostrada de manera plena la existencia de la resolución impugnada, aun cuando ésta haya sido emitida por el director general adjunto de Participaciones, dicha dirección se encuentra adscrita a la Unidad de Coordinación de Entidades Federativas, la que a su vez forma parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; por tanto, y en términos de lo dispuesto en los artículos 14, 16, 17, 31, fracción XIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y, 1o., 2o., inciso B), fracción I y I.1 y 4o. del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; dicho acto se entiende emitido por la secretaría mencionada.

También aducen las demandadas que debe sobreseerse el juicio, en atención a que la demanda fue presentada de manera extemporánea, fuera del término de treinta días a que se refiere el artículo 21, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ya que la parte actora tuvo conocimiento, con anterioridad al doce de noviembre de dos mil tres, de que "para el cálculo de la distribución de participaciones de la primera parte del Fondo General de Participaciones, sólo se tomaría en cuenta el contenido del segundo párrafo de la fracción I, del artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, que señala que se utilizará la última información que haya dado a conocer el INEGI, siendo ésta la Encuesta Nacional de Empleo", de lo que tuvo conocimiento desde los días veintiséis y veintisiete de junio de dos mil tres, en que se celebró la CLXXXIV Reunión de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales y el diecisiete de julio del mismo año, fecha en la que se realizó la octava reunión del Comité de Vigilancia del Sistema de Participaciones, puesto que entre los asistentes a esta última se encontraba el licenciado Ricardo Arzate Aguilar, en representación de la licenciada Claudia Mariscal Vega, secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, representante del grupo zonal número seis, al que pertenece el Distrito Federal.

No se actualiza la causal de sobreseimiento antes aludida, ya que, por un lado, en el considerando tercero de esta ejecutoria, se analizó la oportunidad en la presentación de la demanda, concluyéndose que el escrito correspondiente fue presentado dentro del término de treinta días a que se refiere el artículo 21, fracción I, de la ley de la materia y, por otro lado, es de señalarse que, aun en el supuesto de que la parte actora haya tenido conocimiento de los hechos que señalan las demandadas en las fechas que refieren, lo cierto es que, en el presente juicio, el acto impugnado no lo constituyen los acuerdos tomados en las reuniones de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales y del Comité de Vigilancia del Sistema de Participaciones, sino el oficio número 351-A-UCEF-P-2-A-a-09224, expediente 137.1/5563, por el que se da a conocer a la parte actora la "Liquidación provisional de participaciones correspondiente al mes de octubre de dos mil tres, por concepto de Fondo General de Participaciones, Fondo de Fomento Municipal, impuesto especial sobre producción y servicios y Reserva de Contingencia".

Asimismo, se argumenta que al haberse promovido el juicio de manera extemporánea, cobra vigencia la causa de sobreseimiento prevista en los artículos 19, fracción VIII y 20, fracción II, en relación con el 21, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la actora consintió de manera tácita el acto impugnado.

Tampoco se da la causal de sobreseimiento antes referida, en virtud de que, si la demanda no fue presentada de manera extemporánea, teniéndose aquí por reproducidas, en obvio de repeticiones, las consideraciones expresadas en torno a tal aspecto; menos aún puede estimarse que hay consentimiento tácito de la resolución cuya nulidad se demanda, ya que para que esto tenga lugar, se requiere como presupuesto sine qua non que la acción se ejercite fuera del plazo legal respectivo, lo que, como ya se dijo, no acontece en el caso.

Por último, manifiestan las demandadas que el presente juicio es improcedente porque, por una parte, el acto impugnado no afecta la esfera jurídica de la entidad promovente, sino únicamente su interés económico y, por otra, porque en los conceptos de invalidez se aducen violaciones a preceptos de la Constitución Federal y a ordenamientos distintos a los aplicables en materia de coordinación fiscal, lo cual no es posible alegar ni analizar en este juicio, ya que de acuerdo con su naturaleza este Alto Tribunal actúa como tribunal de legalidad y no de constitucionalidad.

Es también de desestimarse la causal de improcedencia referida y, a efecto de resolver la cuestión anotada, resulta necesario precisar el contenido del oficio que constituye el acto impugnado.

"Unidad de Coordinación con Entidades Federativas. Dirección General Adjunta de Participaciones. Dirección de Cálculo y Registro Contable de Participaciones.

"OF.351-A-UCEF-P-2-A-a-0924

"Expediente: 137.1/5563

"Asunto: Aviso de pago de participaciones.

"México, D. F., a 21 de octubre de 2003.

"Gustavo Ponce Meléndez.

"Secretario de Finanzas del Distrito Federal.

"En los términos de los artículos 2o., 2o. A, 3o., 3o. A, 4o., 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal y demás correlativos, se calculó la liquidación provisional de participaciones correspondiente al mes de octubre de 2003, con base a una recaudación federal participable de $74,861'942,000.00, resultando a favor de la entidad, por los conceptos y las cantidades que se indican, la suma siguiente:

Ver suma

"Lo anterior se informó a la Tesorería de la Federación para que, de acuerdo a su programa de flujo de fondos, efectúe la ministración correspondiente y ésta se regularice presupuestalmente con las cuentas por liquidar certificadas, números UCEF-28-2003-225, UCEF-28-2003-227, UCEF-28-2003-228 y UCEF-28-2003-226, de fecha 20 de octubre.

"Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi distinguida consideración.

"El director general adjunto.

"Jaime Valls Esponda (una rúbrica ilegible)."

Como puede apreciarse de la anterior transcripción, el acto impugnado se funda, entre otros, en el artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, disposición legal respecto de la cual considera la entidad actora, se realizó una incorrecta interpretación y aplicación, que dio lugar a la errónea determinación del coeficiente de la primera parte del Fondo General de Participaciones, incidiendo en el cálculo de la liquidación provisional de participaciones de octubre de dos mil tres; lo que desde luego evidencia el interés jurídico de la entidad actora, entendiéndose por éste la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando se estima transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente a efecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido; sin que sea óbice a lo antes considerado, la circunstancia de que la supuesta afectación alegada tenga una repercusión de índole económico, en tanto que, en todo caso, el reconocimiento de un derecho tiene una consecuencia material.

Aunado a lo anterior, en el segundo considerando de esta resolución se precisó que dada la naturaleza de este juicio no se analizarían las cuestiones relacionadas con la violación a preceptos de la Constitución Federal.

Al no hacerse valer ninguna otra causal de improcedencia o motivo de sobreseimiento, ni advertirse que se actualice alguna, se procede al estudio de los conceptos de anulación que se exponen en la demanda.

SEXTO. Ya en el estudio de fondo, se precisa que no existe controversia respecto a que para la determinación del coeficiente de la primera parte del Fondo General de Participaciones, se tomaron en cuenta los datos contenidos en la "Encuesta Nacional de Empleo", en virtud de que tanto la parte actora como las autoridades demandadas así lo reconocen, motivo por el cual la litis en el presente asunto consiste en dilucidar si, como lo aduce la parte actora, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó una incorrecta interpretación y aplicación del artículo 2o., fracción I, de la Ley de Coordinación Fiscal, por haber considerado para la obtención del coeficiente de la primera parte del Fondo General de Participaciones la "Encuesta Nacional de Empleo trimestral", estimada como la última información oficial emitida por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática; o bien, si como lo señalan las autoridades demandadas, dicha encuesta únicamente fue considerada porque en ella se da a conocer la última información oficial de población, que es el dato que en términos del artículo señalado, sirve de base para la determinación del coeficiente de participación.

El referido artículo 2o., fracción I, de la Ley de Coordinación Fiscal, es del tenor literal siguiente:

"Artículo 2o. El Fondo General de Participaciones se constituirá con el 20% de la recaudación federal participable que obtenga la federación en un ejercicio.

"...

"I. El 45.17% del mismo, en proporción directa al número de habitantes que tenga cada entidad en el ejercicio de que se trate.

"El número de habitantes se tomará de la última información oficial que hubiera dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, en el año que se publique. ..."

De la disposición legal antes transcrita, se desprende que el Fondo General de Participaciones se constituye con el veinte por ciento de la recaudación federal participable que se obtenga en un ejercicio fiscal, y que el 45.17% del mismo se repartirá a las entidades federativas coordinadas de manera proporcional al número de habitantes que tenga cada una de ellas, en el ejercicio de que se trate; número de habitantes que deberá tomarse de la última información oficial que dé a conocer el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

Dicha norma legal encuentra su justificación en la exposición de motivos de la iniciativa de ley enviada por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados, el día treinta de noviembre de mil novecientos setenta y ocho, en la que se expuso:

"Cámara de Origen: Diputados

"Exposición de motivos

"México, D.F. a 30 de noviembre de 1978

"Iniciativa del Ejecutivo

"Escudo Nacional. Estados Unidos Mexicanos. Poder Ejecutivo Federal. México, D.F. Secretaría de Gobernación.

"CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Presentes.

"Por instrucciones del C. Presidente de la República y para los efectos constitucionales, con el presente les envío las Iniciativas de Ley de Ingresos de la Federación para 1979; Ley del Impuesto al Valor Agregado; Ley de Coordinación Fiscal; Reformas y adiciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta; ley que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales; Ley de Ingresos del Departamento del Distrito Federal, para el ejercicio de 1979 y Reformas a la Ley de Hacienda y Departamento del Distrito Federal.

"Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.

"El Ejecutivo de mi cargo, con fundamento en el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el digno conducto de ustedes, somete a la consideración del H. Congreso de la Unión, la presente iniciativa de Ley de Coordinación Fiscal, la cual se fundamenta en las siguientes consideraciones:

"La revisión que se ha efectuado de los principales impuestos de la Federación a que se refieren Iniciativas presentadas por separado a vuestra soberanía, conducen necesariamente a considerar el problema de coordinación fiscal entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios del país.

"...

"El acuerdo entre Federación y Estados no se ha limitado a las fuentes de impuestos señaladas en la Constitución, sino que se ha extendido a otras contribuciones federales en las cuales los Estados y los Municipios reciben participación a cambio de abstenerse de gravar la misma fuente. Esta abstención no constituye una restricción o limitación que vulnere la soberanía de los Estados; por el contrario, dicha soberanía se manifiesta y se ejerce cuando una entidad federativa decide dejar en suspenso la aplicación de sus propias leyes o no dictarlas, a cambio de recibir participación en el impuesto establecido por la Federación.

"...

"Las participaciones tradicionales en impuestos federales y aun el funcionamiento del Fondo General de Participaciones que se proponen, tienen como consecuencia que las entidades que generan mayores volúmenes de impuestos federales, son las que también reciben las mayores proporciones por concepto de participaciones. Ello es natural y debido; pero produce el inconveniente de que los Estados de menor desarrollo económi

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18739-32149f55/participaciones-federales-para-determinar-el-coeficiente-del-45 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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