Corpus
Modo: Corpus Pro

DECLARACIÓN MINISTERIAL RENDIDA SIN LA ASISTENCIA DE DEFENSOR. CARECE DE EFICACIA PROBATORIA, ANTES DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 20 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 1993 (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 22/2004-PS. · Registro digital (IUS): 18766
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO (ACTUALMENTE EN MATERIA CIVIL) Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL, AMBOS DEL SEXTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Abril de 2005, , Pág. 193.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 22/2004-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO (ACTUALMENTE EN MATERIA CIVIL) Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL, AMBOS DEL SEXTO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO. El Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito (actualmente Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del mismo circuito) emitió el criterio que se estimó contradictorio, al resolver el amparo en revisión 510/93, en sesión de veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y tres que, en la parte que interesa, sostuvo lo siguiente:

"TERCERO. ... Ahora bien, no asiste la razón al inconforme en cuanto a que su confesión ministerial carece de eficacia probatoria, porque la emitió sin que estuviera presente un defensor, ya que el representante social se limitó a hacer constar que el deponente se reservó el derecho de nombrar defensor sin asignarle uno, lo que es violatorio de las garantías individuales a que se refieren las recientes reformas constitucionales y, además, aquella confesión por la ausencia de defensor debe presumirse coaccionada. Sobre el particular, cabe destacar que la violación consistente en que el quejoso no haya estado asistido por un defensor en alguna diligencia del proceso, se encuentra prevista por el artículo 160, fracción II, de la Ley de Amparo, como una de las violaciones a las leyes del procedimiento, que de acuerdo con lo dispuesto por el 159 de la legislación invocada deben reclamarse en la vía de amparo directo paralelamente al combatirse la sentencia definitiva denunciada en el proceso; lo que en principio pondría de manifiesto la inatendibilidad de los planteamientos relativos por no referirse a violaciones materia del juicio de amparo indirecto, como el que se trata; sin embargo, este cuerpo colegiado considera que en el caso debe ocuparse de la violación alegada, en la medida de que de su existencia se hace depender la alegada ineficacia probatoria de la confesión ministerial del hoy recurrente, elemento de convicción en el que, como se ha visto, aparece se apoyó, entre otras, en el auto de formal prisión reclamado. En ese orden de ideas, es importante precisar que del duplicado certificado del proceso, del que emana el acto reclamado, que el Juez responsable acompañó a su informe justificado, se advierte al respecto, que el veintinueve de junio de mil novecientos noventa y tres ... fue presentado ante el Ministerio Público, y previamente a que declarara en relación con los hechos materia de la indagatoria, el propio representante social le hizo saber el derecho que tenía de nombrar persona de confianza que lo defendiera, manifestando el inculpado que se reserva ese derecho para hacerlo posteriormente, y enseguida depuso en cuanto a los hechos. Estas precisiones permiten sostener, por una parte, que en la fecha en que el hoy inconforme declaró ante el Ministerio Público (veintinueve de junio de mil novecientos noventa y tres), todavía no se encontraban en vigor las reformas realizadas por el Constituyente Permanente al artículo 20, fracciones II y IX, de la Constitución General de la República, que son del tenor siguiente (se transcribe). Se estima lo anterior, pues de acuerdo con el artículo primero transitorio del decreto de dos de septiembre de mil novecientos noventa y tres, mediante el que se reformaron entre otras disposiciones constitucionales las aludidas, su vigencia empezó a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, lo que sucedió el día tres de septiembre siguiente; de ahí que las indicadas reformas entraron en vigor hasta el cuatro de septiembre del año en curso y, por consecuencia, es lógico que para la fecha en que el ahora inconforme declaró ante el representante social no pudieron observarse. Por tanto, si bien en las reformas al artículo 20, fracciones II y IX, de la Constitución General de la República, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día tres de septiembre de mil novecientos noventa y tres, vigentes a partir del cuatro de septiembre siguiente, se establecieron entre otros derechos para el inculpado, el de asistirse de un defensor desde la averiguación previa, requiriéndole desde ese momento para que nombre uno, y en caso de no querer o no poder hacerlo, la autoridad del conocimiento debe asignarle un defensor de oficio, determinándose que la confesión rendida ante el Ministerio Público o ante el Juez sin la asistencia de un defensor carecerá de todo valor probatorio; empero, si en el caso de la detención del inculpado y las diligencias de averiguación previa ministerial se realizaron antes de que esas reformas entraran en vigor, esto es, cuando sólo el artículo 20, fracción IX, constitucional contemplaba como obligatorio el nombramiento de defensor para el inculpado ante el Juez de la causa, y como facultad exclusiva del inculpado la de asistirse de defensor a partir de su detención; el hecho de que el Ministerio Público no le haya designado un defensor de oficio durante la averiguación previa, ante su propia negativa o reserva en cuanto al derecho de nombrarse uno, no puede considerarse violatorio de lo dispuesto por el artículo 20, fracciones II y IX, de la Carta Magna, máxime que en tratándose de lo relativo a la defensa del inculpado, éstas prevén derechos de carácter procesal que por su naturaleza no puede retrotraerse o aplicarse a situaciones procesales ya acontecidas, siendo además ilustrativo de esto, el principio jurídico de que en materia procesal no existe retroactividad de la ley. En otras palabras, si para la fecha en que el hoy recurrente estuvo a disposición y declaró ante el Ministerio Público no se encontraban en vigor las reformas constitucionales en comento, es evidente que no podían observarse y, consecuentemente, por la ausencia de su defensor en la diligencia en que declaró ante el Ministerio Público, no puede decirse que la confesión que en esta etapa emitió carezca de valor probatorio, ni tampoco puede sostenerse que entrañe una violación constitucional que ante su reserva de ejercitar el derecho de nombrar defensor en la averiguación previa el representante social no le haya designado un defensor de oficio pues, como se dijo, en esa época no se encontraba obligado a designarle uno, siendo, por tanto, imputable al propio inculpado que en el momento indicado no fuera asistido en su defensa."

Lo anterior dio origen al criterio que a continuación se transcribe:

"Octava Época

"Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito

"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

"Número: 82, octubre de 1994

"Tesis: VI.2o. J/331

"Página:51

"CONFESIÓN MINISTERIAL EMITIDA SIN LA ASISTENCIA DE DEFENSOR ANTES DE LA VIGENCIA DE LAS REFORMAS AL ARTÍCULO 20, FRACCIONES II Y IX, CONSTITUCIONAL. NO ES VIOLATORIA DE GARANTÍAS NI CARECE DE EFICACIA PROBATORIA. Si bien en las reformas al artículo 20 fracciones II y IX de la Constitución General de la República, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día tres de septiembre de mil novecientos noventa y tres, vigentes a partir del cuatro de septiembre siguiente, se establecieron entre otros derechos para el inculpado, el de asistirse por un defensor desde la averiguación previa, requiriéndole desde ese momento para que nombre uno y en caso de no querer o no poder hacerlo, la autoridad del conocimiento debe asignarle un defensor de oficio, determinándose que la confesión rendida ante el Ministerio Público o ante el Juez sin la asistencia de un defensor carecerá de todo valor probatorio; empero, si la detención del enjuiciado y las diligencias de averiguación previa ministerial se realizaron antes de que esas reformas entraran en vigor, esto es, cuando sólo el artículo 20, fracción IX, constitucional contemplaba como obligatorio el nombramiento de defensor para el inculpado ante el Juez de la causa, y como facultad exclusiva del enjuiciado la de asistirse de defensor a partir de su detención; el hecho de que el Ministerio Público no le haya asignado un defensor de oficio durante la averiguación previa, ante su propia negativa o reserva en cuanto al derecho de nombrarse uno, no puede considerarse violatorio de lo establecido por las reformas al artículo 20, fracciones II y IX de la Carta Magna, ni tampoco, por tanto, privarse de toda eficacia probatoria a la confesión ministerial emitida por el inculpado; máxime que en tratándose de lo relativo a la defensa del detenido, tales disposiciones prevén derechos de carácter procesal que por su naturaleza no puede retrotraerse o aplicarse a situaciones procesales ya acontecidas, siendo además ilustrativo sobre el particular, el principio jurídico de que en materia procesal, no existe retroactividad de la ley.

"Amparo en revisión 510/93. Ángel Eduardo Cuautle Cabrera. 28 de octubre de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Armando Cortés Galván.

"Amparo directo 426/93. Francisco García Paz. 23 de noviembre de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez."

"Amparo en revisión 575/93. Ignacio Hernández Cabrera. 19 de enero de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez.

"Amparo en revisión 597/93. José Luis Hernández Tejeda. 19 de enero de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez.

"Amparo directo 270/94. Ricardo Hernández Morales. 17 de agosto de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Humberto Cabrera Vázquez. Secretario: Enrique Baigts Muñoz."

En similares términos se pronunció el referido tribunal al resolver los amparos en revisión número 575/1993 y 597/1993, y los amparos directos número 426/1993 y 270/1994, promovidos por ... respectivamente, en donde se aplicó la tesis anteriormente transcrita.

El referido Tribunal Colegiado al resolver el citado amparo directo 426/93, promovido por ... en sesión de veintitrés de noviembre de mil novecientos noventa y tres, en la parte relativa al tema del presente asunto, sostuvo lo siguiente:

"A lo anterior, cabe agregar que si bien en las diligencias practicadas por el Ministerio Público, al tomarle declaración al inculpado, no se le previno para que nombrara defensor ni se le nombró uno de oficio, tal circunstancia no implica violación al procedimiento que deba ser reparada en la vía de amparo, dado que no se dejó al inculpado en estado de indefensión, pues al declarar en preparatoria se cumplió con la exigencia de habérsele tenido por nombrado al defensor que eligió, defensa que le asistió durante toda la secuela del juicio, máxime que dicho presunto responsable no refirió ni demostró que haya pretendido nombrar a alguna persona como su defensor, o que habiéndolo presentado no haya sido admitido, siendo aplicable en el caso el criterio sostenido por este tribunal colegiado al resolver los juicios de amparo directo números 44/90, 469/90, 545/91 y 280/93, que dice: ‘DEFENSOR. FALTA DE DESIGNACIÓN DE. NO VIOLATORIA DEL PROCEDIMIENTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Si en las diligencias practicadas por el Ministerio Público, al tomarle declaración al inculpado, no se le previno para que nombrara defensor, ni se le nombró uno de oficio, tal circunstancia, que indiscutiblemente infringe lo dispuesto por el artículo 70, fracciones III y V, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado de Puebla, no implica violación al procedimiento que deba ser reparada en la vía de amparo, dado que no se dejó al inculpado en estado de indefensión si al declarar en preparatoria se cumplió con esa exigencia, al haberle tenido por nombrado al defensor que eligió, defensa que le asistió durante toda la secuela del juicio; máxime que dicho presunto responsable no refirió ni demostró, en todo caso, que haya pretendido nombrar a alguna persona como su defensor o que habiéndolo presentado no haya sido admitido, que es lo que garantiza la fracción IX del artículo 20 de la Constitución General de la República.’, todo lo cual pone de manifiesto lo infundado de los argumentos aducidos sobre el particular."

Asimismo, al resolver el referido amparo directo 270/94 promovido por ... en sesión de diecisiete de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, sostuvo similares consideraciones que la resolución transcrita anteriormente.

CUARTO. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito (denunciante), al resolver en sesión de veintidós de noviembre de dos mil dos, el amparo directo en revisión 359/2002, en la parte que interesa, sostuvo lo siguiente:

"Como es notorio, de la anterior transcripción puede advertirse que el Ministerio Público al recepcionar la declaración ministerial del quejoso ... únicamente se limitó a recabar los datos generales del entonces inculpado, sin asentar por escrito cuáles eran los hechos que supuestamente se investigaban, ni qué vínculo tenía con ellos el detenido; menos informó a ... de los derechos que en su favor se consignaban en la Constitución General vigente en la época de los hechos, entre ellos, el que se le hiciera saber de manera clara y expresa el nombre de su acusador, así como la naturaleza y causa de la acusación, a fin de que ... conociera bien el hecho punible que se le atribuía y así pudiera contestar los cargos; tampoco se hizo de su conocimiento, y esto hay que magnificarlo, que desde el momento en que fue aprehendido tenía el derecho de nombrar defensor, garantía que se extendía a que este último tenía que estar presente en todos los actos, en el caso, cuando supuestamente declaró ante el comandante de la Policía Judicial del Estado en Tehuacán, Puebla y el Ministerio Público de la misma ciudad; también se observa que el representante social no le hizo saber que tenía derecho a ser oído en defensa por sí o por persona de su confianza, y que si no quería nombrar defensor una vez requerido para ello, entonces se le designaría a uno de oficio; y contrario a ello, en una prueba evidentemente incorrecta e ilegal, el representante social le ‘advirtió’ al quejoso, que en caso de que declarara con falsedad, se haría acreedor a las penas que establece la ley y hasta lo ‘protestó’ para que se condujera con verdad al rendir su declaración ministerial (foja 5 vuelta); requisitos y formalidades que en aquella temporalidad estaban reflejadas esencialmente en las fracciones III, V y VII del artículo 70, 73 a contrario sensu y 126, fracción II, del código procedimental penal, también vigente en la fecha de comisión del evento delictivo, pues textualmente se disponía que (se transcribe). Bajo este contexto, debemos reiterar y resaltar los imperativos legales ya indicados, tocantes a la ineludible obligación de hacerle saber al detenido ... el derecho que tenía para nombrar defensor desde el mismo momento de su captura, así como de comunicarse con la persona que él indicara, ya fuera por vía telefónica, telegráfica o por escrito, lo cual no se cumplió de acuerdo con el texto de la declaración ministerial que supuestamente rindió el uno de agosto de mil novecientos noventa, y que al parecer también declaró ante el comandante de la Policía Judicial del Estado en Tehuacán, Puebla; actuaciones de cuya simple lectura se advierte ausente la presencia de defensor particular o aun de oficio en relación con el hoy quejoso, lo que de suyo invalida la declaración que ... vertió ante el Ministerio Público en la fecha ya indicada, y en la que supuestamente confesó que participó materialmente en la ejecución de los delitos de violación tumultuaria y homicidio calificado, materia de la sentencia reclamada."

Asimismo, al resolver en sesión de veintidós de enero de dos mil cuatro, el amparo directo 350/2003, en la parte que interesa, sostuvo de nueva cuenta:

"Ahora bien, asiste razón a los quejosos en cuanto alegan que las declaraciones ministeriales que vertieron, ningún valor probatorio merecen, ya que fueron emitidas sin que se les hiciera saber que tenían derecho a nombrar persona de su confianza, ni se les asignó abogado defensor para que los asistiera, por lo que se infringió en su agravio el ordinal 70, fracción III, incisos a) y b), del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla (se transcribe). Inicialmente, cabe decir que el numeral que los peticionarios de amparo indican, de su lectura se advierte que se trata del precepto legal vigente actualmente y, en el caso, tomando en consideración que en materia procesal no existe retroactividad de la ley, se ha de señalar que tal precepto, en la época en que les fueron recepcionadas sus declaraciones ministeriales a los quejosos (veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y uno), señalaba lo siguiente (se transcribe). En ese sentido, aun cuando la declaración ministerial de ... fue vertida el veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y uno, es decir, antes de la vigencia de las reformas al artículo 20, fracciones II y IX, constitucional, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día tres de septiembre de mil novecientos noventa y tres, en vigor a partir del cuatro de septiembre siguiente, en las que se establecieron entre otros derechos para el inculpado, el de asistirse por un defensor desde la averiguación previa, requiriéndole desde ese momento para que nombre uno, y en caso de no querer o no poder hacerlo, la autoridad del conocimiento debe asignarle un defensor de oficio, determinándose que la confesión rendida ante el Ministerio Público o ante el Juez sin la asistencia de un defensor carecerá de todo valor probatorio; y en aquella época (en que fueron recepcionadas la deposiciones ministerial de los inconformes), dicho numeral constitucional sólo establecía en su fracción IX, como obligatorio, el nombramiento de defensor para el inculpado ante el Juez de la causa, y como facultad exclusiva del enjuiciado, la de asistirse de defensor a partir de su detención. Sin embargo, cierto también es que no obstante, que en tal época (mil novecientos noventa y uno), el artículo 20 constitucional no establecía como garantía a favor del procesado la de una defensa adecuada desde la averiguación previa, tomando en consideración que las garantías individuales consagradas en la Constitución son enunciativas y no limitativas, con la posibilidad de que las leyes secundarias puedan ampliarlas, siempre y cuando no se contravenga disposición constitucional alguna y que sea en beneficio de los gobernados, es dable establecer que, en la especie, se está en presencia de tal supuesto, en razón de que en el tiempo de los hechos, la legislación ordinaria, a saber, el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado de Puebla, en su citado precepto 70 establecía a favor de los presuntos responsables, para cuando fueren aprehendidos durante la averiguación previa -realizada por el Ministerio Público-, el hacerle saber el derecho que tenían para nombrar defensor, y si no lo nombraba, la autoridad que practicara la averiguación le debía nombrar un defensor de oficio; por tanto, debe estimarse que esa garantía de adecuada defensa desde la indagatoria, aun cuando en la Constitución no se encontraba contemplada en la legislación ordinaria, sí se encontraba prevista a favor de los inculpados. En consecuencia, si la legislación ordinaria imponía al Ministerio Público el deber establecido en el invocado artículo 70, fracciones III y V, y en la especie, de autos no se advierte que al serle tomada su declaración ministerial a los ahora quejosos, el representante social les haya prevenido para que nombraran defensor, ni que dicha autoridad les asignara uno de oficio, debe concluirse que tal circunstancia, sin lugar a dudas, contraviene lo dispuesto en el citado numeral vigente en la época en que se practicó la diligencia en comento y, por tanto, que la declaración ministerial en la que los impetrantes aceptaron su responsabilidad en la comisión de los hechos criminosos imputados, es inválida, al haberse recibido sin que se les hicieran saber el antedicho derecho, tal como se advierte de las diligencias en que les fueron tomadas sus deposiciones, las cuales son del tenor literal siguiente: Diligencia ministerial de fecha veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y uno, en la que al declarar ... se asentó (se transcribe). Diligencia ministerial de fecha veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y uno, en la que al declarar ... se asentó (se transcribe). Todo lo anterior cobra razón de ser en atención a lo dispuesto por el artículo 73 del código procedimental aplicable, que reza (se transcribe). Asimismo, en suplencia de la queja deficiente, atentos a lo preceptuado por el artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional advierte que aun cuando la Policía Judicial tuviera facultades para tomar declaraciones, es evidente que si el Ministerio Público tenía la obligación de designar defensor, entonces, también la Policía Judicial; por tanto, y de acuerdo a lo anteriormente expuesto, en relación con las deposiciones vertidas ante el representante social por los aquí quejosos, y dado que en las actas ministeriales de Policía Judicial de fecha veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y uno, en las que el comandante de la aludida corporación policiaca del Estado ... les tomó declaración a ... y en las que éstos aceptaron su responsabilidad en la comisión de los hechos criminosos imputados, no se observa que dicho jefe policiaco haya prevenido a los aquí inconformes para que nombraran defensor ni que dicha autoridad les asignara uno de oficio, debe concluirse que tal circunstancia sin lugar a dudas, igualmente, contraviene lo dispuesto en el antedicho precepto 70, vigente en la época en que se practicó la actuación en comento y, en consecuencia, que la declaración ante tal funcionario, en la que los impetrantes aceptaron su responsabilidad en los hechos, es igualmente inválida, al haberse recibido sin que se les hicieran saber el antedicho derecho, tal como se desprende de la lectura de las actas correspondientes, en las que se anotó (se transcribe). En ese contexto, debe concluirse que las declaraciones vertidas por ... ante el representante social y ante el comandante de la Policía Judicial, son inválidas y, por tanto, carecen de todo valor probatorio; por lo que, en consecuencia, fue incorrecto que las antedichas deposiciones ministeriales hayan sido tomadas en consideración por el Juez de los autos avalado por la responsable, tanto para la acreditación del injusto de mérito como para probar su plena responsabilidad en su perpetración. Ante todo lo expuesto, es que este órgano jurisdiccional no comparte la jurisprudencia número VI.2o. J/331 del entonces Segundo Tribunal Colegiado del este propio circuito, consultable a fojas 51 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 82, octubre de 1994, correspondiente a la Octava Época, que reza: ‘CONFESIÓN MINISTERIAL EMITIDA SIN LA ASISTENCIA DE DEFENSOR ANTES DE LA VIGENCIA DE LAS REFORMAS AL ARTÍCULO 20, FRACCIONES II Y IX, CONSTITUCIONAL. NO ES VIOLATORIA DE GARANTÍAS NI CARECE DE EFICACIA PROBATORIA.’ (se transcribe)."

QUINTO. Con el propósito de verificar si en el presente caso existe contradicción entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados referidos, se tiene presente el contenido de la siguiente jurisprudencia:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 26/2001

"Página: 76

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

De lo anterior se obtiene que para que exista la contradicción de tesis denunciada deben cumplirse los requisitos siguientes:

a) Que al resolver los negocios jurídicos se hayan examinado cuestiones de derecho esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes;

b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y,

c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

Ahora bien, de las anteriores transcripciones se advierte que el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito (actualmente Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del mismo circuito), sostuvo esencialmente que si bien en las reformas al artículo 20, fracciones II y IX, de la Constitución General de la República, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día tres de septiembre de mil novecientos noventa y tres, vigentes a partir del cuatro de septiembre siguiente, se establecieron entre otros derechos para el inculpado, el de asistirse por un defensor desde la averiguación previa, requiriéndole desde ese momento para que nombre uno, y en caso de no querer o no poder hacerlo, la autoridad del conocimiento debe asignarle un defensor de oficio, determinándose que la confesión rendida ante el Ministerio Público o ante el Juez sin la asistencia de un defensor carecerá de todo valor probatorio.

El citado órgano colegiado agregó que no obstante tales prerrogativas, si la detención del enjuiciado y las diligencias de averiguación previa ministerial se realizaron antes de que esas reformas entraran en vigor, es decir, cuando el artículo 20, fracción IX, constitucional, sólo contemplaba como obligatorio el nombramiento de defensor para el inculpado ante el Juez de la causa, y como facultad exclusiva del enjuiciado la de asistirse de defensor a partir de su detención; el hecho de que el Ministerio Público no le haya asignado un defensor de oficio durante la averiguación previa, ante su propia negativa o reserva en cuanto al derecho de nombrarse uno, no puede considerarse violatorio de lo establecido por las reformas al artículo 20, fracciones II y IX, de la Carta Magna, ni por ello privarse de toda eficacia probatoria a la confesión ministerial emitida por el inculpado; máxime que tratándose de lo relativo a la defensa del detenido, tales disposiciones prevén derechos de carácter procesal que por su naturaleza no puede retrotraerse o aplicarse a situaciones procesales ya acontecidas, y que en materia procesal no existe retroactividad de la ley.

Además, señaló que si bien durante la declaración ministerial el representante social estaba obligado a prevenir al inculpado para que nombrara defensor, y en caso de que no lo hiciera el Ministerio Público debió designarle uno de oficio, ello contraviene lo dispuesto en las fracciones III y V del artículo 70 del Código de Procedimientos de Defensa Social para el Estado de Puebla; sin embargo, tal circunstancia no implica una violación de procedimiento que deba ser reparada en la vía de amparo, porque no lo dejó en estado de indefensión, ya que durante el proceso se subsanó esa irregularidad.

Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en esencia, sostuvo que los artículos 70, fracciones III, V y VII, 70, 73 (interpretado a contrario sensu) y 126, fracción II, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla (vigente en la fecha de comisión del evento delictivo), disponían entre otros derechos para los inculpados el de asistirse por un defensor desde la averiguación previa, requiriéndole desde ese momento para que nombre uno, y en caso de no querer o no poder hacerlo, la autoridad del conocimiento debe asignarle un defensor de oficio.

Asimismo, agregó que si bien era cierto que en la época de los hechos el artículo 20 constitucional no establecía como garantía a favor del procesado la de una defensa adecuada desde la averiguación previa, tomando en consideración que las garantías individuales consagradas en la Constitución son enunciativas y no limitativas, con la posibilidad de que las leyes secundarias puedan ampliarlas, siempre y cuando no se contravenga disposición constitucional alguna y que sea en beneficio de los gobernados, es dable establecer que, en la especie, se está en presencia de tal supuesto, en razón de que en el tiempo de los hechos, la legislación ordinaria, a saber, el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla establecía a favor de los presuntos responsables para cuando fueren aprehendidos durante la averiguación previa (realizada por el Ministerio Público), el hacerle saber el derecho que tenía para nombrar defensor, y si no lo nombraba, la autoridad que practicara la averiguación le debía nombrar un defensor de oficio.

El referido tribunal concluyó que la garantía de adecuada defensa desde la indagatoria aun cuando no se encontraba contemplada en la Constitución, sí lo estaba en la legislación ordinaria a favor de los inculpados.

Como se advierte de lo anterior, ambos Tribunales Colegiados contendientes al resolver los negocios jurídicos examinaron cuestiones de derecho esencialmente iguales y adoptaron posiciones o criterios jurídicos discrepantes, relacionado con el derecho de defensa durante la averiguación previa, pues analizaron si conforme a la legislación del Estado de Puebla, en la época en que rindieron su de

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18766-94039189/declaracion-ministerial-rendida-sin-la-asistencia-de-defensor · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.