JUSTO TÍTULO EN LA ACCIÓN PLENARIA O PUBLICIANA, QUÉ DEBE ENTENDERSE POR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).
AMPARO DIRECTO 80/2005. MARCOS MONROY CORTÉS.
CONSIDERANDO:
QUINTO. Uno de los argumentos de inconformidad contenidos en los conceptos de violación antes transcritos, es esencialmente fundado y suficiente para conducir a la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, por las razones que a continuación se expresarán.
Previo al examen de los aludidos argumentos de disenso, es menester señalar algunos antecedentes de la litis natural que permitirán una mejor comprensión del asunto.
En principio, debe mencionarse que mediante escrito presentado el nueve de marzo de dos mil cuatro, en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles, Familiares y Penales de Cuautitlán Izcalli, México y enviado por razón de turno al Juez Tercero de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli, México, María de Jesús Monroy Silva, en su carácter de albacea y heredera universal de la sucesión intestamentaria a bienes de Tomás Monroy Cruz demandó de Marcos Monroy Cortés, lo siguiente:
"A) La entrega física del inmueble que consiste en un lote marcado con el número 103, con una superficie de 990 metros cuadrados y sus accesorios de la Avenida Miguel Hidalgo Col. Granjas de Guadalupe Victoria o Plan de Guadalupe Victoria Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. B) El pago de los daños y perjuicios que ocasiona a la suscrita el presente juicio. C) El pago de gastos y costas que origine el presente juicio."
Tales prestaciones la parte actora las basó fundamentalmente en que en el año de mil novecientos noventa y seis, Marcos Monroy Cortés promovió un juicio ordinario civil de usucapión bajo el expediente número 269/96 del índice del Juzgado Segundo Civil con residencia en Cuautitlán Izcalli, México, demandando del autor de la sucesión demandante la prescripción adquisitiva respecto de una superficie de terreno de novecientos noventa metros cuadrados, del lote de terreno ubicado en la Avenida Miguel Hidalgo, colonia Granjas de Guadalupe, juicio que se siguió hasta que se dictó sentencia definitiva, en la cual se declaró procedente la aludida acción, ello debido a que sorprendió la buena fe de la autoridad judicial, al señalar un domicilio distinto al de Tomás Monroy Cruz, quien además ya había muerto desde el mes de enero de mil novecientos setenta y ocho; que por tales razones en el año dos mil uno el demandado Marcos Monroy Cortés, promovió ante el Juez Tercero de lo Civil con residencia en Cuautitlán, México, juicio reivindicatorio en contra de María de Jesús Monroy Silva, el cual fue tramitado bajo el número de expediente 128/2001, procedimiento a virtud del cual fue desalojada la antes referida; por ello, promovió juicio de nulidad del juicio de usucapión de Marcos Monroy Cortés en contra de Tomás Monroy Cruz, mismo que seguido por todas sus etapas culminó con sentencia firme en la que se resolvió la nulidad de la referida prescripción adquisitiva identificada con el número 269/96, resultado a virtud del cual ahora, pretende la reivindicación del predio controvertido, cuya posesión detenta el ahora demandado Marcos Monroy Cortés.
Admitida que fue la demanda, se ordenó emplazar al demandado Marcos Monroy Cortés, quien mediante escrito presentado el trece de abril de dos mil cuatro, opuso como excepciones y defensas, las siguientes:
"A) Opongo la defensa genérica de sine actione agis, en virtud de ser falsos los hechos básicos de la demanda en cuanto a que la parte del lote 103 que pretende reivindicar la hoy actora corresponda a su de cujus o siga siendo propiedad de su de cujus Tomás Monroy Cruz, ya que esta persona dispuso de dicho inmueble desde antes de su fallecimiento y por ello el suscrito tengo la posesión a título de dueño una fracción que se encuentra dentro de la parte restante del lote 103; el resto de la superficie de este lote la tiene en posesión la sucesión del señor Bernardo Jiménez García. B) Opongo la excepción de improcedencia de la acción intentada, en virtud de que el de cujus de la actora señor Tomás Monroy Cruz, dispuso en vida del lote del terreno 103 cuya reivindicación pretende la actora, al vender dicho de cujus a diferentes personas dicho lote y son esas distintas personas quienes tienen en posesión y son los dueños actuales del referido lote 103, incluido el suscrito que tengo en posesión una superficie de 417.00 metros cuadrados del lote referido, posesión que es a título de dueño por habérmelo vendido el de cujus de la actora Tomás Monroy Cruz, en consecuencia, la superficie de terreno de mi propiedad que tengo en posesión no es propiedad del de cujus mencionado, mucho menos la parte restante del lote 103 con superficie de 900 metros cuadrados, sigue siendo propiedad del de cujus mencionado, en razón de que al venderlo a distintas personas salió de su peculio y propiedad. C) Opongo la excepción de prescripción y justo dominio, que se ha consumado en mi favor sobre la superficie de terreno de 417.00 metros cuadrados que forma parte del mencionado lote 103 ubicado en la calle de Miguel Hidalgo número 103, Colonia Granjas de Guadalupe, del Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, por poseer esa superficie el suscrito en la forma y condiciones que la ley establece para usucapir tanto de buena fe como de mala fe conforme a lo dispuesto por los artículos 910, 911 y 912 del Código Civil del Estado de México abrogado, pero que se encontraba vigente en la fecha en que me vendió la superficie de terreno que poseo el señor Tomás Monroy Cruz el día veinte de marzo de mil novecientos setenta y cinco, por lo que desde esta fecha se generó mi derecho a usucapir; en relación con los artículos 5.127, 5.128, 5.129 y 5.130 del Código Civil vigente del Estado de México, puesto que la superficie de terreno que tengo en posesión ha sido en forma pública, pacífica, continua y a título de dueño desde el veinte de marzo de mil novecientos setenta y cinco, es decir han transcurrido más de veintinueve años, en consecuencia ha operado la prescripción positiva a mi favor, porque la prescripción procede en juicio tanto como acción y como excepción."
Asimismo, Marcos Monroy Cortés reconvino de la actora principal lo siguiente:
"A) La acción real de usucapión que ha operado en mi favor en la forma y términos que establecían los artículos 910, 911 y 912 del Código Civil del Estado de México abrogado, en relación con los artículos 5.127, 5.128, 5.129 y 5.130 del Código Civil vigente para el Estado de México, respecto de una superficie de 417.00 cuatrocientos diecisiete metros cuadrados, que se encuentra dentro de la parte restante del lote 103 con superficie de 990.00 metros cuadrados, ubicado en la Avenida Miguel Hidalgo número 103, de la colonia Granjas Lomas de Guadalupe, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, por poseer dicha superficie de terreno en la forma y condiciones que establece la ley para prescribirlo, el cual tiene las medidas colindancias y superficie siguientes: Al norte: 9.00 metros y colinda con Avenida Miguel Hidalgo. Al sur: 10.00 metros y colinda con Bernardo Jiménez García (hoy su sucesión). Al oriente: 43.30 cuarenta y tres metros con treinta centímetros con Adela Rivera Bautista. Al poniente: 44.42 cuarenta y cuatro metros con cuarenta y dos centímetros y colinda con lote 107. Con una superficie de 417.00 cuatrocientos diecisiete metros cuadrados. B) La declaración judicial de que me he convertido en propietario de la superficie de terreno mencionada en la prestación anterior y objeto de la usucapión. C) La inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito de Cuautitlán, Estado de México, de la sentencia definitiva que llegue a emitirse para que me sirva de título de propiedad por haber operado en mi favor la usucapión de la superficie de terreno mencionada y que tengo en posesión a título de dueño desde hace más de veintinueve años."
Tales pretensiones reconvencionales se basaron sustancialmente en que mediante contrato privado de compraventa con fecha veinte de marzo de mil novecientos setenta y cinco, Marcos Monroy Cortés adquirió de Tomás Monroy Cruz una fracción de terreno del lote ciento tres, de la zona "A" del Plan Guadalupe Victoria, ubicado en Avenida Miguel Hidalgo número ciento tres, colonia Granjas de Guadalupe, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México; que en el citado contrato se señalaron como medidas y colindancias, las siguientes: al norte diez metros con Calzada Miguel Hidalgo, al sur veinte metros con calle Miguel Allende, al oriente, en dos líneas la primera de cuarenta metros cuadrados (sic) con Adela Rivera Bautista, la segunda en veintiséis metros cuadrados (sic) con calle Veintiocho de julio (actualmente plaza cívica), al poniente setenta y un metros con lote ciento siete, así como una superficie de novecientos noventa metros cuadrados; sin embargo, era el caso que de la fracción de terreno antes mencionada y en atención a que su vendedor Tomás Monroy Cruz vendió a otras personas diversas fracciones del referido lote ciento tres, el reconvencionista únicamente posee una fracción de terreno de cuatrocientos diecisiete metros cuadrados, los cuales son motivo de su pretensión de usucapión y que tienen como medidas y colindancias, al norte nueve metros con Avenida Miguel Hidalgo, al sur diez metros con Bernardo Jiménez García, al oriente cuarenta y tres metros con treinta centímetros con Adela Rivera Bautista y al poniente en cuarenta y cuatro metros con cuarenta y dos centímetros con lote ciento siete; que desde que adquirió dicha fracción de terreno la ha poseído en forma continua, pacífica, pública y a título de dueño, siendo ya más de veintinueve años que ha detentado dicho predio por vivir en él, por lo que sea de buena o mala fe ha reunido las condiciones legales necesarias para prescribir a su favor.
Ante ello, la actora principal dio contestación a la reconvención instaurada en su contra, oponiendo como excepciones y defensas, las siguientes:
"I. Se opone la excepción de sine actione agis, toda vez que todos los hechos de la demanda reconvencional que señala el demandado son falsos de toda falsedad, ya que no es verdad que haya celebrado el contrato privado de compraventa que exhibe como documento base de la acción, sobre todo porque mi padre en vida nunca le vendió a Marcos Monroy Cortés ninguna fracción del predio controvertido y si efectivamente permitió que el señor Marcos viviera por algún tiempo en ese predio, fue porque era menor de edad y era su nieto ya que era hijo del señor Juan Monroy Cruz el que a su vez era hijo de mi padre Tomás Monroy Cruz. II. Se opone la excepción de falta de acción y derecho del reconvencionista para demandar nuevamente a la suscrita un juicio de usucapión sobre el mismo terreno del que ya en el año de 1996 había promovido un mismo juicio de usucapión en contra del señor Tomás Monroy Cruz de una manera fraudulenta, dolosa y de mala fe, ya que lo hizo mintiendo y realizando actos jurídicos fraudulentos sobre todo en cuanto hace a la notificación de la demanda, circunstancias que han quedado plenamente probadas al obtener sentencia favorable en las tres instancias a favor de la suscrita al promover la nulidad del citado juicio. III. Se opone la excepción de objeción de todos los documentos exhibidos por el demandado y actor reconvencionista en virtud de que los mismos fueron obtenidos de mala fe y dolosamente por el demandado al proporcionar un domicilio que no era el suyo y el que verdaderamente ocupaba, señalando una vez más que el multicitado contrato privado de compraventa se refiere a una fracción de terreno de 990 (novecientos noventa) metros cuadrados y no de 417 (cuatrocientos diecisiete) metros cuadrados como señala el demandado en su demanda reconvencional."
Una vez que estuvieron los autos en estado de dictar sentencia, con fecha veinte septiembre del año dos mil cuatro, el Juez instructor, resolvió:
"PRIMERO. Ha sido procedente la vía ordinario civil intentada por la actora en el principal, consecuentemente: SEGUNDO. El actor reconvencionista Marcos Monroy Cortés, no acreditó los elementos de la acción de usucapión que en la vía reconvencional, dedujo en contra de la sucesión intestamentaria de Tomás Monroy Cruz, a través de su albacea y heredera universal María de Jesús Monroy Silva, quien dio contestación a la reconvención, en tal virtud. TERCERO. Se absuelve a la demandada reconvencionista de todas y cada una de las prestaciones reclamadas en la vía reconvencional. CUARTO. La parte actora en el principal sucesión intestamentaria de Tomás Monroy Cruz, por conducto de su albacea y heredera universal, María de Jesús Monroy Silva, acreditó parcialmente los elementos de su acción reivindicatoria que dedujo en contra de Marcos Monroy Cortés, quien no demostró sus defensas y excepciones; en consecuencia. QUINTO. Se declara que la actora en el principal del presente juicio tiene pleno dominio sobre el bien inmueble materia de la reivindicación y se condena a la parte demandada Marcos Monroy Cortés a la desocupación y entrega de la fracción de terreno número ciento tres, ubicado en la Avenida Miguel Hidalgo, de la colonia Granjas de Guadalupe Victoria o Plan de Guadalupe Victoria, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México, con una superficie de cuatrocientos diecisiete metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: Al norte: 9.00 metros y colinda con Avenida Miguel Hidalgo. Al sur: 10.00 metros y colinda con Bernardo Jiménez García. Al oriente: 43.30 metros y colinda con Adela Rivera Bautista. Al poniente: 44.42 metros y colinda con lote 107, con todos sus frutos y accesiones, lo que deberá hacer en el plazo de ocho días contados a partir de que la presente cause ejecutoria, con el apercibimiento que de no hacerlo se procederá en vía de ejecución de sentencia. SEXTO. Se absuelve al demandado en el principal Marcos Monroy Cortés de la prestación marcada con el inciso B), en términos del considerando quinto de esta resolución. SÉPTIMO. No se hace especial condenación al pago de gastos y costas judiciales a las partes en esta instancia. OCTAVO. Notifíquese personalmente."
No conforme con esta resolución, el demandado ahora quejoso interpuso recurso de apelación, del cual tocó su conocimiento a la Segunda Sala Colegiada Civil de Tlalnepantla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, quien el veintinueve de octubre de dos mil cuatro, en el toca número 1320/2004, emitió la resolución cuyos puntos resolutivos son los siguientes:
"PRIMERO. Resultaron infundados los agravios expuestos por Marcos Monroy Cortés en consecuencia: SEGUNDO. Se confirma la sentencia definitiva dictada en fecha veinte de septiembre del año dos mil cuatro, por el Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, en el expediente 178/2004, relativo al juicio ordinario civil (reivindicatorio) promovido por María de Jesús Monroy Silva, en su carácter de albacea y heredera universal de la sucesión intestamentaria de Tomás Monroy Cruz, en contra del apelante. TERCERO. Se condena al apelante al pago de costas generadas en esta instancia. CUARTO. Notifíquese personalmente."
En contra de esa determinación, Marcos Monroy Cortés promovió el juicio de amparo que se resuelve.
Como se ha precisado con antelación, uno de los argumentos de inconformidad esgrimidos por el quejoso, que se relaciona con el fondo del asunto, es fundado y suficiente para conducir a la concesión del amparo solicitado.
Lo trascendente de dicho punto de disenso, radica en que desde un punto de vista técnico y lógico jurídico cuando se demanda la reivindicación y se reconviene la usucapión, debe estudiarse en primer término esta última, puesto que de ser procedente haría innecesario estudiar la reivindicación del inmueble en litigio, pues la usucapión tiene por objeto obtener sentencia en la cual se declare propietario al actor reconvencional, en cuya hipótesis, desaparece el derecho de la propiedad del reivindicante, por lo que no sería lógico el análisis de la reivindicatoria, antes de la usucapión, si el elemento propiedad de la primera es menester sujetarlo a estudio en la prescripción positiva enderezada.
Al respecto, resulta ilustrativa la tesis II.1o.C.T.58 C del otrora Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, visible en la página 763, del Tomo IV, correspondiente al mes de septiembre de mil novecientos noventa y seis, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"USUCAPIÓN, ACCIÓN RECONVENCIONAL. ES PREFERENTE SU ESTUDIO CUANDO LA ACCIÓN PRINCIPAL ES LA REIVINDICACIÓN. Es correcto que cuando se demanda la reivindicación y se reconviene la usucapión, se estudie primeramente esta última, puesto que de ser procedente haría innecesario estudiar las pretensiones del actor, consistentes en la reivindicación del inmueble en litigio. Lo anterior es así, pues cuando se ejercita acción reivindicatoria y el demandado contrademanda su usucapión debe estudiarse en primer término la acción reconvencional, porque el objeto de ésta es obtener sentencia en la cual se declara propietario al actor, en la reconvención en cuya hipótesis, desaparece el derecho de la propiedad del reivindicante, luego, no sería lógico el análisis de la reivindicatoria, antes de la usucapión, si el elemento propiedad de la primera es menester sujetarlo a estudio, en la prescripción positiva."
En efecto, el impetrante en parte de su primer y segundo conceptos de violación esgrime que son ilegales las consideraciones del fallo reclamado en las cuales concluye que no se acreditó la totalidad de los elementos de la acción de prescripción adquisitiva ejercitada de forma reconvencional, en específico el relativo a que no es posible tener por justificada la causa generadora de la posesión del usucapista a virtud del contrato privado de compraventa que dijo haber celebrado con el autor de la sucesión actora, al haber sido declarada procedente la nulidad del juicio fraudulento tramitado bajo el número de expediente 432/2002 y por no justificarse que el actor en la reconvención hubiese poseído el inmueble en calidad de propietario y de buena fe pues, contrario a ello, expresa el impetrante que en el aludido procedimiento de nulidad no se controvirtió ni discutió la validez del referido convenio privado que celebró con el de cujus Tomás Monroy Cruz en el año de mil novecientos setenta y cinco, y que adquirió fecha cierta a virtud de la fecha de su fallecimiento en mil novecientos setenta y ocho, por lo que a su consideración dicho documento sí es eficaz para acreditar la causa generadora de su posesión al no estar declarada su nulidad, además de que la circunstancia de que exista la sentencia que declaró la anulación del diverso juicio de usucapión identificado con el número de expediente 269/96 no conllevaría a considerar que su posesión sea de mala fe, pues no entró a poseer a virtud de dicho procedimiento, sino a virtud del relacionado contrato privado de compraventa, que no ha sido anulado, y porque de conformidad con los numerales 781 y 783 del Código Civil del Estado de México abrogado, la posesión es de buena fe cuando se entra a poseer por virtud de un título suficiente que da derecho a poseer, y dicha característica no se pierde sino en el caso y desde el momento que existan datos que acrediten que el poseedor conoce que posee indebidamente la cosa.
Los anteriores motivos de disenso son fundados; ello por las siguientes razones:
De lo establecido en los artículos 910, 911 y 912, fracciones I y II, del Código Civil del Estado de México abrogado, pero aplicable porque es el que rigió la parte sustantiva de la controversia, se obtiene que la usucapión es un medio para adquirir la propiedad de los bienes mediante la posesión de los mismos, durante el tiempo y con las condiciones establecidas en la ley, precisándose ahí que la posesión apta para usucapir debe ser en concepto de propietario, de forma pacífica, continua y pública.
Los bienes inmuebles se adquieren por usucapión en cinco años, cuando se poseen en concepto de propietario, con buena fe, en forma pacífica, continua y pública, y en diez años cuando se poseen de mala fe, si la posesión es en concepto de propietario, pacífica, continua y pública.
Por su parte, el artículo 781 del Código Civil del Estado de México abrogado, dispone de manera textual:
"Artículo 781. Es poseedor de buena fe el que entra en la posesión en virtud de un título suficiente para darle derecho de poseer. También es el que ignora los vicios de su título que le impiden poseer con derecho.-Es poseedor de mala fe el que entra en la posesión sin título alguno para poseer; lo mismo que el que conoce los vicios de su título que le impiden poseer con derecho. ..."
Asimismo, conforme a los numerales 782 y 783 del ordenamiento sustantivo civil en consulta, la buena fe se presume siempre; al que afirme la mala fe del poseedor le corresponde probarla y que la posesión de buena fe no pierde ese carácter sino en el caso y desde el momento en que existan actos que acrediten que el poseedor no ignora que posee la cosa indebidamente.
Asimismo, es menester tener en cuenta qué debe entenderse como justo título para poseer. Al respecto, este Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito sostuvo la tesis II.2o.C.90 C, definiendo que tal concepto se contiene en la parte final del artículo 781 del Código Civil del Estado de México, el cual establece: "Entiéndese por título la causa generadora de la posesión.", es decir, el acto o fundamento que da origen o transmite la posesión a título de dueño, en el caso, el contrato de compraventa que llevó a cabo la parte actora como compradora con Tomás Monroy Cruz constituye su justo título, en virtud de que con la celebración de esa relación contractual, según lo aseveró el ahora quejoso, entró a poseer el inmueble objeto de la controversia, conforme a la ley.
En apoyo a lo anterior, es de citarse la tesis II.2o.C.90 C de este Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, consultable en la página 798, del Tomo VII, correspondiente al mes de marzo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"JUSTO TÍTULO, QUÉ DEBE ENTENDERSE POR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).-Para la procedencia de la acción plenaria de posesión o publiciana, como primer elemento, se requiere acreditar que el actor tenga justo título, el cual se definió en legislaciones anteriores del país de la siguiente manera: ‘Se llama justo título el que es bastante para transferir el dominio.’ (artículo 1188 del Código Civil del Distrito Federal de 1870) y, ‘Se llama justo título el que es o fundadamente se cree bastante para transferir el dominio.’ (artículo 1080 del Código Civil del Distrito Federal de 1884). De los artículos anteriores se desprende que el justo título comprende dos supuestos, a saber: a) Aquel que transmite el dominio y que, por tanto, constituye un título de propiedad y b) Aquel que en principio sería apto para transmitir el dominio, pero que debido a un vicio ignorado por el adquirente, sólo le transmite la posesión. Luego, es pertinente advertir que las nociones de justo título mencionadas no pugnan con el actual concepto que se contiene en la parte final del artículo 781 del Código Civil del Estado de México, el cual establece: ‘Entiéndese por título la causa generadora de la posesión.’, pues es claro que el concepto de justo título en sus dos aspectos da origen a la posesión y, por ello encuadra dentro de lo previsto por el artículo 781 del ordenamiento últimamente citado. Por tanto, si se entiende por justo título la causa generadora de la posesión, es decir, el acto o fundamento que da origen o transmite la posesión a título de dueño, en el caso, el contrato de compraventa que llevó a cabo la parte actora como compradora con persona diversa, constituye su justo título, en virtud de que con la celebración de esa relación contractual entró a poseer el inmueble objeto de la controversia, conforme a la ley."
Así como la diversa del otrora Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo criterio jurídico se comparte, visible en la página 645, del Tomo XIV, correspondiente al mes de julio de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice:
"JUSTO TÍTULO, QUÉ DEBE ENTENDERSE POR. EN LOS JUICIOS SOBRE POSESIÓN.-La expresión justo título puede tener dos acepciones: ya sea como el documento que acredite la propiedad; y otra como la causa o el motivo legítimo o de buena fe que da derecho a una persona a poseer o tener alguna cosa en su poder. De tal manera que en los juicios sobre posesión, por justo título no debe entenderse el documento con que se justifique el dominio sino la causa legítima o de buena fe de la tenencia o posesión de la cosa, ya que de interpretarse de la primera manera, la acción publiciana sería inútil, puesto que teniendo el título que demuestre la propiedad, la acción procedente sería la reivindicatoria; por el contrario, cuando la parte actora carece del documento de propiedad, puede intentarse la acción plenaria de posesión, pues ésta, como ya se dijo, tiende a proteger la posesión legítima de un bien, siempre que se encuentre su origen en un acto lícito y de buena fe."
En esa tesitura, si bien es correcto lo resuelto por la Sala responsable al concluir que el actor reconvencional, ahora quejoso, pretendió la usucapión derivada de una posesión de buena fe, precisamente porque a través de los diversos hechos de su contrademanda precisa que se encuentra en posesión del bien relacionado a virtud de un contrato privado de compraventa que, dijo, celebró con el autor de la sucesión reivindicante, Tomás Monroy Cruz; no obstante lo anterior, como acertadamente se esgrime en los conceptos de violación, no es legal lo resuelto en el fallo reclamado en cuanto a que no fuera posible tener por justificada la causa generadora de la posesión del usucapista a virtud del contrato privado de compraventa que dijo haber celebrado con el autor de la sucesión actora, pues como fue precisado, el ahora quejoso señaló que entró a poseer el predio controvertido a virtud de ese contrato privado de compraventa con fecha veinte de marzo de mil novecientos setenta y cinco, celebrado entre dicho impetrante como comprador y como vendedor Tomás Monroy Cruz, y el mismo constituye el acto jurídico a virtud del cual entró a poseer, porque como bien lo resalta el peticionario del amparo, dicho convenio privado no fue declarado anulado al declararse procedente la diversa nulidad del juicio fraudulento tramitado bajo el número de expediente 432/2002, pues como puede advertirse del original de dicho procedimiento, en específico de la sentencia definitiva de veinticuatro de octubre de dos mil dos, constante a fojas ciento dieciséis a ciento veinticinco de dicho cuaderno, misma que fue confirmada en apelación por la Segunda Sala Civil Regional de Tlalnepantla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, el seis de febrero de dos mil tres, por resultar inoperantes los agravios relativos sólo se declaró procedente la acción de nulidad del juicio de usucapión promovido por Marcos Monroy Cortés en contra de Tomás Monroy Cruz y, como consecuencia de ello, la cancelación de la inscripción relativa en el Registro Público de la Propiedad, precisamente por haberse demostrado tan sólo que Marcos Monroy Cruz tenía conocimiento al momento de iniciar el juicio de prescripción adquisitiva 269/96 del índice del Juzgado Tercero de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuautitlán, México, de que el demandado Tomás Monroy Cruz ya había fallecido, hecho del que no informó al Juez de esos autos, puesto que simulando que todavía vivía, se emplazó a juicio a un muerto, aunado a que al llevarse a cabo dicha diligencia se dejó citatorio a Tomás Monroy Cortés y el funcionario judicial que la practicó no se cercioró que en el domicilio en el que actuó viviera el buscado, por lo que, efectivamente, como lo esgrime el peticionario de amparo en dicho procedimiento no se cuestionó ni se resolvió sobre la validez de la documental privada de mérito y, en consecuencia, es acertado que al no haberse decretado su anulación, dada su vigencia, es útil para acreditar la causa a virtud de la cual entró a poseer el inmueble litigioso.
Bajo esa perspectiva, tampoco es legal, lo resuelto en el sentido de que el actor en la reconvención no hubiese acreditado ser poseedor en calidad de propietario y de buena fe como consecuencia de la sentencia dictada en el juicio de nulidad de juicio concluido relacionado, pues, como se ha visto, el contrato de compraventa privado exhibido por el usucapista no fue motivo de dicha controversia, y por ende no es acertado que haya dejado de tener vigencia a virtud de dicho procedimiento en el que sólo declaró la nulidad del derecho de propiedad declarado en el juicio de prescripción 269/96 relacionado; además, conforme a los preceptos legales referidos con antelación, la buena fe se presume siempre, quedando a cargo del que afirme la mala fe del poseedor la demostración de dicho extremo, esto es, que el poseedor detentara el bien sin título alguno para poseer o que conociere los vicios de su título que le impidiesen poseer con derecho, supuestos que tampoco se patentizan con la existencia de la resolución judicial anulatoria de mérito, pues en dicha determinación sólo se concluyó en la anulación del derecho de propiedad declarado a virtud de la sentencia del aludido juicio 269/96, pero no se estableció algún vicio del título o su inexistencia por falta de consentimiento de alguna de las partes, que conduzcan a establecer la mala fe en la posesión, como concluyera la Sala responsable y que la condujo a sostener que no
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18777-dcbb4789/justo-titulo-en-la-accion-plenaria-o-publiciana · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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