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Modo: Corpus Pro

SEGURO SOCIAL. LA COMPETENCIA DELEGADA PARA CONOCER DE LA REVISIÓN (DERIVADA DEL AMPARO EN QUE SE RECLAMA LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 277 D Y 286 K DE LA LEY RELATIVA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 11 DE AGOSTO DE 2004), SE SURTE A FAVOR DE UN TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.

Tipo de asunto: CONFLICTO COMPETENCIAL 56/2005. · Registro digital (IUS): 18933
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: SUSCITADA ENTRE EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO, AMBOS DEL SEXTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Julio de 2005, , Pág. 484.

COMPETENCIA 56/2005. SUSCITADA ENTRE EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO, AMBOS DEL SEXTO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Con el objeto de decidir cuál de los Tribunales Colegiados de Circuito en conflicto es competente para conocer de los recursos de revisión de que se trata, es necesario precisar las consideraciones que cada uno de ellos expuso para sustentar su postura.

A. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito estimó carecer de competencia, pues "el decreto combatido contiene disposiciones relativas a la creación, sustitución o contratación de plazas laborales, régimen de pensiones y jubilaciones, un fondo para el cumplimiento de obligaciones laborales de carácter legal o contractual, y a los actos del Instituto Mexicano del Seguro Social en su carácter de patrón en relación con los recursos de dicho fondo, lo que pone de manifiesto que el decreto reclamado es de naturaleza laboral", habida cuenta que la quejosa reclama, esencialmente, el artículo segundo transitorio del decreto publicado el once de agosto de dos mil cuatro, que contiene disposiciones vinculadas con el Instituto Mexicano del Seguro Social, en su carácter de patrón, así como lo relacionado con el sistema de pensiones y jubilaciones de los trabajadores.

B. El Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito consideró que no era competente para conocer de los recursos de revisión interpuestos, puesto que: "El acto reclamado en el presente asunto ... en lo medular se hace consistir en la aplicación del decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 277-D y 286-K de la Ley del Seguro Social ... se observa que dichas normas en su integridad contienen disposiciones de observancia general en materia administrativa, ya que se refieren al régimen administrativo y financiero a que debe estar sujeto el Instituto Mexicano del Seguro Social, y no crea o modifica derechos y obligaciones de seguridad social atribuibles a la parte obrera y patronal, sino que su finalidad es modificar el régimen administrativo interno del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el manejo de las cuotas obrero patronales, mas no se refiere a modificaciones en los derechos y obligaciones que tiene todo trabajador y patrón en el régimen de seguridad social."

El examen de las anteriores consideraciones evidencia que los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes coincidieron en determinar su incompetencia atendiendo a la naturaleza de los actos destacados en la demanda de garantías; de ahí que resulte inconcuso que el presente conflicto debe resolverse con base en las mismas premisas, tal como se corrobora con la tesis que lleva por rubro, texto y datos de identificación, los siguientes:

"COMPETENCIA ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PARA NO CONOCER DE UN AMPARO EN REVISIÓN. DEBE RESOLVERSE EN RAZÓN A LA NATURALEZA DEL ACTO Y NO DE LAS AUTORIDADES. Los artículos 24, 25, 26 y 27 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en las distintas fracciones que se refieren a la competencia de las Salas de esta Suprema Corte de Justicia, contiene dos prevenciones diferentes: La primera, en las fracciones I y II que se refieren al amparo en revisión, y la segunda, en las fracciones tercera, que corresponden al amparo directo. Ahora bien, aquélla distribuye la competencia tomando en cuenta la naturaleza material del acto reclamado, por esa circunstancia, en los incisos b) de cada fracción I que alude al conocimiento de las Salas de este Alto Tribunal, dice que cuando se reclamen del presidente de la República reglamentos federales, por estimarlos inconstitucionales, el conocimiento corresponde a las Salas de esta Suprema Corte, según la materia de que se trate. De esta manera, si el reglamento es de naturaleza penal, corresponde a la Primera Sala, administrativa a la Segunda, civil a la Tercera, y laboral a la Cuarta; eso no obstante que todos los reglamentos serían formalmente administrativos por derivar del Ejecutivo de la unión. No sucede lo mismo con las fracciones terceras de cada uno de los preceptos mencionados, que se refieren al amparo directo, en donde se finca la competencia tomando en cuenta fundamentalmente la naturaleza de las autoridades de que deriva el acto y no la materialidad de éste." (Séptima Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación, Volumen 44, Primera Parte, página 20).

Para cumplir con dicho objetivo, conviene advertir, en primer lugar, que el reclamado artículo segundo transitorio del decreto de reformas y adiciones de los artículos 277-D y 286-K de la Ley del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de agosto de dos mil cuatro, señala:

"Segundo. Los trabajadores, jubilados y pensionados del propio instituto, que ostenten cualquiera de esas condiciones hasta antes de la entrada en vigor del presente decreto, seguirán gozando de los beneficios otorgados por el régimen de jubilaciones y pensiones, y contribuyendo a dicho régimen en los términos y condiciones en que lo han venido haciendo hasta antes de la entrada en vigor del presente decreto; sin perjuicio de las modalidades que llegasen a acordar las partes. Para tal efecto, el instituto aportará las cantidades que correspondan, contenidas en su respectivo presupuesto, en los términos del artículo 276 de la Ley del Seguro Social, con cargo a las cuotas, contribuciones y aportaciones que conforme a dicho ordenamiento, debe recaudar y recibir."

I. La forma en que está redactada la disposición transitoria pone de manifiesto dos aspectos normativos:

A. Está orientada a proteger, esencialmente, los derechos de trabajadores, jubilados y pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social, consistentes en los beneficios otorgados respecto del régimen de jubilaciones y pensiones, bajo las obligaciones que enseguida se destacan:

• Los referidos trabajadores, jubilados y pensionados del instituto deberán continuar contribuyendo al régimen de jubilaciones y pensiones en la forma y términos como lo venían haciendo.

B. El instituto debía "aportar" las sumas "que correspondan", contenidas en su presupuesto, para efectos del aludido régimen. Esta aportación tendrá que ser de acuerdo con el artículo 276 de la Ley del Seguro Social, que dispone:

"Artículo 276. El anteproyecto de presupuesto aprobado por el Consejo Técnico, será remitido a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a más tardar veinticinco días naturales antes de que conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ejecutivo Federal remita al Congreso de la Unión la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, con el fin de que ésta lo analice y, en su caso, modifique y apruebe, los montos a que se refieren las fracciones IV, inciso b) y VIII del artículo 275 de esta ley. Para estos efectos, dicha secretaría deberá tomar en cuenta el informe a que hace referencia el artículo 273 de la ley. Aprobados estos montos, el instituto realizará las modificaciones relativas a efecto de que sea oportunamente remitido a la secretaría para que ésta lo incluya en la iniciativa de Ley de Ingresos y en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación que se sometan a la aprobación del Congreso de la Unión. La Cámara de Diputados al aprobar el presupuesto de egresos de la Federación, deberá considerar el informe y el reporte a que hacen referencia los artículos 273 y 275 de esta ley. El Consejo Técnico y el director general, serán responsables, en el ámbito de sus respectivas competencias, de que el instituto cumpla con lo aprobado por el Congreso de la Unión."

Siguiendo los lineamientos de este precepto presupuestario se obtiene que la aportación a cargo del instituto para efectos del régimen de jubilaciones y pensiones de sus trabajadores debe satisfacer las reglas dispuestas por el legislador ordinario, en los siguientes términos:

1. Remitir el anteproyecto de presupuesto aprobado por el Consejo Técnico a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el tiempo marcado para su análisis, discusión, modificación y aprobación de los montos a que se refieren las fracciones IV, inciso b) y VIII del artículo 275 de la ley relativa, que señalan:

"Artículo 275. El anteproyecto de presupuesto al que se refiere el artículo anterior deberá contener un reporte de la Dirección General que incluya, al menos, la siguiente información:

"...

"IV. Ingresos totales y en flujo de efectivo, expresados como devengados, por:

"...

"b. Cuotas, contribuciones y aportaciones del Gobierno Federal, y

"...

"VIII. Montos en que se proponga incrementar, decrementar o, en su caso, reconstituir las reservas financieras y actuariales y la reserva general financiera y actuarial a que se refieren las fracciones III y IV del artículo 280 de esta ley, para cada seguro y el fondo para cumplimiento de obligaciones laborales de carácter legal y contractual, así como el respaldo de inversiones financieras que se dará al mismo."

Lo anterior significa que la mencionada secretaría podrá analizar, revisar e, incluso, modificar los montos de los ingresos totales y en flujo de efectivo expresados como devengados por el instituto, así como los que correspondan a las reservas señaladas en la fracción VIII del artículo transcrito, para el efecto de que el Ejecutivo Federal incluya el presupuesto de ingresos y egresos del instituto en la respectiva Ley de Ingresos de la Federación y en el presupuesto de egresos de la Federación.

Para tal finalidad, la dependencia federal deberá tomar en consideración el informe a que se refiere el artículo 273 de la Ley del Seguro Social, que indica:

"Artículo 273. El instituto deberá presentar al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y al Congreso de la Unión, a más tardar el 30 de junio de cada año, un informe dictaminado por auditor externo, que incluya, al menos, los siguientes elementos: I. La situación financiera de cada uno de los seguros ofrecidos por el instituto, y actuarial de sus reservas, aportando elementos de juicio para evaluar si las primas correspondientes son suficientes para cubrir los gastos actuales y futuros de los beneficios derivados de cada seguro; II. Los posibles riesgos, contingencias y pasivos que se están tomando en cada seguro y la capacidad financiera del instituto para responder a ellos en función de sus ingresos y las reservas disponibles; III. Estimaciones sobre las posibles modificaciones a las cuotas obrero patronales y a las cuotas, contribuciones y aportaciones del Gobierno Federal de cada seguro, en su caso, que se puedan prever, para mantener la viabilidad financiera del instituto, y de las fechas estimadas en que dichas modificaciones puedan ser requeridas, y IV. La situación de sus pasivos laborales totales y de cualquier otra índole que comprometan su gasto por más de un ejercicio fiscal. Para los propósitos anteriores el instituto informará sobre las tendencias demográficas de su población beneficiaria, incluyendo modificaciones en la esperanza de vida; tendencias en la transición epidemiológica, y cambios en la composición de género de la fuerza laboral, entre otros factores. La estimación de riesgos, a su vez, considerará factores derivados del ciclo económico, de la evolución del costo de los tratamientos y medicamentos, los costos laborales, de la situación macroeconómica, así como cualquier otro factor que afecte la capacidad del instituto para cumplir con sus compromisos. En todos los casos, la estimación sobre riesgos y pasivos laborales y de cualquier otro tipo, se formulará con estricto apego a los principios de contabilidad generalmente aceptados por la profesión contable organizada en México. El informe, asimismo, deberá contener información sobre el estado que guardan las instalaciones y equipos del instituto, particularmente los dedicados a la atención médica, para poder atender de forma satisfactoria a sus derechohabientes."

Como se puede apreciar, se trata de un informe dictaminado por un auditor externo, que tendrá que presentarse al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y al Congreso de la Unión, el treinta de junio de cada año, en el que se dan a conocer, a partir de ciertos elementos históricos, una proyección de ingresos y de gastos del Instituto Mexicano del Seguro Social (actividad financiera actual y a futuro):

• La situación financiera de los seguros ofrecidos por el instituto, así como la situación actuarial de sus reservas. La intención es evaluar si las primas que se pagan alcanzan a cubrir los gastos presentes y futuros de los beneficios que se otorgan.

• Los posibles riesgos, contingencias y pasivos de cada seguro. El fin es proteger la capacidad financiera del instituto y su capacidad de respuesta.

• Posibles estimaciones de las cuotas obrero-patronales (ingresos propios) y de las cuotas, contribuciones y aportaciones del Gobierno Federal (ingresos externos). Se tiene la idea de mantener la viabilidad financiera del instituto y las fechas de su posible modificación.

• La situación que guarden los pasivos laborales totales y de cualquier otra clase que comprometan al gasto del instituto por más de un año.

• El informe también dará cuenta de los factores enunciados en el último párrafo, que tienen la intención de efectuar una estimación de los riesgos y pasivos, que deberán formularse con apego a las normas de contabilidad generalmente aceptadas, así como del estado de las instalaciones y equipo utilizado para prestar la atención médica a los asegurados.

2. Aprobados los mencionados montos y efectuadas las modificaciones sugeridas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el instituto remitirá de nueva cuenta su presupuesto de ingresos y egresos a fin de que la dependencia lo incluya en la Ley de Ingresos de la Federación y el presupuesto de egresos de la Federación que se presentará al Congreso de la Unión y a la Cámara de Diputados, respectivamente.

3. La Cámara de Diputados, al aprobar el presupuesto de egresos de la Federación, tomará en consideración el informe y el reporte de los artículos 273 y 275 de la Ley del Seguro Social.

La Cámara de Diputados, de esta manera, a fin de aprobar el presupuesto del Instituto Mexicano del Seguro Social en el presupuesto de egresos de la Federación, deberá considerar el informe dictaminado por el auditor externo y el reporte indicado, que incluyen todos los conceptos presupuestarios de ingresos y de gastos.

C. Las cantidades que aportará el instituto para el régimen de jubilaciones y pensiones es con cargo a cuotas, contribuciones y aportaciones que conforme a "dicho ordenamiento" legal debe recaudar y recibir.

1. En primer lugar, se aprecia que la forma gramatical de la redacción refiere una conducta a futuro, al usar la palabra "aportará", lo cual pone de relieve una mera expectativa de que el instituto aporte "las cantidades que corresponden".

Pues bien, ello revela que la conducta que prevé la norma por parte del instituto no es actual, en tanto no se dice cuándo, cómo y en qué circunstancias la entidad tendrá que realizar la aportación de las cantidades contenidas en su presupuesto.

2. Para proceder a tal aportación futura de cantidades, el instituto deberá ajustarse al artículo 276 de la ley de la materia, el cual, como se vio, dispone la forma, términos y tiempos en que se deberá presentar el anteproyecto de presupuesto de ingresos y egresos del instituto, para que sea aprobado e incluido en la Ley de Ingresos y en el presupuesto de egresos de la Federación.

Lo dicho evidencia que las sumas que en un cierto momento aportará el Instituto Mexicano del Seguro Social al régimen de jubilaciones y pensiones, deberán estar presupuestadas, esto es, el gasto respectivo tendrá que haber sido programado, previa autorización y aprobación del propio instituto, del Poder Ejecutivo Federal y de la Cámara de Diputados.

3. Los conceptos de las cantidades que aportará el instituto son cuotas, contribuciones y aportaciones que debe recaudar y recibir conforme a su presupuesto de ingresos y egresos.

El cargo de la aportación tiene que ver, entonces, con los referidos conceptos, sean ingresos propios, o que reciba del Gobierno Federal. Así, aun cuando las cantidades están limitadas a estos conceptos de recursos, se trata no sólo de los que recaude, sino también de los que reciba de otras fuentes.

Luego, los movimientos financieros que habrá de efectuar el instituto son tanto de índole tributaria como presupuestaria, pues conciernen a ingresos que se perciban, sea por la actividad propia de la seguridad social, o bien, de la función pública estatal en general, como a los egresos de esos recursos, esto es, al gasto del instituto; ingresos y gastos que deberán entenderse a la luz de los artículos 273 y 275 reproducidos anteriormente.

II. Implicaciones o significados del propio artículo reclamado.

De lo expuesto hasta aquí se obtienen las siguientes bases:

1a. La aportación del Instituto Mexicano del Seguro Social es de carácter futura, no inmediata, de tal manera que no se tiene la seguridad del momento en que se deberá aportar.

2a. Las cantidades que habrá de aportar el instituto deberán estar presupuestadas, primero, por parte de la entidad y, segundo, por la Cámara de Diputados.

3a. Ese presupuesto de ingresos y egresos del instituto, de esta manera, debe ser aprobado conforme a:

• La Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social.

• La Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público.

• El presupuesto de egresos de la Federación.

• Ley de Ingresos de la Federación.

• La Constitución Federal.

Es decir, la aprobación correspondiente debe haber pasado por:

• Los órganos competentes del Instituto Mexicano del Seguro Social.

• La Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

• El titular del Ejecutivo Federal.

• El Congreso de la Unión (Ley de Ingresos de la Federación).

• La Cámara de Diputados (presupuesto de egresos de la Federación).

De lo expuesto se colige que el artículo reclamado contiene, en su primera parte, disposiciones exclusivamente vinculadas con el régimen de jubilaciones y pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social, mientras que en la segunda parte, normas que si bien se encuentran relacionadas con dicho régimen de seguridad social, están encauzadas sólo a regular el presupuesto del propio instituto.

Lo anterior parte de la premisa de que la primera porción del artículo impugnado tiene una naturaleza formal y materialmente laboral; en cambio, la segunda, al referirse esencialmente al ámbito presupuestario del Instituto Mexicano del Seguro Social, tiene el carácter de administrativa, aunque sin duda guardan una estrecha relación entre sí, pero no al grado de hermanarse, ya que pueden distinguirse claramente los diversos parámetros legales que regula el artículo segundo transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 277-D y 286-K de la Ley del Seguro Social, publicado el once de agosto de dos mil cuatro en el Diario Oficial de la Federación.

Con base en este marco normativo, resulta oportuno precisar que la parte quejosa sostiene sustancialmente en la demanda de garantías que el artículo reclamado es contrario al principio del destino al gasto público previsto en la fracción IV del artículo 31 constitucional, porque las cuotas patronales que aporta para el servicio público de la seguridad social se aplican en el régimen de jubilaciones y pensiones de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que no constituye un gasto público, sino privado; por lo que es innegable que la pretensión relativa parte de tres direcciones:

1) La infracción del principio tributario de destino al gasto público antes indicado.

2) El cuestionamiento de la expectativa o posibilidad de aportación de cuotas al régimen de jubilaciones y pensiones.

3) La violación de las etapas de planeación y ejecución del gasto público federal aprobado en el presupuesto de egresos de la Federación, incluido el proceso de aprobación del presupuesto de egresos del Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que realmente significa cuestionar principios presupuestarios relacionados con el gasto público.

En otras palabras, la litis constitucional planteada tiene que ver con los principios presupuestarios vinculados con la forma como se distribuye y aplica el gasto público federal aprobado por diferentes entidades públicas, esto es, se cuestiona la forma en que se planea el gasto público federal que ha sido debidamente programado en el presupuesto de ingresos y egresos del mismo Instituto Mexicano del Seguro Social.

Las consideraciones que anteceden permiten concluir que el reclamado artículo segundo transitorio del decreto de reformas y adiciones de los artículos 277-D y 286-K de la Ley del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de agosto de dos mil cuatro, en la porción normativa impugnada, tiene una naturaleza administrativa, ya que se refiere a la eventual aportación del Instituto Mexicano del Seguro Social de las sumas que correspondan de su presupuesto, con cargo a las cuotas de seguridad social, contribuciones y aportaciones que conforme a la aludida ley deba recaudar y recibir, al régimen de jubilaciones y pensiones de sus trabajadores, que ostenten cualquiera de esas condiciones hasta antes de la entrada en vigor del decreto citado, sin que se afecte o modifique dicho régimen de seguridad social, sino el presupuesto del Instituto Mexicano del Seguro Social; tan es así que guarda estrecha relación con el diverso artículo 5o. del presupuesto de egresos de la Federación, que en la parte que interesa dispone:

"Artículo 5o. El ejercicio del gasto del Instituto Mexicano del Seguro Social se realizará de conformidad con las disposiciones de la Ley del Seguro Social y por lo señalado en este artículo. Conforme al artículo 272 de dicha ley, el gasto programable del instituto será de $184´381,400,000.00. El Gobierno Federal aportará al instituto la cantidad de $32´781,800,000.00, como aportaciones para los seguros y la cantidad de $47´433,200,000.00, para cubrir las pensiones en curso de pago derivadas del artículo duodécimo transitorio de la Ley del Seguro Social aprobada el 21 de diciembre de 1995.-Durante el ejercicio fiscal de 2004, el Instituto Mexicano del Seguro Social deberá destinar a las reservas financieras y actuariales de los seguros y a la reserva general financiera y actuarial, así como al fondo para el cumplimiento de obligaciones laborales de carácter legal o contractual, a que se refieren los artículos 280, fracciones III y IV, y 286 K, respectivamente, de la Ley del Seguro Social, la cantidad de $13´132,600,000.00, a fin de garantizar el debido y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contraiga, derivadas del pago de beneficios y la prestación de servicios relativos a los seguros que se establecen en dicha ley; así como para hacer frente a las obligaciones laborales que contraiga, ya sea por disposición legal o contractual, para con sus trabajadores.-Para los efectos del artículo 277 G de la Ley del Seguro Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social deberá sujetarse a las normas de austeridad y disciplina presupuestaria contenidas en este decreto, en los términos propuestos por el Consejo Técnico de dicho instituto, las cuales se aplicarán sin afectar con ellas el servicio público que está obligado a prestar a sus derechohabientes. Conforme al mismo artículo 277 G, dichas normas no deberán afectar las metas de constitución o incremento de reservas establecidas en este decreto."

Por las razones expuestas, resulta indudable que la porción normativa impugnada no tiene una naturaleza laboral, porque no afecta, modifica, altera o trasciende al régimen de jubilaciones y pensiones de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, sino a la esfera presupuestaria de este organismo fiscal autónomo, que es la materia del reclamo constitucional.

Vista desde esa óptica la problemática constitucional, no cabe sino concluir que es desacertado señalar que la porción normativa impugnada en la demanda de garantías revista la naturaleza de laboral pues, como se ha venido diciendo, de dicha demanda se advierte que la quejosa tildó de inconstitucional el artículo segundo transitorio del referido decreto, esto es, que la porción normativa impugnada tiene una naturaleza administrativa, la cual fue analizada por el Juez del conocimiento al momento de negar el amparo solicitado.

Por último, debe indicarse que la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa se surte de manera delegada, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo Plenario 5/2001, en el entendido de que si al momento en que se resuelva el asunto no existiera jurisprudencia aplicable al caso, deberá reservarse jurisdicción a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para que conozca y resuelva el mismo.

Similares consideraciones se sostuvieron al resolver los conflictos competenciales 31/2005, 32/2005, 33/2005 y 34/2005, aprobados por unanimidad de cinco votos en sesiones de veintidós y veintinueve de abril de dos mil cinco, respectivamente.

Por lo expuesto y fundado se resuelve:

PRIMERO.-El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito es competente para conocer del recurso de revisión interpuesto por Sidcomex, Sociedad Anónima de Capital Variable, contra la sentencia dictada el veintidós de febrero de dos mil cinco, por el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Puebla, en el juicio de amparo indirecto 1174/2004; así como de las revisiones adhesivas interpuestas por las autoridades responsables.

SEGUNDO.-Remítase testimonio de la presente resolución a los tribunales contendientes y los autos al declarado competente, para su conocimiento y efectos legales conducentes.

Notifíquese; con copia de la presente resolución remítanse los autos del juicio de amparo al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, haciéndolo del conocimiento del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del mismo circuito y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: Margarita Beatriz Luna Ramos, Genaro David Góngora Pimentel, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y presidente Juan Díaz Romero. Fue ponente el señor Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18933-83665910/seguro-social-la-competencia-delegada-para-conocer-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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