Corpus
Modo: Corpus Pro

CUERPO DEL DELITO, SU COMPROBACIÓN EN SENTENCIAS DEFINITIVAS (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 1442/2005. · Registro digital (IUS): 18965
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Agosto de 2005, , Pág. 1585.

AMPARO DIRECTO 1442/2005.

CONSIDERANDO:

QUINTO. Son infundados los conceptos de violación hechos valer por el peticionario de garantías, excepto el último que es fundado pero inoperante.

En lo relativo al primer concepto de violación, es infundado toda vez que este Tribunal Colegiado advierte que, contrario a lo aducido por el quejoso, se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento, ya que conforme a derecho, después de practicadas las diligencias por el agente del Ministerio Público, el veintiocho de diciembre del año pasado, se efectuó la consignación de la indagatoria con detenido al Juez de Paz, quien la radicó en la misma fecha y previo su análisis declaró la legal detención del impetrante de garantías; en esa misma fecha se realizó la diligencia preparatoria, haciéndole saber las garantías que otorga el artículo 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual ratificó la declaración ministerial y al conocer el derecho de obtener su libertad bajo caución, ofreció las garantías para que ésta le fuera concedida. Dentro del plazo a que se refiere el artículo 19, del citado ordenamiento, el treinta y uno, se resolvió su situación jurídica, dictándole auto de formal prisión, como probable responsable del delito de robo; se abrió el procedimiento por la vía sumaria; se le otorgó la oportunidad de ofrecer las pruebas pertinentes y a solicitud de éste, se desahogó la ampliación de su declaración; desistió de las ampliaciones de declaración de ... y de ... asimismo, solicitó no ser careado con los agentes captores; posteriormente, se celebró la audiencia a que se refiere el artículo 308 del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal, en la cual las partes formularon sus conclusiones verbales y se dictó sentencia condenatoria; en contra de la anterior, el peticionario de garantías interpuso recurso de apelación, celebrándose la audiencia de vista de manera colegiada el uno de abril del presente año, turnándose los autos a la Magistrada ponente, quien unitariamente emitió la resolución el veintidós, siendo esta última contra la cual el inconforme promovió el presente juicio de amparo.

De acuerdo con lo anterior, este órgano, concluye que contrario a lo que sostiene el promovente del amparo, durante el procedimiento, se actuó con estricto apego a las garantías de seguridad jurídica y legalidad que contemplan los artículos 14 y 16 constitucionales, respetando su garantía de audiencia y la del debido proceso legal, dentro del marco normativo que regula el procedimiento penal.

Sobre el particular, resulta aplicable la jurisprudencia 218, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 260 del Tomo I, Materia Constitucional, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice:

"FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga ‘se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento’. Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado."

Cabe precisar que no se expone inconformidad alguna con los aspectos relativos a la comprobación del cuerpo del delito de robo, ni a la demostración de la plena responsabilidad penal del ahora quejoso en su comisión; por lo que, este Tribunal Colegiado, procederá al análisis de tales aspectos para en su caso advertir si existe alguna deficiencia en los conceptos de violación que suplir en su beneficio, acorde con lo establecido en la fracción II del artículo 76 bis de la Ley de Amparo.

Previo al análisis de los mismos, es importante señalar que no pasa inadvertido para este Tribunal Colegiado, que la Sala responsable tuvo por acreditados los citados antijurídicos, en términos de los artículos 1o. y 72 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal y no en términos del artículo 122 del citado código procedimental, lo cual se estima desacertado, pues si bien es verdad de acuerdo con el primero de los numerales citados, corresponde a los tribunales penales del Distrito Federal, determinar cuándo un hecho es o no delito, así como declarar la responsabilidad o la irresponsabilidad de las personas acusadas ante ellos e imponer en su caso las sanciones correspondientes y que de acuerdo al segundo de los numerales toda resolución judicial expresará las consideraciones y los fundamentos legales que la sustenten, ello en forma alguna, excluye la aplicación del dispositivo 122 del citado código procedimental al emitirse la sentencia correspondiente.

Lo anterior en virtud de que los artículos 1o. y 72 del referido código procesal, no establecen regla alguna para acreditar la existencia del delito, ni la plena responsabilidad del acusado en su comisión, por ello, no pueden servir de sustento para que los tribunales penales del Distrito Federal, al dictar sentencia definitiva, acrediten el delito en términos de dichos numerales.

En efecto, por lo que respecta al primero de los numerales citados, establece la competencia que tienen los tribunales penales del Distrito Federal, para declarar, en la forma y términos que esa propia legislación procesal establece, cuándo un hecho "ejecutado" es o no delito (fracción I), declarar la responsabilidad o la irresponsabilidad de las personas acusadas ante ellos (fracción II) e imponer en su caso las sanciones correspondientes (fracción III), pues dispone:

"Artículo 1o. Corresponde exclusivamente a los tribunales penales del Distrito Federal: I. Declarar, en la forma y términos que esta ley establece, cuándo un hecho ejecutado en las entidades mencionadas es o no delito; II. Declarar la responsabilidad o la irresponsabilidad de las personas acusadas ante ellos; y III. Aplicar las sanciones que señalen las leyes. Sólo estas declaraciones se tendrán como verdad legal."

Por su parte, el artículo 72 del código procesal invocado indica los requisitos de forma y fondo que debe contener la sentencia, al señalar:

"Artículo 72. Toda resolución judicial expresará la fecha en que se pronuncie.

"Los decretos se reducirán a expresar el trámite.

"Los autos contendrán una breve exposición del punto de que se trate y la resolución que corresponda, precedida de sus fundamentos legales.

"Las sentencias contendrán:

"I. El lugar en que se pronuncien;

"II. Los nombres y apellidos del acusado, su sobrenombre si lo tuviere, el lugar de su nacimiento, nacionalidad, edad, estado civil, en su caso, el grupo étnico indígena al que pertenezca, idioma, residencia o domicilio, ocupación oficio o profesión.

"III. Un extracto de los hechos exclusivamente conducentes a los puntos resolutivos del auto o de la sentencia en su caso, evitando la reproducción innecesaria de constancias;

"IV. Las consideraciones y los fundamentos legales de la sentencia; y

"V. La condenación o absolución correspondiente y los demás puntos resolutivos."

Como se puede advertir, ninguno de los artículos citados, prevé regla alguna para la comprobación del delito al momento de dictarse la sentencia definitiva; por ello, no existe razón para sostener que en este tipo de resoluciones tiene que acreditarse el delito en los términos que establecen dichos numerales, lo que lleva a este Tribunal Colegiado a estimar que tampoco existe razón alguna para que, en tratándose de sentencias, no se aplique el precepto 122 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, el cual sí establece las reglas para la comprobación del cuerpo del delito y la responsabilidad del sujeto activo en su comisión, pues por lo que ve al primero de los aspectos, señala que éste se tendrá por comprobado cuando se demuestre la existencia de los elementos que integran la descripción de la conducta o hecho delictuoso, según lo determine la ley, y por cuanto hace a la responsabilidad del sujeto activo, regula que ésta se tendrá por acreditada cuando de los medios probatorios existentes no se demuestre a favor de aquél alguna causa de licitud y que obren datos suficientes para acreditar su probable culpabilidad.

Ahora bien, el hecho de que al dictarse sentencia definitiva, tenga que acreditarse el delito, entendido éste como la conducta típica, antijurídica y culpable, de ninguna manera excluye la aplicación del artículo 122 del código procedimental en cuestión, porque precisamente, la suma de las dos figuras procesales (cuerpo del delito y responsabilidad), conforman el delito mismo.

Este tribunal considera que estas dos figuras procesales y el delito mismo, previstas por normas procesales y sustantivas, no son conceptos distintos que se contrapongan, sino que se trata de normas penales que se vinculan estrechamente entre sí, y que precisamente a través del análisis del cuerpo del delito y responsabilidad penal, se debe constatar la existencia del delito mismo.

Es decir, el denominado "cuerpo del delito" recepta de manera íntegra el contenido dogmático del tipo penal, tanto objetivo (elementos objetivos descriptivos como normativos) como subjetivo (culpa, dolo y elementos subjetivos específicos), pues del artículo 122 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, aparece como ya se dijo, que el cuerpo del delito se tendrá por comprobado cuando se demuestre la existencia de los elementos que integran la descripción de la conducta o hecho delictuoso, según lo determine la ley penal, es decir, ese conjunto se encuentra integrado de elementos objetivos, tales como conducta, sujeto activo y su forma de intervención, sujeto pasivo, calidades en ambos, bien jurídico tutelado y su lesión o puesta en peligro, resultado y nexo de atribuibilidad, circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión, medios comisivos, además de que si la descripción típica los requiere, serán estudiados los elementos normativos, lo anterior en el tipo objetivo, y en cuanto al tipo subjetivo, en forma indispensable se deberán analizar los elementos subjetivos genéricos (dolo o culpa); por su parte, la responsabilidad penal se demuestra ante la ausencia de causas de justificación (ausencia de consentimiento del titular del bien jurídico, legítima defensa, estado de necesidad, cumplimiento de un deber o ejercicio de un derecho) y la culpabilidad (que se trata de un juicio sobre el autor del hecho, en el cual se debe constatar su capacidad de ser culpable, o sea, imputabilidad legal y médica, además, conocimiento de la antijuridicidad y exigibilidad de otra conducta).

Lo anterior es así, ya que una interpretación armónica y sistemática del numeral 122 antes citado, con el artículo 29 del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, nos permite establecer cuáles son las causas que excluyen el delito, siendo éstas ausencia de conducta, atipicidad, causas de justificación y de inculpabilidad; en esa medida, es factible desprender de la interpretación a contrario sensu del último precepto, así como del contenido de los dispositivos 15 (principio de acto), 16 (omisión propia e impropia), 18 (dolo o culpa) y 22 (autoría y participación) de ese ordenamiento sustantivo, que los elementos configuradores del delito son: conducta, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad.

Así pues, el hecho de que en la sentencia definitiva tenga que acreditarse el delito atribuido al sujeto o sujetos activos, como ya se mencionó, no excluye la aplicación del artículo 122 del código procedimental en cuestión, como incluso, puede advertirse más nítidamente de la tesis sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal de Justicia del país, en su anterior integración, visible en la página 187 del Volumen XXII, Segunda Parte, Sexta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice:

"TIPICIDAD. Siendo la tipicidad un elemento objetivo del delito, que se integra mediante la función de comprobación de que el hecho imputado (conducta y resultado) se adecua al presupuesto normativo y descriptivo (tipo), la sentencia impugnada, al aceptar que en autos se comprobó el cuerpo del delito previsto en un precepto, está realizando la función de comprobar que el hecho imputado encaja, en forma perfecta, dentro de la hipótesis recogida por el tipo."

Ahora bien, si en los autos en los que se emite orden de aprehensión como en los de plazo constitucional, se debe estudiar el cuerpo del delito como la responsabilidad penal (aunque en forma probable), con mayor razón se requerirá su acreditación tratándose de sentencias definitivas (pero ahora sus componentes se demostrarán plenamente), que en términos de la jurisprudencia 71, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 100 del Tomo I, Materia Constitucional del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN.", constituye un acto privativo, en términos del segundo párrafo del artículo 14 constitucional.

Es aplicable al caso, en lo conducente, la tesis sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal de Justicia del país, en su anterior integración, visible en la página 2682 del Tomo LXIV, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que reza:

"CUERPO DEL DELITO, COMPROBACIÓN DEL, EN LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA. Si se alega como agravio en el amparo directo que se promueva contra una sentencia de segunda instancia, que no se comprobó el cuerpo del delito que se imputa al acusado, y de las constancias procesales aparece que sí está justificado, debe negarse el amparo."

Lo anterior puede corroborarse incluso, con lo dispuesto en el artículo 124 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, en el que para sentencias definitivas, hace alusión a las figuras procesales "cuerpo del delito" y "plena responsabilidad", al señalar:

"Artículo 124. Para la comprobación del cuerpo del delito y la probable o plena responsabilidad del inculpado, en su caso, el Ministerio Público y el Juez gozarán de la acción más amplia para emplear los medios de prueba que estimen conducentes, para el esclarecimiento de la verdad histórica, aunque no sean de los que define y detalla la ley, siempre que esos medios no estén reprobados por ésta."

En ese tenor, al constituir la sentencia definitiva un acto privativo en los términos precisados, indudablemente debe estar precedida de todos los requisitos formales del procedimiento, en términos del artículo 14 constitucional, segundo párrafo, esto es, debe cumplir, entre otros, con la citación de los preceptos legales que fundamenten el sentido en que se dicte, además de la narración pormenorizada de las consideraciones que la sustentan, por ello se afirma que la aplicación del artículo 72 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal en las sentencias definitivas, no riñe con la aplicación del artículo 122 del código procesal en cuestión, pues mientras el primero se refiere a los requisitos que debe contener dicha resolución, el segundo numeral prevé la acreditación del cuerpo del delito el cual sin duda, constituye la base del procedimiento judicial sin la cual no podría declararse la responsabilidad del acusado ni imponerle pena.

No obstante, cabe precisar que en el acto reclamado se advierte una contradicción: la Sala responsable señala que "en la sentencia el órgano jurisdiccional habrá de acreditar el delito en su integridad", en ese tenor, analiza que se acreditó la existencia de los elementos objetivo, normativo, subjetivo específico, objeto material, dolo, resultado material, nexo de causalidad, para concluir con su juicio de tipicidad, enseguida analiza la antijuridicidad y culmina con la declaración del delito y responsabilidad penal, al constatar que no existió ninguna causa de inculpabilidad.

Lo anterior resulta correcto si se atiende a que se estudió la totalidad del delito y se concluyó que éste se demostró plenamente, sin embargo, el ad quem posteriormente incluyó un capítulo relativo a la "responsabilidad penal", sin embargo, tal criterio, resulta contradictorio en sí mismo, porque cabe destacar que cuerpo del delito y responsabilidad penal, son dos figuras procesales que se complementan y cuyo contenido es el delito mismo, por lo que si ya mediante otro procedimiento había concluido que éste se hallaba demostrado, consecuentemente, ya no tenía por qué analizar la responsabilidad penal, pues respecto de sus elementos ya se había declarado que estaban plenamente demostrados.

No se desconoce que la responsabilidad penal se concebía como la forma de intervención, lo que se encontraba fortalecido con el título que tenía el artículo 13 del Código Penal para esta ciudad de 1931, en el sentido de: "Capítulo III ‘Personas responsables de los delitos’ y ‘Artículo 13. Son responsables del delito’"; sin embargo, a partir de la reforma constitucional de 1993, así como de los preceptos 13, ya citado y 122 del Código de Procedimientos Penales Para esta capital, de enero de 1994, en el último numeral se estableció que: "... para resolver sobre la probable responsabilidad del inculpado, la autoridad deberá constatar si no existe acreditada a favor de aquél alguna causa de licitud y que obren datos suficientes para acreditar su probable culpabilidad. ..."

En la actualidad, el sujeto activo y la forma de intervención no son componentes de la responsabilidad penal, porque además de que el precepto 122 del Código de Procedimientos Penales para esta capital, estatuye que los componentes de esa figura procesal son la ausencia de causas de licitud y que existan datos suficientes para acreditar la culpabilidad, no debe olvidarse que el artículo 22 del Nuevo Código Penal para esta ciudad, que contiene entre otras formas de intervención a la autoría que es un elemento objetivo del tipo y su análisis corresponde efectuarlo en el cuerpo del delito.

Precisado lo anterior, debe decirse que no obstante que la Sala responsable al emitir la sentencia combatida, tuvo por acreditado el delito en cuestión en términos de los artículos 1o. y 72 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal y no del 122 de ese código procedimental, analizó los elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del hecho que la ley señala como delito así como los elementos normativos y subjetivos establecidos en la descripción de la conducta delictiva (elementos del cuerpo del delito), además examinó que en el caso, el amparista actuó dolosamente, que no existía acreditada a su favor alguna causa de exclusión del delito como causa de justificación o de inculpabilidad (elementos de la responsabilidad penal), lo que la llevó a fincarle el juicio de reproche respectivo.

Al respecto, la Sala responsable valoró las pruebas que constan en la causa, mismas que apreciadas en su conjunto, de manera lógica, natural y jurídicamente razonada, de conformidad con los lineamientos previstos en los numerales 253, 254, 255, 261 y 286 del citado ordenamiento procesal, fueron suficientes para que la ad quem acreditara el delito de robo, previsto y sancionado en el artículo 220, párrafo inicial (al que con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo, se apodere de una cosa ajena mueble), fracción II (cuando el valor de lo robado no exceda de trescientas veces el salario mínimo) del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, así como la plena responsabilidad penal del amparista en su comisión, conforme a lo dispuesto por el numeral 22, fracción I (lo realice por sí), del referido código punitivo; siendo que en el particular, se arribó a la conclusión de que siendo aproximadamente las catorce horas con treinta minutos del veintiséis de diciembre del año pasado, en la tienda ... ubicada en ... esquina con ... el amparista se apoderó con ánimo de dominio y sin consentimiento alguno de quien legalmente pudiera otorgarlo de cuatro paquetes de cuatro pilas cada uno, AAA-4, Energizer Max, una loción para caballero Aspen, de cincuenta y nueve mililitros, contenida en un envase verde con una tapa "cobre" y una chamarra verde, de pana, "725 Originals", mediana; lesionando con su conducta el bien jurídico tutelado, siendo en el particular el patrimonio de la persona moral ofendida.

Para así determinarlo, la Sala responsable tomó en consideración la declaración de ... apoderado legal de la aludida sociedad, quien al día siguiente del antijurídico formuló "querella" por el delito de robo cometido en agravio de la empresa ofendida y acreditó su personalidad; a la cual se le adminicularon los atestos de: ... policías preventivos, quienes en forma similar señalaron que el día del hecho ilícito se trasladaron al centro comercial antes citado, lugar donde el personal de éste les entregó al amparista, así como la mercancía robada, para su remisión al agente del Ministerio Público; de ... quienes coincidentemente expresaron que el día del evento delictual el impetrante de garantías se apoderó con ánimo de dominio y sin consentimiento de persona que legalmente pudiera otorgarlo de cuatro paquetes de cuatro pilas cada uno, AAA-4, Energizer Max, una loción para caballero Aspen, de cincuenta y nueve mililitros, contenida en un envase verde con una tapa "cobre" y una chamarra verde, de pana, "725 Originals", mediana; la inspección ministerial del lugar de los hechos y de los objetos robados, así como de la documental pública ofrecida por el "querellante" para acreditar su personalidad; el dictamen oficial en valuación concluyente en que el valor en el mercado de los bienes robados era de seiscientos pesos; así como el formato de detenidos puestos a disposición del agente del Ministerio Público; actuaciones efectuadas conforme a la legalidad y sirven de indicio para demostrar la acusación que se endereza en contra del peticionario de garantías.

En consecuencia, la conjunta valoración de las pruebas anteriores, en la forma realizada por la Sala responsable, es contundente para considerar por comprobado el referido antijurídico y por demostrada la plena responsabilidad penal del hoy solicitante de amparo en su comisión, a título de autor, conforme a lo dispuesto por el numeral 22, fracción I, del citado código represor, a través de la prueba circunstancial a la cual otorgó valor probatorio pleno, en términos del artículo 261 del código procesal antes señalado; al caso sirve de apoyo la jurisprudencia número 275 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 200, Tomo II, Materia Penal, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice:

"PRUEBA CIRCUNSTANCIAL, VALORACIÓN DE LA. La prueba circunstancial se basa en el valor incriminatorio de los indicios y tiene, como punto de partida, hechos y circunstancias que están probados y de los cuales se trata de desprender su relación con el hecho inquirido, esto es, ya un dato por complementar, ya una incógnita por determinar, ya una hipótesis por verificar, lo mismo sobre la materialidad del delito que sobre la identificación del culpable y acerca de las circunstancias del acto incriminado."

No es óbice para concluir lo anterior, que el amparista si bien es cierto en su deposado ministerial, el cual fue ratificado en su declaración preparatoria, aceptó que el día de los hechos robó exclusivamente la chamarra, toda vez que los diversos artículos (cuatro paquetes de pilas y la loción fedatadas) los había adquirido con antelación, sin acreditarlo; sin embargo, durante la audiencia de desahogo de pruebas se retractó de las declaraciones previas, aunque reconoció las firmas en éstas plasmadas, constituyendo un aleccionamiento defensista aislado que pretende eximirlo de responsabilidad; sin que resulte suficiente para desvirtuar la imputación firme y categórica que obra en su contra, la cual se encuentra robustecida por el restante material probatorio que en autos consta.

Por otra parte, el segundo motivo de disenso es infundado ya que en el considerando IX del acto reclamado la ad quem llevó a cabo la individualización de las sanciones, aplicando los artículos 70 a 72 del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, de manera pormenorizada, confirmando en este aspecto la resolución del a quo, determinó que era un ilícito que afectaba el patrimonio de las personas; el amparista lo consumó por sus propios medios; conforme a las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución antes precisadas; siendo la magnitud del daño de regular intensidad; sin que en el particular pueda existir relación de parentesco o amistad con la empresa ofendida, al tratarse de una persona moral; actuó como autor material; su motivo estribó en obtener un lucro indebido, sin que se observe que los criterios antes referidos, fueran analizados de "manera superficial", ni que hubiera efectuado una errónea apreciación de los hechos, al existir la "querella" formulada por persona facultada; los deposados de los testigos, así como la inspección ministerial del lugar en que se cometió el antijurídico y de los objetos robados, aunado al dictamen oficial en valuación que en autos consta, los cuales permitieron formular el juicio de reproche en contra del promovente del amparo.

Tampoco asiste razón al impetrante de garantías al sostener que no fueron tomadas en consideración sus peculiaridades personales, ni que éste pertenecía a las clases económicamente pobres del país, ya que al respecto la Sala responsable determinó que el quejoso tenía ... años, vivía en ... con instrucción ... de ocupación ... con un ingreso mensual de ... y dependían económicamente de él ...

A su vez, se precisó que en el informe rendido por la Dirección General de Prevención y Readaptación Social del Distrito Federal se obtuvo que éste tenía un ingreso previo a prisión, lo cual se corroboró con el oficio 698 signado por el Juez Sexagésimo Segundo Penal del Distrito Federal mediante el cual remitió copia certificada de la reseña dactiloscópica y de la causa 287/02, instruida en contra del amparista por el delito de robo calificado, en la que se le impusieron dos años de privativa de libertad y multa de un mil seiscientos ochenta y seis pesos; inconforme interpuso el recurso de apelación, siendo que la ad quem modificó la resolución apelada y le impuso por el delito de robo calificado dos años de prisión y cuarenta días multa; por lo cual se le consideró como delincuente no "primario".

Del estudio de personalidad del impetrante de garantías se desprendía que éste contaba con una capacidad criminal, adaptabilidad social e índice de estado peligroso medios.

En ese tenor, resulta infundado el tercer concepto de violación, ya que de la lectura del acto reclamado se obtiene que la Sala responsable llevó a cabo la fundamentación y motivación en lo concerniente a la individualización de las penas, conforme a lo dispuesto por los numerales precitados, siendo que para determinar el grado de culpabilidad del amparista justipreció las circunstancias del antijurídico, así como las personales del impetrante de garantías que la llevaron a concluir que éste se ubicaba en el "equidistante hacia la mínima de entre ésta y la media", sin que al no haber sido graduado éste como "mínimo", se estime que tal determinación resulta violatoria de garantías, ya que en este particular, la Sala goza del más amplio arbitrio judicial, para imponer las penas que estime justas dentro de los máximos y mínimos señalados en la ley, teniendo como límite la observancia de las reglas normativas de la individualización de la pena, en términos de los artículos 70 a 72 de la nueva legislación sustantiva aplicable, siendo que en el particular fueron aplicados por la Sala responsable.

Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia 239 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 178 del Tomo II, Materia Penal del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que es del rubro y texto siguientes:

"PENA, INDIVIDUALIZACIÓN DE LA. ARBITRIO JUDICIAL. La cuantificación de la pena corresponde exclusivamente al juzgador, quien goza de plena autonomía para fijar el monto que su amplio arbitrio estime justo dentro de los máximos y mínimos señalados en la ley y sin más limitación que la observancia de las reglas normativas de la individualización de la pena."

Por tanto, la Sala responsable con fundamento en lo dispuesto por el artículo 220, fracción II, del Código Penal vigente, por el delito básico de robo que contempla una penalidad que va de seis meses a dos años y de sesenta a ciento cincuenta días multa, cuando el valor de lo robado no exceda de trescientas veces el salario mínimo o cuando no sea posible determinar el valor de lo robado, siendo que de las constancias que en autos aparecen se desprende que los objetos robados ascendían a seiscientos pesos (tomando en consideración el salario mínimo vigente en la época de los hechos que era de cuarenta y cinco pesos con veinticuatro centavos), le impuso ocho meses siete días de prisión, así como setenta y un días multa, equivalentes a tres mil doscientos doce pesos con cuatro centavos; sin que éstas se consideren excesivas dejando al impetrante de garantías en estado de indefensión, ya

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18965-6bfa7613/cuerpo-del-delito-su-comprobacion-en-sentencias-definitivas · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.