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Modo: Corpus Pro

INCULPADO. SU NEGATIVA A DECLARAR NO CONSTITUYE UN INDICIO PARA ACREDITAR SU CULPABILIDAD, SINO UNA GARANTÍA CONSTITUCIONAL.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 1580/2005. · Registro digital (IUS): 18970
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Agosto de 2005, , Pág. 1631.

AMPARO DIRECTO 1580/2005.

CONSIDERANDO:

SEXTO.-Por otra parte, en relación con la individualización de la pena, en suplencia de la queja deficiente, de conformidad con el artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, este Tribunal Colegiado advierte que la sentencia reclamada deviene violatoria de la garantía de legalidad que en favor del gobernado establece la Constitución General de la República, en atención a las razones que se exponen a continuación.

En efecto, en el capítulo correspondiente, la Sala responsable, de manera correcta advirtió, que la forma de realización de la conducta fue dolosa, que el daño causado al bien jurídico fue "de ligera intensidad", así como las circunstancias de comisión del delito y el grado de intervención del agente.

No obstante, la Sala responsable sólo mencionó las características personales del aquí peticionario del amparo, sin establecer si las mismas le favorecían o no, dado que se limitó a reproducirlas, al apuntar que ... dijo ser de ... años de edad ... con instrucción profesional ... de ocupación ... con ingresos económicos de ... mensuales, pero, como se advirtió, no emitió juicio de valor alguno sobre estas circunstancias, lo cual es relevante si se considera que fueron cuatro sujetos los que intervinieron en la comisión del delito y a todos y cada uno encontró con un índice de culpabilidad igual, a pesar de existir importantes diferencias de tipo personal entre ellos.

Finalmente, cuando la responsable analizó el comportamiento posterior del peticionario del amparo en relación con la comisión del delito, destacó el hecho de que se dio a la fuga, lo cual se considera correcto, para luego afirmar que negó los hechos imputados, aspecto éste que resulta a todas luces violatorio de la garantía de no autoincriminación, que establece la fracción II del apartado A del artículo 20 de la Constitución General de la República, cuyo pleno ejercicio no puede constituir un elemento de reproche desfavorable al gobernado, porque entonces, en los hechos, se vuelve nugatoria esa garantía. La autoridad judicial sí puede considerar la cooperación del acusado en el esclarecimiento de los hechos, como una conducta posterior al delito que puede resultarle favorable, pero en ningún caso, negar los hechos, puede tener como consecuencia una valoración desfavorable al sentenciado, en relación con el delito cometido y la administración de justicia, precisamente porque al estar consagrado a nivel constitucional el derecho de no declarar en su contra, la plenitud de su ejercicio, contempla inclusive el derecho de negar los hechos imputados.

Resulta orientador al respecto, el criterio que ha sostenido este Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en la siguiente jurisprudencia, que aparece publicada como tesis aislada en la página 1534 del Tomo XIX, enero de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice:

"INCULPADO. SU NEGATIVA A DECLARAR NO CONSTITUYE UN INDICIO PARA ACREDITAR SU CULPABILIDAD SINO UNA GARANTÍA CONSTITUCIONAL.-El artículo 20, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que en todo proceso del orden penal el inculpado no podrá ser obligado a declarar; por tanto, si el procesado se acoge al beneficio otorgado en dicha garantía y se niega a declarar o se reserva el derecho a hacerlo, tal circunstancia no constituye un indicio de culpabilidad en la comisión del delito que se le atribuye, sino el ejercicio de un derecho constitucional."

Así las cosas, la conclusión a la que arribó la responsable en el sentido de que el quejoso ... tenía un índice de culpabilidad equidistante entre el mínimo y el medio, resulta ilegal, porque en el artículo 72 del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, en donde el legislador estableció los criterios que imperativamente debe considerar la autoridad judicial al momento de individualizar la pena, no existe uno solo que permita calificar de manera desfavorable para el gobernado el ejercicio del derecho constitucional que tiene de no autoincriminarse.

Consecuentemente, deberá en este aspecto concederse el amparo solicitado, a fin de que la Sala responsable reindividualice la gravedad del delito y la culpabilidad del peticionario del amparo.

En otro aspecto, no le causa agravio al sentenciado lo resuelto en cuanto a la reparación del daño, pues a juicio de la Sala responsable esa pena pecuniaria resultó improcedente, dado que el monto de lo robado se consideró indeterminado; como tampoco afecta su interés jurídico lo resuelto en cuanto al destino de los diversos objetos asegurados, cuya devolución se ordenó en favor de quien acredite ser propietario de los mismos.

Finalmente, estuvo en lo correcto la autoridad responsable al confirmar la suspensión de derechos políticos del sentenciado, por el tiempo que dure la pena de prisión, porque dicha medida es legal, en términos del artículo 38, fracción III, de la Constitución Federal y de los artículos 57, fracción I y 58 del Código Penal aplicable.

En tales condiciones, al ser por lo expuesto violatoria de garantías la sentencia reclamada, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada por ... a fin de que la Novena Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en cumplimiento a esta ejecutoria:

a) Deje insubsistente la resolución reclamada y dicte una nueva sentencia;

b) Reitere el estudio realizado sobre la comprobación del delito de robo calificado, en términos de los artículos 220, fracción II, 224, fracción IX, y 225, fracción I, del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, así como lo argumentado en relación con la plena responsabilidad del quejoso en su comisión; la absolución de la reparación del daño, el destino de los bienes asegurados y la suspensión de derechos políticos;

c) Reindividualice las penas, sin tomar en consideración para ese efecto la circunstancia de que el quejoso haya negado los hechos imputados y valorando sus características personales, en la medida en que éstas sean relevantes, de conformidad con lo expuesto en el considerando sexto de esta ejecutoria; en la inteligencia de que las penas impuestas deberán ser menores a las ya determinadas y que, consecuentemente, llevarán a la responsable a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la procedencia o no de los beneficios alternativos a la pena de prisión.

Tiene aplicación al caso, por similitud jurídica, la tesis que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XVII, mayo 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice:

"CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. CUANDO LA PROTECCIÓN FEDERAL IMPLICA DEJAR INSUBSISTENTE EL LAUDO O SENTENCIA RECLAMADOS Y DICTAR UNO NUEVO, LA RESPONSABLE DEBE DECIDIR TODAS LAS CUESTIONES LITIGIOSAS EN EL NUEVO LAUDO O SENTENCIA, EVITANDO LA COEXISTENCIA DE DOS O MÁS.-Si se otorga el amparo en contra de un laudo o sentencia definitiva, el cumplimiento de la ejecutoria implica dejar sin efecto la resolución reclamada y dictar otra que dirima todos los puntos de la litis en los términos señalados en la sentencia de garantías; por lo tanto, si la responsable, en el nuevo laudo o sentencia decide únicamente los punto litigiosos señalados en forma destacada en la ejecutoria de garantías, pero nada resuelve sobre los otros puntos litigiosos ya definidos o intocados por la sentencia de amparo, sino que respecto de ellos deja parcialmente subsistente el laudo o sentencia reclamados, tal proceder genera la coexistencia de dos resoluciones, lo que impedirá declarar cumplida la ejecutoria, en virtud de que el laudo o sentencia definitiva, como acto jurídico de decisión con que culmina la contestación, no debe emitirse en varios actos, sino en uno sólo, que dé unidad a la decisión, tanto más si las resoluciones que constan en diversos actos contienen resolutivos ejecutables, lo cual adquiere mayor relevancia por la obligación de resolver todos los puntos litigiosos en acatamiento del principio de congruencia, así como por la vinculación entre las prestaciones y las pruebas, que no deben resolverse ni valorarse de manera separada e incompleta, pues al hacerlo así, existiría el riesgo de obtener un resultado diverso al de su valoración conjunta."

La concesión del amparo, deberá hacerse extensiva a los actos de ejecución que se atribuyen al Juez Décimo Cuarto Penal y al director de Ejecución de Sanciones Penales, de la Subsecretaría de Gobierno del Distrito Federal, pues al ser violatoria de garantías la sentencia impugnada, los actos que conducen a su cumplimiento se ven afectados de la misma inconstitucionalidad, de conformidad con la jurisprudencia número 103, publicada en la página 67 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que a la letra dice:

"AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS INCONSTITUCIONALES DE LAS.-La ejecución que lleven a cabo, de órdenes o fallos que constituyan una violación de garantías, importa también una violación constitucional."

Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1o. 76, 77, 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve:

ÚNICO.-Para los efectos precisados en el considerando sexto de esta ejecutoria, la Justicia de la Unión ampara y protege a ... contra los actos que reclama de la Novena Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, del Juez Décimo Cuarto Penal y del director de Ejecución de Sanciones Penales de la Subsecretaría de Gobierno, todos del Distrito Federal.

Notifíquese; con testimonio de esta ejecutoria, vuelvan los autos a la autoridad responsable; asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 104 y 105 de la Ley de Amparo, requiérase a la Sala responsable que informe a este órgano de control constitucional el cumplimiento que dé a esta ejecutoria, debiendo remitir, desde luego, copia certificada de las constancias que lo acrediten y, en su oportunidad, archívese este expediente.

Así lo resolvió el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados: presidente licenciado Juan Wilfrido Gutiérrez Cruz, licenciado Jorge Ojeda Velázquez y licenciado Carlos Enrique Rueda Dávila, ponente.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18970-212a3b45/inculpado-su-negativa-a-declarar-no-constituye-un · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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