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Modo: Corpus Pro

RENTA. LOS CONTRIBUYENTES QUE ÚNICAMENTE PERCIBAN INGRESOS POR SUELDOS Y SALARIOS, ESTÁN OBLIGADOS A CONSIDERAR LA PROPORCIÓN DEL SUBSIDIO NO ACREDITABLE QUE LE SEA APLICABLE, PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO RELATIVO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 89/2005. · Registro digital (IUS): 18983
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: EVANGELINA LÓPEZ RODRÍGUEZ.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Agosto de 2005, , Pág. 1738.

AMPARO DIRECTO 89/2005. EVANGELINA LÓPEZ RODRÍGUEZ.

CONSIDERANDO:

QUINTO. Para mayor claridad del asunto, resulta pertinente hacer una relación de los antecedentes del caso, de los que se advierte lo siguiente:

1. El veintiocho de enero de dos mil cuatro, la contribuyente, aquí quejosa, presentó consulta ante la autoridad administrativa en términos del artículo 34 del Código Fiscal de la Federación a fin de que se confirmara el siguiente criterio: "a efecto de realizar el cálculo del impuesto sobre la renta, la suscrita, que únicamente percibo ingresos por concepto de salarios y laboro para un sólo patrón, tengo derecho a la aplicación del subsidio a que aluden los artículos 141-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente para 1998 a 2001 y 114 de la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta al 100% y no únicamente en la proporción que indican los artículos 80-A, 177 y 178 de las leyes señaladas con antelación y, por ende, la procedencia de la devolución del impuesto sobre la renta retenido en exceso por mi empleadora a la suscrita en los ejercicios fiscales de 1998 a 2002, así como sus accesorios legales, como lo es la actualización." (foja 27 del expediente de nulidad).

2. La autoridad hacendaria mediante oficio número 325-SAT-14-II-SC-1911 de cinco de abril de dos mil cuatro, negó la confirmación del criterio antes apuntado (fojas 22 a 25 íd.).

3. En contra de lo anterior la parte actora, ahora impetrante de garantías, interpuso demanda de nulidad.

4. Mediante la sentencia aquí reclamada, la Primera Sala Regional reconoció la validez de la resolución impugnada.

Pues bien, los conceptos de violación que han quedado transcritos, en una parte son fundados, en otra inoperantes y, en el resto jurídicamente ineficaces, los cuales, por razón de método y técnica jurídica se analizarán en orden diverso al propuesto, en primer término los tendentes a combatir la constitucionalidad de los artículos aplicados en el fallo reclamado y, posteriormente, los relativos a la legalidad del mismo. Cobra aplicación al respecto la tesis número 2a. CXIX/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página trescientos noventa y cinco del Tomo XVI, octubre de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto literalmente dicen: "AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DEL TEMA PROPIAMENTE CONSTITUCIONAL DEBE REALIZARSE ANTES QUE EL DE LEGALIDAD. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que cuando en amparo indirecto se reclaman leyes con motivo de su primer acto de aplicación, el Juez de Distrito, al pronunciarse respecto al fondo, debe analizar primero la constitucionalidad de la norma impugnada y, posteriormente, si es necesario, la legalidad del acto de aplicación, bajo la premisa de preferir los argumentos que conduzcan a mayores beneficios y reservar para un análisis ulterior los planteamientos de menores logros, en aras de tutelar la garantía de acceso a la justicia establecida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, el criterio aludido no es de aplicación exclusiva al juicio de amparo indirecto, sino que, por identidad de razón, debe hacerse extensivo al juicio de garantías en la vía directa, a fin de que los Tribunales Colegiados de Circuito ajusten sus sentencias a este orden de análisis de los conceptos de violación propuestos, en términos del artículo 166, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal."

Así, en el segundo concepto de violación, la solicitante del amparo aduce que los artículos 80-A y 141-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta (vigentes hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil uno), así como los artículos 114 y 178 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (vigentes a partir del uno de enero de dos mil dos), violan los principios de proporcionalidad y equidad tributarios previstos por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues, esencialmente, refiere:

A) Que todas las personas físicas, independientemente del capítulo de la Ley del Impuesto sobre la Renta en que tributen, gozan de un "subsidio" que será calculado en términos de los preceptos reclamados, los cuales violan el principio de "equidad tributaria", dado que: "... dan un trato desigual a los que son iguales, desde el momento en que prevén una disminución en el subsidio al que las personas físicas tienen derecho, en tratándose de los contribuyentes que tributen en el capítulo I ‘De los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado’, lo que propicia un aumento en el monto a pagarse por concepto de dicho impuesto, en relación con las demás personas físicas que tributan en los diversos capítulos del título IV ‘De las personas físicas’ ...". Sigue diciendo el quejoso que la apuntada inequidad, se pone de manifiesto cuando en los artículos 80-A y 114 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se establece la mecánica para determinar el "subsidio acreditable", en la que se indica que dicho subsidio debe reducirse en la proporción que ahí se menciona, por lo que, sostiene, los asalariados no reciben igual subsidio que las demás personas físicas que se encuentran afectas al pago del impuesto sobre la renta, sino que de una manera injustificada, dicho subsidio se disminuye, lo que proporciona un entero mayor de la contribución.

B) Que los preceptos reclamados violan el principio de proporcionalidad tributaria, en virtud de que: "... la reducción del subsidio acreditable del impuesto sobre la renta a cargo de los trabajadores, así como el mecanismo para determinar la reducción del subsidio acreditable, contravienen el principio de proporcionalidad, al incrementar la obligación tributaria a cargo de los trabajadores con base en conceptos que no son reveladores de capacidad contributiva alguna ..."; añade que para determinar el subsidio acreditable, el empleador debe calcular, en primer término, una proporción de subsidio; que dicha proporción se obtiene: "... de realizar una división, en la que el dividendo son pagos efectuados por el empleador y el divisor lo constituye la resta de una serie de erogaciones efectuadas por el mismo empleador ..."; que lo anterior resulta violatorio del principio de proporcionalidad tributaria, dado que las erogaciones que realiza el empleador no son reveladoras de la capacidad contributiva del empleado; que por esa razón, debe concederse la protección constitucional que solicita, para el efecto de que: "... se ordene a la responsable emitir una nueva sentencia en la que se considere que el empleado puede acreditarse el 100% del subsidio y por ende, no sea obligatorio considerar el subsidio determinado por el patrón en la constancia de percepciones y retenciones, de tal suerte que ordene a su vez a la demandada en el juicio de nulidad a devolver las cantidades solicitadas, de conformidad con el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación. ..."

Ahora bien, los artículos tildados de inconstitucionales, son del tenor literal siguiente:

"Artículo 80-A. Los contribuyentes a que se refiere este capítulo gozarán de un subsidio contra el impuesto que resulte a su cargo en los términos del artículo anterior.

"El subsidio se calculará considerando el ingreso y el impuesto determinado conforme a la tarifa contenida en el artículo 80 de esta Ley, a los que se les aplicará la siguiente:

Ver tabla 1

"El impuesto marginal mencionado en esta tabla es el que resulte de aplicar la tasa que corresponde en la tarifa del artículo 80 de esta ley al ingreso excedente del límite inferior.

"Las cantidades establecidas en las columnas correspondientes al límite inferior, límite superior y cuota fija de cada renglón de la tabla se actualizarán semestralmente en los términos del artículo 7o. C de esta ley. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público hará las operaciones aritméticas previstas en este párrafo y publicará la tabla actualizada en el Diario Oficial de la Federación.

"Para determinar el monto del subsidio acreditable contra el impuesto que se deriva de los ingresos por los conceptos a que se refiere este capítulo, se tomará el subsidio que resulte conforme a la tabla, disminuido en el monto que se obtenga de multiplicar dicho subsidio por el doble de la diferencia que exista entre la unidad y la proporción que determinen las personas que hagan los pagos por dichos conceptos. La proporción mencionada se calculará para todos los trabajadores del empleador dividiendo el monto total de los pagos efectuados en el ejercicio inmediato anterior que sirva de base para determinar el impuesto en los términos de este capítulo, entre el total de las erogaciones efectuadas en el mismo por cualquier concepto relacionado con la prestación de servicios personales subordinados, incluyendo, entre otras, a las inversiones y gastos efectuados en relación con previsión social, servicios de comedor, comida y transporte proporcionados a los trabajadores, aun cuando no sean deducibles para el empleador, ni el trabajador esté sujeto al pago del impuesto por el ingreso derivado de las mismas, sin incluir los útiles, instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo a que se refiere la Ley Federal del Trabajo. Cuando la proporción determinada sea inferior al 50% no se tendrá derecho al subsidio.

"Tratándose de inversiones a que se refiere el párrafo anterior, se considerará como erogación efectuada en el ejercicio, el monto de la deducción de dichas inversiones que en ese mismo ejercicio se realice en los términos de la sección III del capítulo II del título II de esta ley, y en el caso de inversiones que no sean deducibles en los términos de este ordenamiento, las que registren para efectos contables. No se considerarán ingresos para los efectos del párrafo anterior, los viáticos por los cuales no se esté obligado al pago del impuesto sobre la renta de acuerdo con el artículo 77 de esta Ley.

"Los contribuyentes a que se refieren los capítulos II, III y VI de este título, excepto los mencionados en los artículos 141-C y 143 de esta ley, también gozarán del subsidio a que se refiere este artículo contra el impuesto que resulte a su cargo en los términos de los artículos 86, 92 y 119-K de esta ley, según corresponda.

"Los contribuyentes que obtengan ingresos por los conceptos a que se refieren dos o más de los capítulos de este título, sólo aplicarán el subsidio para los pagos provisionales efectuados en uno de ellos. Cuando se obtengan ingresos de los mencionados en este capítulo, el subsidio se aplicará únicamente en los pagos provisionales correspondientes a dichos ingresos.

"Tratándose de pagos provisionales trimestrales, la tabla que se utilizará para calcular el subsidio será la contenida en este artículo elevada al trimestre. Asimismo, tratándose de los pagos provisionales que efectúen las personas físicas con actividades empresariales, la tabla que se utilizará para calcular el subsidio, será la contenida en este artículo elevada al periodo al que corresponda el pago provisional o el ajuste, según sea el caso. La tabla se determinará sumando las cantidades correspondientes a las columnas relativas al límite inferior, límite superior y cuota de subsidio de cada renglón de la misma, que en los términos de dicho artículo resulten para cada uno de los meses del trimestre o del período de que se trate y que correspondan al mismo renglón. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizará las operaciones aritméticas previstas en este párrafo para calcular la tabla aplicable y la publicará en el Diario Oficial de la Federación."

"Artículo 141-A. Los contribuyentes a que se refiere este título gozarán de un subsidio contra el impuesto que resulte a su cargo en los términos del artículo anterior.

"El subsidio se calculará considerando el ingreso y el impuesto determinado conforme a la tarifa contenida en el artículo 141 de esta ley, a los que se les aplicará la siguiente:

Ver tabla 2

"El impuesto marginal mencionado en esta tabla es el que resulte de aplicar la tasa que corresponda en la tarifa del artículo 141 de esta ley al ingreso excedente del límite inferior.

"Los contribuyentes podrán actualizar la tabla contenida en este artículo, sumando las cantidades correspondientes a las columnas relativas al límite inferior, límite superior y cuota de subsidio de cada renglón de la tabla, que en los términos del artículo 80-A de esta ley resulte para cada uno de los doce meses del año y que correspondan al mismo renglón. El resultado de las sumas será la tabla actualizada. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el mes de enero del año siguiente a aquél por el que se determine la tabla, hará la operaciones aritméticas previstas en este párrafo y la publicará en el Diario Oficial de la Federación.

"Tratándose de los ingresos a que se refiere el capítulo I de este título, el empleador deberá calcular y comunicar a las personas que le hubieran prestado servicios personales subordinados, a más tardar en el mes de febrero de cada año, el monto del subsidio acreditable y el no acreditable respecto a dichos ingresos, calculados conforme al procedimiento descrito en el artículo 80-A de esta ley.

"Cuando los contribuyentes, además de los ingresos a que se refiere el capítulo I de este título, perciban ingresos de los señalados en cualquiera de los demás capítulos de este mismo título, deberán restar del monto del subsidio antes determinado una cantidad equivalente al subsidio no acreditable señalado en el párrafo anterior.

"Lo dispuesto en este artículo no será aplicable a los contribuyentes a que se refieren los artículos 141-C y 143 de esta ley."

"Artículo 114. Los contribuyentes a que se refiere este capítulo gozarán de un subsidio contra el impuesto que resulte a su cargo en los términos del artículo anterior.

"El subsidio se calculará considerando el ingreso y el impuesto determinado conforme a la tarifa contenida en el artículo 113 de esta ley, a los que se les aplicará la siguiente:

Ver tabla 3

"El impuesto marginal mencionado en esta tabla es el que resulte de aplicar la tasa que corresponde en la tarifa del artículo 113 de esta ley al ingreso excedente del límite inferior.

"Para determinar el monto del subsidio acreditable contra el impuesto que se deriva de los ingresos por los conceptos a que se refiere este capítulo, se tomará el subsidio que resulte conforme a la tabla, disminuido con el monto que se obtenga de multiplicar dicho subsidio por el doble de la diferencia que exista entre la unidad y la proporción que determinen las personas que hagan los pagos por dichos conceptos. La proporción mencionada se calculará para todos los trabajadores del empleador, dividiendo el monto total de los pagos efectuados en el ejercicio inmediato anterior que sirva de base para determinar el impuesto en los términos de este capítulo, entre el monto que se obtenga de restar al total de las erogaciones efectuadas en el mismo por cualquier concepto relacionado con la prestación de servicios personales subordinados, incluyendo, entre otras, a las inversiones y gastos efectuados en relación con previsión social, servicios de comedor, comida y transporte proporcionados a los trabajadores, aun cuando no sean deducibles para el empleador, ni el trabajador esté sujeto al pago del impuesto por el ingreso derivado de las mismas, sin incluir los útiles, instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo a que se refiere la Ley Federal del Trabajo, las cuotas patronales pagadas al Instituto Mexicano del Seguro Social y las aportaciones efectuadas por el patrón al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado y al Sistema de Ahorro para el Retiro. Cuando la proporción determinada sea inferior al 50% no se tendrá derecho al subsidio.

"Tratándose de inversiones a que se refiere el párrafo anterior, se considerará como erogación efectuada en el ejercicio, el monto de la deducción de dichas inversiones que en ese mismo ejercicio se realice en los términos de la sección II del capítulo II del título II de esta ley, y en el caso de inversiones que no sean deducibles en los términos de este ordenamiento, las que registren para efectos contables. No se considerarán ingresos para los efectos del párrafo anterior, los viáticos por los cuales no se esté obligado al pago del impuesto sobre la renta de acuerdo con el artículo 109 de esta ley.

"Los contribuyentes a que se refieren los capítulos II y III de este título, también gozarán del subsidio a que se refiere este artículo contra el impuesto que resulte a su cargo en los términos de los artículos 127 y 143 de esta ley, según corresponda.

"Los contribuyentes que obtengan ingresos por los conceptos a que se refieren dos o más de los capítulos de este título, sólo aplicarán el subsidio para los pagos provisionales efectuados en uno de ellos. Cuando se obtengan ingresos de los mencionados en este capítulo, el subsidio se aplicará únicamente en los pagos provisionales correspondientes a dichos ingresos.

"Tratándose de pagos provisionales que se efectúen de manera trimestral conforme al artículo 143 de esta ley, la tabla que se utilizará para calcular el subsidio será la contenida en este artículo elevada al trimestre. Asimismo, tratándose de los pagos provisionales que efectúen las personas físicas a que se refiere el capítulo II de este título, la tabla que se utilizará para calcular el subsidio será la contenida en este artículo elevada al periodo al que corresponda al pago provisional. La tabla se determinará sumando las cantidades correspondientes a las columnas relativas al límite inferior, límite superior y cuota de subsidio de cada renglón de la misma, que en los términos de dicho artículo resulten para cada uno de los meses del trimestre o del periodo de que se trate y que correspondan al mismo renglón."

"Artículo 178. Los contribuyentes a que se refiere este título gozarán de un subsidio contra el impuesto que resulte a su cargo en los términos del artículo anterior.

"El subsidio se calculará considerando el ingreso y el impuesto determinado conforme a la tarifa contenida en el artículo 177 de esta ley, a los que se les aplicará la siguiente:

Ver tabla 4

"El impuesto marginal mencionado en esta tabla es el que resulte de aplicar la tasa que corresponda en la tarifa del artículo 177 de esta ley al ingreso excedente del límite inferior.

"Tratándose de los ingresos a que se refiere el capítulo I de este título, el empleador deberá calcular y comunicar a las personas que le hubieran prestado servicios personales subordinados, a más tardar el 15 de febrero de cada año, el monto del subsidio acreditable y el no acreditable respecto a dichos ingresos, calculados conforme al procedimiento descrito en el artículo 114 de esta ley.

"Cuando los contribuyentes, además de los ingresos a que se refiere el capítulo I de este título, perciban ingresos de los señalados en cualquiera de los demás capítulos de este mismo título, deberán restar del monto del subsidio antes determinado una cantidad equivalente al subsidio no acreditable señalado en el párrafo anterior."

En principio, debe decirse que la regulación contenida en los párrafos segundo, tercero, cuarto, séptimo, octavo y noveno del artículo 80-A; primero, segundo, tercero, cuarto y séptimo del artículo 141-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el ejercicio fiscal de dos mil uno; segundo, tercero, sexto, séptimo y octavo del artículo 114; primero, segundo y tercero del artículo 178 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en dos mil dos, constituyen una específica porción normativa que se limita a regular el beneficio tributario denominado subsidio acreditable, precisando cómo se cuantifica, qué categorías de contribuyentes personas físicas tienen derecho a él y en qué momento podrá disfrutar del mismo, por tanto, los párrafos precisados con antelación, no se refieren propiamente a una contribución, sino simplemente a un mecanismo que tiene como finalidad la determinación de un beneficio fiscal denominado "subsidio", por virtud del cual, el sujeto pasivo de la relación tributaria tiene el derecho a acreditar el monto de dicho subsidio contra el gravamen a su cargo, lo que disminuye el impuesto que le hubiere correspondido pagar.

En este orden de ideas, en relación a los párrafos segundo, tercero, cuarto, séptimo, octavo y noveno del artículo 80-A; primero, segundo, tercero, cuarto y séptimo del artículo 141-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el dos mil uno; segundo, tercero, sexto, séptimo y octavo del artículo 114; primero, segundo y tercero del artículo 178 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en dos mil dos, resultan inoperantes los argumentos que esgrime la quejosa para evidenciar la trasgresión a los principios tributarios de "proporcionalidad" y "equidad", previstos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues, como se vio, prevén un beneficio fiscal a favor de los asalariados denominado "subsidio", el cual tiene el efecto real de disminuir el impuesto sobre la renta que pudieran tener a su cargo los trabajadores asalariados a los que está dirigido, lo que además se traduce en una disminución en la recaudación por ese concepto y que, por ende, sólo resiente el Estado, por lo que resulta evidente que a dicho beneficio fiscal no le resultan aplicables los principios tributarios de "proporcionalidad" y "equidad", pues los aludidos principios sólo rigen en tratándose de contribuciones. Cobra aplicación al respecto, la tesis 2a. CXXXIII/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente a octubre de dos mil tres, página sesenta y tres, que a la letra dice: "RENTA. SON INOPERANTES LOS ARGUMENTOS DIRIGIDOS A EVIDENCIAR QUE EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO (VIGENTE EN 2002) TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS. El artículo mencionado establece que los contribuyentes, entre otras personas físicas que perciben ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, gozarán de un subsidio contra el impuesto que resulte a su cargo y que la tabla incluida en el mismo precepto se aplica para determinar la disminución del tributo que le corresponde enterar al trabajador por concepto de dicho impuesto. En ese sentido, si bien es cierto que debe aplicarse la tabla referente a un mínimo y a un máximo, también lo es que no se trata de una contribución, sino de un mecanismo que tiene como finalidad determinar una cantidad (subsidio) que será acreditable por el sujeto pasivo de la relación tributaria respecto del gravamen en cuestión, razón por la que los argumentos encaminados a evidenciar la desproporcionalidad e inequidad de la tabla referida deben declararse inoperantes, ya que no hay erogación alguna por parte del contribuyente."

Es pertinente mencionar que la inoperancia destacada en los párrafos que anteceden no se actualiza respecto de la porción normativa contenida en los párrafos quinto del artículo 80-A vigente hasta dos mil uno; y, cuarto del artículo 114 vigente en el ejercicio fiscal de dos mil dos; ambos preceptos legales de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pues lo dispuesto en dichos párrafos no regulan el cálculo de un beneficio tributario, sino que establecen un mecanismo conforme al cual el legalmente denominado subsidio acreditable, regulado por una diversa porción normativa autónoma e independiente, será reducido e incluso nulificado respecto de los contribuyentes que reciban ingresos por prestar un trabajo personal subordinado; circunstancia que lleva a concluir que su aplicación en el acto administrativo de origen, así como en la sentencia reclamada, no puede realizarse en beneficio del impetrante de garantías, pues, en todo caso, dará lugar a incrementar su carga tributaria, reduciendo el mencionado subsidio o provocando, incluso, la pérdida de tal prerrogativa; de ahí, que si la porción normativa contenida en los párrafos antes precisados, se aplica necesariamente en perjuicio de los gobernados incrementando el monto de la respectiva obligación tributaria, no existe razón para sostener que el concepto de violación por el que se ataca su constitucionalidad resulte inoperante en ese aspecto.

Pues bien, a fin de analizar la violación al principio de equidad que alega el solicitante de garantías, debe partirse de la interpretación jurisprudencial que ha realizado la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de tal garantía.

Así las cosas, el Pleno del más Alto Tribunal del país, emitió la jurisprudencia que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, junio de 1997, página treinta y seis, cuyo texto y rubro son del tenor literal siguiente: "EQUIDAD TRIBUTARIA. IMPLICA QUE LAS NORMAS NO DEN UN TRATO DIVERSO A SITUACIONES ANÁLOGAS O UNO IGUAL A PERSONAS QUE ESTÁN EN SITUACIONES DISPARES. El texto constitucional establece que todos los hombres son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social; en relación con la materia tributaria, consigna expresamente el principio de equidad para que, con carácter general, los Poderes públicos tengan en cuenta que los particulares que se encuentren en la misma situación deben ser tratados igualmente, sin privilegio ni favor. Conforme a estas bases, el principio de equidad se configura como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico, lo que significa que ha de servir de criterio básico de la producción normativa y de su posterior interpretación y aplicación. La conservación de este principio, sin embargo, no supone que todos los hombres sean iguales, con un patrimonio y necesidades semejantes, ya que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos acepta y protege la propiedad privada, la libertad económica, el derecho a la herencia y otros derechos patrimoniales, de donde se reconoce implícitamente la existencia de desigualdades materiales y económicas. El valor superior que persigue este principio consiste, entonces, en evitar que existan normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su aplicación la ruptura de esa igualdad al generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas, o bien, propiciar efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares, lo que se traduce en desigualdad jurídica."

Como se advierte de la transcripción anterior, el Tribunal Pleno ha considerado que la propia Constitución reconoce implícitamente la existencia de desigualdades económicas y materiales y que el principio de equidad tiene como finalidad que los poderes públicos tomen en cuenta que los particulares que se encuentren en la misma situación deben ser tratados de igual forma, sin privilegio, ni favor, por lo que tal principio debe ser criterio básico de la producción normativa y de su posterior interpretación y aplicación.

En este sentido, resulta conveniente tener presente la jurisprudencia consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, junio de 1997, página cuarenta y tres, que a continuación se transcribe: "EQUIDAD TRIBUTARIA. SUS ELEMENTOS. El principio de equidad no implica la necesidad de que los sujetos se encuentren, en todo momento y ante cualquier circunstancia, en condiciones de absoluta igualdad, sino que, sin perjuicio del deber de los Poderes públicos de procurar la igualdad real, dicho principio se refiere a la igualdad jurídica, es decir, al derecho de todos los gobernados de recibir el mismo trato que quienes se ubican en similar situación de hecho porque la igualdad a que se refiere el artículo 31, fracción IV, constitucional, lo es ante la ley y ante la aplicación de la ley. De lo anterior derivan los siguientes elementos objetivos, que permiten delimitar al principio de equidad tributaria: a) no toda desigualdad de trato por la ley supone una violación al artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que dicha violación se configura únicamente si aquella desigualdad produce distinción entre situaciones tributarias que pueden considerarse iguales sin que exista para ello una justificación objetiva y razonable; b) a iguales supuestos de hecho deben corresponder idénticas consecuencias jurídicas; c) no se prohíbe al legislador contemplar la desigualdad de trato, sino sólo en los casos en que resulta artificiosa o injustificada la distinción; y d) para que la diferenciación tributaria resulte acorde con las garantías de igualdad, las consecuencias jurídicas que resultan de la ley, deben ser adecuadas y proporcionadas, para conseguir el trato equitativo, de manera que la relación entre la medida adoptada, el resultado que produce y el fin pretendido por el legislador, superen un juicio de equilibrio en sede constitucional."

Así pues, la anterior jurisprudencia reitera que el principio de equidad tributaria implica el derecho de todos los gobernados de recibir el mismo trato que quienes se ubican en similar situación de hecho, ya que se trata de igualdad ante la ley y su aplicación; también se señalan los elementos objetivos que permiten delimitar el citado principio, elementos que más adelante serán motivo de análisis a efecto de verificar si la ley impugnada da un trato equitativo a todos los contribuyentes que se encuentran en una situación análoga.

En este sentido, conforme a lo dispuesto por el artículo 1o. de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18983-31ec82d1/renta-los-contribuyentes-que-unicamente-perciban-ingresos-por · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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