SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO. EL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DE SUS FALTAS ADMINISTRATIVAS NO ES SUSCEPTIBLE DE INTERRUPCIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 40/2005-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO, TODOS DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.
SECRETARIA: GEORGINA LASO DE LA VEGA ROMERO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. A fin de estar en aptitud de resolver la denuncia de contradicción de tesis, es necesario tener presente los principales antecedentes de los asuntos en los que se emitieron los criterios materia de la contradicción, así como las consideraciones que los sustentan.
Amparo directo en revisión 277/2004, del índice del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito.
Humberto García González, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la resolución dictada por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, en el recurso de revisión 18/2004-REV, a través de la cual, confirmó la diversa resolución de dos de diciembre de dos mil tres, emitida por el Consejo del Poder Judicial de esa entidad federativa dentro del procedimiento disciplinario instaurado en su contra, en el que se le impuso la sanción consistente en "suspensión del cargo sin goce de sueldo por tres días", por "la supuesta comisión de faltas administrativas". Asimismo, impugnó la inconstitucionalidad de los artículos 153 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guanajuato.
El Juez de Distrito otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal, al estimar, en esencia, que en la fecha en que el Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato determinó que era procedente imponer al quejoso la sanción antes referida, la falta que se le atribuyó ya había prescrito, de conformidad con lo previsto en el artículo 157 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guanajuato.
Inconforme con la anterior determinación, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, interpuso recurso de revisión en su contra, cuyo conocimiento correspondió al Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, el que en sesión celebrada el veintisiete de octubre de dos mil cuatro, resolvió revocar la sentencia recurrida y negar el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso. Lo anterior, al tenor de las siguientes consideraciones:
"QUINTO. Son fundados los agravios que expresa la autoridad, lo que lleva a revocar la resolución impugnada, mismos que se analizarán de forma conjunta por la estrecha relación que guardan entre sí.
"Expresa que la Juez Cuarto de Distrito emitió su resolución sin haber analizado la determinación emitida por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, al considerar infundado el agravio que esgrimió ante ese órgano colegiado Humberto García González consistente en que había operado la prescripción de la falta al no establecerse en la ley causales de interrupción.
"Tiene razón la autoridad impugnante, pues como lo dio a conocer al hoy quejoso al atender el recurso de revisión administrativa que éste hizo valer, una correcta interpretación del artículo 157 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, conduce a establecer que en efecto la prescripción de las faltas cometidas por los servidores públicos, pertenecientes a esa institución, se interrumpen con el inicio del procedimiento disciplinario correspondiente y no hasta la emisión de la resolución que ahí se dicte.
"La Ley del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, en su capítulo único del título noveno contempla toda la regulación relativa a la responsabilidad de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado, determinando entre otros aspectos, en el artículo 151, las obligaciones que deben atender los integrantes de ese poder, en el 152, las faltas en que pueden incurrir tales servidores públicos, en el 153 y 154 el procedimiento para determinar las responsabilidades de ellos, en el 155, 156 y 158 la aplicación de las sanciones y en el 157 la extinción de la facultad sancionadora de esa porción de Gobierno Estatal, ante la concurrencia de la prescripción, de los cuales conviene transcribir el 153, 154 y 157: (se transcriben).
"Ahora bien cuando los encargados del servicio público dejan de atender sus deberes consignados en la ley y atentan contra los principios fundamentales de la función pública, puede ocurrir que ello trascienda hasta el desempeño de la propia función encomendada al órgano del Estado quien, en esa medida debe reaccionar en primer término para tutelar la correcta continuación de las labores y actividades que tiene encomendadas, de tal suerte que éstas no se interrumpan o afecten por la actuación irregular por uno de sus miembros. Es así que surge la facultad sancionadora del Estado, como la opción y la obligación del órgano público de atender ese desajuste en su estructura y organización, por lo tanto la aplicación de sanciones ante la actuación indebida de un servidor público, es una facultad, en cuanto la propia Constitución y la ley le confieren al Estado esa prerrogativa expresa para realizarlo, pero junto con esto, es un deber que conlleva la vigilancia estricta del adecuado funcionamiento de sus órganos y sus integrantes, insistimos, con miras a salvaguardar el adecuado desarrollo de sus actividades tendentes a la consecución de fines que interesan a la colectividad, por lo que el mantenimiento de la disciplina dentro de la administración pública no es un asunto interno, sino que tiene interés público.
"En ese tenor lo hasta aquí expuesto (sic), es verdad, como lo asienta la recurrente, y se desprende del citado artículo 157 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, la prescripción es una forma de extinción de la facultad sancionadora del Consejo del Poder Judicial del Estado, la cual ha de observarse con sumo detenimiento, toda vez que atento a lo antes expresado, lo lógico y natural es que ante la concurrencia de una falta u omisión por parte del servidor público el Estado en este caso a través del Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, intervenga y reaccione a fin de reencausar la actuación que no se ha realizado correctamente, lo que implica que la regla general sea precisamente la aplicación de las sanciones que correspondan al servidor público responsable; y la excepción exista cuando concurran algunas de las causas específicamente previstas en la ley que extingan de esa facultad sancionadora.
"...
"En el mismo tenor, la prescripción representa una autolimitación que el propio Estado se impone, para el ejercicio de esa función sancionadora, lo que a su vez encierra colateralmente, una garantía para el servidor público de no ser sancionado una vez que transcurrió el plazo de la prescripción prevista en la ley. En otras palabras, la prescripción de esta actividad sancionadora desaparece el derecho del Estado para perseguir y sancionar una conducta específica y determinada, mas no elimina dicha conducta indebida que queda subsistente con todas sus consecuencias.
"Congruente con lo dicho, esta prescripción surge sólo cuando el Estado muestra apatía e indiferencia ante la falta cometida por un servidor público, de tal suerte que la Constitución y la ley sancionan esa negligencia para cumplir con la obligación de sancionar esa infracción, pero ello no puede entenderse así cuando en realidad como en el caso, se da inicio al procedimiento disciplinario en el que se dilucidará la certeza de los hechos que conllevan responsabilidad, así como la imposición de la sanción correspondiente, esto es, con el inicio del procedimiento disciplinario a partir de la comunicación que se hace al servidor público de la queja o denuncia interpuesta en su contra, queda manifiesto el principio de persecución y sanción a un integrante del servicio público que no ha cumplido con sus deberes, de tal suerte que si ese inicio de procedimiento se da sin que concurra aún el término de prescripción establecido en la ley, es legítima la consecución de dicho procedimiento y la sanción que en su caso llegue a establecerse, al considerar que efectivamente, como bien lo plantea la autoridad inconforme, la causa que interrumpe la prescripción es la notificación del inicio del procedimiento disciplinario, no la resolución que ahí se dicte.
"Se entiende así ya que atento a lo dispuesto por el artículo 153 de la ley en comento, el inicio del trámite de investigación de la responsabilidad del servidor público, surge cuando se presenta una queja o denuncia por parte interesada o por servidor público que tenga conocimiento de los hechos, realizado lo cual, el artículo 154 establece que recibida esta queja, se deberá enviar una copia de esa queja o denuncia al servidor público para que en el término de cinco días formule un informe sobre los hechos y rinda las constancias correspondientes; y recibido este informe, en el término de diez días deberá resolverse sobre la inexistencia de responsabilidad o imponer las sanciones correspondientes, lo que deberá notificarse debidamente al indiciado.
"De esto se obtiene que a partir de que se comete la falta comienza a correr el término de prescripción, por lo que en ese lapso el procedimiento debe comenzarse con la queja propuesta por algún interesado o la denuncia formulada por algún servidor público que tenga conocimiento de esa conducta irregular, posterior a lo cual deberán llevarse a cabo determinadas actuaciones en los términos previstos por la ley, de tal suerte que estos términos son ya obligación para la autoridad tramitadora del procedimiento; sin embargo los mismos pueden verse prolongados en forma extensa y efectivamente hasta maliciosa por parte del servidor público, quien so pretexto de ofrecer alguna constancia a su favor, puede conllevar la consecuencia de que el término de la conclusión de dicho procedimiento se prolongue más allá de los seis meses previstos cuando se imponga finalmente una suspensión, según lo hace ver de forma adecuada la autoridad impugnante, lo que como también destaca, provocaría posiblemente una impunidad importante ante la imposibilidad de sancionar una falta administrativa.
"Además, como igualmente lo hace ver, el decir que la prescripción se interrumpe hasta emitir la sanción impuesta, conllevaría considerar no solamente la resolución dictada por el Consejo del Poder Judicial del Estado como primera instancia, sino el fallo del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado como tribunal de alzada, encargado de resolver el recurso de revisión administrativo que en su caso se interponga, y del cual depende la ejecutoriedad de la resolución del procedimiento disciplinario. Esto atenta contra los fines perseguidos al establecer la facultad sancionadora del Estado, como se justificó desde un inicio, ya que la teleología de todos los preceptos mencionados y transcritos, permite apreciar que en efecto el objetivo de establecer una responsabilidad de los servidores públicos y su consiguiente sanción representa, insistimos, una obligación para el propio Estado que entonces debe estar vigente en todo momento.
"Conclusión, el ejercicio de las facultades de la autoridad para imponer sanciones en el procedimiento administrativo que establece la ley orgánica de referencia debe entenderse iniciado a partir de que se notificó al servidor público la existencia del procedimiento administrativo disciplinario, lo que debe actualizarse antes de que se consuma el plazo de prescripción previsto en el ya mencionado artículo 157 de la ley del (sic) materia."
Amparo directo en 53/2004, del índice del Sexto Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito.
J. Jesús Luna Hernández, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la resolución dictada por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, en el recurso de revisión 108/2003-REV, a través de la cual, confirmó la diversa resolución de veintiocho de octubre de dos mil tres, emitida por el Consejo del Poder Judicial de esa entidad federativa dentro del procedimiento disciplinario instaurado en su contra, en el que se le impuso la sanción consistente en "suspensión de 60 días en el ejercicio de mi cargo y sin goce de sueldo".
El Juez de Distrito otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal al estimar, fundamentalmente, que "la determinación que confirmó la resolución en la que se impuso al licenciado J. Jesús Luna Hernández una suspensión sin goce de sueldo, por sesenta días, es violatoria de garantías, por falta de aplicación del precepto 157 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, toda vez que en la fecha en que fue dictada la primigenia resolución impugnada, las faltas ya habían prescrito y la facultad sancionadora del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (sic) no podía ser ejercida".
Inconforme con la anterior determinación, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato interpuso recurso de revisión en su contra, cuyo conocimiento correspondió al Sexto Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, el que por mayoría de votos de sus integrantes, en sesión celebrada el cinco de noviembre de dos mil cuatro, resolvió revocar la sentencia recurrida y negar el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso. En lo que interesa, la resolución de mérito se sustenta en las siguientes consideraciones:
"CUARTO. ... Al efecto se señala que los restantes argumentos del segundo agravio, expuestos por la autoridad inconforme en el sentido de que fue incorrecto que en la sentencia recurrida se estimara que la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, no señala alguna causa por la cual se puedan interrumpir los plazos de la prescripción que establece el citado artículo 157 y, por ende, se dijo, el procedimiento disciplinario debe iniciarse, tramitarse, resolverse y notificarse la resolución respectiva al interesado antes de que concluyan dichos plazos so pena de que prescriban las faltas, son esencialmente fundados.
"Para estimar que en lo esencial asiste razón jurídica a la revisionista, se establece en principio que la consideración expresada en el fallo recurrido en torno a las posibles causas de interrupción de la prescripción quedó limitada a lo que en relación con esa institución señala la referida ley orgánica, sin advertir que respecto de ella es aplicable supletoriamente el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guanajuato, de cuya consulta es factible se puedan obtener las mencionadas causas de interrupción.
"El artículo 168 de la referida ley orgánica, dispone lo siguiente: (se transcribe).
"Tal precepto se ubica en el título décimo, capítulo único, de la mencionada ley, relativo al recurso administrativo de revisión, y de su contenido se aprecia que alude expresamente a ese medio de impugnación. Sin embargo, esa circunstancia no impide que también sea aplicable supletoriamente al procedimiento disciplinario.
"En efecto, a pesar de que el artículo 168 de la citada ley orgánica sólo determina que el código adjetivo civil local es aplicable supletoriamente en el recurso administrativo de revisión que se prevé en el procedimiento disciplinario, y no refiere algo con relación a que sea aplicable también a dicho procedimiento, ello en modo alguno conduce a deducir que así sea.
"Lo anterior, porque es principio procesal generalmente admitido que los juzgadores no pueden excusarse en el silencio, la oscuridad o la insuficiencia de la ley para dejar de resolver una controversia, principio que incluso está expresamente reconocido en el artículo 7o. de Código Civil para el Estado y 18 del Código Civil Federal y que inspira al propio artículo 17 constitucional, que determina que la administración de la justicia debe ser pronta, completa e imparcial.
"De acuerdo con ese principio, los juzgadores cuando se enfrentan con deficiencias en las normas o con alguna laguna legal, tienen que acudir a los diversos sistemas de interpretación para lograr sustraer el verdadero sentido de la ley o incluso para realizar su integración y al hacer uso de esos sistemas de interpretación, sobre todo cuando se trata de integrar la norma, deben privilegiar primero al propio ordenamiento en el que ocurre esa deficiencia, para que mediante una interpretación sistemática y funcional de las instituciones que ahí se contemplan, se pueda dar el sentido y la naturaleza de la institución que falta o que se encuentra deficientemente regulada.
"Pero en el supuesto de que no existan en el propio ordenamiento, normas o instituciones que sirvan para integrar o interpretar la ley, entonces debe acudirse a las fuentes inmediatas de las que se pueda obtener esa información, y en ello evidentemente son preponderantes los ordenamientos que el legislador señale para suplir las deficiencias que pudieran ocurrir en esa legislación, pues la propia manifestación del creador de la ley implica que se considere a esas diversas legislaciones como instrumentos idóneos y suficientes para superar las lagunas que se presenten y por eso se descarte de inmediato el acudir a otros ordenamientos semejantes en materia, territorio, ámbito de competencia o incluso al derecho comparado, para superar la laguna legal, porque en esos casos se tiene un mecanismo fiable fijado por el mismo legislador para integrar la norma.
"Por tanto, se puede sostener que ante la falta de reglas concretas en la referida ley orgánica para determinar las posibles causas de interrupción de los plazos para la prescripción de las faltas administrativas a dilucidar en un procedimiento disciplinario, entonces es correcto aplicar los artículos de la ley adjetiva civil estatal, porque es inconcuso que la decisión del resolutor no puede ser arbitraria cuando válidamente puede acudir a otra fuente para superar esa deficiencia, y en ese caso desde luego que debe privilegiarse el ordenamiento que el propio legislador consideró idóneo para instrumentar el recurso administrativo de revisión, porque se advierte la clara intención de que el Código de Procedimientos Civiles puede colmar cualquier deficiencia que ocurra tanto en las reglas de tramitación, como en las propias reglas de resolución del procedimiento disciplinario.
"En esa virtud, en el supuesto de que hubiera operado la extinción de la facultad sancionadora del órgano competente, entonces la identificación de las posibles causas de interrupción de los plazos que para la prescripción establece el numeral 157 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, no debió limitarse al análisis del articulado de esa ley, pues atendiendo a que a la misma resulta aplicable supletoriamente, no sólo para el recurso administrativo de revisión sino también para el procedimiento disciplinario, el Código de Procedimientos Civiles para la misma entidad federativa, era menester ponderar la existencia en este último ordenamiento de las eventuales causas de interrupción.
"...
"Ahora, de la consulta al referido ordenamiento legal supletorio, se advierte de sus artículos 331 a 337, relativos a la demanda y al emplazamiento, que la presentación de la primera ante el órgano jurisdiccional competente produce como consecuencia jurídica inmediata el inicio del proceso. Pero, además de la anterior consecuencia de carácter puramente procesal, la presentación de la demanda también produce otra de índole material, consistente en la interrupción de la prescripción, lo que se ve corroborado por lo dispuesto en el artículo 1265 del Código Civil del Estado, en el sentido de que la prescripción se interrumpe, entre otros supuestos, por la demanda o cualquier otro género de interpelación judicial (fracción II).
"Trasladados esos conceptos al procedimiento disciplinario, por así permitirlo el artículo 168 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, se sigue que si las faltas atribuidas al quejoso acontecieron, según se advierte de las constancias conducentes, los días doce y dieciocho de septiembre, así como quince y dieciséis de octubre, todas esas fechas del año dos mil dos, las cuales siguiendo los términos del diverso numeral 157 de la misma ley, deberían prescribir, respectivamente, los días doce y dieciocho de marzo, así como quince y dieciséis de abril, todos del año dos mil tres, mientras que el procedimiento disciplinario se inició el quince de enero de ese último año, según el acuerdo correspondiente, visible a fojas 119 y 120 del tomo I de pruebas, entonces, es evidente que esto último aconteció con anterioridad a que prescribieran las faltas administrativas.
"...
"Luego, si bien la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, no establece alguna causa por la cual se interrumpa la prescripción, limitándose a señalar los plazos para que opere esa figura jurídica, sin embargo, dicha ley orgánica prevé la posibilidad de acudir a la supletoriedad, no sólo para el recurso administrativo de revisión, sino también para el procedimiento disciplinario, de ahí que en el aspecto en comento no existe impedimento legal para que se acuda a la interpretación analógica a fin de integrar la norma, siendo de señalarse que resulta irrelevante para los efectos de la prescripción el que el artículo 154 de la referida ley, prevea un procedimiento sumario para la determinación de las responsabilidades administrativas, pues por más que tarde en concluirse, si no se deja de actuar en el mismo por causa, es claro que no habrá motivo legal para declarar la prescripción de la facultad sancionadora de la autoridad, razón por la cual no se justifica la aseveración expresada en la sentencia recurrida, en el sentido de que a fin de evitar se actualice esa figura, el procedimiento debe iniciarse, tramitarse, resolverse y notificarse el fallo respectivo al servidor público dentro del plazo que corresponda.
"No se discute que el régimen de responsabilidad administrativa de los servidores públicos dista de ser similar al resto de los procedimientos, dada su especial naturaleza, pero si la propia ley que lo establece permite acudir para suplir sus deficiencias al Código de Procedimientos Civiles del Estado, no se entiende el porqué el inicio del procedimiento disciplinario, asimilado a la presentación de la demanda en un juicio civil, no pueda interrumpir los plazos de la prescripción de las faltas administrativas.
"En conclusión, las razones expuestas para conceder la protección constitucional han sido destruidas jurídicamente, por lo que este Tribunal Colegiado, atento a lo dispuesto en la fracción I del artículo 91 de la Ley de Amparo, reasume jurisdicción en el conocimiento del asunto y procede al examen de los restantes conceptos de violación cuyo análisis se marginó en dicho fallo."
Importa destacar que idénticas consideraciones sustentó el Sexto Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, al resolver en su sesión celebrada el doce de noviembre de dos mil cuatro, el amparo en revisión 119/2004, promovido por el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato.
Amparo directo en revisión 252/2004, del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito.
María Inés Carolina García Miranda, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la resolución dictada por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, en el recurso de revisión 92/2003, mediante la cual modificó la resolución emitida por el Consejo del Poder Judicial de esa entidad federativa, dentro del procedimiento disciplinario instaurado en su contra, el catorce de octubre de dos mil tres, para reducir la sanción que le fue impuesta de catorce a dos días de suspensión en su encargo sin goce de sueldo.
El Juez de Distrito negó el amparo y protección de la Justicia Federal al considerar, entre otras cuestiones, que no asistía la razón a la quejosa en cuanto señalaba que la falta que se le atribuyó se encontraba prescrita al momento en que se le impuso la sanción antes referida.
Inconforme con la anterior determinación, María Inés Carolina García Miranda interpuso recurso de revisión en su contra, cuyo conocimiento correspondió al Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, el que en sesión celebrada el seis de octubre de dos mil cuatro resolvió revocar la sentencia recurrida y otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso. En lo que interesa, la resolución de mérito se sustenta en las siguientes consideraciones:
"TERCERO. Es sustancialmente fundado el primero de los agravios transcritos.
"Aun cuando el Juez de Distrito no infringió los artículos 76, 77 y 78 de la Ley de Amparo como afirma la disconforme, ya que sí se abocó al estudio de todos los argumentos por ella planteados, tendientes a desvirtuar las consideraciones que sustentan la resolución reclamada, las apreciaciones jurídicas de su fallo no son del todo acertadas.
"Dentro del título noveno, capítulo único, denominado ‘De la responsabilidad’, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, el artículo 157 dispone: (se transcribe).
"Del precepto legal en comento, se advierte que no contempla la figura de la interrupción de la prescripción de las faltas sujetas a responsabilidad administrativa de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado.
"Como la prescripción es una institución de orden público, por cuanto la colectividad está interesada en conservar la firmeza de las situaciones jurídicas y evitar la incertidumbre, poniendo un límite en el tiempo al ejercicio de los derechos o facultades, su apreciación no debe quedar al arbitrio judicial, ya que existe la posibilidad de que las autoridades encargadas de decidir si la aplican o no, lleguen a una conclusión con base en deducciones o inferencias, y de esa manera conculquen las garantías de legalidad y seguridad jurídica, consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales.
"En ese contexto, los dispositivos legales que contemplan los casos de prescripción, han de estar redactados en términos puntuales y precisos, sin que sea necesario acudir a la interpretación, de donde se obtiene que la prescripción sólo puede interrumpirse por actos o causas expresamente previstos en la ley, lo que no ocurre en la especie.
"Es ilustrativa la tesis sostenida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 49, del Volumen LXXIII, Cuarta Parte, Sexta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que textualmente expresa:
"‘PRESCRIPCIÓN.’ (se transcribe)
"De ese modo, el Juez de Distrito incurrió en una apreciación jurídica incorrecta, al considerar que de una interpretación teleológica del artículo 157 en comento, la interrupción del término para que se actualice la prescripción se encuentra intrínsecamente ligada a dicha figura, pues, se reitera, esa interrupción no está prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.
"Si esto es así y no existe otro punto a debate para estimar lo contrario, debe concluirse que del cinco de noviembre de dos mil dos en que se cometió la falta que se atribuye a la disconforme, consistente en resolver el término constitucional con un día de retraso en el proceso penal 132/2002, seguido en contra de ... y otros, al catorce de octubre de dos mil tres en que se impuso la sanción de suspensión en el cargo por dos días, sin goce de sueldo, transcurrió con exceso el término de seis meses que fija el invocado numeral 157 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, y por consiguiente que operó la prescripción de la falta administrativa de que se trata.
"Toda vez que el motivo de inconformidad analizado resultó fundado, es innecesario abordar el estudio de los demás."
Amparo directo en revisión 212/2003, del índice del Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito.
Daniel Morales Morales, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la resolución dictada por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, en el recurso de revisión 13/03, mediante la cual confirmó la diversa resolución de quince de octubre de dos mil dos, emitida por el Consejo del Poder Judicial de esa entidad federativa dentro del procedimiento disciplinario instaurado en su contra, en el que se le impuso la sanción consistente en suspensión en el cargo por sesenta días sin goce de sueldo. Asimismo, impugnó la inconstitucionalidad de los artículos 153 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guanajuato.
El Juez de Distrito otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que se dejara insubsistente la resolución impugnada y se emitiera una nueva en la que "se desestime la aplicación de la sanción máxima prevista por el artículo ... y bajo las premisas de inexistencia de una determinación de afectación pecuniaria y atenuación de la gravedad de la culpa y naturaleza del hecho ... con plenitud de jurisdicción, determine el grado de culpabilidad y la sanción correspondiente".
Inconforme con la anterior determinación, Daniel Morales Morales interpuso recurso de revisión en su contra, cuyo conocimiento correspondió al Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, el que en sesión celebrada el diecinueve de septiembre de dos mil tres resolvió "confirmar" (sic) la sentencia recurrida y conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso, para el efecto de que se dejara insubsistente la resolución impugnada y se emitiera una nueva en la que "siguiendo los lineamientos puntualizados en el cuerpo de esta ejecutoria, nuevamente se pronuncie sobre el tema de la interrupción de la prescripción de las faltas sujetas a responsabilidad administrativa de los servidores públicos". La resolución de mérito se sustenta, fundamentalmente, en las siguientes consideraciones:
"SEXTO. Es fundado el agravio consistente en que, al pronunciar la sentencia sujeta a revisión, el Juez de Distrito cometió una transgresión a lo dispuesto por los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, al efectuar un est
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19005-503275fa/servidores-publicos-del-poder-judicial-del-estado-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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