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Modo: Corpus Pro

DICTÁMENES PERICIALES NO OBJETADOS. SU VALORACIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 31/2005-PS. · Registro digital (IUS): 19028
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO, ACTUALMENTE EN MATERIA CIVIL.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Septiembre de 2005, , Pág. 45.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 31/2005-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO, ACTUALMENTE EN MATERIA CIVIL.

CONSIDERANDO:

CUARTO. El Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, en sesión del trece de enero de dos mil cinco, resolvió el amparo directo penal 859/2004, promovido por ... por su propio derecho, en contra de la sentencia dictada en el toca penal 103/2003-I de fecha veintiuno de octubre de dos mil tres, por la Primera Sala Mixta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes, por la que se confirmó la sentencia condenatoria dictada por el Juez Cuarto de lo Penal del Estado de Aguascalientes, en la que se le condenó a cierta pena de prisión y a pagar determinada multa. En dicho fallo, en lo que es materia de contradicción, esencialmente se sostuvo:

"... En cambio, asiste razón al impetrante del amparo, en cuanto a que el avalúo pericial del vehículo materia del delito y su ampliación desahogada en el proceso, carecen de valor probatorio para tener por demostrado su valor, pues los peritos adscritos al Departamento de Criminalística de la Dirección General de Servicios en el Estado que rindieron el dictamen y su ampliación, fueron por demás dogmáticos al emitir su opinión y, por ende, éste no reúne los requisitos exigidos por el artículo 252 del Código de Procedimientos Penales del Estado. Ello es así porque los peritos oficiales fueron omisos en señalar las razones particulares por las cuales consideraron que el vehículo, presenta llantas traseras seminuevas y llantas delanteras con un cuarto de vida, pues no precisaron el parámetro que tomaron en cuenta para establecer la vida útil de las llantas, como sería una comparación de la profundidad de una llanta nueva y las que trae el vehículo, tomando en cuenta la marca, modelo y tamaño de las mismas; así como tampoco comprobaron las condiciones mecánicas del vehículo ni el funcionamiento de su motor, pues en el dictamen por lo que respecta a las condiciones mecánicas manifestaron que ‘no fue posible efectuar las maniobras necesarias para su valoración’ (foja 37) y en la ampliación dijeron que ‘al momento de tener a la vista el vehículo, no se comprobó su funcionamiento’ (foja 104); lo cual sería suficiente para desvalorar el dictamen pericial y su ampliación respecto del valor del vehículo materia del robo, ya que las condiciones mecánicas de una unidad motriz constituyen un factor importante para asignarle un precio determinado. Aunado a lo anterior, debe decirse que los peritos en ningún momento manifestaron las condiciones que presenta la hojalatería y pintura del automotor que dicen tomaron en cuenta para valuarlo, máxime que por el modelo del automotor (1978) y uso del mismo es susceptible de que se dañe tanto la pintura como la hojalatería, pues en el dictamen únicamente dijeron que presenta ‘tapicería en tinto, calaveras derecha, defensa trasera, rejillas, unidades, cuartos direccionales delanteros, asientos en buenas condiciones de uso. El vehículo presenta reparaciones en puerta izquierda, defensa delantera vencida’, pero nada dicen en cuanto a las condiciones de la pintura ni del resto de la hojalatería, así como tampoco si la reparación de la puerta izquierda que mencionan fue realizada eficazmente, en tanto que en la ampliación manifestaron que ‘únicamente se comprobó su estado en hojalatería y pintura como se señala en el peritaje’, pero en éste no dijeron sus condiciones. Por lo que respecta a la investigación de campo que dicen los peritos realizaron, si bien señalan que realizaron dicha investigación en el ‘Tianguis Aeropuerto’, no exponen cuál fue el resultado de esa investigación, ni qué precios les dieron a conocer; asimismo, tampoco indican a qué se refiere la ‘GUÍA EBC’, y de si ésta es de publicación mensual o anual, y en su caso, no precisaron en cuál se apoyaron, pues es del conocimiento público que los vehículos, por lo general, pierden su valor conforme transcurre el tiempo. Los datos que les sirvieran de fundamento para su conclusión era importante los indicaran de manera expresa en el dictamen, pues en ello estriba la opinión técnica concreta que resulte real y legalmente comprensible para el juzgador no conocedor de la materia motivo del dictamen, y no limitarse a establecer que el valor del vehículo lo investigaron en el ‘Tianguis Aeropuerto’ sin decir si se dedica a la compraventa de vehículos y sin agregar cotización o lista de precios. Por tanto, dadas las deficiencias apuntadas, al habérsele otorgado valor pleno al referido avalúo, la responsable incurrió en una infracción de las reglas que rigen la apreciación de las pruebas y, en vía de consecuencia, transgrede las garantías de legalidad y seguridad jurídica en perjuicio del peticionario del amparo, dado que el valor que los citados peritos le otorgaron al vehículo materia del delito (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional), sirvió de base a la responsable para confirmar las penas que le fueron impuestas al quejoso por el Juez de primera instancia con fundamento en la fracción III del artículo 146 del Código Penal del Estado de Aguascalientes, aumentadas por la calificativa en términos del penúltimo párrafo del artículo 149 del mismo ordenamiento legal en cita. Sin que sea obstáculo a lo anterior, lo considerado por la responsable, en el sentido de que es infundado el agravio que en relación al avalúo pericial hizo valer el recurrente, porque, entre otras, el procesado perdió su derecho para ofrecer perito de su parte y no impugnó la ampliación del dictamen emitido en el proceso, consideración que fundó en la tesis jurisprudencial VI.2o. J/80, publicada en la página 371 del Tomo VI de noviembre de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. Ello es así, porque este Tribunal Colegiado no comparte el criterio sostenido en dicha jurisprudencia, pues según el sistema de apreciación probatoria que actualmente impera en el Código de Procedimientos Penales del Estado de Aguascalientes, el juzgador tiene la facultad de ponderar, a su arbitrio, los dictámenes periciales que en el proceso se rindan, atendiendo a las circunstancias especiales del caso y los demás elementos contenidos en los propios dictámenes periciales, por lo que la falta de objeción o de nombramiento de perito del reo, no es obstáculo para que el juzgador examine oficiosamente el dictamen emitido por parte del órgano acusador, lo anterior a fin de que determine si éste reúne los requisitos legales, entre ellos, los previstos en el artículo 252 del ordenamiento legal en cita, pues no es jurídico otorgarle pleno valor probatorio al dictamen pericial por el solo hecho de no haber sido objetado por la parte a quien le perjudique, sin el previo análisis que del mismo realice el juzgador en uso del libre arbitrio jurisdiccional que la ley le confiere para determinar su validez y eficacia. Funda lo anterior, la tesis XXIII.3o.7 P, sustentada por este Tribunal Colegiado, localizable bajo el registro número 184497 del disco de publicación oficial IUS, el cual nos remite a la página 1079 del Tomo XVII, correspondiente al mes de abril de 2003 de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son: ‘DICTAMEN PERICIAL. SU FALTA DE OBJECIÓN NO IMPIDE QUE EL JUEZ LO EXAMINE OFICIOSAMENTE A FIN DE PRECISAR SU EFICACIA PROBATORIA (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA DE RUBRO: «PERITOS. DICTAMEN NO IMPUGNADO.», VISIBLE EN LA PÁGINA 186, TOMO II, SEXTA ÉPOCA DEL APÉNDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 1917-2000).’ (se transcribe)."

Dicho criterio fue sustentado por el referido Tribunal Colegiado al resolver los amparos directos 826/2002 y 23/2003, resueltos en sesiones de diez de diciembre de dos mil dos y siete de febrero de dos mil tres, respectivamente; mismos que originaron la tesis aislada número XXIII.3o.7 P, cuyo texto y precedentes son los siguientes:

"DICTAMEN PERICIAL. SU FALTA DE OBJECIÓN NO IMPIDE QUE EL JUEZ LO EXAMINE OFICIOSAMENTE A FIN DE PRECISAR SU EFICACIA PROBATORIA (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA DE RUBRO: ‘PERITOS. DICTAMEN NO IMPUGNADO.’, VISIBLE EN LA PÁGINA 186, TOMO II, SEXTA ÉPOCA DEL APÉNDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 1917-2000). La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su anterior integración, en la tesis jurisprudencial citada, estableció el criterio de que las violaciones sustantivas o adjetivas que pudieran derivarse del análisis de un dictamen pericial, únicamente podían examinarse, en vía de amparo, en el caso de que dicho peritaje hubiera sido legal y oportunamente impugnado ante el Juez del orden común. Ahora bien, con fundamento en los artículos 194 de la Ley de Amparo y sexto transitorio del decreto de veintiuno de diciembre de mil novecientos ochenta y siete, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de enero de mil novecientos ochenta y ocho, este Tribunal Colegiado interrumpe dicho criterio jurisprudencial, por las razones siguientes: Conforme al sistema de apreciación probatoria que actualmente impera en el Código de Procedimientos Penales del Estado de Aguascalientes, y concretamente en el artículo 303, el juzgador tiene la facultad de ponderar, a su arbitrio, los dictámenes periciales que en el proceso se rindan, apreciación que dependerá de las circunstancias especiales del caso y de los elementos contenidos en los propios dictámenes periciales. Bajo esta premisa, la falta de objeción de un dictamen pericial por la parte a quien le pudiera perjudicar no impide que el Juez lo examine oficiosamente a fin de determinar si el mismo cumple con los requisitos legales, entre ellos, los que prevé el artículo 252 de la codificación procesal mencionada, es decir, que los peritos hayan practicado las operaciones y experimentos que su ciencia o arte les sugiere, así como también si contiene los hechos y circunstancias que hubieran servido de fundamento a sus dictámenes, ya que estos aspectos permitirán establecer la eficacia probatoria que a dicho elemento de convicción le corresponde; esto es así, en atención a que la ponderación de que se trata no tiene el alcance de suplir las deficiencias sustantivas o adjetivas de que aquél adolezca, sino de que el Juez que conoce del asunto cumpla con la obligación de examinar la prueba y atribuirle, dentro del ámbito de su competencia jurisdiccional, la eficacia que legalmente corresponda a la prueba de peritos, ya que no es jurídicamente admisible que por la sola circunstancia de que un dictamen pericial no sea objetado, deba otorgársele valor probatorio pleno, sin el previo análisis por parte del juzgador de que efectivamente reúne los requisitos legalmente establecidos, y de que evidencia el hecho o dato materia de prueba. Por lo que debe sostenerse que de conformidad con las disposiciones aplicables, el juzgador, en uso del libre arbitrio jurisdiccional que la ley le confiere para determinar la validez y eficacia de los dictámenes periciales, debe examinarlos para evidenciar el hecho o dato objeto de prueba, independientemente de que éstos hayan sido o no objetados por alguna de las partes en el juicio.

"TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO.

"Amparo directo 826/2002. 10 de diciembre de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Herminio Huerta Díaz. Secretaria: Ana Luisa Lárraga Martínez.

"Amparo directo 23/2003. 7 de febrero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Lucila Castelán Rueda. Secretario: David Pérez Chávez."

El criterio anterior también fue sostenido al emitir los juicios de amparo 886/2003, 109/2004 y 285/2004, que fueron resueltos, respectivamente, en sesiones de seis de febrero, diecinueve de marzo y veintiuno de mayo, todas de dos mil cuatro.

QUINTO. El Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, actualmente en Materia Civil, al resolver el amparo directo 431/92, en sesión de dieciséis de marzo de mil novecientos noventa y tres, promovido por ... por su propio derecho, en contra de la sentencia dictada en el toca de apelación 128/992, de diez de abril de mil novecientos noventa y dos, en la que se confirmó la sentencia condenatoria dictada por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Puebla, de veinticinco de febrero de ese mismo año, y en la que se determinó que el quejoso era penalmente responsable de los delitos de abuso de autoridad y lesiones, imponiéndosele en consecuencia determinadas penas, sostuvo en la parte que interesa, lo siguiente:

"QUINTO. ... Por otra parte, resulta inexacto que en el dictamen médico emitido por el legista adscrito al Ministerio Público de Tepeaca, Puebla, se hubiera expresado que el ofendido presentaba una sola lesión en la cara, toda vez que en él se puede apreciar que se asentó que ... presentó una herida cortante localizada en párpado superior de lado izquierdo de tres centímetros, con hematoma y equimosis en el mismo lado, y lesiones en las muñecas; por su parte el representante social federal dio fe de que presentaba un hematoma alrededor del ojo izquierdo el cual estaba hinchado y con un vendolete en la ceja, que también presentaba hinchazón en el pómulo de ese mismo lado. Además, en el dictamen de criminalística emitido por los médicos forenses de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, se precisaron detalladamente y clasificaron cada una de las lesiones del ofendido, asentándose que además de la herida cortocontundente en región ciliar izquierda de tres centímetros por debajo de la implantación de la ceja, presentaba seis heridas más, contando las dos de las muñecas y la del codo; y aun cuando el golpe contuso que presentó el agraviado en la región de la ceja del lado izquierdo pudo ocasionarle la equimosis bipalpebral izquierda de color violácea y la hemorragia conjuntival de ese mismo lado localizada en el ángulo interno del ojo acompañada de discreta fotofobia, y aun suponiendo que la equimosis rosácea que se le encontró al ofendido en el codo izquierdo pudo haber sido causada cuando éste cayó, así como que las lesiones en las muñecas se hubieran ocasionado por el hecho de que lo esposaran, no debe perderse de vista que se dio fe que también presentaba una equimosis rosácea de forma difusa y con dolor a la digito presión e inflamación circundante en región malar izquierda abarcando un área de dos por dos punto cinco centímetros de extensión aproximadamente, misma que de igual forma asentó haber visto el médico legista referido y el Ministerio Público Federal, amén de la más comentada y observada localizada en la ceja. La circunstancia de que en la diligencia de preguntas formuladas por la defensa a los médicos que elaboraron el dictamen en criminalística referido, éstos hayan incurrido en contradicciones tales como el tiempo en que tarda la coagulación de una herida como la que presentó el agraviado en las cejas o si una herida cortocontundente debe presentar bordes regulares o irregulares, no es motivo para desestimar ese dictamen ya que aun suponiendo que el ofrecimiento de esa diligencia y las preguntas en ella formuladas, constituyan objeción al mismo, no basta ese simple hecho para negarle valor probatorio, sino que fue menester que se aportara la pericial correspondiente para que esa inconformidad tuviera sustento legal; ello al tenor del criterio sustentado por el Máximo Tribunal de la Nación en la tercera y décima tercera tesis, ambas relacionadas con la jurisprudencia número 1277, consultables a páginas dos mil setenta y dos y dos mil setenta y cinco del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de los años mil novecientos diecisiete, mil novecientos ochenta y ocho, que respectivamente establecen: ‘PERITOS. DICTÁMENES NO OBJETADOS.’ (se transcribe); y ‘PRUEBA PERICIAL IMPUGNACIÓN DE LA.’ (se transcribe). En otras palabras, en virtud de que el hoy quejoso no rindió prueba alguna para acreditar su supuesta objeción, debe entenderse que se conformó tácitamente con el dictamen en criminalística mencionado, y por tanto éste merece plena eficacia probatoria. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 1277, así como la novena y décima segunda tesis relacionadas con la misma, consultables a páginas dos mil setenta y uno, dos mil setenta y cuatro y dos mil setenta y cinco del Apéndice y parte mencionados, que respectivamente establecen: ‘PERITOS. DICTAMEN NO IMPUGNADO.’. (se transcribe). ‘PERITOS, VALOR DE SUS DICTÁMENES.’. (se transcribe); y ‘PRUEBA PERICIAL. DICTÁMENES NO OBJETADOS.’. (se transcribe). Asimismo, debe decirse que por las razones antes mencionadas, resultan intrascendentes las contradicciones en que incurrieron los peritos citados en cuanto a la hemorragia conjuntival que presentaba el ofendido en el ojo, si fue en el lado izquierdo o derecho del mismo; además, no debe pasarse por alto que la diligencia de preguntas se llevó a cabo el día veinticinco de junio de mil novecientos noventa y uno, y el dictamen de referencia se emitió el siete de junio de mil novecientos noventa, tiempo en el cual los peritos pudieron olvidar los detalles de aquel dictamen. Igualmente es intrascendente que los peritos citados hubieran referido contrariando su dictamen que al caer el agraviado debió presentar excoriaciones en el cuerpo, desgarros en sus prendas de vestir y polvo en la ropa, si como ya se dijo, el hoy quejoso no desvirtuó el dictamen en criminalística mencionado, que además se apoya en el examen médico del estado físico del agraviado emitido por el perito adscrito al Ministerio Público de Tepeaca, Puebla, en la fe ministerial federal de lesiones. Sobre el particular cabe agregar que en el multicitado dictamen criminalístico se asentó que en el pantalón y zapatos que vestía el ofendido no se observaban huellas de polvo o tierra, ni tampoco raspaduras en su calzado, siendo que al contrario de lo declarado por el hoy quejoso, el sujeto pasivo nunca expresó haber caído al piso, pues a lo más en su declaración ministerial señaló que después de que el oficial de la policía de caminos le abrió intempestivamente la portezuela de su automóvil y lo golpeó por primera vez dentro del mismo, lo ‘arrastró’ hacia afuera del vehículo y sin salir totalmente del coche ‘lo esposó y levantó los brazos’ para continuar agrediéndolo; pero esto no quiere decir que materialmente hubiera sido arrastrado el pasivo por el piso, tan es así que claramente refirió posteriormente ‘y sin poder salir del coche lo esposó y le levantó los brazos y ya esposado continuó golpeándolo’, lo que se corrobora con la diligencia de preguntas elaboradas por la defensa al agraviado, en donde éste manifestó a las preguntas ocho y nueve que se le formularon, que no fue arrastrado y que el sentenciado lo condujo de su vehículo a la patrulla; que no hubo jaloneos o manotazos entre ellos pues únicamente trató de cubrirse de los golpes."

Dicho criterio fue reiterado por el referido órgano colegiado al resolver los amparos directos D-184/95, D-278/95, D-206/96 y D-586/96; en sesiones de veintiuno de junio y cinco de julio, de mil novecientos noventa y cinco; veintidós de mayo y treinta de octubre de mil novecientos noventa y seis, respectivamente.

Las ejecutorias que anteceden originaron la jurisprudencia cuyos datos de identificación, rubro, texto y precedentes son los siguientes:

"Novena Época

"Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: IV, noviembre de 1996

"Tesis: VI.2o. J/80

"Página: 371

"PRUEBA PERICIAL. DICTÁMENES NO OBJETADOS. Si durante la sustanciación del procedimiento el reo no impugnó un dictamen pericial, es inconcuso que la falta de actividad procesal de su parte, revela su consentimiento con relación al expresado dictamen.

"SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO

"Amparo directo 431/92. José Eduardo Ariño Sánchez. 16 de marzo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna.

"Amparo directo 184/95. Fernando Moro Tamariz. 21 de junio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna.

"Amparo directo 278/95. Antonio Orato Sarmiento. 5 de julio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna.

"Amparo directo 206/96. Rafael Martínez Arenas. 22 de mayo de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna.

"Amparo directo 586/96. Lorenzo Garrido Téllez. 30 de octubre de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna."

SEXTO. Por cuestión de orden sistemático, antes de proceder al análisis correspondiente, es oportuno establecer si en el caso sujeto a estudio existe contradicción entre el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, al resolver los amparos directos penales 859/2004, 826/2002 y 23/2003 con el sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, actualmente en Materia Civil, al resolver los amparos directos D-431/92, D-184/95, D-278/95, D-206/96 y D-586/96; cuyas consideraciones esenciales se precisarán a continuación, ya que sólo bajo ese supuesto es posible efectuar el estudio relativo con el fin de determinar cuál es el criterio que debe prevalecer.

Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se apoya en el criterio sustentado por el Pleno de este Alto Tribunal, en cuanto a que, para que exista materia a dilucidar respecto del criterio que debe prevalecer, debe darse, cuando menos formalmente, una oposición de criterios jurídicos en los que se controvierta la misma cuestión, es decir, para que se surta su procedencia, la contradicción denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas vertidos dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas.

Para ello, debe tenerse presente el contenido de la siguiente tesis de jurisprudencia:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 26/2001

"Página: 76

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

Según se desprende del criterio antes transcrito, para que exista contradicción de tesis deben reunirse los siguientes elementos:

a) Que al resolver los planteamientos jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes.

b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias.

c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

Establecido lo anterior, es necesario analizar las ejecutorias, destacadas en los considerandos cuarto y quinto, que fueron remitidas en copia certificada por los correspondientes Tribunales Colegiados, con valor probatorio pleno, en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos públicos; ello con el objeto de determinar si existe la contradicción planteada.

En el caso sometido a la consideración del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito la controversia a resolver consistió en determinar el valor probatorio de un dictamen pericial no objetado por la parte a quien pudiera perjudicar, considerando al efecto que el avalúo pericial del vehículo materia del delito y su ampliación desahogada en el proceso, carecen de valor probatorio para tener por demostrado su valor, pues los peritos adscritos al Departamento de Criminalística de la Dirección General de Servicios en el Estado de Aguascalientes, hicieron un estudio dogmático al emitir su opinión, sin ajustarse a los requisitos exigidos por el artículo 252 del Código de Procedimientos Penales del Estado, toda vez que omitieron precisar el parámetro que tomaron en cuenta para establecer la vida útil de las llantas, las condiciones mecánicas del vehículo y el funcionamiento del motor, así como las condiciones de hojalatería y pintura; además en la investigación de campo realizada en el "Tianguis Aeropuerto", no exponen cuál fue su resultado, ni qué precios les dieron a conocer; siendo procedente desvalorar dicho dictamen pericial y su ampliación.

Que ante las deficiencias enunciadas y al haberle otorgado la autoridad responsable pleno valor al referido avalúo, incurrió en una infracción de las reglas que rigen la apreciación de las pruebas, transgrediendo las garantías de legalidad y seguridad jurídica en perjuicio del peticionario del amparo, en virtud que el valor que los citados peritos le otorgaron al vehículo materia del delito, sirvió de base para confirmar las penas que le fueron impuestas al quejoso por el Juez de primera instancia; sin que sea obstáculo a lo anterior que la responsable haya considerado que el procesado perdió su derecho para ofrecer perito de su parte y que no impugnó la ampliación del dictamen.

Que de acuerdo al sistema de apreciación probatoria que impera en el Código de Procedimientos Penales del Estado de Aguascalientes, el juzgador tiene la facultad de ponderar, a su arbitrio, los dictámenes periciales que en el proceso se rindan, atendiendo a las circunstancias especiales del caso y los demás elementos contenidos en los propios dictámenes, por lo que la falta de objeción o de nombramientos de un perito del reo, no es obstáculo para que el juzgador examine oficiosamente el dictamen emitido por parte del órgano acusador y determine si reúne los requisitos previstos en el artículo 252 del ordenamiento citado, pues no es jurídicamente correcto otorgarle pleno valor probatorio a un dictamen pericial por no haber sido objetado por la parte a quien le perjudique, sin el previo análisis que del mismo realice el juzgador en uso de su libre albedrío jurisdiccional que la ley le confiere para determinar su validez y eficacia, esto es, que efectivamente reúne los requisitos legales y que evidencía el hecho o dato materia de prueba.

Que de acuerdo a la ley, el juzgador, en uso de su libre albedrío jurisdiccional para determinar la validez y eficacia de los dictámenes periciales, debe examinarlos con la finalidad de evidenciar el hecho o dato objeto de prueba, independientemente de que éstos hayan sido o no objetados por alguna de las partes en el juicio.

Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, actualmente en Materia Civil, en el asunto sometido a su consideración sostuvo que el hecho de que el quejoso argumente que en la diligencia de preguntas formuladas a los médicos que elaboraron el dictamen de criminalística, los peritos hayan incurrido en contradicciones, no es motivo para desestimar (objetar) ese dictamen, ya que era necesario aportar la prueba pericial correspondiente para que esa inconformidad tuviera sustento legal.

Que en virtud de que el quejoso no rindió prueba alguna para acreditar su supuesta objeción, debe entenderse que se conformó tácitamente con el dictamen de criminalística y por tanto éste merece plena eficacia probatoria.

Así, se advierte que en el caso sí se surte la contradicción de criterios, entre el sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con el sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, actualmente en Materia Civil, en virtud de que se cumple con el requisito consistente en que la oposición de criterios surja de entre las consideraciones, argumentaciones o razonamientos que sustentan la interpretación de un precepto legal o tema concreto de derecho, ya que esas consideraciones justifican el criterio jurídico que adopta cada uno de los órganos jurisdiccionales para decidir la controversia planteada, a través de las ejecutorias de amparo, materia de la contradicción de tesis.

Ahora bien, los Tribunales Colegiados, en las ejecutorias de mérito, sí examinaron cuestiones jurídicas esencialmente iguales, llegando a conclusiones diversas, ya que la litis sometida a la consideración del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, se relacionó con el valor probatorio que le asiste a un dictamen pericial que no fue objetado por la parte a quien pudiera perjudicarle, considerando que la falta de objeción no es obstáculo para que el juzgador examine oficiosamente el dictamen emitido, a fin de determinar si reúne los requisitos legales y en uso de su libre arbitrio jurisdiccional determinar su validez y eficacia.

En tanto que en los asuntos del conocimiento del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, actualmente en Materia Civil, se determinó que al no haberse aportado prueba alguna para acreditar la objeción hecha al dictamen pericial, el quejoso se conformó tácitamente con el mismo, por lo que merecía eficacia probatoria plena.

Asimismo, de las transcripciones de las respectivas ejecutorias se advierte que la diferencia de criterios se presenta en las consideraciones y razo

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19028-29370dd6/dictamenes-periciales-no-objetados-su-valoracion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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