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Modo: Corpus Pro

NULIDAD. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL DISTRITO FEDERAL.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 276/2005. · Registro digital (IUS): 19090
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: RIGOBERTO TORRES SALCIDO.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Octubre de 2005, , Pág. 2213.

AMPARO DIRECTO 276/2005. RIGOBERTO TORRES SALCIDO.

CONSIDERANDO:

SÉPTIMO. Los conceptos de violación son infundados en parte e inoperantes en otro aspecto, y finalmente fundados pero inoperantes.

El quejoso aduce en su primer motivo de inconformidad, que la Sala responsable vulneró en su perjuicio las garantías de legalidad, audiencia y seguridad jurídica que establecen los artículos 14 y 16 constitucionales, al sostener que en el caso no se surte la figura de prescripción prevista en la fracción II del artículo 78 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, porque debe estarse a las reglas establecidas para la revisión de la cuenta pública consagradas en el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, es decir, que el término de prescripción debe atender al plazo de cinco años y no al de tres, en virtud de que la ley especial deroga a la general; sin considerar que en la ejecutoria que emitió este tribunal el once de febrero de dos mil cuatro, únicamente se determinó que la responsable no había considerado las manifestaciones vertidas por la tercero perjudicada en su contestación respecto a la prescripción de sus facultades sancionadoras, esto es, no hubo pronunciamiento sobre si era procedente o no tal figura, por lo que atendiendo a que no podía controvertir esa circunstancia al haber obtenido nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, solicita que ahora se analice este aspecto fundamental sobre la procedencia de la figura de prescripción, pues la Sala se aparta de la naturaleza del procedimiento administrativo y formalidades legales aplicables, en congruencia con el cuerpo legal que se utilizó para sancionarlo desde que fue citado al procedimiento de responsabilidad respectivo, que no fue otra sino la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y de ningún modo la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal que invocó la demandada hasta su escrito de contestación.

Añade, que si se toma en cuenta que la fecha en que supuestamente incurrió en responsabilidad fue con la firma de la última de las estimaciones, que se da en el mes de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, y el inicio del procedimiento administrativo disciplinario inició el veinte de enero de mil novecientos noventa y nueve, es evidente que transcurrieron en exceso los tres años que prevé el artículo 78, fracción II, de la Ley Federal de Responsabilidades de lo Servidores Públicos, que es la ley especial aplicable.

Continúa señalando, que en el numeral 45 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, no se contempla la aplicación supletoria de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, para los casos de revisión de cuenta pública, por lo que si la ley no distingue el juzgador no tiene por qué hacerlo.

Es infundado el primero de los argumentos anteriores, en atención a las consideraciones siguientes:

En primer lugar es necesario mencionar algunos de los antecedentes del caso.

1. De las constancias del toca 94/01 y su acumulado 103/01 del índice de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, formado con motivo del recurso de apelación hecho valer por la autoridad demandada y el actor, respectivamente, en contra de la sentencia dictada en el juicio de nulidad 7063/2000 por la Primera Sala de ese tribunal promovido por Rigoberto Torres Salcido, se desprende que la mencionada actora demandó la nulidad de la resolución de treinta y uno de mayo de dos mil, emitida por el director de Cuenta Pública de la Dirección General de Legalidad y Responsabilidades de la Contraloría General de Gobierno del Distrito Federal, mediante la cual lo declaró administrativamente responsable de contravenir lo dispuesto por el artículo 47, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades de lo Servidores Públicos, imponiéndole como sanción administrativa una inhabilitación por el término de diez años para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión en la administración pública del Distrito Federal, así como una sanción económica equivalente a 209.196 veces el salario mínimo mensual vigente en el Distrito Federal el día de su pago.

2. Seguidos los trámites del juicio, el veinte de octubre de dos mil, la Sala de origen dictó resolución en la que declaró la nulidad de la resolución impugnada quedando obligada la autoridad demandada a restituir al actor en el goce de los derechos que indebidamente se le afectaron, dejándose insubsistente la resolución reclamada por no aplicarse en ella el ordenamiento penal federal supletorio al valorar las pruebas aportadas por las partes en el procedimiento de origen.

3. Inconformes con esa determinación, ambas partes hicieron valer el recurso de apelación y se formaron los tocas 94/2001 y 103/2001, resueltos en sentencia de veintidós de mayo de dos mil tres, que revocó la Sala Superior por razón de que la Sala inferior omitió el estudio de los conceptos de nulidad que se expusieron, cuestiones de fondo como la prescripción de facultades, la incompetencia de la autoridad demandada y la inconstitucionalidad del artículo 55 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y, por ende, procedió a emitir un nuevo fallo en el cual declaró la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada bajo la consideración de que entre el mes de mayo de mil novecientos noventa y cinco, fecha en que sucedieron los hechos imputados al servidor público en el procedimiento administrativo de origen y el mes de enero de mil novecientos noventa y nueve, en que se notificó a éste del citatorio para la audiencia de ley, transcurrió en exceso el término de tres años previstos por la fracción II del artículo 78 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; asimismo, declaró sin materia los agravios de la autoridad apelante.

4. En contra de la resolución anterior, la autoridad demandada interpuso recurso de revisión contencioso administrativo del cual correspondió conocer a este Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito con el número R.C.A. 837/2003, que en sesión de once de febrero de dos mil tres, resolvió declararlo fundado, en virtud de que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo omitió el análisis de los argumentos expuestos por la autoridad demandada en su escrito de contestación, que dieron respuesta al concepto de nulidad relativo a la excepción de prescripción hecha valer por el actor.

5. En cumplimiento a dicha ejecutoria, la Sala Superior dictó nueva sentencia el once de marzo de dos mil cuatro, en que dejó insubsistente la sentencia por ella emitida en veintidós de mayo de dos mil tres y declaró fundado el agravio del actor consistente en la falta de estudio de los argumentos tendientes a declarar la nulidad lisa y llana y, por ende, sin materia los agravios expuestos por la autoridad demandada, en tal virtud procedió al análisis de las causas de nulidad expuestas en la demanda, concretamente la relativa a que prescribieron las facultades de la autoridad demandada para iniciar, tramitar y resolver el procedimiento disciplinario en contra del actor del juicio natural, y analizó las manifestaciones hechas por la autoridad demandada al respecto en el escrito de contestación a la demanda, determinando que no prescribieron las facultades de la autoridad demandada para iniciar, tramitar y resolver el procedimiento disciplinario considerando que en la especie debe prevalecer el término específico de cinco años y no el genérico de tres para determinar si prescribieron o no las facultades de la autoridad administrativa para iniciar el procedimiento disciplinario sobre la base del principio general del derecho que reza: "La ley especial deroga a la general", y que el ordenamiento especializado en términos de revisión de la cuenta pública era en el año de mil novecientos noventa y cinco, la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal al establecer un plazo para la prescripción de las facultades de las autoridades revisoras, que considerando la relevancia de la cuenta pública y los procedimientos establecidos para su revisión, el legislador ordinario fijó una distinción en cuanto a la prescripción de facultades, ampliando el plazo relativo en la materia y por ello ha de imponerse el plazo de cinco años y no el de tres.

Asimismo, consideró que el artículo 40 de dicha ley entró en vigor con posterioridad a la regla fijada en la fracción II del artículo 78 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, de modo que al ser posterior aquélla, derogó a ésta en tratándose de revisión de la cuenta pública, de suerte que si las conductas atribuidas al servidor público se suscitaron entre el veintinueve de mayo de mil novecientos noventa y cinco y el veintidós de diciembre de ese año, se trata de una conducta continuada en el tiempo que agotó sus efectos en la última de tales fechas y atento a que la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, no precisa el momento en que ha de iniciarse el plazo para contar la prescripción, debe estarse a la regla general fijada en el párrafo penúltimo del artículo 78 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y de tal modo, el plazo de la prescripción comenzó a transcurrir a partir del día siguiente a aquel en que se firmó la última de las estimaciones de que se trata, esto es, a partir del día veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, concluyendo el plazo de cinco años el veintitrés de diciembre de dos mil.

Por otra parte, la Sala analizó el concepto de anulación consistente en la incompetencia de la autoridad demandada para iniciar, tramitar y resolver el procedimiento disciplinario en contra del actor, declarándolo infundado bajo la consideración de que el procedimiento de origen se inició el veinte de enero de mil novecientos noventa y nueve, y en esa fecha la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal tenía existencia y competencia legales en términos del artículo 3o. de la ley que la rige.

Finalmente, declaró fundados los conceptos de nulidad planteados en los incisos c) y e), respecto de que la autoridad demandada no fundamentó claramente qué tipo de deberes jurídicos incumplió el servidor público y en qué ley u ordenamiento consta la obligación que se estimó incumplida de supervisar; que cada una de las estimaciones entregadas correspondieran a lo pactado en los contratos, ello bajo la consideración de que en la resolución impugnada la autoridad demandada sostuvo una argumentación incongruente al afirmar por un lado que el actor no era responsable de la supervisión directa de la obra, y por otra parte lo sancionó precisamente por no haber revisado dichas estimaciones, además de no aplicar la pena convencional a la empresa que sí tenía esa obligación de revisión, y que la fundamentación aducida por la citada autoridad sólo impone a la dependencia contratante el establecer la residencia de supervisión, misma que puede recaer en terceros que auxilian a la administración y que en ninguno de dichos preceptos impone que el actor deba ser quien de modo directo efectúe la supervisión de los trabajos y verifique que lo reportado coincida exactamente con lo realizado y pactado en el contrato y por tales motivos declaró la nulidad de la resolución impugnada conforme a la fracción II del artículo 81 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, por no fundarse con rigor y surgir un estado de incertidumbre jurídica.

6. Inconforme con la resolución anterior, la autoridad demandada interpuso recurso de revisión contencioso administrativo, del cual correspondió conocer a este Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con el número R.C.A. 597/2004.

Ahora bien, para estar en aptitud de determinar si la Sala Superior, en su resolución de fecha once de marzo de dos mil cuatro, declaró una nulidad para efectos o lisa y llana, debe destacarse lo dispuesto por los artículos 80 a 82 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal:

"Artículo 80. Las sentencias que emitan las Salas del tribunal, no necesitan formulismo alguno, pero deberán contener:

"I. La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos. Así como el examen y valoración de las pruebas que se hayan rendido, según el prudente arbitrio de la Sala, salvo las documentales públicas e inspección judicial, que siempre harán prueba plena;

"II. Los fundamentos legales en que se apoyen, debiendo limitarlo a los puntos cuestionados y a la solución de la litis planteada;

"III. Los puntos resolutivos en los que se expresarán los actos cuya validez se reconociere o cuya nulidad se declarare; y

"IV. Los términos en que deberá ser ejecutada la sentencia por parte de la autoridad demandada, así como el plazo correspondiente para ello, que no excederá de veinticinco días contados a partir de la fecha de su notificación."

"Artículo 81. Serán causas de nulidad de los actos impugnados:

"I. Incompetencia de la autoridad;

"II. Incumplimiento y omisión de las formalidades legales;

"III. Violación de la ley o no haberse aplicado la debida; y

"IV. Arbitrariedad, desproporción, desigualdad, injusticia manifiesta o cualquiera otra causa similar."

"Artículo 82. De ser fundada la demanda, las sentencias dejarán sin efecto el acto impugnado y las autoridades responsables quedarán obligadas a otorgar o restituir al actor en el goce de los derechos que le hubieren sido indebidamente afectados o desconocidos, en los términos que establezca la sentencia."

De la lectura de los preceptos legales recién transcritos, se advierte que la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, no prevé textualmente las figuras jurídicas de "nulidad lisa y llana" o "nulidad para efectos", limitándose a precisar que dicho tribunal podrá decretar la nulidad de los actos impugnados, y que sus sentencias habrán de ejecutarse en los términos que disponga el órgano jurisdiccional.

En tal virtud, a efecto de determinar si la nulidad decretada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal debe ser lisa y llana o para efectos, deberá estarse a los criterios jurisprudenciales en la materia, así como a los principios que rigen el derecho administrativo.

Precisado lo anterior, se decretará la nulidad lisa y llana cuando el acto impugnado adolezca de vicios ostensibles y particularmente graves, que bajo ninguna forma pueden ser convalidados; el resultado jurídico de este tipo de nulidad implica la existencia de cosa juzgada, por lo que la autoridad demandada no podrá emitir una nueva resolución en el mismo sentido.

Por ejemplo, la incompetencia del servidor público, prevista como causa de nulidad por el artículo 81, fracción I, de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, implica la anulación lisa y llana del acto de autoridad impugnado, pues aquel funcionario que en un lugar y tiempo determinado era incompetente para emitir el acto combatido, de ninguna manera podrá subsanar tal circunstancia.

De igual manera, puede señalarse que por regla general, en los asuntos en que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal estudie el fondo del asunto, en los que determine que la conducta del particular está justificada por alguna norma de carácter general, o que los hechos que generaron el acto administrativo o fiscal no encuadran en el supuesto normativo invocado por la demandada, se está ante la presencia de una nulidad lisa y llana.

Por otra parte, la nulidad para efectos procede en los casos en que el acto impugnado esté viciado por el procedimiento que le dio origen, o que los vicios se encuentren dentro de la resolución o acto administrativo en sí, lo que doctrinalmente se conoce como vicios de nulidad relativa; la consecuencia jurídica de la declaración de nulidad implica que la autoridad subsane dichos vicios, ya sea reponiendo el procedimiento o dictando una nueva determinación.

Al respecto, es aplicable la tesis I.7o.A.254 A de este tribunal, publicada en la página mil cuatrocientos veintiocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, correspondiente al mes de diciembre de dos mil tres, Novena Época, cuyos rubro y texto son los siguientes:

" Los artículos 80 a 82 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, no prevén textualmente las figuras jurídicas de ‘nulidad lisa y llana’ o ‘nulidad para efectos’, limitándose a precisar que dicho tribunal podrá decretar la nulidad de los actos impugnados, y que sus sentencias habrán de ejecutarse en los términos que dispongan éstas. A efecto de determinar si la nulidad decretada por las Salas de dicho órgano contencioso administrativo debe ser lisa y llana o, en su defecto, para efectos, deberá estarse a los criterios jurisprudenciales en la materia, así como a los principios que rigen el derecho administrativo. Se decretará la nulidad lisa y llana cuando el acto impugnado adolezca de vicios ostensibles y particularmente graves, que bajo ninguna forma puedan ser convalidados; el resultado jurídico de este tipo de nulidad implica la existencia de cosa juzgada, por lo que la autoridad demandada no podrá emitir una nueva resolución en el mismo sentido; por ejemplo, la incompetencia del servidor público que emitió el acto impugnado y, por regla general, en los asuntos en que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal estudie el fondo del asunto, determinando que la conducta del particular está justificada por alguna norma de carácter general, o que los hechos que generaron el acto administrativo o fiscal no encuadran en el supuesto normativo invocado por la demandada. Por otra parte, la nulidad para efectos procede en los casos en que el acto impugnado contenga vicios subsanables, o que los mismos se encuentren en el procedimiento que le dio origen, lo que doctrinalmente se conoce como vicios de nulidad relativa; la consecuencia jurídica de dicha determinación obliga a la autoridad a subsanar tales ilicitudes, ya sea reponiendo el procedimiento o dictando una nueva determinación; de manera ejemplificativa y no restrictiva, se pueden citar: defectos u omisiones en el llamamiento al procedimiento administrativo (emplazamiento); no brindar oportunidad de probar y alegar; indebida fundamentación y motivación; y el no constreñimiento de la resolución a la cuestión debatida, que se forma con la pretensión del Estado y las defensas del particular, como sería la falta o indebida valoración de pruebas."

Por tanto, la nulidad para efectos en la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, está consagrada, primordialmente, en el artículo 81, fracción II, que señala como causa de nulidad de los actos impugnados el incumplimiento u omisión de las formalidades legales, como de manera ejemplificativa, y no restrictiva, se pueden citar defectos u omisiones en el llamamiento al procedimiento administrativo (emplazamiento); no brindar oportunidad de probar y alegar; indebida fundamentación y motivación; el no constreñimiento de la resolución a la cuestión debatida, que se forma con la pretensión del Estado y las defensas del particular.

Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 45/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, correspondiente al mes de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, que es del tenor siguiente:

"SENTENCIAS DE NULIDAD FISCAL PARA EFECTOS. EL ARTÍCULO 239, FRACCIÓN III, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE ESTABLECE ESE SENTIDO ANTE LA ACTUALIZACIÓN DE LA AUSENCIA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, NO VIOLA LA GARANTÍA DE LEGALIDAD CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. El sentido de lo dispuesto en el último párrafo de la fracción III, del artículo 239 del Código Fiscal de la Federación, en cuanto a que el Tribunal Fiscal de la Federación debe emitir una sentencia de nulidad para efectos cuando se actualice la causal prevista en la fracción II, del artículo 238 del mismo ordenamiento legal, referente a la ausencia de fundamentación y motivación de la resolución impugnada, se desentraña relacionándolo armónicamente con el párrafo primero de esa misma fracción, dado que así se distingue la regla de que la sentencia puede declarar la nulidad de la resolución para determinados efectos y una excepción, cuando la resolución involucra las facultades discrecionales de la autoridad administrativa. Reconocida esa distinción en la hipótesis en que la resolución carece de fundamentación y motivación (artículo 238, fracción II), y la variada competencia que la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación otorga al mismo tribunal, descuella, que para poder determinar cuándo la sentencia de nulidad debe obligar a la autoridad administrativa a dictar una nueva resolución, y cuándo no debe tener tales efectos, es necesario acudir a la génesis de la resolución impugnada, a efecto de saber si se originó con motivo de un trámite o procedimiento de pronunciamiento forzoso, o con motivo del ejercicio de una facultad discrecional. Cuando la resolución se dictó como culminación de un procedimiento o en relación con una petición, donde el orden jurídico exige de la autoridad un pronunciamiento, la reparación de la violación detectada no se colma con la simple declaración de nulidad, sino que es preciso que se obligue a la autoridad a dictar otra, para no dejar incierta la situación jurídica del administrado, en el sentido que sea, pero fundada y motivada. Consideración y conclusión diversa amerita el supuesto en que la resolución nace del ejercicio de una facultad discrecional de la autoridad, en la que opera la excepción señalada, dado que el tribunal, al declarar la nulidad de la resolución, no puede obligar a la autoridad administrativa a que dicte nueva resolución, porque equivaldría a que se sustituyera a la autoridad administrativa en la libre apreciación de las circunstancias y oportunidad para actuar que le otorgan las leyes, independientemente de que también perjudicaría al administrado actor en vez de beneficiarlo, ya que al darle ese efecto a la nulidad, se estaría obligando a la autoridad a actuar, cuando ésta, podría no encontrar elementos para fundar y motivar una nueva resolución, debiendo abstenerse de emitirla. Por la misma causa, la sentencia que declara nula una resolución infundada e inmotivada, emitida en ejercicio de facultades discrecionales, no puede impedir que la autoridad administrativa pronuncie una nueva resolución, en virtud de que con tal efecto le estaría coartando su poder de decisión, sin haber examinado el fondo de la controversia. Las conclusiones alcanzadas responden a la lógica que rige la naturaleza jurídica del nacimiento y trámite de cada tipo de resoluciones, según la distinción que tuvo en cuenta la disposición en estudio, de tal modo que en ninguna de las dos hipótesis viola la garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 constitucional, ya que si bien este dispositivo fundamental no establece la posibilidad de que ante la anulación de una resolución administrativa por falta de fundamentación y motivación, se obligue a la autoridad que la emitió, a que reitere el acto de molestia, es inconcuso que cuando dicha autoridad, en virtud de las leyes que rigen su competencia, o con motivo de una instancia o recurso del demandante, debe pronunciarse al respecto, la sentencia anulatoria de su acto infundado e inmotivado que la obligue a dictar otra resolución y hasta a indicarle los términos en que debe hacerlo, como establece la regla general de la disposición examinada, además de que tiene por objeto acatar el derecho de petición que garantiza el artículo 8o. constitucional, viene a colmar la pretensión del particular, pues le asegura una resolución depurada conforme a derecho."

En ese tenor, como en la resolución de fecha once de marzo de dos mil cuatro, la Sala Superior declaró una nulidad para efectos en términos del artículo 81, fracción II, de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, por no fundarse con rigor, es evidente que el impetrante de garantías sí tenía interés jurídico para impugnarla, por lo que al no hacerlo consintió la determinación de la Sala en el sentido de que no habían prescrito las facultades de la autoridad administrativa para iniciar el procedimiento disciplinario de mérito; de ahí que resulten inoperantes los restantes motivos de inconformidad en estudio.

En apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia 2a./J. 50/96, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos ochenta y dos del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, correspondiente al mes de octubre de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, cuyo contenido es el siguiente:

"NULIDAD PARA EFECTOS. EXISTE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA SENTENCIA QUE DECLARA LA NULIDAD PARA EFECTOS DE UNA RESOLUCIÓN EXPRESA, SI EL QUEJOSO PRETENDE QUE DEBIÓ SER LISA Y LLANA. Cuando la parte actora en un juicio ante el Tribunal Fiscal de la Federación demanda la nulidad de una resolución expresa y obtiene solamente la nulidad para efectos, y no la lisa y llana que pretende, se le causa un perjuicio directo a su interés jurídico, en tanto que la sentencia aparentemente favorable limita el alcance de la nulidad demandada. Lo anterior, con independencia de que, en su caso, pudiera demandar la nulidad del nuevo acto que dictara la autoridad administrativa en acatamiento de la sentencia del Tribunal Fiscal."

En su segundo concepto de nulidad, el quejoso afirma que la Sala responsable transgrede en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 81, fracciones III y IV de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal; 14 y 16 de nuestra Carta Magna; 64 de la Ley de Adquisiciones y Obra Pública, y 46 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, al interpretar inexactamente el sentido y alcance de la determinación dictada por este Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, toda vez que pierde de vista que por su naturaleza dicho tribunal no puede sustituir la jurisdicción, por lo que no pudo ocuparse del aspecto relativo a si dentro de las funciones como servidor público le correspondía o no verificar y hacer una supervisión de campo para constatar si el cable introducido en la obra era el presupuestado, ya que tal supervisión es distinta a la que tenía encomendada, pues le correspondía revisar y supervisar los aspectos externos o numéricos y de conceptos contenidos en el contrato, aunado a que la autoridad demandada nunca demostró que la residencia de supervisión o cualquier otra área le hubiese comunicado alguna irregularidad en relación con las estimaciones, de manera que sería injusto que se dejara la sanción impuesta por actos que estuvieron distantes e imposibles de supervisar directamente, como lo es la introducción de un cable distinto al supuestamente programado y presupuestado; asimismo, omite considerar las tesis de rubros: "SERVIDORES PÚBLICOS. CUÁNDO DEBE ENTENDERSE CONSUMADA LA INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA." y "RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. LA TIENE EL PRESIDENTE DE SUPERVISIÓN RESPECTO DE LA APROBACIÓN DE ESTIMACIONES."

Es infundado el aspecto relativo a que este Tribunal Colegiado no podía sustituirse a la jurisdicción de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, toda vez que si bien en términos del artículo 80 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, es a la Sala a quien corresponde el estudio en primera instancia de todos y cada uno de los puntos controvertidos en el juicio relativo, de ahí que el reenvío sea procedente cuando la Sala responsable no se haya ocupado de todos y cada uno de los diversos conceptos de anulación aducidos por el actor en el juicio de nulidad, ni tampoco de los argumentos planteados por la autoridad administrativa en su escrito de contestación, o haya omitido el análisis de alguna prueba, y por tanto, resulte inaplicable lo dispuesto por el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo, no obstante que el artículo 104, fracción I-B, constitucional establece claramente que el recurso de revisión contencioso administrativo debe sujetarse a los trámites que la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República fija para la revisión en amparo indirecto.

Sin embargo, aun cuando los Tribunales Colegiados de Circuito no deben resolver de manera directa las inconformidades que se planteen en las demandas de anulación, sí deben ocuparse de ellas después de que la Sala se haya pronunciado, como aconteció en la especie, pues la responsable había considerado fundados los argumentos planteados por el actor en el segundo concepto de anulación, incisos c) y e), consistentes en que la autoridad no fundamentó claramente qué tipo de deberes jurídicos incumplió el propio actor y en qué ley u ordenamiento consta la obligación que supuestamente incumplió de supervisar que cada una de las estimaciones entregadas correspondieran a lo pactado en los contratos, y que la fundamentación de la resolución administrativa adolece de generalidad.

Por otra parte, resultan inoperantes los restantes argumentos en estudio, conforme a las estimaciones siguientes:

En sesión de fecha cuatro de no

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19090-f385fd88/nulidad-reglas-para-su-determinacion-en-el-juicio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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