CONCEPTOS DE VIOLACIÓN REFERIDOS A INFRACCIONES A LEYES ADJETIVAS COMETIDAS DURANTE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. NO TODOS DEBEN ESTIMARSE INATENDIBLES O INOPERANTES.
AMPARO DIRECTO 70/2005.
CONSIDERANDO:
NOVENO. Los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso son infundados, lo que conlleva a negar el amparo y protección solicitados.
Afirma el quejoso, que fue privado de su libertad con engaños dentro de su domicilio por parte de los elementos de la Policía Judicial el treinta de noviembre de dos mil dos, es decir, cuarenta y ocho horas después de los hechos que falsamente se le atribuyen, sin haber sido citado a comparecer a la indagatoria ante el Ministerio Público y sin orden de aprehensión dictada por autoridad judicial competente y sin que precediera denuncia o querella.
Bajo el mismo tenor, señala el amparista, que el Ministerio Público lo privó de su libertad sin que se diera flagrancia o urgencia y sin que existiera algún elemento que probara su probable responsabilidad e intervención en los hechos que se investigaban.
Al caso, debe decirse que las potenciales violaciones a las leyes procesales cometidas durante la fase de averiguación previa, no pueden dar lugar a una concesión de la protección constitucional para efectos de reposición del procedimiento, en virtud de que durante esa etapa, si bien el Ministerio Público actúa como autoridad, al promover el ejercicio de la acción penal se convierte en parte, carácter que conserva hasta el dictado de la sentencia o resolución que pone fin al procedimiento; debiendo el órgano jurisdiccional al resolver en definitiva, examinar y valorar las pruebas recabadas tanto por dicha representación social en aquella fase como las diversas allegadas a la causa durante la instrucción.
En consecuencia, malamente la concesión de la protección constitucional podría tener el alcance de ordenar a la Sala responsable, que a la vez el a quo ordenara a una de las partes del proceso (órgano de acusación que ni siquiera puede figurar como autoridad responsable en el juicio de amparo directo) reponer sus actuaciones. No obstante, de lo anterior no se sigue necesariamente que todos los conceptos de violación referidos a infracciones a las leyes adjetivas cometidas durante la averiguación previa deban considerarse inatendibles o inoperantes, puesto que existen supuestos en los que dada la magnitud de la violación, ésta anule el valor de alguna o algunas de las pruebas recabadas durante esa fase, mismas a las que la responsable pudo erróneamente conferir valor pleno, para condenar en la forma en que lo hizo. Lo anterior, se corrobora con el contenido de las fracciones XIV y XV del artículo 160 de la Ley de Amparo, que a la letra disponen:
"Artículo 160. En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento, de manera que su infracción afecte a las defensas del quejoso:
"...
"XIV. Cuando la sentencia se funde en la confesión del reo, si estuvo incomunicado antes de otorgarla, o si se obtuvo su declaración por medio de amenazas o de cualquiera otra coacción;
"XV. Cuando la sentencia se funde en alguna diligencia cuya nulidad establezca la ley expresamente."; confesión y diligencia, respectivamente, que desde luego, pueden haberse recabado o realizado durante la fase indagatoria.
No es óbice para proceder de esta manera la circunstancia de que los conceptos de violación de referencia se limiten a destacar la infracción procesal cometida durante la averiguación previa, sin vincularla con el valor conferido por la responsable a la prueba o pruebas con los que se relaciona, pues en observancia del artículo 76 Bis fracción II de la Ley de Amparo, el Tribunal Colegiado se encuentra obligado a darle contestación ante la mera posibilidad que de declararse fundado el concepto de violación de mérito incida en el valor otorgado al acervo probatorio que la responsable ha estimado para condenar. Por ello, las potenciales violaciones cometidas durante esa etapa que el ahora quejoso aduce serán estudiadas al examinarse el tópico de la correcta valoración de las pruebas.
Similar criterio se sostuvo por este Tribunal Colegiado, en su anterior integración, al resolver los amparos directos números 162/2004, 613/2004, 693/2004 y 591/2004, identificada con el número II.2o.P.155 P, que se aprecia a fojas 1654 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, febrero de 2005, cuyos rubro y texto son los siguientes:
" No todos los conceptos de violación referidos a infracciones a las leyes adjetivas cometidas durante la averiguación previa necesariamente deben considerarse inatendibles o inoperantes, ya que existen supuestos en los que dada la magnitud de la violación, puede anularse el valor de alguna o algunas de las pruebas recabadas durante esa fase, a las que la responsable pudo erróneamente conferir valor pleno para condenar en la forma en que lo hizo; lo anterior, aun cuando los conceptos de violación se limiten a destacar la infracción procesal cometida durante la averiguación previa, sin vincularla con el valor conferido por la responsable a la prueba o pruebas con las que se relaciona, ello en observancia del artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, esto es, el Tribunal Colegiado se encuentra obligado a darles contestación ante la mera posibilidad de que, de declararse fundados los conceptos de violación de mérito, incidan en el valor otorgado al acervo probatorio que la responsable ha estimado para condenar. Por ello, las violaciones cometidas durante esa etapa, que pudieren tener ese alcance, deben estudiarse al examinar el tópico de la correcta valoración de las pruebas."
Afirma el quejoso, que no se le recibió la prueba testimonial que ofreció, y no le fue recibida dicha probanza bajo argumentos ajurídicos (sic) e inverosímiles.
Su afirmación deviene infundada. Se dice lo anterior, toda vez que, aun cuando el quejoso es omiso en señalar a qué testimonial o testimoniales se refiere; de la lectura y análisis de las pruebas ofrecidas en su oportunidad a favor del quejoso, no se advierte que se hubiese dejado de admitir alguna testimonial, como erróneamente lo afirma el quejoso; destacando que en el pliego de ofrecimiento de pruebas presentado por la defensa del amparista (que obra a fojas 184 a 190 de los autos del juicio de origen), se desprende que ofreció las testimoniales de buena conducta a favor del quejoso, probanza señalada con el número cuatro de las pruebas ofrecidas, a lo que el Juez de primer grado en lo conducente acordó en proveído de fecha nueve de enero de dos mil tres, lo siguiente: "... respecto de las testimoniales a que hace referencia en su escrito de ofrecimiento de pruebas en sus puntos 4 y 5 mismas que se le tienen por anunciadas y una vez que sean perfeccionadas se acordará lo conducente respecto de las mismas ..."; asimismo, en el referido escrito de ofrecimiento de pruebas la defensa del quejoso ofreció, entre otras, las testimoniales a cargo de "... del patrón de ... dueño de la ... de nombre ... alias ... persona que le resulta cita de la declaración ministerial rendida por ... a cargo del director de la empresa de transporte público denominada ... misma persona que al parecer se llama ... persona que le resulta cita de la declaración ministerial rendida por ... a cargo de ... persona que le resulta cita de la declaración rendida por los testigos de identidad. ... a cargo del señor ... persona que le resulta cita de la declaración ministerial rendida por ... el día treinta de noviembre del dos mil dos."; probanzas marcadas en el pliego correspondiente con los números 10, 11, 17 y 18, respectivamente, y que al respecto el Juez de primer grado, en el proveído de fecha diez de enero de dos mil tres, acordó: "... por lo que respecta a las testimoniales a que hacen referencia por parte de la defensa particular y procesados en sus puntos 10 y 11, las mismas se le tienen por anunciadas y una vez que sean perfeccionadas las mismas se acordará lo conducente respecto del desahogo de las mismas ... por lo que respecta a las pruebas señaladas en los numerales 17 y 18, las mismas se le tienen al oferente por anunciadas y una vez que sean perfeccionadas se acordará lo conducente respecto de su desahogo ... "; como puede apreciarse con claridad, el Juez de primer grado, respecto de las testimoniales que se han señalado, no desatendió a la petición de la defensa del quejoso, antes bien, señaló que se tenían por anunciadas y una vez perfeccionadas se acordaría sobre su desahogo; sin embargo, del análisis de las constancias que obran en autos, no se desprende dato alguno que permita afirmar que el defensor o el propio quejoso procuraron el perfeccionamiento de todas y cada una de las probanzas ofrecidas en su oportunidad, y sí en contrario, según se aprecia de la diligencia de desahogo de pruebas, de fecha ocho de junio de dos mil cuatro, en uso de la voz el defensor de oficio del quejoso, señaló: "... Que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 257 y 261 del Código de Procedimientos Penales, solicito se declare cerrada la presente instrucción y desistiéndome de todas las pruebas pendientes por desahogar, asimismo solicito se certifique el periodo de conclusiones, siendo todo lo que deseo manifestar en la presente diligencia.", por su parte, el ahora quejoso y su coinculpado ... en uso de la voz, respecto de la petición de su defensor, señalaron: "... Que nos encontramos de acuerdo con lo manifestado por la defensa."; por tanto, en todo caso, fue el propio quejoso quien al estar de acuerdo con lo solicitado por su defensor en el sentido de declarar cerrada la instrucción y desistirse de las pruebas que estuvieran pendientes de desahogarse, con ello implícitamente se desistió de aquellas testimoniales que aún no habían sido perfeccionadas, tal y como se estableció que debían ser en los sendos proveídos en los que se tuvieron por anunciadas; y todo ello, no le es atribuible al juzgador de primer grado, por ende, tampoco le irroga perjuicio alguno al impetrante del amparo.
Afirma el quejoso, que dentro del capítulo uno de delitos contra el patrimonio, del Código Penal del Estado de México, en la parte concerniente al delito de robo, no existe la calificativa de robo con modificativas (sic).
Su afirmación es cierta; no obstante lo anterior, debe decirse en primer término que, según se desprende del auto de plazo constitucional dictado al ahora quejoso en fecha ocho de octubre de dos mil tres, se le dictó auto de formal prisión en su contra, entre otros delitos, por el de "... robo agravado (robo de vehículo automotor con violencia), en agravio del patrimonio de las personas y/o ... previsto y sancionado por los artículos 287, 289, fracción V, 290, fracciones I y V, en relación con el 8o., fracción I, 9o., 11, fracción I, inciso d), del Código Penal en vigor ..."; asimismo, el fiscal adscrito al juzgado de origen, al formular su acusación, en su pliego de conclusiones al ocuparse por el delito que estimó acreditado, en lo que interesa expresó: "... III. Elementos del cuerpo del delito de robo agravado (robo de vehículo automotor con violencia) ..."; y en sus puntos resolutivos hizo la siguiente referencia en lo que interesa: "... IV. ... Sí son penalmente responsables de la comisión del delito de robo agravado (robo de vehículo automotor con violencia) ...", y al dictar sentencia de primer grado, en su resolutivo primero el Juez del conocimiento en lo que importa expresó: "... PRIMERO. ... de generales conocidos, sí son penalmente responsables de la comisión del delito de robo, en agravio del patrimonio de las personas y/o ... por el que presentara formal acusación en su contra la representación social adscrita ..."; de todo lo anteriormente transcrito, se advierte sin dificultad que el ahora quejoso no fue sentenciado por el delito de robo con modificativas (sic), como erróneamente lo afirmó, sino por el de robo agravado (robo de vehículo automotor con violencia). De ahí que, aun cuando resulta cierta la afirmación del amparista, en el sentido de que en el Código Penal del Estado de México, no existe como tal el delito de robo con modificativas, lo cierto es que ello de modo alguno le beneficia puesto que, como ya se dijo, no fue sentenciado por esa figura delictiva. Todo lo anterior se afirma, sin soslayar que si bien es cierto la Sala responsable señaló que se encontraba acreditado el cuerpo del delito de robo con modificativas (agravante de cometerse respecto de un vehículo automotor con violencia), sin embargo, se estima que ello se debió únicamente a un mero error de redacción por parte de la responsable, que de modo alguno tiene relevancia respecto del fondo del asunto; aunado a lo anterior, tampoco pasa desapercibido para este Tribunal Colegiado que la Sala responsable hizo suyos los razonamientos del a quo, con lo que expresamente convalidó sus argumentos y los tuvo como acertados, por lo que implícitamente comulgó con la descripción del delito acreditado que señaló el Juez de primer grado.
Por otro lado, una vez analizado el acto reclamado, contrario a lo que señala el quejoso, se advierte que la sentencia reclamada no viola en su perjuicio las garantías que tutela el artículo 14 constitucional; toda vez que en el caso no se aplicó una ley retroactivamente en su perjuicio, además de que sí se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, en razón de que se tramitó la instrucción acorde a las normas procesales contenidas en el código adjetivo de la materia, se admitieron y desahogaron las pruebas ofrecidas en su defensa, y respecto de aquellas que no se desahogaron debe decirse que ello fue por las razones señaladas con anterioridad; aunado a que siempre estuvo asistido de su defensor, además de que en la resolución reclamada se dio contestación a la totalidad de los agravios aducidos en esa instancia por el hoy quejoso; por tanto, se insiste, ninguna violación a las reglas del procedimiento se advierte en perjuicio del quejoso.
Y contrariamente a lo aducido por el hoy quejoso, no existió aplicación analógica o por mayoría de razón, de la pena impuesta al sentenciado, puesto que la aplicada por el órgano revisor de segunda instancia es legal, como más adelante se verá.
Luego entonces, resulta infundado el argumento de la parte quejosa en el sentido de que la determinación emitida por la autoridad responsable viola en su perjuicio el artículo 14 de la Constitución Federal, que tutela la garantía de seguridad jurídica, pues en ningún momento quedó en estado de indefensión.
Encuentra apoyo a lo anterior, el criterio orientador que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia número P./J. 47/95, visible en la foja 133 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, que es del rubro y texto siguientes:
"FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga ‘se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento’. Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado."
Por otro lado, se advierte que la responsable dio contestación a los agravios expuestos por el apelante; y para ello por una parte llevó a cabo de nueva cuenta el estudio y justipreciación del caudal probatorio que obra en los autos de primera instancia; amén de estimar correctos y hacer suyos los argumentos del a quo, esto es, realizó razonamientos lógicos y jurídicos para tener por comprobado el cuerpo del delito en cuestión, la plena responsabilidad penal del quejoso, en su comisión, así como lo atinente a la individualización de la pena, no causando esto ningún agravio, pues no resulta violatorio de garantías la circunstancia de que la Sala responsable, además de estudiar el cúmulo probatorio que existe en autos, haga suyos y convalide los argumentos vertidos por el Juez de primer grado; así como en la especie dicha Sala no advirtió queja deficiente que suplir, como más adelante se verá, al considerar que el estudio hecho por el Juez de primera instancia fue conforme a derecho, por lo que la responsable confirmó el fallo de primer grado.
De la misma forma, contra lo sostenido por el quejoso, la resolución sujeta a la acción constitucional se encuentra fundada y motivada, satisfaciendo las exigencias a que se refiere el primer párrafo del artículo 16 constitucional; pues en el caso, la Sala responsable, al efectuar el estudio y justipreciación de los medios de prueba del sumario, y también hacer suyos los razonamientos del a quo, señaló los preceptos legales aplicables y expuso con precisión las circunstancias especiales, causas inmediatas y motivos particulares que llevaron a resolver en ese sentido; lo cual se advierte de la lectura integral de la resolución de la responsable, donde en una parte se contienen los fundamentos referentes al delito imputado al quejoso y por otra parte, se precisaron los motivos por los que a su juicio consideró correctamente actualizada la hipótesis normativa, justipreciando para ello y a su criterio, las pruebas habidas en la causa, sin violar los lineamientos previamente establecidos para tal fin.
Apoya lo anterior, el criterio orientador sustentado por la anterior Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 260, que se aprecia en la página 175 del Apéndice de 1995, Tomo VI, Materia Común, que señala:
"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas."
De igual manera, este tribunal advierte ineficaz lo expuesto por la impetrante del amparo en el sentido de que se viola en su perjuicio la garantía contenida en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; al caso, debe decirse que de las constancias que integran el proceso penal número 384/2002, que se instruyó al quejoso, el auto de plazo constitucional dictado fue por el delito de robo agravado (robo de vehículo automotor con violencia), por el cual también el Ministerio Público formuló su acusación, y además la sentencia reclamada se sustentó en los mismos hechos fundatorios del auto de formal prisión, de ahí que no se advierte que haya sido sentenciado por un diverso delito del que fue motivo del proceso; por tales razones, es evidente que ninguna transgresión a la garantía consagrada en el numeral 19 constitucional, existió en contra del impetrante del amparo.
Por otro lado, este Tribunal Colegiado considera que la sentencia reclamada está ajustada a derecho y no irroga perjuicios constitucionales al quejoso, porque fue correcto el proceder de la Sala responsable al tener por acreditado el cuerpo del delito de robo agravado (robo de vehículo de motor con violencia), previsto y sancionado por los artículos 287, 289, fracción I, y 290, fracciones I y V, todos del Código Penal del Estado de México; pues a tal determinación arribó tomando en cuenta los elementos de prueba habidos en la causa penal de origen, consistentes en:
1. Fe ministerial de puesta a disposición de treinta de noviembre de dos mil dos, firmada por los elementos ... (foja 2). 2. Fe ministerial de estado psicofísico de treinta de noviembre de dos mil dos, de ... (foja 6 vuelta). 3. Declaración ministerial de ... de treinta de noviembre de dos mil dos (foja 9). 4. Ampliación de declaración de ... de diez de junio de dos mil tres, en la que ante el Juez del conocimiento, a preguntas de la representación social (fojas 250 vuelta y 251). 5. Ampliación de declaración de ... de veinticinco de agosto de dos mil tres, en la que ante el Juez del conocimiento, a preguntas de la defensa (foja 263). 6. Oficio de puesta a disposición de veintinueve de noviembre de dos mil dos, signado por ... y el jefe de grupo comandante ... (fojas 9 y 10). 7. Ratificación de puesta a disposición de treinta de noviembre de dos mil dos, ante el Ministerio Público, del agente policiaco ... (foja 3 vuelta). 8. Ratificación de puesta a disposición de treinta de noviembre de dos mil dos, ante el Ministerio Público, del agente policiaco ... (foja 6). 9. Ampliación de declaración del agente policiaco ... de veintiséis de mayo de dos mil tres, quien ante el Juez del conocimiento, a preguntas de la representación social (foja 246). 10. Ampliación de declaración del agente policiaco ... de treinta y uno de enero de dos mil tres, quien ante el Juez del conocimiento, a preguntas de la representación social (foja 204). 11. Ampliación de declaración del agente policiaco ... de veintiséis de mayo de dos mil tres, quien ante el Juez del conocimiento, a preguntas de la defensa (fojas 245 vuelta y 246). 12. Fe ministerial de vehículo de veintinueve de noviembre de dos mil dos (foja 11). 13. Fe ministerial de objetos de treinta de noviembre de dos mil dos (foja 11). 14. Traslado del personal actuante al lugar de los hechos, inspección ocular, fe de cadáver, posición y orientación, fe de lesiones, de ropas, de pertenencias, media filiación y levantamiento de cadáver, de veintinueve de noviembre de dos mil dos (foja 16 vuelta). 15. Ampliación de inspección ocular de treinta de noviembre de dos mil dos (foja 33). 16. Declaración ministerial del elemento policiaco ... de veintiocho de noviembre de dos mil dos (foja 17 vuelta). 17. Ampliación de declaración del agente policiaco ... de primero de diciembre de dos mil tres, ante el Juez del conocimiento, a preguntas de la representación social (foja 361). 18. Declaración ministerial de ... de treinta de noviembre de dos mil dos (fojas 25 vuelta y 26). 19. Ampliación de declaración de ... de primero de diciembre de dos mil tres, ante el Juez del conocimiento, a preguntas de la representación social (foja 361 vuelta). 20. Fe ministerial de armas de treinta de noviembre de dos mil dos (foja 26). 21. Declaración ministerial de ... de treinta de noviembre de dos mil dos (foja 27). 22. Comparecencia ministerial de ... de treinta de noviembre de dos mil dos (fojas 27 vuelta y 29). 23. Fe ministerial de treinta de noviembre de dos mil dos, respecto de original y copia de credencial expedida por la Dirección General de Transporte Terrestre, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de México, a favor de ... (foja 29). 24. Dictamen de valuación de vehículo de treinta de noviembre de dos mil dos (foja 32). 25. Declaración ministerial del agente policiaco ... de uno de diciembre de dos mil dos (foja 34). 26. Ampliación de declaración del ... de veinticinco de agosto de dos mil tres, ante el Juez del conocimiento, a preguntas de la defensa (foja 263 vuelta y 266). 27. Diversa ampliación de declaración del elemento policiaco ... de dieciocho de septiembre de dos mil tres, ante el Juez de la causa, a preguntas de la representación social (foja 273 vuelta). 28. Declaración ministerial de ... de uno de diciembre de dos mil dos (foja 35). 29. Ampliación de declaración del agente policiaco ... de veinticinco de agosto de dos mil tres, ante el Juez del conocimiento, a preguntas de la defensa (foja 266). 30. Diversa ampliación de declaración del policía ... de dieciocho de septiembre de dos mil tres, ante el Juez de la causa, a preguntas de la representación social (foja 274). 31. Declaración ministerial del coacusado ... de dos de diciembre de dos mil dos (foja 66). 32. Declaración preparatoria del coacusado ... de cuatro de diciembre de dos mil dos (foja 141). 33. Ampliación de declaración del coacusado ... de diecinueve de marzo de dos mil cuatro, ante el Juez de primer grado, a preguntas de la defensa (fojas 390 y 391). 34. Declaración ministerial del ahora quejoso ... de dos de diciembre de dos mil dos (fojas 67 vuelta y 68). 35. Declaración preparatoria del ahora quejoso ... de cuatro de diciembre de dos mil dos (foja 139). 36. Ampliación de declaración del ahora quejoso ... de diecinueve de marzo de dos mil cuatro, ante la defensa (fojas 391 vuelta y 392). 37. Dictamen pericial en materia de química, de treinta de noviembre de dos mil dos (foja 76). 38. Dictamen en materia de criminalística de treinta de noviembre de dos mil dos, realizado en el vehículo de la marca ... tipo ... color ... (foja 79). 39. Acta médica de veintinueve de noviembre de dos mil dos, del cadáver de quien en vida respondiera al nombre de ... (foja 102). 40. Testimoniales de buena conducta a cargo de ... en favor de ... (fojas 393 vuelta y 396).
Elementos de convicción que la responsable debidamente reseñó y estudió de nueva cuenta; amén de hacer suyos los argumentos del a quo; mismos que concatenados al tenor de los artículos 254 y 255 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, resultan aptos y suficientes para tener por acreditado que aproximadamente a las veintitrés horas del veintiocho de noviembre de dos mil dos, el ahora quejoso ... en compañía de dos sujetos más se apoderó de un bien mueble ajeno, sin derecho y sin el consentimiento de la persona que legalmente podía disponer de él conforme a la ley, bien mueble consistente en el vehículo marca ... tipo ... modelo ... color ... placa de circulación (una sola) ... del Estado de México; conducta que desplegó el sujeto activo sobre la calle Circuito Bosques de Bolognia, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, para lo que hizo uso de la violencia moral.
De igual manera, estuvo en lo correcto la responsable al tener por acreditada la agravante de violencia moral contenida en la fracción I, del artículo 290, del Código Penal del Estado de México, dado que de autos se advierte que el día y hora de los hechos, el ahora quejoso ... conducía el vehículo tipo ... color ... acompañado de su coacusado ... alias ... mientras que el diverso coacusado ... acompañado de un diverso sujeto de nombre ... (occiso) desapoderaban ilícitamente a ... del vehículo tipo ... que conducía, acompañado de ... acción que el hoy occiso llevó a cabo a través de amagar al conductor ... con un arma de fuego tipo revólver, calibre .357 Magnum, matrícula ... lo que sin duda venció su resistencia ante el peligro inminente de sufrir un daño mayor de no acceder a las pretensiones del ahora occiso ... mientras que ... desapoderaron del vehículo al conductor, este último tomó el volante de la unidad, mientras que el ahora quejoso ... y su acompañante ... alias ... desde el momento en que sus coinculpados abordaron la ... para cometer el delito, los seguían a poca distancia en el vehículo ... y su función era la de ir cuidándolos y una vez que consumaran el robo los recogerían para emprender la huida; con lo que se actualiza la agravante de violencia moral, y al caso, la responsable al ocuparse de la citada agravante y luego de enunciar los medios probatorios con los que estimó se acredita la misma, en lo que interesa señaló: "... son medios de prueba que fueron valorados tanto en forma individual como en su conjunto, en términos de lo dispuesto por los artículos 254 y 255 del Código de Procedimientos Penales en vigor, y con los cuales se logra evidenciar que para perpetrar el latrocinio, los activos y su acompañante utilizaron la violencia moral, pues de la dinámica de los hechos se logra evidenciar que es el acompañante de los activos quien amaga con un arma de fuego al chofer y a la persona que iba con él, para después colocarlos en la parte trasera del vehículo de motor y ponerse al volante de dicho vehículo uno de los activos para perpetrar el latrocinio que nos ocupa; evidenciándose que tanto los activos como su acompañante, para coaccionar la voluntad del chofer y la persona que iba con él, utilizaron la violencia moral al amagarlos con un arma de fuego; actualizándose con ello la modificativa de haberse cometido el robo por medio de la violencia moral, establecida en el artículo 290, fracción I, del Código Penal en vigor; asimismo, el objeto motivo de apoderamiento fue un vehículo de motor de la marca ... tipo ... color ... modelo ... con placas de circulación ... del Estado de México, actualizándose con ello la modificativa agravante de cometerse el robo respecto de un vehículo automotor, preceptuado en la fracción V del artículo 290 del Código Penal en vigor ...", por lo que es inexacto lo afirmado por el quejoso en el sentido de que la responsable no fundó dicha calificativa, la que incluso fue debidamente motivada por el Ministerio Público al formular sus conclusiones acusatorias en contra del quejoso.
Bajo el mismo tenor, también se encuentra actualizada la diversa agravante contenida en la fracción V del artículo 290 del Código Penal en el Estado de México, consistente en que el objeto del desapoderamiento ilícito recaiga en un vehículo automotor; lo anterior es así, habida cuenta que de las constancias que
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19146-c92a9f53/conceptos-de-violacion-referidos-a-infracciones-a-leyes · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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