RENTAS. PROCEDE LA ACCIÓN PARA SU COBRO SI EL REQUERIMIENTO SE LLEVA A CABO A TRAVÉS DEL EMPLAZAMIENTO.
AMPARO DIRECTO 849/2005. MARÍA MAGDALENA HERNÁNDEZ TOVAR Y OTRO.
CONSIDERANDO:
QUINTO. En el concepto de violación aducido en primer lugar, se manifiesta que la sentencia reclamada es violatoria de los artículos 14 y 16 constitucionales, en virtud de que en ella se infringe el principio de congruencia establecido en el numeral 81 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, el que dispone que las sentencias definitivas deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y las contestaciones, y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, condenando o absolviendo al demandado y resolviendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate, así como que cuando éstos hubieran sido varios, se deberá hacer el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos.
Se expresa al respecto, que la Sala responsable de manera incongruente confirmó la sentencia definitiva de primera instancia, ya que no obstante haber determinado que la arrendataria no había incurrido en mora en cuanto al pago de las rentas pactadas en el contrato de arrendamiento base de la acción, ilegalmente consideró que, conforme a derecho, resultaba correcta la condena decretada en contra de ambos codemandados, hoy quejosos, relativa al pago de las pensiones rentísticas devengadas y no pagadas, apoyándose en la inexacta afirmación de que para la procedencia de la acción correspondiente, basta que tales pensiones versen sobre rentas devengadas y no pagadas, y que exista el requerimiento del arrendador para obtener el pago respectivo a través del emplazamiento, toda vez que éste produce los efectos de una interpelación judicial en términos del artículo 259, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles.
Señalan los impetrantes que, por un lado, debe tenerse en cuenta que como expresamente lo admite el tribunal de alzada, en el asunto en estudio quedó debidamente acreditado que la arrendataria no incurrió en mora respecto de su obligación de pago de las rentas, ya que en el contrato de arrendamiento celebrado entre las contendientes no se precisó el domicilio de la arrendadora, lugar fijado en el propio contrato para realizar el pago en comento, sin que tampoco se haya demostrado por parte de la arrendadora que los ahora peticionarios de garantías hubieran sido requeridos para el pago de las pensiones rentísticas reclamadas o que conocieran el domicilio de la indicada arrendadora.
Que por otro lado, debe tomarse en consideración que no siempre el emplazamiento hace las veces de interpelación judicial, y mucho menos que tal supuesto opere en el juicio donde se hizo el emplazamiento, ya que la mora nace a la vida jurídica hasta el momento en el que se hace el requerimiento de pago de lo debido, y no antes, debiendo tomarse en consideración además, que para el ejercicio de la acción es requisito indispensable que todos los elementos de la misma deben quedar colmados antes de presentar la demanda, citando en apoyo del argumento de referencia una tesis aislada de un Tribunal Colegiado, no jurisprudencia, como incorrectamente lo manifiestan los impetrantes, cuyo rubro es: "ARRENDAMIENTO. CASO EN QUE EL EMPLAZAMIENTO NO HACE LAS VECES DE INTERPELACIÓN JUDICIAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN)."
Es infundado el concepto de violación que se analiza.
En efecto, del examen de las constancias relativas, las cuales merecen pleno valor demostrativo en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, en lo que interesa, se desprende lo que sigue:
Que por escrito presentado el treinta de marzo del dos mil cuatro, la hoy tercera perjudicada María del Carmen Castellanos Tamayo demandó de los ahora quejosos: la rescisión del contrato de arrendamiento celebrado respecto de un departamento ubicado en el número 123, de la calle Puerto Guaymas, colonia Casas Alemán, Delegación Gustavo A. Madero, Distrito Federal y, por consecuencia, la desocupación y entrega de dicho inmueble, así como el pago de rentas vencidas y no pagadas, el de la pena convencional pactada por la falta de pago oportuno de las referidas pensiones rentísticas y el pago de los gastos y costas del juicio.
Que la arrendataria codemandada produjo oportunamente su contestación, negando la procedencia de las prestaciones reclamadas, precisando que no había incurrido en mora respecto del pago de las rentas, en virtud de que en el contrato respectivo no se había señalado el domicilio de la arrendadora, en el cual debía cumplirse con tal prestación sin que, por otra parte, tuviera conocimiento de dicho domicilio, así como que en ningún momento se le había requerido del pago en comento; siendo lo cierto que por causas desconocidas por la propia inquilina, la arrendadora actora había dejado de presentarse al domicilio de la arrendataria para cobrar las aludidas pensiones rentísticas.
Que por su parte, el fiador codemandado también produjo en tiempo su contestación, en la que la negativa de la procedencia de las prestaciones que le fueron reclamadas, la apoyó fundamentalmente en el hecho de que como se advertía del contenido del contrato base de la acción, su intervención fue como fiador de sí mismo, no de la arrendataria y que, por tanto, no estaba obligado al pago de las rentas que en su caso adeudara esta última, haciendo suya para todos los efectos legales del caso, la contestación producida por la inquilina codemandada.
Que seguido el procedimiento, con fecha treinta y uno de agosto de dos mil cinco, la Juez natural del conocimiento dictó la sentencia definitiva correspondiente, en la que absolvió a los codemandados, aquí quejosos, de la rescisión del contrato básico y, por ende, la desocupación y entrega de la localidad arrendada, así como del pago de la pena convencional pactada, condenándolos únicamente al pago de las rentas reclamadas.
Que tanto la parte actora como los codemandados interpusieron recurso de apelación en contra de la mencionada sentencia definitiva de primera instancia, los cuales fueron tramitados por la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia en el toca 2612/2005, y resueltos el veintiséis de octubre de dos mil cinco, en el sentido de confirmar la resolución apelada.
Que como expresan los impetrantes en el concepto de violación en estudio, la Sala responsable en apoyo a la determinación de confirmar la condena decretada en su contra respecto al pago de las rentas vencidas y no pagadas, manifestó que dicha condena resultaba conforme a derecho, debido a que para la procedencia del pago de la referida prestación, basta que la reclamación respectiva verse sobre rentas devengadas y no pagadas, así como que exista el requerimiento de pago correspondiente, el cual se presenta a través del emplazamiento, como aconteció en la especie, toda vez que tal emplazamiento produce los efectos de una interpelación judicial, en términos del artículo 259, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles, precisamente porque habiendo usado y disfrutado la arrendataria el inmueble de que se trata, no queda mayor obligación de ésta, que cubrir el precio de ese uso y disfrute, una vez que la parte arrendadora se lo requiera; advirtiendo al respecto, que en las mencionadas circunstancias, la mora en el pago de las rentas anterior al ejercicio de la acción para obtener su pago, no es un elemento constitutivo de la acción respectiva, como sí lo es de la acción de rescisión de un contrato de arrendamiento fundada en la mora en el pago de rentas.
Ahora bien, como ya se dijo, es infundado el concepto de violación que se analiza, porque aun cuando es verdad que el emplazamiento produce efectos hacía el futuro y no hacía el pasado, sin embargo, debe decirse que para la procedencia de la acción de pago de rentas, en el caso de que en el contrato respectivo no se haya especificado el domicilio del arrendador en el que debía efectuarse el pago de que se trata, no es necesario que se demuestre que previamente al ejercicio de dicha acción, el arrendador se hubiera constituído en el domicilio de la inquilina para requerir del pago de las rentas, y que esta última se hubiera negado a efectuar el pago requerido, ni tampoco es necesario acreditar que la arrendataria conocía el domicilio de la parte arrendadora, como erróneamente lo manifiestan los aquí quejosos.
Así es, de lo dispuesto por el artículo 2398 del Código Civil para el Distrito Federal, se infiere que el derecho del arrendador al cobro de las rentas y la correlativa obligación del arrendatario de pagarlas, derivan exclusivamente del uso y disfrute del inmueble correspondiente, concedido al arrendatario por parte del arrendador; de tal suerte que resulta incuestionable que para la procedencia de la acción de pago de rentas en comento, basta que la reclamación verse sobre rentas devengadas y no pagadas, así como que exista el requerimiento del arrendador, formulado al arrendatario demandado en relación al pago de esas rentas puesto que, se reitera, precisamente, porque habiéndose usado y disfrutado del inmueble arrendado, no queda al inquilino mayor obligación que la de cubrir el precio de ese uso y disfrute, una vez que el arrendador se lo requiera; exigencias que se vieron satisfechas en el caso concreto.
Efectivamente, por una parte, debe decirse que el emplazamiento de los codemandados al juicio natural hace las veces de interpelación judicial, de conformidad con lo establecido en la fracción IV del artículo 259 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, es decir, tal emplazamiento produce los mismos efectos del requerimiento del arrendador al arrendatario y fiador demandados, en relación al pago de las rentas vencidas y no pagadas; en tanto que, por otra parte, si los demandados no acreditaron el pago de las rentas reclamadas, no obstante que como aconteció en el asunto en estudio, la inquilina reconoció el adeudo de las mismas, es obvia la legalidad de la condena decretada en contra de ambos codemandados, aquí quejosos, respecto al pago de las rentas devengadas y no pagadas.
Sirve de apoyo la jurisprudencia número 305 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 205, Tomo IV, Materia Civil del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice:
"PAGO O CUMPLIMIENTO. CARGA DE LA PRUEBA. El pago o cumplimiento de las obligaciones corresponde demostrarlo al obligado y no el incumplimiento al actor."
Igualmente se invoca, en apoyo de lo antes considerado, la tesis aislada de este Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil, identificada como tesis I.11o.C.42 C, publicada en la página 1444, Tomo XVI, Novena Época, octubre de 2002, Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
" De la correcta intelección del artículo 2398 del Código Civil del Distrito Federal se infiere que el derecho del arrendador al cobro de las rentas y la correlativa obligación del arrendatario de pagarlas, deriva exclusivamente del uso y disfrute del inmueble correspondiente concedido al arrendatario por el arrendador; por lo que para la procedencia de la acción de pago de rentas en comento basta que tales pensiones versen sobre rentas devengadas y no pagadas y que exista el requerimiento del arrendador al demandado del pago de esas rentas a través del emplazamiento (pues dicha diligencia produce los efectos de una interpelación judicial en términos del artículo 259, fracción IV, del código procesal local), precisamente porque habiendo usado y disfrutado el arrendatario el inmueble correspondiente, no queda mayor obligación de éste que cubrir el precio de ese uso y disfrute del inmueble, una vez que el arrendador se lo requiera; de ahí que la mora del demandado en el pago de rentas anterior al ejercicio de la acción, no es un elemento constitutivo de la acción de pago de pensiones rentísticas, como sí lo es de la acción de rescisión del contrato de arrendamiento fundada precisamente en dicha mora del arrendatario."
En consecuencia, debe decirse que este Tribunal Colegiado no comparte el criterio contenido en las dos tesis aisladas de diversos Tribunales Colegiados que citan los impetrantes en el concepto de violación que se analiza, advirtiéndose, al respecto, por una parte que, como ya se dijo, se trata de tesis aisladas, no jurisprudencias como incorrectamente lo mencionan los quejosos y, por otra parte, porque de conformidad con las consideraciones antes expuestas, el Tribunal Colegiado que actúa estima que en cuanto a la reclamación de pago de rentas vencidas y no cubiertas, el emplazamiento a juicio es suficiente para acreditar el previo requerimiento de pago; sosteniéndose, asimismo, que la indicada reclamación de pago de rentas, de ninguna manera se ve afectada por el hecho de que se haya determinado que la arrendataria no había incurrido en mora, toda vez que tal declaración opera solamente para resolver sobre la rescisión del contrato por esa causa, no para determinar sobre la procedencia del pago de las rentas adeudadas, cuya procedencia deriva del uso y disfrute del inmueble arrendado.
En el segundo de los conceptos de violación que se hacen valer, se manifiesta que en la sentencia reclamada indebidamente se confirmó el fallo definitivo de primer grado, no obstante que en la propia sentencia constitutiva del acto reclamado se declaró fundado el incidente de nulidad por alteración del contrato de arrendamiento base de la acción.
Se expresa al respecto, que una de las inconformidades expuestas en los agravios aducidos contra la sentencia definitiva de segunda instancia, fue la relativa a que la Juez natural no había establecido con claridad el resultado del incidente de nulidad de contrato por alteración del mismo, interpuesto por la parte demandada, ahora quejosa.
Que el tribunal de alzada al resolver sobre el indicado agravio, lo estimó parcialmente fundado pero inoperante para revocar la resolución apelada, señalándose en apoyo de tal determinación, que dicho incidente resultaba procedente en virtud de que de las pruebas ofrecidas y desahogadas en el mismo, la única que se debería tomar en cuenta es el dictamen rendido por el perito designado por la parte demandada, ya que el emitido por el perito designado por la actora fue presentado extemporáneamente, así como las diversas documentales aportadas por los ahora quejosos, con las que se acreditaba la referida alteración del contrato básico.
Que en las indicadas circunstancias, al haberse declarado fundado el incidente de nulidad del contrato de arrendamiento, base de la acción, por haberse acreditado que el mismo fue alterado, agregando la anotación del domicilio de la arrendadora, el cual no se encontraba cuando fue celebrado por las partes, es obvio que lo procedente era considerar que dicho contrato había quedado terminado como consecuencia de la referida nulidad, en términos del artículo 2483, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles, por lo que no producía efectos de ninguna clase, lo que a su vez daba lugar a determinar que por no surtir efectos legales, no existía ningún incumplimiento por parte de los ahora impetrantes a lo pactado en el mismo.
Es inoperante el concepto de violación de referencia.
Ello es así, porque de la lectura de lo expuesto en el escrito de agravios presentado por los ahora quejosos al apelar el fallo definitivo de primera instancia, escrito que obra a fojas de la 32 a la 35 del toca de apelación 2212/2005 se desprende que en ninguno de los agravios que en el mismo se expresaron, se hizo valer el argumento de que como consecuencia de la alteración del contrato básico, consistente en la anotación en el mismo, posterior a su celebración, del domicilio de la arrendadora, ello para los efectos del cumplimiento de la obligación de pago de las rentas devengadas, debía declararse que dicho contrato no producía ningún efecto legal y que, por tanto, de ninguna manera podía concluirse que existía un incumplimiento de las obligaciones establecidas en el propio contrato; argumentación que es la que ahora hacen valer los impetrantes en el concepto de violación que se analiza.
Efectivamente, en el referido escrito de agravios que los hoy peticionarios de garantías presentaron al apelar la sentencia definitiva de primer grado, literalmente manifestaron lo siguiente:
"Primero. Con la sentencia definitiva dictada por la Juez a quo, de fecha 31 de agosto de 2005, nos causa agravios ya que no respeta lo establecido por el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles, dicho precepto legal antes citado, establece los requisitos que deberá observar el juzgador al dictar una resolución, en este caso sentencia definitiva, tales requisitos son: que las sentencias sean claras, congruentes y precisas, con todas y cada una de las peticiones formuladas por las partes y con las constancias de autos, condenar o absolver y decidir sobre todos los puntos litigiosos, haciendo el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos. Así las cosas, tenemos que la a quo al dictar la sentencia definitiva recurrida, no respetó el principio de congruencia exigido por la ley, analicémoslo: Tal como se desprende de lo actuado en el expediente materia del presente juicio, la parte actora demandó de los suscritos, la rescisión del contrato de arrendamiento que tenemos celebrado, la desocupación y entrega de la localidad arrendada, el pago de las rentas adeudadas, el pago de la pena convencional pactada en dicho contrato y el pago de gastos y costas originadas en la tramitación del juicio. Al contestar la demandada, los suscritos, opusimos de nuestra parte las excepciones y defensas consistentes en la improcedencia de la rescisión del contrato por falta de pago de rentas, ya que como se desprende del propio contrato base de la acción se pactó que las rentas mensuales serían pagadas en el domicilio de la arrendadora, pero el contrato de arrendamiento celebrado, no contenía domicilio alguno de la arrendadora, tal como se desprendía de las copias debidamente selladas y cotejadas con que se me corrió traslado, por lo que al no existir domicilio señalado de la arrendadora, en donde la arrendataria pagara las rentas pactadas, no incurría en mora, máxime que la parte actora no demostró haber requerido a la demandada de dicho pago ni tampoco demostró que dicha demandada, conociera el domicilio de la arrendadora. Todo lo anteriormente narrado sí lo observó correctamente la a quo ya que, inclusive, y pese a que con posterioridad a la contestación de la demanda, el contrato de arrendamiento base de la acción fue alterado y se anotó en su parte inferior izquierda un supuesto domicilio de la arrendadora, previa la tramitación del respectivo incidente de nulidad, se declaró que dicho domicilio era nulo, dadas las pruebas aportadas para acreditar el incidente citado. Así las cosas, tenemos que la a quo, sí entendió, detectó y resolvió sobre la alteración realizada al contrato base de la acción, sí declaró la nulidad de dicha alteración, declarando que al no existir domicilio de la arrendadora dentro del contrato de arrendamiento, la demandada no incurrió en mora en el pago de las rentas, ya que la arrendadora era quien pasaba al domicilio de la localidad arrendada a cobrar las rentas, lo que dejó de hacer sin causa justificada, inclusive declaró probadas las excepciones y defensas hechas valer en nuestra parte. Motivo por el cual tuvo a bien resolver y absolver a los demandados de las prestaciones demandadas por la actora y marcadas con los incisos A), B) y D), pero ilegalmente y contrario a las constancias de autos y a sus propios razonamientos lógico-jurídicos, condena a los suscritos apelantes al pago de las rentas reclamadas por la parte actora. Lo anterior, resulta contrario a la ley y a las constancias del expediente en que se actúa e, incluso, contradictorio con la sentencia definitiva dictada por la a quo, ya que sí resuelve, en dicha resolución definitiva, que los demandados no incurrieron en mora en el pago de las rentas, ya que como se desprende del contrato base de la acción se estableció en la cláusula primera, que el arrendatario deberá pagar las rentas mensuales pactadas en el domicilio de la arrendadora y como se desprende de dicho contrato se omitió señalar domicilio de dicha arrendadora, la demandada tenía un impedimento legal y material para poder cumplir con lo pactado, ya que ignoraba en qué domicilio debía pagar las rentas, ya que ignoraba también el domicilio de la actora y ésta no demostró durante la secuela procesal, haber requerido judicialmente el pago de las rentas. Reitero, toda estas manifestaciones fueron observadas y resueltas por la a quo en la sentencia definitiva que ahora se combate. Por lo anterior, resulta ilógico y contrario a derecho la condena que hace la Juez inferior en contra de los demandados al condenarlos a pagar las rentas de los meses de julio de 2003 a marzo de 2004, cuando la misma a quo reconoce que no existe domicilio de la arrendadora donde deben verificarse tales pagos; no han sido requeridos judicialmente los demandados de pago de rentas en forma alguna por la arrendadora; y, no incurren en mora en los pagos reclamados. Por lo que resulta ilegal la condena realizada por la a quo. Por otra parte, si bien es cierto, que el artículo 2429 del Código Civil establece la obligación de que el arrendatario está obligado a pagar la renta que se venza hasta el día que entregue la cosa arrendada. No menos cierto es que dicha obligación tiene sus excepciones, como lo establecen los artículos 2425, fracción I y 2427 del Código Civil, que a la letra establecen: ‘Artículo 2425. El arrendatario está obligado: I. A satisfacer la renta en la forma y tiempo convenidos.’ y ‘Artículo 2427. La renta será pagada en el lugar convenido; y a falta de convenio, en la casa, habitación o despacho del arrendatario.’. Ahora, si recordamos lo resuelto por la a quo en la sentencia definitiva, materia del presente recurso, resolvió que la parte actora no había acreditado: que el domicilio señalado en el contrato base de la acción hubiera sido pactado desde la firma del contrato, declarando nula dicha anotación, asimismo, declaró que no acreditó haber requerido a los demandados del pago de rentas y que no existía constancia en autos de donde se desprendiera que los demandados sabían el domicilio de la arrendadora, por lo tanto no incurrieron en mora en el pago de las rentas, absolviéndolos de la rescisión del contrato demandada. Esto es, que si no se incurre en mora en el pago de las rentas, no tengo obligación de pagarlas, ya que existe una imposibilidad material, que impide que los suscritos podamos cumplir con la obligación contraída, tal es el hecho de que ignoramos el lugar en donde se deban pagar dichas rentas, por lo que a lo imposible nadie está obligado. La a quo, debió haber resuelto en la sentencia definitiva materia del presente juicio, que dejaba a salvo los derechos de la parte actora, para que previo el requerimiento judicial a los demandados del pago de las rentas, señalándoles domicilio para realizar ese pago, pudiera demandarle el pago de las pensiones rentísticas vencidas y adeudadas, no lo hizo así y causa agravios a los suscritos, ya que no atiende al principio de congruencia que deben respetar los juzgadores al dictar una sentencia definitiva ya que, en el presente caso, resulta incongruente lo resuelto por la a quo, al declarar que los demandados no incurrieron en mora en el pago de las rentas que se les demandaron, pero sin embargo y sin existir incumplimiento de su parte, los condena al pago de las rentas reclamadas, sin existir en autos constancia del lugar donde deban cumplir con esa obligación, ni constancia de requerimiento previo, tal como lo ordena la propia ley. Por lo anterior, solicito la revocación parcial de la sentencia definitiva apelada, para el efecto de que esa Sala Civil del conocimiento, previo al estudio minucioso de las constancias de autos, dicte una nueva sentencia por medio de la cual se absuelva a los demandados del pago de las rentas reclamadas, toda vez que en el presente juicio, no existe aún señalado lugar de pago para cumplir con esa obligación, ni constancia de requerimiento judicial por parte de la actora, dejando a salvo los derechos de la actora, para hacer en forma procedente el reclamo de las rentas vencidas y no pagadas. Segundo. Con la sentencia definitiva dictada por la a quo se vulneran en perjuicio de los suscritos y en especial del codemandado Enrique Hernández Tovar, los artículos 1796, 1832, 1851 y 1852 del Código Civil, en relación directa con lo establecido por los artículos 81, 281, 334, 335 y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles, causando agravio a los suscritos, veámoslo: establecen los artículos citados del Código Civil, que los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento de las partes y que desde que se perfeccionan obligan a los contratantes al cumplimiento de lo expresamente pactado. En los contratos civiles cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse; si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas; y que en la generalidad de los términos de los contratos, no se comprenderán cosas distintas sobre los que los interesados se propusieron contratar. La a quo, no hace una correcta valoración del contrato de arrendamiento base de la acción, ya que no le otorga el valor probatorio que la ley le concede, ya que al ser un documento privado traído a juicio por la propia parte actora, prueba en su contra y de dicho contrato de arrendamiento base de la acción en su cláusula 14a., claramente se puede leer la forma y términos en que se obligó el fiador Enrique Hernández Tovar, no dejando dudas sobre su intención y sobre lo expresamente pactado por los contratantes. Contrario a ello, la a quo argumenta que lo que en verdad quiso el fiador fue garantizar el cumplimiento del contrato celebrado y que lo firmó mancomunada y solidariamente con la arrendataria. Pero no fue lo que expresamente se pactó en la cláusula 14a., baste leer el texto de dicha cláusula para saber lo que expresamente se estableció en ella por los contratantes. Por lo anterior, solicito de esa Sala Civil, la revocación parcial de la sentencia definitiva dictada por la a quo, y se resuelva que el C. Enrique Hernández Tovar, firmó el contrato como fiador de él mismo, por lo cual no tiene obligación alguna frente a la arrendadora. Tercero. Con la sentencia definitiva dictada por la a quo se causan agravios a los suscritos apelantes, toda vez que el contrato de arrendamiento celebrado, es respecto de casa habitación, por lo que dicho contrato se rige por lo establecido en los artículos del 2448 al 2452 del Código Civil, ya que dicho contrato resulta de orden público y de interés social, consecuentemente, las disposiciones respectivas son irrenunciables y cualquier estipulación en contrario, se tendrá por no puesta, es decir, que las cláusulas que resulten contrarias a la ley se tendrán por no puestas. Así las cosas, tenemos que si el fiador Enrique Hernández Tovar, en la cláusula 14a. del propio contrato base de la acción, se obligó expresamente a ser fiador de él mismo y esto resulta prohibido por la ley, tal estipulación y la cláusula 14a. en sí resulta como no puesta y, por lo tanto, nula de pleno derecho. Por lo anterior, solicito de esa Sala Civil que toque conocer del presente recurso de apelación, la revocación parcial de la sentencia definitiva dictada por la a quo y, en su lugar, se dicte otra por medio de la cual se haga la declaración de nulidad de la cláusula 14a. del contrato de arrendamiento base de la acción, toda vez que dicha cláusula resulta contraria a la ley, al orden público y al interés social."
En consecuencia, dado que el argumento que ahora se hace valer en el motivo de inconformidad en estudio, no fue invocado en vía de agravio al combatirse la sentencia definitiva de primera instancia, es inconcuso que la Sala responsable estuvo legalmente imposibilitada para resolver sobre la señalada cuestión de que por haberse resuelto que era fundado el incidente de nulidad del contrato básico, en cuanto a la alteración del mismo, por la anotación posterior a su celebración del domicilio de la arrendadora, ello para los efectos del cumplimiento de la obligación de pago de las rentas devengadas, tal circunstancia significaba que debía declararse que dicho contrato no surtía ningún efecto legal para las partes y que, por ende, de ninguna manera era procedente concluir que existió incumplimiento de las obligaciones establecidas en dicho contrato; en las mencionadas condiciones, es obvio que menos puede pronunciarse al respecto este Tribunal Colegiado, atenta la técnica del juicio de garantías.
Sirve de apoyo la jurisprudencia número 154 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 126, Tomo IV, Materia Civil del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, CUESTIONES QUE NO PUEDEN PLANTEARSE EN LOS, POR NO HABER SIDO MATERIA DE APELACIÓN. Aun cuando el Juez de primera instancia haya resuelto sobre determinado punto cuestionado, si ante el tribunal de apelación no se planteó cuestión alguna al respecto, no habiendo tenido la autoridad responsable oportunidad legal de resolver sobre ella, menos puede hacerlo la Suprema Corte, atenta la técnica del juicio de garantías."
En el tercero de los conceptos que hacen valer los peticionarios de garantías se expresa que la sentencia reclamada vulnera en su perjuicio los artículos 196, 1832, 1851 y 1852 del Código Civil, en relación directa con lo establecido en los numerales 81, 281, 334, 335 y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles y, por ende, resulta violatoria de los artículos 14 y 16 constitucionales.
Afirman los impetrantes que como
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19336-f13610bf/rentas-procede-la-accion-para-su-cobro-si · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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