REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE ORDENARSE SÓLO RESPECTO DEL DICTADO DE LA SENTENCIA CUANDO LA AUDIENCIA LA PRESIDIÓ EL JUEZ DE DISTRITO, PERO AQUÉLLA LA DICTÓ EL SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO EN AUSENCIA DEL TITULAR.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 103/2005-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO (ACTUALMENTE PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO).
CONSIDERANDO:
SEGUNDO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, al conocer del amparo en revisión número R. 126/2005 consideró, en lo que interesa, lo siguiente:
"TERCERO. No obstante haberse transcrito la parte considerativa de la sentencia materia de este recurso, y los agravios planteados en su contra por la recurrente, éstos no serán objeto de estudio, en virtud de que esta potestad federal advierte de manera oficiosa que debe reponerse el procedimiento en el juicio de amparo, conforme al artículo 91, fracción VI (sic) de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, ya que en el caso a estudio se cometió una infracción a las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo, concretamente las previstas en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución y 155 del ordenamiento legal mencionado en primer lugar. En efecto, el artículo 107, fracción VII, constitucional dice: (se transcribe). Por su parte, el artículo 155 de la Ley de Amparo dispone: (se transcribe). Conforme a los preceptos antes transcritos, se puede establecer que el trámite de la audiencia constitucional está regulado por los principios procesales de continuidad, unidad y concentración, y se integra, entre otros actos, con la sentencia con la que culmina dicha audiencia. Ahora bien, en el caso de los secretarios autorizados por el Consejo de la Judicatura Federal para fallar los juicios de amparo en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se prevén los siguientes supuestos: a) Que a la fecha en que inicia la autorización del secretario, la audiencia constitucional la haya celebrado el Juez de Distrito en sus dos primeras etapas -pruebas y alegatos- y asimismo cerrado el acta correspondiente, quedando la sentencia pendiente de engrosar, por no haberlo permitido las labores del órgano judicial. b) Que a la fecha en que inicia la autorización del secretario y durante el lapso de la misma, se lleven a cabo las audiencias constitucionales fijadas para esos días; en esta última hipótesis puede suceder que el secretario autorizado celebre la audiencia el día programado para ello y dentro de la misma falle el asunto; o que celebre la audiencia en sus dos primeras etapas y cierre el acta al concluir el periodo de alegatos, sin dictar sentencia; o que celebre la audiencia en las etapas mencionadas y cierre el acta, concluyendo de engrosar el fallo respectivo dentro del periodo de su autorización. Debe puntualizarse que las anteriores circunstancias se presentan en relación con la hipótesis contenida en el artículo 161 antes señalado, pues este precepto establece al efecto lo siguiente: (se transcribe). Es conveniente señalar que el artículo 160 de la referida ley, al cual se refiere el diverso 161 transcrito, dice: (se transcribe). De lo que se obtiene que estos artículos prevén la autorización de un secretario para encargarse del despacho de los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, y en su caso fallar los asuntos, dentro del lapso en que los titulares de esos órganos jurisdiccionales gocen de vacaciones. Así las cosas, si en la fecha en que inicia la autorización del secretario, determinadas audiencias constitucionales se encuentran previamente celebradas en sus periodos de pruebas y alegatos, estando cerrada el acta por el Juez de Distrito y la sentencia pendiente de engrosar, entonces el secretario que se encarga del despacho no está facultado para dictar sentencia en relación con esas audiencias, ya que estaría excediendo las facultades que le fueron conferidas y que se limitan a la celebración de las audiencias que se lleven a cabo en todas sus etapas dentro del periodo de su autorización. Por tanto, en las audiencias constitucionales cuya realización se haya fijado para los días en que inicia la autorización del secretario y durante el lapso de la misma, el mencionado servidor público está facultado para llevarlas a cabo el día programado y dentro de ellas fallar el asunto. Asimismo, es legal que solamente celebre la audiencia en sus dos primeras etapas y cierre el acta respectiva, sin dictar sentencia durante el periodo de su autorización, por no permitirlo la naturaleza del asunto y las labores del órgano judicial, caso en el que el Juez de Distrito debe dictar sentencia una vez que se reincorpore después de fenecido su periodo vacacional. También es legal que el secretario autorizado o encargado del despacho celebre la audiencia en sus dos fases aludidas y cierre el acta correlativa, concluyendo de engrosar el fallo respectivo dentro del lapso de su autorización. Las anteriores consideraciones se sustentan en la jurisprudencia P./J. 36/99, emanada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta, Tomo IX, abril de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘SECRETARIO AUTORIZADO COMO JUEZ PARA RESOLVER EN JUICIOS DE AMPARO. PUEDE VÁLIDAMENTE PRONUNCIAR SENTENCIAS SI PRESIDIÓ CON ESE CARÁCTER LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y AÚN NO CONCLUYE EL PERIODO DE LA AUTORIZACIÓN.’ (se transcribe). Pues bien, en la especie se advierte que el desahogo de la audiencia constitucional lo inició a las doce horas con diez minutos del tres de marzo de dos mil cinco, el licenciado Fernando Omar Garrido Espinoza, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Puebla, asistido por su secretaria, quienes firmaron al calce del acta correspondiente una vez que tuvieron lugar las etapas de pruebas y alegatos (fojas quinientos setenta y ocho y quinientos setenta y nueve de la primera pieza de autos). Posteriormente, el diecisiete de marzo del citado año, se engrosó la sentencia correspondiente (aun cuando se hubiere fechado el tres de marzo anterior), pero ese fallo lo pronunció y firmó, como se dice en el mismo, el secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Puebla, licenciado Jesús Uriel Trejo Pérez, en funciones de Juez, en virtud de la autorización que le fue conferida en términos de los artículos 81, fracción XXII, y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en sesión de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, celebrada el veintidós de febrero de dos mil cinco. El citado artículo 81, en su fracción XXII, dispone: (se transcribe). En consecuencia, el secretario autorizado no contaba con facultades para dictar sentencia o concluir de engrosar un fallo correspondiente a la audiencia constitucional celebrada en sus dos primeras fases por el Juez de Distrito, mucho menos para resolver antes del inicio de su autorización, pues no debe perderse de vista que ésta tuvo eficacia del cuatro al dieciocho de marzo del año en curso, y el fallo aunque lo fechó el tres del indicado mes, cuando el Juez estaba en funciones, lo engrosó el diecisiete siguiente. Por tanto, si así lo hizo, tal actuación constituye una violación a las normas reguladoras del juicio constitucional contenidas en el artículo 155 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, porque el indicado precepto legal no autoriza que la audiencia sea presidida en inicio por el Juez de Distrito y la sentencia sea suscrita por el secretario, aunque diga que actúa en funciones de Juez, atento al principio de continuidad, a lo que debe añadirse que las facultades del secretario autorizado en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se circunscriben al periodo de su autorización, por lo que no puede válidamente emitir resolución en función de una audiencia cuya celebración inició el titular del juzgado, es decir, el secretario legalmente encargado del despacho con motivo del periodo de vacaciones del titular del juzgado, solamente puede dictar sentencia en relación con las audiencias que hubiera celebrado durante el lapso de su autorización, sin exceder el mismo. Es aplicable al caso, la tesis aislada I.2o.C.4 C sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y que comparte este órgano judicial colegiado, visible en la página setecientos treinta y dos, Tomo IV, agosto de mil novecientos noventa y seis, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘SENTENCIA DE AMPARO. NO PUEDE DICTARLA EL SECRETARIO DEL JUZGADO SI EL JUEZ DE DISTRITO CELEBRÓ LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.’ (se transcribe). En consecuencia, se debe ordenar la reposición del procedimiento dentro del juicio de garantías, para el efecto de que el juzgador federal, en atención a los principios procesales de continuidad, unidad y concentración que rigen la audiencia constitucional, pronuncie dentro de ésta la correspondiente sentencia. Para así sostenerlo hay que tomar en consideración que en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción VII, de la Constitución, y el citado numeral 155 de la Ley de Amparo, la audiencia referida comprende tres periodos: el probatorio; el de formulación de alegatos; y el del dictado de la sentencia; de lo que se concluye que se trata de un solo acto procesal. En el entendido de que también es posible y legal que la sentencia relativa se pronuncie en un momento distinto de aquel en que inició la celebración de la audiencia, es decir, en fecha distinta de aquella en que se declaró abierta, con la condición de que se firme el acta al finalizar el periodo de alegatos y posteriormente la sentencia al pronunciarla, lo cual no hace que se pierda la continuidad, unidad y concentración de ese acto procesal, pues estos principios se mantienen, sin perjuicio de que se lleve a cabo en dos momentos distintos, habida cuenta que no por ello ambas actuaciones dejan de efectuarse dentro de la mencionada etapa procesal -para que un acto sea continuo, preservando su unidad y concentración, no necesariamente debe llevarse a cabo en un día-, de lo que puede afirmarse que se trata de un solo acto realizado en dos momentos, y que culmina con el dictado del fallo de amparo. En este contexto, debe considerarse que en un caso como el que aquí se estudia, si la audiencia constitucional se inició y llevó a cabo hasta el periodo de alegatos, cerrándose con la firma del acta correspondiente por el Juez y la secretaria del juzgado, y posteriormente se dictó el fallo de amparo por el secretario encargado del despacho, estimándose en la revisión que esta última etapa de la audiencia es ilegal y ello motiva la reposición del procedimiento, es inconcuso que esa reposición sólo debe estar en función de la actuación ilegal y comprender lo actuado después del momento en que tuvieron lugar la primera y segunda fases de la audiencia. En efecto, si ese acto procesal puede llevarse a cabo en dos momentos y no por ello pierde continuidad, unidad y concentración, por igualdad de razón, estos principios tampoco se ven menoscabados si se repone el procedimiento, sólo respecto del segundo momento de la audiencia, en virtud de que el efecto de la reposición únicamente sería que el Juez Federal prosiguiera con la última fase o periodo de ésta, lo cual es legalmente factible, según se advierte de la interpretación realizada por el Pleno y la Primera Sala del Máximo Tribunal del País a los artículos 107, fracción VII, de la Constitución y 155 de la Ley de Amparo. El indicado criterio está contenido en la jurisprudencia 3/97 emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página diecinueve, Tomo V, enero de mil novecientos noventa y siete, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que en su epígrafe y texto dicen: ‘AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. CUÁNDO DEBE REPONERSE EL PROCEDIMIENTO SI NO SE FIRMÓ EL ACTA RESPECTIVA.’ (se transcribe). En tanto que el sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicado con el número 1a. VII/2000 en la página ciento ochenta y siete, Tomo XII, agosto de dos mil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, dice: ‘AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. CULMINA CUANDO SE DICTA LA SENTENCIA Y NO EN EL MOMENTO EN QUE SE CELEBRÓ Y SE DEJÓ EL ASUNTO PARA EMITIR RESOLUCIÓN.’ (se transcribe). En tal virtud, atendiendo a la manera en como se efectuó la mencionada audiencia, la reposición del procedimiento sólo debe referirse a la emisión de la sentencia de amparo, sin trascender a las actuaciones que no adolecen de vicio, esto es, sin trastocar lo relativo a las etapas probatoria y de alegatos, pues con tal proceder no se rompe con los principios de continuidad, unidad y concentración que rigen esta fase procesal. Al caso cobra aplicación la tesis aislada 219 en materia común, emitida por este Tribunal Colegiado al resolver los juicios de amparo en revisión 25/2005 y 119/2005, misma que se encuentra pendiente de publicación en el Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubro y texto son los siguientes: ‘REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. CUANDO SE ORDENA POR ADVERTIRSE QUE LA SENTENCIA DE AMPARO LA PRONUNCIÓ Y FIRMÓ EL SECRETARIO EN FUNCIONES DE JUEZ Y LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL LA CELEBRÓ Y FIRMÓ EL TITULAR DEL JUZGADO DE DISTRITO, ASISTIDOS AMBOS POR EL SECRETARIO QUIEN DIO FE DE ESOS ACTOS, INCIDE ÚNICAMENTE EN LA RESOLUCIÓN QUE ADOLECE DE VICIOS.’ (se transcribe). En las condiciones anotadas, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo que procede es revocar la sentencia sujeta a revisión y ordenar la reposición del procedimiento en el amparo, para el efecto de que el Juez de Distrito dé continuidad a la audiencia constitucional que inició y dicte la sentencia que en derecho corresponda, en el entendido que no existe motivo, como se ha explicado, para que la reposición del procedimiento en este caso deba comprender la referida audiencia constitucional."
Con similares consideraciones, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito resolvió también los amparos en revisión R. 25/2005 y R.119/2005, cuya transcripción resulta innecesaria por haberse fallado en el mismo sentido. La resolución de estas ejecutorias dio origen a la siguiente tesis:
"Novena Época
"Instancia: Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito.
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXI, mayo de 2005
"Tesis: VI.2o.C.219 K
"Página: 1532
"REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE ORDENARSE SÓLO POR CUANTO HACE AL PRONUNCIAMIENTO DE LA SENTENCIA QUE EMITIÓ Y FIRMÓ EL SECRETARIO EN FUNCIONES DE JUEZ Y NO RESPECTO DE LA AUDIENCIA QUE CELEBRÓ Y FIRMÓ EL TITULAR DEL JUZGADO DE DISTRITO. Si se toma en consideración, por una parte, que la audiencia constitucional en el juicio de amparo indirecto tiene como cualidades estar ajustada a los principios procesales de continuidad, unidad y concentración, y que se integra por las etapas de ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas; formulación de alegatos; y, dictado de la sentencia de garantías y, por otra, que el Pleno y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 3/97 y en la tesis aislada 1a. VII/2000, han distinguido que tanto el periodo de pruebas como el de alegatos pueden acontecer en un momento y en otro distinto en el que se pronuncia el fallo constitucional, con la condición de que, cuando así suceda, el acta en que conste el desahogo de las dos primeras etapas, así como la sentencia que se pronuncie, se concluyan y firmen por el juzgador y el secretario con quien actúa; resulta evidente que, en el caso de que el Tribunal Colegiado de Circuito al que corresponda conocer del recurso de revisión advierta que la audiencia constitucional, en lo relativo a las etapas probatoria y de alegatos estuvo presidida por el Juez de Distrito, asistido por su secretario, quienes cerraron el acta respectiva con sus firmas y la sentencia la pronunció y firmó el secretario en funciones de Juez, autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal para suplir al titular en sus periodos vacacionales, debe ordenarse reponer el procedimiento, al estimar ilegal ese proceder, para que los efectos de esta determinación sean los de purgar el vicio advertido, sin trascender a aquellas actuaciones que no adolezcan de vicios; por tanto, válidamente puede ordenarse que la sentencia la pronuncie el Juez de amparo, sin que ello implique que deba reponerse la audiencia que inició y concluyó dicho funcionario judicial."
TERCERO. El Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, al resolver el amparo en revisión número 24/96, el quince de febrero de mil novecientos noventa y seis consideró lo siguiente:
"SEGUNDO. En el presente caso no será necesario transcribir los fundamentos de la sentencia recurrida, ni de los agravios que en contra de ella se hacen valer, ya que en el caso en términos de lo dispuesto por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto por el artículo 155 de la propia ley, procede ordenar se mande reponer el procedimiento en el juicio de amparo número 618/96, según se explica a continuación. De los autos que conforman el juicio de amparo de referencia, mismos que fueron remitidos a este Segundo Tribunal Colegiado para sustanciar el recurso de revisión interpuesto por la quejosa Martha Alicia Alonso Castañón, se advierte que en el auto admisorio de la respectiva demanda de amparo, se fijaron las diez horas con treinta minutos del día quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, para la celebración de la audiencia constitucional prevista por el artículo 155 de la Ley de Amparo, misma que se difirió por auto del quince del citado mes y año, para las once horas del día veintidós de diciembre del próximo pasado año, la cual se celebró a la hora y fecha señaladas según consta en el acta que para tal efecto se levantó y que fue presidida la diligencia relativa por ‘... la licenciada María Luisa Martínez Delgadillo, Juez Cuarto de Distrito en el Estado, asistida de la secretaria que autoriza y da fe la declara abierta sin la asistencia personal de la partes ...’, advirtiéndose que al calce de la misma obran dos firmas ilegibles. También se advierte que con fecha veintiocho de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, el licenciado Rafael Aguilar Hernández, secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa con secretario que autoriza, dictó la sentencia sobreseyendo por una parte el juicio y por otra concediendo el amparo y protección de la Justicia Federal a Martha Alicia Alonso Castañón, según se aprecia al final de la sentencia de que se trata. El artículo 155 de la Ley de Amparo, dispone: (se transcribe). De dicho precepto se desprende que la audiencia constitucional se compone en estricto sentido de un solo acto procesal, conformado a su vez por el periodo relativo a la admisión de pruebas y alegatos de las partes y del pedimento del Ministerio Público Federal, y por la sentencia propiamente dicha, sin que exista ni en la Ley de Amparo, ni en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación disposición alguna que autorice la separación de dichas dos etapas, ni tampoco se prevé que la audiencia se lleve a cabo por la titular del Juzgado de Distrito y que la sentencia sea dictada por el secretario encargado del despacho, pues de ser ello así significa que el dictado de la sentencia se verificó fuera de la audiencia constitucional, pues aquella forzosamente debe ser el acto culminante de ésta, de ahí que, si en el caso aparece que la audiencia constitucional fue celebrada inicialmente a las once horas del día veintidós de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, por la Juez Cuarto de Distrito en el Estado y, por otra parte, el dictado de la sentencia fue verificado en fecha posterior, o sea hasta el día veintiocho de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, pero por el secretario encargado del despacho licenciado Rafael Aguilar Hernández, debe estimarse que ello es contrario a las normas fundamentales que rigen el procedimiento en el juicio de amparo, establecidas en el artículo 155 de la ley de la materia, por lo que procede en términos de la fracción IV del artículo 91 de la propia ley, revocar la sentencia recurrida para ordenar a la Juez Cuarto de Distrito en el Estado que reponga el procedimiento en el juicio de amparo, dictando el acuerdo correspondiente con citación de las partes, en el cual señale nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional en la que deberá dictar como estime proceda en derecho la sentencia respectiva acorde con lo dispuesto por el artículo 155 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior por mayoría de razón el criterio sustentado por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis que no integra jurisprudencia número 2a. 11/92, visible en la página 41 del Tomo X, agosto de 1992, relativo a la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: ‘AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. SI LA CELEBRÓ EL SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO, POR MINISTERIO DE LEY, LA SENTENCIA DEBE SER SUSCRITA POR ÉL.’ (se transcribe). En similares términos al presente se ha pronunciado este Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito al resolver por unanimidad de votos, el once de enero de mil novecientos noventa y cinco, la revisión principal penal número 210/94, interpuesta por ... así como al resolver por unanimidad de votos el veintidós de febrero del año en cita, la revisión principal laboral número 31/95, interpuesta por Francisco de Guadalupe López Bobadilla, así como al resolver por unanimidad de votos, el veintinueve de marzo de mil novecientos noventa y cinco, la revisión principal laboral número 52/95, interpuesta por Hilda Isaura Leticia del Castillo Rodríguez, así como al resolver por unanimidad de votos, el diecisiete de mayo de mil novecientos noventa y cinco, la revisión principal civil número 69/95, interpuesta por Francisco Robles Vela y al resolver por unanimidad de votos, el veinticinco de enero de mil novecientos noventa y seis, la revisión principal penal número 261/95, promovida por ..."
La ejecutoria transcrita con anterioridad dio origen a la siguiente tesis:
"Novena Época
"Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: III, abril de 1996
"Tesis: IX.2o.3 K
"Página: 344
"AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SI LA CELEBRA EL JUEZ DE DISTRITO ASISTIDO DEL SECRETARIO CON QUIEN ACTÚA, Y POSTERIORMENTE LA SENTENCIA ES DICTADA POR EL SECRETARIO, ESTE PROCEDER ES CONTRARIO A LAS REGLAS QUE RIGEN EL TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Y SE DEBE ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Del contenido del artículo 155 de la Ley de Amparo se desprende que la audiencia constitucional se compone en estricto sentido de un solo acto procesal, conformado a su vez por el periodo relativo a la admisión de pruebas y alegatos de las partes y del pedimento del Ministerio Público Federal, y por la sentencia propiamente dicha, sin que exista ni en la Ley de Amparo, ni en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, disposición alguna que autorice la separación de estas dos etapas, ni tampoco se prevé que la audiencia se lleve a cabo por el titular del Juzgado de Distrito y que la sentencia sea dictada por el secretario encargado del despacho, pues de ser ello así significa que el dictado de la sentencia se verificó fuera de la audiencia constitucional, pues aquélla forzosamente debe ser el acto culminante de ésta, de ahí que, si en el caso la audiencia constitucional fue celebrada inicialmente por el Juez de Distrito, y posteriormente se dicta la sentencia por el secretario encargado del despacho por ministerio de ley, debe estimarse que ello es contrario a las normas fundamentales que rigen el procedimiento en el juicio de amparo, establecidas en el artículo 155 de la ley de la materia, por lo que en términos de la fracción IV del artículo 91, de la propia ley procede revocar la sentencia recurrida y ordenar al Juez que reponga el procedimiento del juicio de amparo, dictando acuerdo con citación a las partes en el que señale nueva fecha para la celebración de la audiencia en la que deberá dictar la sentencia acorde con lo dispuesto por el artículo 155 de la Ley de Amparo."
El mismo Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, el veintiocho de marzo de mil novecientos noventa y seis, resolvió en idénticas consideraciones el amparo en revisión 27/96, cuya transcripción resulta innecesaria dado el sentido del mismo.
CUARTO. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito al conocer del amparo en revisión 76/2005-I, el nueve de marzo de dos mil cinco, consideró lo siguiente:
"TERCERO. Es innecesario transcribir las consideraciones en que se sustenta la sentencia recurrida, así como los agravios expresados por el recurrente, en virtud de que este órgano colegiado no se ocupará de su análisis, al advertir que en el caso se violaron las normas fundamentales del procedimiento en el juicio de amparo, lo que conduce a revocar dicho fallo y ordenar su reposición, de conformidad con lo que dispone el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: (se transcribe). El artículo 2o. de la Ley de Amparo dispone: (se transcribe). El artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en vigor, dice: (se transcribe). El diverso numeral 81, fracción XXII, del indicado ordenamiento legal establece: (se transcribe). Por su parte, el artículo 161 de la propia ley previene: (se transcribe). De la lectura integral de los numerales transcritos, se advierte que se incurre en violación a las reglas del procedimiento cuando la audiencia constitucional es celebrada en una fecha por el Juez de Distrito y en otra se dicta la resolución del juicio por el secretario del juzgado encargado del despacho. Lo anterior es así, en virtud de que el artículo 43 transcrito dispone, en términos generales, que cuando se ausente el Juez de Distrito, el secretario respectivo se hará cargo del despacho del juzgado, practicará las diligencias y dictará las providencias de mero trámite y resoluciones de carácter urgente, bien sea la ausencia por un término menor de quince días o superior a éste, entre tanto el Consejo de la Judicatura Federal autoriza al correspondiente secretario para esa sustitución temporal (artículo 81, fracción XII). Mientras que el diverso 161 transcrito regula el periodo vacacional que deben disfrutar los Jueces y Magistrados y, al efecto, dispone que durante ese periodo el Consejo de la Judicatura Federal deberá nombrar a las personas que sustituirán a los aludidos funcionarios y que mientras esto se efectúa, o no hace los nombramientos, los secretarios de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito se encargarán de las oficinas respectivas en los términos que establece la ley en consulta, o sea, practicarán las diligencias y dictarán las providencias de mero trámite y resoluciones de carácter urgente. Asimismo, la propia disposición legal dice, en su segundo párrafo, que los secretarios encargados de los Juzgados de Distrito, conforme al párrafo anterior, fallarán los juicios de amparo cuyas audiencias se hallan señalado para los días en los que los Jueces de Distrito, de que dependan, disfruten de vacaciones, a no ser que dichas audiencias deban diferirse o suspenderse con arreglo a la ley. Lo que significa que sólo cuando el Consejo de la Judicatura autorice a los secretarios a desempeñar las funciones de Juez en las ausencias temporales de éste, como son las vacaciones, entre otras, será cuando los pluricitados funcionarios encargados del despacho podrán resolver en definitiva los juicios de amparo cuyas audiencias se hayan señalado en el periodo vacacional, y hayan sido celebradas por éste en el mencionado periodo, empero, si la audiencia constitucional fue celebrada por el Juez de Distrito titular del juzgado, antes de salir de vacaciones, el secretario encargado del despacho no puede legalmente dictar sentencia definitiva, ya que ley orgánica lo autoriza únicamente a fallar los juicios de amparo cuyas audiencias se hayan señalado para los días en que los Jueces de Distrito de que dependan disfruten de vacaciones, a no ser que las mismas deban diferirse o suspenderse con arreglo a la ley. En la especie se advierte que el Juez Décimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, actuando con secretario que autoriza y da fe con fundamento en el artículo 155 de la Ley de Amparo, en el juicio de garantías número 724/2004, celebró la audiencia de ley sin asistencia de las partes, el cinco de octubre de dos mil cuatro. En tanto que la resolución respectiva fue dictada el diecisiete de diciembre del mismo año, por el secretario del juzgado en mención, encargado del despacho por gozar el titular de su periodo vacacional correspondiente al segundo semestre de ese año, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante sesión celebrada el veintiséis de noviembre de ese año, en términos de lo dispuesto por el artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Federación. De tal manera que si en el presente caso, el secretario de mérito resolvió en definitiva, pasando por alto que el Juez de Distrito fue quien celebró la audiencia constitucional, tal proceder se traduce en una violación a las normas fundamentales que rigen el procedimiento en el juicio de amparo y, consecuentemente, carece de validez la resolución así emitida, toda vez que éstas será
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19337-3d131191/reposicion-del-procedimiento-en-el-amparo-debe-ordenarse · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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