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Modo: Corpus Pro

INCIDENCIA ECONÓMICA DE LOS IMPUESTOS. LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY TRIBUTARIA NO PUEDE DEPENDER DE ELLA. FINES EXTRAFISCALES. CORRESPONDE AL ÓRGANO LEGISLATIVO JUSTIFICARLOS EXPRESAMENTE EN EL PROCESO DE CREACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES. IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. ENTRE SUS FINALIDADES, NO ESTÁ QUE EL CONSUMIDOR FINAL, INVARIABLEMENTE, PAGUE LA TOTALIDAD DE LAS CARGAS TRIBUTARIAS. PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. EL ARTÍCULO 2o., FRACCIÓN III, DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL RELATIVO, VIGENTE EN 1999, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. FINES EXTRAFISCALES. LAS FACULTADES DEL ESTADO EN MATERIA DE RECTORÍA ECONÓMICA Y DESARROLLO NACIONAL CONSTITUYEN UNO DE SUS FUNDAMENTOS. INCIDENCIA DE LOS IMPUESTOS. SU CONCEPTO Y VALORACIÓN JURÍDICA Y ECONÓMICA.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1114/2003. · Registro digital (IUS): 19561
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Julio de 2006, , Pág. 66.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1114/2003.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resulta competente para conocer y resolver el presente asunto con fundamento en los artículos 94, párrafo séptimo, y 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 82, 83, fracción V, 84, fracción II, de la Ley de Amparo; 11, fracción IV, 21, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo General del Tribunal Pleno 5/1999, del veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve, "que establece las bases generales para la procedencia y tramitación de los recursos de revisión en amparo directo" (publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintidós de junio de mil novecientos noventa y nueve, en vigor a partir del día siguiente a dicha fecha); puntos primero, segundo, tercero, fracción II, a contrario sensu, y cuarto del diverso Acuerdo General Plenario Número 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno "relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito" (publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintinueve de junio de dos mil uno, en vigor a partir del día siguiente de dicha publicación); y con apoyo además en el Acuerdo 7/2003 que adicionó el punto octavo del diverso Acuerdo General Plenario 1/1998 que regula el turno de expedientes, en vigor a partir del primero de abril de dos mil tres; en virtud que se trata de un recurso de revisión interpuesto contra una sentencia dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito al resolver un juicio de amparo directo, destacando que tanto en la demanda como en la sentencia recurrida, existen cuestiones relativas al planteamiento de inconstitucionalidad del sistema de acreditamiento del impuesto especial sobre producción y servicios, vigente en mil novecientos noventa y nueve, subsistiendo en la materia del recurso dicho tema; sin que, por otra parte, se advierta la existencia de tópicos que ameriten la intervención del Pleno para resolver esta instancia en virtud de que el tópico de inconstitucionalidad no resulta inédito dada la existencia de precedentes, jurisprudencias y tesis, algunos exactamente aplicables y otros de aplicación analógica, como se verá en el desarrollo de esta sentencia.

Resulta conveniente destacar además que, si bien es verdad la Primera Sala se especializa en las materias civil y penal, también lo es que el Tribunal Pleno estableció en el Acuerdo General 7/2003 que: "... los amparos en revisión, y los amparos directos en revisión una vez agotado el trámite para su admisión, se clasificarán, además, de acuerdo con la materia a la que correspondan y se enviarán a las Salas especializadas respectivas, para el efecto de que su presidente los radique y los distribuya entre sus integrantes, conforme a las reglas previstas en este acuerdo, hecha excepción de los asuntos en materia administrativa, cuyo turno se continuará llevando a cabo en la Subsecretaría General de Acuerdos. En todo caso, esta última hará la compensación a que se refiere el punto quinto de este acuerdo, para que ambas Salas reciban igual número de asuntos."

A propósito del establecimiento de la competencia en esta Sala, resulta aplicable el siguiente criterio de la Segunda Sala, que esta Primera comparte, contenido en la siguiente tesis aislada:

"Novena Época

"Instancia: Segunda Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIII, mayo de 2001

"Tesis: 2a. LX/2001

"Página: 445

"COMPETENCIA DE LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE. SE SURTE RESPECTO DE TODOS LOS ASUNTOS QUE CORRESPONDA CONOCER A ESE ALTO TRIBUNAL SI EL PLENO LO DETERMINA EN ACUERDOS GENERALES. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 94, párrafo séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante acuerdos generales podrá distribuir entre sus Salas ‘asuntos que competa conocer a la Suprema Corte’, debe concluirse que dichas Salas pueden constitucionalmente conocer de los mismos, siempre y cuando exista el acuerdo general del Pleno que lo decida y éste tenga por objeto su adecuada distribución.

"Amparo directo en revisión 1124/2000. Abel Hernández Rivera y otros. 17 de abril de 2001. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes Minerva Cifuentes Bazán."

SEGUNDO. Por tratarse de un presupuesto procesal, es necesario corroborar que la interposición del recurso sea oportuna.

La sentencia recurrida fue notificada a la recurrente por medio de lista fijada el viernes seis de junio de dos mil tres; por tanto, dicha notificación surtió efectos en términos del artículo 34, fracción II, de la Ley de Amparo, el lunes nueve siguiente, sin que la actuación aparezca impugnada o anulada conforme al numeral 32 del propio ordenamiento.

Así, resulta inconcuso que el plazo de diez días para interponer la revisión, previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, corrió del martes diez al lunes veintitrés de junio de dos mil tres, debiendo descontarse los días siete, ocho, catorce, quince, veintiuno y veintidós de junio por ser sábados y domingos, es decir, por tratarse de días inhábiles para el trámite del juicio de garantías conforme a los numerales 23 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Al respecto resulta aplicable el criterio del Tribunal Pleno contenido en la siguiente tesis aislada:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: V, febrero de 1997

"Tesis: P. XXV/97

"Página: 122

"DÍAS INHÁBILES PARA LA INTERPOSICIÓN DE RECURSOS EN JUICIO DE AMPARO. DADA LA CONFUSIÓN QUE PRODUCEN LOS ARTÍCULOS 160, 163 Y NOVENO TRANSITORIO DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, DEBEN TOMARSE COMO DÍAS INHÁBILES LOS SEÑALADOS EN DICHO ARTÍCULO 163 Y TAMBIÉN LOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY DE AMPARO. Produce confusión la incongruencia existente entre los artículos noveno transitorio y 160 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente a partir del 27 de mayo de mil novecientos noventa y cinco, pues mientras el primero de esos preceptos dispone que a partir de su entrada en vigor, los días inhábiles a que se refiere el primer párrafo del artículo 23 de la Ley de Amparo serán los que señala el numeral 160, este precepto nada dispone acerca de los días hábiles o inhábiles; en cambio, el artículo 163 de la misma ley orgánica establece como días inhábiles los sábados y domingos, el primero de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, primero de mayo, dieciséis de septiembre y veinte de noviembre, en los cuales no se practicarán actuaciones judiciales, ‘... salvo en los casos expresamente consignados en la ley’, remisión que incrementa la duda, pues el artículo 23 de la Ley de Amparo señala como días hábiles para la promoción, sustanciación y resolución de los juicios de amparo todos los días del año, con exclusión de los sábados y domingos, primero de enero, cinco de febrero, primero y cinco de mayo, catorce y dieciséis de septiembre, doce de octubre y veinte de noviembre. Por tanto, dada esta situación confusa que induce a error, debe estarse a lo más favorable al promovente del amparo o de los recursos correspondientes y, en su caso, tomar como inhábiles los días que como tales señalan ambos artículos -163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 23 de la Ley de Amparo-, para efectos del cómputo a que este último precepto se refiere.

"Reclamación 2000/95. Dolores Lobo de Montemayor y otros. 5 de diciembre de 1996. Unanimidad de diez votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Aristeo Martínez Cruz."

En ese orden, resulta inconcuso que la interposición del recurso es oportuna por haberse realizado el veintitrés de junio de dos mil tres, es decir, la fecha de término, directamente en la Oficialía de Partes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito.

TERCERO. Con fundamento en el artículo 79 de la Ley de Amparo y con el objeto de facilitar el estudio de la cuestión efectivamente planteada, a continuación se procede a resumir los agravios de la recurrente:

• En primer orden, la recurrente ataca la parte de la sentencia que reconoce la constitucionalidad del párrafo décimo del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, bajo los argumentos de que las razones de constitucionalidad invocadas por el a quo, así como las tesis que citó, son inaplicables al caso, y enseguida, replantea la inconstitucionalidad del precepto cuestionado con similares razonamientos a los expuestos en la demanda.

• Posteriormente, combate los pronunciamientos efectuados por el a quo en relación con los artículos tildados de inconstitucionales de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en virtud de que, en el desarrollo de las consideraciones, el órgano jurisdiccional formuló sus conclusiones a partir del texto de los artículos cuestionados, pero de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, vigente en dos mil, cuando los conceptos de violación fueron enderezados contra los preceptos aplicados de la misma legislación, pero la vigente en mil novecientos noventa y nueve. Posteriormente, la recurrente replanteó la inconstitucionalidad de los artículos integrantes del sistema de acreditamiento del impuesto indicado arguyéndose los mismos razonamientos de inequidad y desproporcionalidad que los expuestos en los conceptos de violación.

CUARTO. Antes de entrar al análisis de los agravios es necesario constatar si se satisfacen los requisitos de procedencia del recurso de revisión en amparo directo.

El artículo 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que, por regla general, las sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito al resolver juicios de amparo directo son irrecurribles.

Por excepción, procederá el recurso de revisión ante el Alto Tribunal de la República si en las sentencias de amparo directo, los Tribunales Colegiados de Circuito deciden u omiten decidir sobre cuestiones constitucionales (interpretación directa de preceptos del Pacto Federal o inconstitucionalidad de leyes) y, además, si a juicio de la Suprema Corte de Justicia la resolución del recurso importaría la fijación de un criterio de importancia y trascendencia, conforme a los acuerdos generales que la propia Corte emita al efecto, destacando que, en correspondencia, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve, el Tribunal Pleno aprobó el Acuerdo General 5/1999 donde se establecieron las bases generales para la procedencia y tramitación de los recursos de revisión en amparo directo, en cuyo punto primero se acotaron los requerimientos de procedibilidad de la instancia en los términos antes señalados.

En ese orden, en la especie se encuentran satisfechos los requisitos primarios de procedencia del recurso porque en la demanda se planteó la inconstitucionalidad de los artículos 22, párrafo décimo, del Código Fiscal de la Federación y 1o., 2o. y 4o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios vigente en el año de mil novecientos noventa y nueve. Correlativamente, en la sentencia de amparo directo que al efecto emitió el Tribunal Colegiado de Circuito a quo, se contienen pronunciamientos relacionados con dichos planteamientos de constitucionalidad.

Asimismo, se satisfacen los requisitos secundarios o accesorios de procedencia del recurso de que se trata porque, a juicio de la Primera Sala, el problema de constitucionalidad que representa la materia de la revisión entraña la fijación de un criterio jurídico de importancia y trascendencia porque, a partir de un estudio preliminar de la materia del recurso, se advierte que la sentencia que a la postre se dicte en esta instancia, estará referida al fondo del asunto y, además, como resultado se definirá si tanto el artículo 22, párrafo décimo, del Código Fiscal como el sistema de acreditamiento del impuesto especial sobre producción y servicios, son apegados a la Constitución Federal o no.

Acreditada la concurrencia de los presupuestos de procedencia de la instancia, a continuación se procederá al estudio de fondo correspondiente.

QUINTO. Los agravios son fundados.

La recurrente se duele de la sentencia impugnada porque considera que la misma es ilegal en la parte relativa al planteamiento de inconstitucionalidad del artículo 22, párrafo décimo, del Código Fiscal de la Federación porque en la demanda se plantearon varios argumentos para evidenciar la inconstitucionalidad de la porción normativa impugnada del aludido numeral 22 del código tributario federal contrastando la norma secundaria con las garantías de legalidad, seguridad jurídica y exacta aplicación de la ley a que se refieren los artículos 14 y 16 constitucionales y, al abordar el tema, el Tribunal Colegiado de Circuito hizo un análisis indebido pues se limitó a referir que la totalidad de los planteamientos, eran infundados, porque de la lectura del artículo 22, décimo párrafo, del Código Fiscal se desprende cuando una devolución no será considerada resolución favorable y no por ello, la norma se torna inconstitucional. Al contrario (apuntó el Tribunal Colegiado de Circuito), el texto legal es correcto y seguro pues detalla cuándo la devolución de impuestos se considera resolución favorable y cuándo no, concluyendo el a quo su estudio sobre dicho tema con la invocación de la jurisprudencia por contradicción de tesis de la Segunda Sala que a continuación se inserta:

"Novena Época

"Instancia: Segunda Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XVI, julio de 2002

"Tesis: 2a./J. 80/2002

"Página: 180

"CONTRIBUCIONES PAGADAS INDEBIDAMENTE. PARA QUE PROCEDA SU DEVOLUCIÓN, LA RESOLUCIÓN FAVORABLE AL PARTICULAR DEBE DECIDIR SOBRE LA EXISTENCIA Y LEGALIDAD DEL CRÉDITO FISCAL AUTODETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 22 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN). De la interpretación sistemática de lo dispuesto en los artículos 22 del Código Fiscal de la Federación y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo previsto en los preceptos legales del derecho federal común aplicables supletoriamente en la materia, se desprende que la devolución por parte del fisco federal del pago indebido de contribuciones autodeterminadas por el contribuyente, se encuentra condicionada a la concurrencia de los siguientes requisitos: a) la determinación en cantidad líquida de la obligación tributaria (crédito fiscal) llevada a cabo por el propio contribuyente, porque éste considera que ha realizado un hecho que lo constriñe a cumplir con una prestación a favor del fisco federal; b) el pago o cumplimiento de la obligación tributaria, el cual supone, en principio, un ingreso del fisco federal presuntamente debido, dada la presunción de certeza de que goza el acto de autodeterminación que realizó el contribuyente; c) la solicitud de devolución del pago de contribuciones por el particular, porque éste estima que la obligación tributaria autodeterminada se hizo en exceso a lo previsto en la ley para tal efecto; solicitud que puede acordarse en sentido favorable al contribuyente, por lo que en ese momento procederá la prerrogativa indicada, o desfavorable a sus intereses, caso en el cual deberá requerir la revisión de dicha determinación, ya sea que interponga recurso administrativo o promueva juicio ante un órgano jurisdiccional y d) la resolución que declare la nulidad del acto reclamado, esto es, de la negativa a devolver las contribuciones indebidamente pagadas, la cual deberá trascender de manera directa e inmediata sobre el acto de autodeterminación del particular de la obligación fiscal respectiva por motivos de ilegalidad, es decir, porque mediante dicha autodeterminación se cumplió con una obligación tributaria inexistente legalmente o la cuantificación de ésta fue en exceso, pues no fueron observadas las disposiciones fiscales. En ese tenor, el contribuyente que pretenda la devolución del pago de tributos autodeterminados, deberá acreditar que se han actualizado todos y cada uno de los requisitos indispensables para tal efecto, pues basta la ausencia de cualquiera de ellos para que no opere la hipótesis normativa en comento. Por consiguiente, si lo que se demuestra es que se dictó una resolución que consideró ilegal un acto relativo al procedimiento de ejecución, ello resulta insuficiente para que proceda la devolución del crédito determinado por el contribuyente.

"Contradicción de tesis 10/2001-SS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo y el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo, ambos del Séptimo Circuito. 21 de junio de 2002. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia."

En los agravios se insiste en la inaplicabilidad de dicha jurisprudencia para responder frontalmente los argumentos de inconstitucionalidad.

Los planteamientos de la recurrente son fundados, pues evidentemente, el estudio de inconstitucionalidad practicado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito es dogmático por no abordar frontalmente el análisis de las cuestiones constitucionales propuestas y, además, también es verdad que la jurisprudencia de la Segunda Sala invocada en la sentencia recurrida es inaplicable para resolver efectivamente el problema de constitucionalidad propuesto, pues está referida a aspectos de interpretación del numeral 22 del código tributario federal en el contexto de legalidad.

El dogmatismo señalado se presenta porque:

• En la demanda de amparo, segundo concepto de violación, páginas 14 a 22, el entonces impetrante planteó que se violan los artículos 14 y 16 constitucionales, así como los principios de seguridad jurídica y exacta aplicación de la ley, porque limita a los contribuyentes en el ejercicio de sus derechos adquiridos respecto a la devolución de cantidades indebidamente pagadas pues, no obstante que una devolución esté autorizada y el contribuyente haya cumplido las exigencias de la norma, la ley faculta al fisco a reexaminar su determinación y solicitar después, a su vez, la devolución de lo devuelto al contribuyente, situación que genera incertidumbre porque, primero, en el tercer párrafo, la norma indica qué se necesita para que sea procedente una devolución y, posteriormente, en el décimo párrafo la propia norma se desdice volviéndose contradictoria y generando inseguridad. También adujo el quejoso que el precepto desconoce derechos adquiridos pues si el fisco ya resolvió que una devolución es procedente e incluso la efectúa, entonces por qué posteriormente se desconocen los efectos de ese fallo favorable y se olvida el principio de irrevocabilidad de las resoluciones favorables a los administrados. Igualmente se propuso en la demanda que la mecánica del numeral 22 genera incertidumbre porque deja al arbitrio de las autoridades fiscales la procedencia y firmeza del derecho de los contribuyentes a recibir las devoluciones, no obstante que dichos causantes cumplan los requisitos para que la bonificación sea procedente.

• En lugar de abordarse el análisis de todos esos temas, el Tribunal Colegiado de Circuito, como ya se mencionó, se limitó a aseverar que no existe inseguridad jurídica e invocó la jurisprudencia de legalidad ya transcrita, situación que provoca que, entre la conclusión de constitucionalidad de la norma y los elementos de juicio exista una ausencia de nexo lógico causal argumentativo. No pasa inadvertido que dicha tesis jurisprudencial puede ser útil para comprender algunos aspectos del artículo 22 del Código Fiscal en un contexto de legalidad, pero lo cierto es que la misma resulta inadecuada para resolver de manera concluyente todos los aspectos de constitucionalidad propuestos.

Por otra parte, en adición al mismo tema -y como bien lo apuntó la parte recurrente en sus agravios-, la jurisprudencia de la Segunda Sala efectivamente resulta inaplicable para resolver los temas de inconstitucionalidad propuestos.

El estudio atento y detallado de la sinopsis jurisprudencial, en relación con la lectura de la ejecutoria de donde emanó, permite advertir que dicho criterio no tiene más alcance que el establecimiento de una tesis interpretativa perteneciente al estrato de legalidad de la norma y, además, referida a un caso que difiere de aquellos donde se aplica concretamente el párrafo décimo del artículo 22 del Código Fiscal.

En efecto, el procedimiento de contradicción de tesis afín al expediente 10/2001-SS tuvo por efecto, dirimir el disenso de criterios entre el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito al resolver en sesión de veinticinco de enero del año dos mil uno el amparo directo AD. 700/2000, interpuesto por ... y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito al fallar el cinco de enero del dos mil uno, el amparo directo 666/2000, promovido por ...

En aquel asunto, la existencia de la contradicción de tesis se presentó porque, entre otras cosas, en los juicios generadores de los pronunciamientos antagónicos se presentaron antecedentes comunes y, por tanto, la tesis jurisprudencial que a la postre se resolvió, dirimió la problemática específica en dichos casos.

Particularmente se trata del caso en el cual los contribuyentes solicitan a la autoridad fiscal realizar el pago en parcialidades de ciertos créditos fiscales autodeterminados y, posteriormente incumplieron sus obligaciones, la autoridad tributaria les requirió e hizo exigible el saldo insoluto de aquéllos mediante el procedimiento administrativo de ejecución. Inconformes con lo anterior, los contribuyentes impugnaron los requerimientos de pago respectivos, a través de juicios de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, obteniendo sentencia favorable a sus intereses en la que se declaró la nulidad de los actos reclamados ya que la autoridad fiscal no podía exigir el pago de las parcialidades faltantes, hasta en tanto determinara la cuantía a que ascendería dicho incumplimiento del respectivo "crédito fiscal", sin que fuera factible considerar como fundamento de su actuación la autodeterminación de contribuciones realizada por el contribuyente y la solicitud de pago en parcialidades, dada su naturaleza. Con base en el fallo que antecede, los contribuyentes solicitaron a la autoridad administrativa la devolución de aquellas parcialidades pagadas de manera espontánea y que se realizaron conforme a la autodeterminación respectiva; no obstante, esta promoción fue acordada en sentido negativo, toda vez que si bien la Sala declaró la nulidad del procedimiento administrativo de ejecución por no existir resolución determinante del crédito fiscal (obligación) que se dejó de cumplir oportunamente, ello no significaba que hubiere resuelto respecto de los pagos realizados por el particular con anterioridad al inicio de dicho procedimiento; en consecuencia, los contribuyentes no tenían derecho a solicitar la devolución, ya que no hubo pago en exceso o indebido de contribuciones, pues aquéllas tenían su origen en la declaración presentada por los particulares y en la solicitud de pago en parcialidades que los mismos formularon. En desacuerdo con tal decisión, los contribuyentes promovieron juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el cual para resolver sobre este nuevo problema planteado, hizo la interpretación del artículo 22, párrafo octavo, del Código Fiscal de la Federación.

Lo anterior puede corroborarse de la lectura de los considerandos cuarto y quinto de le ejecutoria de la Segunda Sala dictada precisamente en la contradicción de tesis 10/2001-SS.

Además, la materia de la contradicción de tesis, según se asentó expresamente en el último párrafo del considerando quinto, quedó constreñida a lo que a continuación se transcribe, para efectos ilustrativos:

"... Ante ello, resulta que el punto concreto de contradicción que debe dilucidar esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consiste en determinar si conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, en lo relativo al derecho de obtener del fisco federal la devolución del pago de contribuciones determinadas por el propio contribuyente, la resolución favorable en que el particular apoye su pretensión, debe referirse necesariamente a la existencia y legalidad del crédito fiscal (obligación fiscal) autodeterminado, o basta que aquélla ataña a cualquier otra cuestión relacionada con el mismo. ..."

Es decir, la Segunda Sala del Alto Tribunal estableció que la materia objeto de análisis en la contradicción de tesis consistió únicamente en dilucidar si, conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación (no se hizo referencia directa al contenido del párrafo décimo del precepto, sino en general, a la institución de la devolución del pago de lo indebido y en especial al párrafo séptimo del mismo precepto), en lo relativo al derecho de obtener del fisco federal la devolución del pago de contribuciones determinadas por el propio contribuyente, la resolución favorable en que éste apoye su pretensión debe referirse necesariamente a la existencia y legalidad del crédito fiscal (obligación tributaria) autodeterminado, o basta que se refiera a cualquier otra cuestión relacionada con el mismo.

Para resolver dicha contradicción de tesis, la Segunda Sala acudió a la interpretación genérica del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, concluyó:

a) Que el numeral 22 prevé una obligación de las autoridades fiscales de devolver las cantidades pagadas indebidamente cuando dicho sujeto obtenga una resolución favorable total o parcialmente.

b) Que el hecho generador de la obligación devolutiva por parte de la autoridad, lo constituye el pago indebido de tributos autodeterminados por el contribuyente.

c) Que el contenido del texto legal en estudio es claro en cuanto al supuesto normativo regulado; no obstante, aun cuando se conoce con precisión el hecho que da origen al nacimiento de la obligación devolutiva por parte del fisco federal, en ninguna parte del ordenamiento jurídico de la materia, se define o aclara qué debe entenderse por el pago indebido de tributos.

d) Que para descubrir el sentido y alcance de lo dispuesto en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, respecto de la obligación del fisco federal de devolver las contribuciones indebidamente pagadas y determinadas por el particular, se debe recurrir a los principios que rigen el pago de lo indebido en el derecho federal común, aceptando la fuerza enriquecedora del derecho civil a favor del derecho fiscal y sin perder de vista que únicamente ello procede en la medida que aquéllos sean acordes a la naturaleza de los fines que se persiguen en materia tributaria, toda vez que sería inadecuado hacer un traslado indiscriminado de esta institución nacida de las exigencias y necesidades del ámbito jurídico privado, a otro campo en el que éstos son distintos.

e) Que el Código Civil Federal establece que el pago de lo indebido se presenta cuando se reciba alguna cosa que no se tenía derecho a exigir y que por error ha sido indebidamente pagada, se tiene obligación de restituirla; que los requisitos para el nacimiento de la obligación de devolución del pago de lo indebido, surgen del error en el pago, cuando se entrega una cosa que no se debía o que ya estaba pagada.

f) Que la persona que ejercite la acción de devolución, deberá acreditar que se encuentra dentro del supuesto al prever que la prueba del pago incumbe al que pretende haberlo hecho. También corre a su cargo la del error con que lo realizó.

g) Que la obligación de restituir lo indebido del pago nace por las siguientes razones: porque existe una deuda, pero se ha entregado una cantidad mayor a la debida y, porque no ha existido nunca entre la persona que da y la persona que recibe, una relación obligatoria.

h) Que como consecuencia de ello, para que se configure la obligación de restituir a la persona que realizó un pago indebido, se requiere necesariamente la concurrencia de los siguientes supuestos: la realización de un pago, entendido este acto como aquel mediante el cual se pretende dar cumplimiento a una obligación del deudor a favor del acreedor; que el mismo sea indebido, es decir, que se hubiere realizado en demasía en relación con la obligación contraída por el deudor, o bien, porque esta última no existía ante la ausencia de un acto que hubiere dado origen a su nacimiento (acuerdo de voluntades entre particulares, disposición legal que así lo establezca u otra fuente de las obligaciones).

i) Que bajo esa perspectiva, una interpretación relacionada del derecho común y el tributario conducen a estimar que si alguna persona ha pagado una cantidad distinta a lo que prevé el ordenamiento jurídico fiscal, o por un hecho que no está previsto como supuesto que dé lugar al nacimiento de la obligación fiscal, en virtud de un corolario al principio de legalidad tributaria, surge para el Estado la obligación de devolver el ingreso que no tenía derecho a percibir pero que por error ha sido indebidamente enterada por el contribuyente.

j) Y conforme a todo ello, la Sala concluyó:

• Que la devolución de pagos tributarios indebidos reviste la naturaleza jurídica de una obligación legal estatal, cuyo origen, fundamentalmente, se sustenta en el principio de legalidad tributaria, que establece el artículo 31, fracción IV, constitucional toda vez que si bien el Estado tiene el derecho de ob

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19561-66aee16f/incidencia-economica-de-los-impuestos-la-inconstitucionalidad-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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