PENSIÓN DE VIUDEZ. SI SE SOLICITA CON BASE EN EL RÉGIMEN DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA JUNTA LA DESESTIMA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 501 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, ELLO SE TRADUCE EN UN LAUDO INCONGRUENTE Y VIOLATORIO DE LA GARANTÍA DE LEGALIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
AMPARO DIRECTO 721/2005. ROBERTO REGINO MENDOZA.
CONSIDERANDO:
SEXTO. Previo al estudio de los conceptos de violación resulta pertinente, para mayor comprensión del caso, hacer una relación de las constancias que integran el expediente laboral.
Roberto Regino Mendoza, a través de su apoderado jurídico, demandó al Instituto Mexicano del Seguro Social el otorgamiento y pago de una pensión de viudez, pago de aguinaldos, otorgamiento de la atención médica y clínica, ayuda asistencial y demás prestaciones, con base en que era esposo de la de cujus quien falleció el veinticinco de febrero de dos mil cuatro, basando sus pretensiones en los artículos 14, fracción I y 22 del Régimen de Jubilaciones y Pensiones para los Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, inmerso en el contrato colectivo de trabajo.
El instituto contestó la demanda donde negó la procedencia de la acción y del derecho.
La Junta absolvió a la demandada del pago de las prestaciones reclamadas en términos del laudo trascrito, con fundamento en el artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo, y los diversos 14 y 22 del Régimen de Jubilaciones y Pensiones para los Trabajadores del instituto.
SÉPTIMO. Son fundados los conceptos de violación, aunque para así determinarlo este Tribunal Colegiado tenga que suplir la queja deficiente como lo autoriza el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo.
El quejoso aduce en su primer motivo de disconformidad que la Junta responsable vulneró la garantía de legalidad al resolver el caso en contravención a lo dispuesto en los artículos 840, 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, en atención a que -sostiene- dicha responsable no acató el principio de congruencia, ni hizo un adecuado estudio de las acciones ejercitadas; lo cual deviene fundado, toda vez que la Junta fundó su determinación en el artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo, el cual establece:
De la Ley Federal del Trabajo
"Artículo 501. Tendrán derecho a recibir la indemnización en los casos de muerte:
"I. La viuda, o el viudo que hubiese dependido económicamente de la trabajadora y que tenga una incapacidad de cincuenta por ciento o más, y los hijos menores de dieciséis años y los mayores de esta edad si tienen una incapacidad de cincuenta por ciento o más;
"II. Los ascendientes concurrirán con las personas mencionadas en la fracción anterior, a menos que se pruebe que no dependían económicamente del trabajador;
"III. A falta de cónyuge supérstite, concurrirá con las personas señaladas en las dos fracciones anteriores, la persona con quien el trabajador vivió como si fuera su cónyuge durante los cinco años que precedieron inmediatamente a su muerte, o con la que tuvo hijos, siempre que ambos hubieran permanecido libres de matrimonio durante el concubinato.
"IV. A falta de cónyuge supérstite, hijos y ascendientes, las personas que dependían económicamente del trabajador concurrirán con la persona que reúna los requisitos señalados en la fracción anterior, en la proporción en que cada una dependía de él; y
"V. A falta de las personas mencionadas en las fracciones anteriores, el Instituto Mexicano del Seguro Social."
Tal actuación de la Junta se estima ilegal, puesto que la causa de pedir en que se basó la acción -otorgamiento y pago de la pensión de viudez- no lo fue en el numeral 501 de la Ley Federal del Trabajo, sino en las disposiciones de los artículos 14, fracción I y 22 del Régimen de Jubilaciones y Pensiones que se contienen en el Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre del Instituto Mexicano del Seguro Social y su sindicato de trabajadores; de manera que al resolver la Junta con base en una norma jurídica de la Ley Federal del Trabajo que no fue el sustento de la causa de pedir de la acción de otorgamiento de pensión de viudez, es inconcuso que dicha Junta no sólo alteró la litis sino que se apartó del principio de congruencia -externa- que rige a toda clase de resolución, y conforme al cual estaba constreñida a decidir el caso, pero ocupándose sólo de las acciones y excepciones materia de los puntos litigiosos, lo cual inobservó y con ello violó el artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo, que dispone:
"Los laudos deben ser claros, precisos y congruentes con la demanda, contestación, y demás pretensiones deducidas en el juicio oportunamente."
En efecto, el laudo debe ser congruente no sólo consigo mismo, sino también con la litis, tal como haya quedado establecida en la etapa de demanda y excepciones de la audiencia de ley; de ahí que se establezca, por un lado, la congruencia interna, entendida como aquella característica de que el laudo no contenga resoluciones o afirmaciones que se contradigan entre sí y, por otro, la congruencia externa que en sí atañe a la concordancia que debe haber con la demanda y contestación formuladas por las partes, esto es, que el laudo no distorsione o altere lo pedido o lo alegado en defensa, sino que sólo se ocupe de las pretensiones de las partes y de éstas, sin introducir alguna que no se reclamara ni de condenar o de absolver a alguien que no fue parte en el juicio laboral. Sobre el tema, es ilustrativa la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Volumen XI, Cuarta Parte, página 193, que informa:
"SENTENCIAS, CONGRUENCIA DE LAS. El principio de congruencia de las sentencias estriba en que éstas deben dictarse en concordancia con la demanda y con la contestación formuladas por las partes, y en que no contengan resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí. El primer aspecto constituye la congruencia externa, y el segundo la interna. Ahora bien, una incongruencia reclamada corresponde a la llamada interna si se señalan concretamente las partes de la sentencia de primera instancia que se estiman contradictorias entre sí, afirmando que mientras en un considerando el Juez hizo suyas las apreciaciones y conclusiones a que llegó un perito para condenar al demandado a hacer determinadas reparaciones, en el punto resolutivo únicamente condenó a efectuar tales reparaciones, o en su defecto, a pagar una suma de dinero; pero no existe tal incongruencia si del peritaje se desprende que debe condenarse a hacer las reparaciones, pero que en el caso que no se cumpla deberá condenarse a pagar la cantidad a que se condenó."
Asimismo es aplicable, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia número IV.2o.T. J/44, sustentada por este Tribunal Colegiado, que señala:
"CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, PRINCIPIOS DE. SUS DIFERENCIAS Y CASO EN QUE EL LAUDO INCUMPLE EL SEGUNDO DE ELLOS. Del artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo se advierte la existencia de dos principios fundamentales o requisitos de fondo que deben observarse en el dictado del laudo: el de congruencia y el de exhaustividad. El primero es explícito, en tanto que el segundo queda imbíbito en la disposición legal. Así, el principio de congruencia está referido a que el laudo debe ser congruente no sólo consigo mismo, sino también con la litis tal como haya quedado establecida en la etapa oportuna; de ahí que se hable, por un lado, de congruencia interna, entendida como aquella característica de que el laudo no contenga resoluciones o afirmaciones que se contradigan entre sí y, por otro, de congruencia externa, que en sí atañe a la concordancia que debe haber con la demanda y contestación formuladas por las partes, esto es, que el laudo no distorsione o altere lo pedido o lo alegado en la defensa, sino que sólo se ocupe de las pretensiones de las partes y de éstas, sin introducir cuestión alguna que no se hubiere reclamado, ni de condenar o de absolver a alguien que no fue parte en el juicio laboral. Mientras que el de exhaustividad está relacionado con el examen que debe efectuar la autoridad respecto de todas las cuestiones o puntos litigiosos, sin omitir ninguno de ellos, es decir, dicho principio implica la obligación del juzgador de decidir las controversias que se sometan a su conocimiento tomando en cuenta los argumentos aducidos tanto en la demanda como en aquellos en los que se sustenta la contestación y demás pretensiones hechas valer oportunamente en el juicio, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate. Por tanto, cuando la autoridad laboral dicta un laudo sin resolver sobre algún punto litigioso, en realidad no resulta contrario al principio de congruencia, sino al de exhaustividad, pues lejos de distorsionar o alterar la litis, su proceder se reduce a omitir el examen y pronunciamiento de una cuestión controvertida que oportunamente se le planteó, lo que permite, entonces, hablar de un laudo propiamente incompleto, falto de exhaustividad, precisamente porque la congruencia -externa- significa que sólo debe ocuparse de las personas que contendieron como partes y de sus pretensiones; mientras que la exhaustividad implica que el laudo ha de ocuparse de todos los puntos discutibles. Consecuentemente, si el laudo no satisface esto último es inconcuso que resulta contrario al principio de exhaustividad que emerge del artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo, traduciéndose en un laudo incompleto, con la consiguiente violación a la garantía consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, marzo de 2005, página 959).
En mérito de lo expuesto, es de establecerse que si en el particular el quejoso basó su pretensión en el otorgamiento y pago de una pensión por viudez conforme a lo establecido en los numerales 14, fracción I y 22 del aludido régimen; mientras que del laudo se observa que la autoridad estudió tal prestación, pero la desestimó bajo la óptica del numeral 501 de la Ley Federal del Trabajo, como de los requisitos que prevén aquellos otros numerales, es inconcuso que la aplicación del artículo 501 en cita se tradujo en un laudo incongruente, con la consiguiente violación a la garantía consagrada en el artículo 14 de la Constitución Federal en perjuicio del hoy quejoso, pues la pretensión de que se condenara al instituto tercero perjudicado a otorgar una pensión por viudez se fundaba sólo en los numerales del reglamento de marras, pero no en el artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo.
Respecto a la resolución del caso con base en los artículos 14 y 22 del Régimen de Jubilaciones y Pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social, inmerso en el contrato colectivo de trabajo, ha de considerarse ilegal el proceder de la Junta responsable en cuanto a la exigencia de probar la dependencia económica del quejoso en relación con la extinta asegurada, a la vez trabajadora del instituto tercero perjudicado, toda vez que tales preceptos establecen:
"Artículo 14. A la muerte de un trabajador, de un jubilado o de un pensionado, se otorgarán a sus beneficiarios, en su caso, conforme a lo dispuesto en este régimen, las prestaciones siguientes:
"I. Pensión de viudez.
"...
"Para tal fin se establecen las normas siguientes:
"a) Viudez. La pensión para la viuda, viudo, concubina o concubinario, se otorgará bajo las siguientes reglas:
"...
"Tendrá derecho a recibir la pensión de viudez, el viudo o concubinario siempre y cuando se acredite que se encuentra totalmente incapacitado y que dependía económicamente de la trabajadora, la jubilada o la pensionada. ..."
"Artículo 22. A los jubilados, pensionados por edad avanzada, vejez, invalidez, riesgo de trabajo, viudez, orfandad y ascendencia bajo el presente régimen, se les entregará un aguinaldo anual en los términos señalados por la Ley del Seguro Social, que será complementado hasta alcanzar la cantidad que resulte de 15 días del monto de la jubilación o pensión que se encuentre percibiendo al momento de su pago."
Cabe acotar que el Régimen de Jubilaciones y Pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social se encuentra inmerso en el Contrato Colectivo de Trabajo, documento este en el que quedaron plasmadas las prestaciones legales, celebrado entre el Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social con el propio instituto, puesto que así lo revela su cláusula 110, en relación con el artículo 29 del aludido régimen, que respectivamente disponen:
"Cláusula 110. Jubilaciones y Pensiones
"Se incorpora a este contrato colectivo de trabajo el Régimen de Jubilaciones y Pensiones contenido en el convenio de 7 de octubre de 1966 y el reglamento fechado el 20 de abril de 1967. Las partes convienen en que a partir de la fecha de la firma de este contrato, quedan incluidos en el régimen los convenios de 1o. de abril de 1968, de 14 de marzo de 1969 y el del 14 de julio de 1982 relativos al propio régimen, así como los riesgos de trabajo y en el salario base para la pensión jubilatoria a que alude el artículo 5 del expresado régimen, se incorporan las prestaciones contenidas en las cláusulas 86 y 142 Bis del propio contrato.
"Las jubilaciones y pensiones otorgadas en los términos del Régimen de Jubilaciones y Pensiones, se revisarán e incrementarán en el mes de enero de cada año, en base a la capacidad económica del instituto y con apoyo en los estudios económicos y actuariales que las partes realicen. Los trabajadores con 30 años de servicio en el instituto, sin límite de edad, que deseen jubilarse, podrán hacerlo con la cuantía máxima que otorga el régimen. A las trabajadoras con 27 años de servicios, se les computarán 3 años más para efectos de jubilación."
"Artículo 29. El presente Régimen de Jubilaciones y Pensiones forma parte integrante del contrato colectivo de trabajo y será revisado de acuerdo a lo pactado en la cláusula relativa del propio contrato."
Prestaciones legales ahí plasmadas -jubilaciones y pensiones- otorgadas a los trabajadores en su doble carácter de asegurados y de trabajadores del instituto, como lo revela el artículo 1 del régimen aludido, que dispone:
"Artículo 1. El Régimen de Jubilaciones y Pensiones para los trabajadores del instituto es un estatuto que crea una protección más amplia y que complementa al plan de pensiones determinado por la Ley del Seguro Social, en los seguros de invalidez, vejez, edad avanzada y muerte y en el de riesgos de trabajo.
"Las jubilaciones o pensiones que se otorguen conforme al presente régimen comprenden, respecto de los trabajadores, su doble carácter de asegurado y de trabajador del instituto."
Los numerales transcritos hacen referencia a una serie de prestaciones de naturaleza legal, mismas que fueron pactadas en el contrato colectivo de trabajo y, por ende, reflejadas en el régimen de marras.
En la especie, resulta indispensable hacer referencia a los contratos en general, así como al principio -teoría- de la autonomía de la voluntad, y posteriormente abordar el tema de si es válido o no que en las prestaciones de carácter legal otorgadas en un contrato colectivo de trabajo -como acto jurídico- se contenga una estipulación que riña con las garantías individuales o sociales.
La postura tradicional -derecho romano- es que en la materia de los contratos en general, las partes son libres para crear derechos y obligaciones con la condicionante de que su objeto sea lícito -que no violen normas de orden público ni sean contrarios a las buenas costumbres- y que propongan un objeto posible; de lo anterior se obtienen dos principios: el de licitud y posibilidad, los cuales limitan la voluntad de los contratantes; por ende, superados esos principios, en cualquier contrato es válido pactar derechos y obligaciones por los contratantes, claro, dentro del límite de posibilidad y licitud. Dice Kelsen, en el caso de los contratos, que las partes -contratantes- se encuentran facultadas por el derecho objetivo para elaborar una norma, éstos se convierten en órganos accidentales del Estado a los cuales denomina órganos en sentido formal, donde los contratantes accidentalmente en sus operaciones jurídicas se convierten en órganos facultados para crear derecho a la par de los órganos en sentido material reconocidos como legislativo, ejecutivo y judicial, éstos últimos, que en realidad desempeñan una función normal, permanente y generalmente remunerada.
Ahora, para la existencia de un contrato se requieren consentimiento, objeto y, en algunos casos, la solemnidad, denominados elementos de existencia; en cambio, para alcanzar la validez, ese contrato, además de cumplir con la forma prescrita por la ley (solemnidad), debe ser lícito en su objeto, motivo o fin que persigan los contratantes con ese contrato, pues así lo exige la ley.
El elemento normativo en los contratos colectivos proviene de sujetos de derecho privado -trabajo y capital-, el cual es derecho objetivo creado por particulares, justamente porque no es derecho creado por el Estado, sino el ordenamiento que pactan los contratantes es derecho autónomo.
Las partes en el contrato colectivo de trabajo son el sindicato obrero y el patrón; los obreros en lo individual no contratan y el sindicato es el que suministra los servicios de los trabajadores a las empresas.
A través del contrato colectivo de trabajo el derecho positivo laboral vigente ha delimitado que se trata de un acto que es el resultado de un acuerdo temporal entre el trabajo y el capital, donde la conjunción de voluntades se proponen la realización de un fin común, el cual puede extenderse (acto-unión) a personas que no participaron en su formación; por tanto, creador de derecho objetivo, del cual surgen dos elementos: el obligacional y normativo, ésta es la esencia del contrato colectivo, la reunión de dos elementos en un solo acto jurídico, pues el primero existe en función y como garantía del segundo, sin poder existir por sí solos.
El elemento obligacional regula derechos y obligaciones entre las partes contratantes -capital y obrero-, en tanto que el elemento normativo contiene las normas a las que deberán de ajustarse en el futuro las relaciones de cada trabajador con la empresa, éste viene a ser la razón verdadera de la existencia del contrato colectivo.
Así, las convenciones colectivas -contratos colectivos de trabajo- constituyen una fuente formal autónoma del derecho del trabajo, ya que su propósito es regular las relaciones de trabajo, porque los contratantes las utilizan como diseños en la elaboración de estipulaciones; afirmación la anterior que se encuentra consignada en la exposición de motivos de la ley de 1931:
"... Ahí donde los trabajadores han logrado formar sindicatos fuertes, particularmente nacionales, y donde se ha logrado su unión en federaciones y confederaciones, los contratos colectivos han consignado en sus cláusulas beneficios y prestaciones para los trabajadores muy superiores a los que se encuentran contenidos en la Ley Federal del Trabajo (la de 1931) ..."
De ahí que la naturaleza de las convenciones colectivas como fuentes formales del derecho del trabajo, cuya misión es elevarse sobre la declaración de derechos sociales (Constitución), es precisamente lograr mejores condiciones de trabajo cuya extensión abarca a todos los trabajadores sindicalizados o no, esto es, la generalidad o universalidad del elemento normativo. Así, la declaración constitucional de derechos sociales postuló una filosofía que dista de la igualdad aritmética de las prestaciones (Ética nicomáquea), pues conforme a ésta, la idea de la justicia que priva en el derecho de las obligaciones y de los contratos (derecho privado), es la llamada conmutativa, principio que no atiende a la condición y a las necesidades de los hombres, sino exclusivamente a la importancia o valor de los bienes objeto de las prestaciones cuando aquella declaración constitucional postuló(1) que el derecho del trabajo tiende a conseguir el equilibrio y justicia social en las relaciones entre trabajadores y patrones, pues: "... si el liberalismo deificó a la empresa, la idea de la justicia social proclama que en la dualidad trabajo-capital, aquél es el valor supremo, por cuya razón, la economía en general, y la empresa en particular, cualquiera que sea el régimen de producción que adopten los pueblos, han de ordenarse en una forma que respete la dignidad del hombre y satisfaga las necesidades de toda índole de la persona del trabajador. En consecuencia, el estatuto del trabajo ha de partir del hombre-trabajador hasta lograr su libertad económica frente al capital, una existencia adecuada a la dignidad y a las necesidades humanas, y la seguridad de un ingreso futuro que le posibilite la contemplación del mañana sin temor ..."; por eso fue que en el artículo 17 de la Ley Federal del Trabajo partieron de la idea de que la Constitución es la norma suprema del orden jurídico, con lo cual resolvió el problema de la autonomía de la voluntad, porque aparece disminuida en el contenido del derecho objetivo creado por las partes ante la supremacía del derecho constitucional y del trabajo.
El derecho colectivo del trabajo(2) presenta como características propias que:
a) Atañe a grupos sociales que se inspiran en la escuela sociológica;
b) Constituye un correctivo de la situación de inferioridad del trabajador frente al empleador que, por consiguiente, persigue lograr el equilibrio, colocándolos -tanto a trabajador como empleador- en igualdad para la concertación de las condiciones que debe respetar el contrato de trabajo;
c) Acepta la licitud del uso de medios de acción directa;
d) Procura la solución pacífica de los conflictos de intereses colectivos;
e) Reconoce la existencia de una nueva fuente del derecho por virtud de la posibilidad de creación de derecho objetivo vía el convenio colectivo;
d) Es garantía de libertad, porque los hombres que carecen de poder económico pierden su libertad y aislados carecen de fuerza frente al Estado.
El contrato colectivo de trabajo en el derecho positivo mexicano adoptó la tesis de la historicidad(3) del derecho (escuela histórica de Friedrich Karl Von Savigny) bajo la idea de que el derecho romano fue todo, menos un ordenamiento estático, pues quienes redactaron la exposición de motivos de la primera ley de trabajo (1931) consideraron que el derecho del trabajo es un estatuto en continua evolución y de necesaria transformación cuando cambian las circunstancias que le dieron origen, y cuando el desarrollo y progreso de la economía exigen un reajuste que armonice nuevamente los intereses del trabajo con los del capital; de manera que si bien en una relación individual de trabajo las modalidades en que puedan convenirse las prestaciones es a condición de que no afecten -en perjuicio de la clase trabajadora- normas superiores establecidas por la Constitución,(4) las leyes y las convenciones internacionales; la relación colectiva consiste en una serie de compromisos y de medios encaminados a la fijación de las condiciones de trabajo, pues representa -el contrato colectivo- un marco dentro del cual han de pasar los contratos individuales, precisamente porque su finalidad es esencialmente normativa; lo cual significa que esa finalidad normativa (creación de derecho objetivo) no debe contrariar, por la misma razón, el mínimo de garantías individuales y sociales que prevé la Constitución.
Por eso es que el derecho positivo laboral mexicano se apoya en la tesis de la solidaridad social de León Duguit, pues considera que la empresa moderna cumple una función social, consistente en: a) proporcionar y asegurar a los trabajadores condiciones satisfactorias para la prestación de los trabajos; y, b) contribuir a la producción de los bienes que son indispensables al bienestar colectivo.
Mario de la Cueva(5) sostiene que el contrato colectivo es una fuente formal del derecho del trabajo que se sitúa como el punto último en la escala de esas fuentes formales, cuya base es la declaración de derechos sociales (Constitución), de manera que el contrato colectivo es la fuente más concreta, pero la que tiene como finalidad superar -en beneficio de los trabajadores- todas las normas estatales e internacionales, y no restringirlas, sino que la Constitución y la Ley Federal del Trabajo son el marco jurídico y de referencia en el contenido de sus estipulaciones, precisamente porque prevalece la necesidad(6) de que el contrato colectivo respete los límites que a la autonomía de la voluntad imponen las leyes laborales.
La naturaleza de las convenciones colectivas -cláusulas normativas- como fuente formal es elevarse sobre la ley -Constitución, leyes reglamentarias, así como convenciones internacionales- para otorgar mejores condiciones de trabajo, sin que signifique que por el solo hecho de la creación de ese derecho objetivo deba contrariarse el mínimo de garantías individuales y sociales plasmadas en la Norma Suprema, por tanto, el derecho del trabajo busca mantener la igualdad y el equilibrio entre los patrones y los trabajadores, y para lograrlo ha establecido una serie de derechos mínimos de los cuales deben gozar los obreros; además, para garantizar esos derechos mínimos consagrados tanto constitucional como legalmente, sanciona con su nulidad cualquier acuerdo o convenio que los reduzca o desconozca. Así, los artículos 123, apartado A, fracción XXVII, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5o., fracción XIII y 33 de la Ley Federal del Trabajo, establecen:
"Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo: ... XXVII. Serán condiciones nulas y no obligarán a los contrayentes, aunque se expresen en el contrato: ... h) Todas las demás estipulaciones que impliquen renuncia de algún derecho consagrado a favor del obrero en las leyes de protección y auxilio a los trabajadores."
Ley Federal del Trabajo:
"Artículo 5o. Las disposiciones de esta ley son de orden público por lo que no producirá efecto legal, ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea escrita o verbal, la estipulación que establezca: ... XIII. Renuncia por parte del trabajador de cualquiera de los derechos o prorrogativas consignados en las normas de trabajo. En todos estos casos se entenderá que rigen la ley o las normas supletorias en lugar de las cláusulas nulas."
"Artículo 33. Es nula la renuncia que los trabajadores hagan de los salarios devengados, de las indemnizaciones y demás prestaciones que deriven de los servicios prestados, cualquiera que sea la forma o denominación que se le dé. Todo convenio o liquidación, para ser válido, deberá hacerse por escrito y contener una relación circunstanciada de los hechos que lo motiven y de los derechos comprendidos en él. Será ratificado ente la Junta de Conciliación y Arbitraje, la que lo aprobará siempre que no contenga renuncia de los derechos de los trabajadores."
Los preceptos transcritos reconocen que será nula cualquier estipulación que implique renuncia de derechos y prerrogativas consagrados en las disposiciones constitucionales y legales y, por tanto, no producirán ningún efecto legal. Ese mismo criterio ha sido reiterado por la Suprema Corte de Justicia, que ha establecido, entre otras, las siguientes tesis en relación con los contratos y convenios en materia de trabajo:
"CONTRATO DE TRABAJO, AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD DE LAS PARTES. LÍMITES. La Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia ha establecido que la autonomía de la voluntad de las partes en los contratos de trabajo, como en cualquier contrato, no puede rebasar los imperativos de la ley de orden público porque nuestra legislación sostiene el principio de la nulidad de los actos jurídicos que se realizan en contra de disposiciones prohibitivas y que afectan al orden público; y en especial, tratándose del derecho laboral, con categoría constitucional, se establece la nulidad de toda estipulación que sea contraria a las disposiciones legales protectoras del trabajador." (Tesis aislada de la anterior Cuarta Sala publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, tomo LXII, Quinta Parte, página dieciocho).
"CONVENIOS. La autonomía de la voluntad, elemento esencial de los contratos civiles, es restringida en las convenciones laborales, las cuales se circunscriben y actúan dentro de los límites fijados por la ley de la materia y el artículo 123 constitucional en su fracción XXVII; de tal suerte que las composiciones realizadas por los trabajadores y sus patrones son ilícitas y obligatorias en tanto, no rebasen los límites señalados, pues probándose esta circunstancia, los actos jurídicos están afectados de nulidad. Cuando el convenio o transacción se refiere al caso de terminación voluntaria del contrato de trabajo, fracción I del artículo 126 de la ley laboral, el acto jurídico es correcto y legal en sí, y sólo podría anularse demostrando que han existido vicios de la voluntad que determinen su ineficacia jurídica o que concurre alguna de las circunstancias indicadas en la disposición constitucional antes invocada." (Tesis aislada de la anterior Cuarta Sala, publicada en el Informe de Labores rendido a la Suprema Corte de Justicia por su presidente al finalizar el año de 1956, parte II, página catorce).
"CONVENIOS EN MATERIA DE TRABAJO. La Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia ha establecido que no es contraria al artículo 123 constitucional, la celebración de una transacción que pone fin a las dificultades entre obreros y patronos, en la cual se hagan mutuas concesiones que satisfagan sus respectivas pretensiones. El concepto de irrenunciabilidad de los derechos del trabajador, no puede constituir una prohibición que lo haga incapaz de evitar una contienda, haciendo alguna concesión respecto a su punto de vist
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19566-e81968d6/pension-de-viudez-si-se-solicita-con-base · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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