COSA JUZGADA. LAS SENTENCIAS DE SEGUNDA INSTANCIA EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES ORDINARIOS CONSERVAN ESA CALIDAD AUN CUANDO SEAN RECLAMADAS EN AMPARO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE JALISCO).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 14/2005-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, toda vez que se trata de la denuncia sobre una posible contradicción de criterios sustentados por Tribunales Colegiados de Circuito, en asuntos de materia civil, de la competencia exclusiva de esta Sala.
SEGUNDO. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, pues la realizó el Magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, órgano jurisdiccional del que proviene uno de los criterios en posible contradicción, con fundamento en lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 197-A de la Ley de Amparo.
TERCERO. Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito mencionados, que dieron origen a esta denuncia de contradicción de criterios, son las siguientes:
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 426/87, el treinta y uno de agosto de mil novecientos ochenta y ocho, determinó lo siguiente:
En el considerando tercero de la ejecutoria, consignó que si bien el juicio de amparo no forma parte de una tercera instancia, sino que se trata de un juicio que resuelve cuestiones distintas de las que se dirimen en el juicio del que emana el acto reclamado, relacionadas con la violación de garantías; conforme al principio de jerarquía de leyes, y a pesar de lo dispuesto en el artículo 420 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, las sentencias de segunda instancia no causan la autoridad de cosa juzgada, si está pendiente de resolución el juicio de amparo promovido en su contra, ya que por haberse promovido el juicio de amparo el pleito continúa sub júdice, y no causa estado, sino hasta que dicho juicio concluye por sentencia.
De las referidas consideraciones derivó la tesis del siguiente tenor:
"Octava Época
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: II, Segunda Parte-2, julio a diciembre de 1988
"Página: 537
"SENTENCIAS DE SEGUNDA INSTANCIA. NO CAUSAN EJECUTORIA SI ESTÁ PENDIENTE DE RESOLUCIÓN EL JUICIO DE AMPARO. La Constitución Política del país, Ley Suprema de toda la Unión conforme a su artículo 133, constituyó el juicio de garantías y, atentos al principio de la jerarquía de las leyes, propio de nuestro régimen federal, aquel ordenamiento, así como la ley reglamentaria de tal juicio, se encuentran supraordenados a las demás leyes. En esta tesitura, lo previsto por el artículo 420, fracción V, del Código de Procedimientos Civiles de Jalisco, en cuanto a que causan ejecutoria y constituyen cosa juzgada las sentencias de segunda instancia deben atenderse en el sentido de que éstas no admiten ya ningún recurso ordinario, establecido por dicho código, pero sí pueden ser atacadas en la vía constitucional de manera que, cuando se promueve el amparo contra un fallo de esta naturaleza, tiene que admitirse que no tiene la certeza y autoridad de la cosa juzgada, sino hasta que el juicio constitucional correspondiente concluye por sentencia ejecutoria, pues mientras esto no ocurra el pleito continúa sub júdice.
"Amparo en revisión 426/87. Sucesión de María Félix Gutiérrez Cruz. 31 de agosto de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Rodolfo Moreno Ballinas. Secretario: Octavio Aguilar Morfín."
Dicho criterio, el citado tribunal lo reiteró en la ejecutoria del amparo en revisión número 85/2004, de veinticinco de marzo de dos mil cuatro.
En el considerando cuarto de la referida ejecutoria estableció que si bien en términos del artículo 420, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, causan ejecutoria y constituyen cosa juzgada las sentencias de segunda instancia, el tribunal estimó que ello ocurría cuando las referidas sentencias no admiten ningún recurso ordinario conforme al referido código, pero sí podían impugnarse en la vía constitucional, y que cuando se promueve en su contra el juicio de amparo "no se tiene la certeza y autoridad de la cosa juzgada, sino que dicha resolución se encuentra sub júdice hasta en tanto se resuelva el juicio de garantías, ya que es a partir del momento en que se pronuncia la ejecutoria de amparo, sea de fondo o de sobreseimiento, cuando la referida sentencia producirá los efectos de cosa juzgada".
CUARTO. Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 485/2004, el catorce de diciembre de dos mil cuatro, determinó, en lo que interesa, lo siguiente:
En el considerando quinto de la respectiva ejecutoria, juzgó que las sentencias interlocutorias dictadas en segunda instancia que modifican la de primera instancia, causan ejecutoria en términos de la fracción II del artículo 426 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, al tener por efecto que "el facultado" pueda exigir la ejecución de la prestación impuesta al obligado en la citada resolución, ya que la referida sentencia no puede ser impugnada, "al no existir la posibilidad de que a través de recursos ordinarios regulados por la ley adjetiva aplicable, se efectúe un nuevo examen legal de la cuestión decidida, por lo que en ese aspecto sí es factible de ser ejecutada, ya que de acuerdo con la ley adjetiva que rige el acto sí tiene la calidad total de cosa juzgada, tan es así que procede su ejecución".
El Tribunal Colegiado de referencia subrayó que no era obstáculo para sostener ese criterio la circunstancia de que estuviera en transcurso el término para promover juicio de amparo, o si ya se había promovido, estuviera pendiente de resolución, ya que este medio extraordinario de defensa por sí mismo no le restaba la calidad de cosa juzgada, ni impedía su cumplimiento, puesto que la paralización de la ejecución dependía de la existencia de la suspensión; de manera que solamente la concesión de esa medida cautelar era el obstáculo jurídico que válidamente podía impedir el acatamiento de la resolución materia del juicio de amparo.
Por último, destacó que en tal supuesto no podía decirse que el acto de autoridad estaba sub júdice o que le faltaba firmeza jurídica, "porque en realidad el acto conserva su naturaleza y queda firme desde el momento en que se agotan las instancias ordinarias y, por tanto, la jurisdicción competente para resolver el interés privado".
QUINTO. Para verificar si en el presente caso se da la existencia de la contradicción entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados contendientes, es conveniente tener presente el contenido de la jurisprudencia siguiente:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Tesis: P./J. 26/2001
"Página: 76
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
De esta jurisprudencia se advierte medularmente que para la configuración de una contradicción de tesis se requiere que haya una disparidad de criterios de los tribunales, en donde se reúnan los siguientes requisitos:
1. Que hayan analizado, en esencia, iguales cuestiones jurídicas, y adopten posturas divergentes;
2. Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones o interpretaciones jurídicas realizadas en la sentencia que cada tribunal dicte; y,
3. Que los distintos criterios provengan del examen de elementos coincidentes, lo que implica que deben partir del análisis esencial de supuestos semejantes.
En este asunto sí se satisfacen los supuestos mencionados, que condicionan la existencia de la contradicción de tesis, y para demostrarlo es menester examinar a continuación el punto medular de los criterios que se estiman divergentes.
a) El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito sostuvo que no obstante que el juicio de amparo no constituye una tercera instancia, conforme al principio de jerarquía de leyes y a pesar de lo dispuesto en el artículo 420 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, las sentencias de segunda instancia no tienen el carácter de cosa juzgada cuando está pendiente de resolución el juicio de amparo promovido en su contra, y no causan estado sino hasta que dicho juicio se resuelve.
b) Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito adoptó la postura consistente en que conforme al artículo 426, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, las sentencias interlocutorias de segunda instancia causan ejecutoria, pues tienen como efecto que sea exigible su ejecución, y no era obstáculo para que la referida sentencia tenga la calidad de cosa juzgada, que esté en transcurso el término para promover juicio de amparo, o si ya se promovió, esté pendiente de resolución, porque este medio extraordinario de defensa sólo impide la paralización de su ejecución cuando exista la suspensión, y sólo la concesión de dicha medida cautelar es el obstáculo jurídico que válidamente puede impedir el cumplimiento de la resolución materia del juicio de amparo.
Como se aprecia, tal como se advirtió al principio de este considerando, en este asunto sí se satisfacen los supuestos básicos que condicionan la contradicción de tesis.
Se considera así debido a que existe una disparidad de criterios de los tribunales, producto del análisis esencial de iguales cuestiones jurídicas.
Esto es, los dos Tribunales Colegiados de Circuito se ocuparon de cuando se interpone el juicio de amparo en su contra.
De esta manera, en relación con la existencia de la contradicción de tesis, se aprecia que a pesar de que los tribunales analizaron, en esencia, iguales cuestiones jurídicas y examinaron esos elementos coincidentes, adoptaron posturas divergentes, pues arribaron a conclusiones opuestas:
1. Por un lado, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito sostuvo que no obstante que el juicio de amparo no constituye una tercera instancia, conforme al principio de jerarquía de leyes y a pesar de lo dispuesto en el artículo 420 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, las sentencias interlocutorias de segunda instancia no tienen el carácter de cosa juzgada cuando está pendiente de resolución el juicio de amparo promovido en su contra, y no causan estado sino hasta que dicho juicio se resuelve.
Por otro lado, en sentido opuesto el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito adoptó la postura consistente en que conforme al artículo 426 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, las sentencias interlocutorias de segunda instancia sí causan ejecutoria y, por ende, tienen el carácter de cosa juzgada aunque esté en transcurso el término para promover juicio de amparo, o si ya se promovió, esté pendiente de resolución.
2. En el caso, la diferencia de criterios se presenta en las consideraciones, toda vez que mientras uno de los órganos sostuvo que las sentencias de segunda instancia no tienen el carácter de cosa juzgada cuando esté pendiente de resolución un juicio de amparo promovido en su contra, el otro órgano contendiente sostuvo la postura contraria; y ambos Tribunales Colegiados se ocuparon del análisis de preceptos de similar contenido, a saber:
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco:
"Artículo 420. Hay cosa juzgada cuando la sentencia cause estado.
"Causan estado por ministerio de ley:
"I. Las sentencias pronunciadas en juicio cuyo interés no pase de setecientas veinte veces el salario mínimo diario general vigente;
"II. Las sentencias de segunda instancia;
"III. Las que resuelvan una queja;
"IV. Las que diriman o resuelven una competencia, y
"V. Las demás que se declaran irrevocables por prevención expresa de la ley, así como aquellas de las que se dispone que no hay recurso alguno."
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal:
"Artículo 426. Hay cosa juzgada cuando la sentencia causa ejecutoria.
"Causan ejecutoria por ministerio de la (sic) ley:
"I. Las sentencias pronunciadas en juicios que versen sobre la propiedad y demás derechos reales que tengan un valor hasta de sesenta mil pesos. Los demás negocios de jurisdicción contenciosa, común o concurrente, cuyo monto no exceda de veinte mil pesos. Dichas cantidades se actualizarán en forma anualizada que deberá regir a partir del 1o. de enero de cada año, de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor que determine el Banco de México. Se exceptúan los interdictos, los asuntos de competencia de los Jueces de lo Familiar, los reservados a los Jueces del arrendamiento inmobiliario y de lo concursal;
"II. Las sentencias de segunda instancia;
"III. Las que resuelvan una queja;
"IV. Las que dirimen o resuelven una competencia, y
"V. Las demás que se declaran irrevocables por prevención expresa de la ley, así como aquellas de las que se dispone que no haya más recurso que el de responsabilidad;
"VI. Las sentencias que no puedan ser recurridas por ningún medio ordinario o extraordinario de defensa."
3. a) El acto reclamado en el juicio de amparo indirecto que fue materia del recurso de revisión por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 426/87, el treinta y uno de agosto de mil novecientos ochenta y ocho, consistió en la sentencia interlocutoria dictada en segunda instancia por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, en un recurso de queja que fue promovido en contra de una determinación emitida a su vez en un incidente de regulación de costas.
En cuanto al tema materia de la contradicción, el referido tribunal, en esencia, sostuvo que si bien el juicio de amparo no forma parte de una tercera instancia, sino que se trata de un juicio que resuelve cuestiones distintas de las que se dirimen en el juicio del que emana el acto reclamado, relacionadas con la violación de garantías, conforme al principio de jerarquía de leyes, y a pesar de lo dispuesto en el artículo 420 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, las sentencias de segunda instancia no causan la autoridad de cosa juzgada, si está pendiente de resolución el juicio de amparo promovido en su contra, ya que por haberse promovido el juicio de amparo el pleito continua sub júdice, y no causa estado, sino hasta que dicho juicio concluye por sentencia definitiva o firme.
3. b) El acto reclamado en el juicio de amparo indirecto que fue materia del recurso de revisión número 85/2004, de veinticinco de marzo de dos mil cuatro, del índice del citado tribunal, consistió en la resolución de segunda instancia dictada en un recurso de apelación por la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, promovido en contra de la interlocutoria pronunciada en los autos de unas diligencias de embargo precautorio; y en cuanto al tema materia de la presente contradicción sostuvo que "si bien es cierto que el artículo 420, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, dispone que causan ejecutoria y constituyen cosa juzgada las sentencias de segunda instancia, no menos lo es, que esto debe entenderse en el sentido de que éstas no admiten ningún recurso ordinario establecido en dicho código, pero sí pueden ser atacadas en vía constitucional, de manera que cuando se promueve el juicio de amparo, como es el caso, no se tiene la certeza y autoridad de la cosa juzgada, sino que dicha resolución se encuentra sub júdice hasta en tanto se resuelva el juicio de garantías, ya que es a partir del momento en que se pronuncia la ejecutoria de amparo, sea de fondo o sobreseimiento, cuando la referida sentencia producirá los efectos de cosa juzgada".
3. c) Por otra parte, lo reclamado en el amparo indirecto que en vía de revisión conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 485/2004, el catorce de diciembre de dos mil cuatro, consistió en la sentencia de segunda instancia dictada al fallar un recurso de apelación por la Octava Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, interpuesto en contra de la resolución interlocutoria en la que se decidió en la etapa de ejecución, sobre la aprobación de la planilla de intereses moratorios, con motivo de un juicio especial hipotecario.
El referido Tribunal Colegiado, en esencia, sostuvo que las sentencias interlocutorias dictadas en segunda instancia que modifican la de primera instancia, causan ejecutoria en términos de la fracción II del artículo 426 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, al tener por efecto que "el facultado" pueda exigir la ejecución de la prestación impuesta al obligado en la citada resolución, ya que la referida sentencia no puede ser impugnada, "ya que de acuerdo con la ley adjetiva que rige el acto sí tiene la calidad total de cosa juzgada, tan es así que procede su ejecución"; y que no era obstáculo para sostener ese criterio la circunstancia de que estuviera en transcurso el término para promover juicio de amparo, o si ya se había promovido, estuviera pendiente de resolución, ya que este medio extraordinario de defensa por sí mismo no le restaba la calidad de cosa juzgada, ni impedía su cumplimiento, puesto que la paralización de la ejecución dependía de la existencia de la suspensión, de manera que solamente la concesión de esa medida cautelar era el obstáculo jurídico que válidamente podía impedir el acatamiento de la resolución materia del juicio de amparo.
No es obstáculo para que exista la contradicción de criterios el que hayan analizado diferentes numerales, pues de su texto se advierte que establecen la misma figura jurídica de la existencia de la cosa juzgada.
Asimismo, tampoco existe impedimento para resolver la presente contradicción de tesis, por la circunstancia de que los criterios en contraposición no constituyan jurisprudencia, porque los artículos 107, fracción XIII, párrafos primero y tercero, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, que establecen el procedimiento para resolverla, no imponen dicho requisito.
Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto, son los siguientes:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Tesis: P./J. 27/2001
"Página: 77
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El vocablo ‘tesis’ que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificación del asunto en donde se sostuvo y, menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria en los términos previstos por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia."
En esas condiciones, al existir la oposición de criterios denunciada, el tema de la presente contradicción de tesis consiste en determinar si las sentencias de segunda instancia causan ejecutoria y, por tanto, tienen la calidad de cosa juzgada, aunque se promueva juicio de amparo en su contra.
SEXTO. Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se establece.
A efecto de determinar si las sentencias de segunda instancia causan ejecutoria y, por tanto, tienen la calidad de cosa juzgada, es conveniente analizar si las resoluciones de segunda instancia causan ejecutoria aun cuando se encuentre pendiente de resolución el juicio de amparo, y si aquéllas tienen o no la calidad de cosa juzgada.
Al respecto, esta Primera Sala estima pertinente llevar a cabo un examen sistemático y teleológico de lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado como cosa juzgada, así como respecto de los preceptos de la legislación que involucraron los tribunales contendientes.
Para este Alto Tribunal la figura jurídica de cosa juzgada representa la verdad legal establecida en una sentencia firme, como se deduce del contenido de la siguiente tesis:
"Quinta Época
"Instancia: Tercera Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: XXXIV
"Página: 1894
"COSA JUZGADA. Conforme al artículo 621 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito, expedido en 1884, la cosa juzgada es la verdad legal, y contra ella no se admite recurso ni prueba de ninguna especie, salvo en los casos expresamente determinados por la ley; de donde se desprende que la prohibición no es absoluta, ya que existe la salvedad expresamente determinada, en la última parte de la disposición citada, y el Código Civil relativo, en su artículo 151, señala uno de esos casos de excepción, pues dice a la letra: ‘la sentencia ejecutoriada hará plena fe contra todos, aunque no hayan litigado; pero si alguno probare que estuvo absolutamente impedido para salir al juicio, se admitirá probar contra ella; mas se tendrá como buena la sentencia anterior y surtirá sus efectos hasta que recaiga otra que la contradiga y cause ejecutoria’. En consecuencia, no puede decirse que en contra de la verdad legal nunca se admitirá prueba en contrario; pues sería darle una extensión mayor de la que realmente le corresponde, un carácter de universalidad que no tiene; pues como antes se ha dicho, del principio de que la sentencia ejecutoriada sea la verdad legal, necesariamente tienen que excluirse algunos casos que expresamente excluye la ley.
"Amparo civil directo 2789/31. González Gamboa Aurelio. 29 de marzo de 1932. Mayoría de tres votos. Ausente: Francisco Díaz Lombardo. Disidente: Ricardo Couto. La publicación no menciona el nombre del ponente."
Sobre los casos en los que existe la cosa juzgada, materia de la presente contradicción de tesis, el artículo 420, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, igual al artículo 426, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, prescriben que hay cosa juzgada cuando la sentencia causa estado o causa ejecutoria; y que causan estado o ejecutoria por ministerio de ley, las sentencias de segunda instancia.
A su vez, el artículo 420 bis de esa legislación de Jalisco, similar al artículo 427 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, establecen que causan estado por declaración judicial, las siguientes sentencias:
"I. Las sentencias consentidas expresamente por las partes o por sus abogados patronos o por sus representantes con poder o cláusula especial;
"II. Las sentencias respecto de las cuales hecha la notificación en forma no se interponga recurso en la forma y término señalado por la ley; y
"III. Las sentencias respecto de las cuales se interpuso recurso, pero no se expresaron agravios en forma y términos legales o que se desistió de él el recurrente, su abogado patrono o su representante con poder o cláusula especial."
Por su parte, el artículo 421 de la propia codificación de Jalisco, no requiere que exista promoción de las partes ni declaración judicial para que las sentencias mencionadas en el artículo 420 bis que antecede, produzcan los efectos de cosa juzgada, sino que basta con las certificaciones de la secretaría en los casos en que el tribunal lo crea conveniente para mayor claridad.
En cambio, en los artículos 428 y 429 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se requiere en ciertos casos que se haga la declaración correspondiente por el Juez, ya sea de oficio o a petición de parte, de que la sentencia ha causado ejecutoria, según se aprecia de su transcripción:
"Artículo 428. En los casos a que se refiere la fracción I del artículo anterior, el Juez de oficio hará la declaración correspondiente.
"En el caso de la fracción II, la declaración se hará de oficio o a petición de parte, previa la certificación correspondiente de la secretaría. Si hubiere deserción o desistimiento del recurso, la declaración la hará el tribunal o el Juez, en su caso."
"Artículo 429. El auto en que se declara que una sentencia ha causado o no ejecutoria, no admite más recurso que el de responsabilidad."
La doctrina ha considerado que la cosa juzgada es la autoridad y la fuerza que la ley atribuye a la sentencia ejecutoriada. Entendemos por autoridad la necesidad jurídica de que lo fallado en las sentencias se considere irrevocable e inmutable, ya en el juicio en que aquéllas se pronuncien o en otro diverso. La fuerza consiste en el poder coactivo que proviene de la cosa juzgada o sea en que debe cumplirse lo que en ella se ordena.
Existen dos clases de cosa juzgada, la formal y la material, la primera consiste en la fuerza y en la autoridad que tiene una sentencia en el juicio en que se pronunció, es decir, es aquella de efectos limitados que produce sus consecuencias entre las partes que intervinieron y en relación con el proceso en que ha sido emitida, pero que no obsta su revisión en otro proceso posterior; la segunda es aquella cuya eficacia trasciende a toda clase de juicios. Además, la primera puede ser destruida mediante los recursos extraordinarios que otorga la ley contra las sentencias ejecutorias; y la segunda ha quedado firme como verdad legal.
Esto es, la cosa juzgada material se configura sólo cuando una sentencia debe considerarse firme, es decir, cuando no puede ser impugnada por los medios ordinarios o extraordinarios de defensa. Sin embargo, existen fallos que no obstante su firmeza no adquieren autoridad de cosa juzgada desde el punto de vista material, ya que pueden ser modificados cuando cambien las situaciones que motivaron la decisión.
Asimismo, una sentencia ejecutoriada es aquella susceptible de ejecutarse, contra la cual no cabe ningún recurso ordinario, no obstante que pueda ser revocada o nulificada por algún medio de defensa extraordinario.
En ese aspecto, de conformidad con el contenido del numeral 426 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en concordancia con el diverso 420 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, hay cosa juzgada desde el punto de vista legal, cuando la sentencia causa ejecutoria, esto es, la sentencia ya no puede ser impugnada por recurso ordinario alguno; sin embargo, ello no significa que no puedan ser atacadas en vía constitucional. Por tanto, las sentencias de segunda instancia tienen la calidad de cosa juzgada.
De la misma manera en los citados ordenamientos se prevé que las sentencias causan ejecutoria por ministerio de ley y declaración judicial; de manera específica, los artículos 426, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y 420, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, prevén: "las sentencias de segunda instancia causan ejecutoria por ministerio de ley".
Por ende, de acuerdo con las legislaciones que se analizan, una sentencia causa ejecutoria cuando ya no puede ser impugnada por recurso ordinario alguno y, en consecuencia, constituye la cosa juzgada, pero tal circunstancia debe entenderse en el sentido de que esas sentencias no admiten ningún recurso o medio de defensa establecido en la legislación ordinaria; no así en relación con un medio extraordinario de defensa como lo es el juicio de amparo, que deriva de lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de Constitución Federal, y que a su vez el numeral 133 de la propia Carta Magna consagra el principio de supremacía constitucional que establece que tanto la Constitución Política de los Estad
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19739-a9ca9bfc/cosa-juzgada-las-sentencias-de-segunda-instancia-emitidas · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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