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Modo: Corpus Pro

ACTA DE IRREGULARIDADES CON MOTIVO DEL RECONOCIMIENTO ADUANERO O SEGUNDO RECONOCIMIENTO. CUANDO SE TRATE DE MERCANCÍA DE DIFÍCIL IDENTIFICACIÓN LA AUTORIDAD LA LEVANTARÁ TAN PRONTO TENGA CONOCIMIENTO DEL DICTAMEN PERICIAL CORRESPONDIENTE (INAPLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 39/2006).

Tipo de asunto: REVISIÓN ADMINISTRATIVA 56/2006. · Registro digital (IUS): 19942
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ADMINISTRADOR LOCAL JURÍDICO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Febrero de 2007, , Pág. 1402.

REVISIÓN FISCAL 56/2006. ADMINISTRADOR LOCAL JURÍDICO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN.

CONSIDERANDO:

QUINTO. El único agravio hecho valer es fundado, acorde a las razones que enseguida se verterán.

A fin de clarificar las razones que sostendrán el sentido de esta ejecutoria se estima conveniente, en primer término, traer a la vista los antecedentes más significativos del caso.

El veintiocho de abril de dos mil cinco, la sociedad actora por conducto de su representante legal ocurrió a instar el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en contra de la resolución administrativa emitida por la Administración Local Jurídica de Reynosa, contenida en el oficio 325-SAT-28-III-3-0239, de veinticuatro de enero de de ese mismo año, por la cual se confirmó la diversa contenida en el oficio 326-SAT-A25-IV-(8). 009966 de veintidós de noviembre de dos mil cuatro, emitida por la Aduana de Reynosa, Tamaulipas, en la que se determinó un crédito fiscal por concepto de impuesto general de importación, derecho de trámite y multas.

El juicio en comento, correspondió en conocimiento a la Primera Sala Regional del Noreste de ese tribunal quien, el uno de diciembre de dos mil cinco, emitió la resolución cuya revisión se insta.

En ésta, se determinó declarar la nulidad de la resolución impugnada, bajo las esenciales consideraciones siguientes:

- Que el artículo 152 de la Ley Aduanera contempla un procedimiento genérico, el cual se seguirá cuando no proceda el embargo de mercancías a que alude el diverso 151 de ese mismo ordenamiento legal y se detecte alguna irregularidad derivada del reconocimiento aduanero, de verificación de mercancías en transporte o de la revisión de documentos.

- Que en tales casos, el legislador únicamente estableció expresamente como formalidad, que las irregularidades detectadas por la autoridad en la práctica de un reconocimiento aduanero, verificación de mercancías en transporte o revisión de documentos, se hagan del conocimiento del particular por escrito o mediante acta circunstanciada, en donde se debe señalar al interesado que cuenta con diez días para ofrecer pruebas y alegatos; sin que este precepto establezca en forma expresa el momento en el cual se debe entregar al gobernado el acta circunstanciada, sin embargo, si se toma en consideración que tanto el escrito como el acta a que alude el numeral en comento, es un acto de molestia, en el cual la autoridad asienta las irregularidades detectadas que inciden en la esfera jurídica del gobernado a quien va dirigido, debe concluirse que tanto el escrito como el acta circunstanciada se deben formular y entregar en el momento mismo en que se levanten y no en fecha posterior.

- Que desprendiéndose de la lectura a la resolución recurrida, la actora presentó el veinte de octubre de dos mil uno el pedimento de importación, procediéndose a efectuar el reconocimiento aduanero respecto de la mercancía amparada, misma que al resultar de difícil identificación se levantó acta de muestreo de mercancía de difícil identificación número 303-02563/2001 de esa misma fecha. El tres de enero de dos mil tres, la Aduana de Reynosa, determinó mediante dictamen arancelario, que la mercancía debió haber sido clasificada en diversa fracción arancelaria, procediendo a levantar el oficio de irregularidades hasta el quince de julio de dos mil cuatro, esto es, dos años y diez meses después de que se practicó el reconocimiento aduanero y un año siete meses de que tuvo conocimiento de que la actora había clasificado incorrectamente la mercancía a importar.

Al respecto, la Sala del conocimiento concluyó que, al constituir el escrito o acta circunstanciada un acto de molestia de tal magnitud y trascendencia, debe ser formulada y entregada en el momento mismo en que se elabora y no en fecha posterior, por lo cual y al ser incuestionable que la autoridad levantó el oficio de irregularidades en fecha distinta a aquella en que se llevó a cabo el reconocimiento aduanero, trasgredió lo dispuesto en los artículos 46 y 152 de la Ley Aduanera.

Una vez destacado lo anterior, conviene rememorar el agravio que esboza la parte recurrente, el cual sustancialmente hace depender de la argumentativa de que la Sala realiza una indebida interpretación y aplicación de los dispositivos legales 43 y 46 y por vicisitud del diverso 152 de la Ley Aduanera, lo cual transgrede el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación.

Lo anterior, refiere la recurrente, al considerar la jurisdicente que si el escrito o acta circunstanciada a que alude el procedimiento regulado en el artículo 152 de la Ley Aduanera es un acto de molestia tutelado por el numeral 16 de nuestra Carta Magna, al igual que el acta de inicio contemplada en el diverso procedimiento del numeral 150 del primer ordenamiento invocado y que debe ser formulada y entregada en el momento mismo en que se levante y no en fecha posterior, tal criterio le resulta apartado a derecho a esa representación fiscal; sosteniendo incluso que la Sala Fiscal transgrede el principio de congruencia establecido en el invocado artículo 237 de la codificación fiscal al omitir analizar concienzudamente las alegaciones que formaron parte de su defensa al contestar la demanda ya que, estima, de haberlo hecho hubiera concluido que en el caso concreto no es jurídicamente posible que la autoridad aduanera levante un acta circunstanciada de hechos y omisiones al momento en que se presenta la mercancía para su despacho aduanero, por la simple razón de que "la mercancía es de difícil identificación."

En este sentido refiere que ello es debido a la naturaleza y características de la mercancía, por lo cual no puede ser identificable a simple vista, de ahí que sea necesario proceder a su muestreo a efecto de que peritos en la materia mediante el análisis químico correspondiente puedan determinar las características y naturaleza de ésta, y así estar en posibilidad de poder determinar su correcta clasificación arancelaria.

Que por tanto, al momento en que se presenta la mercancía para su despacho no es posible que la aduana proceda a levantar el acta circunstanciada de hechos y omisiones, por la simple y sencilla razón de que no tiene elementos para determinar con certeza la existencia de los mismos, ya que estos elementos le son proporcionados en el dictamen que al efecto emite la Administración Central de Laboratorio y Servicios Científicos de la Administración General de Aduanas.

Motivo por el cual, al activarse el mecanismo de selección aleatoria, correspondiéndole a la mercancía reconocimiento aduanero, al ser de difícil identificación, la autoridad sólo se encuentra obligada a levantar un acta de muestreo que cumpla con las formalidades exigidas en los artículos 43 de la Ley Aduanera y 62 y 66 de su reglamento, de lo que se sigue la ilegalidad del fallo que recurre.

En ese orden de ideas, concluye, es imposible que la autoridad se encuentre obligada en el momento en que se realiza la revisión física y documental de las mercancías, a asentar en un acta las irregularidades como lo pretende la Sala Fiscal, toda vez que al momento en que se materializa el despacho aduanero no se tiene la certeza de que exista infracción a la Ley Aduanera, en virtud de ser necesario el dictamen que al efecto rinda la Administración Central de Laboratorio y Servicios Científicos de la Administración General de Aduanas.

Tal como se adelantó, el agravio hecho valer resulta fundado.

Lo anterior toda vez que, en efecto, tratándose del reconocimiento aduanero y en el específico caso de que a fin de determinarse si existen irregularidades en la importación respecto de mercancía de difícil identificación se haga necesario el muestreo de ésta, no es posible el levantamiento del acta correspondiente en el momento en que se presente dicha mercancía pues, para que ello ocurra y ordenado que es el acta de muestreo de ella, será necesario su análisis a fin, precisamente, de que sea determinado si hubo o no tales irregularidades.

Es pertinente anotar, antes de continuar, que sobre el tema general la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 176/2005-SS, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, se pronunció en cuanto a que es vinculativo que el acta de irregularidades con motivo del reconocimiento aduanero o segundo reconocimiento, se levante en el instante mismo en que la autoridad del ramo las detecte y ante quien presente las mercancías en el recinto fiscal; ello, con independencia de que estas últimas no hubieren sido aseguradas mediante su embargo precautorio (como aconteció en la especie), pues sólo así se mantiene incólume la garantía de seguridad jurídica del gobernado interesado, al tiempo, se impide el despliegue de actos arbitrarios; conclusión a que arribó dicha superioridad después de llevar a cabo una interpretación sistemática de lo previsto en los artículos 43, 46 y 152 de la Ley Aduanera.

En la inteligencia de que el fallo recaído al expediente de mérito, dio lugar a la integración de la jurisprudencia 2a./J. 39/2006, visible en la página 175 del Tomo XXIII, abril de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes:

"ACTA DE IRREGULARIDADES CON MOTIVO DEL RECONOCIMIENTO ADUANERO O SEGUNDO RECONOCIMIENTO. DEBE LEVANTARSE AL MOMENTO EN QUE LA AUTORIDAD ADUANERA LAS DETECTE Y ANTE QUIEN PRESENTE LAS MERCANCÍAS EN EL RECINTO FISCAL. El citado reconocimiento tiene como fin que la autoridad aduanera, en uso de sus facultades de comprobación, establezca si lo declarado por el particular y su agente aduanal en el pedimento concuerda fehacientemente con la mercancía objeto de la importación o exportación; determine los impuestos y las cuotas compensatorias correspondientes y, entre otras cuestiones, verifique los permisos a que estén sujetas las mercancías objeto del comercio exterior. Por otra parte, del artículo 43 de la Ley Aduanera se advierte el principio de inmediatez que debe regir en dicha materia tratándose del reconocimiento aduanero cuando no exista embargo de mercancías, pues señala que si el resultado del mecanismo de selección automatizado es afirmativo, entonces se efectuará el reconocimiento aduanero ante quien presente las mercancías en el recinto fiscal. En ese tenor, de la interpretación sistemática de los artículos 43, 46 y 152 de la citada ley, y a efecto de no dejar en estado de inseguridad al interesado ni permitir que la autoridad aduanera arbitrariamente determine el momento de levantar el acta circunstanciada, se concluye que éste debe ser cuando al realizarse el acto material del reconocimiento se advierta alguna irregularidad ante quien presenta las mercancías para su despacho aduanal."

(El énfasis es propio de este tribunal).

Sin embargo, toca destacar que la jurisprudencia en comento no resulta aplicable al caso concreto; aseveración que se obtiene del estudio de la ejecutoria de la cual deriva.

En efecto, la inaplicabilidad en comento sobreviene, pues del invocado estudio de la ejecutoria se colige que la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al abordar el planteamiento objeto de aquel examen, fue puntual en el desarrollo de su determinación en sostener que tal disertación jurídica atendía únicamente en cuanto a los asuntos en que se da el reconocimiento aduanero, en los que no existió embargo precautorio de mercancías, específicamente al supuesto en que la autoridad aduanera detecte irregularidades derivadas de ese reconocimiento (fojas treinta y ocho y cuarenta y siete de la citada ejecutoria).

Es decir, delimitó la litis a aquellos reconocimientos en materia aduanera en los que, al realizar el acto material del reconocimiento la autoridad advierte alguna irregularidad, y al respecto concluyó que es en ese mismo momento en que se debe levantar el acta circunstanciada que da inicio al procedimiento (criterio éste el que la Sala Fiscal implícitamente asume al resolver).

Corrobora lo dicho, la parte última de la ejecutoria de referencia, en la cual al abordar el tema, se expresó que, atendiendo al principio de inmediatez, era de concluirse que el acta circunstanciada debe levantarse en el momento en que se detecten las irregularidades.

En este sentido, la inaplicabilidad de la jurisprudencia en cuestión al caso concreto que ahora nos ocupa deriva de atender a que en éste, al momento del reconocimiento aduanero, no se detectó formalmente alguna irregularidad, sino que, al considerarse por la autoridad que la mercancía presentada para su importación resultaba de difícil identificación, entonces y a efecto de encontrarse en posibilidad legal de determinar si se incurrió en tales irregularidades, es que se levantó un acta de muestreo y se ordenó el dictamen respectivo a fin, precisamente, de establecerlo.

Las anteriores cuestiones denotan la inaplicabilidad al caso de la jurisprudencia en comento, ante la diferencia de las circunstancias que acontecen en relación al reconocimiento aduanero, pues, dependerá de si en el caso concreto exista la necesidad de practicar un muestreo para la identificación de la mercancía objeto del pedimento de importación o, si no siendo necesario éste debido a su fácil identificación, en ese mismo momento sean detectadas las irregularidades pues, en el primer caso, resulta necesario esperar tal dictamen pericial a fin de que la autoridad aduanera se encuentre en posibilidad legal de determinar con apoyo en la práctica de esa pericial sí hubo o no irregularidades, obvio que el dictamen debe emitirse en breve y razonable tiempo para evitar la inseguridad jurídica del obligado causante.

En este orden, conviene atender a los diversos razonamientos de la nombrada Segunda Sala del Alto Tribunal al resolver la contradicción de tesis planteada, expuestos en torno a la obligación de emitir el acta de irregularidades al momento en que se presentan las mercancías y se detectan aquéllas; consistentes en que, el razonar del modo contrario sería dejar en estado de indefensión al interesado, quien al haber sido objeto de un reconocimiento aduanero y haberse detectado irregularidades, no sabría cuándo la autoridad aduanera levantará el acta circunstanciada que dé inicio al procedimiento aduanero, lo que, razonó, significa dejar al arbitrio de la autoridad aduanera la fecha de emisión del acta circunstanciada en la que se manifiesten las irregularidades; concluyéndose entonces que, atendiendo al principio de inmediatez, deberá hacerse constar en el momento en que tenga conocimiento de las irregularidades que se adviertan del dictamen aduanero y ante la presencia de quien presente las mercancías para su despacho.

Criterio éste que se insiste es inaplicable al caso y del cual se hace énfasis pues, finalmente, es al que arribó la Sala Fiscal al resolver, pues refiere que la autoridad levantó el oficio de irregularidades en la fecha en que se llevó a cabo el reconocimiento aduanero; sin que ello sea aplicable pues, en el caso concreto se desprende, tal como lo razonó, que habiéndose ordenado el muestreo a fin de poder determinar las irregularidades, éstas no se detectaron en el momento mismo del reconocimiento aduanero, antes bien, al haberse levantado el citado muestreo se requirió del dictamen, a fin de determinar si hubo o no tales irregularidades.

Una vez puntualizado lo anterior y tal como lo refiere la recurrente, en el específico caso de que derivado del reconocimiento aduanero corresponda levantar muestreo a fin de determinar si hubo o no irregularidades, no es posible, por lógica, levantar el acta de irregularidades en ese preciso momento, pues no han sido detectadas.

Lo que sí debe acontecer cuando, tal como se puntualizó, en el reconocimiento aduanero se detecten en el mismo acto las irregularidades pues, entonces, de no levantarse el acta correspondiente sí origina el acto de molestia a que hace referencia la Sala del conocimiento, no así el solo acto de muestreo que se encuentra dentro de las facultades de comprobación de la autoridad pues, según se verá, el procedimiento en materia aduanera inicia a partir del momento en que son detectadas las irregularidades.

En efecto, con el solo levantamiento del acta de muestreo, no puede deducirse que se haya iniciado el procedimiento administrativo en materia aduanera.

En esta medida, el levantamiento del acta de muestreo, tendente a determinar, mediante un dictamen pericial si existen irregularidades, constituye un acto administrativo atinente a las facultades de comprobación de las autoridades aduaneras que, al no iniciar por sí el procedimiento en materia aduanera, no genera el acto de molestia de trato.

Lo que, como se insiste, no sucede en el específico caso en que, en el acto del reconocimiento aduanero, generado de aquellas facultades de comprobación, se lleve a cabo el levantamiento del acta de irregularidades, pues entonces sí se entenderá que ha dado comienzo el procedimiento administrativo y en que su falta de emisión en la fecha misma de la presentación de las mercancías pueda generar un perjuicio a la esfera jurídica del actor, dada la entonces ya inseguridad jurídica en que se le coloca al haberse detectado ya las irregularidades y no pronunciarse la autoridad aduanera al respecto.

Sin embargo, se reitera, tratándose del mero acto de muestreo y ordenanza de pericial, no puede alegarse la inseguridad jurídica en comento pues, consistiendo el actuar de la autoridad aduanera en facultades de comprobación, legalmente no se ha iniciado un procedimiento administrativo que fije litis o derive, por sí, en un perjuicio en contra del actor, máxime cuando las mercancías han dejado ser ingresadas en ese acto al país.

Al respecto, conviene atender que, en términos generales, el procedimiento administrativo en materia aduanera se encuentra previsto en la Ley Aduanera en los artículos 150 a 153.

En particular, el numeral 152 de la Ley Aduanera, estatuye que cuando no haya embargo precautorio y con motivo del reconocimiento aduanero, del segundo reconocimiento, de la verificación de mercancías en transporte o de la revisión de los documentos presentados durante el despacho aduanero o el ejercicio de las facultades de comprobación, pero que proceda la determinación de contribuciones omitidas, cuotas compensatorias y, en su caso, la imposición de sanciones, las autoridades aduaneras darán a conocer al particular por escrito o en acta circunstanciada que cuenta con diez días para ofrecer pruebas y alegatos y la autoridad aduanera efectuará la determinación en un plazo que no excederá de cuatro meses.

Cabe recordar que el artículo 35 de la ley en comento, establece que el despacho aduanero es el conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de mercancías al territorio nacional y su salida del mismo, que de acuerdo a los diferentes tráficos y regímenes aduaneros establecidos, deben realizar en la aduana las autoridades aduaneras, los consignatarios, destinatarios, propietarios, poseedores o tenedores en las importaciones, en los remitentes, en las exportaciones, así como también a los agentes aduanales.

Es oportuno traer a la vista la definición que respecto al concepto del despacho aduanero, se contiene en el Diccionario Jurídico Mexicano, editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y Editorial Porrúa, México, 2005, págs. 1317-1318).

"I. Es el conjunto de normas jurídicas que regulan los trámites necesarios para efectuar el control aduanero a la entrada o salida de mercancías del territorio nacional y que deben observar las autoridades y administrados.

"En el despacho, se regula desde el primer acto necesario para introducir o sacar mercancías del país, hasta que éstas quedan a la libre disposición del interesado, una vez cumplidas las formalidades del régimen aduanero al que se destinan, de acuerdo a las modalidades del tráfico por el cual se transportan.

"II. Los trámites de despacho se llevan a cabo respetando una serie de formalidades, que pueden variar según el tráfico, la clase de mercancías que se presentan a la aduana para ser despachadas, o el régimen aduanero al que van hacer destinadas.

"...

"Las formalidades y trámites variarán según se trate de regímenes definitivos o temporales, en el primero de los casos se autodeterminan los impuestos, la clasificación arancelaria, los permisos a presentar, etc. y, en el segundo, se requiere que la autoridad autorice la importación o exportación y sea ella quien determine los elementos antes señalados, además en estos regímenes temporales se garantizan los créditos fiscales."

En este orden, se desprende que si el despacho aduanero es el conjunto de actos que se deben realizar en la aduana, entonces éste concluye una vez que salen de la aduana las mercancías, es decir, al momento en que la autoridad considera que se cumplieron las formalidades necesarias para su introducción o extracción del territorio nacional y permite que las mercancías se introduzcan al país o se extraigan de él.

En tal virtud, el invocado procedimiento administrativo en materia aduanera inicia con la notificación del acta correspondiente y debe concluir en un plazo máximo de cuatro meses.

Así, en el asunto que nos ocupa, el procedimiento no inició en el despacho aduanero, toda vez que a la mercancía le correspondió reconocimiento aduanero y siendo de difícil identificación, se procedió al levantamiento de muestras.

Lo anterior deja ver cuándo se iniciaron las facultades de comprobación de la autoridad, mas no implica que en ese momento se hubiera iniciado un procedimiento administrativo en materia aduanera, pues del numeral en cita se desprende que el procedimiento surge al momento en que son detectadas las irregularidades y al importador se le comunican.

Al respecto, debe razonarse que si en el asunto en estudio el procedimiento administrativo en materia aduanera hubiese iniciado en el despacho aduanero, la autoridad administrativa debió, no solamente llevar a cabo un muestreo de mercancía, sino embargar tal mercancía de manera precautoria y estaría obligada, además, a resolver la situación fiscal del importador en un plazo de cuatro meses posteriores al levantamiento del acta.

Sin embargo, en el asunto y toda vez que la mercancía era de difícil identificación, la autoridad sin que se desprenda que se haya trabado embargo precautorio y en ejercicio de sus facultades de comprobación, tomó muestras de ésta y fue hasta que la Administración de la Aduana de Ciudad Reynosa dictaminó la clasificación arancelaria que tuvo noticia de la irregularidad; después procedió en términos del numeral 152 de la Ley Aduanera a levantar el oficio 326-SAT-A25-IV-(8)-07584 de quince de julio de dos mil cuatro, por el que se señalaron las irregularidades detectadas y se le hizo saber del plazo para que se ofrecieran las pruebas y se formularan alegatos.

Debe decirse que no advirtiéndose que la mercancía hubiera sido retenida por la autoridad o que se hubiera iniciado el procedimiento del artículo 151 de la Ley Aduanera, es de concluirse que el despacho aduanero se concluyó el mismo día de la presentación a trámite de las mercancías, es decir, el veinte de octubre de dos mil uno.

Así, según se razonó, en el asunto que nos ocupa, el procedimiento comenzó una vez que se detectaron las irregularidades atribuidas y fueron dadas a conocer con posterioridad al despacho aduanero.

Es pertinente insistir que se está ante un procedimiento iniciado con posterioridad al despacho aduanero, si se advierte que dicho despacho concluye cuando se ponen las mercancías a la libre disposición del interesado y que durante tal trámite únicamente se tomaron muestras a fin de identificar su composición cualitativa o cuantitativa, uso, proceso de obtención, características físicas de la mercancía, y que no fue sino hasta que se emitió el dictamen de laboratorio y que mediante dictamen arancelario la aduana determinó que existía una incorrecta clasificación arancelaria, que la autoridad procedió a emitir un acuerdo en el que se comunicaba la presunción de comisión de hechos y omisiones cometidas al momento de la operación de comercio exterior, otorgando el plazo legal de diez días para el ofrecimiento de las pruebas y rendición de alegatos, lo cual, constituye el citado procedimiento previsto en el artículo 152 del ordenamiento en comento.

Es dable para corroborar lo expuesto el que de la interpretación del mencionado numeral 152 se colige que el procedimiento administrativo en materia aduanera inicia con el levantamiento del acta de irregularidades, pues el plazo de cuatro meses relativo a la caducidad especial contemplada en el artículo de trato, debe empezar a contarse a partir del momento en que se notificó el acta de hechos o irregularidades y no desde que se presentó a despacho la mercancía y se recabaron las muestras correspondientes.

De igual manera debe tomarse en cuenta que a raíz del muestreo practicado se inició un procedimiento diverso y que lo es al que se refiere el artículo 66 del Reglamento de la Ley Aduanera, mismo que concluye con el levantamiento del acta correspondiente, por lo que el procedimiento contenido en el artículo 152 de la ley de la materia, no puede entenderse como iniciado con la toma de muestras, sino con la citada notificación del acta de irregularidades y el otorgamiento del plazo para probar y alegar.

En tal virtud, no habiéndose iniciado el procedimiento aduanero, propiamente dicho, no puede entonces aludirse que se genere la inseguridad jurídica en comento, pues ello quedará circunscrito a que, en su caso, de detectarse irregularidades, se le den a conocer y se inicie propiamente el procedimiento aduanero.

En las relatadas consideraciones, al haber resultado fundado el agravio hecho valer y, por ende, la imposibilidad de estudiarse por este tribunal los motivos de agravio de fondo, lo procedente es imponer la revocación de la sentencia que se revisa, para el efecto de que la Sala del conocimiento deje sin efectos la sentencia que se combate y, en su lugar dicte otra en la que, atendiendo a los lineamientos de esta ejecutoria, dé contestación a los conceptos de anulación que estudió, tomando en cuenta los argumentos de defensa planteados en la contestación de demanda y, a partir del resultado que de ello obtenga, proceda en consecuencia, con libertad de jurisdicción, en su caso, al estudio de los diversos ante ella hechos valer y resuelva conforme a derecho proceda.

No pasa inadvertido el que la Sala Fiscal al resolver cite como precedentes para sustentar su criterio, entre otros, el vertido por este propio Tribunal Colegiado al resolver los amparos directos 262/2005, 223/2005 y la revisión fiscal 62/2005; sin embargo, debe decirse que, si bien en estas ejecutorias se alude al tema del levantamiento del acta de irregularidades, anotándose que ello debe acontecer al momento en que se presenta la mercancía, se alude a cuando éstas son detectadas; lo cual, en el presente caso se desprende que no ocurrió en el momento de la presentación ya que, fue ordenada la toma de muestras para su identificación y posteriormente fueron detectadas las irregularidades.

Por último, es conveniente precisar que este órgano jurisdiccional federal se encuentra impedido desde una perspectiva legal, para sustituir a la Sala del conocimiento en el deber que le asiste de emitir pronunciamiento expreso tocante a los aspectos conforme a los cuales quedó circunscrita la litis natural.

Lo anterior se expresa pues, según se advierte de los autos que conforman el presente recurso de revisión fiscal, en términos del referido numeral 237 del Código Fiscal de la Federación, debe puntualizarse que toca a la potestad común efectuar, en primer lugar, el análisis de todos y cada uno de los tópicos controvertidos en el juicio original, con lo que, sin género de duda, se respeta la auténtica voluntad del legislador de que los Tribunales Colegiados de Circuito no resuelvan de manera directa las inconformidades que se planteen en las demandas de anulación y en los libelos de contestación relativos, sino que se ocupen de ellas después de que ya exista declaración sobre el tema específico.

De suerte que, en tratándose del recurso de revisión fiscal, como el que en la especie se hace valer, es inaplicable lo dispuesto por el artículo 91, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, que refiere:

"Artículo 91. El Tribunal en Pleno, las Salas de la Suprema Corte de Justicia o los Tribunales Colegiados de Circuito, al conocer de los asuntos en revisión, observarán las siguientes reglas:

"I. Examinarán los agravios alegados contra la resolución recurrida y, cuando estimen que son fundados, deberán considerar los conceptos de violación cuyo estudio omitió el juzgador."

Este razonamiento encuentra pleno respaldo en la jurisprudencia 2a./J. 6/91, de la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia de la República, que surgió al resolverse la contradicción de tesis 1/90, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizable en la página 48 del Tomo VIII, noviembre de mil novecientos noventa y uno, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y contenido que refiere:

"REVISIÓN FISCAL. INAPLICABILIDAD DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 91 DE LA LEY DE AMPARO.-El amparo directo y la revisión de que conocen los Tribunales Colegiados de Circuito, en razón de su jurisdicción especial, sólo constituye medios conferidos a los particulares o a las autoridades para ocurrir ante la justicia federal en defensa de sus intereses, en contra de sentencias pronunciadas por los tribunales de lo contencioso administrativo. La simili

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19942-deb483a1/acta-de-irregularidades-con-motivo-del-reconocimiento-aduanero · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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