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Modo: Corpus Pro

CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN MATERIA MERCANTIL. LA INTERRUMPE LA CONSTANCIA EN LA QUE EL SECRETARIO EJECUTOR ASIENTA LAS RAZONES POR LAS QUE NO FUE POSIBLE EMPLAZAR AL DEMANDADO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 491/2006. · Registro digital (IUS): 19944
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: CORPORATIVO PLANIFICADO DE VIVIENDA, S.A. DE C.V.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Febrero de 2007, , Pág. 1629.

AMPARO DIRECTO 491/2006. CORPORATIVO PLANIFICADO DE VIVIENDA, S.A. DE C.V.

CONSIDERANDO:

CUARTO. Los conceptos de violación hechos valer son inoperantes en una parte y sustancialmente fundados en lo demás.

Por cuestión de método se examinarán las inconformidades expuestas por el quejoso en orden diverso al plasmado en la demanda de garantías, estudiándose primero la relativa a la inconstitucionalidad del artículo 1076 del Código de Comercio.

Alega la disidente que el citado numeral permite la caducidad de la instancia aunque no se haya emplazado al demandado, lo que vulnera el principio de impartición de justicia contenido en el artículo 17 constitucional.

Es inoperante el anterior concepto de violación en atención a que sobre el tema la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió la contradicción de tesis 140/2005, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 27/2006 que puede consultarse en la página diecisiete del Tomo XXIV, julio de dos mil seis, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN MATERIA MERCANTIL. EL NUMERAL 1076 DEL CÓDIGO DE COMERCIO QUE AUTORIZA A DECRETARLA AUN CUANDO NO SE HAYA PRACTICADO EL EMPLAZAMIENTO, NO VIOLA EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 22/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, mayo de 2003, página 149, con el rubro: ‘CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN MATERIA MERCANTIL. OPERA DESDE EL PRIMER AUTO QUE SE DICTE EN EL JUICIO AUNQUE NO SE HAYA EMPLAZADO AL DEMANDADO.’, sostuvo que el artículo 1076 del Código de Comercio establece que la caducidad de la instancia opera de pleno derecho una vez que transcurran ciento veinte días de inactividad procesal, desde el primer auto que se dicte en el juicio y hasta la citación para oír sentencia, por lo que dicha figura opera en cualquier momento de éste, sin necesidad de que haya sido emplazado el demandado, pues este requisito sólo es necesario para fijar la litis. En ese orden de ideas y tomando en consideración que la garantía de acceso a la justicia no es un beneficio para el particular, sino un derecho del gobernado para que se le administre justicia dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, con la obligación correlativa de que aquél cumpla con los requisitos exigidos por la ley, de manera que a pesar de que la voluntad de las partes es la que impera en los juicios mercantiles, ésta siempre está supeditada a lo dispuesto por las leyes procesales, se concluye que el indicado artículo 1076 que constituye un reflejo del principio dispositivo consistente en que el ejercicio de la acción, su desarrollo a través del proceso, sus límites y la actividad del Juez, se regulan por la voluntad de las partes contendientes, no viola el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así porque el citado artículo 1076 no impide el acceso a la impartición de justicia, pues no coarta el derecho de la parte actora de acudir a los tribunales para resolver un caso concreto, y si bien corresponde a la autoridad judicial emplazar a la parte demandada a efecto de hacerle saber que se ha instaurado un juicio en su contra, en caso de que dicha notificación no haya ocurrido, la parte actora puede impulsar el procedimiento, solicitando al Juez que ordene el emplazamiento al demandado con el fin de que no opere la caducidad de la instancia, por lo que en el supuesto de que ésta se actualice, únicamente es imputable a la actora, en virtud de que es la interesada en que se resuelva la controversia planteada."

Por tanto, ante la existencia de dicha jurisprudencia, que es de observancia obligatoria para este tribunal, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, es clara la inoperancia de la argumentación en atención a la diversa jurisprudencia 34 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a fojas veintiocho del Tomo VI, Materia Común, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que preceptúa: "AGRAVIOS INOPERANTES. INNECESARIO SU ANÁLISIS CUANDO EXISTE JURISPRUDENCIA. Resulta innecesario realizar las consideraciones que sustenten la inoperancia de los agravios hechos valer, si existe jurisprudencia aplicable, ya que, en todo caso, con la aplicación de dicha tesis se da respuesta en forma integral al tema de fondo planteado."

Cabe aclarar que es inaplicable la tesis sustentada por este colegiado, que la quejosa transcribe, de la voz: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN MATERIA MERCANTIL. EL NUMERAL 1076 DEL CÓDIGO DE COMERCIO QUE AUTORIZA A DECRETARLA ANTES DE PRACTICARSE EL EMPLAZAMIENTO, VIOLA EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.", porque es precisamente la que contendió en la mencionada contradicción 140/2005 y que no prevaleció.

Por otra parte, asiste razón a la disidente en cuanto alega que es incorrecta la determinación del tribunal de alzada, acerca de que el término de la caducidad comenzó a correr a partir del quince de junio de dos mil cinco, cuando surtió efectos la notificación del proveído de diez, efectuada por medio de Boletín Judicial publicado el trece, ambos del propio mes de junio.

A fin de corroborar tal aserto conviene precisar que de las constancias del juicio natural se advierte que la persona moral quejosa, por conducto de sus endosatarios en procuración María Angélica Rodríguez Íñiguez, Roberto Rincón Rodríguez, Jorge Alberto Avelar Soltero y Martha Lucrecia Ortega Larios, demandó a Constructora Paseo del Jardín, Sociedad Anónima de Capital Variable (fojas 1 a 3).

El treinta de mayo del año pasado, el Juez Tercero de lo Mercantil de esta ciudad, admitió la demanda, pidió a los endosatarios en procuración que designaran representante común y ordenó llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento (fojas 4 y 5).

El diez de junio del mencionado año, el Juez de instancia decidió:

"Vista la cuenta que da el secretario de Acuerdos del juzgado, téngase por recibido el escrito de María Angélica Martínez Íñiguez, Martha Lucrecia Ortega Larios, José Alberto Avelar Soltero y Roberto Rincón Rodríguez, quienes comparecen en su carácter reconocido en autos de endosatarios en procuración de la parte actora, presentado el día 6 seis de junio del año en curso. Visto su contenido y como lo piden, se les tiene en tiempo y forma legales dando cumplimiento a la prevención que les fue hecha por auto que antecede, esto es, se les tiene designando como representante común al C. Licenciado Roberto Rincón Rodríguez quien por ello contará con todas y cada una de las facultades y obligaciones que le confiere su encargo, lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar, artículo 1060 del Código de Comercio." (foja 7).

A foja 8 obra una actuación que indica:

"Constancia. Siendo las 17:00 diecisiete horas del día 6 seis del mes de julio del año 2005 dos mil tres (sic) el suscrito secretario de este Juzgado Tercero de lo Mercantil del Primer Partido Judicial con sede en Guadalajara, Jalisco, licenciado Guillermo López Tapia, en compañía del endosatario en procuración de la parte actora el licenciado Roberto Rincón Rodríguez, a efecto de cumplimentar lo ordenado en resolución de fecha 30 treinta del mes de mayo de la presente anualidad nos constituimos física y legalmente en la finca marcada con el número 951 de la Avenida Tepeyac esquina con la calle de los Jardines en el sector Juárez en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, domicilio éste que señala mi acompañante al momento de la presente diligencia y cerciorada de que es el domicilio señalado por la parte actora a efecto de requerir y, en su caso, embargar y emplazar al demandado de nombre Constructora Paseo del Jardín, S.A. de C.V., por quien resulte su representante legal y por así indicarlo el nombre de la calle y el número de la finca, así como el dicho de mi acompañante y un anuncio en su puerta de ingreso con el nombre de Constructora Paseo del Jardín, S.A. de C.V., hago constar que dicho domicilio se encuentra deshabitado y desocupado, esto por así apreciarse por su puerta de ingreso, la cual tiene una cadena con dos candados y un aviso con letras en color rojo que indica ‘Huelga expediente 8370’ por lo que al no poder avanzar más en la presente diligencia, se da por concluida la misma, levantándose la presente acta para constancia sin que firme mi acompañante por no creerlo necesario, firmando el suscrito que legalmente actúa y da fe. Conste. El secretario.". Una rúbrica (foja 8).

En promoción presentada el seis de enero del año en curso, el mencionado Rincón Rodríguez, expresó: "Vista el acta que levanta el C. Oficial notificador en la que se aprecia que la parte actora no se encuentra laborando en su domicilio que señalado (sic) en el escrito inicial de demanda, le solicito se gire atento oficio al Sistema de Atención Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como a la Secretaría de Finanzas del Estado de Jalisco, para que informen a este tribunal del domicilio que tiene registrada la empresa demandada, esto a efecto de acudir a éstos para los entablar (sic) el emplazamiento." (foja 9).

El doce de enero del presente año, el Juez natural decidió:

"... Visto su contenido, se le tiene haciendo las manifestaciones que del mismo se desprenden, y con relación a lo que solicita, en el sentido de que se ordene girar atentos oficios a las dependencias que menciona, para que informen a este tribunal el domicilio que tengan registrado de la demandada Constructora Paseo del Jardín, S.A. de C.V., dígasele que una vez que obre constancia en autos, acerca del domicilio que proporcionaron en su escrito inicial de demanda (finca marcada con el número 2981 de la calle Nebulosa en el Fraccionamiento Jardines del Bosque en esta ciudad), se proveerá sus peticiones como en derecho corresponda, previa petición de parte interesada, artículo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al código de la materia." (foja 10).

El diez de marzo del citado año, el Juez de primer grado decretó la caducidad de la instancia por considerar que de la actuación del seis de julio de dos mil cinco, al dieciséis de enero del presente año, transcurrieron más de ciento veinte días hábiles, sin que durante ese lapso las partes hubieran presentado alguna promoción tendiente a la prosecución del juicio.

De las constancias relacionadas se advierte que el diez de junio del año pasado, el Juez natural tuvo a los referidos endosatarios en procuración dando cumplimiento al requerimiento efectuado para que señalaran representante común, recayendo ese carácter en Roberto Rincón Rodríguez, en tanto que el seis de julio siguiente, el secretario ejecutor, en cumplimiento a lo ordenado en el proveído de treinta de mayo de dos mil cinco, se constituyó en el domicilio señalado por el actor para realizar el emplazamiento a juicio, sin que se pudiera practicar debido a que, según asentó, el lugar se encontraba desocupado.

Consecuentemente, si en virtud del mandamiento de treinta de mayo de la pasada anualidad, el funcionario respectivo trató de llamar a juicio al demandado, es inconcuso que es a partir de esa actuación que debe realizarse el cómputo respectivo para determinar si se actualizó el plazo para la caducidad.

A fin de corroborar tal aserto conviene transcribir parte de la ejecutoria de la que derivó la jurisprudencia que se reprodujo líneas atrás, de la voz: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN MATERIA MERCANTIL. EL NUMERAL 1076 DEL CÓDIGO DE COMERCIO QUE AUTORIZA A DECRETARLA AUN CUANDO NO SE HAYA PRACTICADO EL EMPLAZAMIENTO, NO VIOLA EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.", publicada en la página dieciocho del citado tomo, que dice: "SEXTO ... Como quedó expuesto, el tema de la presente contradicción de tesis se circunscribe a determinar lo relativo a si el artículo 1076 del Código de Comercio es contradictorio del artículo 17 constitucional al permitir que opere la caducidad de la instancia una vez que transcurran ciento veinte días de inactividad procesal contados a partir del primer auto que se dicte en el juicio, aun cuando no haya sido emplazado el demandado en el juicio ... el artículo 1076 del Código de Comercio señala lo siguiente: Artículo 1076. ... Respecto del numeral transcrito, esta Primera Sala ha precisado que la caducidad de la instancia opera una vez que transcurran ciento veinte días de inactividad procesal, desde el primer auto que se dicte en el juicio, por lo que dicha figura opera en cualquier momento de éste, sin necesidad de que necesariamente ya haya sido emplazado el demandado, pues este requisito es necesario para la fijación de la litis, mas no para la iniciación del juicio. De tal forma que la caducidad es una sanción al litigante ante su notorio desinterés, y que, por ende, ocasiona que concluya la instancia ante la inactividad procesal; por lo que si la instancia inicia con la presentación de la demanda, es evidente que tal figura puede operar desde el primer auto que se dicte en la misma, y no a partir de que se emplace al demandado, pues a falta de ésta, de manera alguna obliga al actor de mantener viva la instancia, ya que puede, para impulsar el procedimiento, solicitar al Juez que realice las diligencias necesarias para darle continuidad al mismo, por lo que no es indispensable la promoción plural de las partes, sino sólo la de alguna de ellas, que en el caso sería la del demandante ... En ese orden de ideas, el artículo 1076 del Código de Comercio no es violatorio del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no impedir el acceso a la impartición de justicia, pues no coarta el derecho de la parte actora de acudir a los tribunales para que resuelva su caso concreto, y si bien el emplazamiento por el cual se le hace saber a la parte demandada que se ha instaurado un juicio en su contra está a cargo de la autoridad judicial, en caso de que dicha notificación no haya ocurrido, la parte actora se encuentra en condiciones de impulsar el procedimiento, solicitando al Juez ordene el emplazamiento a dicha demandada con el fin de que no opere la caducidad de la instancia, por lo que en el supuesto de que ésta se actualice, únicamente es imputable a la actora, en virtud de que es la interesada en que se resuelva la controversia planteada. ..."

De lo acabado de transcribir se advierte que el más Alto Tribunal de Justicia de la nación decidió que la caducidad opera si transcurren ciento veinte días de inactividad procesal computados a partir del primer auto que se dicte en el juicio y no desde que se haya emplazado al demandado, ya que éste sólo es necesario para la fijación de la litis, mas no para la iniciación del juicio, precisando que es a cargo del Juez efectuar el emplazamiento, pero cuando no cumpla con ello, el actor deberá pedirle que lo ordene, con la finalidad de evitar la perención; por ende, si el seis de julio del año pasado, el secretario ejecutor se constituyó en el domicilio del demandado para efectuar el llamamiento a juicio, sin que pudiera lograr su objetivo, la constancia que al efecto levantó sí es eficaz para mantener viva la instancia, cuenta habida que se hizo en atención a un mandato ordenado por el Juez (el treinta de mayo del mismo año), que es el encargado de la realización de ese emplazamiento.

Por tanto, es inexacta la argumentación del tribunal ad quem en el sentido de que el término de ciento veinte días y determinar si se surtió la caducidad, empieza a partir del quince de junio del año pasado, sin tomar en cuenta la susodicha acta pues, además, de que no expresó las razones de su decisión, sí es susceptible, como antes se dijo, de tomarse en consideración para ese fin.

Debe precisarse que aun cuando la referida actuación no es una resolución en los términos mencionados en el artículo 1077 del Código de Comercio, ello no es obstáculo para no tomarla en cuenta.

Dicho numeral, en lo que interesa, establece: "Todas las resoluciones sean decretos de trámite, autos provisionales, definitivos o preparatorios y sentencias interlocutorias deben ser claras, precisas y congruentes con las promociones de las partes, resolviendo sobre todo lo que éstas hayan pedido. Cuando el tribunal sea omiso en resolver todas las peticiones planteadas por el promovente de oficio o a simple instancia verbal del interesado, deberá dar nueva cuenta y resolver las cuestiones omitidas dentro del día siguiente. Las sentencias definitivas también deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y las contestaciones y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Cuando estos hubieren sido varios, se hará el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos."

Conforme al precepto transcrito las resoluciones judiciales son: decretos de trámite, autos provisionales, definitivos o preparatorios y sentencias interlocutorias.

El procesalista Eduardo Pallares, en su obra "Diccionario de Derecho Procesal Civil", vigésimo sexta edición, Editorial Porrúa, páginas 713 y 714, opina: "Resoluciones judiciales. Son todas las ‘declaraciones de voluntad producidas por el Juez o el colegio judicial, que tienden a ejercer sobre el proceso una influencia directa o inmediata.’ (Guasp. I, pág. 1005). Se han propuesto diversas clasificaciones de las resoluciones judiciales, sin que ninguna de ellas haya prevalecido sobre las demás con valor científico indiscutible. El código vigente las clasifica de la siguiente manera: ‘Artículo 79. Las resoluciones son: I. Simples determinaciones de trámite y entonces se llamarán decretos; II. Determinaciones que se ejecutan provisionalmente y que se llaman autos provisionales; III. Decisiones que tienen fuerza de definitivas y que impiden o paralizan definitivamente la prosecución del juicio, y se llaman autos definitivos; IV. Resoluciones que preparan el conocimiento y decisión del negocio, ordenando, admitiendo o desechando pruebas, y se llaman autos preparatorios; V. Decisiones que resuelven un incidente promovido antes o después de dictada la sentencia, que son las sentencias interlocutorias; VI. Sentencias definitivas.’. Las resoluciones judiciales forman parte del órgano jurisdiccional sin comprenderlos a todos. Se oponen conceptualmente a los actos de ejecución y a los de administración. Estos últimos se llevan a cabo para que el juzgado o tribunal pueda funcionar debidamente en forma análoga a como lo hace un particular o una empresa. Las resoluciones se caracterizan: a) Por ser actos de jurisdicción; b) Porque mediante ellos el órgano declara su voluntad y ordena y prohíbe algo; c) Por ser actos unilaterales aunque se lleven a cabo por Tribunales Colegiados; d) Porque mediante ellos se tramita el proceso, se resuelve el litigio o se pone fin y suspende el juicio."

Es decir, la finalidad de dichas resoluciones es que el órgano jurisdiccional declare su voluntad, ordene y prohíba algo; tramitar el proceso, resolver el litigio, poner fin y suspender el juicio; siendo que en el caso la constancia en la que el secretario ejecutor asentó las causas por las que no pudo verificarse el emplazamiento, precisamente tiene como objetivo la tramitación del proceso, porque su propósito era lograr el llamamiento del demandado y, de esa forma, conseguir que se contestara la demanda o, en su defecto, que se pidiera que aquél se siguiera en rebeldía del enjuiciado y se continuara por sus etapas procesales correspondientes.

Lo anterior pone en evidencia que la multirreferida constancia sí es acorde con la etapa procesal del juicio, con lo que se da cumplimiento a lo dispuesto en la jurisprudencia 1a./J. 72/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página cuarenta y siete del Tomo XXII, agosto de dos mil cinco, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que preceptúa: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. LAS PROMOCIONES DE LAS PARTES SON APTAS PARA INTERRUMPIR EL PLAZO PARA QUE OPERE, CUANDO SON OPORTUNAS Y ACORDES CON LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE PRESENTAN. La Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación en la tesis jurisprudencial 1a./J. 1/96 de rubro: ‘CADUCIDAD DE LA INSTANCIA SÓLO ES SUSCEPTIBLE DE INTERRUPCIÓN A TRAVÉS DE PROMOCIONES QUE TIENDAN A IMPULSAR EL PROCEDIMIENTO Y NO CON CUALQUIER ESCRITO (LEGISLACIÓN PROCESAL DEL DISTRITO FEDERAL).’, sostuvo que las promociones que pueden impulsar el procedimiento son aquellas que revelan o expresan el deseo o voluntad de las partes de mantener viva la instancia, esto es, aquellas que tuvieran como consecuencia activar el procedimiento y excitar al órgano jurisdiccional a continuar hasta el dictado de la sentencia. Por ello, para que pueda demostrarse el interés de las partes en impulsar o continuar el procedimiento, es necesario que, además de las características mencionadas, la promoción sea coherente con la correspondiente secuela procesal, es decir, que la pretensión contenida en esa promoción sea posible atendiendo al contexto procesal en que se presenta; en consecuencia, las promociones en las que se solicita que se inicie una etapa procesal o se realice un acto procesal, cuando aquélla ya concluyó o éste ya se realizó, no son oportunas ni coherentes con la secuela procesal, porque de acuerdo al principio de preclusión que rige en los procedimientos civiles y mercantiles, no puede reiniciarse o volverse a una etapa procesal que ya quedó cerrada. Por lo anterior, esa clase de promociones no interrumpen el plazo para que opere la caducidad de la instancia pues no demuestran el interés de las partes por continuar con el procedimiento hasta su resolución, sino por el contrario, lo retrasan."

Afirmación que se hace porque, como se estableció, en la jurisprudencia que se reprodujo de la voz: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN MATERIA MERCANTIL. EL NUMERAL 1076 DEL CÓDIGO DE COMERCIO QUE AUTORIZA A DECRETARLA AUN CUANDO NO SE HAYA PRACTICADO EL EMPLAZAMIENTO, NO VIOLA EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.", se dijo que el emplazamiento está a cargo del Juez y que si no se ha practicado la actora puede impulsar el procedimiento, solicitando que se mande realizar esa diligencia, y precisamente esos requerimientos del demandante tendrán como finalidad evitar la consumación de la perención.

Consiguientemente, si en la mencionada diligencia de seis de julio de dos mil cinco, el secretario ejecutor, en cumplimiento a lo ordenado en el auto de admisión de la demanda natural, en compañía del actor trató de emplazar al demandado, es inconcuso que la constancia que al efecto se levantó sí es apta para la interrupción de la aludida figura jurídica, dado que con ello demostró su interés jurídico en llamar al procedimiento a su contraria y continuar con las siguientes etapas procesales.

En este orden debe decirse que en su demanda natural aquél mencionó: "... Pedimos: ... Quinto. La demandada puede ser requerida, embargada y emplazada en su domicilio en la finca marcada con el número 2981 de la calle Nebulosa en el Fraccionamiento Jardines del Bosque de esta ciudad, o en cualquier otro domicilio que se señale en el momento de la diligencia."; al admitir el libelo, el Juez de instancia ordenó que se efectuara la aludida diligencia, aunque sin precisar si el fedatario sólo estaba facultado para presentarse en el domicilio señalado en la demanda o el que se le hiciera saber cuando aquélla se verificara.

Al intentar practicar el emplazamiento, el fedatario se presentó en el domicilio ubicado en la Avenida Tepeyac, número 951, esquina con la calle de los Jardines en el sector Juárez de esta ciudad, que fue el que en ese momento señaló el actor; debiendo decirse que ello no implica que se hubiere constituido en un lugar diferente al en que estaba autorizado porque, como se dijo, en el acuerdo que admitió la demanda no se estableció que tendría que constituirse primeramente en el mencionado por el actor.

Por otra parte, el mencionado procesalista en la obra indicada, expone: "Actuación. Esta palabra tiene en derecho procesal dos sentidos, amplio el uno, restringido el otro. Actuación es la actividad propia del órgano jurisdiccional o sea los actos que ha de llevar a cabo en ejercicio de sus funciones. Actuación es, por tanto, dictar una sentencia, pronunciar un auto, oír a las partes, recibir pruebas, etc. Desde este punto de vista, la actuación se confunde con los diversos actos procesales que realiza el órgano jurisdiccional. Prueba de ello la tenemos en el hecho de que la ley considera entre las actuaciones a las diversas resoluciones judiciales, y previene que para ser válidas las actuaciones deben practicarse en días y horas hábiles. En sentido más restringido y propio, la actuación es la constancia escrita de los actos procesales que se practican y que, en conjunto, forman los expedientes o cuadernos de cada proceso o juicio. Así la entienden también lo jurisconsultos. Guasp dice: ‘¿Qué debemos entender por actuación? A primera vista, como ya se señaló, cabe hacer equivalente esta palabra la de «acto»; en tal caso, el tít. VI comenzaría refiriéndose a los actos procesales; y de ellos trataría genéricamente su acepción primera.’. Pero una simple ojeada a los preceptos de la misma, basta para destruir esta equivalencia: ... y en general, las posiciones que dentro de la acepción primera del tít. VI, hablan de la actuación judicial, se refieren a los actos que tienden a dejar constancia en el proceso. La Enciclopedia Española define la actuación como la acción y efecto de actuar, y dice que en el foro ‘reciben ese nombre cada uno de los actos o diligencias de un procedimiento judicial, autorizados o practicados por quien corresponda’. Agrega ‘que las actuaciones son el conjunto de actos que integran un expediente, pleito o proceso, tales como sentencias, autos, decretos, providencias, etc.’. Manreza y Navarro son de la misma opinión. ‘Por actuación se entiende toda providencia, notificación, diligencia, o auto de cualquier especie, que se consigne en un procedimiento judicial con autorización del secretario o del funcionario a quien la ley confiera esa facultad; y de aquí que se dé el nombre de actuaciones, al conjunto de todas las partes que constituye un procedimiento judicial. Según esta definición que concuerda con su etimología, la actuación judicial abraza toda gestión hecha en un procedimiento con referencia a las personas que intervienen en un juicio ... También son actuaciones judiciales, las providencias, notificaciones, declaraciones, y cuanto se consigna en los autos, y forman el conjunto de las partes de que éstos se componen, incluso los escritos de los litigantes después de presentados y unidos a los autos ... etc.’. No hay que confundir las actuaciones con las diligencias. La actuación es el género, la diligencia es la especie (véase ‘diligencia’). Con mayor frecuencia, la actuación se refiere a la redacción o instrucción del proceso y al resultado material de esa actividad o sea la constancia escrita que se produce con consecuencia de ella." (páginas 68 y 69).

De lo acabado de transcribir se advierte que la susodicha actuación, aunque no sea una resolución judicial, sí es una actuación judicial al formar parte de los autos y ser realizada por el funcionario facultado para ello, quien a su vez actuó en cumplimiento a un mandato ordenado por el juzgador.

En relación a lo anterior debe decirse que la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia que a continuación se copiará, sostuvo que las actuaciones judiciales sí son eficaces para interrumpir la caducidad.

Dicha jurisprudencia es la que con el número 131 puede consultarse en la página ciento siete del Tomo IV, Materia Civil, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que preceptúa: "CADUCIDAD. LA INTERRUMPE EL ACUERDO QUE MANDA HACER SABER A LAS PARTES LA NUEVA INTEGRACIÓN DEL TRIBUNAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Aunque el artículo 29 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, establece que las promociones de las partes que tiendan a impulsar la secuela del procedimiento interrumpen la caducidad, salvo los casos de fuerza mayor o cuando se trate de la ejecución de una sentencia firme, ello no significa que únicamente mediante ese tipo de promociones pueda interrumpirse el término para que opere la perención, pues aunque la palabra ‘todo’ que se utiliza en tal precepto, se refiere a las promociones de las partes que producen ese efecto, también existen actuaciones del órgano jurisdiccional que suspenden o interrumpen el término para que opere la perención, que este artículo no contempla, y entre ellas se encuentra el proveído que manda hacer saber a las partes la nueva integración del tribunal."

En la ejecutoria respectiva, publicada en la página ciento treinta y nueve del Tomo XII, octubre de mil novecientos noventa y tres, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, en lo conducente se dijo: "... El abandono del juicio por las partes es lo que produce la caducidad. La sanción es para las partes. Conviene precisar al respecto, el concepto de partes a fin de estar en condiciones de establecer quiénes son los sujetos de la relación procesal cuya inactividad genera la perención. Ugo Rocco en su obra ‘Derecho Procesal Civil’ (Segunda edición, ‘Porrúa Hnos. y Cía.’, México, D.F. 1944, páginas 142 y siguientes), señala que el derecho procesal objetivo crea dos diversas relaciones jurídicas: una, consiste en el derecho exclusivo del Estado de intervenir entre los particulares y realizar los intereses privados protegidos por el derecho, y e

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19944-0d1fed6b/caducidad-de-la-instancia-en-materia-mercantil-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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