I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO CUANDO LOS ACTOS IMPUGNADOS CARECEN DE DEFINITIVIDAD (ACTOS DENTRO DE LA ETAPA DE SOLICITUD DEL PROCEDIMIENTO DE SUSPENSIÓN Y DESAPARICIÓN DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS, DISTRITO DE MIAHUATLÁN, ESTADO DE OAXACA, SUSTANCIADO BAJO EL EXPEDIENTE NÚMERO CPG/144/2014).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 23/2015. MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS, DISTRITO DE MIAHUATLÁN, ESTADO DE OAXACA. 6 DE ENERO DE 2016. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS EDUARDO MEDINA MORA I., JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. PONENTE: EDUARDO MEDINA MORA I.SECRETARIA: VIANNEY AMEZCUA SALAZAR.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al seis de enero de dos mil dieciséis.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por escrito recibido el diecisiete de abril de dos mil quince, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Pedro Hernández Elorza, en su carácter de Síndico del Municipio de San Nicolás, Distrito de Miahuatlán, Estado de Oaxaca, promovió controversia constitucional, en la que demandó la invalidez de los siguientes actos emitidos por el Poder Legislativo del Estado:
"IV. LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDE, ASÍ COMO, EN SU CASO, EL MEDIO OFICIAL EN QUE SE HUBIEREN PUBLICADO
A) Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que considero violados son los artículos 14, 16 y 115, en virtud de que la Ley Suprema dispone: 'Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine', lo cual también se encuentra establecido en el artículo 45 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, ya que el único órgano de representación popular de manera colegiada es el Cabildo Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de San Nicolás, Miahuatlán, Oaxaca, es decir, el gobierno municipal NO se ejerce por una sola persona, sino por un cuerpo colegiado, representante de la ciudadanía municipal, que se llama Ayuntamiento, conformado como lo establece el artículo 30 de la legislación municipal invocada.
B) El inminente inicio del procedimiento de suspensión y desaparición del Ayuntamiento de San Nicolás, Miahuatlán, Oaxaca, el cual se encuentra en funciones y apegándose a las leyes y a derecho, conforme a la competencia consagrada en la Constitución y que, de ser impulsada por intereses políticos de oposición, pueda llegar a ser decretada, violándose las garantías de legalidad jurídica por la Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, ya que, a la fecha, por no otorgársenos la garantía de audiencia para cualquier determinación que emita el Congreso del Estado, se solicita su declaración de invalidez, por la falta de notificación del inminente procedimiento de suspensión provisional del Ayuntamiento, toda vez que la falta de notificación nos deja en completo estado de indefensión.
C) La violación a la garantía de audiencia que establece la Constitución Federal, debido a que nunca se notificó legalmente ni a mi investidura, ni a alguna otra autoridad integrante del Ayuntamiento respecto de los actos ahora impugnados, de los que nos hemos enterado por rumores y desplegados periodísticos en los que se menciona una supuesta desaparición del Ayuntamiento de San Nicolás, Miahuatlán, Oaxaca; que no existe una notificación legal al Ayuntamiento y, mucho menos, ha sido oído y vencido en juicio previo en el que se hubieran cumplido las formalidades esenciales del procedimiento, como debe ser en un régimen democrático y con plena vigencia del Estado de derecho."
SEGUNDO. Los antecedentes del caso narrados en la demanda son los siguientes:
1. El Ayuntamiento del Municipio de San Nicolás, Distrito de Miahuatlán, Estado de Oaxaca se integra por los concejales que cada tres años son electos en la Asamblea Comunitaria, por sus sistemas normativos internos.
2. En los comicios de veinte de octubre de dos mil trece, la planilla encabezada por Orlando Omar Pérez Soriano fue electa para integrar el Ayuntamiento por el periodo comprendido del primero de enero de dos mil catorce al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis.
3. El primero de enero de dos mil catorce, se llevó a cabo la primera sesión solemne del Ayuntamiento, en la que todos los concejales electos tomaron protesta, con excepción de Crispín Reyes Soriano, quien no se presentó, por lo que se mandó llamar a su suplente, Pedro Hernández Elorza.
4. En sesión extraordinaria de nueve de enero de dos mil catorce, Pedro Hernández Elorza tomó protesta como Síndico del Municipio. Además, se acordó cambiar la sede del Ayuntamiento, con motivo de la ocupación de las oficinas municipales por parte de un grupo de personas inconformes con los resultados electorales.
5. Posteriormente, la Secretaría de Gobierno del Estado de Oaxaca emitió las credenciales de acreditación correspondientes.
6. La prestación de los servicios y la realización de diversas obras públicas se han llevado a cabo con regularidad; sin embargo, las autoridades municipales se han enterado, por medio de rumores y notas periodísticas, que el Congreso Estatal inició, a solicitud de un grupo de personas de corrientes políticas diversas, el procedimiento de suspensión y desaparición del Ayuntamiento.
TERCERO. El único concepto de invalidez que hace valer el actor es, en síntesis, el siguiente:
Los actos impugnados son violatorios de los artículos 14, 16 y 115 de la Constitución Federal, 59 de la Constitución Política y 58, 59, 61, 62, 63, 64 y 65 de la Ley Orgánica Municipal, ambas del Estado de Oaxaca, toda vez que el Congreso Estatal pretende decretar la suspensión y desaparición del Ayuntamiento y/o la suspensión y revocación del mandato de sus integrantes, sin haber notificado al Municipio actor el inicio del procedimiento correspondiente, ni haberle dado oportunidad de rendir pruebas y alegar lo que a su derecho convenga, dejándolo en total estado de indefensión ante la inminente emisión de un acto que afectará su integración, la continuidad en el ejercicio de sus funciones y su autonomía política.
Al respecto, resultan aplicables las tesis números P./J. 71/2003 y P./J. 115/2004, de rubros: "AYUNTAMIENTOS. PARA QUE LA LEGISLATURA LOCAL PUEDA DECLARAR SU DESAPARICIÓN, DEBE CONCEDERLES, OBLIGADAMENTE, DERECHO DE AUDIENCIA Y DEFENSA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN I, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL" y "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ACTO POR EL CUAL LA LEGISLATURA DE UN ESTADO DECLARA LA SUSPENSIÓN O DESAPARICIÓN DE UN AYUNTAMIENTO, SIN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN I, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, TRANSGREDE LA PRERROGATIVA CONCEDIDA A DICHO ENTE MUNICIPAL CONSISTENTE EN SALVAGUARDAR SU INTEGRACIÓN Y CONTINUIDAD EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES DE GOBIERNO".
En este sentido, de existir un acuerdo que apruebe el inicio del procedimiento de suspensión y desaparición del Ayuntamiento, éste sería inconstitucional, al no habérsele notificado y con ello garantizado sus derechos de audiencia y legalidad.
CUARTO. El Municipio actor considera violados en su perjuicio los artículos 14, 16 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
QUINTO. Por acuerdo de veinte de abril de dos mil quince, el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que correspondió el número 23/2015 y, por razón de turno, designó como instructor al Ministro Eduardo Medina Mora I.
En proveído del día siguiente, el Ministro instructor admitió la demanda de controversia constitucional; tuvo como demandado al Poder Legislativo del Estado de Oaxaca, al que ordenó emplazar para que formulara su contestación; y mandó dar vista a la Procuradora General de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
SEXTO. El Poder Legislativo del Estado de Oaxaca, al contestar la demanda, señaló que la presente controversia constitucional es improcedente, porque, previamente a su promoción, mediante escrito de veintitrés de febrero de dos mil quince, el Municipio actor promovió una diversa ante la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en la que demandó al Congreso Estatal por los mismos hechos y actos y formuló idénticos conceptos de invalidez; por lo que debe sobreseerse, al actualizarse la causal establecida en el artículo 19, fracción III, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal.
Asimismo, manifestó que el concepto de invalidez es infundado, pues el Congreso del Estado se encuentra facultado para decretar la suspensión y desaparición de los Ayuntamientos, conforme a los artículos 115, fracción I, párrafo tercero, de la Constitución Federal, 59, fracción IX, de la Constitución Política y 58 a 65 de la Ley Orgánica Municipal, ambas del Estado de Oaxaca, que, de manera acorde y complementaria a los artículos 14 y 16 constitucionales, obligan a que, en el trámite del procedimiento, se garanticen los derechos de legalidad, audiencia y seguridad jurídica.
Finalmente, precisó que, en el procedimiento de desaparición del Ayuntamiento del Municipio actor, las citadas disposiciones fueron observadas por el Congreso Local, pues, una vez recibido el escrito por medio del cual se solicitó su desaparición, se formó el expediente 144, del índice de la Comisión Permanente de Gobernación de dicho órgano legislativo y, posteriormente, el Ayuntamiento fue notificado y emplazado por conducto del Síndico, quien compareció y realizó las manifestaciones que estimó pertinentes.
SÉPTIMO. La Procuradora General de la República no emitió opinión en el presente asunto.
OCTAVO. Substanciado el procedimiento en la controversia constitucional, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en la que, en términos del artículo 34 del mismo ordenamiento legal, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por precluido el derecho de las partes para presentar alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.
NOVENO. En atención a la solicitud formulada por el Ministro Ponente al Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se acordó remitir el expediente a la Segunda Sala de este Alto Tribunal, para su radicación y resolución.
C O N S I D E R A N D O :
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Federal, 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción I y tercero del Acuerdo General 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, dado que no se impugnan normas de carácter general.
SEGUNDO. En primer término, deben precisarse los actos que se tendrán como impugnados en la controversia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional(1) y la tesis P./J. 98/2009, de rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. REGLAS A LAS QUE DEBE ATENDER LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA LA FIJACIÓN DE LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA".(2)
El Municipio actor impugna expresamente los siguientes actos:
"IV. LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDE, ASÍ COMO, EN SU CASO, EL MEDIO OFICIAL EN QUE SE HUBIEREN PUBLICADO
A) Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que considero violados son los artículos 14, 16 y 115, en virtud de que la Ley Suprema dispone: 'Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine', lo cual también se encuentra establecido en el artículo 45 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, ya que el único órgano de representación popular de manera colegiada es el Cabildo Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de San Nicolás, Miahuatlán, Oaxaca, es decir, el gobierno municipal NO se ejerce por una sola persona, sino por un cuerpo colegiado, representante de la ciudadanía municipal, que se llama Ayuntamiento, conformado como lo establece el artículo 30 de la legislación municipal invocada.
B) El inminente inicio del procedimiento de suspensión y desaparición del Ayuntamiento de San Nicolás, Miahuatlán, Oaxaca, el cual se encuentra en funciones y apegándose a las leyes y a derecho, conforme a la competencia consagrada en la Constitución y que, de ser impulsada por intereses políticos de oposición, pueda llegar a ser decretada, violándose las garantías de legalidad jurídica por la Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, ya que, a la fecha, por no otorgársenos la garantía de audiencia para cualquier determinación que emita el Congreso del Estado, se solicita su declaración de invalidez, por la falta de notificación del inminente procedimiento de suspensión provisional del Ayuntamiento, toda vez que la falta de notificación nos deja en completo estado de indefensión.
C) La violación a la garantía de audiencia que establece la Constitución Federal, debido a que nunca se notificó legalmente ni a mi investidura, ni a alguna otra autoridad integrante del Ayuntamiento respecto de los actos ahora impugnados, de los que nos hemos enterado por rumores y desplegados periodísticos en los que se menciona una supuesta desaparición del Ayuntamiento de San Nicolás, Miahuatlán, Oaxaca; que no existe una notificación legal al Ayuntamiento y, mucho menos, ha sido oído y vencido en juicio previo en el que se hubieran cumplido las formalidades esenciales del procedimiento, como debe ser en un régimen democrático y con plena vigencia del Estado de derecho."
Pues bien, el acto identificado con el inciso A) no puede tenerse como impugnado, pues se refiere a los preceptos constitucionales que el actor estima infringidos. Tampoco el acto identificado con el inciso C), dado que constituye el motivo por el que el actor combate el acto identificado con el inciso B) y, en este sentido, se trata más bien de un concepto de invalidez planteado en contra de este último.
Consecuentemente, sólo debe tenerse como impugnado el acto identificado con el inciso B), relacionado con el "inminente" inicio del procedimiento de suspensión y desaparición del Ayuntamiento.
Por otra parte, de la lectura integral de la demanda, se advierte que el Municipio actor también combate la "inminente" suspensión y desaparición del Ayuntamiento.(3)
Al respecto, manifiesta haber tenido conocimiento por rumores y notas periodísticas, resultando necesario, en este sentido, determinar su existencia.
De las constancias que obran en autos,(4) se desprende que:
- El tres de abril de dos mil catorce, diversos ciudadanos y vecinos del Municipio de San Nicolás, Distrito de Miahuatlán, Estado de Oaxaca solicitaron al Congreso Local la suspensión y desaparición del Ayuntamiento.(5)
- El diez de abril de dos mil catorce, el Pleno del Congreso Local, en sesión ordinaria, determinó turnar la solicitud a la Comisión Permanente de Gobernación.(6)
- El once de abril de dos mil catorce, el Oficial Mayor del Congreso del Estado de Oaxaca, por instrucciones de los Secretarios de la Sexagésima Segunda Legislatura, remitió a la Presidenta de la Comisión Permanente de Gobernación la solicitud.(7)
- El dieciocho de septiembre de dos mil catorce, la Comisión emitió un acuerdo mediante el cual radicó el expediente con el número CPG/144/2014 y requirió a los promoventes para que ratificaran su solicitud.(8)
- Los días veinticuatro y veintiséis de septiembre de dos mil catorce, se llevaron a cabo las diligencias de ratificación de la solicitud, remitiéndose las actas respectivas a la Presidenta de la Comisión a través del oficio O.M. 403/2014, de uno de octubre siguiente.(9)
- El quince de enero de dos mil quince, la Comisión emitió un acuerdo mediante el cual tuvo por recibida formalmente la solicitud y ordenó emplazar y correr traslado con el escrito a los integrantes del Ayuntamiento, a través del Síndico Municipal, para que, en un plazo de diez días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera.(10)
- El diez de febrero de dos mil quince, se pretendió notificar al Síndico en las oficinas del Palacio Municipal; sin embargo, según quedó asentado en la razón levantada por personal autorizado de la Comisión Permanente de Gobernación del Congreso del Estado, éste se encontraba abandonado, lo que obligó a preguntar dónde se podía localizar al referido funcionario, indicándole dos personas el lugar de su domicilio.(11) Al no habérsele encontrado en éste, se le dejó citatorio y, dado que no esperó al actuario a la hora señalada, la diligencia se entendió con una persona que se negó a identificarse y a firmar de recibido la cédula de notificación respectiva.(12)
- El dieciséis de febrero de dos mil quince, se notificó a la Regidora de Educación, al Regidor de Salud, al Regidor de Obras y al Regidor de Hacienda, en sus domicilios.(13)
- Los días veinticuatro de febrero y uno de marzo de dos mil quince, el Síndico y los Regidores impugnaron la validez de las notificaciones referidas.(14)
- El cinco de marzo de dos mil quince, la Comisión emitió un acuerdo en el cual advirtió que, en la práctica de las notificaciones, no se habían observado las formalidades legalmente establecidas, por lo que dejó sin efectos tales actuaciones y ordenó que se emplazara de nueva cuenta a los integrantes del Ayuntamiento, únicamente por conducto del Síndico, como representante legal del mismo, en el domicilio al que se trasladó la sede del órgano de gobierno municipal en sesión extraordinaria de Cabildo de nueve de enero de dos mil catorce.(15)
- El diez de marzo de dos mil quince, el Ayuntamiento fue emplazado, por conducto del Síndico Municipal.(16)
- El veinticuatro de marzo de dos mil quince, el Síndico dio contestación al escrito de solicitud de suspensión y desaparición del Ayuntamiento,(17) formulando diversas manifestaciones, objetando las pruebas presentadas por los actores, ofreciendo varias pruebas de su parte(18) y reservándose el derecho de exhibir otras con las que en ese momento no contaba.(19)
- El veintiséis de marzo de dos mil quince, se notificó a la Comisión Permanente de Gobernación del Congreso del Estado que, en la controversia constitucional 1/2015, la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia Estatal otorgó la suspensión provisional al Municipio de San Nicolás, Distrito de Miahuatlán, para que las cosas se mantuvieran en el estado en que se encontraban, con los siguientes efectos específicos: (i) no se impidiera el funcionamiento del Ayuntamiento; (ii) de existir un procedimiento de suspensión y/o desaparición, no se emitiera la resolución correspondiente; y (iii) en su caso, se suspendiera la designación de un Administrador Municipal.(20)
- El nueve de abril de dos mil quince, la Comisión emitió un acuerdo mediante el cual determinó continuar con el procedimiento de desaparición del Ayuntamiento, sin emitir el dictamen con propuesta de suspensión o desaparición, impedir su funcionamiento, ni designar un Administrador Municipal, hasta en tanto no se decidiera sobre la suspensión definitiva en la controversia constitucional 1/2015.(21)
Lo anterior acredita la existencia del inicio del procedimiento, mas no la suspensión y desaparición del Ayuntamiento, por lo que, respecto de estos últimos, debe sobreseerse en la controversia, con fundamento en la fracción III del artículo 20 de la Ley Reglamentaria de la Materia;(22) debiendo ser materia del presente asunto únicamente aquél.
TERCERO. A continuación, procede analizar si la controversia constitucional fue promovida oportunamente.
Al efecto, debe estarse a lo dispuesto por el artículo 21, fracción I, de la Ley Reglamentaria de la Materia,(23) que establece que el plazo para la presentación de la demanda, tratándose de actos, es de treinta días contados a partir del siguiente al en que, conforme a la ley del propio acto, surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.
Como se señaló en el resultando anterior, el Municipio actor fue notificado debidamente del inicio del procedimiento de suspensión y desaparición del Ayuntamiento el diez de marzo de dos mil quince. De conformidad con el artículo 65, incisos B) y F), de la Ley Orgánica Municipal, en relación con el 119 del Código de Procedimientos Civiles, ambos del Estado de Oaxaca,(24) la notificación debe hacerse de manera personal y surte efectos al día siguiente en que se haya realizado, en el caso, el once de marzo de dos mil quince.
Por tanto, el plazo para promover la demanda transcurrió del doce de marzo al veintiocho de abril de ese año; descontándose del cómputo los días catorce, quince, dieciséis, veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de marzo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, once, doce, dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de abril, por ser inhábiles, conforme a los artículos 2º y 3º de la Ley Reglamentaria, 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el punto primero, incisos a), b), c) -en relación con el artículo 74, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo- y n) -en relación con el acuerdo adoptado por el Tribunal Pleno en sesión privada de veintitrés de marzo de dos mil catorce-, del Acuerdo General Número 18/2013.
De esta forma, al haberse recibido la demanda de controversia constitucional en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el diecisiete de abril de dos mil quince, debe concluirse que fue presentada oportunamente.
CUARTO. Enseguida se abordará el estudio de la legitimación de quien promovió la controversia constitucional.
Conforme a los artículos 10, fracción I y 11, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de la Materia,(25) el actor deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que lo rigen, estén facultados para representarlo y, en todo caso, se presumirá que quien comparece a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.
En el presente asunto, suscribe la demanda, en representación del Municipio de San Nicolás, Distrito de Miahuatlán, Estado de Oaxaca, Pedro Hernández Elorza, en su carácter de Síndico de dicho Municipio, lo que acredita con la copia certificada de la constancia de mayoría de la elección por sistemas normativos internos, expedida el veintisiete de diciembre de dos mil trece por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, en la que se declara concejal suplente;(26) el acta de la sesión extraordinaria de Cabildo de nueve de enero de dos mil catorce, en la que se le toma protesta, ante la falta de comparecencia del concejal propietario;(27) y el nombramiento como Síndico, expedido el mismo día por el Presidente Municipal.(28)
De acuerdo con el artículo 71, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca,(29) corresponde a los Síndicos la representación jurídica del Municipio que, conforme al artículo 105, fracción I, de la Constitución Federal, es uno de los entes legitimados para promover la controversia constitucional.
En este sentido, debe reconocerse la legitimación del Municipio actor, así como de quien comparece en su representación, para instar la presente vía.
QUINTO. Acto continuo, se procede al análisis de la legitimación de la autoridad demandada, al ser un presupuesto necesario para la procedencia de la acción, en tanto dicha parte es la obligada por ley para satisfacer la pretensión del actor, en caso de que ésta resulte fundada.
Conforme a los artículos 10, fracción II(30) y 11, párrafo primero -antes citado-, de la Ley Reglamentaria, serán demandados en las controversias constitucionales, las entidades, poderes u órganos que hubiesen emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto impugnado, los cuales deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.
El Poder Legislativo del Estado de Oaxaca compareció a juicio por conducto de Félix Antonio Serrano Toledo, Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Estatal, lo que acredita con la copia certificada del acta de sesión de trece de noviembre de dos mil catorce, de la que se desprende que fue designado para ocupar dicho cargo.(31)
De acuerdo con el artículo 40 Bis, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Oaxaca,(32) el Presidente de la Junta de Coordinación Política cuenta con la representación legal del Congreso, al que se atribuye el acto materia de la controversia, relativo al inicio del procedimiento de suspensión y desaparición del Ayuntamiento del Municipio actor.
De esta forma, debe reconocerse la legitimación pasiva del Poder Legislativo del Estado de Oaxaca, así como de quien comparece en su representación.
SEXTO. Ahora procede analizar las causas de improcedencia o motivos de sobreseimiento que hace valer el Poder demandado, o bien, que esta Sala advierta de oficio.
El Poder Legislativo del Estado de Oaxaca manifiesta que, en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción III del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal,(33) al existir identidad de partes, actos y conceptos de invalidez con la controversia constitucional 1/2015, del índice de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca.(34)
Resulta infundada la causal de improcedencia alegada, pues, aunque los escritos por los que se promueven la presente controversia y la controversia constitucional ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado son idénticos, se trata de medios de control con objetos diferentes, ya que, mientras, en la primera, se resuelve sobre la posible invasión a la esfera de competencia de alguno de los entes señalados en el artículo 105, fracción I, de la Constitución Federal, en la segunda, se dirimen, en el orden jurídico estatal, los conflictos suscitados con motivo de actos de autoridad que transgreden lo establecido en la Constitución Estatal.(35)
De este modo, aun cuando existiera identidad de partes y de actos y se hubieran planteado los mismos conceptos de invalidez en una y otra, la materia de análisis es distinta y, por lo mismo, no puede actualizarse la causal de improcedencia relativa a la litispendencia, que presupone la existencia de una diversa controversia constitucional de carácter federal, pendiente de resolver, cuya finalidad es evitar el dictado de sentencias contradictorias.
No obstante lo anterior, esta Segunda Sala advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción VI del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de la Materia,(36) ante la falta de definitividad del único acto que se tiene como impugnado, como a continuación se demuestra:
La Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, en el Título Tercero, Capítulo V, denominado "De la Suspensión y Desaparición del Ayuntamiento, Suspensión o Revocación de sus Miembros", establece, en lo que interesa, las causas graves de desaparición de Ayuntamientos,(37) la posibilidad de decretar la suspensión provisional de los mismos(38) y el procedimiento relativo.(39)
De los preceptos relativos, se advierte que el procedimiento de desaparición de Ayuntamientos inicia con la solicitud formulada por el titular del Ejecutivo del Estado, los legisladores locales, los integrantes del Ayuntamiento respectivo o los ciudadanos vecinos del Municipio ante la Oficialía Mayor del Congreso del Estado, que dará cuenta al Pleno o, en su caso, a la Diputación Permanente, para que se turne a la Comisión Permanente de Gobernación, la cual estará a cargo de la instrucción del caso: determinará si la solicitud satisface los requisitos de ley; citará a los denunciantes para ratificarla; ordenará notificar personalmente, correr traslado y emplazar al o los integrantes del Ayuntamiento para que presenten su contestación; fijará día y hora para una audiencia de pruebas; concederá a las partes un plazo para rendir por escrito sus alegatos; elaborará un dictamen que, en caso de proponer la desaparición del Ayuntamiento, deberá ser aprobado por las dos terceras partes de los diputados que integran el Congreso y publicado en el Periódico Oficial Local. Asimismo, se podrá decretar la suspensión provisional del Ayuntamiento y acordar el nombramiento de un encargado del Municipio, con la votación calificada señalada y previa garantía de audiencia, hasta en tanto no se emita la resolución definitiva.
En el caso, como se advierte de los antecedentes relatados en el considerando segundo de esta resolución, el procedimiento de suspensión y desaparición del Ayuntamiento del Municipio actor aún no concluye, puesto que la Comisión Permanente de Gobernación del Congreso Estatal no ha emitido los dictámenes respectivos -en los que puede o no proponer su suspensión y/o desaparición- y, por ende, éstos no se han sometido a consideración del Pleno, aprobado por una mayoría calificada de sus integrantes, ni publicado en el Periódico Oficial.
Será, en todo caso, cuando se emitan los decretos que declaren la suspensión y/o desaparición del Ayuntamiento por el Congreso Local, que el Municipio actor estará en posibilidad de impugnar el procedimiento respectivo, pues dicho acto reviste carácte
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200072-2ae260ca/i-controversia-constitucional-sobreseimiento-cuando-los-actos-impugnados · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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