I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SU MANIFIESTA E INDUDABLE IMPROCEDENCIA PARA COMBATIR RESOLUCIONES DE UN TRIBUNAL ADMINISTRATIVO EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DE AMPARO (TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS).
RECURSO DE RECLAMACIÓN 24/2015-CA, DERIVADO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 50/2015. MUNICIPIO DE CUERNAVACA, ESTADO DE MORELOS. 2 DE DICIEMBRE DE 2015. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al dos de diciembre de dos mil quince.
V I S T O S para resolver los autos del recurso de reclamación 24/2015-CA interpuesto por el Municipio de Cuernavaca, Estado de Morelos, en contra del auto de cuatro de septiembre de dos mil quince, dictado por el Ministro Instructor en la controversia constitucional 50/2015,(1) por el cual se desechó de plano, por notoriamente improcedente, la demanda de controversia constitucional promovida por el citado municipio; y
RESULTANDO:
PRIMERO. Demanda. Por oficio presentado el uno de septiembre de dos mil quince, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ********** y **********, en su carácter de Síndico Municipal y Secretaria de Asuntos Jurídicos del Municipio de Cuernavaca, Estado de Morelos, promovieron controversia constitucional en contra del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial de dicha entidad, de quien reclaman:
"El acto cuya invalidez se demande (sic): Los constituyen:
a). La sentencia definitiva de fecha diecinueve de mayo de dos mil quince, dictada por el Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de Morelos, dentro de los autos del Juicio de nulidad con número de expediente TCA/2aS/18/2014.
b). La resolución recaída a la solicitud de aclaración de sentencia de fecha treinta de junio de dos mil quince, dictada por el Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de Morelos, dentro de los autos del juicio de nulidad con número de expediente TCA/2aS/18/2014.
...".
SEGUNDO. Turno. Por acuerdo de tres de septiembre de dos mil quince, el Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó que se formara y registrara el expediente relativo a la controversia constitucional 50/2015; y que se turnara el expediente al Ministro Eduardo Medina Mora, para que fungiera como instructor del procedimiento.
TERCERO. Desechamiento de la controversia constitucional. Mediante proveído de cuatro de septiembre de dos mil quince, el Ministro instructor desechó de plano por notoriamente improcedente la demanda de controversia constitucional.
CUARTO. Interposición del recurso de reclamación. Inconforme con esa determinación, mediante escrito presentado el catorce de septiembre de dos mil quince, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, **********, en su carácter de delegado de la parte actora, interpuso el presente recurso de reclamación.
QUINTO. Admisión del recurso. Por auto de diecisiete de septiembre de dos mil quince, el Presidente de este Alto Tribunal ordenó formar y registrar el expediente relativo, el cual quedó radicado bajo el número 24/2015-CA; tuvo por presentado el recurso al promovente con la personalidad que ostentó y por interpuesto el recurso; ordenó correr traslado a la Procuradora General de la República para que dentro del plazo de cinco días hábiles manifestara lo que a su representación conviniera; y lo turnó al señor Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo para su estudio.
SEXTO. Certificación. Por certificación correspondiente al veintidós de septiembre de dos mil quince, el Secretario de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de la Subsecretaría General de Acuerdos de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, hizo constar que el término concedido a la Procuradora General de la República transcurrió del veintitrés al veintinueve de septiembre de dos mil quince.
SÉPTIMO. Opinión de la Procuradora General de la República. Se abstuvo de formular opinión.
OCTAVO. Radicación en la Primera Sala. Por auto de uno de octubre de dos mil quince, el Presidente de este Alto Tribunal ordenó se enviara el referido expediente para su radicación y resolución a la Primera Sala de este Alto Tribunal, a la que se encuentra adscrito el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien fue designado como ponente en el presente asunto.
NOVENO. Avocamiento de la Primera Sala. De esta forma, el Ministro Presidente de la Primera Sala, mediante acuerdo de veintidós de octubre de dos mil quince, se AVOCÓ al conocimiento del recurso de reclamación interpuesto y además, determinó enviar los autos al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, para la elaboración del proyecto de resolución.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer del presente recurso de reclamación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 53 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10, fracción I, y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Punto Segundo, fracción I, a contrario sensu, y Tercero del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, toda vez que en el caso se ubica en los supuestos en los que el Tribunal Pleno ha delegado el conocimiento de asuntos de su competencia originaria en favor de las Salas de este Alto Tribunal.
SEGUNDO. Procedencia del recurso. El presente recurso de reclamación es procedente conforme a lo dispuesto en la fracción I del artículo 51 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues se interpuso en contra del auto por el que el Ministro Instructor desechó por notoriamente improcedente la demanda presentada en vía de controversia constitucional.
TERCERO. Oportunidad. El recurso de reclamación se presentó dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 52 de la Ley Reglamentaria de la materia.
Lo anterior, ya que el acuerdo recurrido se notificó a la parte recurrente el nueve de septiembre de dos mil quince y, por ende, surtió sus efectos el diez siguiente, por lo cual, el plazo de cinco días hábiles transcurrió del once al dieciocho de septiembre del año en cita, pues deben descontarse los días doce, trece y dieciséis de septiembre por ser inhábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Por tanto, si el presente recurso fue presentado el catorce de septiembre de dos mil quince, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, es evidente que fue presentado dentro del plazo legal que la ley otorga para tal efecto.
CUARTO. Legitimación. El recurso se interpuso por parte legítima, al ser suscrito por **********, en su carácter de delegado de la parte actora, a quien mediante auto de diecisiete de septiembre de dos mil quince, dictado por el Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se le tuvo por presentado con la personalidad que ostenta; asimismo se le tuvo por reconocida su personalidad al recurrente en el acuerdo impugnado. En ese sentido, es de concluirse que quien promueve el presente recurso cuenta con la legitimación necesaria para interponerlo.
QUINTO. Acuerdo recurrido. El auto impugnado de cuatro de septiembre de dos mil quince, textualmente establece:
"México, Distrito Federal, a cuatro de septiembre de dos mil quince.
Visto el escrito y anexos de ********** y **********, en su carácter de Síndico y Secretaria de Asuntos Jurídicos del Municipio de Cuernavaca, Morelos, mediante los cuales promueven controversia constitucional en contra del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial de dicha entidad, es de proveerse lo siguiente:
Se tiene por presentado únicamente al primero de los promoventes, con la personalidad que ostenta, en representación del Municipio de Cuernavaca, en términos de lo dispuesto por el artículo 45, fracción II,(2) de la Ley Orgánica Municipal de Morelos y de la documental exhibida para tal efecto.
En consecuencia, se tienen por designados delegados y domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, así como autorizados para tales efectos, de conformidad con los artículos 4, párrafo tercero,(3) 5(4) y 11, párrafos primero y segundo,(5) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 305(6) del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del artículo 1(7) de la citada ley.
No obstante lo anterior, se arriba a la conclusión de que procede desechar la controversia constitucional promovida, conforme a las consideraciones que se desarrollan a continuación:
De acuerdo con lo establecido en el artículo 25(8) de la Ley Reglamentaria de la Materia, el Ministro instructor en una controversia constitucional puede válidamente desecharla de plano si advierte la existencia de una causa manifiesta e indudable de improcedencia y, en el caso, se actualiza la causal prevista en el artículo 19, fracción VIII,(9) de la citada normativa reglamentaria, en relación con la fracción I del Artículo 105(10) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del primero de los preceptos que anteceden, se advierte que la improcedencia de la controversia constitucional puede resultar de alguna disposición de la Ley Reglamentaria de la Materia, lo cual implica considerar no sólo las que específicamente prevé tal ordenamiento, sino incluso las que puedan derivar del conjunto de normas que rigen el sistema de control constitucional del que forman parte, toda vez que, en términos del artículo 1 de la propia Ley, la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá y resolverá las controversias constitucionales a que se refiere la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece las bases de procedencia de este medio de control constitucional; siendo aplicable, a este respecto, la tesis aislada P. LXIX/2004, cuyo rubro es el siguiente:
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA QUE SE ACTUALICE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA, NO ES INDISPENSABLE QUE EXISTA Y SE VINCULE CON UNA DISPOSICIÓN EXPRESA Y ESPECÍFICA AL RESPECTO EN ESE ORDENAMIENTO JURÍDICO."(11)
Pues bien, a efecto de demostrar lo anterior, conviene destacar que, mediante escrito de veintidós de enero de dos mil catorce, un particular promovió demanda de nulidad en contra del Presidente, la Secretaria de Asuntos Jurídicos y la Contralora Municipal de Cuernavaca, Morelos, impugnando:
"La resolución de catorce de noviembre de dos mil trece, dictada en el procedimiento administrativo PA/RP/1/2012, que determina la indemnización por el daño patrimonial ocasionado al inmueble de mi propiedad [...]".
Derivado de lo anterior, por auto de veintisiete de enero de dos mil catorce, la Sala instructora admitió a trámite la demanda con el número TCA/2ªS/18/2014 y, seguidos los trámites de ley, el Pleno dictó sentencia el diecisiete de junio de dos mil catorce.
Inconforme con dicha resolución, la parte actora promovió juicio de amparo, del que conoció el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, en el expediente número 549/2014, el cual fue resuelto el veintidós de enero de dos mil quince, otorgando el amparo solicitado para los siguientes efectos:
"[...] se ordena al Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Morelos, deje insubsistente la resolución definitiva emitida el diecisiete de junio de dos mil catorce, dentro del expediente TCA/2aS/18/2014 y, en su lugar, con plenitud de jurisdicción, emita otra en la que resuelva la litis planteada, de conformidad con lo alegado por las partes [...]".
En cumplimiento a lo anterior, mediante resolución de diecisiete de febrero de dos mil quince, el referido Tribunal de lo Contencioso declaró la nulidad del acto impugnado, para el efecto de que la autoridad demandada valorara todas las pruebas que obraban en el procedimiento administrativo de origen.
No obstante, por auto de veinticuatro de abril de dos mil quince, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito declaró:
"[...] no cumplida la ejecutoria de amparo, porque en ésta se determinó que la autoridad responsable, con plenitud de jurisdicción, resolviera la litis planteada, de conformidad con lo alegado por las partes, determinando la naturaleza de los avalúos exhibidos por la parte actora y que determinó como dictámenes, así como la pericial ofrecida por la autoridad demandada y si éstas fueron debidamente valoradas en la resolución impugnada y, de ser así, cómo debía resolverse respecto de dichas probanzas [...]".
En consecuencia, el diecinueve de mayo de dos mil quince, el Pleno del Tribunal de lo Contencioso emitió una nueva resolución, en los términos siguientes:
"CUARTO.- Se decreta la nulidad de la determinación contenida en la resolución de catorce de noviembre de dos mil trece, por parte del SECRETARIO DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, dentro del procedimiento administrativo PA/RP/1/2012, en la cual se fija el monto de la indemnización cuantificada a favor de [...], por el daño patrimonial ocasionado al inmueble de su propiedad, con base en el valor catastral, por el importe de [...].
SEXTO.- Se condena al SECRETARIO DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, a pagar [...], por concepto de indemnización por el daño patrimonial que le fue causado en el inmueble de su propiedad, ubicado en [...].
SÉPTIMO.- Se concede a la autoridad demandada, SECRETARIO DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, un plazo de noventa días naturales para que dé cumplimiento voluntario a lo ordenado en el presente fallo, una vez que cause ejecutoria la presente resolución; apercibido que, de no hacerlo así, deberá realizar el pago del interés legal establecido en el Código Fiscal del Estado de Morelos, previsto por la mora en la devolución de créditos fiscales no debidos y se procederá a la ejecución forzosa en términos de lo dispuesto por los artículos 124 y 125 de la ley de la materia. [...]".
Posteriormente, el Municipio de Cuernavaca, Morelos, en su carácter de autoridad demandada en el juicio de nulidad, promovió aclaración de sentencia, la cual fue resuelta el treinta de junio de dos mil quince.
Ahora bien, de la simple lectura del escrito y anexos relativos, se advierte que el promovente impugna las resoluciones de diecinueve de mayo y treinta de junio de dos mil quince, dictadas por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial de Morelos, en los autos del juicio de nulidad TCA/2ªS/18/2014, mediante las cuales determina procedente la indemnización por el daño patrimonial reclamado al Municipio actor por un particular, con motivo de una actividad irregular, otorgando a la Secretaría de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento un plazo de noventa días naturales para su cumplimiento voluntario, apercibida que, de no hacerlo, deberá realizar el pago del intereses legales y se procederá a la ejecución forzosa.
Al respecto, este Alto Tribunal ha establecido que la controversia constitucional no es la vía idónea para impugnar resoluciones jurisdiccionales dictadas por tribunales judiciales o administrativos, incluso, en los casos en que se aduzcan violaciones a preceptos de la Constitución Federal, porque, al dirimir conflictos que han sido sometidos a su conocimiento, dichos tribunales resuelven una contienda entre partes en la que, por regla general, no se cuestiona la competencia del órgano para conocer del asunto y, por tanto, reconocer la procedencia de esta vía para plantear la invalidez de un acto de esta naturaleza, implicaría hacer de este medio de control constitucional un recurso o ulterior medio de defensa para someter a revisión la misma cuestión litigiosa debatida en el procedimiento natural.
Lo anterior se corrobora con la jurisprudencia que se cita a continuación:
"CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. NO SON LA VÍA IDÓNEA PARA COMBATIR RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, AUN CUANDO SE ALEGUEN CUESTIONES CONSTITUCIONALES. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 98/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, septiembre de 1999, página 703, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CONTROL DE LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL A CARGO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, AUTORIZA EL EXAMEN DE TODO TIPO DE VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.", estableció que si el control constitucional busca dar unidad y cohesión a los órdenes jurídicos, en las relaciones de las entidades u órganos de poder que las conforman, tal situación justifica que una vez que se ha consagrado un medio de control para dirimir conflictos entre dichos entes, debe analizarse todo tipo de violaciones a la Constitución Federal, sin importar sus características formales o su relación mediata o inmediata con la Norma Fundamental. Sin embargo, dicha amplitud para ejercitar la acción de controversia constitucional, no puede llegar al extremo de considerarla como la vía idónea para controvertir los fundamentos y motivos de una sentencia emitida por un tribunal judicial o administrativo, incluso cuando se aleguen cuestiones constitucionales, porque dichos tribunales al dirimir conflictos que han sido sometidos a su conocimiento, ejercen facultades de control jurisdiccional, razón por la cual por este medio no puede plantearse la invalidez de una resolución dictada en un juicio, pues ello lo haría un recurso o ulterior medio de defensa para someter a revisión la misma cuestión litigiosa debatida en el procedimiento natural, además de que en éste no se dirimen conflictos entre los órganos, poderes o entes a que se refieren los artículos 105, fracción I, de la Constitución Federal y 10 de la ley reglamentaria de la materia, sino que tiene como objeto salvaguardar los intereses de los gobernados."(12)
El anterior criterio constituye una regla general de improcedencia de la controversia constitucional tratándose de resoluciones jurisdiccionales, inclusive, respecto de sus actos de ejecución, la cual admite excepciones sólo en caso de que la cuestión efectivamente planteada se refiera a la vulneración del ámbito competencial o esfera de atribuciones de un ente legitimado, en términos del artículo 105, fracción I, constitucional.
Esto, de conformidad con la tesis de jurisprudencia de rubro:
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DE MANERA EXCEPCIONAL AÚN CUANDO EL ACTO IMPUGNADO SEA UNA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL EN ESTRICTO SENTIDO, SI LA CUESTIÓN A EXAMINAR ATAÑE A LA PRESUNTA INVASIÓN DE LA ESFERA COMPETENCIAL DE UN ÓRGANO ORIGINARIO DEL ESTADO. El objeto principal de la controversia constitucional es tutelar el ámbito de atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos confiere a los órganos originarios del Estado; de ahí que por regla general no es la vía idónea para controvertir los fundamentos y motivos de una sentencia emitida por un tribunal judicial o administrativo; sin embargo, si dichas atribuciones llegasen a rebasar los principios rectores previstos en la Constitución, las posibles transgresiones estarán sujetas a dicho medio de control constitucional. En efecto, de manera excepcional procede la controversia constitucional intentada aun cuando el acto impugnado sea una resolución jurisdiccional en estricto sentido, si la cuestión a examinar atañe a la presunta invasión de la esfera competencial de un órgano originario del Estado, en aras de preservar su ámbito de facultades, pues de lo contrario se llegaría al extremo de que, por ser resoluciones jurisdiccionales, no podrían analizarse en esta vía cuestiones en las que algún tribunal se arrogue facultades que no le competen, llegando al absurdo de que los poderes constituidos carecieran de medios de defensa para impugnar los actos que consideraran violatorios del ámbito competencial que les confiere la Norma Fundamental."(13)
Sin embargo, el anterior precedente no resulta aplicable al caso concreto, pues la pretensión del Municipio de Cuernavaca, Morelos, por la naturaleza de los planteamientos expuestos en la demanda, no se refiere a una litis constitucional que tenga por objeto dirimir un conflicto competencial entre entes legitimados en términos del artículo 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Se afirma esto, pues la demanda ahora intentada cuestiona la obligación que le fue impuesta al Secretario de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento, argumentando que se violan las bases generales de la administración pública municipal previstas por el artículo 115, fracción II, inciso a), de la Constitución Federal, pues:
1. Las resoluciones combatidas debieron establecer los lineamientos por los cuales la autoridad municipal debía resolver el procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial.
2. La Secretaría de Asuntos Jurídicos Municipal no cuenta con facultades para realizar el pago por concepto de indemnización por responsabilidad patrimonial, sino corresponde al Tesorero Municipal programar el pago correspondiente.
En este orden de ideas, resulta indudable que los actos cuya invalidez se demanda constituyen resoluciones jurisdiccionales a través de las cuales el Tribunal de lo Contencioso Administrativo resuelve una demanda de nulidad contra actos de la administración pública municipal; de ahí que no se actualice un conflicto entre órganos, poderes o entes, a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Federal, respecto del cual deba decidirse si se afecta o no la competencia y atribuciones del Municipio actor.
Aunado a lo anterior, los argumentos formulados por el promovente evidencian que combate las resoluciones por su propio contenido, esto es, en razón de sus efectos o alcances y no por violación a su esfera de competencia y atribuciones, dado que lo cuestionado es la obligación impuesta con motivo de una actividad administrativa irregular, lo cual guarda relación con las consideraciones de fondo de las resoluciones dictadas por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo Local.
Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial de rubro y texto siguiente:
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA IMPUGNACIÓN DE LAS CONSIDERACIONES DE FONDO DE LAS RESOLUCIONES DE LOS TRIBUNALES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, POR SU PROPIO CONTENIDO, EN RAZÓN DE SUS EFECTOS Y ALCANCES, CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA QUE CONLLEVA AL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia P./J. 16/2008, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DE MANERA EXCEPCIONAL AUN CUANDO EL ACTO IMPUGNADO SEA UNA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL EN ESTRICTO SENTIDO, SI LA CUESTIÓN A EXAMINAR ATAÑE A LA PRESUNTA INVASIÓN DE LA ESFERA COMPETENCIAL DE UN ÓRGANO ORIGINARIO DEL ESTADO."; en la inteligencia de que la excepción a que se refiere dicho criterio no se actualiza cuando de la demanda de controversia constitucional se advierta, sin duda alguna, que no se está ante un conflicto competencial entre órganos, poderes o entes, sino que lo efectivamente impugnado son las consideraciones de fondo de la resolución de un Tribunal de lo Contencioso Administrativo, toda vez que la controversia constitucional no es un recurso por medio del cual pueda someterse a revisión la misma cuestión litigiosa debatida en un procedimiento natural; por ende, en este caso se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que conlleva al desechamiento de plano de la demanda, en términos del artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".(14)
Así las cosas, es inconcuso que, en la especie, el actor combate resoluciones jurisdiccionales que no son susceptibles de impugnación a través de una controversia constitucional y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista por los artículos 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de la Materia, en relación con el 105, fracción I, de la Constitución Federal.
Por tanto, con apoyo en las disposiciones legales y las tesis de jurisprudencia citadas, se
ACUERDA
PRIMERO. Se desecha de plano la controversia constitucional promovida por el Municipio de Cuernavaca, Morelos.
SEGUNDO. Sin perjuicio de lo anterior, se tiene al promovente designando delegados y domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, así como autorizados para tales efectos.
Notifíquese. Por lista y mediante oficio al promovente en el domicilio indicado en su escrito.
(...)"
SEXTO. Agravios. En su único agravio, en síntesis aduce lo siguiente:
" Que le acusa agravio el acuerdo impugnado, porque contrariamente a lo señalado por el Ministro Instructor en dicho acuerdo, en la controversia planteada por el municipio de Cuernavaca, Morelos, sí tiene por objeto dirimir un conflicto competencial entre entes legitimados en términos del artículo 105, fracción I, de la Constitución Federal, pues el referido precepto no debe interpretarse en un sentido literal o limitativo ni que establezca un listado taxativo de los entes, poderes u órganos legitimados para promover controversias constitucionales, sino en armonía con las normas que disponen el sistema federal y el principio de división de poderes, con la finalidad de que no queden marginados otros supuestos; de ahí que, la aplicación del referido precepto constitucional debe favorecer hipótesis de procedencia que, aunque no estén previstas expresamente en su texto, sean acordes con la finalidad manifiesta de ese medio de control constitucional, que es precisamente salvaguardar las esferas de competencia de los órganos y poderes cuya existencia prevé la Constitución Federal; en este sentido cuando un Municipio se siente agraviado en su esfera de competencia, dicho municipio se encuentra legitimado para interponer la controversia constitucional respectiva, ya que la finalidad de dicha figura jurídica como medio de control constitucional, es precisamente salvaguardar las esferas de competencia de los entes cuya existencia prevé el referido medio de control constitucional.
" Agrega que al aplicar el Ministro instructor de manera literal el artículo 105, fracción I, de la Constitución Federal, contraviene el criterio sostenido por este Alto Tribunal, en el sentido de que dicho numeral no debe interpretarse de manera litera o limitativo ni que establezca un listado taxativo de los entes legitimados para promover controversia constitucional. Al respecto citó la jurisprudencia P./J. 21/2007, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE PREVÉ LOS ENTES, PODERES U ÓRGANOS LEGITIMADOS PARA PROMOVERLA, NO ES LIMITATIVA".
" Que en el escrito inicial de demanda, en su primer concepto de violación se aborda el tema preferente a la invasión de competencia realizada por el Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de Morelos, en perjuicio del Municipio de Cuernavaca, Morelos, esto al resolver un Procedimiento Administrativo de Reparación Patrimonial, cuyo conocimiento es único y exclusivo del Municipio de Cuernavaca, Morelos, tal como lo mandata el artículo 125 de la Ley de Responsabilidades Patrimoniales del Estado de Morelos; que en ese contexto la controversia va dirigida a dirimir una invasión de competencias, esto en virtud de que, si bien es cierto que el acto que da origen a la controversia es una resolución jurisdiccional, también lo es que, al referirse dicho acto a una posible invasión de la esfera competencial del Municipio de Cuernavaca, Morelos, es inconcuso que es procedente, al encuadrar perfectamente en la excepción a la regla general. Al respecto, citó la jurisprudencia P./J. 16/2008, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DE MANERA EXCEPCIONAL AUN CUANDO EL ACTO IMPUGNADO SEA UNA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL EN ESTRICTO SENTIDO, SI LA CUESTIÓN A EXAMINAR ATAÑE A LA PRESUNTA INVASIÓN DE LA ESFERA COMPETENCIAL DE UN ÓRGANO ORIGINARIO DEL ESTADO".
SÉPTIMO. Estudio de fondo. Acto continuo procede analizar los agravios planteados por el recurrente, para lo cual, al ser tendentes a demostrar la procedencia de la demanda que en vía de controversia constitucional desechó el Ministro instructor, debe atenderse primeramente a lo dispuesto por el artículo 25, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional,(15) que dispone que el Ministro instructor examinará ante todo el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano.
De dicho numeral se advierte que el Ministro instructor podrá desechar la demanda de controversia constitucional por improcedente, siempre y cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; lo que además se reafirma en la tesis de jurisprudencia P./J.9/98 del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE".(16)
Debiéndose entender por manifiesto lo que se advierte en forma clara y patente de la lectura de la demanda y sus anexos, así como de los escritos aclaratorios; y, por indudable, que se tiene la certeza y plena seguridad de que la causa de improce
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200088-dddf5b39/i-controversia-constitucional-su-manifiesta-e-indudable-improcedencia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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