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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEL MUNICIPIO ACTOR, AL IMPUGNAR UN ACTO POR ESTIMARLO VIOLATORIO DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS QUE HABITAN EN EL TERRITORIO DE ÉSTE CUANDO NO GUARDA RELACIÓN CON SU ESFERA CONSTITUCIONAL DE ATRIBUCIONES (ACUERDO GENERAL 33/2015 DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE OAXACA, RELATIVO A LA REDISTRITACIÓN JUDICIAL).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 17/2016. · Registro digital (IUS): 200146
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA, DISTRITO DE VILLA ALTA, OAXACA.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 17/2016. MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA, DISTRITO DE VILLA ALTA, OAXACA. 15 DE FEBRERO DE 2017. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIO: EDUARDO ARANDA MARTÍNEZ.

Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del día quince de febrero de dos mil diecisiete.

VISTOS; y

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito depositado el veinticinco de enero de dos mil dieciséis, en la Oficina del Servicio Postal Mexicano, PEDRO ESTANISLAO PÉREZ, en su carácter de Síndico Municipal del Ayuntamiento de San Ildefonso Villa Alta, Oaxaca, promovió controversia constitucional en la que señaló como autoridades demandadas y actos impugnados los siguientes:(1)

AUTORIDADES DEMANDADAS.

a) Al Poder Judicial;

b) A la Fiscalía General; y

c) Al Gobernador; todos integrantes del Estado de Oaxaca.

ACTOS RECLAMADOS

Del Poder Judicial por conducto del Consejo de la Judicatura:

La invalidez del Acuerdo General número 33/2015, emitido por dicha instancia el 19 de noviembre de 2015, mediante el cual, "...se ordena la redistritación e implementación de los Juzgados de Control y Tribunal de enjuiciamiento en las regiones de la Sierra Norte y Sierra Sur del Estado de Oaxaca y modifica la competencia del Juzgado de Garantías del Distrito Judicial de Tehuantepec y Tribunal de Juicio Oral de la región del Istmo", misma(sic) que fue publicada en el Periódico Oficial del Estado el veinticinco de noviembre de dos mil quince; y

Todos los actos con los que se pretende dar cabal cumplimiento al referido Acuerdo General número 33/2015 del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

Del Gobernador

La orden de publicar el aludido Acuerdo Genera número 33/2015, aprobado por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca.

SEGUNDO.- En la demanda se expusieron como antecedentes los siguientes:

i. El promovente señala que el Municipio que representa se encuentra integrado en su totalidad por población que se autoidentifica o se autoadscribe como indígena zapoteca de la Sierra Norte.

ii. En ese sentido, manifiesta que las comunidades y municipios que hasta el mes de noviembre de dos mil quince, integraban el Distrito Judicial de Villa Alta, conformaron una identidad micro regional, estableciendo relaciones de amistad, convivencia y apoyo mutuo para mantener la paz, la tranquilidad y la justicia de los munícipes, en las que el Municipio actor destinó importantes recursos para la construcción e instalaciones del Juzgado Mixto de Primera Instancia, del Ministerio Público y de la Defensoría de oficio, brindando apoyo en hospedaje, alimentación y ayuda diversa a los vecinos de otros municipios que acudían a estas instancias.

iii. Desconociendo lo anterior, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, el diecinueve de noviembre de dos mil quince, emitió un acuerdo mediante el cual se ordenó la redistritación e implementación de los Juzgados de Control y Tribunal de enjuiciamiento en las regiones de la Sierra Norte y Sierra Sur de la entidad, afectándose con ello la conformación e identidad territorial a que se ha hecho referencia, asimismo, dificultando aún más el acceso a la jurisdicción estatal.

iv. Se precisa que dicho acuerdo se realizó tomando en cuenta únicamente criterios de comunicación y orografía, dejando de lado los criterios de identidad étnico-cultural que hiciera posible o por lo menos generara las condiciones para la recomposición del pueblo zapoteca. En ese sentido, se afirma que estos elementos fueron valorados desde la perspectiva de las autoridades del Estado y no desde la perspectiva de la ciudadanía, pues el referido acuerdo buscó el lugar más comunicado y de más fácil acceso para el funcionario del Estado, sin tomar en cuenta la facilidad del acceso al justiciable.

v. Se afirma que en ningún momento se llevó a cabo una consulta a las comunidades, municipios y pueblos indígenas afectados, en los términos establecidos por el artículo 6 del Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo, así como 19 y 32 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.

vi. Además, se expuso que el acuerdo impugnado tampoco generó las condiciones para que se tomara en cuenta la especificidad cultural que caracteriza a dichas comunidades y pueblos, pues la mayoría de éstos se rigen por sus sistemas normativos con base en los cuales eligen a sus autoridades, resuelven sus conflictos internos, procuran e imparten justicia. Por lo que esta forma de organización debió ser tomada en consideración conforme al artículo 2° de la Constitución Federal.

TERCERO. Artículos constitucionales violados y conceptos de invalidez. El Municipio actor estimó vulnerado los artículos 1°, 2°, 14, 16 y 115 de la Constitución Federal en relación con los artículos 1, 4, 5 y 16 del Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo y 5 y 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.

CUARTO. Conceptos de Invalidez. El Municipio actor hizo valer en su demanda, los siguientes conceptos de invalidez.

Primero. Afirma que de conformidad con los artículos 16 del Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo y 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, estas comunidades tienen derecho: i) a ser consultados por el Estado antes de adoptar cualquier medida legislativa susceptible de afectarles; y ii) a que se adopten medidas para que los pueblos indígenas puedan participar en la toma de decisiones a todos los niveles, asimismo para que se establezcan todos los medios para el pleno desarrollo de sus instituciones. Esto es lo que se conoce como el derecho de consulta, el cual se encuentra estrechamente vinculado con el derecho a la participación y a la identidad cultural.

En función de ello, se alega que la determinación del Consejo de la Judicatura del Estado constituye una medida administrativa relacionada con la redistritación judicial que afecta a las comunidades en su proceso de construcción de identidad microregional que ha venido a suplir la ausencia de normas que permitan mantener una conformación como pueblo mixe. De igual manera, genera una afectación a los ciudadanos que integran nuestras comunidades y municipios, puesto que cada uno de ellos, tendrá que sortear dificultades y absorber mayores gastos para acudir a que se les procure o imparta justicia, por lo que dicha autoridad debió haber llevado a cabo un proceso de consulta y consentimiento libre, previo e informado, siguiendo los más altos estándares internacionales antes de adoptar dicha determinación, lo cual en la especie no sucedió.

Lo anterior implicó una violación a los artículos 1° y 133 de la Constitución Federal, 1, 4 y 5 del Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo y 5 de la Declaración de las Naciones Unidas, ya que se deja de atender disposiciones internacionales que tutelan los derechos humanos de los pueblos indígenas, puesto que la medida administrativa impugnada, no respeta ni mucho menos propicia que se mantengan y fortalezcan las instituciones jurídicas, políticas, culturales y sociales, mucho menos permite a las comunidades y pueblos el ejercicio del derecho de libre determinación y autonomía, sino que se les da un trato de mero objeto de decisión.

Segundo. Alega de manera toral la violación al derecho de acceso a la jurisdicción de los pobladores del municipio, al constreñírseles a solicitar administración de justicia fuera del territorio que les pertenece, para acudir a un territorio que les es ajeno, alejándolos de la justicia, sin que además se tomen en cuenta sus usos y costumbres o sistemas normativos.

Explica el promovente que por más de ciento cincuenta años los funcionarios judiciales han acudido hasta la cabecera distrital de San Ildefonso Villa Alta, ahí comparten y conviven con la gente, conocen sus costumbres, formas de ser y cosmovisión, por lo que, cuando una persona acude a ellos a solicitar solución a controversias de orden penal, no resulta difícil entenderlos o allegarse de pruebas. Además, se indica que los pueblos indígenas han establecido lazos de amistad, así como relaciones sociales que hicieron menos costosos los procesos judiciales, de suerte que con la entrada en vigor del acuerdo combatido, se tiene que recurrir a un lugar extraño en donde deberán realizar erogaciones económicas para cumplir sus citas o diligencias, alejando a la población de la administración de la justicia penal, sin haber cumplido con el imperativo de la consulta previa.

Señala que esto ha generado la inconformidad generalizada de los ciudadanos en virtud de que con el acto reclamado se encarece la administración de justicia pues muchos de los pueblos representados se encuentran a más de cien kilómetros de la cabecera distrital, de forma que con la redistritación ésta se alejará al doble de distancia, lo que propiciará que muchos de los delitos que se cometan en esta demarcación indígena queden impunes.

Se afirma que la fundamentación expuesta por la autoridad con relación al reparto competencial es insuficiente, pues se motiva en la poca carga de trabajo que reportó el Juzgado Mixto de Primera Instancia de San Ildefonso Villa Alta, Oaxaca, sin embargo ello no es responsabilidad de los ciudadanos, pues la integración de los procesos penales compete a la Procuraduría General de Justicia, de suerte que su inactividad genera una afectación a la comunidad frente a la administración de justicia, causando daños irreparables en cuanto a sus tradiciones y formas de pedir y solicitar justicia dentro de su demarcación territorial.

Finalmente se solicita que se supla la deficiencia de la queja en favor del Municipio actor.

QUINTO. Trámite de la controversia. Por acuerdo de cuatro de febrero de dos mil dieciséis, el Ministro Presidente de este Alto Tribunal ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, asignándole el número 16/2016, turnándolo a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández como instructora del procedimiento.(2)

SEXTO. Admisión. Por auto de ocho de febrero de dos mil dieciséis, la Ministra instructora admitió a trámite la presente controversia y tuvo como autoridades demandadas únicamente a los poderes Ejecutivo y Judicial, así como a la Fiscalía General, todos del Estado de Oaxaca, emplazándolas para que produjeran su contestación, no así al Consejo de la Judicatura del Estado, toda vez que se trata de un órgano subordinado al Poder Judicial. Finalmente, no tuvo como terceros interesados a los Municipios de Oaxaca referidos por el promovente, en la medida en la que no se advirtió que pudieran resultar afectados por la sentencia que en su caso llegare a dictarse.(3)

SÉPTIMO. Contestación del Poder Ejecutivo. Por escrito presentado el diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, ante la Oficina Postal, el Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, por conducto del Consejero Jurídico, dio contestación a la demanda promovida en su contra, manifestando en síntesis lo siguiente:(4)

Con relación al acto que se le atribuye, es decir, la publicación en el Periódico Oficial del Acuerdo General 33/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Oaxaca, señala que tal actuación fue realizada en cumplimiento a las obligaciones que le impone el artículo 80 de la Constitución y 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ambos ordenamientos de dicha entidad, en la medida en que tal publicación fue necesaria para que el Poder Judicial pudiera cumplir con sus obligaciones, por lo que su actuación se realizó en estricto cumplimiento del mandato constitucional de auxiliar al Poder Judicial, lo cual en ningún momento significó un acto unilateral del cual pueda derivarse actos violatorios a los derechos del Municipio actor.

OCTAVO. Contestación del Poder Judicial. Por escrito presentado el siete de marzo de dos mil dieciséis, el Poder Judicial del Estado de Oaxaca, por conducto del Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, dio contestación a la demanda promovida en su contra en la cual señaló:

Causas de improcedencia. Establece que el promovente de la presente controversia constitucional carece de personalidad para promoverla, toda vez que no acredita con documental fehaciente su carácter de Síndico Municipal, ya que si bien es cierto exhibe copia certificada de la credencial expedida por la Secretaría General de Gobierno del Estado, tal documental no es suficiente para acreditar la representación que ostenta ya que no acompañó copia certificada del acta de asamblea municipal de San Ildefonso Villa Alta, Oaxaca, en la que conste su designación como Síndico Municipal.

Además, sostiene que carece de interés legítimo como representante del Ayuntamiento para reclamar una violación al artículo 2° de la Constitución Federal, porque las controversias constitucionales no fueron instituidas para defender los derechos de los pueblos o comunidades indígenas que se encuentran geográficamente dentro de su circunscripción territorial, y si bien es verdad esta regla no cobra aplicación cuando la parte actora demuestre que su ayuntamiento fue electo y legalmente reconocido mediante el sistema de usos y costumbres y alegue que los actos reclamados presuntamente atenten contra ese modo de designación, lo cierto es que el Acuerdo General 33/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, de ninguna forma transgrede alguno de los derechos previstos en el artículo 2° de la Constitución General en tanto no alteró o modificó en modo alguno la forma de elegir a sus autoridades, ni mucho menos las facultades conferidas por el 115 constitucional, por tanto al no violar o invadir la esfera jurídica del municipio de San Ildefonso Villa Alta, Oaxaca, el actor carece de interés legítimo.

Hechos. Se niega que el Acuerdo General 33/2015 que se reclama en la presente controversia, prevea la desaparición del Distrito Judicial de Villa Alta, puesto que la redistritación únicamente se hizo con motivo de la implementación del Sistema Acusatorio Adversarial en Materia Penal en las regiones de la Sierra Norte y Sur del Estado de Oaxaca, sin que ello implique afectación alguna a la identidad étnica del municipio actor, pues el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Villa Alta seguirá conociendo de los asuntos en materia civil, mercantil y familiar, así como de los asuntos penales iniciados en el sistema tradicional.

Manifiesta que contrario a lo que afirmó el accionante, el Consejo de la Judicatura del Estado realizó un estudio exhaustivo de las condiciones de ubicación geográfica, población, vías de comunicación, accesos, factores etnográficos y carga laboral, determinándose que era factible la redistritación, sin que con ello se hubiere denigrado y discriminado los derechos humanos de las personas que integran el municipio de San Ildefonso Villa Alta, Oaxaca, sino por el contrario, con dicho acuerdo se busca un acceso a la impartición de justicia pronta y expedita, tomando en cuenta las vías terrestres de comunicación más accesibles.

Precisa que el acuerdo impugnado deriva de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, que estableció el nuevo sistema de justicia penal, además de que es facultad del Poder Judicial del Estado la determinación del territorio competencia de las salas y juzgados, sin afectar las categorías y denominaciones políticas de los mismos, como lo dispone el artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.

En consecuencia se afirma que no fue necesario consultar a los municipios, pues el Acuerdo no atenta en contra de los criterios de identidad étnica, pues no modifican, ni mucho menos se altera la herencia cultural, relaciones sociales y los símbolos culturales que tiene el Municipio de San Ildefonso Villa Alta, Oaxaca.

Niega que el Acuerdo de mérito ordene la desaparición del Distrito Judicial de Villa Alta, Oaxaca, como incorrectamente alega el actor, en tanto que el Juzgado Mixto de Primera Instancia de dicho Distrito, aún tiene competencia para conocer de asuntos en materia civil, mercantil y familiar y seguirá conociendo de los asuntos en materia penal que se hayan tramitado en el sistema tradicional o inquisitivo. En ese sentido, se advierte que el accionante confunde el Distrito Electoral con el Distrito Judicial, este último determinado por una división de trabajo judicial, independiente de la división geográfica con fines electorales.

Se precisa además que el Acuerdo no prevé la desaparición del Municipio promovente, en tanto que esa no es facultad del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, la cual es exclusiva del Congreso local. Igualmente, se afirma que dicho acto no contraviene las disposiciones normativas de dicha comunidad, no afecta los usos y costumbres de la misma para elegir a las autoridades del Municipio y mucho menos resolver conflictos de su competencia.

Consideraciones. Con relación a los planteamientos jurídicos en los cuales el Municipio sostiene la invalidez del Acuerdo General impugnado, establece que el Consejo de la Judicatura lo emitió en ejercicio de la facultad que le otorga el artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, para determinar el territorio competencial de las Salas y Juzgados.

De suerte que dicha redistritación, fue realizada en el marco de la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales en las regiones de la Sierra Norte y Sur del Estado, para lo cual se tomaron en cuenta diferentes factores, tales como ubicación geográfica, población, vías de comunicación y acceso, medios de transporte con los que se cuenta en la región, características culturales, incidencia delictiva, carga de trabajo, entre otros criterios, lo cual demuestra con la exposición de los factores en específico que fueron evaluados para la emisión del Acuerdo impugnado.

Con base en ellos se llegó a la conclusión de que no resultaba necesario instalar un Juzgado de Control en el Distrito Judicial de Villa Alta ni en el Distrito Mixe, ordenándose que en el Municipio de Ixtlán de Juárez, se instalara la sede definitiva del Tribunal de Enjuiciamiento y del Juzgado de Control, ambos con competencia para conocer de los asuntos penales que se generen a partir del inicio de la vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales en la región.

En función de ello se determinó que en principio la competencia del Tribunal de Enjuiciamiento y del Juzgado de Control de la Sierra Norte quedaría integrada abarcando los Municipios del Distrito de Ixtlán, del Distrito de Zacatepec Mixe y del Distrito de Villa Alta, al cual pertenece el Municipio actor.

Sin embargo, en el artículo tercero transitorio del Acuerdo reclamado se precisó que con relación a algunos de los Municipios integrantes del Distrito de Villa Alta, entre ellos el Municipio actor, éstos se incorporarían al ámbito de competencia del Distrito Judicial de Tlacolula de Morelos, una vez en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales en dicho Distrito.

En razón de lo anterior se concluye que el Acuerdo impugnado no vulnera los artículos 1°, 2°, 115 de la Constitución General, ni la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo para los pueblos indígenas y tribales, en virtud de que no se violentan los derechos humanos de los municipios que fueron integrados al Distrito Judicial de Tehuantepec, Miahuatlán, Ixtlán de Juárez y Tlacolula, en tanto que ellos son libres de elegir sus autoridades y su forma de resolver sus conflictos.

NOVENO. Contestación de la Fiscalía General. Como primer aspecto alega que se actualiza la falta de legitimación procesal en virtud de que el promovente no demuestra que está facultado para representar al Municipio, ello porque no anexó el nombramiento del cargo con el que se ostenta.

Además, afirma que el promovente no precisa los actos y las normas que impugna de dicha autoridad demandada, en tanto únicamente realiza una manifestación genérica que lo deja en un estado de indefensión.

Sostiene que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VII, de la Ley Reglamentaria de la materia, toda vez que la actora no precisa cuándo le fue notificado el acto que reclama, lo anterior a efecto de poder determinar el plazo para interponer la demanda.

Además, señala que el actor carece de legitimación para promover la presente controversia en virtud de que no existe el acto que reclama de la Fiscalía, pues ella no emitió el Acuerdo General 33/2015.

DÉCIMO. Audiencia. Substanciado el procedimiento en este asunto, el diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en la que, en términos del artículo 34 del mismo ordenamiento legal, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas ofrecidas y los alegatos formulados, por lo que se puso el expediente en estado de resolución.(5)

Cabe señalar que por acuerdo de uno de junio del presente año, se tuvo a la Fiscalía General y a los poderes Judicial y Ejecutivo del Estado, actuando por medio de sus representantes, ratificando las pruebas ofrecidas y formulando alegatos, precisando que aún y cuando la audiencia de pruebas y alegatos ya había tenido verificativo, lo cierto es que las autoridades demandadas depositaron el escrito correspondiente con anterioridad a su celebración.(6)

DÉCIMO. Radicación en Sala. Atendiendo a la solicitud formulada por la Ministra instructora, por acuerdo de siete de octubre de dos mil dieciséis, el Presidente de este Alto Tribunal ordenó la remisión del presente expediente a la Primera Sala para su radicación y resolución.(7)

DÉCIMO PRIMERO. Avocamiento. Finalmente, por acuerdo de dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, esta Primera Sala se avocó al conocimiento del presente asunto y ordenó su devolución a esta ponencia para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.(8)

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción I y tercero del Acuerdo General número 5/2013 del Tribunal Pleno, en virtud de que el Municipio de San Ildefonso Villa Alta, Oaxaca, impugna el Acuerdo General 33/2015 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura de dicha entidad, en la cual por el sentido de la resolución, no se considera necesaria la intervención del Tribunal en Pleno.

SEGUNDO.- Existencia de los actos impugnados. El municipio actor reclamó del Poder Judicial del Estado el Acuerdo General número 33/2015, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura local, el diecinueve de noviembre de dos mil quince, publicado en el Periódico Oficial el veinticinco siguiente, así como los actos con los que se pretendiera darle cumplimiento.

Al respecto, debe decirse que la existencia quedó debidamente acreditada con la copia certificada del Periódico Oficial del Estado de Oaxaca, correspondiente al veinticinco de noviembre de dos mil quince, exhibida por el Poder Ejecutivo local al dar contestación a la demanda interpuesta en su contra, además de que las autoridades demandadas reconocieron la existencia del mismo.

Ahora bien, del Poder Ejecutivo se reclamó la orden de publicar el aludido Acuerdo 33/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura local, el cual también quedó acreditado con base en la documental referida, además de que dicha publicación fue reconocida expresamente por la autoridad demandada.

Finalmente, con relación a la Fiscalía General del Estado, el Municipio actor reclamó todos los actos con los que se pretendiera dar cumplimiento al Acuerdo General impugnado, sin embargo de la revisión de los autos del expediente no se desprende a qué actos se refiere la accionante, de suerte que su manifestación resulta genérica al grado que no puede tenerse como acto reclamado en la especie. Sirve de fundamento a lo anterior la siguiente jurisprudencia:

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ACTOR DEBE SEÑALAR EN SU DEMANDA DE MANERA ESPECÍFICA LOS ACTOS Y NORMAS QUE IMPUGNE Y NO REALIZAR UNA MANIFESTACIÓN GENÉRICA O IMPRECISA DE ELLOS. Si se tiene en cuenta que conforme al artículo 22 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus fracciones VI y VII, en el escrito de demanda deberá señalarse la norma general o acto cuya invalidez se pretende así como, en su caso, el medio oficial en que se publicó y los conceptos de invalidez, es indudable que ante una manifestación imprecisa o genérica en el sentido de que se impugnan "todos los demás actos o normas relacionados con la litis de la controversia", la Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de actos o normas generales que no se impugnaron específicamente. Lo anterior se corrobora con la jurisprudencia P./J. 135/2005, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA QUE SE ESTUDIE LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA O ACTO BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA LA CAUSA DE PEDIR.", en la que este Tribunal en Pleno sostuvo que para estar en posibilidad de estudiar los actos o normas impugnados en una controversia constitucional, es necesario que el actor exprese, por lo menos, el agravio que estime le causan los motivos que originaron éste, es decir, que se contenga la expresión clara de la causa de pedir."(9)

TERCERO. Precisión de la litis. En virtud de lo expuesto en el considerando anterior, con fundamento en el artículo 41, fracción I de la Ley Reglamentaria de la materia, se precisa que la materia de la presente controversia se centrará en el Acuerdo 33/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Oaxaca, en la medida en que su publicación es consecuencia de su emisión.

CUARTO. Oportunidad. Procede ahora determinar la oportunidad de la presente controversia constitucional con relación a los actos cuyo estudio aún subsiste.

El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de la materia establece a la letra lo siguiente:

"ARTÍCULO 21. El plazo para la interposición de la demanda será:

I. Tratándose de actos, de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos;

II. Tratándose de normas generales, de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia, y

III. Tratándose de los conflictos de límites distintos de los previstos en el artículo 73, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de sesenta días contados a partir de la entrada en vigor de la norma general o de la realización del acto que los origine."

Como quedó precisado, en la especie se impugna el Acuerdo General 33/2015, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Oaxaca, el cual fue publicado en el Periódico Oficial de la entidad el veinticinco de noviembre de dos mil quince, por lo que de conformidad con la fracción II, del precepto transcrito, el término de treinta días para promover la presente controversia corrió del veintiséis de noviembre de dos mil quince, al veinticinco de enero de dos mil dieciséis; debiéndose descontar de dicho plazo los días veintiocho y veintinueve de noviembre; cinco, seis, doce y trece de diciembre, todos de dos mil quince; dos, tres, nueve, diez, dieciséis, diecisiete, veintitrés y veinticuatro de enero de dos mil dieciséis, por ser sábados y domingos y por tanto inhábiles, de conformidad con los artículos 2 y 3, fracción II de la Ley Reglamentaria de la materia, en relación con el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Igualmente deberá descontarse de dicho plazo, el periodo comprendido del día dieciséis de diciembre de dos mil quince al uno de enero de dos mil dieciséis, por corresponder al segundo periodo de vacaciones de este Alto Tribunal, de conformidad con los artículos 3°, fracción III de la Ley Reglamentaria de la materia, en relación con el artículo 3° de la Ley Orgánica del Poder Judicial dela Federación.

En consecuencia, si la presente demanda de controversia constitucional se presentó el día veinticinco de enero de dos mil dieciséis, ante el Servicio Postal Mexicano, debe concluirse que la misma resulta oportuna.

QUINTO. Legitimación. Conforme a los artículos 105, fracción I, inciso i) en relación con los artículos 10 y 11 de la Ley Reglamentaria de la materia, el actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario. Dichos preceptos establecen literalmente lo siguiente:

"ARTÍCULO. 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

I.- De las controversias constitucionales que, con excepción de las

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200146-6c204c8d/controversia-constitucional-sobreseimiento-por-falta-de-interes-legitimo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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