I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBE SER DESESTIMADA. II. AUTONOMÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA POR AQUÉL, CON CARGO A SU PARTIDA PRESUPUESTAL, LESIONA SU INDEPENDENCIA EN GRADO DE SUBORDINACIÓN Y TRANSGREDE EL PRINCIPIO RELATIVO (INVALIDEZ DEL DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EL NUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO LOCAL (INVALIDEZ DEL DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EL NUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE VINCULA AL CONGRESO Y AL PODER JUDICIAL LOCAL PARA QUE DETERMINEN EL PAGO DE LA PENSIÓN CORRESPONDIENTE (INVALIDEZ DEL DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EL NUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE VINCULA AL CONGRESO LOCAL PARA QUE REVISE SU SISTEMA LEGAL DE PAGO DE PENSIONES Y ESTABLEZCA UNO QUE NO TRANSGREDA LA AUTONOMÍA DE OTROS PODERES U ÓRDENES NORMATIVOS (INVALIDEZ DEL DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EL NUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 252/2017. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 14 DE MARZO DE 2018. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIA: MARÍA CRISTINA MARTÍN ESCOBAR.
Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del día catorce de marzo de dos mil dieciocho.
SENTENCIA
En la que se resuelve la controversia constitucional 252/2017, promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos, a través de su representante legal, María del Carmen Verónica Cuevas López, quien es presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos, en la que demanda a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la misma entidad federativa, por supuestamente invadir su esfera de competencias en la distribución del presupuesto que se le asigna.
I. Antecedentes
1. Hechos.(1) Elizabeth Rosales Grahanda se desempeñó en diversos puestos dentro de los Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado de Morelos.
2. El diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, solicitó al Congreso del Estado de Morelos pensión por jubilación.
3. El Congreso del Estado emitió el Decreto 1979, por el que se concedió pensión por jubilación a Elizabeth Rosales Grahanda, en los términos que se desprenden de su publicación en el medio oficial de la entidad.
II. Trámite
4. Demanda de controversia constitucional. Mediante escrito presentado el siete de septiembre de dos mil diecisiete en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, María del Carmen Verónica Cuevas López, ostentándose como Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos promovió demanda de controversia constitucional, en la que demandó de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como del secretario de Gobierno de Morelos, la invalidez de lo siguiente:
a. Decreto “1979”, publicado en el Periódico Oficial de la entidad, el nueve de agosto de dos mil diecisiete, por el que el Poder Legislativo de Morelos determinó otorgar pensión por jubilación a Elizabeth Rosales Grahanda, con cargo al presupuesto del Poder Judicial de la entidad.
5. Artículos constitucionales señalados como violados. El Poder Judicial actor señaló como violados los artículos 14, 16, 17, 116, fracciones II y III, 123, apartado B, 126, 127 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; también refiere violación a los artículos 83, 92-A y 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.
6. Preámbulo. Antes de exponer los conceptos de invalidez, la parte actora destacó que el Poder Judicial no ha tenido un incremento presupuestal desde el ejercicio dos mil trece en el que se asignaron recursos por $58'365,000.00 (quinientos setenta millones, trescientos sesenta y cinco mil pesos, M.N.); mientras que en el ejercicio dos mil diecisiete se otorgaron $572'669,000.00 (quinientos setenta y dos millones, seiscientos sesenta y nueve mil pesos, M.N.), lo que demuestra que el monto del presupuesto ha sido igual para los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, mas no así el número de pensiones concedidas, que han ido en considerable aumento. Además, se ha solicitado ampliación presupuestal para el pago de pensiones y jubilaciones, sin que el Congreso Local haya autorizado su petición.
7. Conceptos de invalidez. En el escrito de demanda se formularon los conceptos de invalidez siguientes:
El decreto impugnado viola los artículos 14, 16, 17, 49, 116, fracciones II y III, 123 apartado B, fracción XI, inciso a), y 127 de la Constitución Federal; así como los artículos 32, párrafo séptimo, 92-A, fracción VI, y 131 de la Constitución Estatal, por lo siguiente:
• El Congreso Local al otorgar la pensión con cargo al presupuesto del Poder Judicial sin proveer la ampliación del presupuesto para cubrir esa prestación laboral, afecta el presupuesto del Poder actor violando el principio de división de poderes, autonomía e independencia.
• Sin que el Poder actor haya autorizado e intervenido, el Congreso Local emitió el decreto impugnado, en el cual se obliga al Poder Judicial a realizar el pago de la pensión por jubilación disponiendo de manera arbitraria de la hacienda pública del Poder actor, lo que es posible apreciar con la redacción actual del decreto impugnado “... dependencia que deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones.”. Lo que acredita la ausencia de análisis racional en torno a la capacidad y disponibilidad de recursos en la partida a que se remite el pago de la pensión.
• La autoridad demandada se entromete en la disposición del presupuesto del Poder Judicial, al determinar que se cubra con cargo a la insuficiente partida presupuestal destinada para pensiones del Poder actor, vinculándolo a realizar el pago de pensiones como ocurre en el caso, sin verificar la suficiencia de recursos presupuestales ni el impacto en las arcas del Poder Judicial, disponiendo de manera arbitraria de la hacienda de dicho Poder, al imponerle cubrir oportunamente una pensión por jubilación.
• En el caso se actualizan todos los grados de violación al principio de división de poderes. Se entromete en la independencia del Poder Judicial, pues sin la intervención de éste, emite un decreto de pensión con impacto total en el presupuesto de egresos del Poder actor. Torna dependiente al Poder Judicial, porque se impide que tome decisiones o actúe de manera autónoma, la Legislatura Local trata al Poder actor como subalterno, en tanto lo compele a pagar en forma mensual, con cargo a su partida presupuestal destinada para pensiones, sin otorgar la ampliación presupuestal respectiva. Se subordina al Poder actor al obligarlo a cubrir una pensión al setenta por ciento del último salario de la solicitante, a partir del día siguiente a aquel en que la trabajadora se separe de sus labores, la cual será cubierta por el Poder Judicial del Estado, además, el decreto impugnado implica que el Poder Judicial no pueda tomar autónomamente sus decisiones, sino que, además, debe someterse a la voluntad del Poder subordinante. Se ordena al Poder actor y además se cuantifica el monto de la pensión.
• Se demuestra la intromisión cuando refiere en su artículo segundo que la pensión decretada deberá cubrirse al noventa y cinco por ciento del último salario de la solicitante, a partir del día siguiente a aquel en que la trabajadora se separe de sus labores y será cubierta por el Poder Judicial actor.
• Los artículos 24, fracción XV, 56, 57, último párrafo, 58 y 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, otorgan una atribución que lesiona la hacienda pública del Poder actor y, en consecuencia, su autonomía de gestión en el manejo de sus recursos, pues la Legislatura fijará los casos en que proceda otorgar el pago de pensiones de los trabajadores judiciales, así como la cuantía y además en la hipótesis que refiere que cuando el trabajador goce al mismo tiempo de dos pensiones a cargo del Gobierno o Municipio, en tal evento, será el Congreso Local y no el Poder actor quien requiera al trabajador para que dentro de treinta días naturales opte por una de ellas, más aún en caso de que no determine la pensión que debe continuar vigente, la misma Legislatura concederá la que signifique mayores beneficios para él.
• Lo anterior se reafirma con lo resuelto en las controversias constitucionales 55/2005, 89/2008, 90/2008, 91/2008 y 92/2008, donde se resolvió como una transgresión al principio de autonomía en la gestión de la hacienda pública, que el Congreso Local, sin la intervención de cualquier otra autoridad, y atendiendo exclusivamente a la solicitud del interesado, pueda decretar alguna de las pensiones determinadas en la Ley del Servicio Civil estatal, determinando el monto correspondiente.
• No se explica por qué si los trabajadores mantuvieron la relación de trabajo con el Poder actor, corresponde a una autoridad ajena, como lo es el Congreso Local, evaluar que se cumpla con todos los requisitos exigidos para que el trabajador se vea beneficiado con una de las distintas pensiones que menciona la ley y con cargo a la hacienda pública del Poder Judicial del Estado, el cual no cuenta con una partida presupuestal para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis en el rubro de pensiones y jubilaciones, pues la Legislatura Local ha sido omisa en autorizar una ampliación presupuestal para que el Poder actor pueda cubrir las pensiones al personal que en dicho ejercicio viene jubilándose.
• Cita en apoyo a sus argumentaciones, los criterios jurisprudenciales «P./J. 80/2004, P./J. 83/2004 y P./J. 81/2004», de rubro: "DIVISIÓN DE PODERES, PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA NO DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES PÚBLICOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.", "PODERES JUDICIALES LOCALES. LA LIMITACIÓN DE SU AUTONOMÍA EN LA GESTIÓN PRESUPUESTAL IMPLICA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES." y "PODERES JUDICIALES LOCALES. CONDICIONES NECESARIAS PARA QUE SE ACTUALICE LA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES EN PERJUICIO DE AQUÉLLOS."
• Se vulnera la autonomía en la gestión presupuestal del Poder Judicial, al ordenar el pago de las prestaciones que refiere el decreto impugnado, sin haber proporcionado previamente ese recurso económico, implica necesariamente una afectación a la autonomía presupuestal. Cita en apoyo la tesis «P./J. 83/2004», de rubro: "PODERES JUDICIALES LOCALES. LA LIMITACIÓN DE SU AUTONOMÍA EN LA GESTIÓN PRESUPUESTAL IMPLICA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES."
• De los artículos 44 y 70, fracción XVII, de la Constitución Local; 67 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos; y 56, 57, apartado A, fracción I, inciso d) (sic),(2) 58 y 66 de la Ley del Servicio Civil de esa entidad federativa se advierte que: 1) es facultad del Congreso Estatal emitir leyes, acuerdos o decretos como el impugnado; 2) es atribución de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso Estatal el conocimiento, estudio y dictamen de todos los asuntos referentes a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los Municipios; así como realizar la investigación tendiente a comprobar fehacientemente los datos que acrediten la antigüedad necesaria para el goce de ese derecho; y, 3) el Congreso Local está facultado para expedir decretos de pensiones a favor de los trabajadores de los diversos Poderes Estatales, incluso del Judicial.
• Por otra parte, el contenido de la fracción XVII del artículo 117 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos dispone que es el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, el encargado de aplicar, vigilar y reglamentar el gasto público de dicho Poder.
• La actualización de una intromisión, dependencia y/o subordinación del Poder Judicial Local y/o por parte de alguno de los otros dos Poderes Estatales –en este caso, el Legislativo– son elementos que necesariamente conllevan una transgresión al principio de división de poderes que consagra el artículo 116 de la Constitución Federal, por lo que el decreto impugnado carece de validez constitucional.
• El artículo 3o. del decreto impugnado viola los artículos 16, 116, fracción III, y 126 de la Constitución Federal, y 134 y 131 de la Constitución Local, por disponer arbitrariamente el aumento automático del importe de la pensión en relación con el incremento porcentual del salario mínimo. Se vulnera la garantía de seguridad jurídica, división de Poderes, autonomía e independencia judicial, la limitante de realizar pago alguno que no esté contemplado en el presupuesto de egresos respectivo; el ejercicio eficiente de los recursos para satisfacer los objetivos a que están destinados. El Poder Judicial no niega la obligación de hacer frente a la obligación del pago de la pensión; sin embargo, para poder dar cumplimiento requiere de presupuesto suficiente que no puede estar supeditado a la potestad del órgano legislativo, del cual no se tiene la certeza del monto que otorgará, y más aún, porque es creciente el número de trabajadores que han decidido pensionarse.
• El artículo tercero del decreto impugnado genera incertidumbre jurídica cuando indica que el monto de la pensión será calculado tomando como base el último salario percibido por la trabajadora, incrementándose de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general, ya que si bien en el presupuesto de egresos va considerado un incremento salarial, éste no va en función de lo que se determine para el salario mínimo, puesto que el primero depende del propio presupuesto de egresos autorizado y el segundo por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.
• Se genera inseguridad jurídica, al no contar con un factor o indicador que defina o permita prever o requerir una cifra debidamente afianzada en datos duros, como lo sería el índice nacional de precios de diciembre del año anterior, para de este modo proporcionar los recursos dinerarios suficientes para no colocar al Poder Judicial en desestabilización económica al tener que cubrir los aumentos de las pensiones a su cargo y al mismo tiempo no disminuir los salarios de Jueces y Magistrados.
• El decreto impugnado es inconstitucional, al no estar acorde a la realidad constitucional y ser incompatible con la Ley del Seguro Social, que no se refiere al aumento al salario mínimo como referente para incrementos de las pensiones, sino al índice Nacional de Precios al Consumidor del año inmediato anterior, para garantizar el poder adquisitivo de dicha pensión, lo que provoca inestabilidad económica al Poder Judicial, situación que afecta su autonomía financiera. Incluso, existe una diferencia y desigual percepción salarial entre el personal en retiro y activo. Los Magistrados en retiro y sus homólogos activos, aun cuando los primeros se hayan jubilado con un ingreso menor, en virtud de los aumentos automáticos actualmente tienen un pago superior a los Magistrados activos, situación que lacera la correcta administración de justicia que incluye la sanidad de las finanzas del Poder Judicial, pues se implementan recursos no programados, lo que implica una violación a la irreductibilidad salarial de Jueces y Magistrados.
• Finalmente, se irroga un perjuicio al Poder Judicial, en relación con el artículo 134 constitucional, porque no se consideró otorgar recursos para hacer frente a los pagos derivados del decreto de pensión impugnado, asimismo, es inválido establecer en el decreto impugnado el aumento de la pensión conforme al salario mínimo, ya que el porcentaje en que se ha aumentado en los últimos años es superior al tres por ciento que establece la Ley de Disciplina Financiera.
8. Registro de la demanda. El presidente de este Alto Tribunal ordenó formar y registrar el expediente con el número 252/2017, y de conformidad con el registro que al efecto se lleva en la Subsecretaría General de Acuerdos, lo turnó a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández para que fungiera como instructora.
9. Admisión. La Ministra instructora admitió a trámite la demanda y tuvo como autoridades demandadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como al secretario de Gobierno, todos del Estado de Morelos, a quienes requirió para que dentro del plazo de treinta días hábiles rindieran su contestación a la demanda. En el mismo auto, se requirió al Poder Legislativo Local para que, al dar contestación a la demanda, enviara a este Alto Tribunal copia certificada de todas las constancias que sirvieron de sustento para dictar el decreto impugnado, y al Poder Ejecutivo de la entidad para que remitiera el ejemplar del Periódico Oficial en que apareciera publicado el decreto combatido.
10. Contestación del Poder Legislativo.(3) La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, en representación de ese Poder, contestó la demanda exponiendo, en síntesis, que:
a.Los hechos 1, 2 y 3 no son ciertos, en virtud de que el presupuesto asignado al Poder Judicial en los años de dos mil trece a dos mil dieciséis, sí han variado, como se demuestra a continuación: $585'365,000.00 (quinientos setenta millones trescientos sesenta y cinco mil pesos, M.N.), $565'198,000.00 (quinientos sesenta y cinco millones ciento noventa y ocho mil pesos, M.N.), $570'679,000.00 (quinientos setenta millones seiscientos setenta y nueve mil pesos, M.N.) y $554'679,000.00 (quinientos cincuenta y cuatro millones seiscientos setenta y nueve mil pesos, M.N.).
b. En los años dos mil catorce, dos mil quince y dos mil diecisiete, sí hubo un incremento en dicho presupuesto, a fin de fortalecer los presupuestos destinados al Tribunal Estatal Electoral y al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, destinándose una partida específica para infraestructura y equipamiento.
c. El hecho 4 es parcialmente cierto y el 5 es cierto.
d. La controversia constitucional es improcedente por falta de interés legítimo, porque el acto impugnado no afecta el ámbito de atribuciones del Poder Judicial actor, ya que con la expedición del decreto impugnado no pretende ejercer de manera directa los recursos que integran el presupuesto del Poder Judicial, sino que ésta, ha sido y es ejercida por el Poder actor, además la programación, presupuestación y aprobación de su presupuesto de egresos, son facultades exclusivas de éste, y está consciente que sostener que carecen de esa exclusividad en el ejercicio de sus recursos tornaría nugatorio el principio de autonomía presupuestaria previsto en la Constitución Federal, por lo que, con base en lo dispuesto por el artículo 123, apartado B, de la Constitución General, 40, fracción XX, de la Constitución Local, y los artículos 54, fracción VII, y 56 al 68 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, el Poder Legislativo cuenta con facultades constitucionales y legales para expedir el decreto impugnado, por lo que debe sobreseerse la controversia constitucional.
e. Cita en apoyo a sus argumentaciones, la tesis número 1a. CLXXXI/2009, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE ANALIZAR EN ESTA VÍA LA LEGALIDAD DEL ACTO IMPUGNADO, POR VICIOS PROPIOS, CUANDO EL ACTOR CARECE DE INTERÉS LEGÍTIMO."
f. El decreto en cuestión fue dictado con base en la Ley del Servicio Civil del Estado, la cual establece el procedimiento que los trabajadores de los Poderes del Estado puedan (sic) obtener su pensión, ya sea por jubilación, cesantía en edad avanzada, viudez u orfandad, asimismo, la naturaleza jurídica de los derechos adquiridos, así como quienes son los obligados a cumplir en materia de presentaciones sociales, tal como lo establecen los artículos 43, 45, del 54 al 58, 65 y 66 de la citada normatividad.
g. El Poder actor en ningún momento precisa qué parte del decreto impugnado adolece de validez, sino que alega que el acto de invalidez es el decreto, mas no la parte considerativa del acto, razón por la cual, es improcedente.
h. Con la expedición del decreto impugnado, en nada se violentan los requisitos de fundamentación y motivación. Conforme al artículo 127 de la Constitución Federal, las Legislaturas Locales tienen la obligación de consignar en sus leyes laborales estatales el mecanismo legal para que sus trabajadores accedan a las prestaciones ahí previstas. Por lo que no se vulnera el principio de división de poderes, porque debe prevalecer el principio de colaboración para satisfacer los fines del Estado.
i. No existe alguna intromisión en las actividades propias del Poder actor, tales como administrar justicia o imponerle la realización de determinada conducta.
j. No se vulnera la autonomía presupuestal del Poder actor, porque hasta este momento no se ha afectado ninguna partida presupuestal de dicho Poder y, en consecuencia, las actividades encomendadas por el artículo 17 constitucional, es decir, la función de impartición de justicia a los justiciables, no se ve involucrada y trasgredida.
k. El acto legislativo que reconoció el derecho de pensión por jubilación impugnado se emitió con fundamento en el artículo 40, fracción II, de la Constitución Local, por lo que constituye un decreto, entendido como un acto materialmente administrativo, y de la interpretación sistemática de los artículos 40, fracción II, y 50 de la Constitución Local, 3o. de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, y 56, 57 y 64 de la Ley del Servicio Civil del Estado, el Congreso de la entidad es el único que tiene la facultad para sustanciar el trámite en el que determine por decreto el pago de la pensión, así como para aclarar, reformar, derogar o abrogar dicha determinación e incluso para analizar la eficacia de la misma.
l. No pasa por alto que el artículo 57 de la Ley del Servicio Civil, en la parte que otorgaba al Congreso Local la facultad de emitir los decretos en materia de pensiones, fue declarado inválido por la Suprema Corte, mediante resoluciones de ocho de noviembre de dos mil diez y tres de mayo de dos mil doce, en las controversias constitucionales 90/2008, 91/2008, 92/2008 y 50/2010, el decreto impugnado fue emitido en el dos mil dieciséis, y ya que el Congreso Local actualmente cuenta con la facultad de aclarar, reformar, derogar o abrogar sus propios decretos, e incluso para verificar la eficacia de los mismos, es que aun se encuentra en posibilidad de resolver lo procedente respecto a la ejecución del decreto en el que otorgó la pensión impugnada.
m. No es la primera vez que los artículos 1, 8, 24, fracción XV, 43, fracción XIV, 45, fracción XV, en su párrafo primero, e inciso c), 54, fracción VII, 55, 56, y 57 al 68 de la Ley del Servicio Civil del Estado, se aplican al Poder actor, pues ya han sido aplicados en diversos decretos en los que también se ha otorgado pensión a personas que laboraron en dicho Poder.
n. El artículo 49 de la Constitución Federal, no resulta aplicable en el ámbito estatal, pues se refiere al ámbito federal, por lo que no existe violación a ese precepto constitucional.
11. Contestación del secretario de Gobierno4 y del gobernador del Estado.(5) Ambas autoridades del Estado de Morelos fueron esencialmente coincidentes en sus respectivas contestaciones de demanda, sosteniendo, en síntesis, que:
a. Se presenta la falta de legitimación ad causam del Poder actor, porque carece de la titularidad del derecho que pretende hacer valer, respecto del gobernador y del secretario de Gobierno, ya que no han realizado algún acto que invada o afecte su competencia. Así como también se actualiza la falta de legitimación pasiva del Poder Ejecutivo y del secretario de Gobierno, porque no han realizado acto alguno que constituya una invasión o afectación a la esfera competencial del Poder actor.
b. Es cierto, únicamente, en cuanto a la promulgación y publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Decreto 1979, de nueve de agosto de dos mil diecisiete, a través del cual se otorga pensión por jubilación a Elizabeth Rosales Grahanda.
c. Resulta evidente que el poder público que representan se encuentra llamado a la presente controversia constitucional, cumpliendo el actor con el requisito formal de tener por demandados a los órganos que hubiesen expedido o promulgado el decreto impugnado, para la adecuada tramitación y resolución de la misma, encuentra su fundamento al respecto en la tesis «P. XV/2017», de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA ESTUDIAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL POR ESA VÍA, DEBE LLAMARSE A JUICIO COMO DEMANDADOS TANTO AL ÓRGANO QUE LA EXPIDIÓ COMO AL QUE LA PROMULGÓ, AUNQUE NO SE ATRIBUYAN VICIOS PROPIOS A CADA UNO DE ESTOS ACTOS, SALVO CUANDO SE RECLAME UNA OMISIÓN LEGISLATIVA."
d. Se destaca que el refrendo, promulgación y publicación se realizaron con estricto apego a las facultades legales con que cuenta el gobernador del Estado y secretario de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, de conformidad con lo establecido por los artículos 70, fracciones XVI y XVII, incisos a) y c), 74 y 76 de la Constitución Local, 10, 11, fracción II, y 21, fracción XXXIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, y 1, 10 y 11, «fracción» XXVI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno.
e. Por cuanto a lo señalado respecto a verificar la constitucionalidad y legalidad de las resoluciones del secretario de Gobierno, se precisa que el titular del Poder Ejecutivo de Morelos, en términos de las facultades constitucionales y legales con las que cuenta, mandó promulgar y ordenó publicar en estricto apego a la normatividad aplicable; por lo que en ningún momento incurrió en violación a los dispositivos constitucionales.
f. Resulta infundado que se viole en perjuicio de la parte actora lo dispuesto por los artículos 14, 16, 17, 49, 116, fracciones II y III, 123, apartado B, fracción XI, inciso a), y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 92-A, fracción VI, y 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en virtud de que no se viola ni la autonomía de su hacienda ni la libre administración.
g. Una pensión es una prestación económica que forma parte de los beneficios a los que tiene derecho un empleado cuando deja de trabajar y obtiene su jubilación, cuando se cumplen los requisitos y las condiciones marcadas por la legislación correspondiente. Estas pensiones actualmente son otorgadas a cargo del Estado, independientemente de que los trabajadores burocráticos gocen del derecho de afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y al Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos; afiliación que les permite además, acceder a las pensiones, prestaciones, seguros y servicios que se otorgan a través de las citadas instituciones conforme a la normativa aplicable.
h. Finalmente, existen diversas pensiones con cargo al presupuesto asignado al Poder actor, emitidas por el Poder Legislativo del Estado, que se fundamentaron en los mismos ordenamientos impugnados, en las que no se promovieron controversias constitucionales. Ello puede corroborarse en diversos decretos pensionatorios publicados en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de la entidad.
12. Opinión del procurador general de la República. El procurador general de la República se abstuvo de emitir su opinión respecto de la presente controversia constitucional, no obstante que fue notificado del auto de admisión.
13. Audiencia. Sustanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.(6)
14. Radicación en Sala. Previo dictamen de la Ministra instructora, la presidenta de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que ésta se avocara al conocimiento del asunto y ordenó la remisión de los autos a su ponencia para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.(7)
III. Consideraciones
15. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II de dicho precepto, 10, fracción I, y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como con el punto tercero, en relación con el punto segundo, fracción I, ambos del Acuerdo General 5/2013, emitido por el Tribunal Pleno el trece de mayo de dos mil trece.
16. Precisión del acto impugnado. De la lectura integral de la demanda, esta Primera Sala advierte que el Poder Judicial del Estado de Morelos impugna el Decreto 1979, por el que el Poder Legislativo de la entidad otorgó una pensión por jubilación a una funcionaria pública con cargo al presupuesto del Poder Judicial actor.
17. Oportunidad. El artículo 21 de la ley reglamentaria de la materia establece en sus fracciones I y II, el plazo de treinta días para promover una controversia constitucional cuando se impugnen actos o normas generales, el que se computará de la siguiente forma.(8)
18. Tratándose de actos:
a. A partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efecto la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame;
b. A partir del día siguiente al en que el actor haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución;
c. A partir del día siguiente al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.
19. En ese sentido, deberá analizarse la oportunidad de la demanda respecto del Decreto 1979. En este sentido, el cómputo debe realizarse tomando en cuenta el día en que el Poder Judicial actor se ostentó sabedor del mismo, esto es, el nueve de agosto de dos mil diecisiete, fecha que este decreto se publicó en el Periódico Oficial de la entidad.(9)
20. Tomando esa fecha como referente, se concluye que la demanda se interpuso de manera oportuna respecto del citado decreto, ya que el plazo de treinta días previsto en la fracción I del artículo 21 de la ley reglamentaria de la materia culminó el veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete,(10) siendo que la demanda fue presentada en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el siete de septiembre de dos mil diecisiete, tal como se advierte del reverso de la hoja veintiocho del ex
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200354-77d5f08b/i-controversia-constitucional-si-se-hace-valer-una · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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