Corpus
Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SU IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE EN RELACIÓN CON LAS NORMAS GENERALES QUE NO SE APLICARON POR PRIMERA OCASIÓN EN EL DECRETO IMPUGNADO (ARTÍCULOS 55, 56, 57, 58 Y 66 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS Y 67 DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SU IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE CUANDO RESULTA EXTEMPORÁNEA EN RELACIÓN CON LAS NORMAS GENERALES IMPUGNADAS, QUE NO FUERON APLICADAS EN EL ACTO QUE SE COMBATE (ARTÍCULOS 1, 8, 43, FRACCIONES V Y XIII, 45, FRACCIONES III Y IV, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67 Y 68 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL; 56 DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS Y 109 DE SU REGLAMENTO, TODOS DEL ESTADO DE MORELOS). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBE SER DESESTIMADA. IV. AUTONOMÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA POR AQUÉL, CON CARGO A SU PARTIDA PRESUPUESTAL, LESIONA SU INDEPENDENCIA EN GRADO DE SUBORDINACIÓN Y TRANSGREDE EL PRINCIPIO RELATIVO (INVALIDEZ DEL DECRETO NÚMERO MIL CIENTO SESENTA Y TRES, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EL DOS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO LOCAL (INVALIDEZ DEL DECRETO NÚMERO MIL CIENTO SESENTA Y TRES, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EL DOS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE VINCULA AL CONGRESO Y AL PODER JUDICIAL LOCAL PARA QUE DETERMINEN EL PAGO DE LA PENSIÓN CORRESPONDIENTE (INVALIDEZ DEL DECRETO NÚMERO MIL CIENTO SESENTA Y TRES, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EL DOS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS). VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE VINCULA AL CONGRESO LOCAL PARA QUE REVISE SU SISTEMA LEGAL DE PAGO DE PENSIONES Y ESTABLEZCA UNO QUE NO TRANSGREDA LA AUTONOMÍA DE OTROS PODERES U ÓRDENES NORMATIVOS (INVALIDEZ DEL DECRETO NÚMERO MIL CIENTO SESENTA Y TRES, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EL DOS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 240/2016. · Registro digital (IUS): 200390
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 240/2016. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIO: ABRAHAM PEDRAZA RODRÍGUEZ.

Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del día seis de septiembre de dos mil diecisiete.

VISTOS para resolver la controversia constitucional citada al rubro.

I. Demanda

El quince de diciembre de dos mil dieciséis, María del Carmen Verónica Cuevas López, quien se ostentó como presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos y en representación de éste, demandó de los Poderes Legislativo y Ejecutivo,(1) así como del secretario de Gobierno de la entidad, la invalidez de:

a) El Decreto Número "Mil Ciento Sesenta y Tres", publicado en el Periódico Oficial de la entidad el dos de noviembre de dos mil dieciséis, por el que el Poder Legislativo de Morelos determinó otorgar una pensión por jubilación a Silvia Rendón Campos, con cargo al presupuesto del Poder Judicial de la entidad.

b) Los artículos 24, fracción XV, 56, 57, último párrafo, 58 y 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, reformados mediante Decreto Número "218", publicado en el Periódico Oficial de la entidad de diecisiete de enero de dos mil trece, por la aplicación de las normas que permiten a la Legislatura Local, emitir el decreto impugnado en el inciso anterior.

c) Por extensión de sus efectos, al modificar el sistema normativo que rige el sistema de pensiones, y al ser parte del mismo, demanda la invalidez de los artículos 1, 8, 43, fracción XIV, 45, fracción XV, párrafo primero, e inciso c), 54, fracción VII; 55, 56, 57 al 68 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos; 56, fracción I (sic), de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Local de nueve de mayo de dos mil siete; y, 109 del Reglamento del Congreso del Estado de Morelos, publicado en el citado medio de difusión local de doce de junio de dos mil siete.

II. Antecedentes y planteamientos de la demanda

Antecedentes. En la demanda se señalaron, como antecedentes del caso, los siguientes:

a) En las controversias constitucionales 55/2005, 89/2008, 90/2008, 91/2008 y 92/2008, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró, por mayoría de ocho votos, la invalidez de los artículos 24, fracción XV y 57, último párrafo, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, porque el Congreso de Morelos determinó la procedencia y montos de las pensiones de trabajadores de un Ayuntamiento, lo que violentaba el principio de libertad hacendaria municipal, al permitir una intromisión indebida en el manejo del destino de la hacienda municipal.

b) El Poder Judicial no ha tenido un incremento presupuestal desde el ejercicio dos mil trece, que se asignaron recursos del orden de $584'365,000.00 (quinientos ochenta y cuatro millones trescientos sesenta y cinco mil pesos), mientras que en el ejercicio dos mil dieciséis se otorgaron $557'679,000.00 (quinientos cincuenta y siete millones seiscientos setenta y nueve mil pesos), de ello se advierte una reducción, lo que evidencia que el decreto atenta contra la autonomía y fortalecimiento del Poder Judicial. Que ha solicitado ampliación presupuestal para el pago de pensiones y jubilaciones, sin que el Congreso Local haya autorizado su petición.

c) El dos de noviembre de dos mil dieciséis, se publicó, en el Periódico Oficial de esa entidad, el Decreto Número "Mil Ciento Sesenta y Tres", a través del cual el Poder Legislativo Local otorgó una pensión por jubilación a Silvia Rendón Campos, con cargo al presupuesto del Poder Judicial, parte actora, –equivalente al setenta y cinco por ciento del último salario percibido–.(2)

Conceptos de invalidez. La demandante hizo valer, como conceptos de invalidez, lo siguiente:

Sostiene, sustancialmente, la vulneración a los principios de división de poderes, autonomía e independencia, contenidos en los artículos 14, 16, 17, 49, 116, fracciones II y III, 123, apartado B, fracción, inciso a), y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 92-A, fracción VI y 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, porque:

• La Legislatura Local emitió el decreto a través del cual determinó otorgar una pensión por jubilación con cargo al presupuesto del Poder Judicial, sin proveer la ampliación del presupuesto para cubrir dicha pensión en términos del decreto, y sin otorgarle intervención, vulnerado con ello el principio de división de poderes.

• La Legislatura Local emitió el decreto impugnado, en aplicación de los artículos 24, fracción VI, 57, último párrafo, 58 y 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos; sin embargo, por extensión de sus efectos, alteró sustancialmente el sistema de pensiones de los artículos 1o., 8o., 24, fracción XV, 43, fracciones V y XIII, 45, fracciones III, IV y XV, esta última fracción en su párrafo primero e inciso c), 54, fracción VII, 55, 56 y 57 al 68 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.

• El decreto impugnado entra en franco choque con los mandamientos constitucionales que reconocen al Poder Judicial Estatal la potestad gubernativa de autonomía de gestión presupuestal y la potestad de regir las relaciones laborales con sus trabajadores, entre ellas, para otorgar pensiones o jubilaciones; consecuentemente, también la autonomía para definir el gasto público, a través de su presupuesto de egresos, en el que pueda incluir de manera planificada y programada el pago de las prestaciones laborales, sin la injerencia de ninguna otra autoridad estatal.

• Se transgrede la autonomía y el principio de división de poderes así como la autonomía de gestión presupuestal, contenidos en los artículos 116, en correlación con el 123, apartado B, fracción XI, inciso a), ambos de la Constitución Federal, toda vez que el Congreso Estatal califica y se entromete, de manera inconstitucional, en las relaciones laborales del Poder Judicial y sus trabajadores, al determinar el pago de la pensión por jubilación con cargo a éste, disponiendo, de manera arbitraria y anárquica, de la hacienda de dicho poder, fuera de toda previsión o planificación gubernamental y sin su autorización e intervención.

• Las disposiciones impugnadas, en las que está sustentada la concesión de la pensión por jubilación, vulneran los artículos 16, 17, 49, 116, fracción III, 123, apartado B, fracción XI, inciso a) y 127 de la Constitución Federal, porque, no obstante que existe la obligación de que la ley contemple y regule las pensiones de los trabajadores estatales o de los Poderes del Estado de Morelos, se autoriza al Congreso Estatal la atribución de emitir decretos jubilatorios de trabajadores de otros poderes estatales, apartándose del principio de autonomía de la gestión presupuestal, consagrado en los artículos 17, párrafo V y 116, fracción III, de la Constitución Federal, sin explicar por qué si los trabajadores mantuvieron una relación con el Poder Judicial, corresponde a una autoridad ajena evaluar que se cumplan con todos los requisitos exigidos para que los trabajadores del Poder Judicial se vean beneficiados con una de las distintas pensiones que menciona la ley, afectando su presupuesto, al imponerle el deber de erogar un recurso que no se encontraba previsto.

• El régimen de pensiones debe considerarse en las leyes laborales que expidan las Legislaturas Locales, lo cual no implica que el Congreso del Estado pueda determinar, libremente, los casos en que proceda otorgar esas pensiones, cuando nacen de las relaciones laborales entre los trabajadores y el Estado, pues no debe perderse de vista que, la propia Constitución Federal, otorgó a los Poderes Judiciales Estatales, la autonomía de la gestión presupuestal, como principio fundamental de la independencia de los mismos.

• El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la controversia constitucional 35/2000, consideró que la autonomía de la gestión presupuestal corresponde a una condición necesaria para que los Poderes Judiciales Locales puedan ejercer sus funciones jurisdiccionales con plena independencia, por lo que el adecuado funcionamiento de la carrera judicial y la inamovilidad de los juzgadores es una circunstancia que condiciona la independencia judicial y la autonomía de la gestión presupuestal, la cual no puede disminuirse como principios fundamentales de la independencia de los Poderes Judiciales Locales, pues originaría la vulneración al principio de división de poderes que garantiza el artículo 116 constitucional.

• En atención al principio de división de poderes no es constitucionalmente admisible que el Congreso Estatal sea quien determine las pensiones de empleados judiciales, sin la mínima intervención del Poder Judicial, quien figuró como su último empleador, sobre todo, afectando el presupuesto de éste, sin que se incorpore una partida dirigida al pago específico.

• La Legislatura del Estado transgrede el principio constitucional de división de poderes, al emitir un decreto donde se autoriza el pago de una pensión con cargo al presupuesto de egresos, de por sí limitado, y sin ningún aumento desde dos mil trece, y a costa de la Hacienda Pública del Poder Judicial.

• El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversas ejecutorias, ha determinado que, para que se determine la transgresión a los principios de independencia, en la gestión presupuestal, es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:

1. Que se actualice una conducta imputable a alguno de los Poderes Legislativo o Ejecutivo;

2. Que dicha conducta implique la intromisión de uno de esos poderes en la esfera de competencia del Poder Judicial, o bien, que uno de esos poderes realice actos que coloquen al Poder Judicial en un estado de dependencia o subordinación con respecto a él; y,

3. Que la intromisión, dependencia o subordinación, verse sobre el nombramiento, promoción de los miembros del Poder Judicial, inmutabilidad salarial, carrera judicial, autonomía en la gestión presupuestal.

• El Congreso del Estado transgrede la autonomía y dependencia presupuestal del Poder Judicial, al fundarse, para la emisión del decreto impugnado, en los artículos 24, fracción XV, 56, 57, último párrafo, 58 y 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, toda vez que se entromete en la independencia del Poder Judicial, sin la intervención de éste, para conceder la pensión por jubilación, le impide, de forma antijurídica, que tome decisiones o actúe de manera autónoma, al obligarlo a realizar el pago, en forma mensual, con cargo a su partida presupuestal, de las pensiones, sin otorgar, de manera concomitante, la ampliación del presupuesto para cubrir la pensión autorizada, lo que subordina al Poder Judicial, al obligarlo a cubrir una pensión sin que pueda tomar sus decisiones.

• La existencia de la intromisión se desprende del contenido del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, al disponer que las prestaciones a que se refiere la fracción VII del artículo 54 de esta ley, se otorgarán mediante el decreto que expida el Estado, una vez satisfechos los requisitos que establece esta ley y los demás ordenamientos aplicables.

• El artículo 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos señala que: "... la pensión por jubilación se otorgará a los trabajadores que hayan prestado sus servicios en cualquiera de los tres poderes del Estado ...", de ahí que derive su aplicación, tratándose de empleados judiciales que se encuentren en condiciones de solicitar, el pago de una pensión, por servicios prestados.

• Los artículos 24, fracción XV, fracción VII, (sic) 55 y 56 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, confirman la facultad del Congreso Estatal para decretar pensiones, tratándose de asalariados, y la correlativa obligación de los poderes o Municipios de erogarlas con cargo a su hacienda, lo cual vulnera la independencia y autonomía de gestión presupuestal, en relación a los trabajadores del Poder Judicial, que se encuentran inmersos en los artículos 116, fracción III, y 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Por mandato constitucional, se determina que las Legislaturas Estatales tienen la obligación de consignar, en sus leyes laborales locales, los procedimientos necesarios para que sus trabajadores puedan gozar de tal prestación, incluso se reconoce que las jubilaciones, pensiones o haberes de retiro podrán estar asignadas además de la ley, en decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo, sin que esto signifique que sean los órganos legislativos los encargados de otorgarlas.

• En las controversias constitucionales 55/2005, 89/2008, 90/2008, 91/2008 y 92/2008, el Máximo Tribunal del País resolvió, como una transgresión al principio de autonomía en la gestión de la Hacienda Pública, que el Congreso Local, sin la intervención de cualquier otra autoridad, y atendiendo exclusivamente a la solicitud del interesado, pueda decretar alguna de las pensiones determinadas en la Ley del Servicio Civil Estatal, determinando el monto correspondiente.

• La forma de proceder del Congreso Estatal se aparta del principio de autonomía en la gestión presupuestal que se otorga al Poder Judicial en el artículo 116 constitucional, pues no se explica por qué, si los trabajadores mantuvieron la relación de trabajo con el Poder Judicial, corresponde a una autoridad ajena, como lo es el Congreso Local, evaluar que se cumpla con todos los requisitos exigidos, para que los trabajadores se vean beneficiados con una pensión con cargo a la Hacienda Pública del Poder Judicial del Estado de Morelos.

• Los artículos 56, primer párrafo, 57, último párrafo, en relación con el último párrafo del artículo 66, todos de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, no consideraron que la Constitución Federal facultó a los Poderes Judiciales para ejercer, en forma directa, los recursos de la hacienda, sin intermediarios, pues, de conformidad con los criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ello implica la inamovilidad, inmutabilidad salarial y la carrera judicial de los juzgadores.

• Para fortalecer tales argumentos se invocan los criterios jurisprudenciales, de rubros: "PODERES JUDICIALES DE LOS ESTADOS. MARCO JURÍDICO DE GARANTÍAS ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.", "DIVISIÓN DE PODERES, PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA NO DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES PÚBLICOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.", "PODERES JUDICIALES LOCALES. LA LIMITACIÓN DE SU AUTONOMÍA EN LA GESTIÓN PRESUPUESTAL IMPLICA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES." y "PODERES JUDICIALES LOCALES. CONDICIONES NECESARIAS PARA QUE SE ACTUALICE LA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES EN PERJUICIO DE AQUÉLLOS."

• De los artículos 44 y 70, fracción XVII, de la Constitución Local; 67 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos; y 56, 57, apartado A, fracción I, inciso d) (sic),(3) 58 y 66 de la Ley del Servicio Civil de esa entidad federativa, se advierte que: 1) es facultad del Congreso Estatal emitir leyes, acuerdos o decretos como el impugnado; 2) es atribución de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso Estatal el conocimiento, estudio y dictamen de todos los asuntos referentes a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los Municipios; así como realizar la investigación tendiente a comprobar, fehacientemente, los datos que acrediten la antigüedad necesaria para el goce de ese derecho; y, 3) el Congreso Local está facultado para expedir decretos de pensiones a favor de los trabajadores de los diversos Poderes Estatales, incluso del Judicial, además, la fracción XVII del artículo 117 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos dispone que, es el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, el encargado de aplicar, vigilar y reglamentar el gasto público de dicho poder, de ahí que, el decreto impugnado, genera un estado de dependencia y subordinación del Poder Judicial con respecto al Poder Legislativo, al entrometerse directamente en la ejecución y aplicación del presupuesto del Poder Judicial, lo que impacta directamente en el principio de autonomía en la gestión presupuestal, del que deben gozar los Poderes Judiciales Estatales.

• La actualización de una intromisión, dependencia y/o subordinación del Poder Judicial Local y/o por parte de alguno de los otros dos Poderes Estatales –en este caso, el Legislativo– conllevan una transgresión al principio de división de poderes, que consagra el artículo 116 de la Constitución Federal, por lo que, el decreto impugnado, carece de validez constitucional.

• El artículo tercero del decreto impugnado viola los artículos 16, 116, fracción III y 126 de la Constitución Federal, 134 y 131 de la Constitución Estatal, referentes a la garantía de seguridad jurídica, división de poderes, autonomía e independencia judicial, así como la limitante de realizar pago alguno que no esté contemplado en el presupuesto de egresos respectivo, puesto que el Poder Judicial, para estar en aptitud de dar cumplimiento, requiere del presupuesto suficiente, que no puede estar supeditado a la potestad del órgano legislativo, del cual no se tiene la certeza del monto que otorgará, más aún, porque es creciente el número de trabajadores que han decidido pensionarse.

• El artículo tercero del decreto impugnado, genera incertidumbre jurídica, cuando indica que el monto de la pensión será calculado tomando como base el último salario percibido por la trabajadora, incrementándose de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general, ya que, si bien el presupuesto de egresos ha considerado un incremento salarial, éste no va en función de lo que se determine para el salario mínimo, puesto que el primero depende del propio presupuesto de egresos autorizado y el segundo por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.

• El artículo tercero del decreto combatido viola la división de poderes y la autonomía e independencia de la gestión presupuestal del Poder Judicial, al disponer, arbitrariamente, el aumento automático del importe de la pensión, en relación con el incremento porcentual del salario mínimo, sin establecer, de manera automática, que se transfieran los recursos al Poder Judicial, en la medida en que se aumenten el monto de las pensiones, pues, al no hacerlo, dispone arbitrariamente de los recursos previamente etiquetados para fines específicos y respecto de los cuales no se puede distraer para ningún otro fin del Poder Judicial del Estado, pues trastoca la facultad del Consejo de la Judicatura Estatal, consignada en el artículo 117, fracciones XV y XVII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos.

• El artículo tercero del decreto impugnado, altera el debido funcionamiento del Poder Judicial, al imponerle el deber de incluir, en el monto de la pensión, el costo de prestaciones y asignaciones, creando una concesión gratuita y generosa al personal en retiro, pues se le equipara con activos, puesto que reciben el beneficio de las prestaciones por partida doble, esto es, se les incluye en su pensión la aportación de cuotas patronales del Instituto Mexicano del Seguro Social a que se encuentran afiliados los trabajadores del Poder Judicial; sin embargo, dicha obligación no subsiste en relación con el personal en retiro, pues ésta, se debe otorgar en relación al personal en activo, tal como lo previene la fracción I del artículo 54 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.

• Lo dispuesto en la fracción VII del artículo 54 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en forma alguna significa que deben disfrutarse de manera simultánea, pues las prestaciones de seguridad social son a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social, siempre y cuando sigan cotizando dichos trabajadores hasta cubrir las semanas necesarias para que opere su pensión, pues conservan el derecho a continuar voluntariamente en el mismo, debiendo al efecto cubrir la totalidad del importe de las cuotas obrero-patronales, según lo establece el artículo 218 de la Ley del Seguro Social.

• Al sobrevenir la terminación laboral, al tenor de lo que dispone el artículo 24, fracción XV, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, es inconcuso que cese el deber del Poder Judicial de proporcionar a los jubilados, como prestación de seguridad social, permitir alcanzar una nueva pensión, toda vez que la categoría de jubilado queda bajo el imperio de la Ley del Seguro Social, legislación que dispone la posibilidad de acceder a la referida pensión, pero a través de la incorporación voluntaria al régimen obligatorio, en que deben hacerse, por el jubilado, las aportaciones que correspondían al patrón, en tanto era trabajador activo.

• Solicita declarar la invalidez del artículo 66 de la Ley del Servicio Civil de la entidad, al no estar acorde a la realidad constitucional y ser incompatible con la Ley del Seguro Social, que no se refieren a aumento al salario mínimo como referente para incrementos de las pensiones sino al Índice Nacional de Precios al Consumidor del año inmediato anterior, para garantizar el poder adquisitivo de dicha pensión, lo que provoca inestabilidad económica al Poder Judicial, situación que afecta su autonomía financiera. Incluso, existe una diferencia y desigual percepción salarial, entre el personal en retiro y el activo. Los Magistrados en retiro y sus homólogos activos, aun cuando los primeros se hayan jubilado con un ingreso menor, en virtud de los aumentos automáticos, actualmente tienen un pago superior a los Magistrados activos, situación que lacera la correcta administración de justicia que incluye la sanidad de las finanzas del Poder Judicial, pues se implementan recursos no programados, lo que implica una violación a la irreductibilidad salarial de Jueces y Magistrados.

• El decreto impugnado vulnera el artículo 134 constitucional que estatuye, entre otras cosas, que los recursos económicos que disponga el Estado deben administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, siendo que el Poder Judicial tiene la obligación de ejercer, de manera responsable, el manejo hacendario y financiero, a fin de que las finanzas públicas asignadas sean sostenibles, lo cual no acontece, porque el decreto se aparta de observar la norma constitucional.

• El decreto combatido es contradictorio con lo que señala el artículo 126 de la Constitución Federal, ya que su emisión afecta la esfera competencial del Poder Judicial, pues impone una carga que, considerada en su conjunto, en materia de pensiones, genera inestabilidad económica.

• El decreto obliga al pago del salario de acuerdo al último que percibió el trabajador; sin embargo, también señala un incremento a razón del aumento del salario mínimo vigente en la entidad, lo que origina la imposibilidad de cubrirlo con los recursos otorgados al Poder Judicial del Estado para el ejercicio de dos mil dieciséis, pues no se puede hacer sin que se desestabilice financieramente a la institución.

• El legislador estatal desconoce lo que dispone la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y de los Municipios en el cual se establecen los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera a entidades federativas, Municipios y entes públicos y, dentro de estos últimos, se encuentra el Poder Judicial.

• El decreto impone al Poder Judicial gastos que no corresponden al presupuesto de egresos aprobado, aun cuando se solicitó la ampliación presupuestal para hacer frente en donde se justificó la situación actual que arrojó la nómina de jubilados y el Poder Legislativo fue omiso en responder y asignar el recurso solicitado.

• El Poder Legislativo Estatal, al no considerar proveer de recursos necesarios e imponer una carga presupuestal, sobre la cual se ha abstenido de otorgar en el presupuesto de egresos y solicitud de ampliación, origina que se limite la autonomía presupuestal del Poder Judicial.

• En apoyo a tales planteamientos, cita la jurisprudencia P./J. 106/2010 del Pleno del Alto Tribunal Federal, cuyo rubro informa: "RECURSOS PÚBLICOS. LA LEGISLACIÓN QUE SE EXPIDA EN TORNO A SU EJERCICIO Y APLICACIÓN DEBE PERMITIR QUE LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA EFICACIA, ECONOMÍA, TRANSPARENCIA Y HONRADEZ QUE ESTATUYE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUEDAN SER EFECTIVAMENTE REALIZADOS."

Artículos constitucionales señalados como violados. Los artículos 14, 16, 17, 116, fracciones II y III, 123, apartado B y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, los artículos 92-A y 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.

III. Trámite de la controversia constitucional

Radicación y trámite. La demanda de controversia se presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el quince de diciembre de dos mil dieciséis.(4)

En auto de dos de enero de dos mil diecisiete, el presidente de este Alto Tribunal ordenó formar y registrar el expediente con el número 240/2016 y, de conformidad con el registro que al efecto se lleva en la Subsecretaría General de Acuerdos, lo turnó a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández para que fungiera como instructora.(5)

Mediante acuerdo de dos de enero del año en cita, la Ministra instructora admitió a trámite la demanda y tuvo como autoridades demandadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como al secretario de Gobierno, todos del Estado de Morelos, a quienes requirió para que, dentro del plazo de treinta días hábiles, rindieran su contestación a la demanda, asimismo, se requirió al Poder Legislativo Local para que al dar contestación a la demanda, enviara a este Alto Tribunal copia certificada de todas las constancias que sirvieron de sustento para dictar el decreto impugnado, así como los antecedentes legislativos de las normas impugnadas, y al Poder Ejecutivo de la entidad, para que remita los ejemplares de los Periódicos Oficiales en los que conste la publicación de las normas controvertidas.(6)

Contestación del Poder Legislativo.(7) La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, en representación de ese poder, contestó la demanda exponiendo, en síntesis, que:

a) El hecho marcado con el número uno, es cierto.

b) El hecho marcado con el número dos, no es cierto, en virtud de que el presupuesto asignado al Poder Judicial, en los años del dos mil trece al dos mil dieciséis, sí han variado, como se demuestra a continuación, $585'365,000.00 (quinientos ochenta y cinco millones trescientos sesenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), $565'198,000.00 (quinientos sesenta y cinco millones ciento noventa y ocho mil pesos 00/100 M.N.), $570'679,000.00 (quinientos setenta millones seiscientos setenta y nueve mil pesos 00/100 M.N.) y $554'679,000.00 (quinientos cincuenta y cuatro millones seiscientos setenta y nueve mil pesos M.N.).

c) El hecho marcado con el número tres, no es cierto, ya que del acuse de recibo anexado, se aprecia que fue presentado en la Junta de Política y de Gobierno y no en el Congreso del Estado.

d) El hecho marcado con el número cuatro, no es cierto, en razón de que, en los años dos mil catorce y dos mil quince hubo un incremento en dicho presupuesto, a fin de fortalecer los presupuestos destinados al Tribunal Estatal Electoral y al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, destinándose una partida específica para infraestructura y equipamiento.

e) El hecho marcado con el número cinco, ni se afirma ni se niega.

f) El hecho marcado con el número seis, es cierto.

g) Improcedencia. La controversia constitucional es improcedente por falta de interés legítimo, porque el acto impugnado no afecta el ámbito de atribuciones del Poder Judicial actor, ya que, con la expedición del decreto impugnado por el que se otorga pensión por jubilación a Silvia Rendón Campos, no pretende ejercer, de manera directa, los recursos que integran el presupuesto del Poder Judicial, sino que éste ha sido y es ejercido por el poder actor, además, la programación, presupuestación y aprobación de su presupuesto de egresos, son facultades exclusivas de éste y está consciente que, sostener que carecen de esa exclusividad en el ejercicio de sus recursos, tornaría nugatorio el principio de autonomía presupuestaria previsto en la Constitución Federal, por lo que, con base en lo dispuesto por el artículo 123, apartado B, de la Constitución General, 40, fracción XX, de la Constitución Local y los artículos 54, fracción VII, y 56 al 68 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, el Poder Legislativo cuenta con facultades constitucionales y legales para expedir el decreto impugnado, por lo que debe sobreseerse en la controversia constitucional.

Cita, en apoyo a sus argumentaciones, la tesis número 1a. CLXXXI/2009, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE ANALIZAR EN ESTA VÍA LA LEGALIDAD DEL ACTO IMPUGNADO, POR VICIOS PROPIOS, CUANDO EL ACTOR CARECE DE INTERÉS LEGÍTIMO."

h) En el fondo. El decreto en cuestión fue dictado con base en la Ley del Servicio Civil del Estado, la cual establece el procedimiento por el que los trabajadores de los Poderes del Estado puedan obtener su pensión, ya sea por jubilación, por cesantía en edad avanzada, viudez u orfandad, asimismo, la naturaleza jurídica de los derechos adq

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200390-e043c07a/i-controversia-constitucional-su-improcedencia-manifiesta-e-indudable · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.