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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DE LOS ACTOS IMPUGNADOS (OMISIÓN DE RESPONDER LA SOLICITUD DE TRANSFERIR LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES AL MUNICIPIO DE RÍO BRAVO POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, ASÍ COMO LA OMISIÓN DE DISPONER LO NECESARIO Y EMITIR UN PROGRAMA PARA REALIZAR LA TRANSFERENCIA DE LOS SERVICIOS DE MANERA ORDENADA). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DE LOS ACTOS IMPUGNADOS (OTORGAMIENTO DE PODERES EN FAVOR DEL GERENTE GENERAL DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RÍO BRAVO, TAMAULIPAS). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE RESPECTO DE MANIFESTACIONES GENÉRICAS E IMPRECISAS DE ACTOS IMPUGNADOS EN LA DEMANDA (EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 34 DE LA LEY DE AGUAS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS POR PARTE DEL GERENTE GENERAL DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RÍO BRAVO, TAMAULIPAS). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL SÍNDICO MUNICIPAL PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y MEDIO AMBIENTE Y DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, AL SER AJENOS AL ACTO IMPUGNADO (NEGATIVA DE TRANSFERIR LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES, LA DESIGNACIÓN DEL GERENTE GENERAL DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE RÍO BRAVO, TAMAULIPAS). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, AL SER UN ÓRGANO DERIVADO DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL (NEGATIVA DE TRANSFERIR LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES, LA DESIGNACIÓN DEL GERENTE GENERAL DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE RÍO BRAVO, TAMAULIPAS). VII. SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES. EL GOBIERNO ESTATAL PUEDE SOLICITAR A LA LEGISLATURA LOCAL SU CONSERVACIÓN CUANDO LA TRANSFERENCIA A LOS MUNICIPIOS IMPLICA UNA AFECTACIÓN A SU PRESTACIÓN EN PERJUICIO DE LA POBLACIÓN. VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUPUESTO EN LOS QUE PROCEDE RESPECTO DE LA FALTA DE TRANSFERENCIA DEL SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES. IX. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. IMPROCEDENCIA DE LA PROMOVIDA POR UN MUNICIPIO ANTE LA FALTA DE TRANSFERENCIA DEL SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES, CUANDO ESTÁ PENDIENTE DE RESOLVERSE POR EL CONGRESO DEL ESTADO LA SOLICITUD DEL EJECUTIVO LOCAL PARA CONSERVARLO (NEGATIVA DE TRANSFERIR LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES AL MUNICIPIO DE RÍO BRAVO POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 117/2016. · Registro digital (IUS): 200481
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICPIO DE RÍO BRAVO, ESTADO DE TAMAULIPAS.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 117/2016. MUNICIPIO DE RÍO BRAVO, ESTADO DE TAMAULIPAS. 25 DE ABRIL DE 2018. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO QUIEN SE RESERVA EL DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, EN CONTRA DEL EMITIDO POR EL MINISTRO ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. EL MINISTRO JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ ESTUVO AUSENTE. PONENTE: MINISTRA NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA ADJUNTO: EDUARDO ARANDA MARTÍNEZ.

Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del día veinticinco de abril de dos mil dieciocho

VISTOS; y

RESULTANDO:

PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el diecinueve de octubre de dos mil dieciséis en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, JUAN DIEGO GUAJARDO ANZALDÚA, BERTHA ALICIA RODRÍGUEZ PEÑA y RAÚL EDUARDO LÓPEZ MORALES, Presidente Municipal, Síndico Primero y Síndico Segundo del Municipio de Río Bravo, Tamaulipas, respectivamente, promovieron controversia constitucional en la que señalaron como autoridades demandadas y actos impugnados los siguientes:(1)

AUTORIDADES DEMANDADAS

A. Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas

B. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

C. Comisión Estatal del Agua

D. Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Rio Bravo

E. Consejo de Administración de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Tamaulipas

ACTOS RECLAMADOS

1) La omisión de responder la solicitud de transferencia del servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales.

2) La omisión de disponer lo necesario para que la transferencia de dicho servicio se realice de manera ordenada.

3) La omisión de emitir un programa para realizar la transferencia de dicho servicio de manera ordenada.

4) La indebida prestación de dicho servicio público en el Municipio de Río Bravo por parte del órgano público descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Rio Bravo.

5) La negativa de transferir el servicio público en cuestión, la cual se colige de la ilegal designación del Gerente General de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Rio Bravo.

6) La designación del Gerente General de la Comisión citada por parte del Gobernador del Estado.

7) El inminente otorgamiento de poderes para actos de administración y de dominio, así como para pleitos y cobranzas con todas las facultades generales o especiales que requieran poder o cláusula especial por parte del Consejo de Administración de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Río Bravo, al Gerente General, así como el ejercicio de las atribuciones previstas en el artículo 34 de la Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas por parte de éste último.

8) Todas las consecuencias de la ejecución de los actos señalados anteriormente.

SEGUNDO. Antecedentes. En la demanda se expusieron como antecedentes los siguientes:

• El veinticuatro de abril de mil novecientos noventa y tres se publicó en el Periódico Oficial del Estado número 33 el Decreto mediante el cual se creó el organismo público descentralizado denominado Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado.

• El veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve se publicó en el Diario Oficial de la Federación un Decreto que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la cual se ampliaron las facultades de los municipios, incluida la de prestar el servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales.

• En el artículo tercero transitorio de este Decreto, se dispuso que los Municipios podrían solicitar a los Gobiernos Estatales asumir las funciones y la prestación de los servicios públicos municipales, previa aprobación del Ayuntamiento y que hasta realizada la transferencia, tales funciones y servicios seguirían ejerciéndose o prestándose en los términos y condiciones vigentes.

• Mediante Decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado el quince de febrero de dos mil seis el Congreso expidió la Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas.

• En términos del artículo 17, párrafo 1 de la Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas, los Municipios tienen a su cargo los servicios públicos en todos los asentamientos humanos de su circunscripción territorial.

• En el artículo sexto transitorio del Decreto citado, tras su reforma realizada mediante Decreto LXI-56, se estableció que los ayuntamientos donde los servicios estén a cargo del Gobierno del Estado podían solicitar en cualquier momento la transferencia del servicio y que el Ejecutivo dispondría de lo necesario para que dicha transferencia se realizara de manera ordenada, de acuerdo con el programa que para tal efecto se establezca por el Gobierno del Estado.

• En sesión de seis octubre de dos mil dieciséis el Ayuntamiento de Río Bravo aprobó el inicio de la solicitud de transferencia del servicio público de agua potable y alcantarillado del Gobierno del Estado de Tamaulipas.

• En esa misma fecha fue presentado al Gobernador del Estado un oficio en el que informaron de la decisión tomada y solicitaron el inicio de la transferencia del servicio, el cual se encontraba a cargo de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Río Bravo Tamaulipas.

• El ocho de octubre de dos mil dieciséis el Gobernador del Estado y el Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente nombraron a Raúl García Vivián Gerente General de la Comisión citada.

• A la fecha de la presentación de la demanda no se ha iniciado ni dispuesto la transferencia del servicio público antes mencionado por parte de la citada Comisión al Ayuntamiento de Rio Bravo.

TERCERO. Artículos constitucionales violados. El Municipio actor estimó vulnerados los artículos 14, 16 y 115, fracciones I y III, inciso a), de la Constitución Federal.

CUARTO. Conceptos de Invalidez. El Municipio actor hizo valer en su demanda, los siguientes conceptos de invalidez.

Primero. El nombramiento del Gerente General de la Comisión se realizó en un día inhábil (ocho de octubre de dos mil dieciséis) y se llevó a cabo en contra de las disposiciones legales vigentes, pues aun cuando la prestación del referido servicio seguía a cargo del Gobierno del Estado, ya se habían iniciado los trámites para su transferencia al Ayuntamiento, solicitud que ha sido desestimada por el Poder Ejecutivo.

De la reforma a la fracción III del artículo 115 Constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, así como de su exposición de motivos se desprende que no hay impedimento constitucional o legal para que se realice la transferencia del servicio público en favor del Municipio.

El Municipio no ha celebrado convenio de colaboración con el Gobierno Estatal para que éste ejerza las funciones y preste el servicio antes señalado, hipótesis que de manera excepcional permitiría que el Ejecutivo del Estado ejerciera facultades exclusivas del municipio. Sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 25/2006, de rubro: “SERVICIOS PÚBLICOS Y FUNCIONES MUNICIPALES. PARA QUE SU PRESTACIÓN O EJERCICIO SEAN TRANSFERIDOS AL GOBIERNO DEL ESTADO, DEBE EXISTIR SOLICITUD PREVIA DEL AYUNTAMIENTO, APROBADA CUANDO MENOS POR LA MAYORÍA CALIFICADA DE LAS DOS TERCERAS PARTES DE SUS INTEGRANTES (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN II, INCISO D), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”. De ahí que la facultad le corresponde al Municipio, sin que pueda ser otorgada de manera discrecional o unilateral por el Ejecutivo del Estado.

Segundo. El nombramiento del Gerente General de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Río Bravo con fecha posterior a la solicitud de transferencia realizada por el Municipio es contrario al artículo tercero transitorio de la reforma constitucional publicada el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve en el Diario Oficial de la Federación, el cual dispone que en tanto se realiza la transferencia “las funciones y servicios públicos seguirán ejerciéndose o prestándose en los términos y condiciones vigentes”, esto es, en el estado que guardaban las cosas al momento de realizarse la solicitud de transferencia.

La referida designación no cumple con las formalidades esenciales para su validez, pues conforme a la Ley de Aguas del Estado y al Decreto de creación de dicho organismo es facultad del Consejo de Administración del organismo y no del Gobernador del Estado, nombrar y remover al Gerente General.

Tercero. La omisión de iniciar el procedimiento de transferencia del servicio público de agua potable actualiza una invasión de las competencias del Ayuntamiento de Río Bravo.

La potestad del organismo público descentralizado de prestar el servicio de agua potable y alcantarillado tiene un límite temporal, pues en términos del artículo segundo transitorio del Decreto por el que se reformó la Ley de Aguas del Estado publicado el dieciséis de junio de dos mil once en el Diario Oficial local, los ayuntamientos pueden solicitar en cualquier momento la transferencia del servicio.

Así, la actuación de las autoridades demandadas ha generado una invasión material a las competencias del ayuntamiento, pues al no iniciar la transferencia, continúan prestando ilegalmente un servicio que por disposición constitucional le corresponde a la instancia municipal.

Las autoridades demandadas han omitido responder la solicitud de transferencia de servicios e iniciar los trámites previstos en el segundo transitorio del Decreto por el que se reformó la Ley de Aguas del Estado publicado el dieciséis de junio de dos mil once en el Diario Oficial local, esto es, disponer lo necesario para que la transferencia de dicho servicio se realice de manera ordenada y emitir el programa correspondiente.

Cuarto. Se debe declarar la invalidez del nombramiento del Gerente General del organismo en virtud de que viola el artículo tercero transitorio del Decreto de reformas al artículo 115 de la Constitución Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, que señala que en tanto se realiza la transferencia de las funciones y servicios públicos, éstos deberán prestarse en los términos y condiciones vigentes.

Ello porque dicho nombramiento fue emitido con posterioridad a la solicitud de transferencia del servicio.

QUINTO. Trámite de la controversia constitucional. Por acuerdo de veinte de octubre de dos mil dieciséis, el Ministro Presidente de este Alto Tribunal ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, asignándole el número de expediente 117/2016 y ordenó turnarlo al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea como instructor del procedimiento.(2)

Posteriormente, por acuerdo de siete de noviembre de dos mil dieciséis, el Ministro instructor admitió a trámite la presente controversia constitucional; tuvo como demandados al Poder Ejecutivo, a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, a la Comisión Estatal de Agua y a la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Río Bravo, todos del Estado de Tamaulipas, emplazándolas para que emitieran su contestación. Asimismo, otorgó la calidad de tercero interesado al Poder Legislativo de ese Estado y dio vista a la Procuradora General de la República para que antes de la celebración de la audiencia de ley manifestara lo que a su representación correspondiera.(3)

SEXTO. Contestaciones de la demanda.

A. Contestación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado de Tamaulipas Mediante oficio presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el dos de enero de dos mil diecisiete, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado de Tamaulipas, por conducto de su titular Gilberto Estrella Hernández, formuló contestación de demanda en la cual hizo valer lo siguiente:(4)

a) Causa de improcedencia y sobreseimiento. Alega que no tiene legitimación pasiva en la controversia constitucional pues no tiene la investidura que señalan los artículo 105, fracción II de la Constitución Federal y 10, fracción II de la Ley Reglamentaria de la materia. Además, no ha emitido ninguno de los actos que se impugnan.

b) Contestación a los hechos. Refiere que es cierto el hecho identificado por la parte actora con el numeral 1, y que también lo son los identificados con los numerales 2 y del 4 al 12, pero éstos no son hechos propios.

c) Contestación a los conceptos de invalidez. Se adhiere a la contestación del Gobernador del Estado.

B. Contestación de la Comisión Estatal de Agua de Tamaulipas. Mediante oficio presentado el dos de enero de dos mil diecisiete en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión Estatal de Agua de Tamaulipas, por conducto de su Director General, formuló su contestación, en la que manifestó lo siguiente:(5)

a) Causa de improcedencia y sobreseimiento. En términos de los artículos 105, fracción I de la Constitución Federal y 10, fracción II de la Ley Reglamentaria de la materia la Comisión no tiene legitimación pasiva en la controversia constitucional. Tampoco ha emitido o pronunciado los actos que la parte actora reclama y se encuentra jerárquicamente subordinada al Ejecutivo del Estado.

b) Contestación a los hechos. Los hechos identificados por la parte actora con los numerales 1 al 8 son ciertos, pero no son propios de la Comisión, mientras que los hechos identificados del 9 al 12 no se afirman ni se niegan por no ser propios de la Comisión.

c) Contestación a los conceptos de invalidez. Se adhiere a la contestación del Poder Ejecutivo del Estado.

C. Contestación del Gobernador del Estado. Por escrito presentado el doce de enero de dos mil diecisiete en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Gobernador del Estado de Tamaulipas dio contestación a la demanda en los siguientes términos:(6)

a) Contestación a los hechos

• El hecho marcado con el numeral 1 es impreciso, pero si se refiere a la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Río Bravo, Tamaulipas, es cierto.

• El hecho narrado en el número 2 es cierto aunque es atribuible a otras autoridades.

• No existe un numeral 3.

• El hecho número 4 se ignora por no ser propio.

• Es cierto el hecho número 5, pero la expedición de la Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas no es un hecho propio.

• Los numerales 6, 7 y 8 no constituyen hechos por lo que es imposible pronunciarse al respecto.

• El hecho marcado con el número 9 se ignora por no ser propio.

• El hecho 10 es cierto.

• El hecho 11 es falso porque el ocho de octubre de dos mil dieciséis no se realizó el nombramiento del Gerente General, sino que dicha designación aconteció el uno de octubre anterior.

• El hecho 12 es cierto. No se ha iniciado la transferencia del servicio público de agua potable y alcantarillado pues se solicitó a la Legislatura local conservar la prestación de tales servicios públicos con fundamento en el artículo tercero transitorio del Decreto por el que se declara reformado y adicionado el artículo 115 de la Constitución General, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve. Es falso que la falta de transferencia sea ilegal.

b) Causas de improcedencia y sobreseimiento

• Se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 20, fracción III de la Ley Reglamentaria de la materia. Lo anterior, porque el acta de sesión de seis de octubre de dos mil dieciséis adolece de vicios que conllevan su invalidez y nulidad por no cumplir con los artículos 43 y 47 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, por tanto, la solicitud de transferencia que presentó el municipio actor es nula de pleno derecho, sin que haya comenzado a transcurrir el plazo para realizar la transferencia.

• La controversia debe sobreseerse al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción VI del artículo 19 y fracción II del artículo 20 de la Ley Reglamentaria de la materia. Ello porque no se han agotado las vías previstas para la solución del conflicto si se toma en cuenta que a la fecha no ha transcurrido el plazo de 90 días para que se emita el programa de transmisión o la solicitud al Congreso del Estado.

Además el cuatro de enero de dos mil diecisiete se presentó solicitud al Congreso del Estado para que el Gobierno Estatal conserve el servicio de agua potable, la cual se encuentra pendiente de resolución. Por tanto, la designación del Gerente General de la Comisión sigue siendo facultad del Gobernador, pues conforme al artículo tercero transitorio de la reforma al artículo 115 de la Constitución Federal, los servicios se seguirán ejerciéndose o prestándose en los términos y condiciones vigentes en tanto se realiza la transferencia.

En consecuencia, el acto materia de la presente controversia constitucional carece de definitividad, pues existen procesos administrativos estatales en curso.

• Debe sobreseerse en la presente controversia constitucional porque las omisiones y los actos supuestamente invasivos de competencias que el Municipio de Río Bravo imputa al titular del Ejecutivo del Estado no existen. Esto, toda vez que el artículo tercero transitorio de la reforma al artículo 115 de la Constitución General establece un plazo de 90 días contados a partir de la presentación de la solicitud de transferencia para que el Gobierno Estatal presente el programa de transferencia. En este sentido, a la fecha en que el demandante presentó la demanda de controversia constitucional no había concluido el plazo establecido para dar respuesta a su solicitud. Por lo tanto, no se afectó el ámbito de atribuciones del municipio y la pretensión del demandante se basó en supuestas omisiones futuras de realización incierta, como lo es que el Ejecutivo Local omitiría la contestación una vez fenecido el plazo en referencia.

• Existe un cambio de situación jurídica porque el cuatro de enero de dos mil diecisiete se presentó ante el Congreso del Estado de Tamaulipas solicitud para que el Gobierno del Estado conserve en su esfera competencial la prestación del servicio público en el Municipio de Río Bravo y se notificó al municipio la contestación a su solicitud, en el sentido de que no era posible iniciar con los trámites de transferencia en virtud del escrito presentado ante el Congreso. Por tanto, debe sobreseerse en la presente controversia constitucional en términos de la fracción II del artículo 20 de la Ley Reglamentaria de la materia.

c) Contestación a los conceptos de invalidez

I. Inexistencia de las omisiones imputadas

• La reforma al artículo 115, fracción III, inciso a) de la Constitución General, publicada mediante Decreto de veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve estableció una regla condicionada para que los ayuntamientos soliciten la municipalización de servicios, la cual está sujeta a que la transferencia no cause perjuicios a la población, pues los Gobiernos locales pueden solicitar a la Legislatura la conservación de dicha competencia.

En el caso, si bien el Municipio actor solicitó al gobierno la transferencia del servicio, ésta no se ha realizado porque se presentó una solicitud al Congreso del Estado para que el Gobierno local conserve en el ámbito de sus competencias tal servicio. Por tanto, la prestación del servicio es actualmente una competencia del Gobierno del Estado y no será del municipio sino hasta que quede firme la resolución que se dicte a la solicitud presentada por el Ejecutivo al Congreso local en la que se disponga que no se afecta a la sociedad con la transmisión del servicio público, se emita el programa de transmisión y se lleven a cabo todos los trámites correspondientes para la asunción de dicha atribución.

• No asiste razón al municipio respecto de las supuestas omisiones atribuidas al Ejecutivo del Estado.

Con relación a la omisión de contestar la solicitud de transferencia, el Ejecutivo dio contestación el cuatro de enero de dos mil diecisiete. Se reitera que el artículo tercero transitorio del decreto de reformas al artículo 115 de la Constitución General no obliga al Ejecutivo a dar una respuesta inmediata, sino dentro de los noventa días siguientes a emitir el programa de transferencia u oponerse a la transferencia mediante la solicitud de conservación que presente ante el Poder Legislativo del Estado.

• Por lo anterior también debe declararse infundado el argumento en el que se reclama que el Ejecutivo no ha iniciado los trámites de transferencia del servicio y que no ha emitido el programa para realizar dicha transferencia

• En el caso no se actualiza la omisión reclamada pues dentro del plazo de noventa días previsto en la norma constitucional, presentó ante el Congreso local una solicitud de conservación del servicio.

II. Inexistencia de invasión de competencias

• El nombramiento del Gerente General de la Comisión no invade la esfera de competencias del municipio actor, pues a la fecha es el Gobierno del Estado el que presta el servicio público, sin que el municipio tenga competencia para designar a dicho gerente.

• El Gerente General del organismo público no puede considerarse una autoridad intermedia entre el Estado y el Municipio, pues depende del Gobierno Estatal y tampoco lesiona la autonomía municipal porque en el caso aún no se ha realizado la transferencia solicitada; además que la designación no impide o interrumpe la comunicación directa entre el gobierno del Estado y el municipio.

La referida comisión es un organismo descentralizado de la administración pública estatal, que fue creado con anterioridad a la reforma al artículo 115 constitucional de mil novecientos noventa y nueve y en ejercicio de las facultades con que cuenta el Ejecutivo Estatal para crear entidades.

• En el caso no debía tomarse en cuenta al municipio actor para la designación del Gerente General de la Comisión, pues legalmente no cuenta con esa atribución. Tampoco dicha designación es atribución del Consejo de Administración como lo señala en sus conceptos de invalidez, sino del Ejecutivo local, en términos del artículo 22.2 de la Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas. Todo ello si se toma en cuenta que la transferencia del servicio todavía no ha acontecido.

Inexistencia de actos arbitrarios

• Si bien al nombrar al Gerente General de la Comisión el Gobierno del Estado ejerce una facultad discrecional, ello tiene fundamento en el artículo tercero transitorio del Decreto por el que se reforma el artículo 115 de la Constitución General, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, así como en diversas disposiciones legales, además de que las disposiciones que rigen a la Comisión seguirán vigentes hasta que se realice la transferencia del servicio.

El nombramiento del Gerente General de la Comisión de Agua de Río Bravo tuvo como finalidad proteger a la población municipal y al tratarse un cargo público de confianza se permite una amplia discrecionalidad en el ejercicio de la facultad de designación, con el objetivo de que se observen los principios rectores en el ejercicio de las funciones del mencionado organismo. Por tanto, la designación realizada por el titular del Ejecutivo de ninguna manera constituye un acto arbitrario porque se hizo con fundamento en los artículos 91, fracción IX y 95 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas y cumplió con las formalidades necesarias.

• La solicitud de conservación presentada al Congreso del Estado tiene como finalidad evitar perjuicios a los habitantes del municipio y proteger su derecho fundamental al agua, por lo que la continuación en la prestación del servicio no es un acto arbitrario.

• Es infundado lo manifestado por el municipio actor en el sentido de que la celebración de un convenio de colaboración es la única forma en que el Estado pudiese prestar un servicio que está dentro de las facultades exclusivas del municipio, pues la solicitud de conservación ante el Congreso estatal también es una excepción que permite al Gobierno estatal retener en el ámbito de sus competencias la prestación del servicio.

En el caso, no se ha agotado la vía legal prevista para la solución del conflicto, pues se encuentra pendiente de resolución el procedimiento iniciado ante el Congreso del Estado para que se conserve la prestación del servicio público de agua potable y alcantarillado.

• Es falso que el nombramiento del Gerente General se realizó el ocho de octubre de dos mil dieciséis, pues se realizó el día uno del mismo mes y año. Por lo tanto, independientemente de que el Titular del Ejecutivo no se encontraba impedido para realizar la designación aún con posterioridad a la presentación de la solicitud de transferencia, ésta fue realizada antes de que el municipio actor presentara su solicitud.

SÉPTIMO. Manifestaciones del Tercero Interesado. Mediante oficio recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el doce de enero de dos mil diecisiete, el Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, por conducto del Presidente de la Diputación Permanente de la Legislatura, expuso lo siguiente:(7)

a) Causa de improcedencia y sobreseimiento: Se debe declarar improcedente la presente controversia constitucional con fundamento en los artículos 19, fracción VI y 20, fracción II de la Ley Reglamentaria de la materia, pues no se agotó la vía prevista en el artículo tercero transitorio de la reforma al artículo 115 de la Constitución Federal para la solución del conflicto, según la cual una vez efectuada la solicitud de transferencia por parte de los municipios, los gobiernos estatales deberán llevar a cabo la transferencia solicitada en un plazo máximo de noventa días o podrán solicitar a la legislatura conservar en su ámbito de competencia los servicios respectivos cuando la transferencia afecte su prestación en perjuicio de la población, en cuyo caso, la legislatura estatal resolverá lo conducente.

b) Contestación a los hechos

• Los hechos identificados por la parte actora con los numerales 1, 2, 5, 6, 7 y 8 son ciertos.

• El hecho identificado con el numeral 4 es parcialmente cierto, pues omite señalar el artículo tercero transitorio del Decreto aludido.

• El hecho identificado con el numeral 9 no se afirma ni se niega por no ser un hecho propio.

• El hecho identificado como número 10 es parcialmente conocido.

• El hecho numero 11 es parcialmente cierto, pues el nombramiento se realizó legalmente el uno de octubre de dos mil dieciséis y no el ocho de octubre siguiente.

OCTAVO. Ampliación de la demanda. Mediante escrito presentado el nueve de febrero de dos mil diecisiete en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Municipio de Río Bravo, Tamaulipas por conducto del Primer y Segundo Síndicos del Ayuntamiento, Bertha Alicia Rodríguez Peña y Raúl Eduardo López Morales, formuló ampliación de demanda de controversia constitucional debido a que el cuatro de enero de ese año fue recibido en la presidencia municipal de Río Bravo un oficio firmado por el Gobernador y el Secretario General de Gobierno del Estado Tamaulipas mediante el cual informan que no darán inicio a los trámites de municipalización del servicio público de agua potable y alcantarillado.(8)

En los conceptos de invalidez el municipio actor refirió lo siguiente:

• La decisión del Poder Ejecutivo de no transferir el servicio público de agua potable es violatoria de los artículos 14, 16 y 115, fracción III, inciso a) de la Constitución general, así como del tercero transitorio del Decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicado el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve en el Diario Oficial de la Federación, porque si bien esta última disposición establece que el Ejecutivo podrá solicitar a la Legislatura la conservación del servicio, dicho acto no puede ser arbitrario ni unilateral, sino que se debe acreditar que la transferencia afecta a la población.

• El Ejecutivo no fundó ni motivó la determinación de no iniciar la transferencia del servicio en el oficio de cuatro de enero de dos mil diecisiete, y en la solicitud al Congreso local tampoco acreditó las razones de su proceder, sino que ésta se basó en apreciaciones de carácter subjetivo y en argumentos que no guardan relación con la prestación del servicio público de agua potable.

• Por ello, el acto viola en perjuicio del municipio actor, los artículos 14, 16 y 115, fracción III, inciso a) de la Constitución General, por lo que debe ser desestimado por el Poder Legislativo y no debe sobreseerse en la presente controversia constitucional.

• Tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo han realizado acciones para impedir que se vele por los intereses de los habitantes de Río Bravo. Ello se verifica porque el treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis el Consejo de Administración de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Río Bravo, Tamaulipas llevó a cabo la sesión extraordinaria sin invitar al Presidente Municipal, quien debe presidir el Consejo de administración y porque mediante el punto de acuerdo LXIII-15 publicado en el Periódico Oficial del Estado el veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, se nombró como re

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200481-a9ad50e7/i-controversia-constitucional-sobreseimiento-por-inexistencia-de-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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