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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL SÍNDICO MUNICIPAL PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA SU PROMOCIÓN CUANDO SE IMPUGNAN DESCUENTOS, PAGOS PARCIALES, INTERESES POR DESCUENTO O PAGOS PARCIALES Y NEGATIVA DE ENTREGA DE RECURSOS, ES EL DE TREINTA DÍAS HÁBILES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN I, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS A UN MUNICIPIO POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD AL TENER CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO CON ANTERIORIDAD (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS A UN MUNICIPIO POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTAR LA VÍA LEGALMENTE PREVISTA PARA LA SOLUCIÓN DEL CONFLICTO, AL NO HABER INFORMADO EL MUNICIPIO ACTOR LA FALTA DE ENTREGA DE RECURSOS A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS A UN MUNICIPIO POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 133/2019. · Registro digital (IUS): 200499
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE TUXPAN, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 133/2019. MUNICIPIO DE TUXPAN, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 2 DE OCTUBRE DE 2019. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, EDUARDO MEDINA MORA I., YASMÍN ESQUIVEL MOSSA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. AUSENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIO: JORGE JANNU LIZÁRRAGA DELGADO.

Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día dos de octubre de dos mil diecinueve.

V I S T O S Y

R E S U L T A N D O S:

PRIMERO. Demanda. Por escrito recibido el trece de marzo de dos mil diecinueve, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Areli Bautista Pérez, en su carácter de Síndica y en representación del Municipio de Tuxpan, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, promovió juicio de controversia constitucional, en contra de las autoridades que a continuación se precisan y controvertir los siguientes actos:

“1. El Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz.

2. Secretario de Finanzas del Estado de Veracruz.

3. Director General de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz.

4. Director de Cuenta Pública, de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz.

5. Director de Cuenta Pública, de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz.

6. Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado”.

Actos reclamados:

De las autoridades señaladas se demanda la invalidez de las órdenes, instrucciones, autorizaciones y/o aprobaciones que se hayan emitido para la realización de la indebida retención de las participaciones federales que le corresponden al Municipio de Tuxpan, Veracruz, por el concepto de Ramo 33, y en lo particular a:

1) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del D.F., FISM-DF $**********.

Mismos que hace meses fueron entregados al Estado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2) Se reclama de todas las autoridades antes señaladas la invalidez de cualquier orden para llevar acabo los descuentos y las retenciones indebidas de las participaciones federales que le corresponden al Municipio que represento de Ramo 33.

[...]

3) Se reclama la omisión de las autoridades aquí señaladas como demandadas en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales a su cargo, así como lo dispuesto en el número Sexto párrafo segundo de la Ley de Coordinación Fiscal, toda vez que han sido omisas en entregar las participaciones federales por el concepto de Ramo 33 [...].

[...]

4) Se declare en la sentencia que se pronuncie en la controversia constitucional que ahora inicio, la obligación de las autoridades demandadas de restituir y entregar las cantidades que inconstitucionalmente han retenido a las participaciones que corresponden al Municipio que represento provenientes del fondo por el concepto del Ramo 33.

[...]

Así como también se les condene al pago de intereses, a la tasa de recargos que establece el Congreso de la Unión para los casos de pago a plazos de contribuciones, por el retraso injustificado en entregarlos a mi representado. [...]”.

SEGUNDO. Antecedentes de la demanda. El Municipio actor señaló los siguientes antecedentes:

“La Gaceta Oficial del Estado del Veracruz de fecha veintinueve de enero de dos mil dieciséis, en la cual aparece detallado el monto a recibir por este Municipio de Tuxpan por concepto de Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del D.F., FISMDF en la página 23 de la citada Gaceta, así como en la página 25 aparecen los días en los que el Estado tendría que haber depositado los recursos al Municipio que represento. Por lo cual (sic) no se depositaron los últimos tres meses, reteniendo de forma ilegal y arbitraria dicho fondo.

Desde hace meses el Ayuntamiento que represento ha hecho llamados y requerimientos y solicitudes a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Veracruz, con el propósito de que pagaran las cantidades correspondientes al concepto del Ramo 33, en lo particular a:

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del D.F., FISM-DF $**********.

En dichas oficinas administrativas nunca se nos ha dado respuesta clara, y la retención de los recursos ha sido reiterativa, lo que se considera ilegal.

Señores Ministros, desde hace meses se ha repetido la omisión en la entrega de los recursos federales que le corresponden al Ayuntamiento que represento, todo esto por parte de los ahora demandados, situación que está poniendo en riesgo el desarrollo social y económico del Municipio aquí actor.

Al Municipio que represento se le asignó por concepto de fondos federales del Ramo 33, en particular del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del D.F., FISM-DF la cantidad de $********** correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre del año dos mil dieciséis, mismos que desde hace meses le fue entregada por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; siendo que este ha sido omiso en hacer entrega de estos recursos al Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz.[...]”.

TERCERO. Conceptos de invalidez. A continuación se sintetizan los argumentos expresados por el Municipio actor.

• La omisión en la entrega de los recursos es ilegal ya que no existe norma que permita o justifique que no se le entreguen en forma completa al Municipio, lo que impacta de manera negativa en la economía, autonomía y libertad hacendaria de la que goza por disposición constitucional.

• Las omisiones impugnadas trasgreden el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, que consagra el régimen de libre administración hacendaria, así como el principio de integridad de sus recursos económicos, porque no se han entregado al Municipio las participaciones federales que le corresponden, de tal forma que no se ha regularizado su entrega dentro de los tiempos que marca la ley y porque ha omitido pagar al Municipio actor los intereses generados por el retraso en que se ha incurrido en la entrega de tales recursos federales.

• Las participaciones federales que forman parte de las haciendas municipales, en términos del artículo 115, fracción IV, inciso b), de la Constitución Federal, están previstas en el Ramo 33 del Presupuesto de Egresos Federal y reguladas en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, de tal suerte que al retrasarse las autoridades demandadas en la entrega de las participaciones federales que le corresponden, omitiendo el pago de los intereses devengados, se infringió un perjuicio al Municipio, ante la imposibilidad de destinar dichos recursos a los rubros que corresponden en el momento previsto de acuerdo con la normativa aplicable y en armonía con sus necesidades colectivas.

• No existe ninguna justificación para que la autoridad demandada pueda incurrir en retrasos en la entrega de las participaciones federales que le corresponden al Municipio actor, de manera que como tales recursos integran la hacienda pública municipal, su efectiva percepción queda constitucionalmente garantizada por el citado principio de integridad de los recursos económicos municipales, por lo que no hay un verdadero cumplimiento de la obligación de transferir las participaciones federales al Municipio actor, hasta que éste recibe las cantidades que le correspondían en su valor real, es decir, junto con los intereses correspondientes cuando en su entrega se ha producido un retraso indebido.

• La intervención del Estado de Veracruz respecto de los fondos de participaciones que por ley corresponden a los Municipios es de simple mediación administrativa, mientras que en el caso de los fondos de aportaciones, su papel es de mediación, control y supervisión en su manejo, pero nunca de disposición, suspensión o retención.

• Por tanto, se considera que no existe justificación para que exista omisión en la entrega de los recursos correspondientes al fondo federal del Ramo 33, en particular del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del D.F., FISM-DF la cantidad de $********** de los meses de agosto, septiembre y octubre del año dos mil dieciséis.

CUARTO. El Municipio actor señaló que se transgreden en su perjuicio los artículos 14, 16 y 115, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

QUINTO. Radicación y admisión a trámite de la controversia constitucional. Por acuerdo de quince de marzo de dos mil diecinueve,(1) el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional con el número 133/2019 y por razón de turno se designó como instructor al Ministro Alberto Pérez Dayán.

Mediante acuerdo de veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, el Ministro instructor tuvo por admitida(2) la demanda respectiva, se tuvo como demandado y se ordenó el emplazamiento del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, no así respecto de la Secretaría de Finanzas de dicha entidad federativa; asimismo, se dio vista a la Fiscalía General de la República.

SEXTO. Contestación a la demanda. Mediante escrito presentado el día tres de junio de dos mil diecinueve, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, Secretario de Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, contestó la demanda de controversia constitucional.

Mediante auto de seis de junio de dos mil diecinueve(3) el Ministro instructor, tuvo por acreditada la personalidad con la que se ostentó el Secretario de Gobierno del Estado, por presentadas las pruebas relativas a las ministraciones realizadas al Municipio actor y por contestada la demanda de controversia constitucional; por otra parte, debido a que la Síndica del Municipio de Tuxpan, Estado de Veracruz no dio cumplimiento al requerimiento que se le hizo en el sentido de que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, se hizo efectivo el apercibimiento en el sentido de que las notificaciones posteriores se le harían por medio de lista.

SÉPTIMO. Opinión de la Fiscalía General de la República. El citado órgano se abstuvo de formular pedimento ni expresó manifestación alguna.

OCTAVO. Audiencia. Concluido el trámite respectivo, el seis de agosto de dos mil diecinueve,(4) se realizó la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En la audiencia, de conformidad con el artículo 34 de la citada ley reglamentaria, se hizo la relación de las constancias de autos, se admitieron las pruebas ofrecidas por las partes, se rindieron los alegatos del Municipio actor y se puso el expediente en estado de resolución.

NOVENO. Radicación a la Sala. En atención al dictamen formulado por el Ministro instructor al Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se acordó remitir el expediente a la Segunda Sala de este Alto Tribunal, para su radicación y resolución.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(5) 1 de la ley reglamentaria de la materia;(6) 10, fracción I(7) y 11, fracción V,(8) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Puntos Segundo, fracción I(9) y Tercero,(10) del Acuerdo General Número 5/2013, del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, del trece de mayo de dos mil trece, por tratarse de un conflicto entre el Municipio de Tuxpan y el Poder Ejecutivo, ambos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el entendido de que no se trata de normas generales por lo que resulta innecesaria la mayoría calificada de los señores Ministros para su resolución.

SEGUNDO. Legitimación activa. Se procede a realizar el estudio de la legitimación de quien promueve la controversia constitucional, por ser un presupuesto indispensable para el ejercicio de la acción.

El artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Federal faculta a los Municipios de una entidad federativa para promover controversias en las cuales se cuestione la constitucionalidad de sus actos o de sus disposiciones de carácter general.

Asimismo, conforme a los artículos 10, fracción I y 11, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de la Materia,(11) el actor deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que lo rigen, estén facultados para representarlo y, en todo caso, se presumirá que quien comparece a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.

En el caso, del escrito de la demanda de controversia constitucional se advierte que quien promueve la controversia constitucional es la Síndica del Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz de Ignacio de la Llave, representante legal de ese Municipio, carácter que acredita con la copia certificada de la constancia de mayoría y validez que le fue otorgada por el Consejo Municipal Electoral del referido Ayuntamiento, dependiente del Instituto Electoral Veracruzano, el ocho de junio de dos mil diecisiete.(12)

De acuerdo con el artículo 37, fracción I,(13) de la Ley Número 9 Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, corresponde al Síndico la representación jurídica del Municipio; por lo que se reconoce su legitimación para promover el presente medio de control.

Así también, la del propio Municipio actor para instar la vía, al ser uno de los entes mencionados en el artículo 105, fracción I, de la Constitución Federal.

TERCERO. Legitimación Pasiva. A continuación, se analizará la legitimación de la parte demandada, atendiendo a que esta es una condición necesaria para la procedencia de la acción, consistente en que dicha parte sea la obligada por la ley a satisfacer la exigencia que se demanda.

En el caso, el Municipio actor señaló como autoridad demandada al Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, al cual le atribuyó la omisión en la entrega de aportaciones federales, así como el pago de los intereses respectivos.

Eric Patrocinio Cisneros Burgos dio contestación a la demanda en representación del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, personalidad que acredita con la copia certificada del nombramiento(14) de Secretario de Gobierno del Estado, expedido en su favor por parte de Cuitláhuac García Jiménez, Gobernador del Estado, el uno de diciembre de dos mil dieciocho; de igual forma, con fundamento en lo previsto en los artículos 42 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 8, fracción X,(15) de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de la propia entidad, el Gobernador tiene facultades para designar a la persona que podrá representar al Poder Ejecutivo tratándose de las controversias y acciones de inconstitucionalidad previstas en el artículo 105 de la Ley Fundamental.

En ese sentido, el jueves veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado el “Acuerdo Delegatorio que autoriza al Secretario de Gobierno y al Subsecretario Jurídico y de Asuntos Legislativos a representar al titular del Ejecutivo Estatal, así como al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad”, en cuyo punto Primero(16) se señala que el Secretario de Gobierno está en posibilidades de apersonarse o representar con todas las facultades al Poder Ejecutivo del Estado, además de que podrá interponer los medios de defensa legales que estime necesarios y, en general, se le faculta para que realice todo tipo de trámites en las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad en las que sea parte o intervenga el Poder Ejecutivo así como el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

En consecuencia, Eric Patrocinio Cisneros Burgos tiene la facultad para representar al Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz en la presente controversia.

CUARTO. Precisión de los actos impugnados. Deben precisarse los actos que se tendrán como impugnados en la controversia.

A fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, de conformidad con los artículos 39, 40 y 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II, del Artículo 105 constitucional, resulta procedente hacer las siguientes precisiones que derivan de la lectura integral y sistemática de las constancias de autos, particularmente de la demanda, de la contestación y de las documentales exhibidas como pruebas.

De la demanda que dio origen a la presente controversia constitucional, se advierte que el Municipio únicamente impugnó tres meses (agosto, septiembre y octubre de dos mil dieciséis) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), por la cantidad de $**********.

Desde esta perspectiva, el Municipio actor efectivamente impugna:

1. La omisión de pago de las aportaciones del Fondo para la Infraestructura Social, Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre de dos mil dieciséis.

2. La omisión de pago de los intereses correspondientes.

QUINTO. Causas de improcedencia. En el presente caso se advierte la actualización de una causa de improcedencia que justo impacta en la oportunidad de la presentación de la demanda de controversia constitucional y que impide entrar al estudio de fondo del asunto.

En efecto, esta Segunda Sala advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VII,(17) en relación con el artículo 21, fracción I,(18) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativa a la extemporaneidad de la demanda, en atención a los siguientes razonamientos.

En primer término, el artículo 1(19) de la Ley Número 44 de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece que la ley tiene por objeto regular la distribución de las participaciones federales así como normar la distribución y aplicación de las aportaciones federales que le correspondan a los Municipios, entre otras.

Por su parte, el artículo 7(20) del referido ordenamiento legal, establece que las participaciones federales que el Estado reciba y deba hacer efectivas a los Municipios, se repartirán de acuerdo a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables; en esa virtud, en el diverso numeral 8 Bis, se prevé que el Gobierno del Estado por conducto de la Secretaría de Finanzas deberá publicar en la Gaceta Oficial del Estado el "Acuerdo por el que se da a conocer el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como los montos estimados que recibirá cada municipio del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave".

Lo anterior, permite concluir que los Municipios conocen con exactitud los montos y fechas de la distribución de los recursos correspondientes a las participaciones que, en ingresos federales y estatales, les fueron asignadas y, por consiguiente, de las que les fueron efectivamente transferidas.

En esta lógica, el viernes veintinueve de enero de dos mil dieciséis, se publicó en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el “ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL ENTRE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016”, que contiene las cantidades que le son asignadas a cada uno de los Municipios.

De esta manera al Municipio actor, le correspondió la cantidad siguiente (foja 35 del expediente relativo a la controversia constitucional 133/2019).

Ver cantidad

Por su parte, en el punto Décimo del propio Acuerdo se establece que la entrega de los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se hará tan pronto sean recibidos de la Federación a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de manera mensual de conformidad con el siguiente calendario de pagos.

Ver calendario de pagos

Conforme a esta mecánica, los Municipios conocen con plena certeza, los montos y las fechas en que se les realizará la entrega de los recursos y, por ende, que transcurrida esa fecha, se ha producido una retención o una entrega parcial de fondos.

No obstante, en el presente caso es necesario precisar que si bien el Municipio actor impugna los actos omisivos de referencia dándoles el tratamiento de actos negativos, lo cierto es que dichas retenciones de recursos federales derivan de actos de naturaleza positiva, ya que lo impugnado no fueron omisiones de pago, sino actos de retención de recursos federales, entendidos como actos positivos, en tanto que existía una fecha cierta de pago establecida en los calendarios correspondientes a las entregas de los recursos federales, que fueron publicados debidamente a través del medio de difusión oficial local.

Esta concepción de los actos impugnados impacta en el cómputo de la oportunidad para controvertirlos, ya que delimita la posibilidad a los treinta días previos a que tuvo conocimiento de éstos, en términos del artículo 21 de la ley reglamentaria de la materia.

Sirve de apoyo a lo expuesto, el criterio jurisprudencial P./J. 113/2010, de rubro y texto siguientes:

“CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA PROMOVERLA CONTRA UNA OMISIÓN DERIVADA DE UN ACTO POSITIVO QUE NO SE CONTROVIRTIÓ OPORTUNAMENTE ES EL QUE RIGE LA IMPUGNACIÓN DE ÉSTE. Si bien es cierto que como lo estableció el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis jurisprudencial P./J. 43/2003, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN.", cuando se trate de omisiones, la oportunidad para impugnarlas a través de la controversia constitucional se actualiza día a día, mientras aquéllas subsistan, también lo es que tal criterio no es aplicable cuando se impugnan las consecuencias directas de un acto positivo que no se controvirtió oportunamente, como es la falta de remisión al Congreso del Estado de Jalisco del dictamen técnico y del expediente de un Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia local tres meses antes de que concluyera su nombramiento para determinar lo relativo a su ratificación, a la que por ser una consecuencia necesaria del acuerdo del Supremo Tribunal de Justicia del Estado en el que determinó que el indicado juzgador es inamovible por haber sido ratificado con anterioridad, no se le puede atribuir el carácter de omisión para los efectos de la controversia, por lo que el plazo para controvertir la aludida falta de remisión es el mismo que rige para la impugnación del acuerdo del que deriva, sin que sea válido sujetarlo a la regla prevista en la jurisprudencia mencionada”.(21)

Atento a lo anterior, en la especie de las constancias que obran en autos, se advierte que la Síndica del Municipio de Tuxpan, tuvo conocimiento de la retención impugnada, desde el ocho de septiembre, ocho de octubre y cinco de noviembre,(22) correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre, respectivamente, todos del año dos mil dieciséis.

Si esto es así, el plazo para impugnar la supuesta invasión de competencia se generó a partir del día siguiente en que tuvo conocimiento de que los recursos de la hacienda municipal estaban siendo afectados; sin que sea válido, sujetar el plazo a la regla general que rige la impugnación de omisiones, pues la “omisión de realizar el pago” es una consecuencia necesaria y directa de un acto positivo, la entrega parcial o retención primigenia.

En consecuencia, a la fecha de presentación de la demanda, trece de marzo de dos mil diecinueve, transcurrió en exceso el plazo de treinta días, contados a partir del día siguiente al en que se tuvo conocimiento de la retención o entrega parcial de los recursos, para accionar este medio de control constitucional y, por ende, como se dijo con anterioridad, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VII, en relación con el 21, fracción I, de la Ley Reglamentaria de la materia y en consecuencia debe sobreseerse la presente controversia constitucional.

A mayor abundamiento, debe destacarse que tal y como lo alega el Poder Ejecutivo en su escrito de contestación, el Municipio actor debió agotar también la vía legalmente prevista en la Ley de Coordinación Fiscal y así cumplir con el principio de definitividad.

Lo anterior dado que el Municipio promovente encuadra las retenciones impugnadas en violaciones respecto de diversas facultades previstas en la Ley de Coordinación Fiscal, por tanto, para reclamar la omisión o negativa del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave de entregar los recursos reclamados, debió agotar la vía legalmente prevista en el referido ordenamiento legal, para obtener la revocación o modificación del acto que presuntamente le causa una afectación a su esfera jurídica constitucionalmente prevista.

En efecto, la Constitución Federal reconoce a los Municipios y a sus Ayuntamientos, como órganos de gobierno, la facultad para administrar libremente su hacienda, la cual se conforma, entre otros elementos, con las aportaciones federales, las cuales se entregarán según lo establecido en las legislaciones correspondientes.

Ahora bien, uno de los ordenamientos legales aplicables es justamente la Ley de Coordinación Fiscal, la cual según lo previsto en su artículo 1(23) tiene como objeto coordinar el sistema fiscal de la Federación con las entidades federativas, así como con los Municipios, para establecer la participación correspondiente a sus haciendas públicas y su distribución.

En ese orden de ideas, el artículo 6, párrafo segundo,(24) de dicho ordenamiento señala que la Federación entregará las participaciones a los Municipios por conducto de las entidades federativas; siendo que el retraso produce el pago de intereses y, en caso de incumplimiento por parte de los Estados, la Federación hará entrega directa a los Municipios, para lo cual descontará la participación del monto correspondiente al Estado.

Como se advierte, la Federación al ser la que entrega las participaciones a los Estados, a fin de que éstos las entreguen por su conducto a los municipios, según corresponda, funge como un órgano de control respecto de la adecuada administración y destino de los recursos que corresponden a las entidades federativas y a los municipios.

Esa atribución corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con el artículo 8(25) de la Ley de Coordinación Fiscal, ya que dicha dependencia debe informar sobre el comportamiento de las participaciones a las partes beneficiadas.

Asimismo, con fundamento en el artículo 11(26) de la Ley de Coordinación Fiscal, la citada Secretaría está facultada para disminuir las participaciones de las entidades, cuando éstas violen lo dispuesto en los artículos 73, fracción XXIX, 117, fracciones IV a VII y IX, o 118, fracción I, de la Constitución Federal, o falte al cumplimiento del o de los convenios celebrados con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En ese caso, la mencionada dependencia debe oír a la entidad y deberá atender el dictamen técnico de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales. Cuando la disminución de participaciones suceda, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe comunicar la resolución a la entidad respectiva, en la cual señalará la violación cometida.

Un elemento adicional para evidenciar la facultad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, respecto del control sobre el destino de las participaciones, es la posibilidad de esa dependencia para vigilar, por conducto de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, la determinación, liquidación y pago de dichos recursos a los Municipios.(27) En ese mismo sentido, el Reglamento Interior de los Organismos del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, establece la facultad de la citada Comisión para tomar las medidas necesarias para el ejercicio de la mencionada facultad.(28)

Así, si los Municipios se consideran afectados por la falta de entrega de los recursos por parte de los Estados, entonces pueden hacerlo del conocimiento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que ésta requiera a la entidad federativa. En caso de que la dependencia considere injustificada la omisión, puede entregar directamente los recursos a los Municipios y, en su caso, descontar de la próxima ministración a los Estados, respecto de aquellos dejados de entregar, para ser proporcionados a los Municipios.

De todo lo descrito, válidamente se puede concluir que la Ley de Coordinación Fiscal establece la autoridad a la cual deben acudir los Municipios, a fin de que puedan reclamar el incumplimiento por parte de las entidades federativas, de entregar oportunamente las participaciones y aportaciones federales a las que tienen derecho.

De esta manera, tanto del escrito inicial de demanda como de los anexos, en modo alguno se advierte que el Municipio actor haya

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200499-69afda4f/i-controversia-constitucional-legitimacion-del-sindico-municipal-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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