I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS AL CONCLUIR LA VIGENCIA ANUAL DEL ACTO IMPUGNADO (ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA, ESTADO DE MORELOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECIOCHO Y EL OFICIO OF. NO. JCG/029/18 DEL SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE ESA ENTIDAD). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. IMPROCEDENCIA RESPECTO DE LA NORMA IMPUGNADA CON MOTIVO DE SU ACTO DE APLICACIÓN CUANDO SE SOBRESEE EN RELACIÓN CON ESTE (ARTÍCULO 93 TER-6, PÁRRAFO CUARTO Y QUINTO DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 223/2018. MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA, MORELOS. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, QUIEN ESTÁ CON EL SENTIDO PERO EN CONTRA DE LAS CONSIDERACIONES, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES Y PRESIDENTE JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ; DISIDENTE ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. AUSENTE JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. HIZO SUYO EL ASUNTO EL MINISTRO LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES.
Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al once de septiembre de dos mil diecinueve.
V I S T O S; y,
R E S U L T A N D O:
PRIMERO. Presentación de la demanda, poder demandado y acto impugnado. Por escrito presentado el cinco de diciembre de dos mil dieciocho, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Dulce Margarita Medina Quintanilla y José Santos Cabrera, en su carácter presidenta y síndico municipal del Municipio de Puente de Ixtla, Morelos, respectivamente, promovieron controversia constitucional en representación del citado Municipio, en la que se solicitó la invalidez de los actos y norma que más adelante se señalan, emitidos por los órganos que a continuación se mencionan:
Entidad, poder u órgano demandado:
• Poder Legislativo del Estado de Morelos.
• Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.
• Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad".
• Secretario de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado de Morelos.
• Secretario de Gobierno del Estado de Morelos.
• Auditor Superior de Fiscalización del Estado de Morelos.
Norma general o acto cuya invalidez se demanda:
a) De las autoridades ordenadoras: Congreso del Estado de Morelos, Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" y Secretario de Gobierno del Estado de Morelos se demanda la invalidez de:
• La aprobación, expedición y promulgación del Decreto número novecientos cincuenta y dos, publicado en el Periódico "Tierra y Libertad" número cinco mil ciento treinta y nueve, relativo a las reformas y adiciones a la Ley General de Hacienda Municipal para el Estado de Morelos, en específico de su artículo 93 Ter-6, párrafos cuarto y quinto,(1) que establece la prohibición que tienen las administraciones municipales de ejercer o gastar las cantidades en el ejercicio fiscal vigente que hayan recibido por pago anticipado del impuesto predial del año siguiente.
• La inconstitucionalidad del Decreto número novecientos cincuenta y dos publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número cinco mil ciento treinta y nueve, de fecha seis de noviembre de dos mil trece y/o artículo 93 Ter-6, párrafos cuarto y quinto de la Ley General de Hacienda Municipal para el Estado de Morelos.
• La aprobación, expedición y promulgación de la Ley de Ingresos del Municipio de Puente de Ixtla, Morelos, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, en su artículo cuarto transitorio, que establece la prohibición que tiene la administración municipal en funciones de ejercer o gastar las cantidades en el ejercicio fiscal vigente que hayan recibido por pago anticipado del impuesto predial del año siguiente.
• La inconstitucionalidad del artículo cuarto transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Puente de Ixtla, Morelos, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho.
b) De las autoridades ejecutoras:
• Del Secretario de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado de Morelos, el oficio OF.No.JCG/029/18 de fecha once de octubre de dos mil dieciocho, mismo que fue notificado el diecinueve del mismo año.
• Del Auditor Superior de Fiscalización del Estado de Morelos, todos los actos tendientes a supervisar, vigilar y, en su caso, sancionar a las autoridades administrativas municipales que representan, fundándose en lo dispuesto por el artículo 93 Ter-6, párrafos cuarto y quinto de la Ley General de Hacienda y Municipal para el Estado de Morelos, así como en el cuarto transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Puente de Ixtla, Morelos para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho.
SEGUNDO. Antecedentes. En la demanda se señalaron como antecedentes, los siguientes:
1. Con fecha uno de enero de dos mil dieciséis se integró el nuevo ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, lo cual se acredita con la constancia de mayoría de la elección del ayuntamiento y sesión ordinaria de cabildo celebrada el uno de enero de dos mil dieciséis.
2. El diecinueve de octubre de dos mil dieciocho fue recibido el oficio OF.No.JCG/029/18, suscrito por el Diputado José Casas González, Secretario de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado de Morelos, mediante el cual prohíbe, como administración municipal, ejercer los recursos que se han generado por contribuciones correspondientes al ejercicio fiscal posterior, aplicando en consecuencia el artículo 93 Ter-6, párrafos cuarto y quinto de la Ley General de Hacienda Municipal para el Estado de Morelos. Manifestando además, bajo protesta de decir verdad, que a partir de la fecha de notificación se tuvo conocimiento específico de la aplicación de las normas cuya invalidez se reclama, ya que dada la naturaleza de las circunstancias no fue posible advertir con anterioridad la efectividad de su aplicación en perjuicio de la autonomía hacendaria con que cuenta el Municipio que se representa.
TERCERO. Conceptos de invalidez. La parte actora, esgrimió como único concepto de invalidez, en síntesis, lo siguiente:
El decreto mediante el cual surge a la vida jurídica el artículo 93 Ter-6 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, así como el artículo cuarto transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Puente de Ixtla, Morelos, resultan violatorias de los artículos 14, 16, 17, 115, fracción IV y 133 de la Ley Suprema, pues establecen mecanismos que impiden el ejercicio libre y directo de los recursos por parte del Ayuntamiento, pues no existe disposición que permita prohibir el ejercicio de ningún tipo de recursos que perciba el Municipio.
En efecto, el artículo 115 del Pacto Federal establece que los Ayuntamientos ejercerán de manera directa los recursos que integran la hacienda municipal y, en su caso, por quienes ellos autoricen. Así, el Poder Legislativo y Ejecutivo invaden la competencia del Municipio en cuanto a la libre hacienda se refiere, pues establece una prohibición para ejercer el gasto de forma libre, directa y oportuna, ya que el Municipio debe tener la disponibilidad de sus recursos, con la única limitante de que se encuentre en todos los casos justificada conforme a su presupuesto aprobado.
En consecuencia, debe declararse la invalidez de la norma, pues resulta inconstitucional que puedan determinar en qué momento se puede y en qué momento no se puede gastar el recurso que integra el patrimonio municipal.
CUARTO. Artículos constitucionales señalados como violados. La parte actora estima violados los artículos 14, 16, 17, 115, fracción IV y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
QUINTO. Trámite de la controversia. Por seis de diciembre de dos mil dieciocho, el Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar la presente controversia constitucional bajo el expediente 223/2018, y turnó el expediente al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo para que fungiera como instructor.(2)
Mediante proveído de siete de diciembre de dos mil dieciocho, el Ministro instructor admitió la demanda de controversia constitucional, en la que tuvo como demandados únicamente a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de Morelos, más no a los demás demandados por considerarlos órganos subordinados a los poderes anteriormente señalados; a quienes ordenó emplazar para que formularan su contestación, las requirió para que señalaran domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Requirió al Poder Legislativo para que al dar contestación a la demanda enviara a este Alto Tribunal copia certificada de los antecedentes legislativos de la norma impugnada; y al Poder Ejecutivo Estatal para que remitiera el ejemplar del Periódico Oficial de la entidad en el que se publicó el artículo controvertido. Asimismo ordenó dar vista a la Procuraduría General de la República para que manifestara lo que a su derecho y representación correspondiera.(3)
SEXTO. Contestación de la demanda por parte del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. El Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, al contestar la demanda, señaló en síntesis lo siguiente:(4)
Con relación a los hechos señaló que ni se afirman ni se niegan, por no ser hechos propios de la autoridad demandada.
Con relación a los conceptos de invalidez aduce que el Municipio actor se abstiene de formular conceptos de invalidez en los que se combatan las disposiciones impugnadas por vicios en su promulgación, que es el único acto que se le pudiera atribuir al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.
Por otro lado, el artículo 126 de la Constitución Política Federal, en relación con los artículos 13, fracción I de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y 13 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos establecen que las Entidades y los Municipios solo podrán comprometer recursos con cargo al presupuesto autorizado o a una ley posterior. Las contribuciones se recaudan y se ejecutan bajo el principio de anualidad, por lo tanto, la prohibición referida tiene dicho alcance a efecto de evitar que se dispongan de recursos futuros ejercicios fiscales, invadiendo la autonomía hacendaria de próximas administraciones.
SÉPTIMO. Contestación de la demanda por parte del Poder Legislativo del Estado de Morelos. El Presidente de la mesa directiva de la LIV Legislatura del Congreso del Estado de Morelos dio contestación a la demanda, señalando en síntesis lo siguiente:(5)
En relación con los hechos que constituyen los antecedentes:
• Que el primero de ellos es cierto en cuanto a que el uno de enero de dos mil dieciséis inició el periodo de los Ayuntamientos que integran el Estado de Morelos. En cuanto a la integración del cuerpo edilicio, se ignoran por no ser hechos propios.
• Respecto del segundo ni se afirma ni se niega, al no ser hechos propios.
Por otro lado, el demandado hace valer la causa de improcedencia del artículo 19, fracción VIII de la Ley Reglamentaria de la materia, pues el Municipio de Puente de Ixtla no cuenta con interés legítimo, dado que la legislatura del Estado de Morelos cuenta con las facultades constitucionales para expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar leyes, decretos y acuerdos para el gobierno y administración interior del Estado, por lo cual dicha facultad legislativa no invade la competencia del Municipio actor.
En relación al concepto de invalidez planteado por el Municipio actor, menciona que es una atribución exclusiva de los Ayuntamientos elaborar el proyecto de iniciativa de Ley de Ingresos, para que una vez aprobada por el cabildo se convierta en una iniciativa formal de ingresos, siendo que la legislatura estatal tiene la decisión final sobre las leyes de ingresos de los Municipios.
Ahora bien, el Municipio actor solicita la invalidez tanto del artículo 93 Ter- 6 de la Ley General de Hacienda Municipal y el artículo cuarto transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Puente de Ixtla, Morelos, sin embargo, es necesario precisar que esta obligación viene subsistiendo desde la anterior Ley de Ingresos del Municipio, por lo que debe considerarse tal obligación como el primer acto de aplicación de dicha norma en su perjuicio, por lo que la presentación de la demanda resulta extemporánea.
Por otro lado, el artículo 2 de la Ley de Ingresos del Municipio actor para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho establece que los ingresos se regirán, entre otras leyes, lo dispuesto en la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, por lo tanto la Ley General de Hacienda Municipal fue aplicada en la Ley de Ingresos del propio Municipio, luego entonces, en caso de que dichos ordenamientos le hayan causado lesión alguna al promovente, tendría a partir de la entrada en vigor de dichos ordenamientos treinta días para promover controversia constitucional, luego entonces lo procedente sería sobreseer por extemporáneo.
OCTAVO. Opinión del Procurador General de la República. El Procurador General de la República se abstuvo de formular pedimento.
NOVENO. Audiencia. Agotado el trámite respectivo, tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en la que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del propio ordenamiento, se hizo relación de las constancias de autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas documentales ofrecidas por las partes, sin que las mismas hayan estado presentes ni formulado alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.
DÉCIMO. Avocamiento. En atención a la solicitud formulada por el Ministro Ponente, mediante proveído de uno de julio de dos mil diecinueve, dictado por el Ministro Presidente de la Primera Sala, se AVOCÓ al conocimiento del asunto y además, determinó enviar nuevamente los autos a la Ponencia de la adscripción del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo para la elaboración del proyecto de resolución.
C O N S I D E R A N D O
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I y 11, fracción V de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con lo dispuesto en el punto Segundo, fracción II, a contrario sensu, y punto Tercero del Acuerdo 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, por tratarse de una controversia constitucional en la que resulta innecesaria la intervención del Tribunal Pleno, dado el sentido del fallo.
SEGUNDO. Fijación de la Litis. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo 41 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se procede a precisar los actos que son objeto de la controversia constitucional.
En el apartado denominado actos cuya invalidez se demanda, señaló como tales los siguientes:
a) De las autoridades ordenadoras: Congreso del Estado de Morelos, Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" y Secretario de Gobierno del Estado de Morelos se demanda la invalidez de:
• La aprobación, expedición y promulgación del Decreto número novecientos cincuenta y dos, publicado en el Periódico "Tierra y Libertad" número cinco mil ciento treinta y nueve, relativo a las reformas y adiciones a la Ley General de Hacienda Municipal para el Estado de Morelos, en específico de su artículo 93 Ter-6, párrafos cuarto y quinto, que establece la prohibición que tienen las administraciones municipales de ejercer o gastar las cantidades en el ejercicio fiscal vigente que hayan recibido por pago anticipado del impuesto predial del año siguiente.
• La inconstitucionalidad del Decreto número novecientos cincuenta y dos publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número cinco mil ciento treinta y nueve, de fecha seis de noviembre de dos mil trece y/o artículo 93 Ter-6, párrafos cuarto y quinto de la Ley General de Hacienda Municipal para el Estado de Morelos.
• La aprobación, expedición y promulgación de la Ley de Ingresos del Municipio de Puente de Ixtla, Morelos, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, en su artículo cuarto transitorio, que establece la prohibición que tiene la administración municipal en funciones de ejercer o gastar las cantidades en el ejercicio fiscal vigente que hayan recibido por pago anticipado del impuesto predial del año siguiente.
• La inconstitucionalidad del artículo cuarto transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Puente de Ixtla, Morelos, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho.
b) De las autoridades ejecutoras:
• Del Secretario de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado de Morelos, el oficio OF.No.JCG/029/18 de fecha once e octubre de dos mil dieciocho, mismo que fue notificado el diecinueve del mismo año.
• Del Auditor Superior de Fiscalización del Estado de Morelos, todos los actos tendientes a supervisar, vigilar y, en su caso, sancionar a las autoridades administrativas municipales que representan, fundándose en lo dispuesto por el artículo 93 Ter-6, párrafos cuarto y quinto de la Ley General de Hacienda y Municipal para el Estado de Morelos, así como en el cuarto transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Puente de Ixtla, Morelos para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho.
Así, esta Primera Sala considera que del análisis integral de la demanda, lo efectivamente impugnado es el párrafo cuarto y quinto del artículo 93 Ter-6 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, así como el artículo cuarto transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Puente de Ixtla, Morelos, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho y el oficio OF.No.JCG/029/18 del Secretario de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado de Morelos.
Lo anterior, en atención a la jurisprudencia P. /J. 98/2009,(6) emitida por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguiente:
"CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. REGLAS A LAS QUE DEBE ATENDER LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA LA FIJACIÓN DE LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA. El artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las sentencias deberán contener la fijación breve y precisa de las normas generales o actos objeto de la controversia y, en su caso, la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, apreciación que deberá realizar sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad en virtud de que tales aspectos son materia de los conceptos de invalidez. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente y ante tal situación deben armonizarse, además, los datos que sobre los reclamos emanen del escrito inicial, interpretándolos en un sentido congruente con todos sus elementos e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, de una manera tal que la fijación de las normas o actos en la resolución sea razonable y apegada a la litis del juicio constitucional, para lo cual debe atenderse preferentemente a la intención del promovente y descartando manifestaciones o imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Tribunal Constitucional deberá atender a lo que quiso decir la parte promovente de la controversia y no a lo que ésta dijo en apariencia, pues sólo de este modo podrá lograrse congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.".
TERCERO. Causas de improcedencia. Resulta innecesario el estudio de las cuestiones relativas a la oportunidad y la legitimación de las partes, en virtud de que procede decretar el sobreseimiento de la presente controversia constitucional, por actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución, en relación con el artículo 45 del mismo ordenamiento.(7)
Lo anterior, conforme a las siguientes consideraciones:
El artículo 19, fracción V de la Ley Reglamentaria de la materia establece que las controversias constitucionales son improcedentes cuando cesen los efectos de la norma o del acto impugnado en estos procedimientos, lo cual implica que éstos dejen de surtir sus efectos jurídicos, en tanto que la declaración de invalidez de las sentencias que en estos juicios se pronuncia no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal. Este criterio se refleja en la tesis jurisprudencial número 54/2001,(8) de rubro y texto siguientes:
"CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS. La cesación de efectos de leyes o actos en materias de amparo y de controversia constitucional difiere sustancialmente, pues en la primera hipótesis, para que opere la improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que sus efectos deben quedar destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo, cuyo objeto, conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la propia ley, es restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; mientras que en tratándose de la controversia constitucional no son necesarios esos presupuestos para que se surta la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino simplemente que dejen de producirse los efectos de la norma general o del acto que la motivaron, en tanto que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposición expresa de los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal y 45 de su ley reglamentaria."
En el caso cobra aplicación el criterio anterior, pues de la demanda de controversia constitucional se advierte que el ayuntamiento del Municipio de Puente de Ixtla, Morelos impugna disposiciones que forman parte de la Ley de Ingresos del Municipio de Puente de Ixtla para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, en específico el artículo cuarto transitorio, que permite al Municipio recibir pagos anticipados de las contribuciones correspondientes al ejercicio fiscal siguiente, pero sin que pueda ejercerlos en el propio ejercicio fiscal de dos mil dieciocho.
En ese sentido, se estima que al día de hoy no es posible emitir ningún pronunciamiento sobre tal disposición, toda vez que ya cesaron sus efectos al estar condicionada para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho. De conformidad con el artículo 32(9) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, las Leyes de Ingresos de los Municipios del Estado están sujetas a una condición de anualidad y no se advierte que el precepto impugnado tenga ultra-actividad para el ejercicio de 2018, tan es así que la Ley de Ingresos del Estado para ese ejercicio fue publicada en diciembre de dos mil dieciocho.
Asimismo, los artículos 1° y cuarto transitorio (impugnado) de la Ley de Ingresos del Municipio de Puente de Ixtla, Morelos, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, publicada el día veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete, establecen:
"Artículo 1. La presente ley es de orden público y de interés general, es de aplicación obligatoria en el ámbito territorial del Municipio de Puente de Ixtla, Morelos, y tiene por objeto establecer los ingresos que percibirá la hacienda pública de su ayuntamiento, durante el ejercicio fiscal correspondiente al año 2018, por los conceptos que esta misma ley previene.
(...)"
"CUARTO. EL AYUNTAMIENTO DENTRO DE LAS FACILIDADES QUE BRINDE PARA EL CUMPLIMIENTO FISCAL Y RESPETANDO LA COSTUMBRE DE QUIEN PREFIERA PAGAR EN FORMA ANTICIPADA SUS CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL AJERCICIO FISCAL 2019, PODRÁ RECIBIR EL IMPORTE DE LOS MONTOS RECAUDADOS POR PAGO ADELANTADO; SIN EMBARGO, EL AYUNTAMIENTO NO PODRÁ EJERCER DICHOS INGRESOS EN EL AÑO CORRIENTE, SINO QUE TENDRÁ QUE REGISTRAR EL PAGO ANTICIPADO EN UNA CUENTA DE ORDEN." (SIC)
De lo que se advierte que el artículo cuarto transitorio de la Ley de Ingresos impugnada, sólo tendría vigencia durante el ejercicio fiscal dos mil dieciocho.
En consecuencia, la causa de improcedencia referida se actualiza en el caso concreto, en virtud de que la parte actora, como se dijo, solicita la invalidez de una determinación que se hizo en la Ley de Ingresos del Municipio actor para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, y el ejercicio fiscal para el cual debió estar vigente la norma cuya invalidez se demanda ya concluyó. Por lo tanto, es claro que la posible afectación que pudiera resentir el Municipio actor en su esfera de atribuciones quedó sin efectos.
Lo anterior es así, dado que aun y cuando se estudiara el fondo del presente asunto y se llegare a declarar, en su caso, la invalidez, la sentencia no podría surtir plenos efectos, toda vez que, como se señaló, no tendría efectos retroactivos, al existir la limitante expresa del artículo 45 de la Ley Reglamentaria de la materia.
Cobra aplicación a lo anterior, por identidad de razón el criterio del Tribunal Pleno, consultable en la tesis jurisprudencial número 9/2004,(10) de título y texto siguientes:
"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PROCEDE SOBRESEER EN EL JUICIO SI CONCLUYÓ LA VIGENCIA ANUAL DE LA LEY DE INGRESOS Y DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN IMPUGNADOS Y, POR ENDE, CESARON SUS EFECTOS. De lo dispuesto en el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Federal, se advierte que en relación con la Ley de Ingresos y con el Presupuesto de Egresos de la Federación rige el principio de anualidad, consistente en establecer los ingresos que puede recaudar la Federación durante el ejercicio fiscal, así como la forma en que aquéllos han de aplicarse, con el fin de llevar un adecuado control, evaluación y vigencia del ejercicio del gasto público, lo cual se patentiza con el hecho de que el Ejecutivo Federal tiene la obligación de enviar al Congreso de la Unión la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de egresos de la Federación, en la cual se deberán contemplar las contribuciones a cobrar en el año siguiente, para cubrir el presupuesto de egresos, aunado a que en la propia Ley de Ingresos se establece que su vigencia será de un año, así como la de todas las disposiciones referentes a su distribución y gasto. En consecuencia, si la Ley de Ingresos y el presupuesto de egresos tienen vigencia anual y ésta concluyó, resulta indudable que no es posible realizar pronunciamiento alguno de inconstitucionalidad, pues al ser de vigencia anual la materia de impugnación, y concluir aquélla, no puede producir efectos posteriores, en atención a su propia naturaleza, además de que aun cuando se estudiara la constitucionalidad de la norma general impugnada, la sentencia no podría surtir plenos efectos, ya que de acuerdo con el artículo 45 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la declaración de invalidez de las sentencias dictadas en ese medio de control constitucional no tiene efectos retroactivos. Por tanto, procede sobreseer en la acción de inconstitucionalidad, de conformidad con el artículo 20, fracción II, en relación con los artículos 19, fracción V, 59 y 65, todos de la mencionada ley reglamentaria."
Ahora bien, esta Primera Sala estima que también procede sobreseer respecto del oficio impugnado OF. No. JCG/029/18 del Secretario de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado de Morelos, de conformidad con el artículo 19, fracción V de la Ley Reglamentaria de la materia, toda vez que el mismo también ha cesado en sus efectos.
Esto es así, pues en el mismo sentido que la norma impugnada, el acto se encontraba dirigido al ejercicio fiscal dos mil dieciocho, para el efecto de mantener intocados los recursos obtenidos por el cobro anticipado del impuesto predial correspondiente al año dos mil diecinueve, como se desprende del texto del oficio:
"OF. No. JCG/029/18
Cuernavaca, Morelos a 11 de octubre del año 2018.
C. DULCE MEDINA QUINTANILLA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUENTE DE IXTLA, MORELOS.
P r e s e n t e.
Por este medio, me dirijo a Usted para que, con base en las atribuciones que, como Secretario de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública de este Congreso del Estado, me proporcione la siguiente información:
Como es sabido por Usted, los impuestos, derechos y demás contribuciones se recaudan y se ejecutan por el principio de anualidad, y con el objeto de que la próxima Administración que entre en funciones el día 1 de enero de año 2019, puede disponer de los recursos que le corresponden al ejercicio fiscal 2019, le comparto que el artículo 93 ter-6 párrafos 4 y 5 de la ley general de hacienda municipal para el Estado de Morelos señalan, entre otras cosas:
‘Se prohíbe a las administraciones Municipales que hayan recibido el cobro anticipado del impuesto predial del ejercicio fiscal del año siguiente, ejercerlo o gastarlo en el ejercicio fiscal vigente.
La Auditoría Superior de Fiscalización del Estado, vigilará que las Administraciones Municipales cumplan con el contenido del presente artículo.’
Por lo que, para prevenir ejercer los recursos obtenidos por cualquier concepto correspondientes al año fiscal 2019, existen mecanismos para que estos ingresos sean dispuestos en una cuenta bancaria especial que en su momento permita su libre disposición correspondiente, y mientras tanto deberían permanezcan intocados aun cuando sean en es
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200594-afa7c5f7/i-controversia-constitucional-sobreseimiento-por-cesacion-de-efectos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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