I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO IMPUGNADO, TODA VEZ QUE LA MISMA AUTORIDAD DEMANDADA, CON POSTERIORIDAD, DEJÓ SIN EFECTOS ÉSTE (PROCEDIMIENTO POR EL QUE EL CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA SUSPENDIÓ A LOS CONCEJALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLÁN, DISTRITO DE SOLA DE VEGA, OAXACA, MEDIANTE DECRETO 592 DE SEIS DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, PUBLICADO EL SEIS DE ABRIL SIGUIENTE, POR NO HABER CUMPLIDO LA SENTENCIA EMITIDA EN EL JUICIO ELECTORAL JDC/106/2017).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 125/2019. MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLÁN, DISTRITO DE SOLA DE VEGA, OAXACA. 8 DE ENERO DE 2020. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. AUSENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIOS: FERNANDO SOSA PASTRANA Y OMAR CRUZ CAMACHO.
Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al ocho de enero de dos mil veinte por el que se emite la siguiente:
S E N T E N C I A
Mediante la que se resuelve la presente controversia constitucional 125/2019 promovida por el Municipio de Santiago Textitlán, Distrito de Sola de Vega, Oaxaca, por conducto de Esteban Villegas, quien se ostentó como Síndico Municipal, en la que demandó la invalidez de los siguientes actos emitidos por el Congreso de la entidad:(1)
• El procedimiento seguido en el expediente número CPG/519/2018, que concluyó con el dictamen emitido por la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios, aprobado el seis de marzo de dos mil diecinueve por el pleno del Congreso de la entidad en el que se suspendió el mandato de los Concejales del Ayuntamiento, así como las consecuencias derivadas del mismo y la falta de emplazamiento al Municipio en dicho procedimiento.
I. ANTECEDENTES.
1. Los antecedentes narrados en la demanda son los que a continuación se indican:
a) El treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis se expidió la constancia de mayoría que acredita como electos a los Concejales del Ayuntamiento de Santiago Textitlán, Distrito de Sola de Vega, Oaxaca, para el periodo del uno de enero de dos mil diecisiete al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, mismos que tomaron protesta en la sesión solemne de instalación del Ayuntamiento el uno de enero de dos mil diecisiete.
b) Entre los meses de agosto y septiembre de dos mil dieciocho el Subsecretario de Gobierno de la Secretaría General de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, convocó vía telefónica y se sostuvieron de manera informal reuniones conjuntamente con el Presidente Municipal, en las que reiteradamente se presionaba al Síndico y Presidente Municipal de Santiago Textitlán para que entregaran la suma de $3´200,000.00 (tres millones doscientos mil pesos 00/100 moneda nacional) a Israel Juárez Sánchez, Agente Municipal, por el año dos mil dieciocho y en lo subsecuente en forma anual por concepto de participaciones para la ejecución directa de obra pública. Petición que fue rechazada debido a que no tenía sustento legal su petición, en virtud de que el artículo 81 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca prohíbe tajantemente a los Agentes Municipales para ejecutar obras en forma directa.
c) Aunado a que el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho la Primera Sala de este Alto Tribunal, al resolver la Controversia Constitucional 56/2018, invalidó el acto de la Secretaría General del Poder Ejecutivo local consistente en la acreditación de Israel Juárez Sánchez como Agente Municipal.
d) El veintinueve de enero de dos mil diecinueve el Síndico Municipal acudió a las oficinas de la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios del Congreso del Estado, y el Secretario Técnico de dicha comisión le informó que estaba sustanciándose el procedimiento de suspensión de mandato con número de expediente CPG/519/2018 en contra de los Concejales del Ayuntamiento del Municipio de Santiago Textitlán, Distrito de Sola de Vega, Oaxaca, y que únicamente se encontraba pendiente someter el dictamen al pleno del Congreso del Estado para su aprobación.
e) Asimismo, el Secretario Técnico condicionó la terminación del procedimiento de suspensión de mandato a la entrega de la cantidad señalada a la Agencia Municipal, por el año dos mil dieciocho y en lo subsecuente de forma anual, a más tardar el cuatro de febrero de dos mil diecinueve, pues de lo contrario aprobaría el dictamen emitido por la Comisión Permanente de Gobernación.
f) El seis de marzo de dos mil diecinueve el pleno del Congreso del Estado de Oaxaca aprobó el dictamen emitido por su Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios, mediante el cual se suspendieron a los Concejales que integran el Ayuntamiento, sin previa oportunidad de defensa y sin existir emplazamiento.
2. Concepto de invalidez. En su demanda, el Municipio actor señaló como concepto de invalidez, en síntesis, lo siguiente:
3. ÚNICO CONCEPTO DE INVALIDEZ. Violación a los artículos 14, 16 y 115 de la Constitución Federal en relación con el inciso B) del artículo 65 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Oaxaca.
4. La Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios al omitir emplazar al Ayuntamiento, y el pleno del Congreso del Estado de Oaxaca al haber aprobado el dictamen de dicha Comisión el seis de marzo de dos mil diecinueve, por el que se suspendió el mandato de los Concejales del Ayuntamiento, afecta o restringe gravemente las facultades o prerrogativas establecidas a favor de los Municipios en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues invade la esfera de competencia del Municipio y se coarta el derecho del Ayuntamiento para tener conocimiento de las determinaciones del Congreso del Estado, ya que no le hicieron del conocimiento que existía una acusación en contra de los Concejales, y de que se había iniciado un procedimiento de suspensión de mandato, para poder formular contestación, ofrecer pruebas y alegar previamente a emitir y aprobar el dictamen.
5. Asimismo, con la falta de emplazamiento al procedimiento se causa una grave afectación a la esfera de derechos constitucionales del Ayuntamiento y se vulneran las garantías de legalidad, previa audiencia, seguridad jurídica, defensa, fundamentación y motivación que deben ser respetadas por el Congreso del Estado y su Comisión.
6. Ello, porque se negó al Ayuntamiento el derecho de participar en los procedimientos que afectan su estructura constitucional, vulnerando su integración que tiene como fin preservar a las instituciones municipales de injerencias o intervenciones ajenas, haciendo efectiva su autonomía política.
7. Cita en apoyo a sus consideraciones las tesis de rubros: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO A UN AYUNTAMIENTO EN UN PROCEDIMIENTO DE SUSPENSIÓN DEFINITIVA, SEGUIDO EN CONTRA DE SU PRESIDENTE MUNICIPAL, ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14, EN RELACIÓN CON EL 115, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS)" y "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA NOTIFICACIÓN DE UN ACTO QUE PUEDE AFECTAR AL MUNICIPIO, POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN, DEBE HACERSE EN FORMA PERSONAL AL AYUNTAMIENTO POR CONDUCTO DEL SÍNDICO (ESTADO DE MÉXICO)", así como el inciso B), del artículo 65, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Oaxaca.
8. Artículos constitucionales señalados como violados. El Municipio actor señaló como violados los artículos 14, 16 y 115 de la Constitución Federal.
II. TRÁMITE
9. Admisión y trámite. El Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional y lo turnó al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para que fungiera como instructor, por conexidad con la controversia constitucional 37/2019.(2)
10. El Ministro instructor, en auto de ocho de abril de dos mil diecinueve, admitió a trámite la demanda y tuvo como demandado únicamente al Poder Legislativo de Oaxaca, ordenando su emplazamiento, asimismo, dio vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que manifestaran lo que a su representación correspondiera.(3)
11. Contestación del Poder Legislativo del Estado.(4) Este poder al rendir su contestación de demanda manifestó, en síntesis, lo siguiente:
12. Señaló que el concepto de invalidez es infundado pues en el procedimiento de suspensión de mandato, el Congreso Estatal observó los lineamientos que mandata el artículo 115, fracción I, tercer párrafo y artículo 65 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, que integran la garantía de audiencia.
13. Ello en razón de que el veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios notificó, emplazó y corrió traslado al Presidente y Síndico Municipales, en términos del artículo 71 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca.
14. Mediante acuerdo de fecha veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho, la Comisión tuvo por recibido en tiempo y forma el escrito de contestación y ofrecimiento de pruebas del procedimiento signado por el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Santiago Textitlán, Distrito de Sola de Vega, Oaxaca, y declaró la rebeldía y presunta confesión de los hechos atribuidos del Síndico y los Regidores del Ayuntamiento.
15. Así, el dieciocho de enero de dos mil diecinueve se celebró la audiencia de pruebas y su desahogo, sin asistencia de las partes, y en el acta correspondiente se otorgó el plazo de cinco días para la formulación de alegatos, sin que se presentara alguno.
16. Por lo que la Comisión emitió el dictamen correspondiente el veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, en el sentido de que se encontraba probada la causa de suspensión de mandato prevista en el artículo 60, fracción IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado, porque el Ayuntamiento no dio cumplimiento a la sentencia emitida en el juicio electoral JDC/106/2017, y en consecuencia, el pleno del Congreso Estatal emitió el Decreto impugnado 592 de seis de marzo del mismo año.
17. Cita en apoyo a sus consideraciones la tesis de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO."
18. Opiniones del Fiscal General de la República y del Consejero Jurídico del Gobierno Federal. Estos servidores públicos no rindieron opinión.
19. Audiencia. Substanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, el cuatro de noviembre de dos mil diecinueve se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, se hizo constar que las partes no formularon alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.(5)
20. Radicación. Previo dictamen del Ministro instructor el asunto quedó radicado en la Primera Sala.
III. COMPETENCIA
21. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso i) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I y 11, fracción V de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; punto Segundo, fracción I, en relación con el punto Tercero del Acuerdo 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, por tratarse de una controversia constitucional en la que resulta innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.
IV. PRECISIÓN DEL ACTO IMPUGNADO
22. De conformidad con la fracción I del artículo 41 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la tesis número P./J. 98/2009, emitida por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. REGLAS A LAS QUE DEBE ATENDER LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA LA FIJACIÓN DE LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA",(6) se procede a precisar el acto que es objeto de la presente controversia constitucional.
23. De la lectura integral de la demanda y sus anexos esta Primera Sala advierte que el acto impugnado en la presente controversia constitucional lo conforma:
• El procedimiento por el que el Congreso del Estado de Oaxaca suspendió de sus cargos a los Concejales del Municipio de Santiago Textitlán, Distrito de Sola de Vega, Oaxaca, mediante Decreto 592 de seis de marzo de dos mil diecinueve, por no haber cumplido la sentencia emitida en el juicio electoral JDC/106/2017.
V. SOBRESEIMIENTO
24. Resulta innecesario analizar la oportunidad y la legitimación de las partes en la presente controversia constitucional, toda vez que esta Primera Sala advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, en relación con el artículo 20, fracción II, ambos de la Ley Reglamentaria de la materia, al haber cesado en sus efectos el acto impugnado, en virtud de que todos los integrantes del Ayuntamiento de Santiago Textitlán, Distrito de Sola de Vega, Oaxaca, fueron restituidos en sus cargos.
25. El alcance de las disposiciones legales citadas, en cuanto a la cesación de efectos se refiere, ha sido interpretada por el Tribunal Pleno de este Alto Tribunal en la jurisprudencia P./J. 54/2001, cuyo rubro es: "CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS." (7)
26. Del criterio señalado se desprende que en tratándose de la controversia constitucional se actualiza la hipótesis prevista en la fracción V, del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, cuando simplemente dejen de producirse los efectos de la norma general o del acto que la motivaron, en tanto que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposición expresa de los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal y 45 de su Ley Reglamentaria.
27. En el caso, la materia de impugnación finalmente lo es el procedimiento por el que el Congreso del Estado de Oaxaca suspendió de sus cargos a los Concejales del Municipio de Santiago Textitlán, Distrito de Sola de Vega, Oaxaca, mediante Decreto 592 de seis de marzo de dos mi diecinueve, publicado el seis de abril siguiente, por no haber cumplido la sentencia emitida en el juicio electoral JDC/106/2017.
28. Es decir, la controversia constitucional fue promovida para combatir precisamente la afectación que resiente el Ayuntamiento en su integración, cuya salvaguarda establece en su favor el artículo 115 de la Constitución Federal, debido a que dicha integración tiene lugar con motivo de un proceso de elección popular directa por el que la comunidad municipal otorga un mandato político a determinado plazo, el cual por disposición fundamental debe ser respetado, excepto en casos extraordinarios previstos en la legislación local.
29. De esta forma, la salvaguarda de la integración del Ayuntamiento, cuyo fin es preservar al ente municipal de injerencias o intervenciones ajenas, en aras de un principio de seguridad jurídica que permita hacer efectiva su autonomía política, se encuentra indiscutiblemente ligada a la duración del periodo para el que haya sido electo.
30. Siendo que de constancias de autos, la integración del Ayuntamiento del Municipio actor al momento de la presentación de la demanda de controversia constitucional, duraría en su cargo del dos mil diecisiete al dos mil diecinueve, de acuerdo con la constancia de mayoría extendida por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.(8)
31. Ahora bien, del oficio sin número, signado por Laura Estrada Mauro, quien se ostentó como Presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, se advierte que el Poder Legislativo de la entidad emitió el diverso Decreto número 685, por el que declaró procedente la restitución del cargo de los integrantes del Ayuntamiento de Santiago Textitlán, Distrito de Sola de Vega, Oaxaca, en virtud de haberse demostrado el cumplimiento de la sentencia dictada en el expediente del juicio electoral JDC/106/2017, mismo que fue publicado el trece de julio de dos mil diecinueve en el Periódico Oficial del Estado.(9)
32. En ese contexto, se desprende que el acto impugnado ha desaparecido. La potencial afectación que resintió el Municipio actor en su integración ha dejado de existir. En efecto, por medio del Decreto impugnado 592, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca el seis de abril de dos mil diecinueve, en el que se declaró la suspensión del mandato de los integrantes del Ayuntamiento, ha quedado sin efectos en razón de que, posteriormente, el propio Congreso local emitió el Decreto número 685, publicado el trece de julio de dos mil diecinueve en el mismo medio oficial, por el que declaró restituir en sus cargos a los integrantes del Municipio actor.
33. Además, este último Decreto 685 surtió sus efectos a partir del día siguiente de su publicación, esto es, a partir del catorce de julio de dos mil diecinueve, porque así lo dispone su artículo transitorio primero.(10)
En estas condiciones, al haber cesado en sus efectos el acto impugnado, debe sobreseerse en la presente controversia constitucional, con fundamento en el artículo 20, fracción II, de la Ley Reglamentaria de la materia, en relación con el ya citado artículo 19, fracción V, del propio ordenamiento.
Por lo expuesto y fundado, se
R E S U E L V E :
ÚNICO. Se sobresee en la presente controversia constitucional.
Notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las partes. En su oportunidad, archívese el expediente.
Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los Ministros: Norma Lucía Piña Hernández, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Presidente y Ponente Juan Luis González Alcántara Carrancá. Ausente la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat.
Firma el Ministro Presidente de la Primera Sala y Ponente, con la Secretaria de Acuerdos, quien autoriza y da fe.
PRESIDENTE DE LA PRIMERA SALA Y PONENTE
MINISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ
SECRETARIA DE ACUERDOS
LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES GUTIÉRREZ GATICA
__________________
1. Escrito de demanda de controversia constitucional fue presentado el 11 de marzo de 2019 en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal. Foja 19 vuelta del cuaderno principal en que se actúa.
2. Por acuerdo de 12 de marzo de 2019. Foja 33 del expediente.
3. Páginas 34 a 36 del expediente principal.
4. Foja 74 del expediente.
5. Foja 490 del cuaderno en que se actúa.
6. Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX. Julio de 2009. Página: 1536, de contenido: "El artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las sentencias deberán contener la fijación breve y precisa de las normas generales o actos objeto de la controversia y, en su caso, la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, apreciación que deberá realizar sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad en virtud de que tales aspectos son materia de los conceptos de invalidez. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente y ante tal situación deben armonizarse, además, los datos que sobre los reclamos emanen del escrito inicial, interpretándolos en un sentido congruente con todos sus elementos e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, de una manera tal que la fijación de las normas o actos en la resolución sea razonable y apegada a la litis del juicio constitucional, para lo cual debe atenderse preferentemente a la intención del promovente y descartando manifestaciones o imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Tribunal Constitucional deberá atender a lo que quiso decir la parte promovente de la controversia y no a lo que ésta dijo en apariencia, pues sólo de este modo podrá lograrse congruencia entre lo pretendido y lo resuelto".
7. Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIII. Abril de 2001. Página 882, de contenido: "La cesación de efectos de leyes o actos en materias de amparo y de controversia constitucional difiere sustancialmente, pues en la primera hipótesis, para que opere la improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que sus efectos deben quedar destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo, cuyo objeto, conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la propia ley, es restituir el agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; mientras que en tratándose de la controversia constitucional no son necesarios esos presupuestos para que se surta la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino simplemente que dejen de producirse los efectos de la norma general o del acto que la motivaron, en tanto que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposición expresa de los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal y 45 de su Ley Reglamentaria".
8. Foja 20 del cuaderno que nos ocupa.
9. Ídem. Fojas 476 a 481.
10. Se cita en apoyo de dicho argumento, por analogía, la tesis 1a. XLVIII/2006, de esta Primera Sala, de la Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, marzo de 2006, página 1412, de rubro y texto: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PARA ESTIMAR ACTUALIZADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CUANDO ÉSTA HA SIDO REFORMADA O SUSTITUIDA POR OTRA, DEBE ANALIZARSE EL DERECHO TRANSITORIO QUE RIGE LA REFORMA. La acción de inconstitucionalidad resulta improcedente y, por ende, debe sobreseerse por actualización de la causa de improcedencia prevista en los artículos 19, fracción V, y 65 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por cesación de efectos de las normas generales impugnadas, cuando éstas hayan sido reformadas o sustituidas por otras. Ahora bien, para estimar actualizada esta causa de improcedencia, debe analizarse el derecho transitorio que rige la reforma, a efecto de establecer, indubitablemente, que la norma anterior fue plenamente sustituida por la nueva." Acción de inconstitucionalidad 17/2004. Procurador General de la República. 18 de enero de 2006. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Miguel Bonilla López.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200600-95973147/i-controversia-constitucional-sobreseimiento-por-cesacion-de-efectos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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