I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL SÍNDICO MUNICIPAL PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA QUE SE ACTUALICE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA NO ES INDISPENSABLE QUE EXISTA Y SE VINCULE CON UNA DISPOSICIÓN EXPRESA Y ESPECÍFICA AL RESPECTO EN ESE ORDENAMIENTO. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA MATERIA DE SU FONDO DEBE VERSAR SOBRE LOS PRINCIPIOS DE DIVISIÓN DE PODERES Y FEDERALISMO. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SU MATERIA SE CONSTRIÑE A LA POSIBLE INVASIÓN DE LA ESFERA COMPETENCIAL DEL ACTOR. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE LA PROMOVIDA POR UN MUNICIPIO CONTRA LA ACREDITACIÓN DE LOS CONCEJALES OTORGADA POR EL PODER EJECUTIVO ESTATAL CUANDO EN LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ NO SE PLANTEEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SINO QUE SU TRANSGRESIÓN SE HAGA DERIVAR DE LA VULNERACIÓN A NORMAS LOCALES (LA EXPEDICIÓN DE LAS ACREDITACIONES DE CONCEJALES PROPIETARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRINCIPIO DE AGRAVIO PARA SU PROCEDENCIA PUEDE DERIVAR DE LA AFECTACIÓN A CUALQUIER ÁMBITO DE LA ESFERA DE LA PARTE ACTORA, REGULADA POR LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (LA EXPEDICIÓN DE LAS ACREDITACIONES DE CONCEJALES PROPIETARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 200/2019. MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, ESTADO DE OAXACA. 3 DE JUNIO DE 2020. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA Y PRESIDENTE JAVIER LAYNEZ POTISEK. EL MINISTRO JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, EMITIÓ SU VOTO CON RESERVAS. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: GUADALUPE DE LA PAZ VARELA DOMÍNGUEZ.
Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día tres de junio de dos mil veinte.
V I S T O S, y
R E S U L T A N D O:
PRIMERO. Demanda. Por escrito depositado el veintisiete de abril de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correos de México en el Estado de Oaxaca, Itavivi Guadalupe Méndez Pacheco, en su carácter de Síndica Municipal del Ayuntamiento de Santiago Juxtlahuaca, Estado de Oaxaca, promovió controversia constitucional en contra del Poder Ejecutivo y de la Secretaría General de Gobierno de esa Entidad, respecto de los siguientes actos:
"(...).
IV. NORMA GENERAL O ACTOS CUYAS (sic) INVALIDEZ SE DEMANDA.
AL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA, le demando lo siguiente.
a) La violación al artículo 115 de la Constitución Federal, en perjuicio de mi representada, materializado en la invasión de la esfera competencial en la que la responsable emitió una orden verbal o escrita, acuerdo, decreto, resolución, oficio, auto o documento el cual haya autorizado la acreditación de tres concejales propietarios por el principio de representación proporcional a los ciudadanos Caridad del Carmen Leyva López, Álvaro Tirso Carrera Sánchez, y Monserrat Díaz Jiménez (sic); la entrega de bastón de mando, otorgarles su nombramiento, registrarlos en el libro de gobierno, autorizar sellos, expedición de la credencial, sin haber consultado al municipio actor, y sin que mi representada les haya tomado la protesta de ley, y haya autorizado dichos actos.
b) La violación al artículo 115 de la Constitución Federal, en perjuicio de mi representada porque la responsable actuó como una autoridad intermedia al aprobar la acreditación, registrarlos en el libro de gobierno, autorizar sellos y expedir la credencial a los concejales propietarios por el principio de representación proporcional a los ciudadanos Caridad del Carmen Leyva López, Álvaro Tirso Carrera Sánchez y Monserrat Díaz Jiménez (sic), sin que el municipio referido previamente les haya otorgado dicho reconocimiento a los mencionado (sic) concejales.
c) La violación del artículo 115, en sus fracciones I, y II, por la invasión de facultades en perjuicio del Ayuntamiento de Santiago Juxtlahuaca que realizó la Secretaría General de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, al autorizar la acreditación, registrarlos en el libro de gobierno, autorizar sellos y expedir la credencial a los concejales propietarios por el principio de representación proporcional a los ciudadanos Caridad del Carmen Leyva López, Álvaro Tirso Carrera Sánchez y Monserrat Díaz Jiménez (sic), toda vez que, es un requisito indispensable que exista previamente la toma de protesta de ley, el reconocimiento y nombramiento del cargo por parte del Ayuntamiento y del Presidente Municipal; requisitos que pasó por alto la referida Secretaría General del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.
d) La invasión a la esfera competencial del Municipio en términos del artículo 115, fracciones I, II, III y IV de la Ley Suprema de la Federación, que permite la libertad administrativa y autonomía del Ayuntamiento y, por lo mismo, la violación a los artículos 36, y 68, fracción XXVII, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, relativo a la toma de protesta de ley, la expedición de nombramiento, y la práctica tradicional de la entrega de bastón de mando a las autoridades entrantes, porque los actos cuestionados sólo compete realizarlos al Ayuntamiento de Santiago Juxtlahuaca.
e) La invasión de facultades que realiza la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca, al pasar por alto al Ayuntamiento en la toma de protesta de ley, el reconocimiento y el nombramiento de los regidores por el principio de representación proporcional, así como la práctica tradicional de la entrega de bastón de mando ya que al expedir dicha acreditación la referida Secretaría General invade facultades legales y constitucionales propiamente de mi representada, por lo que con su actuar sustituye funciones propias del Ayuntamiento y del Presidente Municipal.
f) La extralimitación de facultades constitucionales y legales en que incurre la Secretaría General de Gobierno materializado en: la toma de protesta de ley, expedición de nombramiento, la entrega de bastón de mando, autorizar la acreditación, registrarlos en el libro de gobierno, autorizar sellos y expedir la credencial, extralimitándose en las funciones que le otorga el artículo 34 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, ya que dicho numeral no le permite realizar todos los anteriores actos y porque no tienen facultades legales y constitucionales legales (sic) para ello.
g) La invasión a la esfera competencial del Municipio en términos del artículo 115, fracciones I, II, III y IV de la Constitución General de la República, que realiza la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca materializada en la asignación de regidurías, de la siguiente forma.
Ver cuadro
Toda vez que, las regidurías asignadas por la responsable no corresponden a las que el Ayuntamiento designó a los mencionados ciudadanos, y hasta este momento no han asumido el cargo, ni mucho menos tomado la protesta de ley.
h) La nulidad del reconocimiento de nombramiento, la acreditación, el registro en el libro de gobierno, la expedición de la credencial, así como los sellos oficiales realizada por la Secretaría General de Gobierno, para decidir dichos actos en sustitución del municipio actor, ya que no tiene facultades constitucionales ni legales para decidir la asignación de regidurías.
i) La nulidad del reconocimiento y acreditación a los ciudadanos (sic) Caridad del Carmen Leyva López, Álvaro Tirso Carrera Sánchez y Monserrat Díaz Jiménez (sic), regidores de representación proporcional del Municipio de Santiago Juxtlahuaca, por la ilegal asignación de regidurías realizada por la Secretaría General de Gobierno, toda vez que dichas regidurías no les fueron asignadas por el Ayuntamiento, además que, el Presidente municipal no les ha tomado la protesta de ley, tampoco se les ha realizado la entrega de bastón de mando, ni mucho menos se les ha reconocido, ni expedido el nombramiento en términos de la legislación aplicable.
j) Que se decrete las responsabilidades administrativas, y sancionadoras a los funcionarios públicos de la Secretaría General de Gobierno que efectuaron la autorización de la acreditación, registrar en el libro de gobierno, expedir la credencial y autorizar los sellos respectivos de los regidores por el principio de representación proporcional de los ciudadanos Caridad del Carmen Leyva López, Álvaro Tirso Carrera Sánchez, y Monserrat Díaz Jiménez (sic).
Lo anterior, porque está generando un precedente contrario a lo que estipula la legislación que, cualquier regidor pueda ir directamente a la Secretaría General de Gobierno a acreditarse, sin cumplir con los requisitos de certeza, además que, son actos (sic) que incurre constantemente la Secretaría General de Gobierno, y que ese Alto Tribunal ha conocido en las controversias constitucionales **********, **********, y **********.
Dichos actos los están realizando sin respetar el procedimiento que marca la Ley Orgánica Municipal, y violando las garantías de audiencia, defensa, legalidad.
Además, es de insistir que ninguno de los actos reclamados le ha sido notificado a mi representada, ya que tuvimos conocimiento de forma extraoficial.
(...)".
SEGUNDO. Antecedentes. En la demanda se señalaron como antecedentes lo que a continuación se transcribe:
"(...).
VI. MANIFESTACIONES DE LOS HECHOS O ABSTENCIONES QUE CONSTITUYEN LOS ANTECEDENTES DE LA NORMA O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA.
A) Cronología de la elección, Instalación del Cabildo y acuerdos adoptados por el mismo.
1. Santiago Juxtlahuaca, es un municipio con auto adscripción indígena, que se sujeta al régimen de partidos políticos.
2. Con fecha uno de julio del año dos mil dieciocho, se llevó a cabo la jornada electoral, para la elección de Presidente de la República, Senadores, Diputados Federales y al Congreso Local, así como integrantes de los ciento cincuenta y tres ayuntamientos en el Estado de Oaxaca (entre ellos el Municipio de Santiago Juxtlahuaca).
3. Mediante el sistema de elección popular los concejales del Municipio que represento, fuimos electos para integrar el Ayuntamiento de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca, para el periodo 2019-2021.
4. El municipio de Santiago Juxtlahuaca, es parte integrante de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado de Oaxaca, investido de personalidad jurídica y patrimonio propio, y con autonomía propia.
5. El uno de enero del dos mil diecinueve, se llevó a cabo la instalación del Ayuntamiento de Santiago Juxtlahuaca, en la que se nos hizo la entrega de bastón de mando y tomamos protesta como autoridades municipales.
Lo anterior, lo acreditamos con copia certificada del acta de instalación del H. Ayuntamiento de fecha uno de enero de dos mil diecinueve, misma que anexamos a la presente.
6. Con fecha uno de enero del año que trascurre, se llevó a cabo la sesión ordinaria de cabildo del H. Ayuntamiento de Santiago Juxtlahuaca, en la que se asignaron comisiones y regidurías a los concejales, así como la designación del secretario y tesorero municipal, para el trienio 2019-2021.
Para acreditar lo anterior, se anexa a la presente en copia certificada del acta de sesión de cabildo de uno de enero del año en curso, en la que se asignaron comisiones y regidurías a los concejales del Ayuntamiento.
7. Con fecha nueve de febrero del año en curso, se llevó a cabo la sesión extraordinaria de cabildo del H. Ayuntamiento de Santiago Juxtlahuaca, en la que el cabildo municipal aprobó la desaparición de las regidurías de Salud; Educación; y Parques y Jardines, y la creación de las regidurías de Disposiciones de Residuos Sólidos, Desarrollo Agropecuario, y Vinos y Licores.
Quedando de la siguiente manera.
Ver tabla
Para acreditar lo anterior, se anexa a la presente copia certificada del acta de sesión de cabildo de nueve de febrero del presente año.
(...)".
TERCERO. Preceptos constitucionales que se estiman violados y conceptos de invalidez. La parte actora señaló como preceptos violados los artículos 2, 14, 16, 115, fracciones I, II, III y IV, y 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así como planteó los conceptos de invalidez que a continuación se resumen:
1. La autoridad demandada viola en perjuicio del Municipio actor las garantías de audiencia, debido proceso, debida defensa y legalidad previstas en los artículos 14 y 16 constitucionales, en virtud de que los actos que se reclaman fueron emitidos por una autoridad que no tiene facultades legales para ello; lo cual se traduce en una afectación directa a lo previsto en el diverso 115, fracciones I, II, III y IV de la Constitución Federal, dado que invade la esfera competencial del Municipio actor, ya que realizó actividades de naturaleza administrativa que le corresponden al Municipio.
En efecto, la Secretaría General de Gobierno autorizó la acreditación de los tres concejales propietarios por el principio de representación proporcional, Caridad del Carmen Leyva López, Álvaro Tirso Carrera Sánchez y Monserrat Díaz Mejía, en regidurías distintas a las que les fueron asignadas en sesión de cabildo de nueve de febrero de dos mil diecinueve, los registró en el libro de gobierno, autorizó los sellos correspondientes y expidió las credenciales respectivas.
Lo antedicho causa una afectación directa al Ayuntamiento porque contraviene lo previsto en los artículos 36 y 68, fracción XXVII, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, ya que el actuar de la Secretaria de Gobierno impidió que se realizara la práctica tradicional de la entrega de bastón de mando a las autoridades entrantes, otorgamiento del nombramiento y toma de protesta de ley de los regidores, atribuciones que de conformidad con dichos preceptos son propias del Ayuntamiento de Santiago Juxtlahuaca.
Ello, dado que la orden de acreditación de los tres concejales, su registro en el libro de gobierno, autorización de sellos y expedición de credenciales, sin que el Ayuntamiento haya ejercido su competencia e instruido al Presidente Municipal para que les tome la protesta de ley para ocupar las regidurías respectivas durante el periodo 2019-2021, otorgue su nombramiento y entregue el bastón de mando, resulta una invasión de las facultades que le fueron otorgadas por la Constitución Federal y vulnera su autonomía Municipal, aunado a que es contrario a lo que establece la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca.
En consecuencia, la Secretaría General de Gobierno se extralimitó en las funciones que le otorga el artículo 34 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, ya que ese precepto no le permite expedir la acreditación a los regidores sin que antes el Ayuntamiento realizara la toma de protesta de ley y otorgara el nombramiento respectivo a la regiduría que deberán desempeñar y, sin revisar la documentación que los acredita como tal; y en el presente caso, los referidos ciudadanos debieron presentarse ante el Cabildo Municipal para su presentación y reconocimiento; y, posteriormente, con el Presidente Municipal para el otorgamiento de sus nombramientos, sin embargo, acudieron directamente ante el Ejecutivo Estatal para la expedición de su acreditación como regidores y esto se realizó invadiendo la esfera competencial del Municipio.
Asimismo, destaca que si bien, el uno de enero de dos mil diecinueve, se asignó a Caridad del Carmen Leyva López, Álvaro Tirso Carrera Sánchez y Monserrat Díaz Mejía, las Regidurías de Salud, Educación y de Parques y Jardines, respectivamente, lo cierto es que en sesión de nueve de febrero de dos mil diecinueve, se acordó la desaparición de éstas y la creación de diversas Regidurías que les fueron atribuidas, de la siguiente manera:
Ver creación de diversas Regidurías
Por tal motivo es que se destaca la importancia de que la Secretaría General de Gobierno debió cerciorarse que efectivamente esos concejales cumplían con los requisitos que establecen los lineamientos para ser acreditados en las Regidurías de Salud, Educación y de Parques y Jardines, respectivamente.
Pero contrario a ello, Caridad del Carmen Leyva López, Álvaro Tirso Carrera Sánchez y Monserrat Díaz Mejía, acudieron directamente al Ejecutivo Estatal, cuando en principio debieron exhibir la documentación correspondiente al Ayuntamiento para que se les otorgara su nombramiento de acuerdo a la regiduría que les fue asignada y se les rindiera la protesta de ley, tal como lo prevé la Ley Orgánica Municipal; y, en consecuencia, pudieran reunir la documentación necesaria para la debida acreditación ante el Ejecutivo Estatal.
Por todo lo anterior, la parte actora alega que el acto reclamado invade la esfera de competencia exclusiva del Municipio, lo que se traduce en una afectación a sus intereses, además, transgrede los principios de libertad administrativa, autonomía en su toma de decisiones y auto-organización.
2. Vulneración a lo previsto en el artículo 115, fracciones I y II, de la Constitución Federal, pues la parte demandada emitió una orden verbal o escrita, acuerdo, decreto, resolución, oficio, auto o documento para la autorización de la acreditación de tres concejales propietarios por el principio de representación proporcional, entrega de bastón de mando, nombramiento respectivo, registro en el libro de gobierno, sellos y expedición de las credenciales, sin haber consultado al Municipio actor respecto a la existencia de la protesta de ley y el nombramiento que previamente debe realizar el Presidente Municipal.
Lo cual se traduce en la invasión a las facultades del Ayuntamiento de Santiago Juxtlahuaca, ya que la Secretaría General de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca llevó a cabo los actos impugnados sin que se observaran los requisitos previstos en los artículos 36 y 68, fracción XXVII, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca.
En efecto, el Municipio actor no ha expedido nombramiento alguno y, por tanto, aquellos no han tomado protesta en términos de la legislación aplicable, por lo que no es constitucionalmente válido que el Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca les emitiera la acreditación que los reconoce como Regidores de Salud, Educación, y de Parques y Jardines; de ahí que los actos administrativos que realiza la Secretaría General de Gobierno escapan de su competencia, ello porque en su marco normativo no se prevé que pueda realizar acciones en el ámbito de la administración municipal.
Asimismo, de conformidad con lo previsto en el "Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la expedición de las credenciales de acreditación de las autoridades municipales y auxiliares de los 570 municipios del Estado de Oaxaca, así como el registro de los sellos oficiales" publicado en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca el dos de enero de dos mil catorce; la toma de protesta de ley, la asignación de regidurías y el nombramiento hecho por la autoridad municipal es necesario para que sea expedida la acreditación respectiva por el Gobierno del Estado, por lo cual los Regidores debieron presentar ante el Departamento de Acreditación y Registro de Autoridades Municipales, dependiente de la Dirección de Gobierno del Estado de Oaxaca, los documentos previstos en el punto segundo de ese Acuerdo, lo cual no ocurrió en el caso, porque a la fecha en la que el Ejecutivo Estatal llevó a cabo los actos impugnados, el Presidente Municipal no había expedido los nombramientos respectivos.
Por tanto, resulta incorrecto que el Gobierno del Estado de Oaxaca ordenara la acreditación de dichos Concejales sin corroborar cuál es la regiduría que debían ocupar, lo cual debe constar en el nombramiento que debe expedir el Presidente Municipal, ya que su función de validación consiste en el reconocimiento de las diversas autoridades municipales ante instancias estatales y federales, esto es, la expedición de la credencial otorga certeza en torno al carácter que pudiera ostentar una persona ante otras autoridades u órdenes de gobierno.
En consecuencia, los actos impugnados se traducen en una sustitución fáctica de la autoridad municipal que resulta violatoria de lo previsto en el artículo 115 de la Constitución Federal, en relación con el principio de autonomía municipal en la vertiente de la organización y operación de la vida administrativa interna; de ahí que, la responsable actuó indebidamente como una autoridad intermedia al otorgarle reconocimiento oficial a los Regidores Municipales en materias distintas a las que les fueron asignadas en sesión de nueve de febrero de dos mil diecinueve.
Insiste en que el Presidente Municipal no les ha tomado la protesta de ley, ni ha expedido el nombramiento para el periodo 2019-2021 de los Regidores electos, por lo que no es válido que el Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca emitiera la acreditación que los reconoce como tales; máxime que no se observaron los requisitos de ley para tener como válido el nombramiento de los Regidores en cuestión, pues debieron exhibir el acta de sesión de cabildo donde se les tomó la protesta de ley, su nombramiento expedido por el Presidente Municipal y el acta de sesión de cabildo donde se les asignó la Regiduría que ocuparán, tal y como lo prevé el Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la expedición de las credenciales de acreditación de las autoridades municipales de los municipios del Estado de Oaxaca.
Por todo lo antedicho, el Poder Ejecutivo Estatal se extralimitó en sus facultades constitucionales, ya que al expedir y otorgar la acreditación a los Concejales de representación proporcional, sin cumplir con los requisitos mínimos que establece el referido Acuerdo, automáticamente deja sin sentido la facultad del Municipio para la toma de protesta de ley y la expedición del nombramiento.
Concluye que según lo argumentado, procede que este Alto Tribunal declare la nulidad de la acreditación, del registro en el libro de gobierno, la autorización de los sellos y la expedición de las credenciales de los Regidores Carmen Leyva López, Álvaro Tirso Carrera Sánchez y Monserrat Díaz Mejía, por no corresponder a la Regiduría que les asignó el Municipio actor, además de que el Presidente Municipal no les ha tomado la protesta de ley, ni ha expedido sus nombramientos respectivos.
CUARTO. Trámite y admisión. El Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante proveído de veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, ordenó formar y registrar el expediente relativo bajo el número 200/2019; así como lo turnó al Ministro Alberto Pérez Dayán.
Posteriormente, el Ministro instructor por acuerdo de veintisiete de mayo siguiente admitió a trámite la demanda; reconoció el carácter de demandado al Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, pero no así al Secretario General de Gobierno de la Entidad, ello porque se trata de una dependencia subordinada a la primera de las autoridades mencionadas; y requirió al Ejecutivo para que al momento de dar contestación a la controversia enviara copia certificada de todas las documentales relacionadas con los actos impugnados, incluidas las copias certificadas del libro de acreditaciones de Regidores por el principio de representación proporcional del Ejercicio 2019 y del expediente formado por la Secretaría General de Gobierno, dependiente del Ejecutivo Estatal, para la expedición de las credenciales de acreditación de las actuales autoridades del Municipio actor; y ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, para que manifestaran lo que a su representación correspondiera.
QUINTO. Contestación a la demanda. Por oficio depositado en la Oficina de Correos de México en el Estado de Oaxaca, el dieciséis de julio de dos mil diecinueve, el Consejero Jurídico del Estado de Oaxaca en representación del Titular del Ejecutivo de esa Entidad, dio contestación a la demanda; y, al respecto, adujó en síntesis, lo siguiente:
1. Causales de sobreseimiento e improcedencia.
a) Sobreseimiento por inexistencia de actos. Estima que se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 20, fracción III, de la Ley Reglamentaria, relativa a la inexistencia de los actos impugnados, ya que si bien, el veintisiete de febrero de dos mil diecinueve la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca validó el trámite, expidió las acreditaciones, ordenó el registro de los sellos en el libro de gobierno y otorgó las credenciales correspondientes a Carmen Leyva López, Álvaro Tirso Carrera Sánchez y Monserrat Díaz Mejía como Regidores de Salud, Educación y Parques y Jardines, respectivamente, tales actuaciones se realizaron con fundamento en lo previsto en los artículos 41, fracción V y 44, fracciones I, III y IV del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno y tomando en consideración las documentales exhibidas consistentes en la constancia de asignación de cinco de julio de dos mil dieciocho, expedida por el Consejo Municipal Electoral de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca y el acta de sesión de Cabildo de uno de enero de dos mil diecinueve, en la que se asignaron las comisiones y Regidurías referidas.
b) Improcedencia porque los actos impugnados no son inconstitucionales. Refiere que se actualiza el supuesto establecido en el artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria, relativo a que la improcedencia resulte de algún precepto de dicha legislación, en relación con el diverso 20, fracción II, que prevé que la controversia constitucional debe sobreseerse cuando durante el trámite sobrevenga una causa de improcedencia.
Ello, porque considera que no se invadió la esfera competencial del Municipio actor, porque la Secretaría General de Gobierno por conducto de la Dirección de Gobierno expidió las acreditaciones de los Regidores de Salud, Educación, así como de Parques y Jardines, a Caridad del Carmen Leyva López, Álvaro Tirso Carrera Sánchez y Monserrat Díaz Mejía, respectivamente, haciendo uso de las facultades otorgadas en los artículos 41, fracción V, y 44, fracciones I, III y IV del Reglamento Interno de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca, consistentes en la validación del trámite para la expedición de las credenciales de acreditación y registro de sellos de las autoridades municipales.
Además de que dichos actos se realizaron con base en las documentales exhibidas, consistentes en la constancia de asignación de cinco de julio de dos mil dieciocho, expedida por el Consejo Municipal Electoral de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca y el acta de sesión de Cabildo de uno de enero de dos mil diecinueve, en la que se asignaron las comisiones y Regidurías referidas, por tanto, los actos impugnados no constituyen una invasión al ámbito competencial del Municipio actor.
c) Los actos impugnados corresponden a la materia electoral. Aduce que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción II de la Ley Reglamentaria, dado que la expedición de las acreditaciones y sellos respectivos por parte de la Secretaría General de Gobierno, versa sobre la elección y renovación de las autoridades del Municipio actor; y, en todo caso, la vía idónea es el juicio para la protección de derechos político-electorales.
2. Respuesta a los conceptos de invalidez.
Aduce que deben estimarse infundados los conceptos de invalidez expuestos por la parte actora ya que la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca no invadió la esfera de competencia del Municipio actor, sino que actuó con apego a la normativa previamente establecida, es decir, cumplió con lo previsto en los artículos 41, fracción V y 44, fracciones I, III y IV del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca, que le otorga facultades para llevar a cabo la acreditación de los Regidores, registro en el libro de gobierno, impresión de sellos y expedición de credenciales; lo cual realizó tomando en cuenta las documentales que exhibieron, consistentes en la constancia de asignación de cinco de julio de dos mil dieciocho, expedida por el Consejo Municipal Electoral de Santiago Juxtlahuaca, así como el acta de sesión de Cabildo del Ayuntamiento de Santiago Juxtlahuaca, de uno de enero de dos mil diecinueve, en la que se asignaron las comisiones, Regidurías y se otorgaron los nombramientos del Secretario y Tesorero del Municipio, para la administración 2019-2021.
SEXTO. Opinión de la Fiscalía General de la República. El titular de la citada dependencia se abstuvo de formular la opinión solicitada, ni expresó alegato alguno.
SÉPTIMO. Audiencia. Substanciado el procedimiento en la controversia constitucional, el diez de diciembre de dos mil diecinueve se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en la que, en términos del diverso 34 de la propia Ley, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, se hizo constar que las partes no presentaron alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.
OCTAVO. Radicación en Sala. En atención a la solicitud formulada por el Ministro Ponente al Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se acordó remitir el expediente a la Segunda Sala para su radicación y resolución.
C O N S I D E R A N D O:
PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción I y tercero del Acuerdo General 5/2013 del Tribunal Pleno, en virtud de que se plantea un conflicto entre el Municipio de Santiago Juxtlahuaca, Estado de Oaxaca y el Poder Ejecutivo de esa Entidad, sin que sea necesaria la intervención del Tribunal Pleno debido al sentido de la presente ejecutoria.
Lo anterior encuentra apoyo por identidad de razón, en la tesis de esta Segunda Sala cuyo rubro, texto y datos de localización se transcriben a continuación:
"CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. COMPETENCIA DE LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA CONOCER DE ELLAS, CONFORME AL ACUERDO GENERAL PLENARIO 5/2001, REFORMADO POR EL DIVERSO 3/2008. El punto tercero, fracción I, del Acuerdo General 5/2001 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reformado mediante el diverso Acuerdo General Plenario Número 3/2008, autoriza a las Salas de este Alto Tribunal a resolver las controversias constitucionales en las que deba sobreseerse y en las que no se impugnen normas de carácter general. En este sentido, aun cuando en una controversia constitucional se impugnen normas de carácter general, si se sobresee respecto de éstas y subsiste únicamente el análisis constitucional de actos, también se surte la competencia de las Salas para conocer del asunto". (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro VII, abril de 2012, tomo 2, tesis 2a. XXV/2012 (10a.), página 1275, registro digital 2000539).
SEGUNDO. Precisión de la litis. Del examen integral a la
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200699-d7677a56/i-controversia-constitucional-legitimacion-del-sindico-municipal-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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