Corpus
Modo: Corpus Pro

SOBRESEIMIENTO O CADUCIDAD POR INACTIVIDAD. EL AUTO DE RETURNO DEL ASUNTO INTERRUMPE EL PLAZO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 85/2006. · Registro digital (IUS): 20089
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: COMPAÑÍA HULERA EUZKADI, S.A. DE C.V.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Abril de 2007, , Pág. 1577.

AMPARO DIRECTO 85/2006. COMPAÑÍA HULERA EUZKADI, S.A. DE C.V.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO. Ante todo, cabe señalar que no pasa desapercibido a este Tribunal Colegiado, que la demanda origen del presente juicio constitucional después de haber sido admitida fue turnada para su estudio y proyecto de resolución, el veinticuatro de febrero de dos mil seis al Magistrado Julio Ramos Salas, cuyo auto de turno se cumplimentó el veintisiete del citado mes de febrero.

Luego, en atención a lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, que autorizó al licenciado José de Jesús Murrieta López, secretario de este órgano judicial, desempeñara las funciones de Magistrado de Circuito, a partir del primero de julio de dos mil seis, en tanto se designara Magistrado que integrara dicho Tribunal Colegiado, se ordenó, el seis de julio de dos mil seis, el returno del asunto al mencionado secretario en funciones de Magistrado, licenciado José de Jesús Murrieta López, para los efectos del artículo 184, fracción I, de la Ley de Amparo.

Por último, el diez de noviembre de dos mil seis, en atención al oficio SEPLE/GEN/009/12685/2006, de ocho del mes citado, el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comunicó que en sesión del mismo día, dicho órgano colegiado acordó la reincorporación a este tribunal, de la Magistrada Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, con efectos a partir del cinco de este mes; lo que trajo como consecuencia que el presente asunto se le returnara para los efectos del artículo 184, fracción I, de la Ley de Amparo.

Tales proveídos, suscritos por quienes fungían como presidentes, ante el secretario que dio fe, fueron notificados a los contendientes, en la forma establecida por la Ley de Amparo.

Así, desde la fecha en que el presente asunto promovido por la parte patronal fue turnado materialmente por primera vez para su estudio y formulación del proyecto correspondiente (veintisiete de febrero de dos mil seis) al día en que tal juicio de amparo directo fue listado para su decisión (el veintidós de febrero de dos mil siete), transcurrieron más de los trescientos días naturales de que habla el artículo 74, fracción V, de la Ley de Amparo, para que opere el sobreseimiento por inactividad procesal; sin embargo, cabe dejar aclarado que, en concepto de este órgano jurisdiccional, en la especie, a pesar de no haber habido promoción alguna del peticionario, dicho plazo se vio interrumpido con cada acto de returno del asunto, en tanto que, los mismos, constituyen actos procesales realizados dentro del juicio, que impiden se dé tal figura extintiva.

Así es, el artículo 74 de la Ley de Amparo, en su fracción V, establece:

"Artículo 74. Procede el sobreseimiento: ... V. En los amparos directos y en los indirectos que se encuentren en trámite ante los Jueces de Distrito, cuando el acto reclamado sea de orden civil o administrativo, si cualquiera que sea el estado del juicio, no se ha efectuado ningún acto procesal durante el término de trescientos días, incluyendo los inhábiles, ni el quejoso ha promovido en ese mismo lapso.

"En los amparos en revisión, la inactividad procesal o la falta de promoción del recurrente durante el término indicado, producirá la caducidad de la instancia. En ese caso, el tribunal revisor declarará que ha quedado firme la sentencia recurrida.

"En los amparos en materia de trabajo operará el sobreseimiento por inactividad procesal o la caducidad de la instancia en los términos antes señalados, cuando el quejoso o recurrente, según el caso, sea el patrón.

"Celebrada la audiencia constitucional o listado el asunto para audiencia no procederá el sobreseimiento por inactividad procesal ni la caducidad de la instancia."

Luego, debe tenerse presente que la doctrina, respecto a la caducidad que aquí interesa, se ha pronunciado en los siguientes términos:

Con independencia de que todos los tratadistas, o al menos una gran parte de ellos, coinciden en que es un sinónimo de perención, Eduardo Pallares, por ejemplo, opina que la caducidad es la extinción de la instancia judicial porque las dos partes abandonen el ejercicio de la acción procesal. El abandono se manifiesta en que ninguna de ellas hace en el proceso las promociones necesarias para que éste llegue a su fin.

La caducidad de la instancia existió desde el derecho romano. Mattirolo, citado por Eduardo Pallares en su obra de Derecho Procesal Civil (Editorial Porrúa, México 1999, vigésima quinta edición), explica este hecho en la siguiente forma: En Roma, durante el periodo del ordo judiciarum per formulas, los juicios se distinguían entre juicio legitima y juicio qua impersum contineatur. Eran legitima aquellos juicios que se entablaban únicamente entre ciudadanos romanos, en Roma o en la periferia de un contorno de sus muros, y en los cuales las partes eran remitidas por medio de la fórmula ante un solo Juez o ante los recuperadores. Todos los demás juicios eran imperio continencia, y así se denominaban para expresar la idea de que su duración estaba limitada a la duración del poder del Magistrado que los había ordenado ... Al cesar el poder del Magistrado que había ordenado el juicio, decaía también el procedimiento que en aquel momento no estuviese terminado, pero la extinción de la instancia no perjudicaba el derecho; el actor podía recurrir al nuevo Magistrado para obtener otra fórmula contra la misma parte y para el mismo objeto. En cambio, ningún límite se prefijaba a la duración de la judicia legitima, por lo que respecta a éstos, la instancia correspondiente se conservaba hasta que el Juez hubiese pronunciado la sentencia. A este principio introdujo una importante excepción la Ley Julia judiciaria, que estableció para la duración de las instancias judiciales un término de 18 meses, a partir del día en que la instancia se había iniciado. Transcurrido ese término sin que aquélla hubiera terminado por sentencia del Juez, la instancia, por regla general, se extinguía de pleno derecho, pero a diferencia de lo que acontecía en los judicia imperia continencia, no podía ser ya reproducida luego, porque con la caducidad de la instancia se efectuaba la extinción del correspondiente derecho.

Cuando desapareció el sistema formulario todos los juicios se seguían ante los Magistrados, pero los nombramientos de estos funcionarios eran de por vida, por lo cual murió la primera causa de la caducidad, y la litis contestatio perpetuaba la acción, por regla general. Las partes podían, debido a esto, prolongar la duración del juicio indefinidamente sin el temor de ninguna caducidad, lo que trajo consigo graves inconvenientes. El emperador Justiniano acudió al remedio de esos males en el año de 1530, con su famosa "Constitución" llamada properandum, nombre que se tomó de su primera palabra. Aparece en el Código Ley II, del título I, capítulo II, dice:

"Temeroso de que los procesos se hagan casi eternos, y para que no sobrepasen la vida humana (como ya anteriormente nuestra ley ha fijado para la decisión de los negocios criminales dos años, y como los civiles son más numerosos y frecuentemente dan origen a los primeros), nos ha parecido necesario para apresurar su tramitación, establecer en todo el universo la presente ley que no será restringida en ningún caso y en ningún lugar: 1o. Es por causa de ello por lo que ordenamos que todos los procesos intentados, sea sobre bienes, sea cual fuere su valor, sobre acciones personales, sobre los derechos de las ciudades y de los particulares, sobre la posesión, la servidumbre, etcétera ... se terminen en el espacio de tres años a contar de la litis contestatio ..."

En Francia, en el siglo XIX, se estimó que: "La perención es un medio adoptado por el derecho para impedir que los litigios entre los particulares se eternicen y mantengan entre ellos las divisiones, los odios, las discusiones que comúnmente producen ne lites fiant pene inmorales, invocándose lo que estableció el emperador Justiniano, en la Ley Properandum, at vitae hominum modum excedant."

Así, se estimó que: "La perención, siempre favorablemente acogida en el derecho francés, ha sido conservada por nuestras antiguas ordenanzas, y particularmente por la de Villers-Cotertes, dada en 1539"; según cita que hace el doctrinista mencionado con anterioridad.

No pocos jurisconsultos dicen que la caducidad es uno de los modos anormales de extinguir el juicio, pero este punto de vista no se ajusta a la verdad, porque el efecto propio de la caducidad es el de nulificar los actos procesales constitutivos de la instancia, lo que no es igual a que ésta concluya al realizar sus fines, o cuando las partes, mediante transacción o convenio la den por terminada.

Cabe hacer notar que hay cierta analogía entre la perención y el desistimiento de la demanda, al extremo de que bien puede decirse que los dos conceptos fraternizan, ya que si el desistimiento consiste en la manifestación expresa que hace el actor de renunciar a la instancia, la perención es la presunción legal de un abandono tácito.

Aunque la mayoría de los autores están de acuerdo en que la inactividad ha de ser de las partes, de hecho preferente de la parte interesada en que no se produzca, ya que la institución se funda en la presunción racional de que al no promover ellas nada en el juicio están demostrando su falta de interés en que subsista, sucede que en nuestro derecho vigente, particularmente según lo preceptuado por el trasunto artículo 74, fracción V, de la Ley de Amparo, a esa inactividad también debe sumarse la del órgano jurisdiccional.

Si los autos se encuentran en estado de sentencia y el Juez o tribunal no la pronuncian, el interesado, sea quejoso o recurrente, deben mostrar que se mantiene vivo su interés en que subsista el juicio y llegue a pronunciarse una sentencia que le ponga fin, de manera normal, y decida sobre sus pretensiones, no obstante que, por el estado procesal, ya ninguna promoción tuvieran que hacer, porque lo único que falta en el juicio es el pronunciamiento del fallo. Tal figura de perención, en el juicio de amparo, encontró su justificación como una fórmula para abatir el rezago existente en la Suprema Corte, limitándose primero a las materias civil y administrativa, luego, extendiéndose a los asuntos en que se hubiese planteado la inconstitucionalidad de leyes; y finalmente, también quedó establecida para los asuntos en materia de trabajo, cuando el quejoso o recurrente fuera el patrón.

Es conveniente dejar aclarado que por regla general, la caducidad no se interrumpe, hay casos en que se produce, originando el efecto de tener por no transcurrido el tiempo corrido con anterioridad al acto interruptor, pero sin que por ello deje de correr de nuevo al día siguiente de aquel en que tuvo lugar dicho acto, verbigracia, que en un proceso se ha dejado de promover el tiempo que marca la ley (en los juicios de amparo directo o en revisión trescientos días naturales) y que alguna de las partes lleva a cabo determinada promoción para interrumpir la caducidad y lo hace precisamente el veintiuno de abril de cierto año. En tal caso, el efecto de su promoción será que se tengan por no corridos el tiempo anterior a tal fecha, pero de nuevo comenzará a correr dicho término el veintidós de abril, siempre y cuando, antes del veintiuno de abril no se hubiesen colmado los requisitos para hacer la declaratoria atinente, según se trate, por la inactividad de las partes o del órgano jurisdiccional resolutor.

Esto es, la caducidad se interrumpe por un acto de la parte interesada que manifieste su voluntad de continuar el proceso, bien por un acto procesal llevado a cabo por el Juez o tribunal conocedor del asunto.

Para llegar a la conclusión apuntada en parágrafos que anteceden, también debe tenerse en cuenta lo que debe entenderse por acto procesal.

Basta señalar que dentro de la gran gama de definiciones de lo que debe entenderse por acto procesal, es suficiente tener presente: 1) Que debe ser producto de la voluntad humana; 2) Que su realización es indispensable para que de manera directa e inmediata produzca efectos en el proceso; 3) Que los efectos que produzca sean para impulsarlo, para modificarlo o para extinguirlo; y 4) Que se realice, precisamente, dentro del proceso.

Así, ninguna duda cabe que los actos de returno de un asunto a diferente juzgador, constituyan actos procesales, por cuanto a que participan de los requisitos enunciados en el parágrafo que antecede.

Establecido lo anterior, en concepto de este tribunal, como se anticipó, en la especie, si bien durante un lapso mayor a trescientos días naturales no hubo promoción alguna de la parte quejosa -que es la patronal-, tendiente a impulsar el procedimiento, ni siquiera para solicitar copias de algún documento, señalar nuevo domicilio para oír notificaciones, etcétera, ese proceder adoptado por la agraviada, es insuficiente, por sí solo, para que opere el sobreseimiento por inactividad procesal, ya que, como al principio de este considerando se puntualizó, durante el lapso apuntado existieron actos de returno del asunto, emitidos por los respectivos Magistrados que presidían este órgano jurisdiccional, los cuales fueron debidamente notificados a las partes interesadas en la forma establecida por la Ley de Amparo, lo que evidentemente implica que hubo actuaciones procesales que tuvieron como finalidad indiscutible que el asunto pudiera llegar a ser resuelto, pues en tanto no estuviera asignado a un Magistrado o secretario en funciones de tal, dicho asunto no se encontraba en condiciones de obtener la sentencia correspondiente.

En síntesis, es convicción de este cuerpo colegiado, que la interpretación que debe hacerse a lo dispuesto por el artículo 74, fracción V, de la Ley de Amparo, tratándose de amparos o recursos en materia laboral intentados por el patrón, como ocurriría en los asuntos civiles o administrativos, es en el sentido de que sólo procede declarar el sobreseimiento en el juicio o caducidad de la instancia, según se trate, cuando durante el periodo de trescientos días naturales: a) no se realice acto procesal alguno, b) la parte agraviada o recurrente (siendo el patrón), tampoco presente durante ese lapso, promoción alguna que muestre su interés en la subsistencia del procedimiento, o c) no se haya listado el asunto para su decisión. De tal modo que, si durante ese tiempo el justiciable fue returnado alguna o varias veces, en virtud de cambios ocurridos respecto de quién sería el ponente, cada vez que ocurrió el returno, se interrumpió el plazo de inactividad a que se refiere tal precepto legal, por constituir la determinación relativa, una que debe ser calificada como la de un acto procesal necesario para lograr el dictado de la sentencia, pues de no ser así, mientras el asunto no estuviera asignado para que se formulara por escrito, el proyecto de resolución redactado en forma de sentencia, en términos de lo que señala el artículo 184 de la Ley de Amparo, el mismo no se encontraba en posibilidad jurídica de ser resuelto. Además, de no entenderse de la forma apuntada, se generaría una manifiesta denegación de justicia, con infracción a la tutela judicial que consagra el artículo 17 de la Carta Magna.

En consecuencia, ha lugar a que se elabore una tesis que recoja lo anotado para su publicación, bajo el rubro de:

"SOBRESEIMIENTO POR INACTIVIDAD. EL AUTO DE RETURNO DEL ASUNTO INTERRUMPE EL PLAZO.". Y como su contenido no concuerda con el sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha lugar, con apoyo en lo establecido en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, a denunciar la contradicción advertida, para cuyo efecto deberá procederse en consecuencia.

El criterio mayoritario del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pertenece a la Séptima Época, y aparece publicado en el Volumen 86, Primera Parte, página 17 del Semanario Judicial de la Federación, y establece lo que enseguida se trasunta y contiene los datos también allí especificados, que igualmente se insertan:

"CADUCIDAD. AUTO DEL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE QUE NO LA INTERRUMPE. El proveído del presidente de la Suprema Corte por el cual se turna originalmente un negocio a determinado Ministro para que éste se encargue de realizar su estudio y de formular el proyecto de resolución respectivo, sí constituye un acto procesal interruptor de la caducidad puesto que es tal acuerdo, que debe notificarse a las partes, el que pone dicho negocio en condiciones de ser sentenciado. Pero un auto que simplemente manda que el asunto pase a otro Ministro en virtud de la jubilación de aquel a quien inicialmente se turnó, no es un acto del proceso, sino un acto interno administrativo, de sustitución de un nombre por otro, que no requiere de notificación alguna ni siquiera para dar a las partes la oportunidad de hacer notar al mencionado Ministro la existencia de algún impedimento para que conozca del negocio, pues en todo caso el impedimento que pudiera asistirlo no depende de su condición de ponente o relator, sino de su carácter de integrante del Pleno, con independencia de la circunstancia de que le haya correspondido o no el turno para la formulación del proyecto de sentencia respectiva. La sustitución de un Ministro por otro resulta, pues, procesalmente intrascendente y no constituye un acto interruptor de la caducidad a que se refiere la fracción XIV del artículo 107 constitucional.

"Amparo en revisión 2204/67. Administradora Metropolitana, S.A. 17 de febrero de 1976. Mayoría de once votos. Disidentes: J. Ramón Palacios Vargas, María Cristina Salmorán de Tamayo, Carlos del Río Rodríguez, Juan Moisés Calleja García, Salvador Mondragón Guerra y Ernesto Aguilar Álvarez. Ponente: Arturo Serrano Robles.

"Amparo en revisión 3880/61. Juan Martínez Ramírez. 17 de febrero de 1976. Mayoría de once votos. Ponente: Arturo Serrano Robles.

"Amparo en revisión 5480/59. Manuel Aguirre Berlanga R. y coagraviados. 17 de febrero de 1976. Mayoría de once votos. Ponente: Arturo Serrano Robles.

"Amparo en revisión 6044/58. Hugo B. Margáin. 17 de febrero de 1976. Mayoría de once votos. Ponente: Arturo Serrano Robles.

"Amparo en revisión 2384/56. Sociedad Explotadora de Espectáculos del Sur, S.A. 17 de febrero de 1976. Mayoría de once votos. Ponente: Arturo Serrano Robles."

TERCERO. Los conceptos de violación formulados son los siguientes:

"I. La responsable viola en perjuicio de mi representada las garantías de legalidad, seguridad y certeza jurídicas que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales, toda vez que en el laudo que constituye el acto reclamado, establece que: ‘Por razón de método y orden lógico se analiza y, en primer término, la documental privada que ofreció la parte actora bajo el numeral 4, consistente en un ejemplar del contrato-ley vigente en los años de 1995 a 1997, de la Transformación de Hule y Productos Manufacturados, y específicamente el artículo 76, que literalmente dispone: «Artículo 76. Las empresas se obligan a no imponer más sanciones que las expresamente estipuladas en el presente contrato, en los reglamentos interiores de las fábricas y en la Ley Federal del Trabajo. Cuando se trate de sancionar a un trabajador, las empresas notificarán al sindicato o a sus representantes, los motivos de la sanción, practicándose una investigación previa por la empresa y/o el sindicato. En todos los casos de sanción, las empresas están obligadas a notificarla por escrito al sindicato. Queda establecida la obligación de determinar en los reglamentos interiores de las fábricas, cuáles serán los representantes de las empresas que en cada turno estarán facultados para imponer las sanciones a que se hace mención en este artículo.». Ahora bien, la copia del expresado dispositivo contractual exhibida por el reclamante con su escrito de pruebas, no fue objetada en su autenticidad, por lo que su desahogo y perfeccionamiento, tuvieron lugar por la naturaleza propia de la documental en cuestión. En tal virtud, a juicio de esta Junta, tiene valor probatorio pleno para demostrar esencialmente que la parte patronal tenía el deber de practicar investigación previamente a la «rescisión» del vínculo laboral, efectuada el 16 de diciembre de 1996 y dar intervención al sindicato de trabajadores ...’. Contrario a lo establecido por la responsable, mi representada no estaba obligada a realizar la pretendida investigación previa ni a dar intervención al sindicato de trabajadores, pues dicha investigación e intervención sindical son requeridas sólo en caso de sanción, mas no así en el caso de rescisión de la relación de trabajo del ahora tercero perjudicado. Luego entonces, la responsable viola nuevamente en perjuicio de mi representada las referidas garantías constitucionales, al considerar en el laudo reclamado que: ‘Empero, la empresa no alegó en su defensa, el que hubiera satisfecho esas formalidades contractuales y, desde luego, no aportó elemento alguno de convicción orientado a probar que las hubiera satisfecho. De ahí se infiere, por principio, que el trabajador fue objeto de un despido injustificado. Consiguientemente, si el patrón no lleva a cabo la investigación de que se ha comprometido por medio del contrato colectivo antes de rescindir el contrato individual que lo liga con sus trabajadores, esto bastará para considerar que el despido fue injustificado ...’. La referida violación se actualiza, en virtud de que la responsable parte de una premisa falsa, como lo es el pretender que se requiere la ‘investigación previa’ y dar ‘intervención al sindicato de trabajadores’ para la rescisión, y entonces llega a una conclusión falsa, como lo es el pretender que la rescisión constituye un ‘despido injustificado’. La premisa de la que parte la responsable es falsa, toda vez que conforme al contrato-ley aplicable, la ‘investigación previa’ e ‘intervención sindical’, se requieren para imponer una sanción, mas no se requieren para rescindir la relación de trabajo. Por lo tanto, la falta de la pretendida ‘investigación previa’ e ‘intervención sindical’, ningún efecto debe tener respecto de la justificación de la rescisión de la relación de trabajo del ahora tercero perjudicado. II. La autoridad responsable viola en perjuicio de mi representada las garantías constitucionales de legalidad y seguridad jurídica previstas por los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna, pues no cumple con los artículos 794, 836, 841 y 842 de Ley Federal del Trabajo, ya que no analizó debidamente las pruebas ofrecidas por las partes, ni la totalidad de las actuaciones que obran en el expediente del juicio de origen, aplicando conceptos en forma errónea, incumpliendo también con lo que dispone la jurisprudencia que la misma responsable aplica para fundar su laudo condenatorio, así como criterios que más adelante transcribir (sic). En consecuencia de lo anterior, la responsable dictó su ilegal laudo sin fundar ni motivar sus determinaciones, violando así las ya referidas garantías constitucionales de legalidad y seguridad jurídica. La responsable omitió tomar en cuenta la réplica que hiciera mi representada durante la audiencia de fecha 9 de septiembre de 1997, pues en ella mi representada hace mención que la misma no está obligada a practicar investigación alguna para efectuar un despido, ya que el contrato-ley invocado, vigente y aplicable para ese tiempo (cabe hacer mención que hasta la fecha el mismo sigue sin modificaciones al respecto), sólo prevé la investigación de mérito para el caso de una sanción y, en el caso que nos ocupa, mi representada no aplicó una ‘sanción’ al actor, sino que rescindió la relación laboral. La responsable, al omitir analizar y tomar en cuenta la réplica mencionada y el propio escrito de contestación a la demanda, violenta las garantías de mi representada al pasar por alto el análisis en conciencia y adecuada valoración de la prueba documental privada que ofreció la parte actora en el juicio de origen bajo el número 4, misma que la responsable analiza a foja 426 de autos del expediente laboral, hoja 18 del laudo impugnado y en la cual fundamenta la condena a mi representada. La responsable argumenta en el apartado IV valoración de pruebas del laudo impugnado, a foja 426 de autos, lo siguiente: ‘El examen integral del material probatorio aportado al juicio, arroja los resultados que a continuación se indican: Por razón de método y orden lógico, se analiza en primer término la documental privada que ofreció la parte actora bajo el numeral 4, consistente en un ejemplar del contrato-ley vigente en los años de 1995 a 1997, de la Transformación de Hule y Productos Manufacturados, y específicamente el artículo 76 que literalmente dispone: «Artículo 76. Las empresas se obligan a no imponer más sanciones que las expresamente estipuladas en el presente contrato, en lo reglamentos interiores de las fábricas y en la Ley Federal del Trabajo. Cuando se trate de sancionar a un trabajador, las empresas notificarán al sindicato o a sus representantes, los motivos de la sanción, practicándose una investigación previa por la empresa y/o el sindicato. En todos los casos de sanción, las empresas están obligadas a notificarla por escrito al sindicato. Queda establecida la obligación de determinar en los reglamentos interiores de las fábricas, cuáles serán los representantes de las empresas que en cada turno estarán facultados para imponer las sanciones a que se hace mención en este artículo.». Ahora bien, la copia del expresado dispositivo contractual exhibida por el reclamante con su escrito de pruebas, no fue objetada en su autenticidad, por lo que su desahogo y perfeccionamiento tuvieron lugar por la naturaleza propia de la documental en cuestión. En tal virtud, a juicio de esta Junta, tiene valor probatorio pleno para demostrar esencialmente que la parte patronal tenía el deber de practicar investigación previamente a la «rescisión» del vínculo laboral efectuada el 16 de diciembre de 1996 y dar intervención al sindicato de trabajadores. Empero, la empresa no alegó en su defensa el que hubiera satisfecho esas formalidades contractuales y, desde luego, no aportó elemento alguno de convicción orientado a probar que las hubiera satisfecho. De ahí se infiere, por principio, que el trabajador fue objeto de un despido injustificado, como se corrobora por medio de la siguiente jurisprudencia: «INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA EN CASO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO, OMISIÓN DE LA. IMPLICA INJUSTIFICACIÓN DEL DESPIDO.» (se transcribe texto). Las anteriores consideraciones no se desvirtúan ni aún bajo el supuesto de que la parte actora incurriera en las causales de rescisión que alegó la patronal, ni bajo el supuesto de que se negara a recibir la carta rescisoria y acusar de recibo, estando reunidos en dicha carta los elementos legales de forma y contenido, ni por el hecho de que la rescisión se notificó en la vía paraprocesal, como consta en los documentos y demás material probatorio aportado por la empresa, pues el contrato-ley tiene carácter obligatorio, de conformidad con el artículo 404 de la Ley Federal del Trabajo. En ese orden de ideas, no favorecen a la demandada las pruebas que rindió, consistentes en ...’. De la valoración realizada por la responsable, transcrita en líneas anteriores, se desprenden tres aspectos importantes: 1. La responsable no valora en su conjunto el título VII del mencionado contrato-ley. En dicho título se encuentra el artículo 76 transcrito, el título lleva por nombre ‘Reajustes, separaciones y sanciones’, mismo que consta de sólo 6 artículos que la responsable no tuvo a bien leer ni estudiar, causando con ello una violación a las garantías de mi representada. Lo anterior, ya que de la simple lectura de los artículos en comento, resulta claro y evidente que el mencionado artículo 76 se refiere únicamente a la aplicación de sanciones, y que del título completo no se desprende obligación alguna para mi representada de cumplir con investigación alguna para dar por terminada la relación de trabajo con sus trabajadores. Incluso, me permito hacer mención a esta autoridad, de lo citado por cada uno de los 6 artículos que contiene el título de referencia: ‘Artículo 71. Para cualquier indemnización, las empresas se obligan a cubrirla sujetándose a lo que marca el artículo 89 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo. En el caso de trabajadores destajistas, se tomará como base el salario promedio obtenido en las últimas cuatro semanas, tomándose en consideración el precepto citado en el presente artículo.’. ‘Artículo 72. Cuando la empresa desplace al trabajador de su clasificación, por implantación de nueva maquinaria, de nuevos procedimientos de trabajo, o por falta de producción, deberá comunicarlo por escrito al sindicato y aquél percibirá, además de los cuatro meses de su salario, el equivalente a 20 días por año de servicios prestados, a razón del salario promedio de las cuatro semanas anteriores. El desplazamiento se hará entre los trabajadores más nuevos, salvo que exista uno o más trabajadores con mayor antigüedad de esa clasificación que soliciten retirarse, en cuyo caso, empresa y sindicato verán las posibilidades de que estos últimos formen parte de los desplazados o los sustituyan. Determinado (sic) el o los trabajadores que vayan a ser reajustados, no podrán rehusarse a recibir el importe de la indemnización fijada, asimismo, en los términos del artículo 154 de la Ley Federal del Trabajo, serán tomados en consideración para formar parte del grupo de trabajadores eventuales, como de nuevo ingreso, siendo últimos en el escalafón de los suplentes.’. ‘Artículo 73. Para los casos de indemnización, las empresas pagarán tres meses, y veinte días de salario por cada año completo de servicios prestados ininterrumpidamente. La fracción de año de esta indemnización u otras se liquidará proporcionalmente. Para estos mismos casos, las empresas incluirán el porcentaje de ahorro señalado

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20089-bc049207/sobreseimiento-o-caducidad-por-inactividad-el-auto-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.