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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS AL CONCLUIR LA VIGENCIA DE LAS NORMAS IMPUGNADAS, AL HABER SIDO REFORMADAS POR UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (DECRETO POR EL QUE, ENTRE OTRAS CUESTIONES, SE REFORMA EL ARTÍCULO 18-A DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL TRES DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS RESPECTO DE UNA NORMA QUE NO HA SUFRIDO MODIFICACIÓN ALGUNA, PERO SE ENCUENTRA REGIDA PRINCIPALMENTE POR OTRA QUE HA SIDO REFORMADA Y CUYA MODIFICACIÓN LE AFECTA DE FORMA DIRECTA (DECRETO POR EL QUE, ENTRE OTRAS COSAS, SE REFORMA LA FRACCIÓN III Y SE DEROGA LA FRACCIÓN IV, AMBAS DEL ARTÍCULO 43 DE LA LEY GENERAL DE TURISMO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL TRES DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 114/2023 Y SU ACUMULADA 117/2023. · Registro digital (IUS): 200919
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: DIVERSOS SENADORES Y DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 114/2023 Y SU ACUMULADA 117/2023. DIVERSOS SENADORES Y DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIO: ALFREDO NARVÁEZ MEDÉCIGO.

ÍNDICE TEMÁTICO

Se impugna un sistema normativo integrado tanto por artículos de la Ley Federal de Derechos como de la Ley General de Turismo que ya fue reformado a través de un nuevo acto legislativo.

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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al diecisiete de enero de dos mil veinticuatro, emite la siguiente

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 114/2023 y su acumulada 117/2023, promovidas por diversos integrantes de ambas Cámaras del Congreso de la Unión en contra del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de la Ley General de Turismo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de mayo de dos mil veintitrés.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Emisión de la norma general impugnada. El tres de mayo de dos mil veintitrés se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de la Ley General de Turismo (en lo sucesivo "el decreto").(1) Como su nombre indica, el decreto efectuó modificaciones a dos ordenamientos.

2. Primero, se reformó el artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos para cambiar el destino del ochenta por ciento de los ingresos obtenidos por el pago de derechos derivados de la recepción, estudio de la solicitud y, en su caso, la expedición del documento migratorio que acredite la condición de estancia de los visitantes que ingresen al país con fines turísticos sin permiso para realizar actividades remuneradas. Aunque se mantuvo intacto el destino del veinte por ciento de tales ingresos, pues continuarían destinándose para el Instituto Nacional de Migración, el ochenta por ciento restante ya no sería ocupado para la infraestructura de destinos turísticos. Tales recursos públicos ahora se destinarían a la planeación, estudios, proyectos e inversión en infraestructura a cargo de la entidad paraestatal de la Administración Pública Federal que tuviera por objeto la administración, operación y prestación de servicios aeroportuarios, aeronáuticos, ferroviarios, turísticos y culturales, a través del fideicomiso público federal que se constituyera para tal efecto.

3. Segundo, como consecuencia del cambio a la Ley Federal de Derechos, el legislador realizó modificaciones al artículo 43 de la Ley General de Turismo. Este precepto legal regula la manera en la que se integra el patrimonio del Fondo Nacional de Fomento al Turismo. Por un lado, como la fracción IV contemplaba precisamente a los ingresos derivados de los trámites migratorios como parte del patrimonio del Fondo, la fracción se derogó. Por otro lado, la fracción III sufrió una reforma de índole formal. Dado que la derogación de la fracción IV provocó que la fracción III ahora pasara a ser la penúltima de todas ellas, simplemente se le agregó la letra "y" como conjunción copulativa para unirla con la última.

4. Promoción de las acciones de inconstitucionalidad. Inconformes con el procedimiento que dio origen al decreto y/o con su contenido, las dos minorías parlamentarias del Congreso de la Unión promovieron las siguientes acciones de inconstitucionalidad:

4.1. Minoría del Senado de la República. El dos de junio de dos mil veintitrés diversos senadores de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión impugnaron la totalidad del decreto.(2) Por una parte, alegaron que se había incurrido en múltiples violaciones al procedimiento legislativo que le impidieron a la minoría asistir a la sesión del veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Por otra parte, adujeron que, como la reforma ordenaba que los recursos públicos que previamente eran destinados para el Fondo Nacional de Fomento al Turismo ahora serían destinados para la entidad paraestatal de la Administración Pública Federal encargada de la administración, operación y prestación de servicios aeroportuarios, aeronáuticos, ferroviarios, turísticos y culturales, se vulneraba el principio de legalidad y los artículos 73, 89 y 129 de la Constitución Federal. En la medida en que esa entidad paraestatal se encontraba bajo la operación de las Fuerzas Armadas, la reforma implicaba que ellas ejercerían diversas funciones de naturaleza civil e incluso fomentaba una suerte de autonomía presupuestal que sólo era propia de entes constitucionalmente autónomos.

4.2 Minoría de la Cámara de Diputados. Ese mismo día diversos diputados de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión impugnaron la totalidad del decreto.(3) En su escrito sólo adujeron argumentos tendentes a demostrar que se había incurrido en diversas violaciones al procedimiento legislativo que deben conducir a invalidar el decreto impugnado.

5. Trámite. El doce de junio de dos mil veintitrés la ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad promovida por la minoría del Senado de la República, registrarlo con el número 114/2023 y turnarlo al ministro Javier Laynez Potisek para que instruyera el procedimiento correspondiente.(4) Ese mismo día la ministra Presidenta acordó formar y registrar la demanda de la minoría de la Cámara de Diputados bajo el número de expediente 117/2023, turnarla por conexidad al mismo ministro instructor y acumularla a dicho expediente, pues en todos ellos se impugnaba la misma norma de carácter general.(5)

6. Admisión de las demandas. El seis de julio de dos mil veintitrés el ministro instructor admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad 114/2023 y 117/2023, dio vista al Congreso de la Unión y al Ejecutivo Federal para que rindieran sus informes dentro del plazo de quince días hábiles y les requirió para que con ellos enviaran, respectivamente, copias certificadas de los antecedentes legislativos del decreto impugnado y el ejemplar del Diario Oficial de la Federación en que constara su publicación. Por último, dio vista a la Fiscalía General de la República para que hasta antes del cierre de la instrucción hiciera las manifestaciones que le correspondieran.(6)

7. Informes del Congreso de la Unión. Los días nueve y diez de agosto de dos mil veintitrés el Congreso de la Unión rindió sus informes a través de los Presidentes de las Mesas Directivas de la Cámara de Diputados y del Senado de la República y remitió los antecedentes legislativos que le fueron requeridos.(7) En ambos informes el Congreso de la Unión sostuvo la constitucionalidad del decreto impugnado.

8. Informe del Ejecutivo Federal. El diez de agosto siguiente el Ejecutivo Federal, a través de su Consejera Jurídica, rindió su informe en el sentido de sostener la improcedencia de todas las acciones admitidas, así como la constitucionalidad del decreto impugnado, y remitió el ejemplar del Diario Oficial de la Federación que le fue requerido.(8)

9. Alegatos. El treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés el ministro instructor puso los autos a vista a las partes para que en el plazo de cinco días hábiles a partir de que les fuera notificado el acuerdo formularan por escrito sus alegatos.(9) Ambas Cámaras del Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal presentaron escritos de alegatos.(10)

10. Manifestaciones del Fiscal General de la República. En el presente asunto la representación social no realizó manifestación alguna.

11. Cierre de instrucción. El nueve de octubre de dos mil veintitrés el ministro instructor consideró que el expediente estaba debidamente integrado y cerró la instrucción para el efecto de que se elaborara el proyecto de resolución correspondiente.(11)

12. Reforma a la ley impugnada. El trece de noviembre de dos mil veintitrés se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos".(12)

13. Avocamiento de la acción de inconstitucionalidad en la Segunda Sala. Finalmente, a solicitud del ministro instructor, el tres de enero de dos mil veinticuatro el ministro Presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte acordó que ésta se avocara al conocimiento del asunto y se remitieran los autos al ministro ponente para que elaborara el proyecto de resolución respectivo.(13)

I. COMPETENCIA

14. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, incisos a) y b), de la Constitución Federal;(14) 1o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(15) (en lo sucesivo "la Ley Reglamentaria"), y 10, fracción I,(16) y 11, fracción VIII,(17) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Punto Segundo, fracción II, del acuerdo general plenario 1/2023,(18) toda vez que los promoventes plantean la posible contradicción entre una disposición de carácter general emitida por el Congreso de la Unión y la Constitución Federal, sin que sea necesaria la intervención del Tribunal Pleno, por no poder llevarse a cabo un estudio de fondo del asunto.

15. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos.

II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS RECLAMADAS

16. De la lectura integral de las demandas se desprende que, mientras ambos accionantes hacen valer planteamientos en contra del procedimiento legislativo que dio origen al Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de la Ley General de Turismo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de mayo de dos mil veintitrés, sólo uno de ellos esgrimió argumentos en contra de la reforma al artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos y la consecuente derogación del artículo 43, fracción IV, de la Ley General de Turismo, como parte de un mismo sistema normativo (supra párr. 4.1). Sin embargo, al encontrarse en entredicho la regularidad constitucional del proceso legislativo se tiene por impugnado el Decreto referido en su totalidad.

17. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos.

III. CAUSA DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

18. En este caso resulta innecesario pronunciarse sobre la oportunidad y la legitimación de las partes, pues independientemente de que la demanda estuviera en tiempo, o de que hubiese sido presentada por un ente legitimado, se actualiza una causa de improcedencia. Ello es razón suficiente para que la Segunda Sala se encuentre impedida para emitir un pronunciamiento de fondo en este asunto.

19. Esta Segunda Sala de oficio advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria,(19) aplicable en acciones de inconstitucionalidad en virtud de lo dispuesto en los artículos 59(20) y 65 de ese mismo ordenamiento.(21) Como se explica enseguida, la expedición del ya referido "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos" (supra párr. 12) acredita la existencia de un nuevo acto legislativo que provoca la cesación de efectos de las normas generales impugnadas.

20. El Tribunal Pleno ha sostenido que, para determinar si se está ante la presencia de un nuevo acto legislativo, debe acreditarse tanto un criterio formal como uno material o sustantivo. Mientras el primero exige que se haya llevado a cabo un proceso legislativo, el segundo, en cambio, se refiere a que la modificación haya desembocado en un verdadero cambio normativo que modifique la trascendencia, el contenido o el alcance del precepto, de tal suerte que un nuevo acto legislativo implica necesariamente una modificación al sentido normativo de la disposición.(22) De este modo, la emisión de nuevos actos legislativos impide el análisis de fondo respecto de disposiciones cuya redacción impugnada ya no subsiste. En la medida en que un nuevo acto legislativo por definición modifica el sentido normativo del precepto impugnado, no es posible emprender el estudio de validez de una norma jurídica que ya fue sustituida por otra. En otras palabras, dado que el análisis de constitucionalidad que esta Suprema Corte emprende en acciones de inconstitucionalidad es abstracto, no es factible que se efectúe el estudio de validez de normas jurídicas que ya no existen, pues ello más bien constituye la materia de una nueva demanda.

21. En el caso, constituye un hecho notorio que se invoca como tal con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles,(23) de aplicación supletoria en términos del artículo 1o. de la Ley Reglamentaria,(24) que el trece de noviembre de dos mil veintitrés se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos". Los cambios que ha sufrido el artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos se presentan en el cuadro comparativo siguiente:

Ver cuadro comparativo 122. Como se advierte, esta Segunda Sala estima que en el caso se actualizan los criterios que exige el Tribunal Pleno para el sobreseimiento de la presente acción de inconstitucionalidad. Por una parte, el criterio formal se acredita con la expedición del "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos", pues éste es prueba suficiente para concluir que hubo y concluyó un proceso legislativo por el mismo órgano que emitió la norma impugnada.

23. Por otra, como fue detallado con anterioridad (supra párr. 2), la reforma impugnada básicamente implicó modificar el destino del ochenta por ciento de los ingresos obtenidos por el pago de derechos relacionados con la tramitación de documentos migratorios. Mientras antes de la reforma se encontraban dirigidos para la infraestructura de los destinos turísticos del país, se ordenó que ahora se encontraran a cargo de la entidad paraestatal de la Administración Pública Federal que tuviera por objeto la administración, operación y prestación de servicios aeroportuarios, aeronáuticos, ferroviarios, turísticos y culturales, a través del fideicomiso público federal que se constituyera para tal efecto.

24. Sin embargo, la nueva reforma del precepto impugnado arroja que ahora la totalidad de los ingresos que por ese concepto se obtengan se deberán destinar para el fideicomiso público federal que constituya la empresa de participación estatal mayoritaria, sectorizada a la Secretaría de la Defensa Nacional, denominada Tren Maya, S.A. de C.V. La nueva redacción de ese precepto no solamente modificó la denominación de la empresa de participación estatal que estaría a cargo de esos recursos, sino que incluso cambió el porcentaje de los ingresos que ahora se encontrarían destinados para esa nueva finalidad. Entonces, dado que existió un cambio de sentido normativo que —en términos del artículo primero, fracción I, del régimen transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos—(25) actualmente ya se encuentra en vigor, existe una imposibilidad técnica para abordar la validez del precepto impugnado sin trastocar su nueva redacción y, por ende, procede el sobreseimiento en la presente acción de inconstitucionalidad ante la existencia de un nuevo acto legislativo.

25. Misma conclusión acontece tratándose tanto de la reforma a la fracción III como de la derogación de la fracción IV, ambas de la Ley General de Turismo. Como se explica enseguida, la modificación del artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos también desemboca en la improcedencia de la acción en relación con ambas modificaciones, a pesar de que ellas subsisten formalmente, como se advierte del cuadro comparativo siguiente:

Ver cuadro comparativo 2

26. Como se desprende con suficiente claridad, aunque la modificación de la fracción III y la derogación en comento subsisten en el texto normativo vigente, ambas se encuentran enteramente subordinadas a lo establecido por el artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos. Consecuentemente, no resulta posible que esta Suprema Corte analice su regularidad constitucional por sí solas, toda vez que forman parte de un mismo sistema normativo.(26)

27. En la medida en que antes de la reforma a la Ley Federal de Derechos el ochenta por ciento de los ingresos ya referidos se destinaban para la infraestructura de destinos turísticos, la fracción IV del artículo 43 de la Ley General de Turismo establecía precisamente que este tipo de ingresos formaban parte del patrimonio del Fondo Nacional de Fomento al Turismo. Sin embargo, como ya fue explicado con anterioridad (supra párr. 2 y 3), el legislador decidió que tales ingresos ya no se encontrarían destinados para ese fin y, como consecuencia lógica de ello, decidió derogar esa fracción.

28. Por ende, aunque dicha derogación subsiste formalmente junto con la modificación que sufrió su fracción anterior, no es posible que esta Suprema Corte analice su regularidad constitucional, toda vez que ellas forman parte de un sistema normativo en conjunto con el diverso artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos. En otras palabras, en realidad la Ley General de Turismo no decidía sobre el destino de los ingresos que por concepto de derechos se recaudaran, sino que ese tema se encontraba supeditado a lo establecido por el multicitado precepto de la Ley Federal de Derechos.

29. Tan es así que la propia redacción de la fracción IV, ahora derogada, indicaba que los ingresos fiscales que se obtuvieran por la recaudación de los derechos antes descritos formarían parte del Fondo Nacional de Fomento al Turismo: "en los términos establecidos por la Ley Federal de Derechos". De tal suerte que, si el sentido normativo de lo establecido por la Ley Federal de Derechos fue modificado, corresponde declarar la improcedencia de la acción también en función de las modificaciones que sufrió la Ley General de Turismo, toda vez que su validez depende necesariamente de la del artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos.

30. En este sentido, la impugnación de dichas cuestiones, que bien podrían efectuarse a través de un planteamiento de inconstitucionalidad por omisión de la Ley General de Turismo, depende necesariamente de que se impugne la inconstitucionalidad de la nueva redacción del artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos. Sostener lo contrario conduciría a que esta Suprema Corte pudiera declarar la invalidez de la derogación impugnada por sí sola, lo que daría lugar a una contradicción entre lo establecido por la Ley General de Turismo y la Ley Federal de Derechos que en último término carecería de todo efecto práctico, pues mientras la primera ahora establecería que tales ingresos continuarían formando parte del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, la segunda mantendría intocada la orden relativa a que ellos ya no se encontrarían destinados para ese Fondo.

31. Por lo tanto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria, con fundamento en la fracción II del artículo 20 de la propia ley, ambos aplicables en términos de los artículos 59 y 65 de ese mismo ordenamiento, lo procedente es sobreseer en la presente acción de inconstitucionalidad.

32. Por último, resulta innecesario abordar el estudio de las causas de improcedencia hechas valer por el Ejecutivo Federal al rendir su informe, en virtud de que no cambiaría el sentido de la presente resolución.

33. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos.

V. DECISIÓN

34. Por lo antes expuesto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve:

ÚNICO. Se sobresee en la presente acción de inconstitucionalidad y su acumulada.

Notifíquese; haciéndolo por oficio a las partes, y en su oportunidad devuélvase el expediente a la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad para los efectos legales a que haya lugar.

Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad de cinco votos de los ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek (ponente) y Presidente Alberto Pérez Dayán.

Firman la ministra Presidente de la Segunda Sala y el ministro ponente, con la Secretaria de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

PRESIDENTE DE LA SEGUNDA SALA

MINISTRO ALBERTO PÉREZ DAYÁN

PONENTE

MINISTRO JAVIER LAYNEZ POTISEK

SECRETARIA DE ACUERDOS

CLAUDIA MENDOZA POLANCO

________________

1. Véase el "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de la Ley General de Turismo", Diario Oficial de la Federación, no. de edición de mes: 3, miércoles tres de mayo de dos mil veintitrés, disponible en el vínculo DOF - Diario Oficial de la Federación.

2. Véase el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 114/2023 y su acumulada, fojas 2 a 86 (demanda de la minoría del Senado de la República).

3. Véase ibíd., fojas 840 a 1012 (demanda de la minoría de la Cámara de Diputados).

4. Véase ibíd., fojas 836 a 837 (acuerdo de turno).

5. Véase ibíd., fojas 1026 a 1027 (acuerdo de turno).

6. Véase ibíd., fojas 1029 a 1036 (acuerdo admisorio).

Véase ibíd., fojas 1099 a 1215 (Senado de la República) y 1526 a 1535 (Cámara de Diputados).

8. Véase ibíd., fojas 1497 a 1519 (Ejecutivo Federal)

9. Véase ibíd., fojas 1659 a 1663 (acuerdo de trámite).

10. Véase ibíd., fojas 1677 a 1745, 1747 a 1752 y 1756 a 1762 (escritos de alegatos).

11. Véase ibíd., foja 1766 (acuerdo de cierre de instrucción).

12. Véase el "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos", Diario Oficial de la Federación, no. de edición de mes: 14, lunes trece de noviembre de dos mil veintitrés, disponible en el vínculo DOF - Diario Oficial de la Federación.

13. Véase el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 114/2023 y su acumulada, foja 1771 (acuerdo de avocamiento).

14. Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

[...]

II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.

Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:

[...]

a) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en contra de leyes federales;

b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del Senado, en contra de las leyes federales o de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano;

[...].

15. Artículo 1. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá y resolverá con base en las disposiciones del presente Título, las controversias constitucionales en las que se hagan valer violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones del Código

Federal de Procedimientos Civiles.

16. Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá funcionando en Pleno:

I. De las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

[...]

17. Artículo 11. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación velará en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la independencia de sus integrantes, y tendrá las siguientes atribuciones:

[...]

VIII. Remitir para su resolución los asuntos de su competencia a las Salas a través de los acuerdos generales que emita. Si alguna de las Salas estima que el asunto remitido debe ser resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en Pleno, lo hará del conocimiento de este último para que determine lo que corresponda;

[...]

18. SEGUNDO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conservará para su resolución:

[...]

II. Las acciones de inconstitucionalidad, salvo en las que deba sobreseerse, así como los recursos interpuestos en éstas en los que sea necesaria su intervención;

[...]

19. Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes: [...]

V. Cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de la controversia; [...]

20. Artículo 59. En las acciones de inconstitucionalidad se aplicarán en todo aquello que no se encuentre previsto en este Título, en lo conducente, las disposiciones contenidas en el Título II.

21. Artículo 65. En las acciones de inconstitucionalidad, el ministro instructor de acuerdo al artículo 25, podrá aplicar las causales de improcedencia establecidas en el artículo 19 de esta ley, con excepción de su fracción II respecto de leyes electorales, así como las causales de sobreseimiento a que se refieren las fracciones II y III del artículo 20.

La (sic) causales previstas en las fracciones III y IV del artículo 19 sólo podrán aplicarse cuando los supuestos contemplados en éstas se presenten respecto de otra acción de inconstitucionalidad.

22. Véase la tesis de jurisprudencia P./J. 25/2016 (10a.) del Tribunal Pleno de rubro "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NUEVA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO.", Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo I, octubre de dos mil dieciséis, décima época, página 65, registro digital: 2012802.

23. Artículo 88. Los hechos notorios pueden ser invocados por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes.

24. Véase supra nota 15.

25. Primero. El presente Decreto entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2024, salvo:

I. La modificación al artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos, que entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

[...]

26. En realidad, el sobreseimiento por cesación de efectos de ciertos artículos que formalmente no fueron reformados no constituye una cuestión novedosa si ellos forman parte de un sistema normativo cuyo sentido sí fue modificado. Ejemplos de este tipo de pronunciamientos se encuentran en la acción de inconstitucionalidad 3/2013, resuelta el siete de mayo de dos mil catorce por la Primera Sala y la acción de inconstitucionalidad 24/2006, resuelta el veinticuatro de enero de dos mil siete por la Segunda Sala.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200919-be91cc64/i-accion-de-inconstitucionalidad-sobreseimiento-por-cesacion-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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