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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE OCUPE LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL PODER JUDICIAL DE LA ENTIDAD (ARTÍCULOS 99, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA; Y 44, FRACCIÓN V, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL, AMBAS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO, AMBOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA AL HABER PARTICIPADO EN LA EMISIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO RECAE EN LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DE LA ENTIDAD (ARTÍCULOS 51, PÁRRAFO SEGUNDO Y 92, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, ASÍ COMO 19, FRACCIÓN XV, 22, PÁRRAFO PRIMERO, Y 45, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, AMBAS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTE (ARTÍCULO 51 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS AL CONCLUIR LA VIGENCIA DE LA NORMA IMPUGNADA, AL HABER SIDO REFORMADA POR UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (DECRETO NÚMERO 007, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 67, PÁRRAFO SEGUNDO Y 109, PÁRRAFO PRIMERO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EL SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 27/2023. · Registro digital (IUS): 200922
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 27/2023. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. PONENTE: MINISTRA YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: MAURICIO TAPIA MALTOS.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al seis de diciembre de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 27/2023, promovida por el Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, contra los Poderes Ejecutivo y Legislativo, ambos de dicha entidad federativa.

El problema jurídico que se plantea consiste en determinar si: ¿Debe sobreseerse en la controversia constitucional por haber cesado los efectos de las normas impugnadas?

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación de la demanda de controversia. Por escrito presentado el uno de febrero de dos mil veintitrés, a través de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Magistrado Heyden José Cebada Rivas, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, en representación del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, promovió controversia constitucional en la cual solicitó la invalidez del Decreto 007, por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, de manera destacada los artículos 67 y 109, publicado en el Periódico Oficial local el seis de diciembre de dos mil veintidós, así como su aplicación tácita o expresa.

2. Antecedentes. La parte actora narra en su demanda lo siguiente:

a) María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, Gobernadora de Estado, presentó una iniciativa por la que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en la que proponía eliminar la condición de irreductibilidad de los presupuestos asignados a los órganos autónomos y a los Poderes del Estado, para que los montos de estos presupuestos se determinaran en función de la disponibilidad presupuestal, de resultados y no atendiendo al imperativo de que sus presupuestos no podrían ser menores a los asignados en el ejercicio inmediato anterior.

b) Dicha iniciativa se turnó a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la XVII Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, respectivamente para su dictaminación.

c) Las Comisiones mencionadas presentaron ante la XVII Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, el dictamen con minuta del proyecto del decreto, en el cual se aprobó en lo general y en lo particular.

d) En sesión número veinticinco del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año del ejercicio constitucional de la XVII Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, se aprobó por mayoría de votos, el dictamen presentado por las Comisiones aludidas y se ordenó su remisión para el trámite correspondiente.

e) El veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, la XVII Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, conforme al cómputo de votos de los Ayuntamientos de los Municipios del Estado respecto a la Minuta Proyecto de Decreto, aprobó por mayoría de votos la referida reforma.

f) El seis de diciembre de dos mil veintidós, se publicó en el Periódico Oficial del Estado el Decreto 007, por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.

3. Conceptos de invalidez. La parte actora expuso en su demanda lo que se sintetiza a continuación:

• PRIMERO. El Decreto impugnado impacta directamente en una disposición constitucional, en materia de administración de justicia, organización y estructura del Poder en mención, pues afecta lo relativo al presupuesto del Tribunal Superior de Justicia, lo que representa un cambio estructural del Poder Judicial y, por ende, de la entidad federativa misma.

En ese sentido, dicho Decreto carece de una motivación reforzada, pues el legislador de forma unilateral y arbitraria omitió tomar en consideración los principios de irreductibilidad presupuestaria, división de poderes, supremacía constitucional, regulación constitucional de los recursos económicos y financieros del Estado, la autonomía e independencia judicial, lo que, invariablemente trasciende en la forma de impartir justicia y en los derechos de la sociedad.

De la exposición de motivos no se advierte que se justifiquen las razones por las cuales se eliminó el principio de irreductibilidad presupuestaria, toda vez que sólo se basó en la necesidad de reducir el erario público por diversos acontecimientos generados por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), sin embargo, ello no es justificación para inobservar los citados principios constitucionales.

Si lo que se quería era que se implementaran programas sociales de gran impacto y, por ende, el beneficio social, ello se puede lograr con una inversión pública productiva aplicada a las actividades esenciales de la administración pública, como lo es la impartición de justicia, de modo que, el Decreto impugnado carece de congruencia, pues lejos de coadyuvar con dicha pretensión, se vulneró el principio de irreductibilidad presupuestaria del Poder Judicial.

Lo expuesto encuentra apoyo en las tesis de rubro: "PODERES JUDICIALES LOCALES. LA VULNERACIÓN A SU AUTONOMÍA O A SU INDEPENDENCIA IMPLICA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES.";(1) "PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. SU TITULAR CARECE DE FACULTADES PARA MODIFICAR EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE ESA ENTIDAD."(2) y "TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. SU PRESUPUESTO DE EGRESOS ESTÁ PROTEGIDO POR LA GARANTÍA DE IRREDUCTIBILIDAD, POR LO QUE NO PUEDE, VÁLIDAMENTE, FIJÁRSELE UNO CON MONTO INFERIOR AL APROBADO PARA EL EJERCICIO ORDINARIO ANUAL ANTERIOR."(3)

• SEGUNDO. El Decreto impugnado vulnera el principio de legalidad porque a través de éste se ajustó el presupuesto de egresos para lo cual se requiere de una tramitación similar a una iniciativa de aprobación, lo que en el caso no se cumplió.

Si bien el artículo 49 de la Constitucional Federal prevé que el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, dicha división de ninguna manera implica la separación total de éstos, sino que se trata de una distribución de determinadas funciones de los diferentes órganos del Estado.

El sistema constitucional de división de poderes es flexible pues, por una parte, un poder del Estado puede realizar funciones que le atañen a otro, siempre y cuando lo prevea la Constitución Federal y sea estrictamente necesario para hacer efectivas las facultades que le son conferidas exclusivamente y, por otra, dicho principio atiende preponderantemente, a garantizar el adecuado funcionamiento de los poderes del Estado, a través de otorgar facultades ya sea exclusivas o compartidas en determinados casos.

Así, al afectar la irreductibilidad del presupuesto del Poder Judicial por parte del Poder Legislativo, se vulnera al artículo 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la independencia y autonomía judicial.

Esa Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el principio de división de poderes se viola en perjuicio del poder judicial cuando se incurre en las siguientes conductas: a) que en cumplimiento de una norma jurídica o voluntariamente se actualice una actuación antijurídica imputable a alguno de los Poderes Legislativo o Ejecutivo; b) que dicha conducta implique la intromisión de uno de esos poderes en la esfera de competencia del poder judicial, o bien, que uno de aquellos realice actos que coloquen a éste en un estado de dependencia o de subordinación con respecto a él; y c) que la intromisión, dependencia o subordinación de otro poder verse sobre el nombramiento, promoción o indebida remoción de los miembros del Poder Judicial; la inmutabilidad salarial; la carrera judicial o la autonomía en la gestión presupuestal.

El Decreto impugnado provoca un deficiente o incorrecto desempeño de las funciones del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, de modo que corre el riesgo de que no pueda desplegar debidamente sus facultades. Dicha modificación implica una intromisión de los Poderes Legislativo y Ejecutivo en su esfera competencial, lo que coloca al poder actor en un estado de dependencia o subordinación respecto de los primeros.

El Tribunal Pleno de ese Alto Tribunal ha establecido jurisprudencialmente que los principios de autonomía e independencia en la función jurisdiccional se reflejan en: 1) la designación de los jueces y magistrados, 2) la consagración en la carrera judicial, 3) seguridad económica, es decir, remuneración adecuada, irrenunciable e irreductible, 4) la estabilidad en el ejercicio del cargo, que incluye, la determinación objetiva del tiempo de duración en el ejercicio del cargo, la ratificación e inamovilidad y 5) la autonomía presupuestal.

De modo que, ninguna función administrativa que sea ejercida para hacer operacional la función jurisdiccional, puede pasar por alto alguna de las referidas garantías, pues de ser así, se estaría afectando los referidos preceptos constitucionales.

En suma, los artículos 67, en relación con el artículo 109, ambos de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, vulneran los artículos 17 y 116, fracción III de la Constitución Federal, porque provocan que todas las decisiones de ejecución presupuestal realizadas por el Poder Judicial se vean impactadas injustificadamente por el Legislativo y el Ejecutivo, en detrimento de la autonomía e independencia judicial, con afectación al servicio público esencial de impartición de justicia como derecho humano de los justiciables.

• TERCERO. El Poder Judicial promovente insiste en que la reforma a los preceptos impugnados vulnera los principios constitucionales de división de poderes, autonomía e independencia judicial porque a través de ésta se materializa una intromisión a la autonomía presupuestal del poder judicial, así como la trasgresión al principio de irreductibilidad presupuestaria que le es propia.

Es evidente que una insuficiencia presupuestal debilitaría a los tribunales, afectando el cumplimiento de sus funciones constitucionales y, como consecuencia, a todo gobernado que acude en búsqueda de la defensa de sus derechos; siendo un acto que produce subordinación y violación a la independencia, toda vez que impide la toma autónoma de decisiones.

Se transgrede la autonomía de gestión y derechos de los trabajadores, ya que repercute en las remuneraciones del personal de los órganos, en la vertiente de estabilidad salarial, permanencia y suficiencia presupuestal; colocando a los órganos en un estado de indefensión al someterlos a decidir qué obligaciones constitucionales dejarán de cumplir, o bien, qué derechos materiales y/o humanos, con el consecuente peligro de incurrir en responsabilidad administrativa, e inclusive, de alguna otra índole.

Jurisprudencialmente esa Suprema Corte de Justicia de la Nación garantiza la irreductibilidad presupuestaria, ya que no resulta factible conceder un monto inferior al aprobado para el ejercicio ordinario anterior, cuyo objetivo primordial es proteger la autonomía de los órganos que gozan de tal prerrogativa, poniéndolos a salvo de todo tipo de presiones para que cumplan con plena independencia las atribuciones encomendadas por la Constitución Federal.

En efecto, son los tribunales en ejercicio de su autonomía e independencia, quienes elaboran su proyecto de presupuesto de egresos y fijan las remuneraciones de sus servidores públicos, pues son éstos, los órganos técnicos especializados que poseen los conocimientos necesarios para establecer con mayor precisión posible, los recursos económicos que se requieren para realizar las funciones que constitucionalmente le fueron conferidas.

No pasa desapercibido que el Congreso local tiene facultad exclusiva para aprobar anualmente la ley que contiene el presupuesto de egresos del Estado; sin embargo, ello debe efectuarse acorde con el principio de división de poderes y con el equilibrio de pesos y contrapesos instaurados constitucionalmente, máxime que es el órgano ejecutor del gasto, quien conoce las actividades necesarias para cumplir con sus obligaciones, de lo contrario, sería tanto como considerar que el Congreso local tiene conocimientos más aptos de las necesidades que el Poder Judicial actor debe cubrir para el cumplimiento de sus funciones.

• CUARTO. Los artículos 67 y 109 de la Constitución local vulneran el principio de progresividad y no regresión, pues pretenden disminuir el estándar de autonomía e independencia judicial sin una base razonable, conforme al contenido de la jurisprudencia de rubro: "AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA JUDICIAL. EL LEGISLADOR DEBE ESTABLECERLAS Y GARANTIZARLAS EN LA LEY."(4)

Toda reforma encuentra límite en la norma previa bajo el supuesto de que, cualquier supresión debe ser concebida como contraria al principio de progresividad, cuestión que acontece en el caso, en virtud de que, previo a la entrada en vigor del Decreto impugnado, la Constitución local establecía que: 1) si durante el ejercicio fiscal que corresponda se modifica el Presupuesto de Egresos del Estado, no se podrá afectar el presupuesto del Poder Judicial y, 2) en todo caso, el Presupuesto de Egresos para el Poder Judicial no podrá ser menor al otorgado en el año inmediato anterior.

Todo lo anterior vulnera a su vez el artículo 17 de la Constitución Federal, pues las garantías eliminadas con el Decreto impugnado menoscaban el derecho de acceso a la jurisdicción del Estado, con especial énfasis en su vertiente de contar con tribunales independientes y autónomos.

No pasa desapercibido que conforme a la jurisprudencia de rubro: "PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. LA PROHIBICIÓN QUE TIENEN LAS AUTORIDADES DEL ESTADO MEXICANO DE ADOPTAR MEDIDAS REGRESIVAS NO ES ABSOLUTA, PUES EXCEPCIONALMENTE ÉSTAS SON ADMISIBLES SI SE JUSTIFICAN PLENAMENTE.",(5) la regresión del alcance y tutela de un derecho fundamental, está sujeto a un escrutinio estricto en el que se debe probar fehacientemente a) la falta de recursos, b) que se realizaron todos los esfuerzos necesarios para obtenerlos sin éxito y c) que se aplicó el máximo de los recursos o que aquéllos de los que se disponían se destinaron para la tutela de otro derecho humano, cuya importancia de satisfacerlo, es prioritaria.

En virtud de que, en el caso, dichos supuestos no se cumplen, en tanto que no se establece con claridad cuáles son los derechos humanos que serán objeto de tutela ante la eventual reasignación presupuestal, pues sólo se enuncia que esa reducción tendrá como propósito dirigir los recursos a un mayor gasto social, el cual se entiende como protección social, educación, salud, vivienda y servicios como actividades recreativas o protección al medio ambiente.

Aspecto que incluso, es contrario a lo que el propio Programa Estatal de Desarrollo, publicado oficialmente el veintitrés de enero de dos mil veintitrés, en su segundo eje establece relativo a que se consigna como política pública la de brindar seguridad ciudadana, a fin de que las personas tendrán una vía legal en la que efectivamente puedan ejercer sus derechos y la defensa de sus intereses ante los tribunales de justicia.

Por todo lo anterior, debe declararse la inconstitucionalidad de los artículos 67 y 109 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.

4. Preceptos constitucionales que se estiman violados. Los preceptos que la parte actora estima violados son los artículos 16, 17, 39, 40, 41, 49, 115, párrafo primero, 116, fracciones II y III, y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

5. Radicación y turno. Por acuerdo de Presidencia de dos de febrero de dos mil veintitrés, se ordenó formar y registrar la presente controversia constitucional bajo el número 27/2023; y se designó a la Ministra Loretta Ortiz Ahlf como instructora del procedimiento, de conformidad con el registro que al efecto se lleva en la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal.

6. Admisión. Por auto de dieciocho de abril de dos mil veintitrés,(6) la Ministra instructora admitió a trámite la demanda inicial del presente asunto; tuvo como autoridades demandadas y ordenó emplazar únicamente a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Quintana Roo, y no así a la Secretaría de Gobernación ni al Director del Periódico Oficial, por tratarse de órganos subordinados al último Poder citado; tampoco reconoció el carácter de demandados a los Municipios que indicó la parte actora, porque de conformidad con el artículo 10, fracción II, de la Ley Reglamentaria sólo puede tener el carácter de demandado la entidad, poder u órgano que hubiere emitido y promulgado la norma general, pronunciado el acto o incurrido en la omisión objeto de la controversia, máxime que tampoco se observaba que tales entes municipales pudieran resultar afectados con la sentencia que al efecto se dictare. Asimismo, se requirió al Poder Legislativo copia certificada de todos los documentos relacionados con el Decreto impugnado y al Poder Ejecutivo copia certificada u original del Periódico Oficial donde constara su publicación. Finalmente, se ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, para que manifestaran lo que a su respectiva representación correspondiera.

7. Contestación del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. Por escrito recibido el ocho de junio de dos mil veintitrés en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la XVII Legislatura del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo contestó la demanda conforme a lo siguiente:

• PRIMERO. El Poder Legislativo demandado indica que el Decreto sí está debidamente fundado y motivado. Por una parte, señala que dicha reforma se realizó con la finalidad de cumplir con el principio de balance presupuestario y del balance presupuestario de recursos disponibles, con base en los cuales se pueden realizar ajustes a los presupuestos del Poder Judicial, el Poder Legislativo y de los órganos constitucionales autónomos durante el ejercicio fiscal que corresponda.

Dicha reforma no es exclusiva del Poder Judicial, sino también del Poder Legislativo y de los órganos constitucionales autónomos, además se trata de una medida legislativa como producto de un análisis de las condiciones económicas del Estado que derivaron de la crisis de salud por el virus COVID-19, así como la recesión económica, afectando las finanzas públicas estatales, de manera que busca hacer eficiente el gasto, generar ahorros e implementar acciones que atiendan las demandas sociales.

La reforma combatida sólo se podrá materializar conforme a lo que establecen los artículos 15 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y el artículo 35 de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Quintana Roo, esto es, con la limitante de no afectar programas sociales

En ese sentido, con la reforma del artículo 67 impugnado se pretende mantener las finanzas del Estado estables ante posibles escenarios que impidan la sostenibilidad del balance presupuestario, pero siguiendo los lineamientos de ajustes al presupuesto de egresos, en los rubros de gasto que no afecten la funcionalidad de ninguno de los poderes del Estado o de los órganos constitucionales autónomos. Por lo que hace al artículo 109 impugnado, claramente establece que el proyecto de presupuesto de egresos deberá prever la suficiencia presupuestal para permitir el ejercicio eficaz y oportuno del Poder promovente, esto es, establece la obligación de dotar al Poder Judicial de los recursos suficientes para el ejercicio eficaz y oportuno de sus labores en la administración de justicia, de modo que la norma en cita sólo clarificó la facultad del congreso de analizar, discutir y aprobar el presupuesto de egresos del Estado, pero dice que de ninguna manera afecta algún principio ni derecho en detrimento del Poder Judicial, sino que garantiza el debate parlamentario.

En el caso, se cumplieron con los requisitos de motivación que establece la jurisprudencia de rubro: "MOTIVACIÓN LEGISLATIVA. CLASES, CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS.", toda vez que de la iniciativa de reforma y del dictamen con minuta del proyecto de Decreto, se advierte que ésta se realizó por la caída de la economía a nivel mundial y nacional, debido a la pandemia del COVID-19 y la incertidumbre geopolítica desatada por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, lo cual aumentó los niveles de inflación que afecta principalmente a personas con menos ingresos. De modo que, se justifica ante la urgencia y la necesidad de una economía sustentable, eficaz, oportuna y adecuada para solventar los nuevos retos, por lo que es necesario ajustar los presupuestos de los tres poderes del Estado de Quintana Roo, así como de los órganos constitucionales autónomos.

El legislador cuenta con un amplio margen de configuración legislativa en la materia política económica y social, y que, de conformidad con el artículo 75 de la Constitución local el Ejecutivo puede legislar en su orden interno respecto de todo lo que no esté reservado por la Constitución Federal.

La reforma se dio en cumplimiento a la obligación de regular y adoptar medidas de austeridad que deberá observar el ejercicio del gasto público en términos del artículo 134 Constitucional y de la Ley Federal de Austeridad Republicana.

Si bien, a través de la reforma se eliminó la condición de irreductibilidad en el presupuesto, lo cierto es que no le causó ningún agravio a la parte actora pues no se le redujo su presupuesto, ello dado que para el año dos mil veintidós se asignaron $718,861,609.00 (setecientos dieciocho millones ochocientos sesenta y un mil seiscientos nueve pesos 00/100 M.N.); de los cuales $13,000,000.00 (trece millones de pesos 00/100 M.N.) consistía un monto adicional para la implementación de los mecanismos de transparencia para publicación de sentencias, de manera que el presupuesto base era de $705,861,609.00 (setecientos cinco millones ochocientos sesenta y un mil seiscientos nueve pesos 00/100 M.N.), mientras que para el dos mil veintitrés se asignaron $714,631,268.00 (setecientos catorce millones seiscientos treinta y un mil, doscientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.).

En ese sentido, la restricción de un derecho, en este caso, la condición de irreductibilidad de los presupuestos de egresos debe cumplir con los siguientes requisitos:1) admisibles dentro del ámbito constitucional, 2) ser necesarias para asegurar la obtención de los fines que fundamentan la restricción constitucional y 3) ser proporcional, todo lo cual se cumple en el caso concreto.

• SEGUNDO. El Poder Legislativo local reitera que la reforma del artículo 67 de la Constitución local que eliminó la condición de irreductibilidad del presupuesto de egresos no atañe exclusivamente al Poder Judicial del Estado, sino también a sus órganos constitucionales autónomos, pues derivó del análisis realizado a las condiciones económicas del Estado y en cumplimiento al principio de sostenibilidad del balance presupuestario y del balance presupuestario de recursos disponibles, durante el ejercicio fiscal correspondiente.

De los artículos 15 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y 35 de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Quintana Roo se desprende que el ejecutivo local, por conducto de la Secretaría de Finanzas y Planeación podrá realizar ajustes al presupuesto de egresos siempre y cuando durante el ejercicio fiscal se disminuyan los ingresos previstos en la Ley de Ingresos y entonces, en cumplimiento al principio de sostenibilidad del balance presupuestario y del balance presupuestario de recursos disponibles, de lo que se advierte que la referida reducción no afecta la funcionalidad de los poderes del Estado o de los órganos constitucionales autónomos, sino de gastos prescindibles.

El principio de división de poderes no constituye un sistema rígido e inflexible, pues si bien el artículo 49 de la Constitución Federal establece que el poder de la Federación se divide en legislativo, ejecutivo y judicial, sin que se puedan reunir dos o más poderes en una sola persona o corporación, lo cierto es que ello no implica que existan excepciones mediante las cuales los poderes pueden llevar a cabo funciones que corresponden a otro poder, como un sistema de pesos y contrapesos para evitar que un poder sea absoluto.

Ello tampoco significa que un poder se pueda entrometer en las facultades de otro, sino que es necesario que a) así lo consigne expresamente la Constitución o que la función respectiva sea estrictamente necesaria para hacer efectivas las facultades que le son exclusivas y b) que la función se ejerza únicamente en los casos expresamente autorizados o indispensables para hacer efectiva una facultad propia.

En el caso se cumplen ambos requisitos pues, por una parte, a) el Poder Ejecutivo local expresamente tiene facultades en la materia de presupuesto y gasto público del Estado, siendo estrictamente necesario la facultad otorgada mediante la reforma al artículo 67 impugnado, para que el ejecutivo pueda hacer efectivas las facultades que le son exclusivas en materia presupuestal y gasto público en el Estado. Y por otra, b) porque el artículo 67 impugnado únicamente será aplicable en el supuesto de que durante el ejercicio fiscal se disminuyan los ingresos previstos en la Ley de Ingresos y en cumplimiento al multicitado principio.

En ese sentido, señala que tampoco se vulneran los derechos de igualdad y no discriminación, porque la reforma va dirigida tanto para el Poder Judicial, como para el Poder Legislativo, Ejecutivo y órganos constitucionales autónomos.

• TERCERO. En este punto, se reitera lo expresado en el anterior punto pero dirigido al artículo 109 impugnado y, en ese sentido, se indica que con la reforma a dicho precepto no se pretendió violentar la autonomía ni los derechos tutelados en la Constitución, mucho menos afectar, suprimir, disminuir o restringir programas sociales o la funcionalidad de las instituciones, sino hacer eficiente el gasto para generar ahorros que serán destinados para la prosperidad y el desarrollo de las y los Quintanarroenses.

El artículo 109 impugnado no eliminó la autonomía presupuestaria, sino que en uso de sus facultades legislativas determinó que el proyecto de presupuesto de egresos del Poder Judicial deberá prever la suficiencia presupuestal para permitir su ejercicio eficaz y oportuno, es decir, se reconoce a favor de dicho poder, la obligación de dotarlos de un presupuesto suficiente y no que se les reduzca sus recursos para el cumplimiento de sus funciones.

Indica que el precepto tampoco vulnera el principio de división de poderes ni la autonomía e independencia del Poder Judicial del Estado, ya que el proyecto de presupuesto que refiere debe seguir el proceso legislativo respectivo, de modo que la aprobación del presupuesto de egresos también admite un ajuste durante dicho proceso de creación.

• CUARTO. El principio de progresividad de las sentencias no es absoluto, sino que admite excepcionalmente medidas regresivas siempre que se justifique: a) se acredita la falta de recursos; b) se demuestra que se realizaron todos los esfuerzos necesarios para obtenerlos, sin éxito y c) se demuestra que se aplicó el máximo de los recursos o que los recursos de que se disponía se aplicaron a tutelar otro derecho humano y que la importancia relativa a satisfacerlo prioritariamente era mayor.

Además, la reforma impugnada no vulnera el derecho de acceso a la justicia, pues con las modificaciones constitucionales no se deja en estado de indefensión a los justiciables, sino que únicamente constituyen medidas administrativas acordes a la economía del Estado.

En suma, el Decreto impugnado no se trata de una intromisión de los Poderes Ejecutivo y Legislativo a la autonomía del Poder Judicial, todos del Estado de Quintana Roo, sino de una previsión presupuestaria que justifique claramente en qué se destinará el gasto público.

8. Contestación del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. Por escrito recibido el veintidós de junio de dos mil veintitrés en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo dio contestación a la demanda, en la que refirió, esencialmente, lo siguiente:

Causas de improcedencia.

• Falta de interés legítimo. Se actualiza de forma notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en los artículos 19, fracción IX de la Ley Reglamentaria de la materia y 105, fracción I, de la Constitución Federal, porque estima que no existe un perjuicio real y directo a la esfera jurídica de la parte actora, toda vez que la reducción reclamada no se materializó ya que el presupuesto asignado para el año dos mil veintitrés es superior al del año dos mil veintidós.

Lo anterior, ya que para el dos mil veintidós se asignó la cantidad de $705,861,609.00 (setecientos cinco millones ochocientos sesenta y un mil seiscientos nueve pesos 00/100 M.N.) -sin contar el monto adicional de $13,000,000.00 (trece millones de pesos 00/100 M.N.) que no integra el presupuesto ordinario sino que se trata de una cantidad eventual que se aplicó por única ocasión para ese ejercicio fiscal-, mientras que en el año dos mil veintitré

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200922-32ffd7ce/i-controversia-constitucional-la-persona-que-ocupe-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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