I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PODER EJECUTIVO FEDERAL Y LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDEREN QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISOS C) Y G), DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN REPRESENTACIÓN DE ESE PODER (ARTÍCULO 90 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS AL CONCLUIR LA VIGENCIA ANUAL DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA (DISTINTOS ARTÍCULOS DE LAS LEYES DE INGRESOS DE DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL VEINTITRÉS).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 96/2023 Y SU ACUMULADA 98/2023. PODER EJECUTIVO FEDERAL Y COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 8 DE MAYO DE 2024. PONENTE: MINISTRO ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIO: HÉCTOR HIDALGO VICTORIA PÉREZ.
ÍNDICE TEMÁTICO
Promoventes: Poder Ejecutivo Federal y Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Normas impugnadas: Se impugnan diversos artículos de distintas leyes de ingresos municipales, todos del Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal de dos mil veintitrés, publicadas en el Periódico Oficial del gobierno del referido Estado, el dieciocho y veinticinco de marzo de dos mil veintitrés.
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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al día ocho de mayo de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 96/2023 y su acumulada 98/2023, promovidas por el Poder Ejecutivo Federal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de diversas disposiciones contenidas en distintas Leyes de Ingresos Municipales del Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal de dos mil veintitrés.
El problema jurídico a resolver por esta Segunda Sala consiste en determinar si, en el caso, procede sobreseer en la acción de inconstitucionalidad.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Escrito del Ejecutivo Federal. Por escrito depositado el catorce de abril de dos mil veintitrés en el Buzón Judicial Automatizado de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, en representación del Presidente de la República, promovió acción de inconstitucionalidad contra los artículos 27, fracción V, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Andrés Paxtlán, Miahuatlán; 43, fracciones I y IV, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Jerónimo Silacayoapilla, Huajuapan; 107, numeral 7, de la Ley de Ingresos del Municipio de Heroica Villa de San Blas Atempa, Tehuantepec; 87, fracción I, inciso A), numeral 7, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro Tapanatepec,(1) Juchitán; 36, fracción VIII, de la Ley de Ingresos del Municipio de Capulálpam de Méndez, Benemérito Ixtlán de Juárez; 43, fracciones I y IV, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro Nopala, Teposcolula; 43, fracción II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa Catarina Yosonotú, Distrito de Tlaxiaco; 74, apartado D, fracción X, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Andrés Cabecera Nueva, Distrito de Putla; todas del Estado de Oaxaca, para el ejercicio fiscal de dos mil veintitrés publicadas los días dieciocho y veinticinco de marzo de dos mil veintitrés, en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca.
2. Precisó como autoridades emisora y promulgadora de las normas impugnadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Oaxaca.
3. Preceptos constitucionales que se estiman violados. El accionante considera que se violan los artículos 1, 6, apartado A, fracción III y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
4. Conceptos de invalidez. En su escrito inicial, el Poder Ejecutivo Federal expuso los siguientes conceptos de invalidez:
Primero. Las porciones normativas contenidas en las leyes de ingresos de diversos municipios del estado de Oaxaca, para el ejercicio fiscal 2023, en lo correspondiente a "Organizar o tomar parte en juegos de cualquier índole en lugares públicos... que causen molestias a las familias que habiten en o cerca del lugar...", vulneran el derecho de acceso al deporte y los principios del libre desarrollo de la personalidad, así como los principios de seguridad jurídica y legalidad, en su vertiente de taxatividad.
Considera que se vulnera el desarrollo de la personalidad, toda vez que el congreso estatal no puede interferir en la libertad de los individuos para el desarrollo de la cultura física y deporte al establecer una multa por provocar molestias a las familias por la práctica de juegos o deportes.
En tal virtud, al prever multas por la práctica de juegos se genera un perjuicio a las personas, sobre todo si el Estado no garantiza un lugar destinado para ello, lo que obstaculiza el derecho a la cultura física y el deporte que salvaguarda el artículo 4o. constitucional, el cual, establece que toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte, razón por la cual la privación del derecho al libre esparcimiento y desarrollo del deporte afecta negativamente a los derechos ligados a éste.
Agrega, que las porciones normativas impugnadas infringen la posibilidad de las personas a desarrollar libremente su personalidad, ya que la elección de las actividades recreativas es una decisión que pertenece exclusivamente a los gobernados, por lo que el legislador local está obligado a protegerlo y no a disminuir ni restringir ese derecho; razón por la cual debe declararse la invalidez de los preceptos impugnados.
Principio de legalidad en su vertiente de taxatividad. La garantía de legalidad prevista por el artículo 16 de la Constitución Federal obliga a toda autoridad a que sus actos se encuentren fundamentados y motivados, requisitos que, tratándose de leyes, se cumple, el primero de ellos, cuando el Poder Legislativo actúa dentro de los límites que la Constitución General de la República le confiere y, el segundo cuando las leyes que emite se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas.
Dicho principio no es respetado por los artículos impugnados, los cuales, establecen una multa por provocar molestias a las familias por la práctica de juegos, lo que contraviene el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, ya que además de vulnerar el derecho a la libertad de decisión, impone una sanción injustificada e innecesaria para la sociedad; además resulta ambigua, abierta y poco clara la manera en la que el operador de la norma puede establecer las referidas sanciones, en virtud de que no prevé el parámetro para determinar qué tipo de juego amerita una multa, así como establecer qué tipo de acciones pueden llegar a provocar molestias de las personas.
Así, precisa que las normas que se impugnan, al indicar que aplicará una multa contra la causa de molestia, "por tomar parte en juegos", implica necesariamente una evaluación subjetiva cuya brecha de apreciación de la norma es desproporcionada pues en ese tenor cualquier juego o reunión sería susceptible de atentar notoriamente contra la tranquilidad de las personas. Lo que puede resultar una afectación evidente de molestia de una persona no implica que lo sea para todos, pues ello depende del margen de tolerancia de cada individuo.
En el caso concreto las normas que se impugnan en este medio de control constitucional tienen un espectro de aplicación muy amplio que puede redundar incluso en la afectación de derechos como el libre desarrollo de la personalidad, libertad de tránsito en vía pública, libre concurrencia y la libre manifestación de ideas, motivo por el cual, nos encontramos ante una descripción normativa que, bajo los esquemas ya descritos, puede ser utilizada para reprimir un acto social. Lo que deja al criterio de las autoridades administrativas definir los alcances de los supuestos actos de molestia.
Segundo. Las porciones normativas contenidas en las leyes de ingresos de diversos municipios del estado de Oaxaca, para el ejercicio fiscal 2023, en lo correspondiente a "búsqueda de documentos en el archivo municipal" y "copias de documentos existentes en los archivos municipales", vulneran los principios de gratuidad en materia de acceso a la información y proporcionalidad tributaria, previstos en los artículos 6o. apartado A, fracción III, y 31, fracción IV, de la Constitución General de la República.
Al respecto, el artículo 6 de la Constitución Federal salvaguarda la gratuidad en materia de acceso a la información, para ello, dispone que el derecho a la información deberá ser garantizado por el Estado; por lo tanto, para su acceso, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán apegarse al principio de gratuidad. De la norma constitucional invocada se advierte que el derecho a la información comprende tres aspectos esenciales: 1) El derecho de informar (difundir); 2) El derecho de acceso a la información (buscar); y, 3) El derecho a ser informado (recibir).
Por su parte, el principio de gratuidad constituye una garantía para el ejercicio del derecho de acceso a la información, el cual está expresamente previsto en el artículo 17, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, reglamentaria del artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer que el ejercicio de este derecho es gratuito y únicamente se requerirá el pago que corresponda a la modalidad de reproducción y entrega solicitada, sin que permita el cobro por la búsqueda o la disponibilidad momentánea de la información.
Con base en este parámetro, considera que los artículos impugnados establecen un pago de derechos por concepto de búsqueda de información pública que se lleva a cabo en los archivos en diversos municipios del Estado de Oaxaca; lo que contraviene el principio de gratuidad, al prever una tarifa para localizar la información solicitada sin importar la modalidad de entrega de la misma.
Asimismo, estima que el requisito adicional impuesto en las leyes locales impugnadas, relativas al pago de una tarifa por la búsqueda de información pública, tiene implicaciones negativas que trascienden al ejercicio del derecho de acceso a la información en sus dos dimensiones; lo anterior, representa un elemento discriminatorio para el ejercicio de este derecho, al negar la búsqueda de información a quien no cuenta con recursos para cubrir las tarifas establecidas por la simple localización de la información.
Por otra parte, aduce que el principio de proporcionalidad tributaria constituye un derecho fundamental a través del cual se busca garantizar la capacidad contributiva del causante sin desconocer la necesidad de aportar al sostenimiento de los gastos públicos, en cumplimiento a la obligación establecida en el precepto referido.
La norma constitucional consagra diversos principios de índole fiscal, consistentes en la generalidad contributiva, la reserva de ley, el destino al gasto público, así como la proporcionalidad y equidad; elementos que constituyen derechos fundamentales inherentes a los gobernados, reconocidos por el texto constitucional y que enuncian las características para determinar los alcances de las contribuciones.
Alega, que los preceptos señalados de inconstitucionales violan el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, toda vez que no existe una relación razonable entre la tarifa establecida y el costo del servicio que proporcionan efectivamente los municipios del estado de Oaxaca.
Las porciones normativas impugnadas establecen un pago de derechos, que van de los $20.00 (veinte pesos 00/100 M.N.), a los $54.00 (cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), respectivamente, con motivo de la búsqueda relacionada con la información que poseen los municipios del estado de Oaxaca en sus archivos. Asimismo, por copias de documentos existentes en los archivos municipales se cobrará $30.00 (treinta pesos 00/100 M.N.) por hoja, es decir, se trata de un cobro excesivo, dado que la cuota determinada no encuentra justificación.
Sustenta sus afirmaciones, en los precedentes que este Alto Tribunal emitió en relación con las cuotas o tarifas por derechos que deben ser acorde al costo de los gastos devengados por las entidades públicas.
5. Admisión y trámite. El veinticuatro de abril de dos mil veintitrés la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte ordenó formar el expediente y turnarlo al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea para su instrucción.(2) La acción de inconstitucionalidad fue admitida el quince de mayo de dos mil veintitrés y el Ministro instructor ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Oaxaca para que rindieran sus respectivos informes.(3)
6. Presentación de la demanda de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Por escrito depositado el diecisiete de abril de dos mil veintitrés en el Buzón Judicial Automatizado de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad contra los artículos 36, fracción VIII, de la Ley de Ingresos del Municipio de Capulálpam de Méndez, Benemérito Distrito de Ixtlán de Juárez; 32, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Juan Achiutla, Distrito de Tlaxiaco; 176, fracciones I, incisos q) y mm), numeral 3; II, inciso a), numerales 8, 9, 11, 16, 24 y 85, fracciones IX, XVII y XVIII, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santiago Pinotepa Nacional, Distrito de Jamiltepec; 27, fracciones I y V, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Andrés Paxtlán, Distrito de Miahuatlán; 32, fracciones III, IV, V y VI y 68, fracción VIII de la Ley de Ingresos del Municipio de San Martín Huamelúlpam, Distrito de Tlaxiaco; 57, fracción VI, en la porción normativa "y copias certificadas", de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa Cruz Nundaco, Distrito de Tlaxiaco; 110, fracciones IV, XXI y XXII, y 215, fracción V, inciso y), de la Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro Pochutla, Distrito de Pochutla; 65, fracción I, y 124, fracción XVI, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa María del Tule, Distrito del Centro; 68, numeral 1, de la Ley de Ingresos del Municipio de Villa de Tututepec, Distrito de Juquila; 73, fracciones I, III, IV, V, VI y XIII, y 127, fracciones I, XII, en la porción normativa "a la autoridad", de la Ley de Ingresos del Municipio de San Pablo Huitzo, Distrito de Etla; 46, fracción I, y 67 fracción II, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Sebastián Coatlán, Distrito de Miahuatlán; 43, fracciones I, IV, V y VII, y 61, fracción IX, en la porción normativa "faltas de respeto o", de la Ley de Ingresos del Municipio de San Jerónimo Silacayoapilla, Distrito de Huajuapan; 45, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Miguel Mixtepec, Distrito de Zimatlán; 121, fracción XI, en las porciones normativas "vejar" y "o verbalmente", de la Ley de Ingresos del Municipio de Putla Villa de Guerrero, Distrito de Putla; 107, párrafo tercero, numerales 10, 36 y 43, de la Ley de Ingresos de Municipio de Heroica Villa de San Blas Atempa, Distrito de Tehuantepec; 66, fracción III, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa Cruz Tacache de Mina, Distrito de Huajuapan; todos del Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal de dos mil veintitrés. Dichos ordenamientos fueron publicados el dieciocho de marzo de dos mil veintitrés en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.
7. Precisó como autoridades emisora y promulgadora de las normas impugnadas al Congreso del Estado de Oaxaca y al Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca.
8. Preceptos constitucionales que se estiman violados. La accionante considera que se violan los artículos 1, 6, 14, 16, 22 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 9, 13, 22 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2, 12, 15, 16, 19 y 26 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, así como los diversos 1, 4, 5, 12, 17 y 19 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en relación con los artículos II y III de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.
9. Conceptos de invalidez. En su escrito la Comisión Nacional de los Derechos Humanos expuso los siguientes conceptos de invalidez:
Primero. Las disposiciones impugnadas de las 13 leyes de ingresos municipales de Oaxaca, para el ejercicio fiscal 2023 transgreden los principios de justicia tributaria, toda vez que prevén cuotas que no atienden al costo real del servicio prestado.
Señala, que los derechos son las contribuciones que se pagan al Estado como contraprestación de los servicios administrativos prestados, sin embargo, la palabra "contraprestación" no debe entenderse en el sentido del derecho privado, de manera que el precio corresponda exactamente al valor del servicio prestado, pues los servicios públicos que realiza el Estado se organizan en función del interés general y secundariamente en el de los particulares.
En tal virtud considera que las normas impugnadas, al establecer el cobro de derechos por la expedición y entrega de copias tanto simples como certificadas, así como entrega en medios magnéticos y, en algunos casos, por la búsqueda de información, que le soliciten los gobernados a las autoridades, cuyas tarifas no son acordes a las erogaciones que realmente les representa la prestación de tales servicios a los municipios.
Agrega, que los preceptos impugnados vulneran, en primer lugar, el principio de proporcionalidad tributaria que rige a las contribuciones, pues las tarifas no guardan relación directa con los gastos que le presenta a los ayuntamientos involucrados la prestación de los servicios descritos en las normas combatidas.
Además, precisa, que si las disposiciones controvertidas se enmarcan en la categoría de derechos, al referirse a las contraprestaciones que se pagan a la hacienda pública como precio por los servicios de carácter administrativo prestados por las autoridades a las personas que los soliciten, entonces resultaba imperioso que en la determinación de las cuotas respectivas el legislador tomara en cuenta el costo real que le causa al Estado la ejecución del servicio en cuestión, lo cual no acontece en la especie.
En otras palabras, señala que el pago correspondiente implica para la autoridad la concreta obligación de que la cuota que establezca, entre otras cosas, sea acorde o proporcional al costo de los servicios prestados e igual para todos aquellos que reciban el mismo servicio.
Segundo. El artículo 73, fracción III, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Pablo Huitzo, Distrito de Etla, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, establece una cuota injustificada por la reproducción de la información pública solicitada, en tal virtud, se transgrede el derecho humano de acceso a la información y el principio de gratuidad que rige a dicha prerrogativa fundamental.
Para justificar su afirmación, pone de manifiesto que el derecho de acceso a la información garantiza que todas las personas puedan solicitar información al Estado de los archivos, registros, datos y documentos públicos, siempre que sea solicitada por escrito, de manera pacífica y respetuosa; lo que, a su vez, implica una obligación a cargo del Estado de no obstaculizar ni impedir su búsqueda.
En esa tesitura, destaca que tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos han sido enfáticas en establecer la doble vertiente del derecho de acceso a la información: por un lado, como garantía individual que tiene por objeto maximizar el campo de autonomía personal y, por otro, como derecho colectivo o garantía social que funcionalmente tiende a revelar el empleo instrumental de la información como mecanismo de control institucional.
Para alcanzar lo anterior, señala que el principio de gratuidad contemplado en el multicitado artículo 6 de la Constitución Federal que como se ha indicado, rige la materia de acceso a la información pública, implica que el ejercicio de esta prerrogativa debe realizarse sin entregar a cambio contraprestación alguna, salvo el cobro correspondiente a la modalidad de reproducción, cuando –en su caso– sea procedente, justificado y proporcional. En tal virtud, el constituyente determinó consagrar la gratuidad en el derecho de acceso a la información como una garantía indispensable para el ejercicio del derecho de acceso a la información.
Con arreglo a lo expuesto, y en atención a lo dispuesto por el precepto controvertido, la Comisión considera que el Congreso local estableció una cuota que, a su juicio, no se encuentra justificada en razón del costo real de los materiales empleados para la reproducción de la información solicitada, ya que de la revisión del dictamen correspondiente tampoco se encontró razonamiento alguno tendente a acreditar las razones que sirvieron para determinar la tarifa reclamada.
Tercero. Las disposiciones normativas que prevén infracciones por proferir injurias con palabras, actitudes o gestos, hacia los espectadores que asistan a espectáculos o diversiones o insultar a la autoridad, son ambiguas y sumamente imprecisas, por tanto, vulneran los derechos de seguridad jurídica y el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, este último aplicable en materia administrativa sancionadora, y reconocido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal.
El núcleo medular del derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad, radica en que una autoridad sólo puede afectar la esfera jurídica de los gobernados con apego a las funciones constitucionales y legales que les están expresamente concedidas.
Ahora, si la Norma Fundamental garantiza que toda persona se encuentra protegida frente al arbitrio de la autoridad estatal por virtud del derecho de seguridad jurídica y el principio de legalidad, constituyéndose éstos como un límite al actuar de todo el Estado mexicano, su espectro de protección incluye tanto la debida aplicación de las normas por la autoridad competente, así como la obligación de establecer preceptos claros y precisos que no den pauta a una aplicación de la ley arbitraria, con el objetivo de que los gobernados tengan plena certeza sobre a quién se dirige la disposición, su contenido y la consecuencia de su incumplimiento.
A la luz del parámetro de regularidad planteado, estima que las disposiciones normativas reclamadas de las leyes de ingresos de los municipios resultan transgresoras del orden constitucional, dado que no permiten a las personas tengan conocimiento suficiente y claro de las conductas que en su caso podrían ser objeto de sanción por las autoridades municipales respectivas, en caso de exteriorizar una manifestación o idea que pudiera constituir una presunta injuria, insulto o falta de respeto en términos de las normas reclamadas.
Considera, que la legislatura local instituyó conductas antijurídicas que conllevan un amplio margen de valoración subjetiva por parte de la autoridad municipal, pues los supuestos previstos en las normas en combate no son suficientemente claros y exhaustivos, que brinden certeza jurídica a las personas destinatarias respecto a los comportamientos reprochables. En ese sentido, a juicio de la Comisión Nacional, las disposiciones impugnadas dejan a discreción subjetiva de las autoridades municipales determinar los casos en los que se actualizan las prohibiciones descritas.
Cuarto. La disposición contenida en el artículo 107, tercer párrafo, numeral 10, de la Ley de Ingresos del Municipio de Heroica Villa de San Blas Atempa, Distrito de Tehuantepec, Oaxaca, vulnera el derecho humano a la igualdad y no discriminación, previsto en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Lo anterior debido a que prevé una disposición que deviene en prácticas discriminatorias, pues impone multas a las personas que, por condiciones particulares, tienen la necesidad de solicitar dinero en espacios públicos de esa municipalidad.
Del texto transcrito se vislumbra que el Congreso local instauró una sanción pecuniaria por la comisión de una falta al Reglamento de Faltas de Policía del Municipio de San Blas Atempa, Distrito de Tehuantepec, Oaxaca, consistente en "mendigar habitualmente en lugar público".
En esa tesitura, la legislatura local estableció una multa que oscila entre 1 a 5 unidades de medida y actualización a quien solicite habitualmente la caridad en los espacios públicos del Municipio oaxaqueño de la Heroica Villa de San Blas Atempa.
Bajo ese contexto, a consideración de la parte accionante, la disposición que combate vulnera el derecho de igualdad y no discriminación, porque produce un efecto de discriminación indirecta en perjuicio de las personas que, por sus condiciones particulares –encontrarse en estado de desventaja económica o en situación de calle– tienen la necesidad de solicitar la caridad habitualmente en los espacios públicos.
Quinto. El precepto 107, párrafo tercero, numeral 36, de la Ley de Ingresos del Municipio de Heroica Villa de San Blas Atempa, Distrito de Tehuantepec, Oaxaca, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés establece una sanción pecuniaria para la persona encargada de la guarda o custodia de un enfermo mental, cuando lo deje trasladarse libremente en un lugar público de dicha municipalidad.
Si bien reconoce que la disposición combatida tiene una apariencia neutra, también lo es que, constituye una regulación permeada de estereotipos y estigmas en torno a las personas con discapacidad mental. En consecuencia, la configuración normativa del precepto reclamado se erige como una norma discriminatoria en perjuicio de las personas con discapacidad mental, que impide el reconocimiento de su dignidad humana.
Destaca que la Convención sobre los Derechos de la Personas con Discapacidad incorpora un modelo de discapacidad basado en los derechos humanos, el cual tiene como eje toral el reconocimiento y protección a la dignidad humana de las personas en situación de discapacidad a efecto de reconocer la diversidad funcional.
En términos del mencionado instrumento internacional, se desprende que los Estados parte tienen la obligación de adoptar medidas positivas para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes en sus sociedades, en perjuicio de determinado grupo de personas.
De lo anterior se desprende que el diverso 107 del ordenamiento prevé la imposición de una multa por "dejar el encargado de la guarda o custodia de un enfermo mental, que éste se traslade libremente en un lugar público", lo cual, a juicio de esta Comisión constituye una discriminación indirecta en contra de las personas que viven con discapacidad mental, pues refuerza los estereotipos y estigmas en torno a dicho sector de la población que han predominado históricamente.
Así, el vicio de inconstitucionalidad alegado radica en el diseño normativo del precepto reclamado, el cual, se considera, se encuentra permeado de estigmas y prejuicios relacionados con las personas con discapacidad mental o intelectual, que impide la consolidación de una igualdad sustantiva en el Estado de Oaxaca, por lo cual, debe declararse su invalidez.
Sexto. El artículo 176, fracción II, inciso a), numerales 8, 9, 11, 16, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santiago Pinotepa Nacional, establece multas fijas como consecuencia de la comisión de diversas faltas administrativas.
Tal precepto se erige como una sanción desproporcionada, absoluta e inflexible, que no atiende a la gravedad de la falta cometida y el daño causado, por lo que no permite un margen de apreciación para que la autoridad pueda individualizarla, por lo tanto, vulnera el principio de proporcionalidad en las sanciones, así como la prohibición de multas excesivas, previstos en el artículo 22 de la Constitución Federal.
Es claro que la Ley Suprema reconoce que en nuestro país quedan prohibidas, entre otras, las multas excesivas y garantiza que toda pena debe ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. Dicho principio opera tanto para el legislador al crear las normas como para el operador jurídico al aplicarlas e, incluso, en el momento de su ejecución.
A partir de lo anterior, afirma que no basta que el ordenamiento respectivo otorgue a la autoridad sancionadora la posibilidad de individualizar la multa aplicable a través de determinar la correspondencia entre su cuantía y las condiciones económicas del infractor, sino que es necesario que pueda tomar en cuenta la gravedad de la falta o su grado de responsabilidad, pues sólo de esa manera se daría al interesado la oportunidad de demostrar si tuvo o no la intención de causar daño al incurrir en la conducta prohibida.
Así, toda vez que los numerales controvertidos del inciso a), de la fracción II, del artículo 176 de la Ley en comento no establecen parámetros mínimo y máximo para su imposición, lo cual impide que la autoridad administrativa individualice la sanción mediante la adecuada valoración de las circunstancias que concurran en cada caso, se considera que prevén multas contrarias al artículo 22 constitucional, por ende, debe declararse su invalidez.
10. Registro del expediente, turno y acumulación del asunto. Mediante auto de Presidencia de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, se ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad con el número 98/2023 y en virtud de que existe identidad respecto de algunos de los decretos legislativos impugnados en este asunto y los controvertidos en la diversa acción de inconstitucionalidad 96/2023, se ordenó la acumulación de este expediente al citado medio de control constitucional y turnarlo al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, al haber sido designado instructor en el primero de los asuntos.
11. Admisión y trámite. Por acuerdo de quince de mayo de dos mil veintitrés, el Ministro instructor admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad, ordenó dar vista a las autoridades que emitieron las normas impugnadas para que rindieran sus respectivos informes. De igual forma, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República para que antes del cierre de instrucción, formule el pedimento
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200948-ae6fc5a6/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-poder-ejecutivo-federal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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