I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE OCUPE LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL PODER JUDICIAL DE LA ENTIDAD (ARTICULO 44, 46, FRACCIÓN I, 120, FRACCIÓN I Y 132, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO IMPUGNADO AL HABER SIDO REVOCADO POSTERIORMENTE POR UN NUEVO ACTO DICTADO POR LA MISMA AUTORIDAD (ACUERDO DICTADO POR EL TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EL VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIRÉS EN EL EXPEDIENTE 302/2023-2).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 516/2023. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. 8 DE MAYO DE 2024. PONENTE: MINISTRO ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: GUADALUPE DE LA PAZ VARELA DOMÍNGUEZ.
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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al ocho de mayo de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 516/2023, promovida por el Poder Judicial del Estado de Chihuahua, contra el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. Demanda. Por escrito presentado el veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Myriam Victoria Hernández Acosta, en su carácter de Presidenta y representante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, promovió controversia constitucional en contra del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Chihuahua, por los siguientes actos:
"IV. Actos cuya invalidez se demanda.
"1. El auto invasor de competencia y facultades, dictado el veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés dentro del Expediente 302/2023-2, por la Ponencia Dos del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Chihuahua, en el que, entre otras cuestiones, admitió a trámite la demanda en contra de una resolución de fecha cinco de junio de dos mil veintitrés emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, en la que admitió pruebas y requirió informes, documentales, expedientes y desahogo de testimoniales a cargo de los titulares de órganos jurisdiccionales y administrativos que integran el Poder Judicial, así como la contestación de la demanda en el término de treinta días.
"2. El auto invasor de competencia y facultades dictado el trece de octubre de dos mil veintitrés dentro del Cuadernillo Incidental del expediente 302/2023-2, por la Ponencia Dos del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Chihuahua, en el que, entre otras cuestiones, admitió a trámite el incidente de la medida cautelar, decretando como medida positiva provisional en contra del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, la siguiente:
"‘Se concede provisionalmente la medida cautelar positiva, por lo que se solicita a la autoridad demandada abstenerse (sic) proporcionar, facilitar o divulgar a terceros, incluyendo a la prensa, cualquier información relacionada de cualquier forma con el caso motivo de este litigio, incluyendo: nombre de la accionante, pretensiones y/o estado procesal de este expediente.’
"..."
2. Preceptos constitucionales que se estiman violados. La parte actora señaló como preceptos violados los artículos 17, 40, 49, 116, párrafos primero y segundo, así como fracciones III y V, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
3. Concepto de invalidez. El Poder Judicial estatal actor argumentó lo siguiente:
a) Los actos impugnados atentan contra la autonomía e independencia del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, previstas en los artículos 17 y 116, fracción III, de la Constitución Federal, toda vez que el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua solamente puede dirimir controversias que se susciten entre la Administración Pública, Estatal y Municipal, y los particulares, excluyendo los conflictos suscitados al interior del Poder Judicial Estatal, ya que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia de esa entidad es el órgano competente para conocer y resolver determinaciones del Consejo de la Judicatura del Estado, a través del recurso de revisión administrativa, contenido en el artículo 259 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua.
b) La medida cautelar provisional dictada y los requerimientos efectuados por el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua, vulneran la división de poderes e independencia judicial.
c) Asimismo, la violación a las normas sustantivas y procesales, provocan una intromisión a las normas de la autonomía de la gestión presupuestal del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, ya que en caso de resultar procedente el reclamo de la actora dentro del procedimiento contencioso administrativo y llevados a cabo los procesos correspondientes, podría generar una condena pecuniaria en perjuicio del patrimonio del Poder Judicial estatal.
d) De ahí que, al admitirse la demanda y las pruebas presentadas por la actora, hacer requerimientos al Poder Judicial estatal e imponer una medida cautelar provisional, actualiza una violación al principio de división de poderes, contraviniendo lo previsto en los artículos 49 y 116, fracciones III y IV, de la Constitución Federal.
4. Admisión. Por auto de once de diciembre de dos mil veintitrés, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda de la presente controversia, tuvo como demandado al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua, a quien ordenó emplazar para que presentara su contestación dentro del plazo legal. Asimismo, el Ministro instructor ordenó se formara el incidente de suspensión.
5. Contestación a la demanda. Por acuerdo de cuatro de marzo de dos mil veinticuatro, se tuvo por contestada la demanda por el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua.
6. Audiencia. Substanciado el procedimiento en la controversia constitucional, el veinte de marzo de dos mil veinticuatro, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en la que, en términos del diverso 34 de la propia Ley, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución, y por dictamen del Ministro instructor de dieciséis de abril de dos mil veinticuatro, se ordenó el envío del expediente a la Segunda Sala de este Alto Tribunal para su resolución.
7. Avocamiento a Segunda Sala. Mediante proveído de veintitrés de abril de dos mil veinticuatro, el Ministro Presidente de la Segunda Sala ordenó que ésta se avocara al conocimiento del asunto y remitió el sumario en el que se actúa a su Ponencia.
I. COMPETENCIA
8. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I, 11, fracción VIII y 21, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Puntos Segundo, fracción I y Tercero del Acuerdo General 1/2023,(1) de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, modificado mediante instrumento normativo de diez de abril del año en cita, por tratarse de un asunto en el que se estima que resulta innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.
9. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán (ponente).
II. OPORTUNIDAD
10. De conformidad con el artículo 21, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(2) el plazo para la presentación de la demanda será, tratándose de actos u omisiones, de treinta días contados a partir del día siguiente al que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; en el que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o en el que el actor se ostente sabedor de los mismos.
11. El acto impugnado es el auto dictado en el expediente 302/2023-2, por la Ponencia Dos del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua, en el que admitió la demanda contra una resolución emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura de la misma entidad.
12. En el caso, el acuerdo combatido se emitió el veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, que fue notificado al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chihuahua el once de octubre de dos mil veintitrés, por lo que el plazo referido transcurrió del trece de octubre al veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés; descontando los días catorce, quince, veintiuno, veintidós, veintiocho, veintinueve de octubre, uno, dos, tres, cuatro, cinco, once, doce, dieciocho, diecinueve, veinte, veinticinco y veintiséis de noviembre de dos mil veintitrés, de conformidad con los artículos 2 y 3 de la Ley Reglamentaria, en relación con el artículo 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el inciso m) del Acuerdo General 18/2013 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
13. Luego, si la demanda de controversia constitucional se presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, es claro que su presentación resultó oportuna.
14. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán (ponente).
III. LEGITIMACIÓN
15. La demanda fue presentada por parte legítima.
16. Myriam Victoria Hernández Acosta, en su carácter de Presidenta y representante del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua y su Pleno, así como del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, está legitimada para promover la presente controversia constitucional, de conformidad con los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución General; 10, fracción I y 11, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 Constitucional(3) y; 44, 46, fracción I, 120, fracción I y 132, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua.(4)
17. Ello es así, ya que atento a los preceptos citados, el Poder Judicial del Estado es uno de los entes legitimados para promover controversias constitucionales y corresponde a la Magistrada o Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia su representación en todos los litigios en que dicho ente público sea parte.
18. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán (ponente).
IV. SOBRESEIMIENTO
19. Esta Segunda Sala advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, en relación con el artículo 20, fracción II, ambos de la Ley Reglamentaria de la materia, al haber cesado en sus efectos el acto cuya invalidez se demanda en esta controversia constitucional, por las razones que enseguida se señalan.
20. Los citados preceptos legales prevén como causa de improcedencia de la controversia constitucional la cesación de los efectos de la norma general o acto impugnado, en los siguientes términos:
"Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:
"...
"V. Cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de la controversia;
"..."
"Artículo 20. El sobreseimiento procederá en los casos siguientes:
"...
"II. Cuando durante el ejercicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior."
21. Por otra parte, los artículos 105, fracciones I y III, penúltimo párrafo de la Constitución Federal y 45 de su Ley Reglamentaria establecen:
"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
"I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:
"...
"III. ... La declaración de invalidez de las resoluciones a que se refieren las fracciones I y II de este artículo no tendrá efectos retroactivos, salvo en materia penal, en la que regirán los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materia."
"Artículo 45. Las sentencias producirán sus efectos a partir de la fecha que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
"La declaración de invalidez de las sentencias no tendrá efectos retroactivos, salvo en materia penal, en la que regirán los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materia."
22. El alcance de las disposiciones legales acabadas de reproducir, en cuanto a la cesación de efectos se refiere, ha sido interpretada por el Tribunal Pleno de este Alto Tribunal en la jurisprudencia P./J. 54/2001 de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS."(5)
23. De la jurisprudencia señalada, se desprende que, tratándose de la controversia constitucional, se actualiza la hipótesis prevista en la fracción V, del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, cuando simplemente dejen de producirse los efectos de la norma general o del acto que la motivaron, en tanto que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposición expresa de los artículos 105, penúltimo párrafo de la Constitución Federal y 45 de su Ley Reglamentaria.
24. Ahora bien, como se adelantó, en la presente controversia constitucional se impugna del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua el acuerdo de admisión de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés dictado en el expediente 302/2023-2.
25. No obstante, de las constancias que obran en autos se advierte que mediante sentencia dictada por el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua el quince de marzo de dos mil veinticuatro, se declaró fundado el recurso de reclamación promovido por el Poder Judicial del Estado de Chihuahua, contra el acuerdo de admisión de la demanda, y se determinó revocar el mismo, al considerar que el acto reclamado no es formalmente administrativo, pues no emana de un órgano de la Administración Pública del Estado o Municipal, ni versa sobre asuntos de interés público, además de que dicho Tribunal Estatal carece de competencia para resolver asuntos derivados de actos atribuidos al Poder Judicial.
26. Por lo anterior, es evidente que el acto combatido cesó en sus efectos al desaparecer la afectación reclamada por esta vía, pues al revocar el acuerdo impugnado dejó de surtir sus efectos.
27. En este orden de ideas, aun y cuando se estudiara el fondo del presente asunto y, en su caso, se declarara la invalidez de lo impugnado, la sentencia no podría surtir plenos efectos respecto de aquél.
28. Similares consideraciones sostuvo esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la controversia constitucional 357/2023.(6)
29. Por consiguiente, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, en relación con el 45, ambos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que procede sobreseer en la presente controversia constitucional, de conformidad con la fracción II del artículo 20 del propio ordenamiento legal.
30. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán (ponente).
V. DECISIÓN
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
ÚNICO.—Se sobresee en la presente controversia constitucional.
Notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las partes, devuélvase el expediente a la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad para los efectos legales a que haya lugar y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán (ponente).
Firman el Ministro Presidente de la Segunda Sala y Ponente, con la Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe.
PRESIDENTE Y PONENTE
MINISTRO ALBERTO PÉREZ DAYÁN.
SECRETARIA DE ACUERDOS
CLAUDIA MENDOZA POLANCO.
En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en el Acuerdo General 11/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado el dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete en el Diario Oficial de la Federación, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
______________
1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
"I. De las controversias constitucionales que, sobre la constitucionalidad de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:
"...
"h) Dos Poderes de una misma entidad federativa
"..."
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
"Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá funcionando en Pleno:
"I. De las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
"..."
"Artículo 11. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación velará en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la independencia de sus integrantes, y tendrá las siguientes atribuciones:
"...
"VIII. Remitir para su resolución los asuntos de su competencia a las Salas a través de los acuerdos generales que emita. Si alguna de las Salas estima que el asunto remitido debe ser resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en Pleno, lo hará del conocimiento de este último para que determine lo que corresponda;
"..."
"Artículo 21. Corresponde conocer a las Salas:
"...
"IX. Las demás que expresamente les encomiende la ley.
ACUERDO GENERAL NÚMERO 1/2023, DE VEINTISÉIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, DEL TRIBUNAL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, RELATIVO A LA DETERMINACIÓN DE LOS ASUNTOS QUE EL PLENO CONSERVARÁ PARA SU RESOLUCIÓN, Y EL ENVÍO DE LOS DE SU COMPETENCIA ORIGINARIA A LAS SALAS Y A LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO.
"SEGUNDO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conservará para su resolución:
"I. Las controversias constitucionales, salvo en las que deba sobreseerse y aquéllas en las que no se impugnen normas de carácter general, así como los recursos interpuestos en éstas en los que sea necesaria su intervención.
"Una vez resuelto el problema relacionado con la impugnación de normas generales, el Pleno podrá reservar jurisdicción a las Salas para examinar los conceptos de invalidez restantes, cuando así lo estime conveniente;
"..."
"TERCERO. Las Salas resolverán los asuntos de su competencia originaria y los de la competencia del Pleno que no se ubiquen en los supuestos señalados en el Punto precedente, siempre y cuando unos y otros no deban ser remitidos a los Plenos Regionales o a los Tribunales Colegiados de Circuito."
2. "Artículo 21. El plazo para la interposición de la demanda será:
"...
"I. Tratándose de actos u omisiones, de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos; ..."
3. "Artículo 10. Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales:
"I. Como actor, la entidad, poder u órgano que promueva la controversia;
"..."
"Artículo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario ..."
4. "Artículo 44. La persona titular de la Presidencia del Tribunal lo es también del Pleno y además:
"I. No integrará Sala.
"II. Durará en su encargo tres años, con posibilidad de reelección por una ocasión para el periodo inmediato siguiente.
"III. Su elección se hará el cuatro de octubre del año que corresponda, de entre las Magistradas y los Magistrados, por el voto de al menos las dos terceras partes de las personas presentes que integren el Pleno del Tribunal, privilegiando la alternancia de género. En caso de que ninguna Magistrada o Magistrado alcance al menos las dos terceras partes de los votos, se realizará una votación en una segunda ronda entre las dos personas candidatas que, en su caso, hayan obtenido más votos, resultando ganadora, quien obtenga la mayoría. En dicho proceso se deberá privilegiar la alternancia de género.
"Para ocupar la titularidad de la Presidencia se requiere haber desempeñado el cargo de Magistrada o Magistrado durante un periodo mínimo de cinco años ininterrumpidos, cuyo cómputo se hará a partir de que la persona titular de la Magistratura haya sido nombrada de manera definitiva por el Congreso del Estado. Para los efectos de este cálculo la reelección no implica un nuevo nombramiento sino la prolongación del nombramiento definitivo.
"El día de la elección y hasta antes de que se conozca el resultado de la misma, la Presidencia se ejercerá interinamente por la Magistrada o Magistrado de mayor edad."
"Artículo 46. La Presidencia del Tribunal Superior tendrá las atribuciones y obligaciones siguientes:
"I. Representar al Poder Judicial en actos jurídicos, eventos públicos y protocolarios. Podrá delegar su representación a la persona funcionaria que considere conveniente.
"..."
"Artículo 120. El Consejo de la Judicatura funcionará en Pleno para emitir sus determinaciones y se integrará por cinco personas consejeras, cuya elección deberá garantizar la alternancia y paridad de género. Las consejeras y los consejeros se designarán de la forma siguiente:
"I. En primer lugar será la persona que ocupe la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia, quien lo será también del Consejo.
"..."
"Artículo 132. La Presidencia del Consejo contará con las atribuciones y obligaciones siguientes:
"I. Representar al Consejo por sí o por medio de la persona del servicio público que considere conveniente y proveer de manera provisional los asuntos que sean de la competencia del Pleno del Consejo y, en su oportunidad, dar cuenta al mismo para su resolución definitiva.
"..."
5. Con los siguientes datos de localización: Novena Época. Materia(s): Constitucional, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIII, Abril de 2001, página 882, con el número de registro digital: 190021.
6. Resuelta el diez de abril de dos mil veinticuatro, por unanimidad de cuatro votos de los Ministros y Ministras Yasmín Esquivel Mossa, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek (ponente) y Presidente en funciones Luis María Aguilar Morales. Ausente el Ministro Alberto Pérez Dayán.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200949-3efed50e/i-controversia-constitucional-la-persona-que-ocupe-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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