I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DE LOS ACTOS IMPUGNADOS, AL NO OBRAR EN AUTOS CONSTANCIA QUE LOS ACREDITE (LA FALTA DE RECONOCIMIENTO LEGAL Y CONSTITUCIONAL DEL PRESIDENTE Y SÍNDICO MUNICIPAL ELECTOS DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE LA REFORMA, DISTRITO DE PUTLA, ESTADO DE OAXACA, EL DESCONOCIMIENTO DE LA DEBIDA DESIGNACIÓN DEL TESORERO MUNICIPAL Y LA NEGATIVA DE ENTREGAR LOS RECURSOS POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES QUE CORRESPONDEN A ESE MUNICIPIO POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA, ASÍ COMO EL DESCONOCIMIENTO Y LA FALTA DE RECONOCIMIENTO LEGAL Y CONSTITUCIONAL A LAS AUTORIDADES ELECTAS PRESIDENTE Y SÍNDICO MUNICIPAL POR PARTE DEL PODER LEGISLATIVO DE ESA ENTIDAD).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 201/2022. MUNICIPIO DE LA REFORMA, DISTRITO DE PUTLA, ESTADO DE OAXACA. 10 DE ABRIL DE 2024. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS LORETTA ORTIZ AHLF, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: BRENDA MONTESINOS SOLANO.
ÍNDICE TEMÁTICO
Actos impugnados:
"IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISION CUYA INVALIDEZ DEMANDA:
"Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca.
"a. La falta de reconocimiento legal y constitucional del Presidente y Síndico Municipal electos del Ayuntamiento Constitucional de La Reforma, Putla, que realiza la Secretaría de Finanzas referida.
"b. El desconocimiento de la debida designación del Tesorero Municipal del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de La Reforma, Putla, que nombraron las autoridades electas.
"c. La negativa de entregar los recursos de los enteros quincenales por concepto de participaciones y los enteros mensuales de las aportaciones federales que le corresponden al Municipio actos correspondientes a los ramos 28 y 33 fondo III y IV, así como de todos los recursos de carácter federal destinados a mi representada, por conducto del Presidente Municipal quien fue electo mediante acuerdo IEEPCO-CG-SIN-54/2022, quien se encuentra facultado por la Ley Orgánica en términos del artículo 68, fracción XVII, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca.
"• Poder Legislativo del Estado de Oaxaca.
"1. El desconocimiento a las autoridades electas Presidente y Síndico Municipal del Ayuntamiento de la Reforma, Putla, Oaxaca.
"2. La falta de reconocimiento legal y constitucional al Presidente y Síndico Municipal del Ayuntamiento Constitucional electos mediante acuerdo del Instituto Electoral.
"• Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (Conocido como OSFE)
"a) El desconocimiento a las autoridades electas Presidente y Síndico Municipal del Ayuntamiento de la Reforma, Putla Oaxaca, designadas por el Instituto Electoral.
"b) La falta de reconocimiento legal y constitucional al Presidente y Síndico Municipal electos mediante acuerdo del Instituto Electoral.
"Dichos actos los están realizando sin respetar el procedimiento que marca la Ley Orgánica Municipal."
Ver índice temático
Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al diez de abril de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 201/2022, promovida por el Municipio de la Reforma, Distrito de Putla, Estado de Oaxaca, en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Oaxaca.
I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el treinta de septiembre de dos mil veintidós en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Matías Medel Bruno, en su carácter de Síndico Municipal y Representante Jurídico del Municipio de la Reforma, Putla, Oaxaca, promovió controversia constitucional en la que señaló como actos impugnados los siguientes:
NORMA GENERAL, ACTO U OMISION CUYA INVALIDEZ DEMANDE, ASÍ COMO, EN SU CASO, EL MEDIO OFICIAL EN QUE SE HUBIERAN PUBLICADO:
"Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca.
"a. La falta de reconocimiento legal y constitucional del Presidente y Síndico Municipal electos del Ayuntamiento Constitucional de La Reforma, Putla, que realiza la Secretaría de Finanzas referida.
"b. El desconocimiento de la debida designación del Tesorero Municipal del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de La Reforma, Putla, que nombraron las autoridades electas.
"c. La negativa de entregar los recursos de los enteros quincenales por concepto de participaciones y los enteros mensuales de las aportaciones federales que le corresponden al Municipio actos correspondientes a los ramos 28 y 33 fondo III y IV, así como de todos los recursos de carácter federal destinados a mi representada, por conducto del Presidente Municipal quien fue electo mediante acuerdo IEEPCO-CG-SIN-54/2022, quien se encuentra facultado por la Ley Orgánica en términos del artículo 68, fracción XVII, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca.
"• Poder Legislativo del Estado de Oaxaca.
"1. El desconocimiento a las autoridades electas Presidente y Síndico Municipal del Ayuntamiento de la Reforma, Putla, Oaxaca.
"2. La falta de reconocimiento legal y constitucional al Presidente y Síndico Municipal del Ayuntamiento Constitucional electos mediante acuerdo del Instituto Electoral.
"• Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (Conocido como OSFE)
"a) El desconocimiento a las autoridades electas Presidente y Síndico Municipal del Ayuntamiento de la Reforma, Putla Oaxaca, designadas por el Instituto Electoral.
"b) La falta de reconocimiento legal y constitucional al Presidente y Síndico Municipal electos mediante acuerdo del Instituto Electoral.
Dichos actos los están realizando sin respetar el procedimiento que marca la Ley Orgánica Municipal."
2. Conceptos de invalidez. El Municipio actor expuso, en síntesis, el siguiente concepto de invalidez:
• Sostiene que todos los actos reclamados adolecen de fundamentación y motivación, además de que pretenden realizarse sin respetar los procedimientos previamente establecidos, violando las garantías de audiencia, defensa y legalidad.
• Manifiesta que, en el caso, las determinaciones de la Secretaría de Finanzas de no reconocer a las autoridades electas, así como el cambio realizado del Tesorero de Municipal; contraviene las garantías de audiencia y legalidad previstas en los artículos 14 y 16 constitucional, en virtud de que dichos actos no tienen sustento en un procedimiento legal que garantice la debida defensa del ente afectado.
• Aduce que las determinaciones que adopta la autoridad señalada, son contrarias a lo dispuesto en los artículos 115, fracciones II, primer párrafo, y IV, incisos b) y c), último párrafo de la Constitución Federal y sus correlativas del ordenamiento local; artículo 113, tercer párrafo, fracción II, incisos b) y c), último párrafo, en virtud de que dichas normas reconocen en la institución municipal un nivel de gobierno, investido de personalidad jurídica propia, facultado para tomar sus propias determinaciones de Gobierno, con autonomía, sin que ningún otro poder pueda intervenir en su esfera competencial, asimismo, se le reconoce que puede manejar su patrimonio conforme a la ley y administrar libremente su hacienda.
• Así, refiere que la Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca, carece de atribuciones constitucionales o legales para ordenar y ejecutar los actos que se les reclama, ya que en su caso se deben ajustar a los procedimientos establecidos en el orden jurídico nacional.
• Precisa que, en el caso concreto, la Secretaría de Finanzas, viola en perjuicio del Municipio que legalmente representa, la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 y 16 Constitucional, ya que los actos que se reclaman se pretenden realizar fuera de todo procedimiento legal alguno, en el que se garantice la debida defensa del Municipio.
• Estima que en el caso concreto, al Municipio actor le fueron suspendidos totalmente los recursos económicos, lo cual es violatorio, porque no le han garantizado el derecho de audiencia, defensa y debido proceso.
• Manifiesta que la conducta irregular de la autoridad señalada como responsable y la determinación que adopta, además de ser violatoria de los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, también viola el principio de autonomía municipal contenida de los preceptos constitucionales comprendidos en los artículos 115, fracciones I, tercer párrafo, fracción II, primer párrafo; y, IV, último párrafo, párrafo in fine, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos en virtud de que dichas normas reconocen en la institución municipal un nivel de gobierno, investido de personalidad jurídica propia, facultada para manejar su patrimonio confirme a la Ley y administrar libremente su Hacienda, además viola el derecho Constitucional que tiene todo ayuntamiento de estar debidamente integrado por ser un nivel de gobierno electo por la soberanía popular.
• Señala que en esa circunstancia la Secretaría no tiene facultades para intervenir en la autonomía municipal sin seguir previamente los procedimientos del orden jurídico nacional, tampoco para no reconocer a una autoridad municipal.
• Refiere que en otro orden de ideas, los actos que emita la Secretaría de Finanzas no tiene facultades para intervenir en la autonomía municipal sin seguir previamente los procedimientos del orden jurídico nacional, tampoco para no reconocer a una autoridad municipal.
• Asegura, que los actos que emita la Secretaría de Finanzas no se encuentran fundados ni motivados, por ende vulneran lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de igual forma se transgrede el principio de legalidad, pues por ningún motivo, salvo las excepciones que establece el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal, se pueden retener o suspender las participaciones, pero nunca las aportaciones federales, por lo tanto, la orden impugnada viola lo dispuesto por el artículo constitucional citado en relación con el artículo 13 de la Ley de Coordinación Fiscal.
• Manifiesta que en el caso concreto, se actualiza una violación a la autonomía municipal de La Reforma Oaxaca, ya que con tal acto no se le permite al Municipio manejar y aplicar los recursos federales que legalmente le correspondan para satisfacer las necesidades públicas a su cargo.
• Refiere que en ese contexto, el Poder del Estado de Oaxaca viola lo dispuesto en el artículo 115, fracciones II, primer párrafo, IV, inciso b) y c), en virtud de que dichas normas reconocen en la institución municipal un nivel de gobierno, investido de personalidad jurídica propia, facultada para manejar su patrimonio conforme a la ley y administrar libremente su hacienda, la que se formará con los rendimientos de los bienes que le pertenezcan, así como con las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan en su favor, entre éstos las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente determinen las mismas legislaturas locales.
• Aduce, que no puede estar supeditado y condicionado por situaciones inexactas la acreditación ante las autoridades por el cual la asamblea comunitaria los eligió, tan es así que el Instituto Electoral, valoró la terminación anticipada, ya que, estableció y determinó la terminación anticipada de mandato del Presidente Jesús Molina Mendoza y Lázaro Pachuca López, Síndico Municipal, quieres fueron electos en el año de dos mil diecinueve, denominada ex autoridades municipales.
• Así concluye, que el Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca viola lo dispuesto en los artículos 115, fracciones II, primer párrafo, y IV, inciso b) y c), en virtud de que dichas normas reconocen en la institución municipal un nivel de gobierno, investido de personalidad jurídica propia, facultada para manejar su patrimonio conforme a la ley.
3. Radicación de la demanda. Por acuerdo dictado el diez de octubre de dos mil veintidós, el entonces Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar la controversia constitucional con el número 201/2022, que turnó a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández para que instruyera el procedimiento.
4. Admisión de la demanda. Mediante proveído de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, la entonces Ministra instructora admitió a trámite la demanda de controversia constitucional, tuvo por ofrecidas las pruebas documentales que acompaña, así como la presuncional en su doble aspecto legal y humana; tuvo como demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Oaxaca, a quienes ordenó emplazar.
5. Por otra parte, determinó que no ha lugar a proveer de conformidad la solicitud de la persona promovente en el sentido de tener como autoridades demandadas a la Secretaría de Finanzas del Gobierno y al Órgano Superior de Fiscalización, ambos del Estado de Oaxaca, ya que se trata de dependencias subordinadas al Poder Ejecutivo y Legislativo Estatal respectivamente.
6. Además, dio vista a la Fiscalía General de la República para que hasta antes de la celebración de la audiencia de ley, manifieste lo que a su representación corresponda; igualmente, a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, con la finalidad de que, si considera que la materia del presente juicio trasciende a sus funciones constitucionales, manifieste lo que a su esfera competencial convenga, hasta antes de la celebración de la referida diligencia.
7. Returno del expediente. Por acuerdo de dos de enero de dos mil veintitrés, en atención a lo determinado por el Pleno de este Máximo Tribunal en sesión pública solemne celebrada el dos de enero de dos mil veintitrés, en la cual se eligió como Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, designada instructora en el asunto que se provee, se ordenó returnar el expediente al entonces Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien continuó actuando como instructor en el presente asunto.
8. Contestación del Poder Legislativo del Estado de Oaxaca. A través del oficio depositado en la oficina de correos de la localidad el once de enero de dos mil veintitrés, recibido el diecisiete siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el Congreso del Estado de Oaxaca dio contestación a la demanda.
9. En su escrito manifestó medularmente lo siguiente:
• Negó los actos impugnados.
• Sostiene que el Municipio de Reforma de Putla no tiene interés legítimo para promover la controversia constitucional, en virtud de que su representado no ha emitido ningún acto tendiente a vulnerar la esfera de atribuciones del municipio actor, toda vez, que, si bien existe un expediente en la comisión de gobernación, el mismo se encuentra sin resolución.
• Hace valer que el actor carece de interés legítimo para promover la presente controversia en virtud de que el periodo para el que fueron electos los integrantes del ayuntamiento actor feneció el treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós, por lo cual procede el sobreseimiento en la presente controversia constitucional.
• Manifiesta que por lo que respecta a los conceptos de invalidez, los mismos son inoperantes, en virtud de que el Congreso del Estado de Oaxaca a la fecha no ha resuelto el expediente CPGA/198/2022, integrado con el oficio número IEEPCO/SE/2179/2022, con el cual la Encargada de Despacho de la Secretaría Ejecutiva del IEEPCO, remite copia del acuerdo número IEEPCO-CG-SIN-54/2022, respecto de la terminación anticipada de mandato de las Concejalías propietarias de la Presidencia Municipal y de la Sindicatura Municipal electa en el año dos mil diecinueve del Ayuntamiento de la Reforma; así como tampoco ha trastocado la esfera jurídica del Municipio actor, en ese sentido los actos que impugna el actor devienen inexistentes, por lo que, con fundamento en la fracción III del artículo 20 de la Ley Reglamentaria de la materia, solicitó el sobreseimiento de la presente Controversia Constitucional.
10. Contestación del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. A través del oficio depositado en la oficina de correos de la localidad, recibido el veinte de enero de dos mil veintitrés, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, Geovany Vásquez Sagrero, Titular de la Consejería Jurídica y Asistencia Legal del Estado de Oaxaca, dio contestación a la demanda.
11. En su escrito de contestación de demanda medularmente hizo valer lo siguiente:
• Sostuvo que por lo que hace a ese Poder Ejecutivo no se advierte la existencia de negativa alguna para llevar a cabo la acreditación de las autoridades municipales o de la tesorería del Ayuntamiento de la Reforma, Putla para el ejercicio fiscal de dos mil veintidós.
• Hace valer que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII de la Ley Reglamentaria, al no advertirse violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Refiere que dentro de la demanda inicial el Ayuntamiento actor considera que el Poder Ejecutivo Local traspasa las esferas competenciales que el corresponden, por no reconocer al Tesorero Municipal que fue nombrado en el año dos mil veintidós, así como que no han sido enterados los recursos correspondientes a los ramos federales de aportaciones a que tienen derecho, por encontrarse adheridos al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, sin embargo, aun cuando el actor pueda acreditar la existencia de dicha negativa u omisión, las violaciones a su competencia constitucional no concurren.
• Asimismo, advierte que los fondos de aportaciones federales no integran la parte relacionada de la libertad hacendaria, pues su origen resulta netamente federal, y en su caso debió agotar los mecanismos previstos en la Ley de Coordinación Fiscal.
• Asimismo, aduce que el origen de los fondos correspondientes a las aportaciones federales a favor de los Municipios, se encuentra previsto dentro de la Ley de Coordinación Fiscal, de ahí que la supuesta existencia de alguna omisión respecto al entero a dichos recursos no sería considerada como una violación directa a la Constitución a algunas de las competencias del Ayuntamiento, relacionado con su libre hacienda.
• Así, aduce que, al advertirse la inexistencia de una violación directa de un precepto constitucional dentro del presente medio, a razón de las violaciones aducidas no corresponden a una transgresión de las esferas competenciales del Municipio actor.
• Aduce que el promovente también carece del interés legítimo para comparecer ante esta Suprema Corte, toda vez que su razonamiento con relación a los actos o hechos de los que alega su validez, así como a la violación al ejercicio competencial establecido en el artículo 115 de la Constitución Federal, resulta insuficiente.
• Asimismo, refiere que las formas de acreditación de autoridades Municipales, así como el establecimiento de los mecanismos de ministración de recursos federales ante el Gobierno del Estado de Oaxaca, resultan mecanismos de índole legal, sin que estos se relacionen con el ejercicio directo de una facultad del Municipio establecida en la Norma Fundamental.
• Aunado a lo anterior refiere que, si bien realiza un razonamiento encaminado a establecer una facultad constitucional al Ayuntamiento, cierto es también que el artículo 115 de la Constitución Federal únicamente prevé la forma en la que se integrará la hacienda Municipal, sin que de ella se advierta directa o indirectamente que se le otorga alguna facultad al Municipio para ejercer de manera discreta dichos recursos.
• Aduce que se advierten alegaciones relacionadas con violaciones a preceptos legales, sin que se exista una transgresión directa a la esfera competencia de los Ayuntamientos determinada por la Constitución Federal.
• Manifiesta que, en un argumento por analogía, resulta viable que esta Suprema Corte analice lo determinado por la controversia constitucional 35/2019, toda vez que la causa de pedir de los impetrantes consiste en la ministración de recursos y el reconocimiento de las autoridades Municipales como tal en la Secretaría de Finanzas del Estado, pues las supuestas violaciones competenciales no concurren, al encontrarse aduciendo cuestiones de mera legalidad.
• Refiere que no puede ser materia del medio de control de constitucionalidad en cuestión lo alegado por la parte actora, pues los procedimientos y disposiciones relativas a la acreditación de autoridades y ministración de recursos federales, compete directamente a una cuestión procedimental interna, y a la propia ley de Coordinación Fiscal.
• Advierte que el cumplimiento de los actos reclamados por el accionante, no corresponde al ejercicio de una facultad constitucional, o que consista en una violación directa a la constitución; que al respecto, la calificación de los conceptos de violación podrían resultar infundados por no atender a una cuestión constitucional, y por otro lado inoperantes, pues de las alegaciones vertidas no es suficiente su pretensión para alcanzar la procedencia de la controversia planteada.
• En síntesis, considera que la presente controversia constitucional resulta improcedente, por no aducir violaciones directas a la Constitución Federal, al alegar preceptos legales cuya vulneración debe ser atendida dentro del ámbito determinado por la Ley Reglamentaria, así como la carencia del interés jurídico para promover la controversia constitucional, por no aducir violaciones de fondo a las competencias específicas determinadas en la norma en que se funda.
• Refiere que no se cumple con el requisito esencial del presente medio de defensa, sobre el análisis de las esferas competenciales constitucionales de los poderes u órganos del Gobierno, de ahí que se actualice la causal de improcedencia alegada.
• Así concluye, que, al advertirse dentro del trámite de la presente controversia constitucional, la actualización de las causales de improcedencia establecidas dentro del artículo 19, fracciones V y VIII de la Ley Reglamentaria, resulta viable se determine el sobreseimiento de esta, de conformidad con el artículo 20, fracción II de la Ley Reglamentaria del artículo 105, fracción I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
12. Pedimento. La Fiscalía General de la República se abstuvo de formular pedimento.
13. Audiencia. El veintitrés de marzo de dos mil veintitrés tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria. Se hizo constar que no se presentaron las partes; se relacionaron las pruebas documentales que obran en el expediente, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana, que ofrece el Poder Legislativo de la referida entidad federativa y las últimas de las mencionadas ofrecidas por el Municipio actor. Asimismo, se hizo constar que las partes no los formularon.
14. Cierre de la instrucción. Por acuerdo dictado el catorce de abril de dos mil veintitrés, del entonces Ministro instructor admitió las pruebas ofrecidas, las que tuvo por desahogadas por su propia y especial naturaleza y cerró la instrucción a afecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
15. Returno del expediente. Por acuerdo de uno de diciembre de dos mil veintitrés, en atención a lo determinado por el Pleno de este Máximo Tribunal en sesión privada de dieciséis de noviembre del año en curso, en la cual se determinó que los asuntos correspondientes a la Ponencia del entonces Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea sean returnados por estricto decanato entre las señoras Ministras y los señores Ministros que integran el Pleno, así se ordenó returnar el expediente al Ministro Jorge Mario Pardo, quien continuó actuando como instructor en el presente asunto.
16. Radicación en la Primera Sala. Previo dictamen del Ministro instructor, por acuerdo presidencial de once de marzo de dos mil veinticuatro, la Primera Sala se avocó al conocimiento del asunto y se remitieron los autos a la Ponencia, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
I. COMPETENCIA
17. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional en términos de lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(1) 1o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal(2) y; 10, fracción I, y 11, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(3) así como en los Puntos Segundo, fracción I, y Tercero del Acuerdo General Plenario número 5/2013 del Tribunal Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, ya que no implica el análisis de fondo de una norma general, por lo que no es necesaria la intervención del Tribunal Pleno para su resolución.
II. SOBRESEIMIENTO
18. Esta Primera Sala considera innecesario analizar la oportunidad y la legitimación de las partes en la presente controversia constitucional, porque advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción III del artículo 20 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(4)
19. Previo a explicar las razones que sustentan la determinación anterior, es necesario precisar que la temática que se aborda en el presente asunto no es nueva, puesto que al respecto se pronunció esta Primera Sala en las controversias constitucionales 80/2020, 118/2019(5) y 124/2020. (6) De igual manera, en idéntico sentido resolvió la Segunda Sala en la controversia constitucional 278/2017,(7)criterio que es compartido por esta Primera Sala.
20. Para explicar las razones por las cuales se configura la mencionada causa de improcedencia es indispensable referirnos a los actos impugnados por el municipio accionante, atribuidos a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la entidad y que se sustentan en: (i) La falta de reconocimiento legal y constitucional del Presidente y Síndico Municipal electos del Ayuntamiento Constitucional de La Reforma, Putla; (ii) El desconocimiento de la debida designación del Tesorero Municipal del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de La Reforma, Putla, que nombraron esas autoridades y; (iii) La negativa de entregar los recursos de los enteros quincenales por concepto de participaciones y los enteros mensuales de las aportaciones federales que le corresponden al Municipio actor correspondientes a los ramos 28 y 33 fondo III y IV; así como de todos los recursos de carácter federal destinados a su representada, por conducto del Presidente Municipal quien fue electo mediante acuerdo IEEPCO-CG-SIN-54/2022, quien se encuentra facultado en términos del artículo 68, fracción XVII, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca. Falta de reconocimiento como concejales, desconocimiento del tesorero y negativa de entregar los recursos que aduce se realizó de forma verbal, sin que para tal efecto haya presentado algún medio de prueba que acredite dichos actos.
21. En la contestación de demanda, tanto el Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Quinta Legislatura del H. Congreso del Estado de Oaxaca, en representación del Poder Legislativo local, como el Titular de la Consejería Jurídica y Asistencia Legal del Estado de Oaxaca, en representación del Poder Ejecutivo estatal negaron la existencia de los actos impugnados.
22. En efecto, por lo que hace a los actos atribuidos al Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca consistentes en:
a. La falta de reconocimiento legal y constitucional del Presidente y Síndico Municipal electos del Ayuntamiento Constitucional de La Reforma, Putla, que realiza la Secretaría de Finanzas.
b. El desconocimiento de la debida designación del Tesorero Municipal del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de La Reforma, Putla, que nombraron las autoridades electas.
c. La negativa de entregar los recursos de los enteros quincenales por concepto de participaciones y los enteros mensuales de las aportaciones federales que le corresponden al Municipio actos correspondientes a los ramos 28 y 33 fondo III y IV, así como de todos los recursos de carácter federal destinados a mi representada, por conducto del Presidente Municipal quien fue electo mediante acuerdo IEEPCO-CG-SIN-54/2022, quien se encuentra facultado por la Ley Orgánica en términos del artículo 68, fracción XVII, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca.
23. El Titular de la Consejería Jurídica y Asistencia Legal del Estado de Oaxaca, en representación del Poder Ejecutivo Estatal sostuvo que por lo que hace a ese Poder Ejecutivo no se advierte la existencia de negativa alguna para llevar a cabo la acreditación de las autoridades municipales o de la tesorería del Ayuntamiento de la Reforma, Putla, para el ejercicio fiscal de dos mil veintidós.
24. Ahora bien, respecto de los actos atribuidos al Poder Legislativo local, consistentes en:
1. El desconocimiento a las autoridades electas Presidente y Síndico Municipal del Ayuntamiento de la Reforma, Putla, Oaxaca.
2. La falta de reconocimiento legal y constitucional al Presidente y Síndico Municipal del Ayuntamiento Constitucional electos mediante acuerdo del Instituto Electoral.
25. El Poder Legislativo local, en su contestación de demanda informó medularmente lo siguiente:
• Negó los actos impugnados.
• Sostuvo que el Municipio de Reforma, Putla no tiene interés legítimo para promover la controversia constitucional, en virtud de que su representado no ha emitido ningún acto tendiente a vulnerar la esfera de atribuciones del municipio actor, toda vez, que, si bien existe un expediente en la comisión de gobernación, el mismo se encuentra sin resolución.
• Manifiesta que por lo que respecta a los conceptos de invalidez, los mismos son inoperantes, en virtud de que el Congreso del Estado a la fecha no ha resuelto el expediente CPGA/198/2022, integrado con el oficio número IEEPCO/SE/2179/2022, con el cual la Encargada de Despacho de la Secretaría Ejecutiva del IEEPCO, remite copia del acuerdo número IEEPCO-CG-SIN-54/2022, respecto de la terminación anticipada de mandato de las Concejalías propietarias de la Presidencia Municipal y de la Sindicatura Municipal electa en el año dos mil diecinueve del Ayuntamiento de la Refo
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200954-e44c6ca9/i-controversia-constitucional-sobreseimiento-por-inexistencia-de-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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