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I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DERIVADO DE LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE LA NORMA IMPUGNADA EN UNA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD (ARTÍCULOS 21, PÁRRAFO SEXTO, Y 328, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY ELECTORAL, ASÍ COMO EL 6, FRACCIÓN XVI, PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO, Y 7, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL, AMBAS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SU IMPROCEDENCIA CONTRA NORMAS GENERALES EN MATERIA ELECTORAL SE ACTUALIZA CUANDO SE REFIEREN A LA "MATERIA ELECTORAL DIRECTA" POR REGULAR ALGÚN PROCEDIMIENTO DE RENOVACIÓN DE UN CARGO DE ELECCIÓN POPULAR O LA INTEGRACIÓN DE LOS ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS QUE GARANTIZAN LA LEGALIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DE MANERA EXCEPCIONAL CONTRA NORMAS GENERALES O ACTOS RELACIONADOS CON LA "MATERIA ELECTORAL" QUE VULNEREN LAS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES DE UN ÓRGANO ORIGINARIO DEL ESTADO SIEMPRE Y CUANDO NO SE ENCUENTRE PREVISTO LEGALMENTE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN IDÓNEO PARA REMEDIAR TAL VULNERACIÓN A SU ESFERA COMPETENCIAL. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO SE ACTUALIZA EL SUPUESTO DE PROCEDENCIA EXCEPCIONAL CONTRA NORMAS RELACIONADAS CON LA MATERIA ELECTORAL CUANDO EL TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ELECTORAL ACTOR NO PLANTEA CUESTIONES COMPETENCIALES (ARTÍCULOS 7, PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO, 327, FRACCIONES III Y VI, 328, PÁRRAFO SEGUNDO, FRACCIONES I, II, III Y IV, Y ARTÍCULOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO TRANSITORIOS, DE LA LEY ELECTORAL, 6, FRACCIONES III, X Y XI, ASÍ COMO CONTRA LA DEROGACIÓN DE SU FRACCIÓN XIII, 7, PÁRRAFO PRIMERO, 10, FRACCIONES IV, VII, IX, XXXIII, XXXIV Y XXXV, 12, 14, FRACCIONES IX, XXII, XXIII Y XXIV, 22 BIS, 22 TER Y TRANSITORIOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO DE LA LEY DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 6, PÁRRAFO CUARTO, Y 21, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE PARTIDOS POLÍTICOS, TODAS DEL ESTADO DE MORELOS).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 477/2023. · Registro digital (IUS): 200962
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 477/2023. TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. 26 DE JUNIO DE 2024. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIO: ALFREDO NARVÁEZ MEDÉCIGO.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos: El Congreso de Baja California aprobó diversas reformas a su legislación local en materia electoral. El Tribunal de Justicia Electoral de Baja California promovió controversia constitucional en contra de dichas modificaciones legales. El promovente adujo distintas violaciones constitucionales en relación con el contenido material de las nuevas disposiciones.

Ver índice temático

Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintiséis de junio de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 477/2023, promovida por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de esa misma entidad federativa.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Hechos que dieron lugar a la controversia. El dos de septiembre de dos mil veintitrés se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el Decreto 288 (en lo sucesivo “el decreto”). A través de este instrumento se aprobaron reformas a diversos artículos de la Ley Electoral, la Ley de Partidos Políticos, la Ley del Tribunal de Justicia Electoral, la Ley de Asistencia Social y la Ley de Participación Ciudadana, todas del Estado de Baja California.(1)

2. Presentación de la demanda de controversia constitucional. Inconforme con el contenido material del decreto, el diecisiete de octubre de dos mil veintitrés el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California, por conducto de su Magistrada Presidenta, promovió controversia constitucional en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de esa misma entidad federativa. En su demanda planteó la inconstitucionalidad de diversos preceptos de dicho instrumento.(2)

3. Trámite y admisión. El día siguiente, la ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acordó formar el expediente relativo a la controversia constitucional, registrarla bajo el número 477/2023 y turnar el asunto al ministro Javier Laynez Potisek para que instruyera el procedimiento correspondiente, dado que existía conexidad entre dicho asunto y las acciones de inconstitucionalidad 198/2023 y 200/2023, pues en todos se impugnaba la misma norma de carácter general.(3) Posteriormente, el treinta de noviembre de dos mil veintitrés el ministro Javier Laynez Potisek admitió a trámite la demanda de controversia constitucional. Asimismo, tuvo como demandados a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Baja California. Finalmente, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para que manifestaran lo que correspondiera a su representación.(4)

4. Contestaciones a la demanda. El dos de febrero de dos mil veinticuatro el Poder Ejecutivo y el Legislativo, ambos del Estado de Baja California, presentaron escritos donde dieron contestación a la demanda.(5) Los documentos fueron agregados al expediente mediante auto de dieciséis de febrero de ese mismo año.(6)

5. Resolución de las acciones de inconstitucionalidad promovidas contra el Decreto. En sesión pública de veinte de febrero de dos mil veinticuatro el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó sentencia en la acción de inconstitucionalidad 198/2023 y su acumulada 200/2023.(7) Sus puntos resolutivos son del tenor siguiente:

“PRIMERO. Es procedente y parcialmente fundada la presente acción de inconstitucionalidad y su acumulada.

SEGUNDO. Se desestima en la acción de inconstitucionalidad 200/2023 respecto de los artículos 6, párrafo cuarto, en su porción normativa ‘sin la intervención indebida de ninguna autoridad electoral’, y 21, fracción VI, en su porción normativa ‘sin la intervención indebida de ninguna autoridad electoral o de cualquier otra índole’, de la Ley de Partidos Políticos del Estado de Baja California.

TERCERO. Se reconoce la validez del procedimiento legislativo que culminó con el Decreto NO. 288 por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Electoral, la Ley de Partidos Políticos, la Ley del Tribunal de Justicia Electoral, la Ley de Asistencia Social y la Ley de Participación Ciudadana, todas del Estado de Baja California, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el dos de septiembre de dos mil veintitrés.

CUARTO. Se reconoce la validez de los artículos 7, párrafo segundo, 168, 327, fracciones III y VI, y 328, párrafo segundo, fracciones I, II, III y IV, de la Ley Electoral del Estado de Baja California y 6, fracciones III, X y XI, 7 (con la salvedad precisada en el resolutivo quinto), 10, fracciones IV, VII, IX, XXXIII, XXXIV y XXXV, 14, fracciones IX, XXII, XXIII y XXIV, 22 BIS y 22 TER de la Ley del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, reformados y adicionados, respectivamente, mediante el Decreto NO. 288, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el dos de septiembre de dos mil veintitrés.

QUINTO. Se declara la invalidez de los artículos 21, párrafo sexto, en su porción normativa ‘Las autoridades electorales sólo podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos para efecto de reposición de procedimientos por violaciones a la Constitución Federal, a su normativa interna o a derechos de la ciudadanía. En ningún caso podrán resolver nombrando dirigentes y candidatos o determinando cualquier acto que interfiera injustificadamente en forma directa en las decisiones de la vida interna de los partidos’, 139, párrafo segundo, en su porción normativa ‘y personas con discapacidad’, y 328, párrafo primero, en su porción normativa ‘unánime’, de la Ley Electoral del Estado de Baja California y 6, fracción XVI, párrafos primero, en su porción normativa ‘por unanimidad’, y segundo, en su porción normativa ‘unánime’, y 7, párrafo segundo, en su porción normativa ‘unánime’, de la Ley del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, reformados y adicionados, respectivamente, mediante el Decreto NO. 288, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el dos de septiembre de dos mil veintitrés, la cual surtirá sus efectos, con la salvedad indicada en el resolutivo siguiente, a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso del Estado de Baja California.

SEXTO. La declaratoria de invalidez del artículo 139, párrafo segundo, en su porción normativa ‘y personas con discapacidad’, de la Ley Electoral del Estado de Baja California surtirá sus efectos a los doce meses siguientes a la notificación de estos resolutivos al Congreso del Estado de Baja California, en la inteligencia de que, dentro del referido plazo, ese órgano legislativo deberá llevar a cabo, conforme a los parámetros fijados en esta decisión, la consulta a las personas con discapacidad y emitir la regulación correspondiente.

SÉPTIMO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.”

6. Cierre de la instrucción. El veinte de marzo de dos mil veinticuatro se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en lo sucesivo “la Ley Reglamentaria”). En ella se hizo la relación de los autos y se tuvieron por admitidas las pruebas ofrecidas por las partes.(8). En consecuencia, el veinticinco de marzo siguiente se declaró cerrada la instrucción y se colocó el expediente en estado de resolución.(9)

7. Avocamiento en la Segunda Sala. El doce de junio dos mil veinticuatro el ministro instructor solicitó el avocamiento del expediente en la Segunda Sala de la Suprema Corte, dado el sentido del proyecto que propondría para la resolución del asunto.(10)

I. COMPETENCIA

8. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso k), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en lo sucesivo “la Constitución Federal”)(11) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(12) así como en el punto Segundo, fracción I del Acuerdo General Plenario 1/2023,(13) pues se trata de un conflicto entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Baja California y un órgano constitucional autónomo de la misma entidad federativa, sin que sea necesaria la intervención del Tribunal Pleno, por no poder llevarse a cabo un estudio de fondo del asunto.

9. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos.

II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS RECLAMADAS

10. De acuerdo con lo dispuesto en la fracción I del artículo 41 de la Ley Reglamentaria,(14) se procede a precisar en forma concreta los actos y normas que son objeto de la presente controversia constitucional y apreciar las pruebas conducentes para tenerlos por demostrados. En el caso, se tiene que la parte actora señaló como norma impugnada el Decreto 288 mediante el cual, se aprueban las reformas a los artículos 7, 21, 27 bis, 33, 134, 139, 146, 168, 327, 328 y 330 de la Ley Electoral del Estado de Baja California; 6, 21 y 43 de la Ley de Partidos Políticos del Estado de Baja California; 6, 7, 10, 12, 14 de la Ley del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, como también la adición de un capítulo IX bis denominado “Del órgano interno de control del tribunal” y la adición de los artículos 22 bis y 22 ter al mismo ordenamiento; la adición de un artículo 4 bis a la Ley de Asistencia Social para el Estado de Baja California; así como las reformas a los artículos 3, 5, 7, 14, 29, 31, 32, 33 y 34 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Baja California, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad federativa el dos de septiembre de dos mil veintitrés.

11. Sin embargo, de la lectura integral de la demanda se desprende que sólo se hacen valer planteamientos en contra de algunos artículos del decreto. Concretamente, el promovente formula conceptos de invalidez únicamente contra:

• Los artículos 7, párrafos segundo y tercero; 21, párrafo sexto; 327, fracciones III y VI; 328, párrafos primero y segundo, fracciones I, II, III y IV, y artículos primero, segundo y tercero transitorios, de la Ley Electoral del Estado de Baja California;

• Los artículos 6, fracciones III, X, XI y XVI, así como contra la derogación de su fracción XIII; 7, párrafos primero y segundo; 10, fracciones IV, VII, IX, XXXIII, XXXIV y XXXV; 12; 14, fracciones IX, XXII, XXIII y XXIV; 22 BIS, 22 TER y transitorios primero, segundo y tercero de la Ley del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California; y

• Los artículos 6, párrafo cuarto, y 21, fracción VI, de la Ley de Partidos Políticos del Estado de Baja California.

12. Por ende, sólo se tienen por efectivamente impugnados tales preceptos y su existencia queda acreditada con el ejemplar debidamente certificado de su correspondiente publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California que obra en autos.(15)

13. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos.

III. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA

14. En este caso resulta innecesario pronunciarse sobre la oportunidad y la legitimación de las partes, pues independientemente de que la presentación de la demanda estuviera en tiempo o de que hubiese sido llevada a cabo por un ente legitimado para promover controversias constitucionales, se actualizan dos causas de improcedencia que impiden a la Suprema Corte la resolución de fondo del presente asunto. Como se explica enseguida, mientras que en relación con diversas porciones normativas de los artículos 21, párrafo sexto, y 328, párrafo primero, de la Ley Electoral del Estado de Baja California, así como 6, fracción XVI, párrafos primero y segundo, y 7, párrafo segundo, de la Ley del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, se actualiza la causa de improcedencia relativa a la cesación de efectos de la norma reclamada (III.1), en relación con la totalidad de los artículos impugnados por el promovente la controversia constitucional es improcedente por impugnarse normas generales en materia electoral (III.2).

III.1 Cesación de efectos de la norma impugnada

15. El Poder Ejecutivo de Baja California señala en sus alegatos que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria,(16) relativa a la cesación de efectos de la norma general materia de la controversia, pues las normas impugnadas ya habían sido expulsadas del orden jurídico por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en la acción de inconstitucionalidad 198/2023 y su acumulada 200/2023.(17) La Segunda Sala estima que, tal como alega dicha autoridad demandada, en este caso la causa de improcedencia invocada se actualiza en relación con varios de los preceptos impugnados.

16. El Tribunal Pleno ha sostenido que las condiciones que deben verificarse para que la cesación de efectos tenga lugar en controversias constitucionales son distintas a las que deben actualizarse en los juicios de amparo. En estos últimos no basta con que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado la protección constitucional.(18) En cambio, el estándar en controversias constitucionales se limita a que dejen de producirse los efectos de la norma general o del acto que se impugnó. La razón de esta distinción descansa, fundamentalmente, en que las sentencias que se dicten en controversias constitucionales no pueden tener efectos retroactivos salvo en materia penal.(19)

17. En este sentido, tal como se señaló en el apartado de antecedentes (supra párr. 5), es un hecho notorio que se invoca como tal en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles,(20) de aplicación supletoria en el presente asunto por disposición del artículo 1o. de la Ley Reglamentaria,(21) que el veinte de febrero de dos mil veinticuatro el Tribunal Pleno de la Suprema Corte resolvió las acciones de inconstitucionalidad 198/2023 y 200/2023(22) y declaró la invalidez de los preceptos siguientes:

“QUINTO. Se declara la invalidez de los artículos 21, párrafo sexto, en su porción normativa ‘Las autoridades electorales sólo podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos para efecto de reposición de procedimientos por violaciones a la Constitución Federal, a su normativa interna o a derechos de la ciudadanía. En ningún caso podrán resolver nombrando dirigentes y candidatos o determinando cualquier acto que interfiera injustificadamente en forma directa en las decisiones de la vida interna de los partidos’, 139, párrafo segundo, en su porción normativa ‘y personas con discapacidad’, y 328, párrafo primero, en su porción normativa ‘unánime’, de la Ley Electoral del Estado de Baja California y 6, fracción XVI, párrafos primero, en su porción normativa ‘por unanimidad’, y segundo, en su porción normativa ‘unánime’, y 7, párrafo segundo, en su porción normativa ‘unánime’, de la Ley del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, reformados y adicionados, respectivamente, mediante el Decreto NO. 288, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el dos de septiembre de dos mil veintitrés, la cual surtirá sus efectos, con la salvedad indicada en el resolutivo siguiente, a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso del Estado de Baja California.”

18. Consecuentemente, dada la conclusión a la que arribó el Tribunal Pleno en dichos asuntos, es evidente que los artículos 21, párrafo sexto, en su porción normativa “Las autoridades electorales sólo podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos para efecto de reposición de procedimientos por violaciones a la Constitución Federal, a su normativa interna o a derechos de la ciudadanía. En ningún caso podrán resolver nombrando dirigentes y candidatos o determinando cualquier acto que interfiera injustificadamente en forma directa en las decisiones de la vida interna de los partidos”; y 328, párrafo primero, en su porción normativa “unánime”, de la Ley Electoral del Estado de Baja California; así como 6, fracción XVI, párrafos primero, en su porción normativa “por unanimidad”, y segundo, en su porción normativa “unánime”, y 7, párrafo segundo, en su porción normativa “unánime”, de la Ley del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, cesaron en sus efectos, lo que da lugar a tener por actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria.(23)En esta tesitura, corresponde dictar el sobreseimiento de la presente controversia constitucional en relación con tales porciones normativas.

III.2 Normas en materia electoral

19. Por otra parte, el Poder Ejecutivo de Baja California sostiene que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 105, fracción I, de la Constitución Federal(24) y 19, fracción II, de la Ley Reglamentaria,(25) que impide impugnar a través de una controversia constitucional normas generales que se refieran a la materia electoral. La Segunda Sala considera que en este punto asiste la razón a la autoridad demandada. Como se explica enseguida, aunque es verdad que el Tribunal Pleno y ambas Salas de la Suprema Corte han admitido excepcionalmente la procedencia de la controversia constitucional para impugnar normas relacionadas con la materia electoral que vulneren las competencias originarias de los entes legitimados,(26) en el presente caso no se surte uno de los dos requisitos indispensables que esta Segunda Sala ha establecido para poder considerar actualizada la excepción a esta regla general, pues en la demanda del Poder Judicial de Baja California no se hacen valer exclusivamente vulneraciones competenciales.

20. Desde que se resolvió la controversia constitucional 114/2006(27) quedó zanjado que la noción “materia electoral” no es idéntica para todos los medios de impugnación de los que conoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, por consiguiente, que para que válidamente se pueda decretar la improcedencia de una controversia constitucional por tratarse de normas generales en materia electoral en el sentido de los artículos 105, fracción I, de la Constitución Federal y 19, fracción II, de la Ley Reglamentaria, debe comprobarse que aquéllas versen sobre lo que se conoce como “materia electoral directa”.(28) Ello significa que la improcedencia de una controversia constitucional por este motivo específico únicamente puede tener lugar si en la demanda se combate la regularidad de normas generales claramente relacionadas con la integración de los poderes públicos mediante el voto ciudadano, o con la integración de los organismos administrativos encargados de garantizar la constitucionalidad y/o legalidad de esos procedimientos electorales en estricto sentido.(29)

21. Este primer supuesto ciertamente se actualiza en el presente caso. En su escrito de demanda el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California controvierte la constitucionalidad de diversos preceptos de la Ley Electoral, la Ley del Tribunal de Justicia Electoral y de la Ley de Partidos Políticos, todas de esa entidad federativa, que regulan las atribuciones y aspectos inherentes a la organización interna de las autoridades administrativas y jurisdiccionales estatales especializadas en esa materia. No hay duda, por tanto, que el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California acudió a la presente controversia constitucional para impugnar normas generales relacionadas con la denominada materia electoral directa.

22. Ahora bien, tal como se sostuvo por mayoría de diez votos en la controversia constitucional 73/2020,(30) es criterio vinculante del Pleno de la Suprema Corte que, en tanto que la Constitución Federal garantiza la sujeción de todos los actos del poder público a sus disposiciones, tal causa de improcedencia no es absoluta y una controversia constitucional excepcionalmente sí puede ser procedente contra normas generales o actos relacionados con la materia electoral que vulneren las atribuciones constitucionales de un órgano originario del Estado. En pocas palabras, el Pleno ha reconocido la existencia de ciertas situaciones extraordinarias que permiten analizar la constitucionalidad incluso de este tipo de disposiciones de carácter general cuando su expedición pueda desembocar en una invasión a las facultades constitucionales de un ente legitimado por la fracción I del artículo 105 constitucional. En tales supuestos excepcionales la Suprema Corte podrá entrar al estudio de fondo de la controversia incluso aunque se trate de normas generales relacionadas con la materia electoral directa y, si fuera el caso, declarar su invalidez.

23. Sin embargo, tal como sostuvo recientemente esta Segunda Sala en la controversia constitucional 277/2022,(31)la única excepción reconocida a la regla general de improcedencia de este medio de impugnación por haberse impugnado normas generales o actos en materia electoral se da cuando en el caso concreto convergen dos requisitos. Primero, se requiere que un órgano legitimado en términos de la fracción I del artículo 105 constitucional plantee exclusivamente afectaciones a sus atribuciones constitucionales originarias con motivo de la emisión de tales normas generales o actos. Segundo, es indispensable que no se encuentre previsto legalmente un medio de impugnación que sea idóneo para remediar esa vulneración a su esfera competencial. De modo tal que, si en el caso concreto no se da alguna de estas dos condiciones excepcionales establecidas por la Suprema Corte, aplicará la regla general de improcedencia y, por consiguiente, la controversia constitucional deberá sobreseerse.

24. Esto quiere decir que, para que se surta la excepción que permite impugnar normas electorales por vía de una controversia constitucional, el órgano legitimado debe plantear en su demanda única y exclusivamente afectaciones competenciales.(32) Cualquier otro planteamiento es inadmisible. Aunque ciertamente estricta, esta regla desarrollada por la Segunda Sala es la única manera de garantizar que la controversia constitucional no se convierta en un mecanismo para invadir las atribuciones de la jurisdicción constitucional especializada y, por ende, que ese medio de impugnación mantenga su condición de vía residual para proteger las facultades constitucionales de los entes legitimados previstos en la fracción I del artículo 105 constitucional.

25. En este sentido, de un análisis pormenorizado del escrito de demanda se advierte que contra las normas electorales impugnadas se formularon planteamientos que escapan de las atribuciones competenciales de la parte actora y, en su lugar, se introdujeron argumentos tendentes a demostrar la inconstitucionalidad en abstracto de las disposiciones combatidas. En uno de los conceptos de invalidez, por ejemplo, el promovente planteó la inconstitucionalidad de diversos preceptos de la legislación electoral de la entidad por infringir el principio de justicia completa y el derecho humano a la tutela judicial efectiva previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal.(33)

26. Dado que en el presente asunto no se plantearon sólo cuestiones estrictamente competenciales, sino que se incluyeron planteamientos encaminados a demostrar violaciones a normas sustantivas de la Constitución Federal, es patente que no se surte la primera condición establecida por la Segunda Sala para la procedencia excepcional de la controversia constitucional contra normas electorales. Esto vuelve innecesario verificar si se encuentra previsto legalmente un medio de impugnación que sea idóneo para remediar las vulneraciones de índole competencial que sí alega, pues en realidad se pretende incorporar cuestiones que escapan al objeto de la controversia en estos casos excepcionales. En consecuencia, debe tenerse por actualizada la causa de improcedencia prevista en los artículos 105, fracción I, de la Constitución Federal, y 19, fracción II, de la Ley Reglamentaria.

27. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos.

***

28. En esta tesitura, con fundamento en la fracción II del artículo 20 de la propia ley,(34) corresponde sobreseer la presente controversia constitucional en relación con el resto de los artículos impugnados por el promovente.

IV. DECISIÓN

29. Por lo antes expuesto, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve:

ÚNICO.—Se sobresee en la presente controversia constitucional.

Notifíquese; haciéndolo por oficio a las partes, devuélvase el expediente a la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad para los efectos legales a que haya lugar y, en su oportunidad archívese como totalmente concluido.

Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek (ponente) y Presidente Alberto Pérez Dayán.

Firman el ministro Presidente de la Segunda Sala y el ministro ponente, con la Secretaria de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

______________

1. Véase el “Decreto 288 mediante el cual, se aprueban las reformas a los artículos 7, 21, 27 bis, 33, 134, 139, 146, 168, 327, 328 y 330 de la Ley Electoral del Estado de Baja California; 6, 21 y 43 de la Ley de Partidos Políticos del Estado de Baja California; 6, 7, 10, 12, 14 de la Ley del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, como también la adición de un capítulo IX bis denominado “Del órgano interno de control del tribunal” y la adición de los artículos 22 bis y 22 ter al mismo ordenamiento; la adición de un artículo 4 bis a la Ley de Asistencia Social para el Estado de Baja California; así como las reformas a los artículos 3, 5, 7, 14, 29, 31, 32, 33 y 34 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Baja California, en Periódico Oficial del Estado de Baja California”, no. 52, dos de septiembre de dos mil veintitrés, disponible en el vínculo https://wsextbc.ebajacalifornia.gob.mx/CdnBc/api/Imagenes/ObtenerImagenDeSistema?sistemaSolicitante=PeriodicoOficial/2023/Septiembre&nombreArchivo=Periodico-52-CXXX-202392-N%C3%9AMERO%20ESPECIAL.pdf&descargar=false.

2. Véase el cuaderno de la controversia constitucional 477/2023, fojas 1 a 27.

3. Ibíd., fojas 81 a 82.

4. Ibíd., fojas 84 a 87.

5. Véase el cuaderno de la controversia constitucional 477/2023, fojas 234 a 264 y 287 a 328.

6. Véase ibíd., fojas 738 a 739.

7. Resuelta el veinte de febrero de dos mil veinticuatro, en este punto por mayoría de ocho y diez votos, págs. 185 a 188.

8. Véase el cuaderno de la controversia constitucional 477/2023, fojas 754 a 755.

9. Véase ibíd., foja 756.

10. Véase ibíd., foja 777.

11. Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

I. De las controversias constitucionales que, sobre la constitucionalidad de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:

[...]

k) Dos órganos constitucionales autónomos de una entidad federativa, y entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo de esa entidad federativa, y

[...]

12. Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá funcionando en Pleno:

I. De las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; [...]

13. SEGUNDO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conservará para su resolución:

I. Las controversias constitucionales, salvo en las que deba sobreseerse y aquéllas en las que no se impugnen normas de carácter general, así como los recursos interpuestos en éstas en los que sea necesaria su intervención. Una vez resuelto el problema relacionado con la impugnación de normas generales, el Pleno podrá reservar jurisdicción a las Salas para examinar los conceptos de invalidez restantes, cuando así lo estime conveniente;

[...].

14. Artículo 41. Las sentencias deberán contener:

I. La fijación breve y precisa de las normas generales o actos objeto de la controversia y, en su caso, la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados;

[...]

15. Véase el cuaderno de la controversia constitucional 477/2023, fojas 265 a 283.

16. Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes: [...]

V. Cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de la controversia; [...]

17. Véase ibíd., fojas 760 a 769.

18. Véase la jurisprudencia del Pleno P./J. 54/2001 cuyo rubro es: “CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS”, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIII, abril de dos mil uno, pág. 882, novena época, registro digital: 190021.

19. Véase ídem.

20. Artículo 88. Los hechos notorios pueden ser invocados por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes.

21. Artículo 1o. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá y resolverá con base en las disposiciones del presente Título, las controvers

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200962-a5d39f75/i-controversia-constitucional-sobreseimiento-por-cesacion-de-efectos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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