I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE OCUPE LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL PODER JUDICIAL DE LA ENTIDAD (ARTÍCULOS 34 Y 35, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO, AMBOS DEL ESTADO DE MORELOS TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA AL HABER PARTICIPADO EN LA EMISIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS RECAE EN LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DE LA ENTIDAD (ARTÍCULO 36 FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS, ASÍ COMO EL "ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA Y AUTORIZA A LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL, PARA EJERCER LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES QUE REQUIERAN DEL PREVIO ACUERDO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS", PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL DIECISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTE (ARTÍCULO 36, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA CARGA ECONÓMICA IMPUESTA EN EL DECRETO IMPUGNADO, AL HABERSE TRANSFERIDO LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS AL PODER JUDICIAL LOCAL ACTOR (ARTÍCULO 2 DEL DECRETO NÚMERO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL VEINTICUATRO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICUATRO).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 161/2024. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LENIA BATRES GUADARRAMA, JAVIER LAYNEZ POTISEK (PONENTE) Y PRESIDENTE ALBERTO PÉREZ DAYÁN. EL MINISTRO LUIS MARÍA AGUILAR MORALES VOTÓ EN CONTRA. PONENTE: MINISTRO JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIO: ALFREDO URUCHURTU SOBERÓN.
ÍNDICE TEMÁTICO
Acto impugnado: El Decreto número 1736 (mil setecientos treinta y seis), publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 6302 (seis mil trescientos dos), de fecha veinticuatro de abril de dos mil veinticuatro.
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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintisiete de noviembre de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 161/2024, promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos, contra los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la misma entidad federativa.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación de la demanda. Por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos promovió la presente controversia en la que demandó la invalidez del Decreto número 1736 (mil setecientos treinta y seis), publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 6302 (seis mil trescientos dos), de fecha veinticuatro de abril de dos mil veinticuatro, mediante el cual el Poder Legislativo de esa misma entidad federativa otorgó una pensión por jubilación a una persona trabajadora con cargo al presupuesto del poder actor.
2. Preceptos constitucionales violados. El actor señaló como transgredidos los artículos 14, 16, 17, 116, fracciones II y III, 123, apartado B, fracción XI, inciso a), 126, 127 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 32, párrafo séptimo, 83, 92-A y 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.
3. Conceptos de invalidez. En su demanda, el Poder Judicial del Estado de Morelos formula los siguientes argumentos:
Los poderes demandados al emitir el decreto impugnado dispusieron de los recursos financieros del Poder Judicial del Estado de Morelos, sin que éste tuviera alguna intervención en su emisión.
Además, en el presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal del 2023, no se contempló partida alguna para el pago de decretos controvertidos ante la Corte. Así, el monto contemplado en el presupuesto apenas es suficiente para pagar las pensiones que ya había otorgado previamente el Congreso, y no da certeza de que pueda cubrir pensiones futuras adicionales a éstas.
La afectación al presupuesto del Poder Judicial estatal es importante ya que el Poder Legislativo impone la obligación de pagar la pensión por jubilación a partir del día siguiente a la separación de las labores, lo que implica que se haya dispuesto del presupuesto para el ejercicio fiscal.
Si bien los trabajadores burocráticos tienen derecho a una pensión por jubilación siempre que se encuentren asignadas por un decreto legislativo, lo cierto es que el Congreso Local no asignó los recursos económicos para el pago y, por tanto, el Poder Judicial está impedido para realizar el pago.
Lo anterior viola los principios de división de poderes, autonomía e independencia establecidos en los artículos 17, 40, 41, 49, 116 y 133 de la Constitución General y 92-A y 131 de la Constitución Local.
Consecuentemente, el decreto impugnado implica la subordinación del Poder Judicial frente al Congreso estatal, toda vez que viola el principio de autonomía en la gestión presupuestal consagrado en el artículo 116 constitucional.
4. Radicación y turno. La Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente con el número 161/2024. Posteriormente, lo turnó al Ministro Javier Laynez Potisek para que instruyera el procedimiento correspondiente.
5. Admisión. El Ministro Instructor admitió a trámite la demanda por lo que hace al Decreto número 1736 (mil setecientos treinta y seis) y tuvo como demandados solo a los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos, sin reconocer ese carácter a la Secretaría de Gobierno ya que es un órgano subordinado al Ejecutivo.
6. Contestación de demanda por las autoridades demandadas. Por escrito recibido mediante el sistema electrónico de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos dio contestación a la demanda. Asimismo, por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte, el Presidente de la Mesa Directiva de la LV Legislatura del Congreso del Estado contestó la demanda interpuesta en su contra.
7. Manifestaciones. El delegado del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos presentó un escrito mediante el cual solicitó que se sobresea el presente asunto. Lo anterior, bajo el argumento de que ya fue realizada la transferencia de recursos al Poder Judicial de la entidad para que realice el pago del decreto de pensión impugnado en el presente medio de control constitucional. Para respaldar esta afirmación, adjuntó a su escrito los siguientes documentos:
a) Copia certificada del oficio con número de folio DCCA-002049-2024, de uno de agosto de dos mil veinticuatro, por medio del cual se remite el oficio número LV/MD/AÑO.3/P.O.2/424/2024, de quince de julio de dos mil veinticuatro, suscrito por el Diputado Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de la LV Legislatura, así como el oficio JURÍDICO/0515/2024, de once de julio de dos mil veinticuatro, suscrito por el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial.
b) Copia certificada del oficio SH/CPP/DGPGP/3475-AD/2024, de veintiséis de julio de dos mil veinticuatro, suscrito por el Coordinador de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos.
c) Copia certificada del oficio SH/0920/-GH/2024, de dos de julio de dos mil veinticuatro, suscrito por el Secretario de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.
d) Copia certificada de la transferencia interbancaria realizada el veinticuatro de julio de dos mil veinticuatro, por la cantidad de $23,089,806.95 (veintitrés millones ochenta y nueve mil ochocientos seis pesos 95/100 m.n.).
e) Copia certificada del oficio SH/CPP/DGPGP/3802-AD/2024, de veinte de agosto de dos mil veinticuatro, suscrito por el Coordinador de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos.
f) Copia certificada del oficio SH/CPP/DGPGP/3577-AD/2024, de cinco de agosto de dos mil veinticuatro, suscrito por el por el Coordinador de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos.
8. Cierre de la instrucción. El Ministro Instructor declaró cerrada la instrucción a efecto de elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
9. Avocamiento. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se avocó al conocimiento de esta controversia constitucional.
I. COMPETENCIA
10. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(1) 1 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(2) 10, fracción I,(3) y 11, fracción VIII,(4) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 37, párrafo primero,(5) del Reglamento Interior de este Alto Tribunal y el punto Segundo, fracción I, del Acuerdo General 1/2013,(6) del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de febrero de dos mil veintitrés, modificado mediante instrumento normativo de diez de abril siguiente.
II. PRECISIÓN DEL ACTO IMPUGNADO
11. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria(7) se precisa el acto objeto de la presente controversia.
12. De la lectura integral de la demanda, se aprecia que en esencia el Poder Judicial del Estado de Morelos se duele de que el Poder Legislativo haya otorgado una pensión por jubilación con cargo a su presupuesto sin haber transferido los recursos económicos necesarios para cumplir tal señalamiento ni concederle participación alguna.
13. Esa determinación únicamente se encuentra en el artículo 2° del Decreto número 1736 (mil setecientos treinta y seis) impugnado; por lo que, esta Segunda Sala de la Suprema Corte lo fija como acto objeto de la presente controversia.(8)
III. EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO
14. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 41 de la Ley Reglamentaria, se tiene por demostrada la existencia del acto impugnado, pues el Poder Ejecutivo demandado remitió a este Alto Tribunal copia del Decreto número 1736 (mil setecientos treinta y seis) por el que se concede pensión por jubilación a una persona.
15. Consecuentemente, en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles,(9) aplicado de manera supletoria, se tiene por probada la existencia del acto impugnado.
IV. OPORTUNIDAD
16. Conforme al artículo 21, fracción I de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(10) el plazo para promover la controversia constitucional en contra de actos es de treinta días contados a partir del día siguiente al que, conforme a la ley del propio acto, surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o aquel en que el actor se ostente sabedor de dichos actos.
17. En este caso el acto impugnado es el Decreto número 1736 (mil setecientos treinta y seis), publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 6302 (seis mil trescientos dos), el veinticuatro de abril de dos mil veinticuatro.
18. Para el cómputo del plazo se tomará como fecha de conocimiento la de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, en virtud de que el Poder Judicial actor no manifestó haber tenido conocimiento en fecha diversa.
19. Entonces, el plazo de treinta días para promover este medio de control constitucional transcurrió del veinticinco de abril al seis de junio de dos mil veinticuatro(11) de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 3, fracción II, de la Ley Reglamentaria.(12) Por lo tanto, en este caso la demanda fue presentada de forma oportuna el veintiuno de mayo de dos mil veinticuatro.
V. LEGITIMACIÓN ACTIVA
20. La demanda fue presentada por parte legítima.
21. Luis Jorge Gamboa Olea, en su carácter de Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos,(13) está legitimado para promover la presente controversia constitucional en representación del Poder Judicial de Morelos, de conformidad con los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución General; 10, fracción I y 11, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional,(14) y 34 y 35, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos.(15)
22. Ello es así, ya que atento a los preceptos citados, el Poder Judicial del Estado es uno de los entes legitimados para promover controversias constitucionales y corresponde al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia su representación en todos los litigios en que dicho ente público sea parte.
VI. LEGITIMACIÓN PASIVA
23. De conformidad con el artículo 11, primer párrafo de la Ley Reglamentaria,(16) la parte demandada deberá comparecer a juicio por conducto de las personas funcionarias que, en términos de las leyes aplicables, están facultadas para representarla.
24. Los órganos demandados tienen legitimación pasiva.
25. Se reconoció el carácter de autoridades demandadas a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Morelos, por la expedición, promulgación y publicación, respectivamente, del decreto impugnado.
26. Estas autoridades cuentan con legitimación pasiva, en términos de lo dispuesto por los artículos 10, fracción II(17) y 11, párrafo primero de la ley reglamentaria,(18) de los cuales se advierte que tendrán el carácter de demandados la entidad, poder u órgano que hubiere pronunciado el acto que sea objeto de la controversia, quienes deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que legalmente se encuentren facultados para representarlos.
27. En representación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, acude al juicio su Consejero Jurídico,(19) quien conforme al artículo 36, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos(20) y el “Acuerdo por el que se delega y autoriza a la persona Titular de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Estatal, para ejercer las facultades y atribuciones que requieran del previo Acuerdo del Gobernador del Estado Libre y Soberano de Morelos” publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5697 el dieciséis de abril de dos mil diecinueve, tiene facultades de representación.
28. Por parte del Poder Legislativo del Estado de Morelos, comparece el diputado Francisco Erik Sánchez Zavala, en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva, quien conforme al artículo 36, fracción XVI, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos,(21) tiene atribuciones para representar al Congreso del Estado en cualquier asunto en que sea parte.
29. Por lo anterior, los citados funcionarios cuentan con legitimación pasiva para comparecer al presente juicio, toda vez que a ellos se les responsabiliza por los actos impugnados y cuentan con facultades para representar a dichos poderes.
VII. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
30. En el presente caso, el Poder Judicial del Estado de Morelos promovió controversia constitucional en contra de los poderes Legislativo y Ejecutivo de la misma entidad federativa. En dicha controversia, demandó la invalidez del Decreto número 1736 (mil setecientos treinta y seis), publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 6302 (seis mil trescientos dos), el veinticuatro de abril de dos mil veinticuatro. Argumentó que la pensión por jubilación establecida en dicho Decreto fue otorgada a una persona con cargo a su presupuesto, sin cerciorarse de que el poder actor efectivamente contaba con los recursos financieros necesarios para cumplir con la carga económica impuesta, lo que vulneró su autonomía de gestión presupuestal.
31. La cuestión que subyace en este asunto consiste en determinar si el Decreto impugnado vulnera la autonomía del Poder Judicial local. Sin embargo, antes de abordar esa cuestión, es necesario evaluar si los documentos aportados por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos resultan idóneos para acreditar el pago de la obligación prevista en el Decreto impugnado. Esto se debe a que, de ser el caso, podría actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(22) lo que daría lugar a sobreseer el presente asunto.
32. Dicho lo anterior, es importante precisar que el artículo 31 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que las partes podrán ofrecer todo tipo de pruebas, excepto la de posiciones y aquellas que sean contrarias a derecho. Asimismo, de acuerdo con este mismo precepto, corresponde al ministro instructor desechar aquellas pruebas que no guarden relación con la controversia o no influyan en la sentencia definitiva.(23)
33. Por otro lado, el artículo 32, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(24) señala que las pruebas deberán ofrecerse y rendirse, por regla general, en la audiencia prevista en el artículo 29 del mismo ordenamiento.(25)
34. Sin embargo, el artículo 35 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(26) junto con la interpretación que esta Suprema Corte ha realizado en el criterio de rubro: “PRUEBAS PARA MEJOR PROVEER EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. EL TRIBUNAL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, SI LO CONSIDERA NECESARIO, PODRÁ ORDENAR, DE OFICIO, QUE SE RECABEN Y DESAHOGUEN AUNQUE YA LE HAYA SIDO PRESENTADO EL PROYECTO PARA SU RESOLUCIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 35 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)”,(27) prevé que el ministro instructor podrá decretar pruebas para mejor proveer en todo tiempo. Esto implica que dichas pruebas pueden ser decretadas desde la admisión de la demanda hasta el momento en que se someta a consideración el proyecto de resolución correspondiente.
35. Asimismo, este Alto Tribunal ha determinado que, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según su artículo 1, resulta válida la invocación por el tribunal de hechos notorios, aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. En ese sentido, al resolver las controversias constitucionales que les han sido planteadas, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueden válidamente invocar oficiosamente, como hechos notorios, los expedientes y las ejecutorias dictadas en aquéllas, como medios de prueba aptos para fundar una sentencia.(28)
36. Tomando en cuenta lo anterior, corresponde analizar los documentos aportados por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, de los cuales se desprende lo siguiente:
I. Por oficio JURÍDICO/0515/2024, de fecha once de julio de dos mil veinticuatro y dirigido al Presidente de la Mesa Directiva de la LV Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, en respuesta a la solicitud realizada mediante oficio LV/MD/AÑO.3/P.O.2/391/2024, remitió la determinación emitida por la Dirección General de Administración del Poder Judicial del Estado de Morelos. En esa determinación, se indicó como monto requerido para cubrir la pensión por jubilación establecida en el Decreto 1736 (mil setecientos treinta y seis), la cantidad de $150,327.12 (ciento cincuenta mil trescientos veintisiete pesos 12/100 M.N.).
II. Por oficio LV/MD/AÑO.3/P.O.2/424/2024, de quince de julio de dos mil veinticuatro, y en atención a que el Poder Judicial del Estado de Morelos informó sobre la cantidad requerida para el pago de la pensión por jubilación establecida en el Decreto 1736 (mil setecientos treinta y seis), el Presidente de la Mesa Directiva de la LV Legislatura del Congreso del Estado de Morelos solicitó al titular del Poder Ejecutivo del mismo Estado la transferencia de los recursos indicados por el Poder Judicial.
III. El veinticuatro de julio de dos mil veinticuatro, el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos realizó una transferencia interbancaria al Poder Judicial local, por concepto de una ampliación presupuestal, por un monto de $23,089,806.95 (veintitrés millones ochenta y nueve mil ochocientos seis pesos 95/100 M.N.). IV. Por oficio con número de folio DCCA-002049-2024, de uno de agosto de dos mil veinticuatro, la Secretaria Particular de la Jefatura de la Oficina de la Gubernatura, por instrucciones del titular del Poder Ejecutivo, remitió el oficio número LV/MD/AÑO.3/P.O.2/424/2024 al Consejero Jurídico y al Secretario de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, solicitando la transferencia de recursos al Poder Judicial para el pago del Decreto 1736 (mil setecientos treinta y seis).
V. Por oficio CJ/DGACyA/0452/2024-08, fechado el cinco de agosto de dos mil veinticuatro y dirigido al Procurador Fiscal del Estado de Morelos y al Coordinador de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del mismo Estado, el Director General de Asuntos Constitucionales y Amparo de la Consejería Jurídica solicitó, en atención al oficio DCCA-002049-2024, suscrito por la Secretaria Particular de la Jefatura de la Oficina de la Gubernatura, que se giraran las instrucciones necesarias para dar respuesta a lo solicitado por el Congreso del Estado mediante el oficio LV/MD/AÑO.3/P.O.2/424/2024.
VI. Mediante oficio SH/CPP/DGPGP/3577-AD/2024, fechado el cinco de agosto de dos mil veinticuatro y dirigido al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, el Coordinador de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos informó que, derivado de la ampliación autorizada mediante oficio SH/0920-GH/2024, de dos de julio de dos mil veinticuatro, por un monto de $23,089,806.95 (veintitrés millones ochenta y nueve mil ochocientos seis pesos 95/100 M.N.), los recursos solicitados para cumplir con lo solicitado en los oficios LV/MD/AÑO.3/P.O.2/424/2024 y DCCA-002049-2024, serían contemplados dentro de la cantidad extraordinaria autorizada en favor del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos en el oficio SH/0920-GH/2024.
VII. Por oficio SH/CPP/DGPGP/3802-AD/2024, de veinte de agosto de dos mil veinticuatro, el Coordinador de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos informó al Director General de Asuntos Constitucionales y Amparo de la Consejería Jurídica que, mediante oficio SH/CPP/DGPGP/3577-AD/2024, se dio respuesta a la solicitud de trasferencia de recursos para el pago de pensiones realizada por el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos.
37. De acuerdo con lo anterior, se constata que se han transferido los recursos financieros necesarios para que el Poder Judicial del Estado de Morelos cumpla con la carga económica establecida en el Decreto número 1736 (mil setecientos treinta y seis), publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 6302 (seis mil trescientos dos), el veinticuatro de abril de dos mil veinticuatro. Por lo tanto, es evidente que han quedado sin efecto las posibles afectaciones que dicho acto pudiera haber generado.(29)
38. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V,(30) de la Ley Reglamentaria, debe sobreseerse la presente controversia, con fundamento en el artículo 20, fracción II, del mismo ordenamiento.(31)
VIII. DECISIÓN
39. Por lo antes expuesto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve:
ÚNICO. Se sobresee en la presente controversia constitucional.
Notifíquese; haciéndolo por oficio a las partes, y en su oportunidad devuélvase el expediente a la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad para los efectos legales a que haya lugar.
Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por mayoría de cuatro votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek (ponente) y Presidente Alberto Pérez Dayán. El Ministro Luis María Aguilar Morales votó en contra.
Firman el Ministro Presidente de la Segunda Sala y el Ministro Ponente, con la Secretaria de Acuerdos, quien autoriza y da fe.
PRESIDENTE DE LA SEGUNDA SALA
MINISTRO ALBERTO PÉREZ DAYÁN
PONENTE
MINISTRO JAVIER LAYNEZ POTISEK
SECRETARIA DE ACUERDOS
CLAUDIA MENDOZA POLANCO
________________
1. Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
I. De las controversias constitucionales que, sobre la constitucionalidad de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:
h) Dos Poderes de una misma entidad federativa; [...]
2. Artículo 1. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá y resolverá con base en las disposiciones del presente Título, las controversias constitucionales en las que se hagan valer violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones del Código Federal de Procedimientos Civiles.
3. Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá funcionando en Pleno:
I. De las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; [...]
4. Artículo 11. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación velará en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la independencia de sus integrantes y tendrá las siguientes atribuciones: [...]
VIII. Remitir para su resolución los asuntos de su competencia a las Salas a través de los acuerdos generales que emita. Si alguna de las Salas estima que el asunto remitido debe ser resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en Pleno, lo hará del conocimiento de este último para que determine lo que corresponda; [...]
5. Artículo 37. La Suprema Corte contará con dos Salas integradas por cinco Ministros cada una, que ejercerán la competencia que les otorga el artículo 21 de la Ley Orgánica, bastando con la presencia de cuatro de ellos para funcionar. La Primera Sala conocerá de las materias civil y penal, y la Segunda Sala, de las materias administrativa y laboral, en los términos establecidos en el presente Reglamento Interior. Además, conocerán de los asuntos que determine el Pleno mediante Acuerdos Generales. [...].
6. SEGUNDO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conservará para su resolución:
I. Las controversias constitucionales, salvo en las que deba sobreseerse y aquéllas en las que no se impugnen normas de carácter general, así como los recursos interpuestos en éstas en los que sea necesaria su intervención. [...]
7. Ley Reglamentaria
Artículo 41. Las sentencias deberán contener:
I. La fijación breve y precisa de las normas generales, actos u omisiones objeto de la controversia y, en su caso, la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados; [...]
8. “Artículo 2. La pensión decretada deberá cubrirse a razón del 100 % del último salario del solicitante a partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se separe de sus labores y será cubierto por el Poder Judicial del Estado de Morelos, con cargo a la partida presupuestal correspondiente al Pago de Pensiones y Jubilaciones, por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, precisado en el Anexo 2 del artículo décimo octavo del Decreto Número Mil Seiscientos Veintiuno, por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 y las partidas respectivas de los ejercicios subsecuentes, cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 58, fracción I, inciso a) de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos”.
9. Artículo 202. Los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquéllos procedan; pero, si en ellos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones; pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado.
Las declaraciones o manifestaciones de que se trata prueban plenamente contra quienes las hicieron o asistieron al acto en que fueron hechas, y se manifestaron conformes con ellas. Pierden su valor en el caso de que judicialmente se declare su simulación. También harán prueba plena las certificaciones judiciales o notariales de las constancias de los libros parroquiales, relativos a las actas del estado civil de las personas, siempre que se refieran a época anterior al establecimiento del Registro Civil. Igual prueba harán cuando no existan los libros del registro, original y duplicado, y cuando, existiendo, estén rotas o borradas las hojas en que se encontraba el acta. En caso de estar contradicho su contenido por otras pruebas, su valor queda a la libre apreciación del tribunal.
10. Artículo 21. El plazo para la interposición de la demanda será:
I. Tratándose de actos u omisiones, de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos;
11. En el entendido que los días veintisiete y veintiocho de abril, uno, cuatro, cinco, once, doce, dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de mayo, así como los
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200976-baa43979/i-controversia-constitucional-la-persona-que-ocupe-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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