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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA OMISIÓN IMPUGNADA, AL HABERSE PUBLICADO EL DECRETO RESPECTIVO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD (LA OMISIÓN DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN DE PUBLICAR LOS DECRETOS 404, 503, 504, 415, 414 Y 403, ASÍ COMO DIVERSOS ACUERDOS LEGISLATIVOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 415/2023. · Registro digital (IUS): 200994
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 415/2023. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. 4 DE DICIEMBRE DE 2024. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS Y LAS MINISTRAS LORETTA ORTIZ AHLF, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIOS: JUAN JAIME GONZÁLEZ VARAS Y JUAN MANUEL ANGULO LEYVA.

ÍNDICE TEMÁTICO

Omisión impugnada: La omisión de publicar diversos acuerdos legislativos en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León.

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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al cuatro de diciembre de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 415/2023, promovida por el Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, en contra del Poder Ejecutivo de la misma entidad, por la omisión de publicar diversos acuerdos legislativos.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Aprobación de diversos acuerdos legislativos. Los días treinta y uno de mayo y seis de junio, ambos de dos mil veintidós, el Congreso del estado de Nuevo León aprobó cuarenta y tres acuerdos legislativos vinculados con las cuentas públicas de diferentes entes públicos de dicha entidad federativa.

2. Envío de los acuerdos legislativos al Periódico Oficial del Estado de Nuevo León. Los acuerdos legislativos de mérito fueron enviados el mismo día de su aprobación al periódico oficial de la entidad para su publicación, mismos que fueron recibidos, respectivamente, los días dos, tres y ocho de junio de dos mil veintidós.(1)

3. Demanda de controversia constitucional. El veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, el diputado Mauro Guerra Villarreal, en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva de la LXXVI Legislatura del Congreso del estado de Nuevo León, presentó ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación una demanda de controversia constitucional en contra del Poder Ejecutivo de esa misma entidad, a quien atribuyó la omisión de publicar diversos acuerdos legislativos.

4. Conceptos de invalidez. En su demanda, precisó que el Poder Ejecutivo local trasgredió el derecho de acceso a la información pública gubernamental, al libre ejercicio del derecho al voto y el principio de división de poderes. En sus cuatro conceptos de invalidez expuso, en esencia, lo siguiente:

• A. La omisión de publicar diversos acuerdos legislativos en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León que versaban sobre las cuentas públicas de distintos municipios y entidades de la administración pública estatal, municipal y paraestatal redunda en perjuicio del derecho de acceso a la información gubernamental.

• Si bien al momento de la aprobación de los acuerdos legislativos todavía no se había implementado la reforma a la Constitución local por la que se dispuso que las cuentas públicas serían publicadas en el periódico oficial de la entidad, lo cierto es que conforme con el derecho de acceso a la información pública gubernamental debe prevalecer el principio de máxima publicidad.

• B. Las facultades conferidas al Congreso local implican fiscalizar, revisar, vigilar, evaluar, aprobar o rechazar las cuentas públicas que le presenten los demás poderes del estado, por lo que se está frente a un mecanismo de control institucional para garantizar el acceso a la información pública y el ejercicio de la democracia y el voto ciudadano, así la omisión del Ejecutivo local de publicar las cuentas públicas implica una violación a los artículos 35 y 41 de la Constitución Política del país.

• Al haberse dispuesto el carácter público de dichas cuentas, el principio de progresividad de los derechos humanos implica que su suspensión debe estar fundada y motivada. La supresión de medios para acceder a la información pública gubernamental implica una regresión de los derechos humanos y una violación a las competencias del Congreso local, que actúa como fiscalizador del presupuesto público.

• C. La omisión injustificada de publicar los acuerdos legislativos trasgrede el principio de división de poderes y el régimen de organización interior del estado de Nuevo León, pues si el Congreso local tiene la facultad de revisar las cuentas públicas y el Ejecutivo local tiene la obligación de darles publicidad, significa que se trasgredió la división de poderes, que emana de la Constitución Política del país.

• Los acuerdos legislativos son de interés público de la ciudadanía, pero la omisión en que incurre el Ejecutivo local impide que culmine el mecanismo de control institucional y afecta las facultades de la legislatura local. La omisión de publicar los acuerdos legislativos implica ejercer una subordinación del Poder Legislativo local, por lo que el único recurso que tiene a su alcance es seguir requiriendo al Gobernador estatal que cumpla con sus mandatos constitucionales.

• D. Se actualiza una violación al procedimiento legislativo como institución fundamental del Estado mexicano, en tanto su conclusión implica su publicación en el medio de comunicación oficial, de ahí que la omisión atribuida al Ejecutivo local perjudica dicha institución.

5. Trámite, turno y admisión. Por acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar el expediente físico y electrónico, registrar la controversia constitucional bajo el número 415/2023 y turnarla a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat para que instruyera el procedimiento correspondiente, por razón de conexidad con la diversa controversia constitucional 414/2023.

6. Por acuerdo de seis de septiembre de dos mil veintitrés, la Ministra instructora admitió a trámite la demanda, tuvo como demandado en este procedimiento constitucional al Poder Ejecutivo del estado de Nuevo León, y dio vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, para que manifestaran lo que a su representación corresponda.

7. Contestación del Poder Ejecutivo del estado de Nuevo León. El dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, el doctor Ulises Carlin de la Fuente, en su carácter de Consejero Jurídico del Gobernador del estado de Nuevo León, dio contestación a la demanda:

• En lo concerniente al primer concepto de invalidez negó que existiera una omisión dolosa por parte del Ejecutivo local sobre la falta de publicación de los acuerdos legislativos, lo anterior porque tal falta se origina por la omisión de pago de los derechos correspondientes para realizar la publicación de los mismos.

• Resultan inatendibles los oficios dirigidos al Gobernador estatal, dado que quienes los suscribieron carecen de facultades para gestionar o solicitar la publicación oficial de las leyes o decretos. Así, se advierte que el Ejecutivo local no ha incurrido en omisión alguna, de ahí que no se trasgreden las funciones del Congreso Estatal.

• En lo relativo al segundo concepto de invalidez, negó que se actualizara una violación al libre ejercicio de la democracia y el derecho al voto, dado que la falta de publicación de los acuerdos legislativos se generó a raíz de una omisión de la legislatura local para pagar oportunamente los derechos de publicación, por lo que no se está limitando el conocimiento sobre el ejercicio del poder a la ciudadanía.

• En cuanto al tercer concepto de invalidez, insistió en que la falta de publicación se actualiza por una omisión de pago, por lo que deben considerarse inválidos los argumentos planteados en la demanda.

• Finalmente, en lo que atañe al cuarto concepto de invalidez, señaló que el Poder Ejecutivo del estado de Nuevo León no ha trasgredido el proceso legislativo ni los derechos de los gobernados, pues radica en el incumplimiento de una obligación de pago del Congreso Local.

8. Asimismo, planteó la siguiente causa de improcedencia:

• Falta de interés legítimo. El poder actor se limita a plantear violaciones de legalidad, en tanto sus conceptos de invalidez se sustentan en trasgresiones a la Constitución local y no expone alguna violación a la Constitución Política del país.

9. Opinión de la Fiscalía General de la República y del Consejero Jurídico de la Presidencia. El Fiscal General de la República y el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal no emitieron opinión en el presente asunto.

10. Audiencia de pruebas y alegatos. El nueve de enero de dos mil veinticuatro se celebró la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos.

11. Cierre de la instrucción. Por acuerdo de ocho de abril de dos mil veinticuatro, la Ministra instructora cerró la instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

12. Avocamiento. En atención a la solicitud de la Ministra instructora, por acuerdo de diecinueve de noviembre de dos mil veinticuatro, la Primera Sala se avocó para conocer el presente asunto.

I. COMPETENCIA

13. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(2) 10, fracción I, y 11, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(3) así como en los Puntos Segundo, fracción I, y Tercero del Acuerdo General Plenario número 1/2023,(4) por tratarse de un conflicto entre dos Poderes de una misma entidad, en el que no se impugna la constitucionalidad de normas generales y no se considera necesaria la intervención del Tribunal Pleno dado el sentido de la resolución.

II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS, ACTOS U OMISIONES IMPUGNADAS

14. Con fundamento en el artículo 41, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia,(5) se procede a precisar las normas que son objeto de la presente controversia constitucional. En el respectivo apartado de la demanda, el Poder actor señaló como impugnado, lo siguiente:

IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN CUYA INVALIDEZ SE DEMANDE, ASÍ COMO, EN SU CASO, EL MEDIO OFICIAL EN QUE SE HUBIERAN PUBLICADO:

La omisión de publicar y/o ordenar publicar los Acuerdos Legislativos que en seguida (sic) se precisan, mismos que fueron aprobados por el Pleno del Congreso del Estado de Nuevo León en relación con las cuentas públicas de diversas entidades de la administración pública estatal y municipal (En lo sucesivo, los Acuerdos Legislativos); lo que acarrea la obstaculización e interferencia injustificada, arbitraria y sistemática del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León sobre las funciones propias del Poder Legislativo; así como inobservancia del derecho a la ciudadanía a la información pública y las cuentas gubernamentales, a la democracia y al libre ejercicio de su derecho al voto y el principio de legalidad; por no cumplir con su obligación constitucional de llevar a cabo la publicación de los mismos. Con lo anterior, se actualizan los siguientes supuestos contenidos en los artículos 62, 64, 66, 96 fracción XIII y 162, de la Constitución Política de (sic) del Estado Libre y Soberano de Nuevo León. En correlación con los artículos 1o., 6, fracción A, inciso I), 35, 40, 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

A continuación se enumeran los Acuerdos Legislativos no publicados y que son materia de la presente controversia.

Ver acuerdos legislativos

[Lo resaltado y subrayado es propio del original.]

15. En atención a ello, debe tenerse como impugnada la omisión de publicar los Acuerdos Legislativos número 171, 172, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213 y 214.

III. SOBRESEIMIENTO

16. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 41 de la Ley Reglamentaria, esta Primera Sala debe verificar si existe la omisión de publicar los diversos acuerdos legislativos precisados en el apartado II de la presente ejecutoria.

17. En lo atinente a los acuerdos legislativos enumerados en el apartado inmediato anterior, debe decirse que la omisión de publicarlos ha cesado, pues de las constancias que obran en el presente expediente se advierte que:

a) Fueron aprobados por el Congreso del estado de Nuevo León los días treinta y uno de mayo y seis de junio, ambos de dos mil veintidós;

b) Por diversos oficios enviados al Periódico Oficial del Estado de Nuevo León el mismo día de su aprobación, mismos que fueron recibidos, respectivamente, los días dos, tres y ocho de junio de dos mil veintidós, el Congreso local solicitó la publicación de dichos acuerdos legislativos; y,

c) El veintiuno de octubre de dos mil veinticuatro se publicaron los acuerdos legislativos en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León.(6)

18. Si bien es cierto que el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León no había publicado los acuerdos legislativos, a la fecha consta que dichos acuerdos ya se difundieron a través del medio oficial. Esto impide que, en este momento, la Primera Sala se pronuncie sobre la constitucionalidad de la omisión que se impugnó.

19. Luego, si a la fecha de la resolución del presente asunto consta que los acuerdos legislativos cuya omisión se impugnó ya se encuentran publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Nuevo León, resulta evidente la cesación de efectos de la omisión que es materia de la controversia constitucional y, por tanto, lo procedente es sobreseer con fundamento en el artículo 20, fracción II, en correlación con el diverso artículo 19, fracción V, ambos de la ley reglamentaria de la materia:

Artículo 20. El sobreseimiento procederá en los casos siguientes: [...]

II. Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior; [...]

Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes: [...]

V. Cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de la controversia; [...]

20. Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia P./J. 54/2001, cuyo rubro y texto son los siguientes:

CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS.

La cesación de efectos de leyes o actos en materias de amparo y de controversia constitucional difiere sustancialmente, pues en la primera hipótesis, para que opere la improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que sus efectos deben quedar destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo, cuyo objeto, conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la propia ley, es restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; mientras que en tratándose de la controversia constitucional no son necesarios esos presupuestos para que se surta la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino simplemente que dejen de producirse los efectos de la norma general o del acto que la motivaron, en tanto que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposición expresa de los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal y 45 de su ley reglamentaria.

Controversia constitucional 6/97. Ayuntamiento del Municipio de Río Bravo, Tamaulipas. 1o. de febrero de 2001. Once votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón.

21. En similares términos fueron resultas por esta Primera Sala las diversas controversias constitucionales 131/2024, 132/2024, 133/2024, 136/2024, 137/2024 y 138/2024.(7)

IV. DECISIÓN

22. Por lo antes expuesto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve:

ÚNICO.—Se sobresee en la controversia constitucional 415/2023.

Notifíquese; mediante oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los Ministros y las Ministras Loretta Ortiz Ahlf, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Ana Margarita Ríos Farjat (Ponente), Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Presidente Jorge Mario Pardo Rebolledo.

Firman el Ministro Presidente de la Primera Sala y la Ministra Ponente, con el Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.

PRESIDENTE DE LA PRIMERA SALA

MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO

PONENTE

MINISTRA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT

SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA

MAESTRO RAÚL MENDIOLA PIZAÑA

Esta foja corresponde a la controversia constitucional 415/2023. Actor: Poder Legislativo del estado de Nuevo León. Fallada en sesión de cuatro de diciembre de dos mil veinticuatro, en el sentido siguiente: ÚNICO. Se sobresee en la controversia constitucional 415/2023. Conste.

________________

1. Según obra en autos del expediente de la controversia constitucional 415/2023.

2. Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

I. De las controversias constitucionales que, sobre la constitucionalidad de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre: [...]

h) Dos Poderes de una misma entidad federativa; [...]

3. Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá funcionando en Pleno:

I. De las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; [...]

Artículo 11. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación velará en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la independencia de sus integrantes, y tendrá las siguientes atribuciones: [...]

VIII. Remitir para su resolución los asuntos de su competencia a las Salas a través de los acuerdos generales que emita. Si alguna de las Salas estima que el asunto remitido debe ser resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en Pleno, lo hará del conocimiento de este último para que determine lo que corresponda; [...]

4. SEGUNDO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conservará para su resolución:

I. Las controversias constitucionales, salvo en las que deba sobreseerse y aquéllas en las que no se impugnen normas de carácter general, así como los recursos interpuestos en éstas en los que sea necesaria su intervención. [...]

TERCERO. Las Salas resolverán los asuntos de su competencia originaria y los de la competencia del Pleno que no se ubiquen en los supuestos señalados en el Punto precedente, siempre y cuando unos y otros no deban ser remitidos a los Plenos Regionales o a los Tribunales Colegiados de Circuito.

5. Artículo 41. Las sentencias deberán contener:

I. La fijación breve y precisa de las normas generales o actos objeto de la controversia y, en su caso, la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados; [...]

6. Los acuerdos legislativos cuya omisión de publicación se impugna en el presente medio de control constitucional publicados en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León pueden ser consultados en el siguiente enlace de internet:

https://sistec.nl.gob.mx/Transparencia_2015/Archivos/AC_0001_0007_00172858_000003.pdf

7. Resueltas por la Primera Sala de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación en sesión de trece de noviembre de dos mil veinticuatro por unanimidad de cuatro votos de las señoras Ministras Loretta Ortiz Ahlf y Ana Margarita Ríos Farjat (Ponente), y de los señores Ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo y Juan Luis González Alcántara Carrancá. El Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena estuvo ausente.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200994-4b89ceba/i-controversia-constitucional-sobreseimiento-por-cesacion-de-efectos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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