I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA OMISIÓN IMPUGNADA, AL HABERSE PUBLICADO EL DECRETO RESPECTIVO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD (LA OMISIÓN DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN DE PUBLICAR LOS DECRETOS 404, 503, 504, 415, 414 Y 403, ASÍ COMO DIVERSOS ACUERDOS LEGISLATIVOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 138/2024. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. 13 DE NOVIEMBRE DE 2024. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LAS MINISTRAS Y LOS MINISTROS LORETTA ORTIZ AHLF, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. AUSENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: MINISTRA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIOS: JUAN JAIME GONZÁLEZ VARAS Y JUAN MANUEL ANGULO LEYVA.
ÍNDICE TEMÁTICO
Omisión impugnada: La omisión de publicar el Decreto 404 en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León.
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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al trece de noviembre de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 138/2024, promovida por el Poder Legislativo del estado de Nuevo León, contra el Poder Ejecutivo del estado de Nuevo León por la omisión de publicar el Decreto 404, por el que el Congreso local aprobó la solicitud planteada por el Gobernador local consistente en autorizar la concesión de un inmueble propiedad del Estado.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
A. Antecedentes legislativos
1. Aprobación del Decreto 404. El treinta de mayo de dos mil veintitrés, el Congreso del estado de Nuevo León aprobó el Decreto 404, por el que la LXXVI Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León, por los razonamientos y fundamentos legales expuestos en las consideraciones vertidas en el cuerpo de este Dictamen, determina que es procedente la solicitud realizada por el Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, por lo que se determina autorizar la Concesión por 45 —cuarenta y cinco años, que pueden ser prorrogables otros 15 —quince años del inmueble propiedad del Gobierno del Estado, identificado con el expediente catastral Núm. 70) 16-001-002, con una superficie a otorgar de 44,904.81 m2 (cuarenta y cuatro mil novecientos cuatro punto ochenta y un metros cuadrados), ubicado en Av. Alfonso Reyes, sin número, entre Av. Fidel Velázquez y Calle Servicio Postal, de la Colonia Regina, Municipio de Monterrey, Nuevo León, a favor de Juego de Pelota México, S.A.P.I. de C.V.
2. Envío del Decreto al Poder Ejecutivo del estado de Nuevo León. El decreto antes mencionado fue enviado al Gobernador del estado de Nuevo León el treinta de mayo de dos mil veintitrés para su publicación, mismo que fue recibido el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés.(1)
3. Envío del Decreto al Periódico Oficial del estado de Nuevo León. Ante la falta de publicación, el veintisiete de junio de dos mil veintitrés, el diputado Mauro Guerra Villareal, en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado de Nuevo León, envió al Responsable del Periódico Oficial de ese mismo estado un oficio en el que señaló que el Decreto 404, entre otros, se consideraba promulgado, sin necesidad de refrendo, y ordenó que se publicara en el medio de difusión oficial del estado el siguiente día hábil.
4. Publicación del Decreto 404 en la Gaceta Legislativa. Ante la omisión de publicar el Decreto de mérito, el treinta de junio de dos mil veintitrés el Congreso estatal de Nuevo León lo publicó en la Gaceta Legislativa.(2)
5. Para aclarar los antecedentes legislativos antes narrados, a continuación, se inserta un cuadro con las fechas de aprobación, envío, presentación de observaciones y publicación del decreto mencionado en los párrafos precedentes:
Ver cuadro
B. Trámite de la controversia constitucional 138/2024
6. Demanda de controversia constitucional. El cinco de abril de dos mil veinticuatro, el diputado Mauro Guerra Villarreal, en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva de la LXXVI Legislatura del Congreso del estado de Nuevo León, presentó ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación una demanda de controversia constitucional en contra del Poder Ejecutivo de esa misma entidad, a quien atribuyó la omisión de publicar el Decreto 404.
7. Conceptos de invalidez. En su demanda, precisó que el Poder Ejecutivo local irrumpió con las atribuciones que tiene conferidas la legislatura local al omitir la promulgación del Decreto 404, lo que atenta contra los principios de legalidad y seguridad jurídica, además que violenta el principio de división de poderes. En sus tres conceptos de invalidez expuso, en esencia, lo siguiente:
• A. La omisión impugnada es violatoria del principio de debido procedimiento legislativo en tanto que violenta la competencia de la Legislatura local para dar publicidad a sus determinaciones en el periódico oficial de la entidad, en específico, a un Decreto que se relaciona con las finanzas y buen funcionamiento de un municipio, pese a que se agotaron todas las fases del proceso legislativo previsto en la Constitución estatal.
• Se atenta contra el artículo 116 de la Constitución Política del país dado que los procesos de creación de normas y resoluciones con carácter de decreto requieren de la colaboración entre los poderes Ejecutivo y Legislativo a fin de cumplir las formalidades y requisitos propios del debido proceso legislativo, con el objeto de expedir, promulgar y publicar los mismos. El principio de publicidad de las normas implica difundir su contenido en un instrumento oficial a fin de salvaguardar los principios de certeza y seguridad jurídicas y que dichas normas sean conocidas por aquellos individuos a quienes obligan.
• Solicita a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que se reestablezca el orden constitucional violentado por la inacción del Poder Ejecutivo local y se le ordene publicar el Decreto, por haberse agotado todas las etapas en sede legislativa, por lo que falta únicamente la etapa de publicación de éste.
• B. Se atenta contra el principio de división de poderes, dado que la inobservancia de la distribución de funciones establecidas en la Constitución local provoca el deficiente o incorrecto desempeño de un poder e interfiere en el proceso legislativo, además que incumplen su mandato constitucional consistente en publicar el Decreto citado.
• El Poder Ejecutivo estatal al omitir publicar el Decreto en el periódico oficial de la entidad obstaculiza el desempeño de las atribuciones de la Legislatura local, pues el proceso legislativo y su eficacia culminan con la publicación del producto legislativo y atiende a la eficaz colaboración entre poderes. El marco constitucional local determina que el Decreto debió haberse publicado dentro de los 10 días naturales al que se recibió la solicitud de publicación, lo cual no sucedió en el presente caso.
• C. Se trasgrede el principio de legalidad contenido en el artículo 120 de la Constitución Política del país, el cual determina que los poderes ejecutivos de las entidades federativas deben publicar y hacer cumplir las leyes locales, y al no haber acontecido la publicación del Decreto, la omisión impugnada implica que la población no pueda controvertir su contenido.
• Señala que, si bien no se trata de una ley en sentido formal y material, sino de un acuerdo legislativo, se pueden aplicar por analogía las consideraciones vertidas en la sentencia por la que se resolvió la controversia constitucional 272/2022, dado que es necesario el acto de sanción y publicación a fin de que la norma tenga vigencia y pueda surtir plenos efectos.
8. Admisión y trámite. Por acuerdo de ocho de abril de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar el expediente físico y electrónico, registrar la controversia constitucional bajo el número 138/2024 y turnarla a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat para que instruyera el procedimiento correspondiente, por razón de conexidad con las diversas controversias constitucionales 414/2023, 415/2023,(3) 131/2024,(4) 132/2024,(5) 133/2024,(6) 134/2024,(7) 136/2024(8) y 137/2024.(9)
9. Por acuerdo de doce de junio de dos mil veinticuatro, la Ministra instructora admitió a trámite la demanda, tuvo como demandado en este procedimiento constitucional al Poder Ejecutivo del estado de Nuevo León, y por último, dio vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, para que manifestaran lo que a su representación corresponda.
10. Contestación del Poder Ejecutivo del estado de Nuevo León. El nueve de agosto de dos mil veinticuatro, el doctor Ulises Carlin de la Fuente, en su carácter de Consejero Jurídico del Gobernador del estado de Nuevo León, dio contestación a la demanda:
• Señaló que resultan inatendibles los oficios dirigidos al Gobernador local dado que las personas que suscribieron los mismos carecen de facultades para gestionar o solicitar la publicación oficial de las leyes o decretos, por lo que dichos actos son inconstitucionales, dado que se está en presencia de una notificación ilegal que afecta las atribuciones del Ejecutivo local, en tanto la legislatura local pretende ordenarle de forma arbitraria y subordinada mediante un oficio que adolece de vicios.
• En cuanto al concepto de invalidez “C” del escrito de demanda, advierte que si el poder Legislativo argumenta que la publicación del Decreto 404 en la Gaceta Legislativa dota de validez al mismo, por lo que cumple con el requisito de publicación exigido por el Poder Legislativo y asegura la validez y eficacia de la norma.
• Asimismo, denota que no existe una afectación real a los derechos del Poder Legislativo estatal o a la validez del Decreto, ya que al haberse llevado a cabo la publicación del mismo en la Gaceta Legislativa, se satisface el requisito de publicidad, por lo que carece de interés legítimo de la actora.
• En cuanto a los conceptos de invalidez “A” y “B”, apunta que para proceder a la publicación de leyes y decretos, la Ley del Periódico Oficial del Estado de Nuevo León establece la obligación de cubrir el importe de los derechos establecidos en la diversa Ley de Hacienda del Estado, requisito que a la fecha no ha sido cumplido por la legislatura local. Lo anterior permite concluir que no se actualiza omisión alguna por parte del Poder Ejecutivo local, sino que es la parte actora quien obstaculiza la publicación de los decretos.
11. Asimismo, planteó que debe sobreseerse en la controversia constitucional de acuerdo con el artículo 19, fracción V, de la ley reglamentaria de la materia, sin ofrecer mayores razones respecto de porqué considera que debería decretarse la improcedencia de este medio de control constitucional por cesación de efectos.
12. Opinión de la Fiscalía General de la República y del Consejero Jurídico de la Presidencia. El Fiscal General de la República y el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal no emitieron opinión en el presente asunto.
13. Audiencia de pruebas y alegatos. El dieciocho de septiembre de dos mil veinticuatro se celebró la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos.
14. Cierre de la instrucción. Por acuerdo de veinticuatro de septiembre de dos mil veinticuatro, la Ministra instructora cerró la instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
15. Publicación del Decreto 404. El veinticuatro de octubre de dos mil veinticuatro se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Nuevo León el Decreto 404, aprobado por el Congreso el treinta de mayo de dos mil veintitrés.
16. Informe. Mediante escrito presentado el veinticinco de octubre de dos mil veinticuatro, el Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de Nuevo León remitió copia certificada del periódico oficial en el que consta la publicación del Decreto 404.
17. Avocamiento. En atención a la solicitud de la Ministra instructora, por acuerdo de veintinueve de octubre de dos mil veinticuatro, la Primera Sala se avocó para conocer el presente asunto.
I. COMPETENCIA
18. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso H), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(10) 10, fracción I, y 11, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(11) así como en los Puntos Segundo, fracción I, y Tercero del Acuerdo General Plenario número 1/2023,(12) por tratarse de un conflicto entre dos Poderes de una misma entidad, en el que no se impugna la constitucionalidad de normas generales y no se considera necesaria la intervención del Tribunal Pleno.
II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS, ACTOS U OMISIONES IMPUGNADAS
19. Con fundamento en el artículo 41, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia,(13) se procede a precisar las normas que son objeto de la presente controversia constitucional. En el respectivo apartado de la demanda, el Poder actor señaló como impugnado, lo siguiente:
IV. LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDE, ASÍ COMO, EN SU CASO, EL MEDIO OFICIAL EN QUE SE HUBIERAN PUBLICADO;
La omisión de publicar en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León en el Decreto número 404, aprobado por el Pleno del Congreso de esta entidad federativa el 30 de mayo del año 2023. Decreto mediante el cual el Congreso del Estado de Nuevo león autoriza la solicitud planteada por el Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, por lo que se determina autorizar la concesión por 45 años, que pueden ser prorrogables otros 15 años del inmueble propiedad del Gobierno del Estado, identificado con el expediente catastral Núm. 70) 16-001-002, con una superficie a otorgar de 44,904.81 m2, ubicado en Av. Alfonso Reyes, sin número entre Av. Fidel Velázquez y Calle Servicio postal, de la Colonia Regina, Municipio de Monterrey, Nuevo León, a favor de Juego de Pelota México, S.A.P.I. de C.V.
Se reclaman tales actos negativos, en virtud de que la omisión de la autoridad demandada de publicar el contenido del Decreto antes señalado, es violatoria de los artículos 14, 16, 49 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (principios de legalidad, y seguridad jurídicas; principio federal; debido proceso legislativo y división de poderes) por no existir justificación válida para su inacción, puesto que en términos del artículo 90 de la Constitución de Nuevo León, interpretados de forma sistemática, el Titular del Poder Ejecutivo y/o el Responsable del Periódico Oficial deben de publicar en el Periódico Oficial del Estado en los plazos establecido (sic) en precepto todo Decreto que no ha sido observado (vetado) por el Ejecutivo del Estado.
Ello, además, porque con tales actos omisivos del Poder Ejecutivo le restan certeza jurídica a la labor legislativa que realiza éste Congreso del Estado de Nuevo León, lo cual redunda en una violación al principio constitucional de división de poderes, de legalidad, a las formalidades esenciales del proceso legislativo, de federalismo, de autodeterminación de su régimen interno entre otros, lo que provoca un incorrecto desempeño y funcionamiento del Poder Legislativo estatal, en violación directa a los artículos 40, 41, 49, 116 y 120 (por aplicación analógica y por mayoría de razón) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
[Lo resaltado y subrayado es propio del original.]
Ver apartado con resaltado y subrayado
20. En atención a ello, debe tenerse como impugnada la omisión de publicar el Decreto 404.
III. SOBRESEIMIENTO
21. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 41 de la Ley Reglamentaria, esta Primera Sala debe verificar si existe la omisión de publicar el Decreto 404.
22. Para ello, resulta necesario precisar, en primer lugar, cuál es el marco normativo que rige la publicación de los decretos legislativos en el estado de Nuevo León, aplicable al presente caso; a partir de ese análisis, se establecerá si en el presente caso existe la omisión de publicar el Decreto 404.
III.1. Marco normativo que rige la publicación de decretos legislativos en Nuevo León
23. El artículo 90 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León(14) vigente al momento de la aprobación del decreto impugnado determina que, una vez aprobada la ley o decreto, éste se envía al Poder Ejecutivo para su publicación, quien cuenta con diez días hábiles para formular observaciones. En caso de hacerlo así, el decreto volverá a ser examinado; pero si no se formularan observaciones en ese plazo, se tendrá por sancionada la ley o decreto y deberá publicarse en un plazo máximo de diez días hábiles, excepción hecha de las reformas constitucionales o a leyes de carácter constitucional, cuya publicación deberá acontecer dentro de los cinco días hábiles siguientes a su recepción.
24. Esto es, existe una actuación esperada a cargo del Poder Ejecutivo establecido directamente en la norma constitucional local, para contribuir al correcto trámite legislativo. Si el Ejecutivo incumple con los plazos antes referidos, el Presidente del Congreso ordenará, dentro de los diez días hábiles siguientes, su publicación en el Periódico Oficial del Estado, lo que deberá hacerse al día siguiente.
III.2. Análisis sobre la existencia de la omisión impugnada
25. En lo atinente al Decreto 404, debe decirse que la omisión de publicarlo ha cesado, pues de las constancias que obran en el presente expediente se advierte que:
a) Fue aprobado por el Congreso del estado de Nuevo León el treinta de mayo de dos mil veintitrés;
b) Por diverso oficio enviado al Gobernador el treinta de mayo de dos mil veintitrés, las diputadas Gabriela Govea López y Anylú Bendición Hernández Sepúlveda, con el carácter de Primera Secretaria y Segunda Secretaria del Congreso local, solicitaron la publicación de dicho decreto; y,
c) Ante la falta de observaciones y de publicación, el diputado Mauro Guerra Villareal, en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado de Nuevo León, envió al Responsable del Periódico Oficial de ese mismo estado un oficio, en el que señaló que el Decreto 404, entre otros, se consideraba promulgado, sin necesidad de refrendo, y ordenó que se publicara en el medio de difusión oficial del estado. Ese oficio fue recibido el veintisiete de junio de dos mil veintitrés.
d) El veinticuatro de octubre de dos mil veinticuatro se publicó el Decreto 404 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Nuevo León.(15)
26. Si bien es cierto que el Gobernador no publicó el Decreto dentro del plazo establecido por la legislación local, a la fecha consta en el expediente que dicho decreto ya se difundió a través del medio oficial y que ha entrado en vigor. Esto impide que, en este momento, la Primera Sala se pronuncie sobre la constitucionalidad de la omisión que se impugnó.
27. Luego, si a la fecha de la resolución del presente asunto consta que el Decreto cuya omisión se impugnó ya se encuentra publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Nuevo León, resulta evidente la cesación de efectos de la omisión que es materia de la controversia constitucional y, por tanto, lo procedente es sobreseer con fundamento en el artículo 20, fracción II, en correlación con el diverso artículo 19, fracción V, ambos de la ley reglamentaria de la materia:
Artículo 20. El sobreseimiento procederá en los casos siguientes:
[...]
II. Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior;
[...]
Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:
[...]
V. Cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de la controversia;
[...]
28. Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia P./J. 54/2001, cuyo rubro y texto son los siguientes:
CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS.
La cesación de efectos de leyes o actos en materias de amparo y de controversia constitucional difiere sustancialmente, pues en la primera hipótesis, para que opere la improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que sus efectos deben quedar destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo, cuyo objeto, conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la propia ley, es restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; mientras que en tratándose de la controversia constitucional no son necesarios esos presupuestos para que se surta la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino simplemente que dejen de producirse los efectos de la norma general o del acto que la motivaron, en tanto que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposición expresa de los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal y 45 de su ley reglamentaria.
Controversia constitucional 6/97. Ayuntamiento del Municipio de Río Bravo, Tamaulipas. 1o. de febrero de 2001. Once votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón.
IV. DECISIÓN
29. Por lo antes expuesto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve:
ÚNICO. Se sobresee en la controversia constitucional 138/2024.
Notifíquese; mediante oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los Ministros y las Ministras Loretta Ortiz Ahlf, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Ana Margarita Ríos Farjat (Ponente) y Presidente Jorge Mario Pardo Rebolledo. El Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena estuvo ausente.
Firman el Ministro Presidente de la Primera Sala y la Ministra Ponente, con el Secretario de Acuerdos quien autoriza y da fe.
________________
1. Según obra en autos del expediente de la controversia constitucional 138/2024.
2. El Decreto 404 publicado en la Gaceta Legislativa del Congreso del estado de Nuevo León puede ser consultado en el siguiente enlace de internet:
https://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/pdf/Dec.%20404%20Concesion%20Gobierno%20del%20Estado%20estadio%20Tigres.pdf
3. Las controversias constitucionales 414/2023 y 415/2023 fueron promovidas por el Poder Legislativo del Estado de Nuevo León en contra del Poder Ejecutivo de la misma entidad por la omisión de publicar y/o ordenar publicar diversos acuerdos legislativos.
4. La controversia constitucional 131/2024 fue promovida por el Poder Legislativo del estado de Nuevo León en contra del Poder Ejecutivo de la misma entidad por la omisión de publicar el Decreto 403.
5. La controversia constitucional 132/2024 fue promovida por el Poder Legislativo del estado de Nuevo León en contra del Poder Ejecutivo de la misma entidad por la omisión de publicar el Decreto 414.
6. La controversia constitucional 133/2024 fue promovida por el Poder Legislativo del estado de Nuevo León en contra del Poder Ejecutivo de la misma entidad por la omisión de publicar el Decreto 415.
7. La controversia constitucional 134/2024 fue promovida por el Poder Legislativo del estado de Nuevo León en contra del Poder Ejecutivo de la misma entidad por la omisión de publicar el Decreto 452.
8. La controversia constitucional 136/2024 fue promovida por el Poder Legislativo del estado de Nuevo León en contra del Poder Ejecutivo de la misma entidad por la omisión de publicar el Decreto 504.
9. La controversia constitucional 137/2024 fue promovida por el Poder Legislativo del estado de Nuevo León en contra del Poder Ejecutivo de la misma entidad por la omisión de publicar el Decreto 503.
10. Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
I. De las controversias constitucionales que, sobre la constitucionalidad de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre: [...]
h) Dos Poderes de una misma entidad federativa; [...]
11. Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá funcionando en Pleno:
I. De las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; [...]
Artículo 11. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación velará en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la independencia de sus integrantes, y tendrá las siguientes atribuciones: [...]
VIII. Remitir para su resolución los asuntos de su competencia a las Salas a través de los acuerdos generales que emita. Si alguna de las Salas estima que el asunto remitido debe ser resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en Pleno, lo hará del conocimiento de este último para que determine lo que corresponda; [...]
12. SEGUNDO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conservará para su resolución:
I. Las controversias constitucionales, salvo en las que deba sobreseerse y aquéllas en las que no se impugnen normas de carácter general, así como los recursos interpuestos en éstas en los que sea necesaria su intervención. [...]
TERCERO. Las Salas resolverán los asuntos de su competencia originaria y los de la competencia del Pleno que no se ubiquen en los supuestos señalados en el Punto precedente, siempre y cuando unos y otros no deban ser remitidos a los Plenos Regionales o a los Tribunales Colegiados de Circuito.
13. Artículo 41. Las sentencias deberán contener:
I. La fijación breve y precisa de las normas generales o actos objeto de la controversia y, en su caso, la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados; [...]
14. Artículo 90. Aprobada la ley o decreto, se enviará al Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Si el Ejecutivo la devolviere con observaciones dentro de los diez días hábiles siguientes a su recepción, el Congreso del Estado estará en aptitud de discutir nuevamente la ley o decreto que, para ser aprobado de nuevo, requerirá el voto de las dos terceras partes de las diputaciones presentes. Aprobado de nueva cuenta, se remitirán las constancias pertinentes al Ejecutivo del Estado, para que proceda a su publicación en un plazo máximo de diez días naturales, contados a partir de su recepción.
El Ejecutivo no podrá presentar observaciones a los decretos de reformas o adiciones a la Constitución, las leyes de carácter constitucional, a los que convoquen a sesiones extraordinarias, resuelvan un juicio político ni a los de declaración de procedencia.
Transcurrido el plazo para formular observaciones, sin que se reciban las mismas, se tendrá por sancionada la ley o el decreto, el cual deberá publicarse en el plazo a que se contrae la parte final del segundo párrafo de este artículo, excepto tratándose de reformas a esta Constitución o a las leyes de carácter constitucional, que deberán publicarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a su recepción por el Ejecutivo.
Cuando el Poder Ejecutivo incumpla con los plazos previstos en el presente artículo, la ley o decreto será considerado sancionado, sin que se requiera refrendo, y el Presidente del Congreso ordenará dentro de los diez días hábiles siguientes su publicación en el Periódico Oficial del Estado, la cual deberá efectuarse al día siguiente.
El Ejecutivo del Estado no podrá realizar observaciones sobre las leyes y reglamentos que se refieran a la estructura y organización interna del Poder Legislativo.
15. El Decreto núm. 404 “Se determina que es procedente la solicitud realizada por el Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, por lo que se determina autorizar la concesión por 45 aeños, que pueden ser prorrogables otros 15 años del inmueble propiedad del Gobierno del Estado, identificado con el expediente catastral Núm. 70) 16-001-002, con una superficie a otorgar de 44,904.81 m2, ubicado en Av. Alfonso Reyes, sin número, entre Av. Fidel Velázquez y Calle Servicio Postal, de la Colonia Regina, Municipio de Monterrey, Nuevo León, a favor de Juego de Pelota México, S.A.P.I. de C.V.” publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León puede ser consultado el siguiente enlace de internet:
https://sistec.nl.gob.mx/Transparencia_2015/Archivos/AC_0001_0007_00172848_000001.pdf
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200996-f7afad50/i-controversia-constitucional-sobreseimiento-por-cesacion-de-efectos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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